El Gobierno paraliza el permiso de construcción del almacén de residuos nucleares

El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido paralizar el permiso de construcción del almacén para residuos nucleares, ideado hace casi dos décadas y que acumula un enorme retraso.

El Almacén Temporal Centralizado (ATC), previsto por el Gobierno del PP en Villar de Cañas (Cuenca) para guardar los residuos de todas las nucleares, cuenta con el rechazo del Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha. El ministerio ha enviado un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que suspenda la tramitación del permiso de construcción. Quiere tener diseñada su política energética antes de que se dé vía libre a este polémico proyecto.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que la semana pasada el departamento de Teresa Ribera envió el escrito al CSN, el supervisor encargado de analizar y avalar el permiso de construcción del silo para desechos nucleares. En la misiva se instaba a suspender la tramitación de ese expediente. Las mismas fuentes señalan que en breve el CSN celebrará un pleno en el que está previsto que se apruebe la paralización del permiso de construcción a instancias del ministerio.

 

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Francia eleva a 74.603,14 euros diarios la multa que cobra a España por guardar residuos nucleares

Despropósito nacional: la política energética del PP ha sido totalmete desastrosa para los españoles

Hace un año, el entonces Ministerio de Energía cifró esa penalización que Enresa paga a la francesa Orano en 73.000 euros

Empezó a abonarse en julio de 2017 por la custodia de los residuos de Vandellòs I que no han podido volver a España por el retraso del almacén nuclear

El insuficiente fondo que debe pagar el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos alcanza una dotación de 5.326 millones

 

Francia ha elevado a 74.603,14 euros diarios la penalización que cobra a España  desde el 1 de julio de 2017 por custodiar en La Hague (Normandía) los residuos de la central nuclear Vandellòs I (Tarragona) que no han podido regresar a suelo español por el retraso en la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad.

La cifra, recogida en la última memoria anual de la empresa estatal Enresa, ha sido revisada al alza “como resultado de aplicar determinados índices de actualización previstos en el acuerdo” suscrito entre España y Francia en 2011 y supera en más de un 2%  los 73.000 euros diarios a los que, según dijo hace un año el entonces Ministerio de Energía, iba a ascender esa penalización.

Con la calculadora en la mano, esos 74.603,14 euros diarios implican que en agosto España habrá pagado a Francia más de 30 millones en poco más de un año por el retraso del ATC que el anterior Gobierno decidió ubicar en Villar de Cañas (Cuenca) a finales de 2011. El presidente de Enresa, Juan José Zaballa, explica en la memoria de la empresa que la multa es “el efecto más evidente” del retraso en la construcción del almacén, “aunque no el más relevante desde un punto de vista económico”.

Zaballa, que previsiblemente será cesado en breve por el nuevo Gobierno, subraya que “estas penalizaciones finalizarán con la llegada del último transporte de estos residuos radiactivos a España, tras lo cual serán reembolsadas a Enresa, descontándose los costes de almacenamiento incurridos” desde el 1 de octubre de 2015.

El problema es que hoy por hoy no hay ATC, ni se le espera, y todas las centrales tienen ya (o están construyendo) sus propios almacenes temporales ante la próxima saturación de las piscinas que los custodian. Empantanado en los tribunales, el almacén no ha empezado ni a construirse, ni tiene los permisos necesarios del Consejo de Seguridad Nuclear y Medio Ambiente (ahora Ministerio para la Transición Ecológica).

Con un nuevo Ejecutivo que  apuesta por cerrar las nucleares cuando cumplan 40 años (la última se clausuraría, en principio, en 2028), España tiene numerosos deberes en esta materia: debe actualizar un plan de gestión de residuos radiactivos que data de 2006, lo que ha motivado un expediente de infracción en Bruselas que puede acarrear una sanción millonaria.

Ante el posible apagón nuclear,  la ministra Teresa Ribera resumía así la situación esta semana en su debut en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso: “Si no sabemos cuánto cuesta almacenarlos, cómo y donde se gestionan [los residuos], es un poco simplista pensar en una estimación razonable del coste de cerrar las centrales”.

Más de 530 millones

Desde la clausura en 1989 de Vandellòs I por un incendio, España ha tenido que abonar a Francia más de 530 millones por quedarse con la basura radiactiva de esa central. Tras su cierre, firmó un primer acuerdo con Cogema (a la postre Areva, hoy Orano), fabricante del reactor, para la custodia y reprocesamiento del combustible (uranio enriquecido) a cambio de unos 250 millones que sufragaron los consumidores mediante un recargo en el recibo de la luz del 0,7%.

Ese primer acuerdo fijaba como primer plazo para traer los residuos el 31 de diciembre de 2010. Se incumplió y Enresa empezó a abonar una penalización de unos 65.000 euros diarios hasta que en octubre de 2012 suscribió una adenda al convenio original. A cambio de retrasar la devolución hasta junio de 2017 y recuperar las penalizaciones diarias devengadas hasta entonces, se comprometió a abonar 213 millones más que incluían el encargo a Areva de cuatro contenedores para el transporte y almacenamiento de los residuos hasta Villar de Cañas.

Tareas todas a cargo del insuficiente Fondo para la Financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos que gestiona Enresa, que debe sufragar también el ATC, el desmantelamiento de las nucleares y la gestión de sus residuos y que a cierre de 2017 alcanzaba una dotación de 5.326 millones, un 6,1% más.

En 2016, el Tribunal de Cuentas cuestionó el sistema de financiación de este fondo, al que en el sector hay quien define como “un esquema Ponzi”, y advertía de un “déficit” de 1.486 millones a junio de 2014. Denunciaba el tribunal que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010, cuando empezó a ser financiado por las eléctricas, no se habían actualizado pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones.

En enero, el entonces ministro Álvaro Nadal llegó a anunciar en el Congreso la intención del Gobierno de tramitar una proposición de ley (que no llegó a ver la luz) para traspasar a las eléctricas la responsabilidad de las actividades de desmantelamiento de las centrales nucleares.

En 2017, los ingresos de Enresa (fundamentalmente la tasa que recibe por el kWh nuclear producido por las eléctricas) fueron de 390,4 millones, frente a 395,4 millones de un año antes, y su resultado de explotación cayó hasta 180,7 millones (257,4 millones en 2016).

La tasa que pagan las eléctricas está ligada a la producción de energía de cada central: dejan de pagarla desde el momento en que no generan electricidad. Y en el sector creen que bajo la actual regulación, esas desviaciones correrán a cargo del Estado o el consumidor de electricidad.

El coste de desmantelar las nucleares es en buena medida una incógnita. Como dice Enresa en su memoria, Garoña “consolidará” a esta sociedad estatal “como una de las empresas con mayor experiencia en este campo en el mundo”. Y la experiencia de Zorita invita a pensar que habrá desviaciones al alza.

Fuente:  eldiario

Bruselas abre un proceso de infracción a España por las normas de seguridad nuclear

La Unión Europea enmendó su directiva sobre esta materia en 2014 para reforzar la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, aumentar el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos.

Ahora se empieza a sentir la gestión del gobierno del  PP-Rajot sobre los pufos con la energia solar y la nuclear.

La Comisión Europea (CE) ha abierto este jueves un procedimiento de infracción a España y Polonia para instarles a que completen la introducción en sus legislaciones nacionales de la Directiva europea en materia de seguridad nuclear.

Estos países tienen dos meses para responder a la carta de emplazamiento que les ha enviado el Ejecutivo comunitario y, si no lo hacen o sus explicaciones no satisfacen a Bruselas, el procedimiento podría avanzar con una petición formal para que presenten medidas concretas y, eventualmente, terminar en los tribunales europeos.

La Unión Europea enmendó su directiva sobre seguridad nuclear en 2014 tras haber efectuado pruebas de estrés en los países, a raíz del accidente Nuclear de Fukushima y para cumplir con las exigencias de organismos internacionales, y los países debían introducir los cambios en su legislación a más tardar en agosto de 2017.

Estas normas reforzaron la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, obligan a hacer una reevaluación de la seguridad de todas las plantas nucleares al menos una vez cada diez años, refuerzan el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos y permiten a unos Estados evaluar lo que hacen otros.

Además de España y Polonia, la Comisión ya había abierto en diciembre un procedimiento de infracción a Bélgica por este motivo, pero las medidas notificadas por el país para implementar las normas europeas no cumplen con las exigencias de Bruselas.

Por este motivo, la CE ha dado este jueves un paso más en el procedimiento pidiéndole nuevas medidas en un máximo de dos meses o la llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Fuente: publico.es

 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha activado el proceso de cierre del parque nuclear

Lo hizo en su primera comparecencia en el Congreso, al confirmar que su hoja de ruta consiste en mantener como referencia la vida tecnológica útil de las centrales, que es de 40 años. El RIP final -teórico- debería tener lugar en 2027 en  Trillo (Guadalajara), aunque es posible que para no solapar procesos, los cierres se extiendan más allá de 2030.

El apagón nuclear se enfrenta, entre otros, a dos problemas serios: la incertidumbre sobre la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Guadalajara) y la ausencia de un Plan de Gestión de Residuos que sustituya al vigente, que tiene una antigüedad de 12 años y que le ha costado a España la apertura de un expediente de infracción por parte de Bruselas.

La ausencia de algo tan básico como un lugar para almacenar residuos peligrosos es lo que ha llevado a Ribera a matizar que el apagón puede ir más allá de 2030; porque habrá que estudiar múltiples factores de cada instalación, como el coste financiero, las necesidades técnicas y de ingeniería o la gestión de los desechos.

Tras el cambio de Gobierno, pocos creen que el ATC de Cuenca pueda llegar a buen fin. Ni entre las empresas, ni entre los “sabios” que han preparado los planes de transición energética hay quien crea que el ATC pueda estar construido en 2024. En el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en la empresa pública de residuos Enresa los trámites administrativos en torno al ATC siguen por inercia. “Nadie nos ha indicado lo contrario” sostienen fuentes del organismo que preside Fernando Marti.

Alertan de un colapso nuclear: EEUU está “dormido al volante” de su industria

La industria nuclear de EEUU podría estar al borde del colapso. Sus reactores nucleares están al final de su vida útil y no son eficientes, según un informe elaborado por investigadores del Departamento de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad Carnegie Mellon y de las de Harvard y California en San Diego.

Los resultados de la investigación, que ha sido publicada en la Academia Nacional de Ciencia de EEUU bajo el título ” US nuclear power: The vanishing low-carbon wedge” —’El poder nuclear de EEUU: la oportunidad baja en carbono que se desvanece’—, se basan en el análisis al que se sometieron 99 reactores nucleares controlados por 30 empresas de 30 estados del país.

A fecha de 2017 son 34 los reactores a los que se les ha echado el cierre al alcanzar su vida útil, y solo se están construyendo dos nuevos. Y ello en un momento en el que resulta más acuciante que nunca atajar la cuestión del cambio climático, advierte el informe.

La flota de reactores nucleares de Estados Unidos la constituyen grandes reactores nucleares de agua ligera (‘LWR’, por sus siglas en inglés). Durante las últimas tres décadas, el 20% de la energía que genera Estados Unidos ha venido de estos reactores, ahora desfasados y cuyo mantenimiento y reacondicionamiento resultan excesivamente caros. Sobre todo si se comparan con el gas natural, mucho más barato.

“Estamos dormidos al volante en una autopista muy, muy peligrosa (…) De verdad, necesitamos abrir los ojos y estudiar la situación”, alerta Ahmed Abdulá, docente en la Escuela de Estrategia y Políticas Globales de la Universidad de California en San Diego y uno de los autores del informe.

El resto de investigadores advierte de que el auge de la industria de esquisto estadounidense —muy contaminante— podría llevar a que un número nada desdeñable de centrales nucleares echara el cierre durante los próximos años. Explican que el país está en una seria encrucijada: o abandona por completo la energía nuclear o adopta la próxima generación de reactores modulares pequeños, más eficientes y cuyo coste es considerablemente inferior.

Los autores del estudio advierten de que se ha llegado a ese dilema no por las carencias de Estados Unidos en materia técnica, sino por falta de voluntad.

“Sorprende que una de nuestras mejores armas para luchar contra el cambio climático esté en riesgo de sufrir un profundo colapso por culpa de los retos políticos y económicos que tenemos delante, y no por los técnicos”, denuncia Adbulá.

Debido a cómo está montado el mercado energético, los investigadores no están convencidos de que la energía nuclear vaya a ser competitiva en el futuro. Al mismo tiempo que se están dedicando esfuerzos a mejorar la capacidad de las baterías eléctricas que se utilizan para almacenar las energías solar y eólica, también se está impulsando mucho el gas natural.

A fecha de 2018, los combustibles fósiles son los responsables del 32% de la energía que consume Estados Unidos. Así que, en caso de que el colapso de la industria nuclear estadounidense acabe siendo una realidad, los investigadores dudan de que los beneficios de las energías renovables vayan a ser suficientes para cubrir el vacío.

Fuente:  sputniknews.com/

El Gobierno nombra secretario de Estado de Energía a un expresidente de Abengoa

José Domínguez Abascal fue directivo de la multinacional andaluza de renovables desde 2008 y 2016 y llegó a presidirla durante unos meses tras la caída de Felipe Benjumea

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha nombrado secretario de Estado de Energía al catedrático de Estructuras de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla José Domínguez Abascal, ex alto directivo de Abengoa y fugaz expresidente (no ejecutivo) de la multinacional de ingeniería y energías renovables entre septiembre de 2015 y febrero de 2016.

El nuevo secretario de Estado de Energía, nacido en Sevilla en 1953, fue uno de los expertos que asesoró al Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía que creó el PSOE para abordar la transición a una economía descarbonizada y que presidió la propia Ribera.

Como secretario de Energía, va a tener que abordar la apuesta del Gobierno por las renovables para alcanzar el nuevo objetivo europeo de que estas fuentes alcancen el 32% de la energía primaria en 2030, y sobre la mesa va a tener otras importantes cuestiones como el futuro del carbón, las centrales nucleares, el almacén de residuos radiactivos o la derogación del denominado impuesto al sol.

La ministra ha avanzado esta semana, en una  entrevista en eldiario.es, una posible reforma del mercado mayorista de electricidad, cuyo diseño data de hace 20 años, y una “respuesta” para los pequeños inversores que se quedaron atrapados en el sector de las renovables durante la etapa de Mariano Rajoy. Una agenda apretada para un Gobierno en minoría y un máximo de dos años de legislatura por delante que deberá prestar atención, como es norma, al siempre delicado asunto de la factura eléctrica.

Doctor ingeniero industrial (1977) por la Universidad de Sevilla, José Domínguez Abascal fue secretario general técnico de Abengoa entre 2008 y 2015. En 2014 fue imputado por la juez Mercedes Alaya en el caso ERE, pero en 2016 la misma jueza retiró la imputación

Domínguez Abascal accedió a la presidencia del grupo sevillano en plena reestructuración de la compañía, tras la estrepitosa caída de Felipe Benjumea, del que fue asesor personal en materia de I+D.  A Abengoa también estuvo vinculado como consejero y presidente de su fundación durante años el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

Previamente, entre 2004 y 2008, Domínguez Abascal fue responsable del sistema universitario y de I+D en la Junta de Andalucía como secretario general de Investigación y Tecnología.

El nuevo secretario de Estado de Energía fue investigador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts entre 1978 y 1979 y ha sido vicerrector de la Universidad de Sevilla (1990-1992) y director de su Escuela de Ingenieros (1993-1998).

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El Congreso pide por unanimidad la paralización de la mina de uranio en Salamanca

La Comisión de Energía ha aprobado un informe sobre las actividades del Consejo de Seguridad Nuclear que incluye varias resoluciones relativas a la mina de cielo abierto de Retortillo

El informe de la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, que contempla la petición de paralización del proyecto de la mina de uranio en Salamanca, ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Energía. Las enmiendas relativas a la mina de uranio fueron planteadas por el grupo Unidos Podemos (Izquierda Unida, Equo y Podemos)-En Comú Podem-En Marea.

En ese documento se señala:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a paralizar el proyecto de construir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca).

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a facilitar toda la información del proyecto al Gobierno Portugués como parte interesada, ante la afectación que le sobrevendría la puesta en marcha de la mina.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el mantenimiento de los indicadores ambientales y sanitarios de la zona.

El Congreso de los Diputados insta al Consejo de Seguridad Nuclear a enviar a esta Cámara, antes de julio de 2018, un informe detallado del estado actual de evaluación de la solicitud de la autorización de construcción de una mina”.

En este sentido el coportavoz de Equo y miembro de la Ponencia nuclear ha afirmado que “Hoy el Congreso ha pedido la paralización del proyecto de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca). Esto es una muestra decisiva del rechazo político que genera esta instalación. Por eso esperamos que esa decisión sea tenida en cuenta y finalmente se paralice este proyecto tan destructivo”.

“Es una buena noticia para toda la región. Los proyectos extractivos que atentan contra nuestro territorio no traerán porvenir, sino graves consecuencias para los negocios de la zona, el turismo, la salud de las personas y el medioambiente. Esperamos que el cierre definitivo se produzca cuanto antes” ha declarado la coportavoz de Equo en Castilla y León, Mª José Bueno.

Stop Uranio, por su parte, recuerda que “faltan todavía tres permisos fundamentales para poder iniciar la producción de óxido de uranio en Retortillo: la Licencia Urbanística (competencia municipal) y las autorizaciones de construcción de la Planta de concentrados de uranio y de puesta en marcha de la misma que debe conceder el nuevo Ministerio de Transición Ecológica”.

José Sarrión, de Izquierda Unida, ha felixcitado a los vecinos de la comarca afectada “por este gran avance” y lamenta que el PSOE haya rechazado otra resolución que pedía prohibir la extracción de uranio en España, pues “no es razonable oponerse a una mina de uranio y al mismo tiempo rechazar blindar al país frente a futuros proyectos”.

Fuente:  salamanca24horas.com