La demolición de edificios de la central de Zorita comenzarán en el segundo semestre

Zorita con su residuos de alta intensidad

Enresa ha calculado que a lo largo del proyecto de desmantelamiento de la central ‘José Cabrera’ se gestionarán alrededor de 104.000 toneladas de materiales, de los cuáles entre un 5 % y un 10 % serán catalogados como residuos radiactivos

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) empezará la demolición de los principales edificios de la central nuclear “José Cabrera”, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), en el segundo semestre del año.

El subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Ángel Canales, acompañado por personal de la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación, ha visitado la nuclear que se encuentra en la última fase de desmantelamiento.

Se trata del primer desmantelamiento completo de una planta atómica en España, la primera que entró en operación, en 1968, y que puso fin a su actividad en 2006, tras 38 años de funcionamiento.

El subdelegado ha comprobado los trabajos desarrollados por Enresa, que superan el 85 % de lo programado, ha explicado el director de la instalación, Manuel Ondaro, quien ha confirmado que ya están desmantelados todos los sistemas operativos que estuvieron en funcionamiento durante el periodo de actividad de la central.

Durante este segundo semestre del año va a empezar la demolición de los principales edificios, entre ellos el edificio de contención del reactor, rematado por una cúpula roja que lo convierte en uno de los más característicos de la instalación, unos trabajos que se prolongarán hasta finales de 2020.

El subdelegado ha recorrido las diferentes instalaciones que forman parte de la planta nuclear -reactor, edificio auxiliar de desmantelamiento, almacenes de residuos de baja y media actividad y Almacén Temporal Centralizado (ATI)- y de conocer el proceso de gestión de los residuos generados por el desmantelamiento.

En este sentido, Enresa ha calculado que a lo largo del proyecto de desmantelamiento de la central “José Cabrera” se gestionarán alrededor de 104.000 toneladas de materiales, de los cuáles entre un 5 % y un 10 % serán catalogados como residuos radiactivos.

Fuente: eldiario.es

Mas sobre el desmantelamiento de Zorita

La empresa estatal Enresa advierte de que, con 40 años de vida de las nucleares, el déficit ya superaría los 2.300 millones

El Tribunal de Cuentas advierte de que faltan fondos para desmantelar las centrales

 

Los de “la energía nuclear es la más barata”  ocultos en sus despachos.

El reciente pacto para alargar el periodo de funcionamiento de las centrales de 40 años a 45,7 “permitirá reducir el déficit existente” en el fondo para la gestión de los residuos y el desmantelamiento, pero no eliminarlo

Subraya que la empresa estatal Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015 y advierte de que, con 40 años de vida de las nucleares, el déficit ya superaría los 2.300 millones

Entre esas recomendaciones estaba la de aumentar las tasas que pagan las eléctricas para aumentar las dotaciones de ese fondo; Enresa recuerda que se trata de “aspectos regulatorios” que no le competen

El Tribunal de Cuentas cree que el reciente acuerdo entre el Gobierno y las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) para abordar un cierre nuclear escalonado a partir de la próxima década “permitirá reducir”, pero no eliminar, el agujero del fondo con el que la empresa estatal Enresa deberá sufragar el multimillonario coste de gestionar los residuos radiactivos y desmantelar las centrales.

En 2015, el Tribunal de Cuentas cifró en cerca de 1.800 millones el déficit del denominado Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos. Ese informe denunciaba que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010 (cuando el fondo empezó a ser financiado con aportaciones de las eléctricas) no se habían actualizado desde entonces, pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) todavía vigente hoy, aunque lleva casi una década caducado (se aprobó en 2006).

El informe recomendaba revisar anualmente esas tasas “en función de las necesidades de financiación futuras” de ese fondo, que se alimenta al 90% con tasas a la producción nuclear y al 10%, a través de la tarifa eléctrica. Ahora, tras analizar el grado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en ese examen, el órgano constata que esa actualización de tasas no se ha llevado a cabo y estima que ese déficit o “desviación de financiación de los costes” ascendería ya a 2.354 millones.

No obstante, el cálculo se basa, como el vigente PGRR, en la hipótesis de una vida media de las plantas de 40 años, plazo que ha quedado aumentado recientemente ampliado hasta los 45,7 años, tras el reciente acuerdo entre Gobierno y eléctricas, lo que permitirá incrementar los ingresos para el fondo a través de las tasas a la producción nuclear.

El problema es que, aun con esa reciente ampliación del plazo de vida de las nucleares, el déficit seguirá existiendo, según advierte el Tribunal de Cuentas en una nota al pie del informe.

En ella, recuerda que “a finales de marzo de 2019, Enresa ha firmado con los propietarios de las CCNN [centrales nucleares] un protocolo de intenciones sobre su cierre, con base en el horizonte temporal previsto en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima [el conocido como PNIEC], remitido por el Gobierno de España a la Comisión Europea, en el que se prevé un cierre ordenado, escalonado y flexible del parque nuclear, con inicio en 2027 y finalización en 2035, lo que supone un funcionamiento medio de 45,7 años para el conjunto de los siete reactores que se encuentran en operación”.

El Tribunal de Cuentas valora ese acuerdo, que implicó incumplir la promesa electoral del PSOE de abordar un cierre a los 40 años, ante la evidencia de que parar la producción de las plantas impediría cubrir el multimillonario coste de desmantelarlas y gestionar sus residuos. Y entiende que “el mayor período de funcionamiento, con respecto a los 40 años previstos en el Sexto PGRR, supondrá un incremento de los ingresos por la tasa que abonan las CCNN, lo que permitirá reducir el déficit existente en las proyecciones futuras del Fondo”. No precisa esa reducción del déficit, que en cualquier caso seguirá existiendo.

El informe, aprobado el 30 de mayo, destaca que, según las estimaciones realizadas por Enresa en junio de 2018 basándose en el actual Plan de Residuos, “el valor actualizado a 1 de enero de 2019 de los costes futuros para cada una de las líneas de actividad en las que puede agruparse la gestión que tiene encomendadas, bajo la hipótesis de una vida útil de 40 años para las CCNN operativas, ascendería a 10.697 millones”, mientras que “el valor estimado por Enresa del Fondo a 31 de diciembre de 2018” era de 5.678 millones, “por lo que la recaudación pendiente a 1 de enero de 2019, necesaria para cubrir dichos costes futuros estimados, ascendería a 5.019 millones”.

“Con los actuales elementos de determinación de la cuota de las tasas” que financian ese fondo “y las previsiones actualizadas a 1 de enero de 2019 de las bases sobre las que estas recaerían realizadas por Enresa, existiría un desviación de financiación de los costes con cargo a la tasa que recae sobre tarifa eléctrica estimada en 435 millones y con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas estimada en 1.919 millones”. En total, los citados 2.354 millones.

“Se deduce que existiría déficit de financiación futura con cargo a la tasa que recae sobre la tarifa eléctrica y también con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas”, remacha.

Incumplimientos

El tribunal señala que Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015. Así, “a la fecha de redacción de este Informe no se habían establecido nuevas disposiciones normativas respecto a la regulación del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR que obliguen a revisar anualmente los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN”. En consecuencia, la recomendación “no se ha cumplido”.

Tampoco “se había producido la internalización de los costes por Asignaciones a Ayuntamientos e impuestos medioambientales que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN, sino que estos gastos se han continuado cargando al Fondo para la financiación del PGRR”.

El presidente de Enresa, José Luis Navarro Ribera, ha declinado realizar alegaciones al informe porque la empresa estatal “no está en disposición de dar cumplimiento a las cuatro recomendaciones que siguen pendientes ya que todas se refieren a aspectos regulatorios y, por tanto, carecemos de capacidad legal para llevarlas a cabo”.

La pelota está en el tejado del Gobierno, y en concreto, del Ministerio para la Transición Ecológica. Su titular ahora en funciones, Teresa Ribera, indicó en marzo que el nuevo PGRR (caducado desde 2010 y que el Gobierno de Mariano Rajoy, empeñado en aumentar la vida de las nucleares, nunca actualizó) estaría “listo” este mes de junio, pero sin Gobierno a la vista, ese plazo se antoja a todas luces inviable.

En el ministerio indican que Enresa está ultimando ese plan, y “el diseño para financiar, no solo reducir el déficit”, será “uno de los elementos del trabajo en el que está inmersa” la empresa estatal, cuya intención sigue siendo presentar un borrador del mismo este mes.

Por su parte, fuentes de Enresa señalan que, en función del escenario dibujado por el PNIEC, “y una vez actualizado el cálculo de los costes y determinado el inventario de residuos, será posible determinar si es necesario actualizar la tasa que pagan las centrales nucleares que están en operación”.

Una vez en manos del Ejecutivo del borrador de Plan de Residuos, se iniciará el proceso de elaboración que establece la ley hasta que llegue a las Cortes, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y oídas las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.

El Gobierno ha vinculado la decisión final sobre la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos, paralizado el año pasado, al contenido de ese plan.

En Garoña habia un mapa con chinchetas negras de pueblos y asociaciones no favorables a la central

El responsable de Comunicación de Garoña durante 30 años dice que nunca oculto ni mintió sobre ningún incidente.

A continuación le vamos a poner varios ejemplos de que si no fué él quien mintió u ocultó, en cualquier caso lo hizo NUCLENOR (Iberdrola y Endesa)

Su despacho en Garoña, recuerda, contaba con un gran mapa de la zona de influencia de la central.  En el mismo había clavadas chinchetas de colores: las negras localizaban los municipios donde se habían firmado pronunciamientos en contra de la energía nuclear; las rojas, donde se celebraban manifestaciones; y las verdes localizaban las entidades o personas que apoyaban nuestra actividad. Eran muy pocas…”.

Para quien no le ponga cara, Antonio Cornadó ha sido durante casi 30 años el rostro público y la voz autorizada de la central nuclear de Santa María de Garoña, tiempo más que suficiente para curtirse en todas las crisis de comunicación habidas y por haber, abrazar a políticos de todos los colores y ecologistas radicales, lidiar con sindicalistas, vecinos y periodistas como él y hacer    -sin distinción- amigos en todos los bandos.

…..

Antonio Cornadó puso toda la carne en el asador para la celebración del 40 aniversario. Se apoyó en tres actos, el primero de ellos, una gran fiesta en la central con los trabajadores en activo y jubilados y los directivos de Iberdrola y Endesa. Estamos en el 11 de marzo de 2011, el día en el que reventó la central de Fukushima en Japón. “Cuando salíamos de la fiesta llegaron las primeras noticias de tsunami…”. Todo se complicó: “Garoña era igual que Fukushima y la pregunta recurrente fue: ¿lo que pasa en Japón puede ocurrir en Burgos? Insistimos en el ‘no’”. La fiesta prevista con toda la sociedad burgalesa y regional en el Fórum Evolución para el día 17 se canceló bajo la excusa de la solidaridad con los fallecidos -la Junta siempre abogó por su aplazamiento, estrategia que no compartía Nuclenor por la lectura negativa que se pudiese hacer-. Lo mismo ocurrió con la fiesta en Madrid.

“No sé si Fukushima fue nuestra puntilla, luego vino el tema de la fiscalidad, que supuso un golpe en nuestra línea de flotación porque disparaba nuestros costes”. Cornadó abandonó Garoña a principios de 2013 para presidir el Foro Nuclear -“la primera vez que un no-ingeniero presidía el lobby nuclear”- hasta otoño de 2017.

“El cierre definitivo anunciado  el 1 de agosto de 2017 me dio mucha pena, aunque se veía venir. Se agolpan muchos recuerdos y esfuerzos pero nuestro trabajo mereció la pena”. En diciembre de 2018 se desvinculó de Nuclenor. “Hay vida tras el cierre pero nunca será la misma. El movimiento tractor que genera una nuclear no lo tiene ninguna otra industria. Nuclenor debería formar parte de la solución y potenciar los valores de la zona”.

Pues mira Cornadó:

Garoña cierra por problemas de seguridad

 

Toda la experiencia acumulada durante estos 30 años, su capacidad de interlocución y relación, la ha apuesto al servicio de las empresas, instituciones privadas o particulares. Cornadó&Asociados es una consultoría que trabaja con una red de especialistas y que centra su actividad en el posicionamiento de las empresas, la reputación corporativa, la diplomacia empresarial (los lobbies) y las crisis. “Aunque está mal que lo diga, en esto soy un especialista…”.

20 años pagando los impuestos en Cantabria con el riesgo para Burgos, Pais Vasco y La Rioja

…Nos conocieron, se fiaron y nos aceptaron”. Garoña se hizo burgalesa y trasladó su sede social desde Cantabria, atendiendo a una vieja demanda de la provincia.

 

Antonio Cornadó Quibus, periodista #BlowinInTheWind #ConversacionesSobreBurgos (XXIX)

Leer completo : Diario de Burgos

 

El CSN detecta irregularidades en las dosis de radiación recibida por los trabajadores de Garoña

Según los últimos datos del CSN, referidos a una inspección en la central burgalesa realizada el pasado marzo para comprobar la aplicación de medidas de protección radiológicas, se desprenden irregularidades en las dosis de radiación recibidas, tanto a nivel individual como colectivas, de los trabajadores.

Parece que Garoña nos puede seguir dando sustos después de cerrada.

Estos graves hechos unidos a los vertidos de Cesio de 2017 y a la ocultación de los mismos, indican que es necesario un control exhaustivo de esta central nuclear.

Parece que al no estar el PP en el gobierno de Madrid, el control de los sistemas nucleares se realiza con más libertad y profesionalidad.

La inspección apunta que el “indicador dosis oficial máxima individual no es coherente con el valor de nivel administrativo de dosis”.

Ante esta situación, “se exigen reestimaciones contantes de los objetivos de dosis de trabajo y de los anuales operacionales de la instalación”.

El acta del regulador atómico relativa a la “Inspección para comprobar la aplicación de medidas para la protección ocupacional (…) en la situación actual de cese definitivo de la explotación de la central”, señala que, para establecer los criterios de garantía radiológicos, desde la última inspección el titular ha realizado diez reuniones extraordinarias: cuatro en 2017, tres en 2018 y otras tres en 2019 hasta auditoría del pasado marzo.

En las actas del comité “Alara” -donde se aprueban o revisan los objetivos de dosis- “no se recogen objetivos para la dosis máxima individual anual y no hay aprobación del objetivo de dosis individual por parte del director”.

ALARA es el acrónimo en inglés de “As Low As Reasonably Achievable”, es decir, “tan bajo como sea razonablemente alcanzable”, uno de los principios básicos para establecer cualquier medida de seguridad radiológica.

El acta del CSN incide también en la “necesidad de renovación de la señalización de zona controlada de permanencia limitada, debido a que es difícil distinguir los riesgos de contaminación y/o radiación“.

La central burgalesa de Garoña no tiene actividad desde diciembre del año 2012 y su clausura definitiva se produjo el 1 de agosto de 2017, desde esa fecha se encuentra en fase de pre-desmantelamiento hasta que arranque, previsiblemente en 2021, la fase de demolición.

Fuente: estrelladigital.es

Vertido de Cesio en 2017

El Estudio de Impacto Ambiental de un aeropuerto no considera un almacen nuclear que se encuentra junto a él

El cementerio está en la comunidad de Santa María Maquixco desde hace 49 años.

El cementerio nuclear está a 14 km de Santa Lucía pero no fué tenido en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental.

El sitio funciona desde hace 49 años sobre 16 hectáreas de la comunidad de Santa María Maquixco, municipio de Temascalapa, Estado de México.

Queda al descubierto que el cementerio se encuentra sobre un acuífero que suministra a millones de personas.

En sus más de 900 cuartillas, el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, no menciona la existencia de este Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER), ubicado en el centro del acuífero Cuautitlán-Pachuca, ubicado a 13 kilómetros 630 metros en línea recta hacia el noreste del futuro Aeropuerto Felipe Ángeles.

De acuerdo con Excélsior, durante una sesión pública donde se dio a conocer el MIA, el 30 de mayo de 2019,en la escuela primaria Pedro Rodríguez, de Zumpango, Estado de México, un efectivo del Ejército mexicano en menos de 48 segundos, según el video de la sesión, acabó con el tema.

El militar se paró atrás del teniente coronel Luis Enrique Calderón responsable del proyecto, por parte de la Sedena y leyó:

“Sí, este… buenos días… el señor Juan Rivera, vecino del poblado de Temascalapa, pregunta que si en la zona de amortiguamiento del área noreste del proyecto, dice que se cuenta con un panteón nuclear y que está sobre los conos de aproximación.  Revisando la cartografía encontramos que Temascalapa se encuentra en el área noreste, aproximadamente a ocho kilómetros de lo que serían los umbrales de las pistas, que normativamente valúan pendiente de 3 % y tendríamos una altura de 250 metros. Pensamos que si bien en el momento no lo hemos considerado, lo podemos revisar a bien de que quede plenamente corroborado, gracias”.

 

La semana pasada, Agustín Gaspar Buenrostro Massieu, juez de distrito, del juzgado décimo tercero de distrito con sede en Naucalpan, Estado de México, concedió una suspensión definitiva a la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, en tanto no tenga la anuencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre los monumentos arqueológicos y tenga una conclusión del Manifiesto de Impacto Ambiental.

Por “razones de seguridad nacional”, la Secretaría de Energía (SE) se negó a revelar qué “fuentes” se almacenan ahí, según una minuta de trabajo del 19 de enero de 2019, de la cual Excélsior tiene copia.

Este panteón radiactivo, como lo conoce la gente de la zona del municipio de Temascalapa, Estado de México, formalmente es el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (Cader), aunque en su primeros años de operación se denominó Centro de Recolección, Tratamiento y Almacenamiento de Desechos Radiactivos de Bajo Nivel (CRTADRBN), según el ingeniero Sergio Zorrilla Romero, gerente de Seguridad Radiológica del ININ, que a mediados de octubre de 1986 participó en un seminario de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en Río de Janeiro, Brasil y ahí se refirió a ese centro como CRTADRBN.

DESDE 1989 NO SE ENTIERRA EL MATERIAL

Un documento del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), que tiene a su cargo el llamado panteón radiactivo, define la vocación de éste así:

“Tiene como función confinar temporalmente los desechos radiactivos provenientes de todo el país, con excepción de los generados en la Central de Laguna Verde (CLV) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuya gestión la realiza la propia Central”.

En ese terreno están almacenadas toneladas de “desechos radiactivos de baja y mediana actividad proveniente de actividades no energéticas de la energía nuclear, industria, medicina”,

según la Secretaría de Energía, aunque no especifica cuáles son los agentes químicos.

En un documento de octubre de 1998, el ININ, informó que en el Cader yacen sustancias como americio-241 (químico para radiografías), carbono-14 (para determinar edades), cesio-137 (apareció en Chernobyl), cobalto-60 (para esterilización de equipo médico), estroncio-90 (parte de reactores nucleares), fierro-55 (para elaborar medicamentos) e iridio-192 (para radiografía industrial), radio-226 (para aplicaciones médicas y químicas), tecnecio-99 (mayor uso en la medicina nuclear), yodo-131 (se usa en la medicina nuclear), yodo-125 (para trazar imágenes nucleares, entre otros.

El Cader, según un informe del año 2000 de la Dirección de Investigaciones Tecnológicas del ININ, cuenta con tres almacenes de superficie y una zona de cinco trincheras de 190 metros de longitud con diferentes profundidades, que van de 1,5 a 2,5 metros. Estas trincheras fueron utilizadas de 1970 a 1989, año en que fue suspendida la práctica de enterrar los desechos radiactivos, para cumplir con las indicaciones de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), conforme a la evolución de la normativa aplicable.

Desde 1993, la CNSNS requirió al ININ elaborar la estrategia y el programa para la recuperación de los desechos radiactivos depositados en las trincheras del Cader.

LA RADIACTIVIDAD  ENFERMA GENTE AHÍ

La investigación para poner en marcha este centro, inició en las presidencias de Adolfo López Mateo (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970); empezó a operar a finales de la administración de Díaz Ordaz, inicialmente sobre 14,7 hectáreas de la comunidad de Santa María Maquixco, municipio de Temascalapa, Estado de México, compradas por el gobierno federal en julio de 1970. En 1993, durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari se compraron otras 1,7 hectáreas más.

Juan Antonio Medina Austria, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, afirmó a Excélsior que desde hace 49 años esos materiales radiactivos han contaminado el acuífero Cuautitlán-Pachuca, de donde se abastecen de agua 36 municipios del Estado de México, 4 del estado de Hidalgo y la alcaldía de Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, según el MIA, elaborado como requisito indispensable para la construcción del aeropuerto General Felipe Ángeles en Santa Lucía.

Medina Austria afirmó que gente de esa región ha muerto de cáncer y otras han nacido con malformaciones, aunque aceptó no tener pruebas científicas de estas afirmaciones, ya que nunca se ha hecho un estudio a fondo. Aunque en distintos informes del ININ se habla de verificaciones al agua, suelo, aire y a personas.

Medina Austria solicitó a la Secretaría de Energía que expertos de la UNAM realicen estudios de agua, aire y suelo para conocer el nivel de contaminación radiactiva de la zona.

Personas de algunas comunidades de la región cercana al panteón radiactivo han visto en los últimos años el aumento de padecimientos renales, principalmente entre población joven. Solo en la comunidad de  San Miguel Atlamajac, de Temascalapa, hay nueve pacientes con insuficiencia renal.

El 28 de diciembre de 2018, desde la subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales recibió respuesta a sus peticiones hechas 24 días antes, para que se hiciera un estudio ambiental y para pedir atención a enfermos de cáncer de la región.

Sobre los estudios ambientales, la Secretaría de Energía le dijo que lo podían hacer por su cuenta y que se gestionara una solicitud ante el ININ para que conozcan los programas de vigilancia radiactiva ambiental del lugar.

Sobre los enfermos de cáncer, la SE respondió: “Con respecto al apoyo a los enfermos de cáncer y otras enfermedades en los municipios cercanos al Cader se hace notar que esta Secretaría de Energía no cuenta (con) las facultades y atribuciones al respecto. Por lo que se sugiere orientar al señor Medina Austria formule su requerimiento de apoyo a la Secretaría de Salud”.

EL ACUÍFERO

El acuífero Cuautitlán-Pachuca sobre el que está el panteón radiactivo abastece de agua a 7,5 millones de personas y tiene una superficie de 2 mil 850 kilómetros cuadrados que, según el MIA “representa 60% del área del Sistema Ambiental Regional, y a otros les corresponde el 40 %”.

En el documento de más de 900 páginas que presentó la Sedena y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, como Manifiesto de Impacto Ambiental, además de omitir la existencia y operación desde hace 49 años del Cader, como un probable o no, agente contaminante del agua, suelo y aire.

Hasta 2002, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tenía registrados 207.000 pozos de agua para abastecer a 4 millones y medio de personas. El MIA no da cuenta tampoco de cuántos pozos existen en el acuífero Cuautitlán-Pachuca.

El 30 de abril de 2002, la Subdirección General Técnica de la Conagua emitió una determinación de disponibilidad de agua en el acuífero Cuautitlán-Pachuca. Según las cuentas de la Gerencia de Aguas Subterráneas de la dependencia federal, “no existe volumen disponible para nuevas concesiones en la unidad hidrogeológica denominada Acuífero Cuautitlán-Pachuca”.

Uno de los últimos hechos que pusieron en la luz pública la existencia del panteón radiactivo de Temascalapa fue a finales de 2013, cuando fue robada una fuente de cobalto-60 que viajó desde Tijuana hasta el Estado de México.

Claudia Solera, reportera de Excélsior, reconstruyó el hecho.

Contó como faltando 19 kilómetros para llegar a su destino, después de haber recorrido unos 1.800 kilómetros, el chofer de un camión de mudanzas fue atacado por un grupo de hombres armados y despojado del cargamento, al parecer sin saber de qué se trataba. Por lo que después lo abandonaron con la carga radioactiva.

Fue tal la alarma y el operativo en un ejido del municipio de Hueypoxtla, donde se encontró el material radiactivo proveniente de una clínica del IMSS, que hasta robots se tuvieron que usar para el transvase del material y poder ser llevado al llamado panteón radiactivo.

Los datos

En un documento de octubre de 1998, el ININ, informó que en el Cader yacen sustancias como:

  • Americio-241 (químico para radiografías).
  • Carbono-14 (para determinar edades).
  • Cesio-137 (apareció en Chernobyl).
  • Cobalto-60 (esterilización de equipo médico).
  • Estroncio-90 (parte de reactores nucleares).
  • Fierro-55 (para elaborar medicamentos).
  • Iridio-192 (para radiografía industrial).
  • Radio-226 (para aplicaciones médicas y químicas).
  • Tecnecio-99 (mayor uso en la medicina nuclear).
  • Yodo-131 (se usa en la medicina nuclear).
  • Yodo-125 (para trazar imágenes nucleares, entre otros.

 

Fuente: Excelsior

 

El Consejo de Seguridad Nuclear eleva la gravedad de una avería de la nuclear Vandellòs II

El CSN reclasifica a nivel 1 un suceso de abril debido a la “reiteración de fallos consecutivos por la misma causa”

Un juzgado de Reus mantiene abiertas diligencias por una fuga similar del año pasado

Greenpeace y Ecologistas en Acción han sostenido en los últimos meses que la reiteración de este tipo de averías podría revelar la existencia de «algún problema estructural» debido al envecimiento de los sistemas nucleares del reactor que debería abordarse.

La central nuclear de Vandellós II ha sufrido dos fugas de agua que han obligado a parar el reactor en un lapso de tiempo muy corto, tan solo tres meses y medio, lo que ha llevado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a reclasificar a nivel 1 de la escala Ines el último de los sucesos, ocurrido el pasado 6 de abril. Inicialmente fue calificado de nivel cero pero ahora se ha elevado al 1 por «la reiteración de fallos consecutivos por la misma causa» y en la misma zona de la barrera de presión.

Aunque el CSN no lo hace constar en la nota hecha pública, las dos fugas se suman a otra localizada también en la barrera de presión en febrero del año pasado. Sobre ésta pesa, además, una denuncia interpuesta por la organización ecologista Sociedad Humana que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Reus (Tarragona).

Imprudencia grave

La entidad acusa a los gestores de la central de haberla mantenido en marcha pese a que se sospechaba que el goteo procedía de las barras de presión, lo que obligaba a la parada inmediata. No la detuvieron hasta que el 3 de marzo se comprobó que, efectivamente, procedía de ese punto. El juez abrió diligencias el pasado abril para determinar si existen indicios de que los gestores cometieran una «imprudencia muy grave» por la vulneración de los protocolos de seguridad, como sostienen los demandantes.

Fuentes del CSN han precisado que «no se pueden vincular» a efectos de clasificación del suceso, los fallos detectados en lo súltimos meses con el del año pasado dado que se han producido en «lugares y por causas distintas». El del año pasado afectó al generador de vapor A de la barrera de presión y los más recientes al generador de vapor B. En diciembre el goteo se produjo en una soldadura aguas arriba de la válvula de drenaje del generador B y el de abril en otra soldadura aguas abajo del mismo .

En la barrera de presión se encuentran el conjunto de todos los componentes sometidos a la presión del reactor y que forman parte de su sistema de refrigeración o que están conectados a él.

Envejecimiento

Greenpeace y Ecologistas en Acción han sostenido en los últimos meses que la reiteración de este tipo de averías podría revelar la existencia de «algún problema estructural» debido al envejecimiento de los sistemas nucleares del reactor que debería abordarse.

La Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (Ines) abarca desde el nivel 0 (sin ninguna significación para la seguridad), hasta el 7 (accidente grave). El nivel 1 se considera una «anomalía» sin repercusión ni dentro ni fuera del emplazamiento. En los últimos años se detectó una en Cofrentes (2017) y dos en Almaraz I y II (2015).

Abierta hasta el 2033

A excepción del de Trillo (Guadalajara), el de Vandellós II es el más moderno del parque nuclear español. Se puso en marcha en agosto de 1987, por lo que los 40 años de vida útil para los que fue diseñado expiran en el 2027, aunque el acuerdo firmado por el Gobierno y las compañías eléctricas prevé que se prolongue unos seis años más. El pacto se firmó en el marco del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que el Gobierno ha mandado a Bruselas y que prevé alargar unos años la vida de todas las centrales para garantizar el suministro y por falta de medios técnicos y recursos económicos para gestionar un cierre casi simultáneo de los siete reactores que siguen en funcionamiento.

Imagen de portada: La central nuclear de Vandellòs II. / JOAN PUIG

Fuente: kaosenlared.net

Original

Enusa acordará el suministro de uranio con las nucleares hasta su cierre gradual

Jose Vicente Berlanga, presidente de Enusa.

El presidente de Enusa (Empresa Nacional de Uranio), Jose Vicente Berlanga, ha adelantado en una entrevista con EFEverde, que mantiene contactos “avanzados” con las propietarias de las centrales para pactar un acuerdo marco que asegure la venta nacional de uranio hasta 2035, fecha prevista para el cierre de las centrales.

Suministro de uranio

Hasta ese momento, el cierre de dicho acuerdo aseguraría el 35 % del total de las ventas de uranio dirigidas al mercado nacional cuyo valor asciende a 400 millones de euros, mientras que el 65 % restante se destinaría al mercado internacional actualmente en expansión, señala el presidente de la fábrica española de combustible nuclear.

Berlanga asegura que, “con el calendario de cierre nuclear ya en la mano, se puede abrir un proceso de negociación cómodo para todos con Iberdrola, Naturgy y Endesa -propietarios de las centrales- y, que además serviría para afianzar la producción de combustible nuclear de la fábrica de Juzbado (Salamanca)”.

En cualquier caso, y, dependiendo de la hoja de mantenimiento y seguridad de las centrales, si el cierre de cada una de ellas se retrasara algunos años más, “Enusa, con licencia para producir 500 toneladas al año de uranio enriquecido hasta el 5 %, seguiría garantizado la producción y el suministro del combustible“, enfatiza Berlanga.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Peniec) que el Gobierno en funciones presentó en la anterior legislatura establece el cierre escalonado de las cinco centrales nucleares (y siete reactores) que actualmente funcionan en España: Almaraz (1 y 2), Ascó (1 y 2), Cofrentes, Trillo y Vandellós 2.

El primero de los reactores en apagarse sería el de Almaraz 1 en 2027 y el último el de Trillo en 2035.

Respecto a este cierre nuclear armonizado, el presidente de Enusa -empresa pública 60 % de la SEPI y 40 % de Ciemat- detalla que lleva implícito un desmantelamiento y que, dependiendo de la capacidad de producción energética de cada central, podría “acarrear 10, 20 o 25 años de trabajo continuado”.

Desmantelamiento de las centrales nucleares

A su juicio, eso significará que España va a necesitar de “personal tremendamente cualificado” durante las próximas 3 décadas para dirigir todo el desmantelamiento nacional, un desarme que estará liderado por las empresas públicas ENRESA, ENUSA Y ENSA y que pretende ser el trampolín de la creación de nuevos puestos de trabajo dentro del sector nuclear.

“Nuestra obligación como responsables es abrir nuevos caminos donde nuestra gente siga trabajando, y el desmantelamiento de las centrales -tanto nacionales como internacionales- es uno de ellos”.

En este punto, detalla que desmantelar las plantas nucleares es una tarea muy meticulosa y complicada, incluso más que producir combustible nuclear, debido a que es necesario neutralizar cada una de las piezas radiactivas de la central por muy pequeña que sea, hasta el tornillo más pequeño .

Enusa

En palabras de su presidente, en la actualidad Enusa “goza de una salud muy importante”, el ritmo de crecimiento anual alcanza en torno al 10-12 por ciento, y destaca que la amplia experiencia demostrada y el alto nivel técnico de los últimos años, ha permitido a la empresa abrir fronteras y abordar nuevos contratos en numerosos países de Europa, Asia y países árabes.

“Somos muy ambiciosos y para afrontar cualquier tipo de demanda de cara al futuro -en el mercado interior y exterior- estamos adecuando la plantilla a las exigencias que acarrea el siglo XXI, un hecho directamente unido a la expansión internacional y a la transformación digital”.

Respeto al comercio exterior, Berlanga destaca el cierre, el pasado otoño, de un contrato de más de 100 millones de euros para proporcionar recargas de combustible y servicios asociados para la Central Nuclear de Olkiluoto (Finlandia) además de numerosos negocios con países de la Unión Europea(UE) como Bélgica, Francia y Suecia, entre otros.

Señala incursiones en países del este, “algo que no se había hecho nunca, pero que era un reto que había que intentar” y destaca, por ejemplo, que en Eslovaquia Enusa haya alcanzado la fase final en un concurso para suministro nuclear: “Ha sido un gran hito, competimos directamente con los rusos que son los que controlan todo el monopolio de los países del este”.

Berlanga enumera otros acuerdos alcanzados con Emiratos Árabes Unidos, país con el que han firmado un memorándum, en Sudamérica donde en México están a la espera de ratificar un acuerdo de desmantelamiento de una planta y negocios en Asia, concretamente en China.

“El camino del futuro se encuentra en Asia, estamos muy ilusionados con el mercado que podamos abrir allí”, concluye José Berlanga. EFEverde

Fuente : EFEverde