Mantener las centrales nucleares cuesta a los españoles 6.000 millones de euros extra

Al igual que ocurre con las pensiones, que albergan un gran problema financiero, no hay dinero para mantener abiertas las centrales nucleares y desmantelarlas también resultaría costoso. El problema que entrañan las centrales nucleares en España no es energético sino económico ya que cerrarlas costaría 6.000 millones de euros y mantenerlas supondría es misma cantidad de dinero en inversiones en seguridad, según ha publicado Expansión.

Entre 2023 y 2028 los siete reactores atómicos cumplen 40 años de vida útil, desde Almaraz en Extremadura hasta Cofrentes en Valencia. Una de las posibles soluciones para las centrales nucleares es extender su vida útil hasta 50 o 60 años más, pero eso supondría un gasto adicional en inversión para su seguridad. Iberdrola cifró este gasto en hasta 6.000 millones de euros. Además, los años adicionales de funcionamiento también suponen más residuos y más costes para gestionarlos.

Enresa, empresa estatal que gestiona un fondo de casi 5.000 millones de euros y que está controlada en un 20% por Sepi y en un 80% por Ciemat, se encargaría del cierre de las nucleares y de la gestión de los residuos atómicos. Este fondo se a alimentado durante años de las aportaciones de las propias eléctricas y tiene dos problemas principales: los casi 5.000 millones de euros que tiene sólo 4.350 euros es para centrales nucleares y sus residuos, y por otro lado, el fondo es insuficiente para todo lo que tiene que soportar.

Entre 2023 y 2028 los siete reactores atómicos cumplen 40 años de vida útil, desde Almaraz en Extremadura hasta Cofrentes en Valencia. Una de las posibles soluciones para las centrales nucleares es extender su vida útil hasta 50 o 60 años más, pero eso supondría un gasto adicional en inversión para su seguridad. Iberdrola cifró este gasto en hasta 6.000 millones de euros. Además, los años adicionales de funcionamiento también suponen más residuos y más costes para gestionarlos.Enresa, empresa estatal que gestiona un fondo de casi 5.000 millones de euros y que está controlada en un 20% por Sepi y en un 80% por Ciemat, se encargaría del cierre de las nucleares y de la gestión de los residuos atómicos. Este fondo se a alimentado durante años de las aportaciones de las propias eléctricas y tiene dos problemas principales: los casi 5.000 millones de euros que tiene sólo 4.350 euros es para centrales nucleares y sus residuos, y por otro lado, el fondo es insuficiente para todo lo que tiene que soportar.

La propia Enresa valora en 8.925 millones el coste de la clausura de las nuclreares, considerando una vida útil media de 40 años, cifra que aumentaría a 9..328 millones de euros si la vida útil fuese de 50 años.

El pasado año el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, advertía de la falta de sostenibilidad económica de sus nucleares si se mantenían las cargas que se aplican a esta actividad. Instó entonces al Gobierno a aplicar una rebaja de las tasas para conseguir que el negocio subsista porque, tal y como ha indicado el comité de expertos energéticos, esas plantas permiten cumplir con los compromisos medioambientales. En su informe remitido al Ministerio de Energía, también apuestan por el cierre del carbón, otra de las batallas de la eléctrica para ser una firma puntera en sostenibilidad, como Galán recuerda habitualmente a los accionistas, que este viernes se darán cita en la junta anual en Bilbao.

Fuente: intereconomia.com

Tertulianos de TVE:”La voltaica cuesta muchísimo y lo que se puso es muy obsoleto. La nuclear es la más limpia y segura”

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Nadal desvía 1.500 M de impuesto nuclear al roto renovable a costa del agujero de Enresa

Cristóbal Montoro (2i), el secretario de Estado de Hacienda, Fernández de Moya (2d), el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal (d), y Álvaro Nadal. (EFE)

La Ley 15/2012 justifica los gravámenes atómicos “al objeto de compensar a la sociedad por las cargas que debe soportar”. Sin embargo, destina esta recaudación al sistema eléctrico, no a Enresa.

El Gobierno embridó un déficit (el del sistema eléctrico) a costa de dar una patada hacia adelante de otro (el fondo de Enresa encargado de cubrir las externalidades nucleares). La Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética recauda desde 2013 aproximadamente 250 millones de euros por gravar el combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en las centrales nucleares, así como su almacenamiento en instalaciones centralizadas. Sin embargo, estos fondos (alrededor de 1.500 millones desde 2013) van destinados a cubrir costes del sistema eléctrico, entre los que ocupan un lugar destacado las multimillonarias primas a las renovables (más de 5.000 millones de euros al año) y donde no está la financiación de Enresa, encargada de los impactos que genera la producción atómica.

La cuestión no es baladí, ya que el propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, reconocía en enero que la tasa que pagan las eléctricas a la generación nuclear y que se destina directamente al fondo de Enresa no es suficiente. El Gobierno lleva desde 2006 sin actualizar el Plan General de Residuos Radiactivos, en el que se recogen “las estrategias, actuaciones necesarias y soluciones técnicas a desarrollar en España en el corto, medio y largo plazo” y que hace balance de la previsión de ingresos y gastos a que habrá que hacer frente cuando llegue el momento de desmantelar las centrales y gestionar los residuos.

El grupo de expertos nombrado por el Gobierno para tratar la transición energética abordará esta cuestión. Según fuentes conocedoras de los trabajos, en el documento que se presentará este lunes cuantifican cómo afecta la extensión de vida de las nucleares al déficit del fondo de Enresa encargado de la gestión y desmantelamiento nuclear. Todo este déficit está condicionado a que el Gobierno actualice el Plan General de Residuos Radiactivos, enterrado desde hace más de una década, que arrojaría luz sobre el embrollo financiero subyacente. El comité le pide en su informe al Gobierno que actualice ya el plan.

Desde el último plan, el sexto, los gastos de Enresa han subido por encima de lo esperado. Una parte importante se debe a los problemas con la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Se preveía la creación de un almacén para la gestión centralizada de los residuos (ATC) que aún está en disputas judiciales. Esto ha obligado a crear junto a las centrales nucleares almacenes individualizados (ATI). Este panorama ha elevado el agujero de Enresa hasta los 3.000 millones de euros, con lo que aun habiendo destinado los cerca de 1.500 millones de recaudación fiscal al fondo de la compañía pública encargada del desmantelamiento y gestión atómica, a los que habría que sumar los rendimientos del mismo desde hace seis años, no sería suficiente.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía afirman que “el impuesto sobre residuos radiactivos que se creó en 2012 nunca tuvo por finalidad financiar el desmantelamiento de las centrales”. Sin embargo, el preámbulo de la Ley 15/2012 de medidas fiscales argumenta que “aunque en el Plan General de Residuos Radiactivos se prevén las necesidades de financiación, basadas en las mejores estimaciones disponibles, la valoración del coste total del desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión definitiva de los residuos radiactivos mantienen un alto grado de incertidumbre que, en última instancia, se trasladaría a la sociedad”.

simismo, la normativa recaudatoria añadía que “dada la larga vida de determinados residuos radiactivos, que trasciende a generaciones, tras la gestión definitiva de estos será necesario el establecimiento de las medidas necesarias para evitar que cualquier agente externo pueda provocar su dispersión en el medio ambiente u otro tipo de efecto no deseado, lo que exigirá una supervisión institucional a largo plazo de la que deberá hacerse cargo el Estado​“.

Es decir, la propia ley que grava los activos nucleares pone el foco en que, debido a que existen incertidumbres no contempladas en el Plan General de Residuos Radiactivos, estos tendrán que ser gestionados por el Estado. Pero tal y como explican fuentes de Energía, el impuesto “se ingresa en el Tesoro y posteriormente se utiliza para financiar parte de los costes del sistema eléctrico, como se hace con otros, como el canon hidráulico”. Pese a que la ley incide en las externalidades nucleares, el destino de la recaudación es otro.

La extensión de vida reduce el problema

En este contexto, cobra especial relevancia la polémica y política extensión de vida de las centrales de 40 a 50 años, que se tendrá que tramitar de manera inminente. La tasa de Enresa que rige desde 1984 se calculó para pagar el desmantelamiento a los 40 años, pero no llega. Sin embargo, con 10 años más de producción atómica, se podría subsanar una gran parte de este problema financiero.

Desde el ministerio que dirige Álvaro Nadal sostienen que “si no se recaudara para el sistema eléctrico, los peajes que pagan los usuarios deberían subirse en aproximadamente un 2% para compensar los ingresos que se perderían por el impuesto sobre residuos”. Si esa recaudación se destinase a Enresa, se cubriría más de la mitad del déficit del fondo, según cálculos del sector.

Con el problema financiero de la empresa pública de gestión nuclear encima de la mesa, el ministro propuso en enero elaborar una ley que obligue a los propietarios de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) a asumir el coste de desmantelamiento de las plantas si deciden su cierre. La costosa medida puede actuar de palanca disuasoria y compensar el agujero de Enresa dando 10 años más de vida.

Uno de los propietarios nucleares, Iberdrola, ha mostrado su intención de cerrar por tener su parque atómico en pérdidas, dada la carga fiscal soportada desde 2012. Esta fue la principal razón esgrimida por las eléctricas para ejecutar la clausura de Garoña.

Este conflicto se intensificará, aunque al alargar la vida de las centrales se pueda subsanar el déficit de Enresa, ya que las plantas tendrán que incurrir en inversiones de seguridad que les plantee el Consejo de Seguridad Nuclear para poder continuar funcionando con plenas garantías.

 

Fuente: elconfidencial.com

La comarca de Garoña abandonada a su suerte.

Ningún plan económico, ni ayudas de la Junta de Castilla y León o Madrid.

Ecologistas exigen vigilar el cauce del Ebro.

La central sigue 5 años después en la fase previa a su desmantelamiento.

ENDESA e Iberdrola se han lucrado durante 45 años mientras el norte de España ha dispuesto de energía eléctrica para su desarrollo a un coste competitivo.

Ahora la comarca de Garoña recoge su herencia en forma de una despoblación y un abandono económico casi completos.

Sobre el Valle de Tobalina, rodeado por 2 Parques Naturales, atravesado por el rio Ebro y colindante a la ciudad medieval de Frias, han planeado varias amenazas en los últimos 10 años. Sólo la tenacidad de sus habitantes y veraneantes han conseguido parar la autopista AP69, una incineradora de neumáticos, un permiso de fracking … y esperemos que tambien una cantera que pretende establecer la empresa Yarritu de Miranda de Ebro.

El reactor central de Garoña fué detenido hace cinco años. A las 22.57 horas del 16 de diciembre de 2012, en concreto. Después de 42 años se desenganchaba de la red eléctrica, aunque hasta agosto de este año no se ha apagado el espíritu de esta planta nuclear levantada a 5 kilómetros de suelo vasco. Un lustro en el que estas instalaciones localizadas en el valle burgalés de Tobalina continúan estancadas en la fase previa a su desmantelamiento que según algunas voces expertas, no arrancará hasta 2020;y eso si los plazos son respetados. Y que, como mínimo, se extenderá durante cerca de siete años.

Al finalizar todo el proceso, allá por 2033, los terrenos ocupados a orillas del Ebro deberían quedar completamente liberados de cualquier fuente contaminante y ser destinados “a cualquier uso sin restricciones derivadas de la presencia de radiaciones ionizantes debidas a la operación de la central” ilustra Fernando Legarda, jefe del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la UPV/EHU. A juicio de este experto, ese horizonte de 2033 “es coherente” con lo realizado en el desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera [más conocida como Zoritapor estar ubicada en Almonacid de Zorita, en Guadalajara, al paso del río Tajo] “donde no ha habido paradas en el proceso”.

Los grupos ecologistas no han quitado ojo a todo lo ocurrido en la central en las cuatro últimas décadas. Por eso, como subrayaban desde el Foro contra Garoña, una vez ganada la primera batalla [el cierre] viene la segunda “que es larga y también difícil”: el desmantelamiento. En este sentido, reclaman que tanto la Diputación Foral de Araba como el Gobierno vasco “hagan directamente controles periódicos en el Ebro para asegurar que no haya ningún escape radiactivo”. Además, solicitan que en la web del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se informe debidamente y en tiempo de los procesos del trabajo a realizar: datos técnicos, plazos, periodicidad de los informes de control y tipo de mediciones…

La ‘basura nuclear’Y, por supuesto, que no se deje ningún residuo en las instalaciones de Santa María de Garoña. Los trabajos previos al desmantelamiento de esta planta, que ha visto reducida su plantilla a base de prejubilaciones (50) y recolocaciones (68), siguen su curso antes de que en 2020 la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) tome el testigo de los trabajos, un proceso que incluirá la custodia de la popularmente llamada basura nuclear. Residuos que, al menos en parte, habrían comenzado a ser trasladados en los últimos tiempos al cementerio nuclear de El Cabril, ubicado en la localidad cordobesa de Hornachuelos, lo que ha derivado en la solicitud de una investigación a la Comisión Europea por parte de Izquierda Unida-Andalucía.

El coste del predesmantelamiento que realizará Nuclenor los próximos tres años se calcula que tendrá un coste de unos 150 millones de euros, a los que se sumarán otros 200 más para el desmantelamiento definitivo si se tiene en cuenta como referencia el coste de las nucleares ya desmanteladas. En paralelo, se encuentra en el aire el futuro de la zona de influencia de Garoña, pendiente de un plan de reactivación que viene demandándose ya desde hace años. El Parlamento Vasco exigía a finales de octubre que el Ministerio de Energía y las empresas propietarias de Garoña comiencen “sin más demora, el procedimiento administrativo y técnico para las labores de desmantelamiento” de esta central.

La Cámara Vasca quiere que el proceso de desmantelamiento se lleve a cabo garantizando la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente. Además ha reclamado al Ejecutivo de Rajoy que ejecute un plan de reactivación económica en la comarca que incluya también a los municipios vascos afectados, en el que participen el Gobierno vasco y la institución foral alavesa. Precisamente la Diputación gobernada por el PNV aprobaba hace un par de meses un texto que instaba a que el desmantelamiento de la central “transcurra con transparencia tanto en la descontaminación de la zona y en la gestión de los residuos radiactivos”.

El ATC importaEl combustible gastado, describía Legarda, será retirado de la piscina de Garoña para ser ubicado “en contenedores en seco” que se alojarán en el Almacén Temporal Individual (ATI) de la central hasta que sea trasladado al Almacén Temporal Centralizado (ATC) que se construye en Villar de Cañas, Cuenca. Los residuos de media, baja y muy baja actividad serán, en principio, remitidos al almacén que Enresa dispone en El Cabril. Eso sí, el retraso acumulado en el proyecto del ATC corre en contra del desmantelamiento de Garoña. En opinión del docente de la UPV/EHU, “que se prolongue la estancia del combustible gastado y residuos de alta actividad en el ATI de la central”.

Desde la plataforma Foro contra Garoña insisten en la necesidad de controlar el proceso de desarme de la planta nuclear a fin de evitar vertidos al Ebro y “eliminar todo riesgo de fuga radiactiva”. “No es un tema que permita márgenes de riesgo alguno ya que lo que se juega es la salud de población y de nuestros recursos naturales”, entonan al tiempo que añaden a su lista de requerimiento: “Ni que los residuos se queden ahí para siempre”.

La cifra 119

El trabajo y actividad en el interior de Garoña continúa después de que el Ministerio certificara que la central nuclear no volverá a entrar en funcionamiento y marcara el comienzo de la fase previa al largo y costoso desmantelamiento del recinto. Como consecuencia de esa decisión, para los 226 trabajadores de Garoña (no los miles que decían las empresas), el reglamento de funcionamiento, aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), establece que “el número mínimo de trabajadores que deben permanecer en el recinto en la fase de predesmantelamiento son 108 personas”. “Se ha optado por situar la cifra en 119 trabajadores en la actualidad y contar con un colchón de once más de los que marca la normativa por temas organizativos”, indicaban.

Fuente: deia.com

Vivir a media hora del (de momento) único cementerio nuclear de España

Almacen nuclear en Ornachuelos (Granada)

El almacén de El Cambril alberga materiales radioactivos con una vida de más de trescientos años. La falta de transparencia sobre el transporte sin medidas de seguridad por vía terrestre y los residuos de centrales nucleares como Garoña ha llevado al grupo de IU Andalucía a pedir una visita “urgente” de la Comisión Europea a estas instalaciones.

En Hornachuelos, un municipio de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Córdoba, se ubica el único cementerio de residuos radioactivos que existe en España. Sus instalaciones, conocidas como El Cabril, se mantienen en la comarca cordobesa del Guadiato. A tan solo cincuenta kilómetros del área de población.

La lucha de ecologistas y partidos políticos de la zona como Izquierda Unida se centra en el conocimiento de los materiales que se almacenan en él. Son de alta, media, baja y muy baja intensidad procedentes, en un amplio porcentaje, de restos de centrales nucleares españolas. La descomposición de estos compuestos tiene una duración media que supera los 300 años.

Las instalaciones de El Cabril, gestionadas desde los años ochenta por la empresa pública Enresa, prometían bienestar económico a la zona y un bajo índice de paro. Hoy esta comarca con posible irradiación ha provocado un 50% de desempleo. Pero so no es lo único. El despoblamiento es otro grave problema, que se visualiza en municipios como Peñarroya Pueblonuevo, centro neurálgico de la comarca. En medio siglo casi 20.000 habitantes han salido del censo

aco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción, narra a Público que “el 95% de los residuos que llegan al Cabril proceden de las centrales nucleares”. Un dato desconocido para los alcaldes y habitantes de la zona que creían que albergaba en su mayoría material hospitalario. Y calcula que “el volumen total de este tipo de residuos será de más de 25.000 metros cúbicos” si llegan los últimos restos de centrales como Garoña, lo que superaría con creces la capacidad del cementerio nuclear.

Castejón habla junto a otros compañeros ecologistas como Alberto Ruiz Peña, del Movimiento Ibérico Antinuclear . “Cada año se producen decenas de transportes por carretera de residuos de todas las instalaciones a El Cabril sin medidas de seguridad”. El riesgo de accidente y posible fuga es demasiado elevado para la población colindante con un “grave incumplimiento de las directivas europeas” en esta materia.

aco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción, narra a Público que “el 95% de los residuos que llegan al Cabril proceden de las centrales nucleares”. Un dato desconocido para los alcaldes y habitantes de la zona que creían que albergaba en su mayoría material hospitalario. Y calcula que “el volumen total de este tipo de residuos será de más de 25.000 metros cúbicos” si llegan los últimos restos de centrales como Garoña, lo que superaría con creces la capacidad del cementerio nuclear.

Castejón habla junto a otros compañeros ecologistas como Alberto Ruiz Peña, del Movimiento Ibérico Antinuclear . “Cada año se producen decenas de transportes por carretera de residuos de todas las instalaciones a El Cabril sin medidas de seguridad”. El riesgo de accidente y posible fuga es demasiado elevado para la población colindante con un “grave incumplimiento de las directivas europeas” en esta materia.

El incumplimiento de las directivas europeas

La preocupación de los riesgos del traslado de restos radioactivos es cada vez más alarmante entre colectivos como la Plataforma Antinuclear de Córdoba. Pepa Beiras recuerda a Público que “este cementerio está es un sitio equivocado, en plena sierra de Hornachuelos, a las puertas de un parque natural, con un grave riesgo sísmico. Y encima ha generado nulo desarrollo de la zona” que no solo afecta al Guadiato. También a zonas de la Campiña Sur de Badajoz y la Sierra Norte de Sevilla.

Alberto Ruiz Peña, miembro de Ecologistas en Acción y de IU en Extremadura reclama la fragilidad de los suelos graníticos en la comarca que “de por sí son suelos radiactivos”. De la descomposición del material de estos suelos se desprendería gases como el radón, “altamente cancerígeno para la población”. A pesar de los intentos de peticiones para la realización de estudios oncológicos por parte de la Consejería de Salud de la Junta, los ecologistas no han conseguido dar una respuesta sobre la cifras de muertes por cáncer que hay en la zona de afectación del Cabril.

La falta de transparencia sobre el tipo de material radioactivo que se ubica en el Cabril han llevado al grupo Izquierda Unida Andalucía a presentar una solicitud de respuesta ante la Comisión Europea para investigar el posible traslado de ‘basura radiactiva’ con total opacidad al cementerio nuclear de El Cabril, procedente en los últimos meses de la central nuclear de Garoña.

El coordinador de IU, Antonio Maíllo ha destacado que este “silencio” hace temer lo peor. “Se antoja urgente presentar iniciativas ante la Comisión Europea porque no podemos permitir que Andalucía sea un cementerio que amplia instalaciones para asumir la basura radioactiva” del norte de España.

Maíllo considera indispensable “solicitar la visita de una misión de investigación de la Comisión Europea y Europarlamento a Hornachuelos” para que las instalaciones de El Cabril sean realmente “transparentes”. El traslado de residuos radiactivos sin medidas de seguridad por transporte terrestre supondría una grave “violación de las Directivas sobre participación pública, Habitas y Aves y gestión de residuos radioactivos”.

Una lucha por el desmantelamiento desde los años 80

Pedro Cabrera es vecino del pueblo de Peñarroya y portavoz de IU en el municipio. Como conocedor de la situación habla de un claro “despropósito” con una población envejecida por el despoblamiento. “Sabemos que nuestros jóvenes se van, que hay paro, que nadie se quiere quedar aquí y encima la Junta que cobra el impuesto del Gobierno Central por tener este tipo de instalaciones no lo revierte en la zona”.

Cabrera habla de varios planes fallidos para los vecinos que se encuentran en el entorno del Cabril. “Aún nos deben millones de euros del Plan Miner de Europa de hace cinco años. La Ecotasa que cobra la Junta por albergar este tipo de instalaciones con materiales radioactivos no se invierte con fondos. Tampoco llegan a los vecinos con planes de empleo ni ayudas”. La partida presupuestaria de esta tasa asciende a los ocho millones de euros en 2016 desde el Gobierno central.

Pedro Cabrera no puede olvidar las primeras movilizaciones en torno a la actividad de la empresa Enresa en el año 1984. “Los vecinos aún luchaban y se manifestaban. Pedían ayudas públicas y un puesto fijo para dar crecimiento a una zona que había tenido minas de uranio en los años 30”. Enresa empieza su actividad como empresa pública sin dar crecimiento a la zona. “Los jóvenes se iban a Córdoba a estudiar, los más mayores son los que se han ido quedando pero sabemos que ese era el objetivo de la empresa, iniciar una actividad de alta peligrosidad en zonas despobladas” sin mediar con los vecinos.

Residuos almacenados sin autorización

Aedenat inició hace más de dos décadas una lucha legal que, tras varias sentencias en contra de Enresa y sus consiguientes recursos, consiguió una sentencia firme del Tribunal Supremo en contra de esta empresa pública. En el año 2002 se declaraba la ilegalidad del cementerio nuclear. En la actualidad las instalaciones solo han tenido el propósito de continuar en crecimiento. La sentencia no ha trascendido para cesar el almacenamiento de material que siempre se había creído con procedencia única de residuos de hospitales.

El Supremo declaró ilegal el cementerio en el año 2002

El almacenamiento en el Cabril se encuentra actualmente a un 70% de su capacidad. La industria nuclear española apuesta por duplicar la capacidad de almacenamiento para permitir el alargamiento del parque nuclear.

Ante esta situación, el Movimiento Ibérico Antinuclear recalca que la mayor opacidad en este asunto fue el traslado en 2015 de más de de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca) al Cabril. Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años. “Este material sería mucho más peligroso con una vida de millones de años de radiación y que no permitirían estar dentro de estas instalaciones”, afirma Alberto Ruiz Peña.

A la espera de una respuesta por parte de la Comisión Europea, las movilizaciones de en las zonas del Cabril pretenden mover con más fuerza la conciencia de los ciudadanos. La paralización en Villar de Cañas de otro almacén nuclear no augura una vida corta para el Cabril. “Ya saben la experiencia de Hornachuelos y los vecinos de Villar de Cañas no quieren vivir cerca de estos materiales que solo traen despoblamiento”.

El Movimiento Ibérico Antinuclear ha exigido en un reciente comunicado el “cierre escalonado” de todas las centrales nucleares para no seguir aumentando el problema irresoluble de los residuos radiactivos, y buscar otro emplazamiento para evacuar los residuos para los que el Cabril no tiene autorización. “Buscamos que no haya traslados ni riesgos para una población que tampoco tiene beneficios por un riesgo de vivir en una zona con peligro de radiación”.

Fuente: publico.es

Más (2010): El almacen nuclear que arruinó una comarca

El traslado de residuos radioactivos de Garoña a Córdoba abre otro pulso entre el Gobierno y la Junta de Andalucía

Vista de las instalaciones de El Cabril (Córdoba)

El Ejecutivo de Díaz sospecha que el cementerio nuclear de El Cabril ha empezado a recepcionar bidones de la central recién desmantelada y exige saber si son restos “potencialmente peligrosos para la población”.

La Junta de Andalucía sospecha que el Gobierno central ya ha empezado a traslar residuos radiactivos de la recién clausurada central de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el cementerio nuclear de El Cabril, en Córdoba, que es de gestión estatal. Las informaciones de las que dispone la Consejería de Medio Ambiente parte, sobre todo, de los alcaldes del entorno, que han trasladado su preocupación al respecto.

El pasado 21 de noviembre, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, remitió por escrito una petición formal de información a Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos), que gestiona el centro de almacenamiento de El Cabril, requiriendo datos “detallados sobre el origen y las características de las actividades llevadas a cabo por Enresa en ese centro durante el primer cuatrimestre de 2017”. La carta, a cuyo contenido ha tenido acceso Público, cita “en concreto las 84 expediciones recepcionadas en la instalación durante el citado cuatrimestre”. “Queremos saber los planes del Gobierno a corto y medio plazo para El Cabril y si ha habido alguna actuación en los últimos meses que se salga de lo excepcional”, avisa Fiscal. La Junta quiere tener una garantía “por escrito” de que los restos que se trasladen no son “potencialmente peligrosos para la población”

Enresa es una entidad pública empresarial, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, responsable de la gestión de los residuos radiactivos que se generan en todo el país, así como del desmantelamiento de las instalaciones nucleares. El pasado 1 de agosto, el Gobierno de Mariano Rajoy sucumbía a la presión de los grupos de la oposición y anunciaba el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, la más antigua del país, cuya actividad llevaba paralizada desde 2012. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, había presentado un informe del Consejo de Seguridad Nuclear que avalaba su reapertura, pero no logró convencer a ningún otro grupo del Congreso, ni siquiera al PNV, clave en la aprobación de los Presupuestos Generales.

El Ejecutivo de Susana Díaz teme que el Gobierno central hubiera iniciado el traslado de residuos de media, baja y muy baja intensidad radioactiva de Garoña hasta el “centro de almacenamiento” de El Cabril, en plena Sierra de Hornachuelos (Córdoba). Nadal ya ha dicho en sede parlamentaria que en el subsuelo de El Cabril se enterrarán 4.000 toneladas de residuos radioactivos procedentes de Garoña, pero ha subrayado que el excedente de alto riesgo no viajará a Andalucía. Por ahora permanecerá en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Burgos, pero se desconoce por cuánto tiempo. El Gobierno preveía que para 2010 existiría un Almacén Temporal Centralizado que sirviera de cementerio nuclear nacional para dar cabida al combustible gastado, se planteó un proyecto en Villar de Cañas (Cuenca), que aún no está concluido.

El traslado de residuos radioactivos a la sierra cordobesa ha generado intranquilidad en los pueblos vecinos, y el consejero de Medio Ambiente ha querido saber de primera mano cuándo han empezado los trabajos. Se tiene conocimiento de 84 expediciones recepcionadas en El Cabril, pero sin seguridad de que todas provengan de Garoña. Los ecologistas denuncian que se siga usando este enclave como “cementerio nuclear”, y advierten del riesgo que supone para el ecosistema y la población de Hornachuelos. La inquietud ha saltado a la arena política, donde el grupo parlamentario de Podemos ya ha exigido explicaciones al Gobierno de Díaz. “Queremos saber si se va a permitir que usen Córdoba y Andalucía como estercolero nuclear”, ha dicho la líder del partido morado, Teresa Rodríguez.

El centro de almacenamiento nuclear de Córdoba ya guarda los restos radioactivos de otras centrales nucleares que se clausuraron en España, como la de Vandellòs I (Tarragona) y José Cabrera (Almonacid de Zorita). El Cabril tiene 29 celdas, compartimentos bajo tierra para dar cabida a los residuos, y hace poco la empresa que gestiona el emplazamiento ha construido una más porque casi todas las demás estaban ya llenas. El carburante que se retira (uranio principalmente) se carga y traslada en bidones de 130 toneladas.

La perspectiva de volver a ampliar este enclave para recepcionar las 4.000 toneladas de residuos de Garoña se ha convertido en otro motivo de disputa política en el Parlamento andaluz, aunque la Junta carece de competencias para prohibir el traslado a El Cabril. Desde Enresa explican que los residuos generales en el desmantelamiento de Garoña son “convencionales”, reciclados y reutilizados en un porcentaje próximo al 90%.

Equo, partido que está integrado en Podemos Andalucía, ha sido de los más combativos contra el traslado de dióxido de uranio al cementerio nuclear de El Cabril. Denuncian que es “una sustancia clasificada por la Unión Europea como muy tóxica, cancerígena y peligrosa para el medio ambiente. Con un componente químico -el U-235- que tiene una vida media de cientos de millones de años”. Enresa niega que el centro de almacenamiento de Córdoba esté recibiendo este tipo de sustancia.

Equo e IU llevan años reivindicando el cierre de las instalaciones de El Cabril, argumentando que el enclave original del almacenamiento nuclear era una reserva militar propiedad del Gobierno central, pero no se eligió esa ubicación por razones de seguridad. Ahora Podemos también se suma a la demanda de cierre de un centro que “pone en riesgo a una gran parte de la población, al suponer que residuos especialmente peligrosos recorran cientos de kilómetros diariamente, por autovías y llegando a tener que pasar por la propia Córdoba”. “Si uno de los bidones que viaja a El Cabril desde las centrales” -según Equo lo hacen unos 50 de media cada día- “cayese de su medio de transporte, incluso sin que se abra, si un menor de 18 años lo curiosea habrá recibido en tan sólo cinco minutos su dosis máxima de radiactividad para un año”, denuncian desde la formación verde.

“¿Empleo? ¡Aquí nos íbamos a hacer todos ricos, nos decían! Y fíjate, esto ahuyenta a nuevas industrias y es malo para el producto alimentario”, protesta Fernando Porras, apicultor de 60 años en Hornachuelos, en cuyo término municipal está El Cabril. Su opinión no es unánime. También abunda la indiferencia, sobre todo entre los jóvenes. Y la resignación. Entusiasmo, poco.

El Cabril no es ni de lejos un motor de desarrollo de la zona, que ha perdido población desde 1992. Su plantilla es de 118 trabajadores, a los que se suman 196 contratos externos. El paro castiga a estos pueblos tanto o más que a sus vecinos.

Población de Hornachuelos desde 1900 hasta 2016

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2016 el numero de habitantes en Hornachuelos es de 4.598, 44 habitantes menos que el en el año 2015. En el grafico siguiente se puede ver la evolucion demografica que ha habido en el municipio a lo largo de los años, para ver cuantos habitantes tiene Hornachuelos segun su edad podemos verlo en la piramide de poblacion.
Si lo que interesa es saber cual es la poblacion de Hornachuelos segun el lugar donde han nacido los habitantes (Continente, Pais, Comunidad Autonoma, Provincia, o Municipio) puede verlo en nuestro estudio demografico de poblacion segun lugar de nacimiento.

La gestión de Enresa

Tan cierto es que El Cabril no ha sido palanca de progreso como que no constan accidentes graves, si bien los ecologistas critican la opacidad de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos de España. Tampoco hay estudios alarmantes sobre salud o medio ambiente. El rechazo reside más en la sospecha que en la certeza. Y muchos insisten en que da mala imagen.

“A nadie le gusta tener ahí eso, por si pasa algo, pero qué le vamos a hacer”, explica, al otro lado de un torno que oculta su rostro, la hermana Laura, que vive enclaustrada en el convento de las carmelitas descalzas, en la aldea de San Calixto, de Hornachuelos, a 15 kilómetros de El Cabril. Un lugar ideal para ejercer la resignación.

Entre finales de los años cincuenta del siglo pasado y principios de los sesenta, el régimen comenzó a almacenar de tapadillo en El Cabril, en una mina de uranio abandonada, los residuos resultantes de las pruebas que debían incorporar a España al club de la bomba atómica. Con la creación de Enresa en 1984, las obras de lo que hoy es El Cabril comenzaron en 1990 tras obtener las licencias.

Los vecinos se quejan de que no ha servido para desarrollar la zona.

Antes, en los ochenta, miles de personas se opusieron a asumir esa herencia. Hubo cortes de carreteras, manifestaciones y hasta una huelga general en 1986. “Todos sabían que era una imposición injusta. Pero el dinero frenó las protestas”, recuerda José Larios, líder de aquella movilización ya olvidada, que dio su primera charla contra los planes del Estado en 1979.

El dinero, claro, ayuda a digerirlo todo. “Esto ya está aquí y no podemos evitarlo, pero que nos compensen”, reivindica el andalucista Cecilio Fuentes, alcalde de Alanís. Todos los alcaldes han advertido, al hilo de la polémica del ATC, que les saben a poco los menos de dos millones de euros anuales que reciben de Industria. “Las compensaciones por el ATC que oíamos son escandalosas. Merecemos más”, dice el independiente Julián López, alcalde de Hornachuelos.

“Es el gran éxito de Enresa, haber hecho reinar la resignación”, afirma Manuel Raya, de la asociación ecologista Hornasol. Raya reclama una explicación en detalle de la actividad en la zona que lleva a cabo la Fundación Enresa, que canaliza fondos para desplegar una intensa actividad de relaciones públicas que garantiza más apoyo al almacén.

Vista cercana de los contenedores

Pero la movilización de los ochenta dejó su huella. Quedó demostrado cuando, a principios de los noventa, una simple filtración que apuntaba a que el Valle de los Pedroches cordobés podía ser el destino del Almacén Geológico Profundo (AGP) movilizó a toda la comarca, con sus ayuntamientos al frente. No todo va a ser resignación.

Fuente:  publico.es

 almacennuclear.wordpress.com/2010/02/08/almacen-de-el-cabril-o-la-imposicion-que-arruino-a-una-comarca/

Garoña cierra ¿y ahora que? Experiencia de otros municipios con centrales cerradas

Localidades del burgalés Valle de Tobalina miran el turismo como una de las alternativas de desarrollo de la zona tras el anuncio de cierre de Garoña, una situación que han tenido que afrontar anteriormente otros municipios con nucleares: Almonacid de Zorita (Guadalajara) y Vandellós (Taragona).

Catorce son los municipios de este valle de Castilla y León que buscan ahora revitalizar su economía tras la clausura de la central, aunque el área de influencia de la actividad de Garoña abarque también localidades del País Vasco, La Rioja y Cantabria al encontrarse algunas de ellas a menos de 80 kilómetros de la instalación. .

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció este martes un plan de reactivación para las localidades afectadas, sin detallarlo.

Y aunque la actividad de la central creó puestos de trabajo directos o por subcontratas, tampoco significó una solución a la despoblación para muchos de ellos.

Así, la alcaldesa de Trespaderne, Ana Isabel López, prefiere ver el cierre de Garoña como “una oportunidad” para el entorno, mientras otros regidores ponen ahora su vista en el desarrollo del turismo y el sector hortofrutícola como alternativa a su economía.

En España dos instalaciones, la José Cabrera, más conocida como Zorita, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), y la de Vandellós I (Tarragona), se encuentran en el proceso de cierre con experiencias muy distintas.

Zorita, abierta en 1968 y cuyo desmantelamiento se inició en 2006, ha sufrido el despoblamiento y envejecimiento de la población, según ha explicado a la Agencia Efe su alcaldesa Elena Gordón Altares.

Además, la población de la localidad “está desanimada” ante la falta de salidas económicas para la zona, ha asegurado la regidora, quien trabaja junto a otros 200 trabajadores aproximadamente en el desmantelamiento de las instalaciones.

En su día, el Gobierno anunció el desarrollo de un plan de compensación al cierre de la planta, sin embargo, “nadie nos resuelve problemas como el mal acondicionamiento de las carreteras”, factor que ha alejado a los inversores, ha aseverado la alcaldesa de los 750 habitantes de Almonacid de Zorita.

“Nadie nos hace caso, es la pescadilla que se muerde la cola”, ha asegurado Gordón, a pesar de haber puesto en marcha proyectos como un vivero de empresas, el desarrollo del turismo, la construcción de un camping, “pero los emprendedores no vienen por el estado de la vía”.

La central “no hizo daño a la zona, hemos vivido tranquilos durante su funcionamiento”, ha manifestado la alcaldesa, quien ha añadido que “poca gente en el pueblo dirá que estaba a disgusto” con la nuclear, porque “estamos perfectamente informados”.

“Es más el miedo de la gente de fuera, que los que vivimos en primera persona”, ha indicado.

Muy diferente es la situación de la localidad de Vandellós (Tarragona), según ha explicado a Efe su alcalde, Alfonso García, quien ha aclarado que hay dos factores distintos que influyeron en el cierre de esa central.

El primero, el accidente que se produjo en 1989, el más relevante ocurrido en España, y el segundo el proceso sociopolítico de la localidad de 6.200 habitantes.

Ha manifestado, además, que el cierre de Vandellós I coincidió con la apertura de Vandellós II -de mayor potencia-, lo que facilitó que un buen número de trabajadores pasaran a las nuevas instalaciones, mientras otros se acogían a la jubilación anticipada.

Asimismo ayudó, según García, la ubicación geográfica de la localidad cercana al litoral, lo que facilitó que otras personas se vincularan a actividades relacionadas con el turismo o con un polígono industrial cercano.

En el proceso de desmantelamiento “hay picos de trabajo”, ha dicho el alcalde, en los que se necesita “potenciar la formación de las personas para diversificar la economía local”.

“La energía nuclear es de transición”, ha sostenido García, por ello hace falta un plan de desarrollo con “recursos endógenos y exógenos” para la creación de alternativas, la planificación y diversificación, y que el territorio no empobrezca.

El gerente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), Mariano Vila d’Abadal, ha manifestado a Efe que con el anuncio del cierre de Garoña “nos tememos lo peor”.

“Han dicho que van a mantener unas ayudas que existen y han existido desde 1990, que son compensaciones a los municipios por tener residuos de las nucleares, pero no son fondos por el cierre”, ha asegurado.

Ha anunciado que este viernes AMAC se reunirá con los alcaldes de los municipios del Valle de Tobalina afectados.

Esta mañana, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha dicho tras la reunión del Consejo de Gobierno Foral, que la Diputación Foral mantendrá “pleno contacto” con el Gobierno central sobre el proceso de desmantelamiento de Garoña y para la revitalización de los municipios de la zona.

Ha asegurado que es necesaria la puesta en marcha de un plan de revitalización de la zona afectada por la central.

El político ha añadido que en este plan deben estar presentes los municipios de la zona de Añana, que, ha recordado, quedaron fuera del primer plan de revitalización planteado en el momento de la primera parada de Garoña en 2012.

Ha añadido que el principal problema de la Cuadrilla de Añana es la elevada edad de sus habitantes y que el objetivo primero es “fijar” población en la zona, para lo que es necesario dotarla de servicios.

Fuente: eldiario.es

“El desmantelamiento es un proceso con riesgos”

Juantxo López de Uralde, coportavoz y diputado de EQUO Berdeak ha mostrado su satisfacción por el anuncio del cierre.

Ha expresado su convencimiento de que las demás centrales también se van a clausurar.

La decisión de cerrar la planta nuclear de Garoña, comunicada esta martes por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha dibujado sonrisas entre los miembros de Equo, que llevaban mucho tiempo luchando por ello. Su coportavoz y diputado por Unidos Podemos Juantxo López de Uralde, exlíder de Greenpeace, se mostraba muy satisfecho de que por fin llegara la noticia. “Hoy, por fin, es día de celebración”, comentaba en la Cadena Ser tras conocer la información.

López de Uralde ha considerado la resolución un gran éxito del movimiento nuclear. “Garoña se cierra porque no podía ser de otra manera, la decisión contraria no se habría entendido ni habría sido aceptada por la sociedad”, ha asegurado. Del mismo modo, comentaba que la planta no cumplía las condiciones de seguridad requeridas: “Mantenerla abierta, aunque se cumpliesen las condiciones impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear, era un riesgo para las personas y el medioambiente”.

En sus declaraciones, López de Uralde ha lamentado la demora en el cierre de la central. “Debería haberse cerrado hace mucho tiempo, en la era Zapatero, ya que por aquel entonces estaba ya claro que Garoña no podría funcionar en condiciones seguras”, ha manifestado el portavoz. Sin embargo, no ha limitado la responsabilidad al expresidente socialista: “Por un lado, el miedo de Zapatero a las eléctricas y, por otro, la obsesión por lo nuclear del PP han llevado a que el culebrón se alargue sin sentido”, lamentaba. En su opinión, el hecho de que las eléctricas no considerasen la planta rentable ha sido más importante que la acción gubernamental para el cierre.

El portavoz es consciente de que el cierre da paso a otro proceso que también se presenta largo. “Hay que esperar unos años a que el reactor vaya adquiriendo las condiciones óptimas para comenzar con su desmantelamiento”, explicaba. Además, destaca la necesidad de gestionar de manera segura los residuos. “El problema de la energía nuclear —proseguía— es que el riesgo continúa aun después del cierre de la central. Es un proceso con riesgos y hay que estar alerta”.

“Fin de la pesadilla”

Equo Berdeak plantea el cierre progresivo y más ordenado de las centrales nucleares que se encuentran aún activas. “Las centrales nucleares se van a cerrar sí o sí; se puede hacer de manera ordenada, buscando alternativas energéticas a esas plantas, o, de lo contrario, será por accidentes, de una forma que sería mucho más desgraciada”, ha asegurado. Y ha recalcado la necesidad de aprender de lo ocurrido con Garoña: “Esperamos que este triste episodio sirva de lección para que cuando llegue el momento de cerrar plantas se cierren”.

Ha mostrado también su descontento por la forma en la que se ha gestionado hasta el momento la situación: “Lo de Garoña ha sido un viacrucis, sobre todo para la ciudadanía y los trabajadores, que han estado instalados en la incertidumbre durante un proceso innecesariamente largo y trabajoso”. Aun así, ha advertido un cambio de tendencia: “Con Garoña querían convencernos de que había que alargar la vida de las centrales nucleares, pero han conseguido lo contrario: nos han convencido de que las centrales se van a cerrar y, por lo tanto, hay que planificar ese cierre para que no haya problemas”.

El  portavoz del grupo ecologista, asimismo, se ha mostrado seguro de que esta es la definitiva. “Ha sido un proceso muy largo, con el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, procesos de consultas del Ministerio de Industria, pero esta vez Garoña se cierra, fin de la pesadilla”, ha asegurado.