El traslado de residuos radioactivos de Garoña a Córdoba abre otro pulso entre el Gobierno y la Junta de Andalucía

Vista de las instalaciones de El Cabril (Córdoba)

El Ejecutivo de Díaz sospecha que el cementerio nuclear de El Cabril ha empezado a recepcionar bidones de la central recién desmantelada y exige saber si son restos “potencialmente peligrosos para la población”.

La Junta de Andalucía sospecha que el Gobierno central ya ha empezado a traslar residuos radiactivos de la recién clausurada central de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el cementerio nuclear de El Cabril, en Córdoba, que es de gestión estatal. Las informaciones de las que dispone la Consejería de Medio Ambiente parte, sobre todo, de los alcaldes del entorno, que han trasladado su preocupación al respecto.

El pasado 21 de noviembre, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, remitió por escrito una petición formal de información a Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos), que gestiona el centro de almacenamiento de El Cabril, requiriendo datos “detallados sobre el origen y las características de las actividades llevadas a cabo por Enresa en ese centro durante el primer cuatrimestre de 2017”. La carta, a cuyo contenido ha tenido acceso Público, cita “en concreto las 84 expediciones recepcionadas en la instalación durante el citado cuatrimestre”. “Queremos saber los planes del Gobierno a corto y medio plazo para El Cabril y si ha habido alguna actuación en los últimos meses que se salga de lo excepcional”, avisa Fiscal. La Junta quiere tener una garantía “por escrito” de que los restos que se trasladen no son “potencialmente peligrosos para la población”

Enresa es una entidad pública empresarial, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, responsable de la gestión de los residuos radiactivos que se generan en todo el país, así como del desmantelamiento de las instalaciones nucleares. El pasado 1 de agosto, el Gobierno de Mariano Rajoy sucumbía a la presión de los grupos de la oposición y anunciaba el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, la más antigua del país, cuya actividad llevaba paralizada desde 2012. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, había presentado un informe del Consejo de Seguridad Nuclear que avalaba su reapertura, pero no logró convencer a ningún otro grupo del Congreso, ni siquiera al PNV, clave en la aprobación de los Presupuestos Generales.

El Ejecutivo de Susana Díaz teme que el Gobierno central hubiera iniciado el traslado de residuos de media, baja y muy baja intensidad radioactiva de Garoña hasta el “centro de almacenamiento” de El Cabril, en plena Sierra de Hornachuelos (Córdoba). Nadal ya ha dicho en sede parlamentaria que en el subsuelo de El Cabril se enterrarán 4.000 toneladas de residuos radioactivos procedentes de Garoña, pero ha subrayado que el excedente de alto riesgo no viajará a Andalucía. Por ahora permanecerá en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Burgos, pero se desconoce por cuánto tiempo. El Gobierno preveía que para 2010 existiría un Almacén Temporal Centralizado que sirviera de cementerio nuclear nacional para dar cabida al combustible gastado, se planteó un proyecto en Villar de Cañas (Cuenca), que aún no está concluido.

El traslado de residuos radioactivos a la sierra cordobesa ha generado intranquilidad en los pueblos vecinos, y el consejero de Medio Ambiente ha querido saber de primera mano cuándo han empezado los trabajos. Se tiene conocimiento de 84 expediciones recepcionadas en El Cabril, pero sin seguridad de que todas provengan de Garoña. Los ecologistas denuncian que se siga usando este enclave como “cementerio nuclear”, y advierten del riesgo que supone para el ecosistema y la población de Hornachuelos. La inquietud ha saltado a la arena política, donde el grupo parlamentario de Podemos ya ha exigido explicaciones al Gobierno de Díaz. “Queremos saber si se va a permitir que usen Córdoba y Andalucía como estercolero nuclear”, ha dicho la líder del partido morado, Teresa Rodríguez.

El centro de almacenamiento nuclear de Córdoba ya guarda los restos radioactivos de otras centrales nucleares que se clausuraron en España, como la de Vandellòs I (Tarragona) y José Cabrera (Almonacid de Zorita). El Cabril tiene 29 celdas, compartimentos bajo tierra para dar cabida a los residuos, y hace poco la empresa que gestiona el emplazamiento ha construido una más porque casi todas las demás estaban ya llenas. El carburante que se retira (uranio principalmente) se carga y traslada en bidones de 130 toneladas.

La perspectiva de volver a ampliar este enclave para recepcionar las 4.000 toneladas de residuos de Garoña se ha convertido en otro motivo de disputa política en el Parlamento andaluz, aunque la Junta carece de competencias para prohibir el traslado a El Cabril. Desde Enresa explican que los residuos generales en el desmantelamiento de Garoña son “convencionales”, reciclados y reutilizados en un porcentaje próximo al 90%.

Equo, partido que está integrado en Podemos Andalucía, ha sido de los más combativos contra el traslado de dióxido de uranio al cementerio nuclear de El Cabril. Denuncian que es “una sustancia clasificada por la Unión Europea como muy tóxica, cancerígena y peligrosa para el medio ambiente. Con un componente químico -el U-235- que tiene una vida media de cientos de millones de años”. Enresa niega que el centro de almacenamiento de Córdoba esté recibiendo este tipo de sustancia.

Equo e IU llevan años reivindicando el cierre de las instalaciones de El Cabril, argumentando que el enclave original del almacenamiento nuclear era una reserva militar propiedad del Gobierno central, pero no se eligió esa ubicación por razones de seguridad. Ahora Podemos también se suma a la demanda de cierre de un centro que “pone en riesgo a una gran parte de la población, al suponer que residuos especialmente peligrosos recorran cientos de kilómetros diariamente, por autovías y llegando a tener que pasar por la propia Córdoba”. “Si uno de los bidones que viaja a El Cabril desde las centrales” -según Equo lo hacen unos 50 de media cada día- “cayese de su medio de transporte, incluso sin que se abra, si un menor de 18 años lo curiosea habrá recibido en tan sólo cinco minutos su dosis máxima de radiactividad para un año”, denuncian desde la formación verde.

“¿Empleo? ¡Aquí nos íbamos a hacer todos ricos, nos decían! Y fíjate, esto ahuyenta a nuevas industrias y es malo para el producto alimentario”, protesta Fernando Porras, apicultor de 60 años en Hornachuelos, en cuyo término municipal está El Cabril. Su opinión no es unánime. También abunda la indiferencia, sobre todo entre los jóvenes. Y la resignación. Entusiasmo, poco.

El Cabril no es ni de lejos un motor de desarrollo de la zona, que ha perdido población desde 1992. Su plantilla es de 118 trabajadores, a los que se suman 196 contratos externos. El paro castiga a estos pueblos tanto o más que a sus vecinos.

Población de Hornachuelos desde 1900 hasta 2016

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2016 el numero de habitantes en Hornachuelos es de 4.598, 44 habitantes menos que el en el año 2015. En el grafico siguiente se puede ver la evolucion demografica que ha habido en el municipio a lo largo de los años, para ver cuantos habitantes tiene Hornachuelos segun su edad podemos verlo en la piramide de poblacion.
Si lo que interesa es saber cual es la poblacion de Hornachuelos segun el lugar donde han nacido los habitantes (Continente, Pais, Comunidad Autonoma, Provincia, o Municipio) puede verlo en nuestro estudio demografico de poblacion segun lugar de nacimiento.

La gestión de Enresa

Tan cierto es que El Cabril no ha sido palanca de progreso como que no constan accidentes graves, si bien los ecologistas critican la opacidad de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos de España. Tampoco hay estudios alarmantes sobre salud o medio ambiente. El rechazo reside más en la sospecha que en la certeza. Y muchos insisten en que da mala imagen.

“A nadie le gusta tener ahí eso, por si pasa algo, pero qué le vamos a hacer”, explica, al otro lado de un torno que oculta su rostro, la hermana Laura, que vive enclaustrada en el convento de las carmelitas descalzas, en la aldea de San Calixto, de Hornachuelos, a 15 kilómetros de El Cabril. Un lugar ideal para ejercer la resignación.

Entre finales de los años cincuenta del siglo pasado y principios de los sesenta, el régimen comenzó a almacenar de tapadillo en El Cabril, en una mina de uranio abandonada, los residuos resultantes de las pruebas que debían incorporar a España al club de la bomba atómica. Con la creación de Enresa en 1984, las obras de lo que hoy es El Cabril comenzaron en 1990 tras obtener las licencias.

Los vecinos se quejan de que no ha servido para desarrollar la zona.

Antes, en los ochenta, miles de personas se opusieron a asumir esa herencia. Hubo cortes de carreteras, manifestaciones y hasta una huelga general en 1986. “Todos sabían que era una imposición injusta. Pero el dinero frenó las protestas”, recuerda José Larios, líder de aquella movilización ya olvidada, que dio su primera charla contra los planes del Estado en 1979.

El dinero, claro, ayuda a digerirlo todo. “Esto ya está aquí y no podemos evitarlo, pero que nos compensen”, reivindica el andalucista Cecilio Fuentes, alcalde de Alanís. Todos los alcaldes han advertido, al hilo de la polémica del ATC, que les saben a poco los menos de dos millones de euros anuales que reciben de Industria. “Las compensaciones por el ATC que oíamos son escandalosas. Merecemos más”, dice el independiente Julián López, alcalde de Hornachuelos.

“Es el gran éxito de Enresa, haber hecho reinar la resignación”, afirma Manuel Raya, de la asociación ecologista Hornasol. Raya reclama una explicación en detalle de la actividad en la zona que lleva a cabo la Fundación Enresa, que canaliza fondos para desplegar una intensa actividad de relaciones públicas que garantiza más apoyo al almacén.

Vista cercana de los contenedores

Pero la movilización de los ochenta dejó su huella. Quedó demostrado cuando, a principios de los noventa, una simple filtración que apuntaba a que el Valle de los Pedroches cordobés podía ser el destino del Almacén Geológico Profundo (AGP) movilizó a toda la comarca, con sus ayuntamientos al frente. No todo va a ser resignación.

Fuente:  publico.es

 almacennuclear.wordpress.com/2010/02/08/almacen-de-el-cabril-o-la-imposicion-que-arruino-a-una-comarca/

Anuncios

Garoña cierra ¿y ahora que? Experiencia de otros municipios con centrales cerradas

Localidades del burgalés Valle de Tobalina miran el turismo como una de las alternativas de desarrollo de la zona tras el anuncio de cierre de Garoña, una situación que han tenido que afrontar anteriormente otros municipios con nucleares: Almonacid de Zorita (Guadalajara) y Vandellós (Taragona).

Catorce son los municipios de este valle de Castilla y León que buscan ahora revitalizar su economía tras la clausura de la central, aunque el área de influencia de la actividad de Garoña abarque también localidades del País Vasco, La Rioja y Cantabria al encontrarse algunas de ellas a menos de 80 kilómetros de la instalación. .

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció este martes un plan de reactivación para las localidades afectadas, sin detallarlo.

Y aunque la actividad de la central creó puestos de trabajo directos o por subcontratas, tampoco significó una solución a la despoblación para muchos de ellos.

Así, la alcaldesa de Trespaderne, Ana Isabel López, prefiere ver el cierre de Garoña como “una oportunidad” para el entorno, mientras otros regidores ponen ahora su vista en el desarrollo del turismo y el sector hortofrutícola como alternativa a su economía.

En España dos instalaciones, la José Cabrera, más conocida como Zorita, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), y la de Vandellós I (Tarragona), se encuentran en el proceso de cierre con experiencias muy distintas.

Zorita, abierta en 1968 y cuyo desmantelamiento se inició en 2006, ha sufrido el despoblamiento y envejecimiento de la población, según ha explicado a la Agencia Efe su alcaldesa Elena Gordón Altares.

Además, la población de la localidad “está desanimada” ante la falta de salidas económicas para la zona, ha asegurado la regidora, quien trabaja junto a otros 200 trabajadores aproximadamente en el desmantelamiento de las instalaciones.

En su día, el Gobierno anunció el desarrollo de un plan de compensación al cierre de la planta, sin embargo, “nadie nos resuelve problemas como el mal acondicionamiento de las carreteras”, factor que ha alejado a los inversores, ha aseverado la alcaldesa de los 750 habitantes de Almonacid de Zorita.

“Nadie nos hace caso, es la pescadilla que se muerde la cola”, ha asegurado Gordón, a pesar de haber puesto en marcha proyectos como un vivero de empresas, el desarrollo del turismo, la construcción de un camping, “pero los emprendedores no vienen por el estado de la vía”.

La central “no hizo daño a la zona, hemos vivido tranquilos durante su funcionamiento”, ha manifestado la alcaldesa, quien ha añadido que “poca gente en el pueblo dirá que estaba a disgusto” con la nuclear, porque “estamos perfectamente informados”.

“Es más el miedo de la gente de fuera, que los que vivimos en primera persona”, ha indicado.

Muy diferente es la situación de la localidad de Vandellós (Tarragona), según ha explicado a Efe su alcalde, Alfonso García, quien ha aclarado que hay dos factores distintos que influyeron en el cierre de esa central.

El primero, el accidente que se produjo en 1989, el más relevante ocurrido en España, y el segundo el proceso sociopolítico de la localidad de 6.200 habitantes.

Ha manifestado, además, que el cierre de Vandellós I coincidió con la apertura de Vandellós II -de mayor potencia-, lo que facilitó que un buen número de trabajadores pasaran a las nuevas instalaciones, mientras otros se acogían a la jubilación anticipada.

Asimismo ayudó, según García, la ubicación geográfica de la localidad cercana al litoral, lo que facilitó que otras personas se vincularan a actividades relacionadas con el turismo o con un polígono industrial cercano.

En el proceso de desmantelamiento “hay picos de trabajo”, ha dicho el alcalde, en los que se necesita “potenciar la formación de las personas para diversificar la economía local”.

“La energía nuclear es de transición”, ha sostenido García, por ello hace falta un plan de desarrollo con “recursos endógenos y exógenos” para la creación de alternativas, la planificación y diversificación, y que el territorio no empobrezca.

El gerente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), Mariano Vila d’Abadal, ha manifestado a Efe que con el anuncio del cierre de Garoña “nos tememos lo peor”.

“Han dicho que van a mantener unas ayudas que existen y han existido desde 1990, que son compensaciones a los municipios por tener residuos de las nucleares, pero no son fondos por el cierre”, ha asegurado.

Ha anunciado que este viernes AMAC se reunirá con los alcaldes de los municipios del Valle de Tobalina afectados.

Esta mañana, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha dicho tras la reunión del Consejo de Gobierno Foral, que la Diputación Foral mantendrá “pleno contacto” con el Gobierno central sobre el proceso de desmantelamiento de Garoña y para la revitalización de los municipios de la zona.

Ha asegurado que es necesaria la puesta en marcha de un plan de revitalización de la zona afectada por la central.

El político ha añadido que en este plan deben estar presentes los municipios de la zona de Añana, que, ha recordado, quedaron fuera del primer plan de revitalización planteado en el momento de la primera parada de Garoña en 2012.

Ha añadido que el principal problema de la Cuadrilla de Añana es la elevada edad de sus habitantes y que el objetivo primero es “fijar” población en la zona, para lo que es necesario dotarla de servicios.

Fuente: eldiario.es

“El desmantelamiento es un proceso con riesgos”

Juantxo López de Uralde, coportavoz y diputado de EQUO Berdeak ha mostrado su satisfacción por el anuncio del cierre.

Ha expresado su convencimiento de que las demás centrales también se van a clausurar.

La decisión de cerrar la planta nuclear de Garoña, comunicada esta martes por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha dibujado sonrisas entre los miembros de Equo, que llevaban mucho tiempo luchando por ello. Su coportavoz y diputado por Unidos Podemos Juantxo López de Uralde, exlíder de Greenpeace, se mostraba muy satisfecho de que por fin llegara la noticia. “Hoy, por fin, es día de celebración”, comentaba en la Cadena Ser tras conocer la información.

López de Uralde ha considerado la resolución un gran éxito del movimiento nuclear. “Garoña se cierra porque no podía ser de otra manera, la decisión contraria no se habría entendido ni habría sido aceptada por la sociedad”, ha asegurado. Del mismo modo, comentaba que la planta no cumplía las condiciones de seguridad requeridas: “Mantenerla abierta, aunque se cumpliesen las condiciones impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear, era un riesgo para las personas y el medioambiente”.

En sus declaraciones, López de Uralde ha lamentado la demora en el cierre de la central. “Debería haberse cerrado hace mucho tiempo, en la era Zapatero, ya que por aquel entonces estaba ya claro que Garoña no podría funcionar en condiciones seguras”, ha manifestado el portavoz. Sin embargo, no ha limitado la responsabilidad al expresidente socialista: “Por un lado, el miedo de Zapatero a las eléctricas y, por otro, la obsesión por lo nuclear del PP han llevado a que el culebrón se alargue sin sentido”, lamentaba. En su opinión, el hecho de que las eléctricas no considerasen la planta rentable ha sido más importante que la acción gubernamental para el cierre.

El portavoz es consciente de que el cierre da paso a otro proceso que también se presenta largo. “Hay que esperar unos años a que el reactor vaya adquiriendo las condiciones óptimas para comenzar con su desmantelamiento”, explicaba. Además, destaca la necesidad de gestionar de manera segura los residuos. “El problema de la energía nuclear —proseguía— es que el riesgo continúa aun después del cierre de la central. Es un proceso con riesgos y hay que estar alerta”.

“Fin de la pesadilla”

Equo Berdeak plantea el cierre progresivo y más ordenado de las centrales nucleares que se encuentran aún activas. “Las centrales nucleares se van a cerrar sí o sí; se puede hacer de manera ordenada, buscando alternativas energéticas a esas plantas, o, de lo contrario, será por accidentes, de una forma que sería mucho más desgraciada”, ha asegurado. Y ha recalcado la necesidad de aprender de lo ocurrido con Garoña: “Esperamos que este triste episodio sirva de lección para que cuando llegue el momento de cerrar plantas se cierren”.

Ha mostrado también su descontento por la forma en la que se ha gestionado hasta el momento la situación: “Lo de Garoña ha sido un viacrucis, sobre todo para la ciudadanía y los trabajadores, que han estado instalados en la incertidumbre durante un proceso innecesariamente largo y trabajoso”. Aun así, ha advertido un cambio de tendencia: “Con Garoña querían convencernos de que había que alargar la vida de las centrales nucleares, pero han conseguido lo contrario: nos han convencido de que las centrales se van a cerrar y, por lo tanto, hay que planificar ese cierre para que no haya problemas”.

El  portavoz del grupo ecologista, asimismo, se ha mostrado seguro de que esta es la definitiva. “Ha sido un proceso muy largo, con el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, procesos de consultas del Ministerio de Industria, pero esta vez Garoña se cierra, fin de la pesadilla”, ha asegurado.

Cuando el Uranio entra por la puerta la democracia sale por la ventana. (III). Las mentiras sobre el desarrollo y los puestos de trabajo ¿1.000 empleos?

Ante las mentiras y la ocultación intencionada de información en todo lo que rodea al basurero nuclear de Cuenca, el autor pretende, en una serie de cuatro artículos, desentrañar los engaños y demostrar con documentos la verdad del proyecto.

Mediante los cuatro artículos, el autor demostrará, que la única razón para la defensa enconada del alcalde de Villar de Cañas del proyecto del ATC son los 2,4 millones de Euros que recibiría anualmente el ayuntamiento que preside.

En esta tercera entrega se desmontan las mentiras sobre el desarrollo económico y los puestos de trabajo que se crearían en el proyecto del ATC

Carlos Villeta  04/04/2017

Ríos de tinta se han vertido sobre la creación de empleos en la obra del ATC. Las cifras han ido creciendo: primero se habló de entre 150 y 300 puestos de trabajo. Pero es muy llamativo que José María Saiz (alcalde de Villar de Cañas) ha llegado a declarar, sin ningún complejo, que los puestos de trabajo serán 1.000. Pero ¿Qué hay de verdad en esas cifras? ¿En qué trabajarían tantas personas? ¿Cuál sería su perfil profesional y su cualificación? ¿Dónde vivirían estos empelados?

Pablo Zuloaga, como jefe del departamento de Ingeniería de Residuos de Alta Actividad de Enresa y principal responsable del ATC en la empresa pública, tenía muy claro en qué consistía el proyecto. En un debate público en Villaescusa del Haro el 25 de marzo de 2012, preguntado por el asunto del empleo dijo “los empleos no serán la panacea”. Para Zuloaga, el proyecto del ATC tenía como fin la gestión de los residuos, no el desarrollo económico de una comarca.

Pero el alcalde de Villar de Cañas no es de la misma opinión y ha intentado por todos los medios “vendernos la moto” de los puestos de trabajo, llegando a recoger 11.000 currículos, a sabiendas de que el ayuntamiento no se encarga de la contratación. Estamos convencidos de que esa maniobra era puramente propagandística, puesto que los argumentos de Saiz no se sostienen con un análisis suficientemente riguroso.

Esto es lo único que dice el BOE en la resolución de 2009 para llevar a cabo la selección del emplazamiento del ATC: “Para la construcción de las instalaciones se estima un promedio diario de unos 300 trabajadores durante los cinco años de la primera etapa, con algún pico de hasta 500″. Ya no hay datos oficiales en la web de Enresa sobre el empleo. Sí que había una curva de empleo (ver gráfico adjunto) en la que figuran hasta 75 puestos directos durante el funcionamiento y tres picos con máximos de hasta 300, coincidiendo con las fases de construcción, dada la estructura modular de las bóvedas de almacenamiento.

En todo caso, los empleos en la fase de funcionamiento son, sobre todo, en el CTA (Centro Tecnológico Asociado) puesto que, en el almacén, una vez que se termine la descarga de los residuos nucleares (unos 20 años después de terminar la obra principal), apenas precisan de mano de obra. Así se reconoce en la web de Enresa, pues el ATC en funcionamiento es una instalación pasiva, sin generación de energía y con un funcionamiento altamente robotizado, puesto que las sustancias que se manejan son muy peligrosas.

Hay que aclarar que el empleo en funcionamiento, se refiere a la plantilla, no empleos nuevos. Según Enresa, buena parte de los trabajadores son de la plantilla actual. Se trata de científicos y técnicos de alta cualificación.

Aunque no se emplee a personas de la comarca podríamos esperar un elevado desarrollo económico por 3 vías: es una obra de gran envergadura (en torno a 1.000 millones de Euros) lo que supone dar de comer a un número considerable de trabajadores temporales; el aumento de población de Villar de Cañas con los trabajadores fijos y, por último, los empleos indirectos gracias a empresas auxiliares que se aprovecharían del vivero de y otras instalaciones empresariales.

Aunque es cierto que es difícil prever lo que pasaría si se construyera el ATC, un análisis serio, desmonta estas hipótesis. Vamos una por una:

Las inversiones millonarias y los trabajos de construcción

No cabe duda que la fase de construcción, llevaría al pueblo a gran cantidad de trabajadores, lo cual sería un importante impulso a la economía local: restaurantes, alojamiento, trabajo para pequeñas empresas locales de diversos tipos: electricistas, albañilería, suministros menores… Pero con varias limitaciones, la principal es que esta situación duraría los 5 años iniciales y luego 2 más en el año 10 y 18 del poryecto. Una vez terminada la construcción, la avalancha se iría con la misma velocidad con la que vino.

El hecho de que el dinero a gastar sea de en torno a 1.000 millones no supone que el pueblo sufra un cambio permanente en su economía ni hay relación directa entre la cuantía y las mejoras en rentas de la población o el empleo permanente. En la provincia de Cuenca, las inversiones del AVE fueron de una cuantía superior y no se tradujo en un despegue económico.

Interacción de los trabajadores fijos con Villar de Cañas

Ya hemos mencionado que hasta 150 personas trabajarían en el CTA. Pero es ingenuo pensar que alguno de ellos viva en Villar de Cañas. Esto no ocurre en ninguna instalación nuclear y más en este caso, en el que muchos de los trabajadores desempeñan actualmente su labor en otro lugar (la mayoría en Madrid) por lo que es poco probable que cambien su residencia. La autovía A-3 permite llegar desde la capital al ATC en menos de hora y media. En todo caso, el cambio de residencia podría ser a otras poblaciones como Arganda o Tarancón (o cualquier otra de la periferia de Madrid).

Por otro lado, la interacción de estos trabajadores con el pueblo sería mínima, No pasarían por Villar de Cañas para ir a su puesto de trabajo. Para comer o tomar un café, tienen de camino el área de servicio del KM 124 de la A-3.

Empleo indirecto

Ya hay construido (y abandonado desde 2014) un vivero de empresas, un laboratorio y otras instalaciones empresariales. Entre los documentos oficiales relacionados con el ATC, se menciona que hasta 7 empresas del sector nuclear podrían estar interesadas en ubicarse.

Se prevé una cierta presencia de estas empresas en lo que se ha denominado monocultivo nuclear. El resto de sectores serían expulsados de la zona. Es lo que ha pasado en otras zonas con instalaciones nucleares. Por poner un ejemplo, en Cifuentes, muy cercana a la central nuclear de Trillo, cerraron una piscifactoría y una planta embotelladora. En la zona no hay tejido empresarial sin vinculación a la central nuclear.

Dicho de otro modo, los puestos de trabajo indirectos, serían escasos y restringidos a empresas tecnológicas del sector nuclear. Esto supone que una vez desmantelado el ATC (con funcionamiento de 60 años) la situación del pueblo volvería una posición similar a la anterior a su instalación, pero mucho peor, puesto que el resto de actividades estarían muy debilitadas o directamente habrían desaparecido. En resumidas cuentas, el proyecto del ATC es todo lo contrario a un proyecto sostenible y no solo por los problemas ambientales.

Repercusión negativa

Entre las 49 organizaciones que conforman la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, está Asaja, UPA y ADIMAN, conscientes del desastre que supondrá para agricultores y ganaderos un cementerio nuclear.

Muchos empresarios de Cuenca se han sentido damnificados ante la perspectiva tan negativa que supondría para sus negocios, la construcción de un almacén nuclear en la provincia. Por ello, se constituyeron en la “Agrupación de Empresarios Contra el Cementerio Nuclear”, celebraron una jornada el 28 de junio de 2012 con ponencias de los sectores turístico, la agroindustria y las energías renovables.

En conclusión, este análisis, nos lleva a defender, que la única razón del alcalde y la secretaria de Villar de Cañas, para apoyar el proyecto del ATC, son los 2,4 millones de Euros (el 400% del presupuesto municipal actual) que recibiría el ayuntamiento cada año durante el funcionamiento del ATC. Llegados aquí, la pregunta es pertinente: si es tan bueno el ATC, si es tan beneficioso, si es verdad que no es peligroso ¿Por qué dan tanto dinero? Que cada uno saque sus conclusiones.

¿QUE HA PASADO EN LAS COMARCAS DEL ALMACEN NUCLEAR DE CÓRDOBA (EL CABRIL), EN GAROÑA O EN ASCÓ?

Como muestra un par de datos respecto al almacen nuclear de El Cabril en la provincia de Córdoba y en las centrales de Garoña y Ascó:

  • Reconocen que El Cabril ha sido perjudicial para los pueblos de su alrededor. José Larios Martón, miembro del Consejo Andaluz de Medio Ambiente y coordinador general del Foro para el desarrollo sostenible en Andalucía,  resaltó que los pueblos cercanos al Almacén de Residuos Nucleares de Baja y Media Actividad de El Cabril «no ha fijado población y ha condicionado la comercialización de los productos agroalimentarios, como la miel producida en la zona, que se comercializa sin identificar su origen». (leer)
  • La “riqueza” de la energia nuclear ha hecho que hasta 2010 los pueblos cercanos a El Cabril perdieran el 12% de su censo desde que entró en funcionamiento. (leer).  Idéntica situación ocurría en Garoña y en Ascó, donde las centrales no conservaron población autóctona, espantaron inversiones y no fijaron población trabajadora cualificada de las centrales.

Y es que aunque no se diga este tipo de industria debido a su riesgo se implanta lejos de centros poblados e incluso mal comunicados, donde no se realizan inversiones de mejora de infraestructuras ni de desarrollo.

POBLACIÓN DE HORNACHUELOS DESDE 1900 HASTA 2016


Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2016 el numero de habitantes en Hornachuelos es de 4.598, 44 habitantes menos que el en el año 2015. En el grafico siguiente se puede ver la evolucion demografica que ha habido en el municipio a lo largo de los años, para ver cuantos habitantes tiene Hornachuelos segun su edad podemos verlo en la piramide de poblacion.
Si lo que interesa es saber cual es la poblacion de Hornachuelos segun el lugar donde han nacido los habitantes (Continente, Pais, Comunidad Autonoma, Provincia, o Municipio) puede verlo en nuestro estudio demografico de poblacion segun lugar de nacimiento.

POBLACIÓN DEL VALLE DE TOBALINA DESDE 1900 HASTA 2016

tobalina poblacion.PNG

En contra de lo que los lobbies nucleares nos venden a través de  los medios masivos sobre la riqueza y empleo que crea una instalación nuclear,  analizando la tabla anterior vemos que la central de Garoña no solo no ha atraido personas al Valle de  Tobalina  sino que las ha espantado.

Fuente:  lacomarcadepuertollano.com

Leer:      Almacen Nuclear de El Cabril o la imposición que arruinó a una comarca.

Industria oculta problemas en el terreno donde irá el silo nuclear de Cuenca.

Aumentan los casos de cáncer en las zonas próximas a un almacen nuclear en Alemania.

Las Cortes valencianas piden desmantelar la central nuclear de Cofrentes en 2021

La iniciativa presentada por PSPV, Compromís y Podemos ha contado con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP

29/03/2017 15:50

El pleno de las Cortes valencianas ha aprobado este miércoles, con los únicos votos en contra del PP, pedir al Gobierno “el cierre y desmantelamiento” de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) cuando finalice el actual período de prórroga de funcionamiento, en marzo de 2021.

También reclaman que no se autorice la construcción de un almacén temporal individualizado de residuos radiactivos dentro los terrenos de la central nuclear “por ser innecesario”, ya que esta infraestructura dispone de capacidad de almacenamiento suficiente hasta su fecha de cierre en 2021.

Así lo recoge una iniciativa presentada conjuntamente por el PSPV, Compromís y Podemos, en la que Ciudadanos se ha abstenido y el PP ha votado en contra, y que también propone instar al Gobierno a modificar el marco normativo que ha paralizado la implantación de las energías renovables.

El PP se ha opuesto al cierre al asegurar que la Comunitat Valenciana “no dispone de un parque de renovables suficiente” para cubrir la energía producida por Cofrentes, y Ciudadanos ha criticado que se plantee el cierre sin un plan energético alternativo ni un plan económico para los trabajadores y la región.

El diputado de Compromís Juan Ponce, encargado de defender la iniciativa, se ha alegrado de que “por fin” la mayoría de la Cámara diga “sí al cierre definitivo de Cofrentes” por responsabilidad, solidaridad, economía y porque hay que luchar contra el cambio climático.

Ponce ha advertido de que las centrales nucleares “son peligrosas, y más las viejas”, y ha considerado que “no es tan complicado” ni “tan imposible” que en Cofrentes se pudiera producir “la gran catástrofe” sucedida en Fukushima en 2011, que “nadie pensó que pudiera pasar y pasó”.

Además, ha recordado que Alemania cerrará todas sus centrales nucleares en 2022, con menos horas de sol que España, y ha reivindicado la necesidad de apostar e impulsar las energías renovables para alcanzar que el 20 % de la energía total consumida sea renovable.

POLÍTICA DEL MIEDO

El diputado del PP Vicente Casanova ha asegurado que el cierre de Cofrentes tendría “graves consecuencias”, como el incremento de la tarifa eléctrica un 25 % y de las emisiones de dióxido de carbono un 50 %, y sustituirla por energías renovables en 2021 implicaría la construcción de 2.040 molinos de viento o 26.000 hectáreas de paneles solares.

Para Casanova eso “no es razonable”, sobre todo teniendo en cuenta que en dos años no se ha construido ningún molino y se han instalado muy pocos paneles solares, y ha señalado que “no hay necesidad de retirar” estas instalaciones, sino que hay que garantizar, con informes y controles, que sean fiables.

La parlamentaria de Ciudadanos Rosa García ha acusado al Consell de hacer en este caso lo mismo que ha hecho Donald Trump con las políticas medioambientales impulsadas por Barack Obama, que ha decidido “eliminar de un plumazo” sin tener un plan de contingencia ni justificar los motivos.

“Ustedes han hecho lo mismo. Atacan Cofrentes por sectarismo“, según García, quien ha pedido que antes de cerrar esta central nuclear en 2021 “traigan informes sobre el grado de impacto energético y el impacto sobre el empleo y la economía de la zona”, al tiempo que ha abogado por un Pacto de Estado en esta materia.

Ciudadanos ha rechazado el acuerdo planteado por los grupos proponentes de la iniciativa por mantener el cierre de la central en 2021 sin realizar un estudio previo independiente sobre su impacto, y de hecho, había planteado una enmienda en este sentido.

El socialista David Cerdán ha dicho que no están pidiendo el cierre de Cofrentes, sino que no se reabra cuando acabe su vida útil en 2021, con el fin de “acabar con el oligopolio y con la estafa eléctrica de este país”, y ha asegurado que la iniciativa planteada es “de responsabilidad y sentido común”.

“Nada hay más irresponsable, sectario y demagógico e ideológico que la defensa infame y vergonzosa que hacen de un sistema eléctrico que es una estafa”, ha criticado Cerdán, mientras que, desde Podemos, Beatriz Gascó ha acusado al PP de convertir en “chantaje” cualquier decisión.

Fuente: http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/03/29/58dbbba3e2704eae328b4681.html

El Gobierno veta la ley de la oposición contra el ‘impuesto al sol’ para recaudar más impuestos

Según el Gobierno, el Estado perdería 162 millones pero no dice que sería porque bajaría la recaudación de IVA al autoconsumirse parte de la luz.

La iniciativa es la vigésimo cuarta que se veta esta legislatura y fue respaldada por todos los grupos de la oposición

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha comunicado al Congreso su rechazo a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley sobre autoconsumo energético con la que la oposición pretendía poner fin al llamado ‘impuesto al sol’, un veto que se justifica en que su puesta en marcha supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

La proposición de ley, registrada a finales del pasado mes de enero por el PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, PNV, Esquerra Republicana y y todos los partidos del Grupo Mixto a excepción de Foro Asturias, trataba de fomentar el autoconsumo energético, eliminando todo peaje al consumo de energía producida, posibilitando que varios grupos compartieran instalación y eliminando la obligación de obtener un punto de conexión.

Conforme a lo previsto en la Constitución, la iniciativa legislativa se envió al Gobierno para que diera su conformidad a la tramitación parlamentaria y la respuesta acaba de llegar al Congreso con un nuevo escrito de veto, el vigésimo cuarto que registra en lo que va de legislatura.

El escrito, recogido por Europa Press, concluye que legalizar el autoconsumo energético conllevaría una menor recaudación tributaria y una disminución de ingresos por peajes que inevitablemente provocaría un incremento de las aportaciones que desde los Presupuestos Generales del Estado se realizan al sistema eléctrico.

MENOS RECAUDACION Y MAS DINERO PARA COMPENSAR

Tomando cifras del sector, el Gobierno relata que el autoconsumo representa el 2% del volumen total, lo que supone 220 millones que no se negociarían en el mercado regulado, y detalla que sin ellos se produciría una merma de 74 millones en la recaudación fiscal entre el impuesto de generación (15 millones), el impuesto especial de electricidad (11 millones) o el IVA (48 millones).

Asimismo, el Gobierno estima que retirar el 2% de la generación del ‘pool’ energético equivaldría a reducir el precio de la electricidad y recaudar otros 74 millones de euros menos. Del mismo modo, el sistema de peajes se recortaría en 50 millones, lo que a su vez supondría una merma en la recaudación de otros 14 millones y un gasto adicional de otros 10 millones de euros de los Presupuestos para compensar el déficit en el sistema eléctrico.

Respecto a las medidas contempladas en la iniciativa para producir energía, el Gobierno recalca que “la seguridad de la red exige conocer la ubicación de los autogeneradores”, por lo que considera “imprescindible” contar con un registro administrativo de instalaciones.

SE GENERARIAN NUEVOS DEFICIT DE TARIFA

Igualmente, señala que además de los consecuentes costes presupuestarios, los costes advertidos sobre el sistema eléctrico generarían nuevos déficits de tarifa, y que la ausencia de peajes y cargos generarían “una situación de inestabilidad”.

Compensar este déficit de ingresos “implicaría necesariamente”, advierte, “una subida de peajes que afectaría todos los consumidores, principalmente a aquellos que no autogeneran y a los consumidores vulnerables”.

“Esta situación es injusta y regresiva, ya que favorece a aquellos consumidores con mayor poder adquisitivo que pueden hacer frente al coste de instalación que supone autogenerar su energía”, apostilla a renglón seguido.

También sostiene que la eliminación del registro del autoconsumo, como proponía la iniciativa, “tendría impacto en la seguridad del sistema eléctrico”.

Por último, el Gobierno concluye aseverando que “el autoconsumo no es una medida ni de ahorro ni de eficiencia energética, por lo que no es correcto equipararlo con ambos conceptos”. “Es evidente que el consumo del autoconsumidor, es el mismo tanto si la energía proviene de la red, como si la genera él mismo”, defiende.

Asimismo, considera que el marco vigente es “estable” y “no supone ninguna barrera al autoconsumo, ni desde el punto de vista técnico, administrativo o económico”.

Fuente: eleconomista.es

Nadal: recortará 600 M. a las renovables con tres informes de la CNMC en contra

El Ministro de Energia tiene las ideas claras: recaudar más cobrando más con el IVA de la electricidad.

La Orden Ministerial que fija las retribuciones a las renovables para los próximos tres años acaba de ver la luz tras recibir la pasada semana el visto bueno de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. La medida, tomada contra el criterio de la CNMC, supondrá un recorte de 600 millones en tres años para el sector.

El Gobierno de Rajoy-Nadal no quiere que baje la luz

Por increíble que parezca, lo ha puesto por escrito. El impacto presupuestario de una menor recaudación tributaria —mayoritariamente relativa al IVA— es razón suficiente para que el Gobierno haya vetado un proyecto de ley impulsado por el Congreso de los Diputados.

El fondo, cómo no, es del famoso autoconsumo. Ese “atentado” que algunos “desalmados” pretenden perpetrar contra el sistema eléctrico español poniéndose unos paneles en el tejado para ahorrar unos euros en su factura de la luz a la vez que —qué cosas— contribuyen a ser más sostenibles con su deteriorado entorno. Luego nos quejaremos de que nos prohíban circular en coche por las ciudades…  LEER COMPLETO.

Municipios con nucleares: se decide sobre centrales sin contar con población

El gerente de la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC), Mariano Vila D’Albadal, se ha quejado hoy de que “todo el mundo toma decisiones sobre las centrales nucleares sin tener en cuenta a la población” que vive en las zonas donde se encuentran las plantas o los almacenes de residuos radiactivos.

“Detrás de una central hay gente que come, familias que viven y niños que van al colegio, si nadie hace nada por dinamizar estas zonas -tras el cierre de una central- es una depresión económica importante; en Zorita -Guadalajara- solo hay más que ir para verlo”, ha dicho a Efe el gerente de AMAC a su entrada a una comparecencia en el Congreso.

En dicha intervención en la ponencia de energía nuclear del Congreso, a puerta cerrada, Vila D’Albadal va a transmitir a los diputados que los municipios en áreas nucleares “están de acuerdo con el alargamiento de la vida de las centrales, incluida Garoña, siempre que sean seguras y su prórroga de actividad sea conocida, discutida y hablada” con los ayuntamientos afectados.

El gerente de AMAC ha lamentado también que se estén construyendo almacenes de residuos nucleares (ATI) en las plantas nucleares, debido al retraso en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), con “una política de hechos consumados, no pactada con los municipios”.

“Entendemos que -estos ATI- no correspondían según el Plan General de Residuos Nucleares aprobado en 2006”, ha agregado.

Vila D’Albadal ha avanzado que AMAC ha pedido una reunión con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que les expliquen el aval dado a la central de Garoña (Burgos) para operar hasta 2031 si cumple con los requisitos de seguridad exigidos, y otra con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

Por su parte, el presidente de AMAC y alcalde de Cofrentes, Salvador Honrribia, ha incidido también en que los municipios con centrales son partidarios de que estas sigan funcionando mientras cumplan con los requisitos de seguridad exigidos por el CSN.

“Las centrales nucleares dan vida a los municipios donde están y el debate sobre el alargamiento de su vida útil no existe en ellos”, ha añadido.

Desde AMAC aseguran que hay 60.000 personas que viven en zonas con instalaciones nucleares en España.

Fuente: lavanguardia