El traslado de residuos radioactivos de Garoña a Córdoba abre otro pulso entre el Gobierno y la Junta de Andalucía

Vista de las instalaciones de El Cabril (Córdoba)

El Ejecutivo de Díaz sospecha que el cementerio nuclear de El Cabril ha empezado a recepcionar bidones de la central recién desmantelada y exige saber si son restos “potencialmente peligrosos para la población”.

La Junta de Andalucía sospecha que el Gobierno central ya ha empezado a traslar residuos radiactivos de la recién clausurada central de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el cementerio nuclear de El Cabril, en Córdoba, que es de gestión estatal. Las informaciones de las que dispone la Consejería de Medio Ambiente parte, sobre todo, de los alcaldes del entorno, que han trasladado su preocupación al respecto.

El pasado 21 de noviembre, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, remitió por escrito una petición formal de información a Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos), que gestiona el centro de almacenamiento de El Cabril, requiriendo datos “detallados sobre el origen y las características de las actividades llevadas a cabo por Enresa en ese centro durante el primer cuatrimestre de 2017”. La carta, a cuyo contenido ha tenido acceso Público, cita “en concreto las 84 expediciones recepcionadas en la instalación durante el citado cuatrimestre”. “Queremos saber los planes del Gobierno a corto y medio plazo para El Cabril y si ha habido alguna actuación en los últimos meses que se salga de lo excepcional”, avisa Fiscal. La Junta quiere tener una garantía “por escrito” de que los restos que se trasladen no son “potencialmente peligrosos para la población”

Enresa es una entidad pública empresarial, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, responsable de la gestión de los residuos radiactivos que se generan en todo el país, así como del desmantelamiento de las instalaciones nucleares. El pasado 1 de agosto, el Gobierno de Mariano Rajoy sucumbía a la presión de los grupos de la oposición y anunciaba el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, la más antigua del país, cuya actividad llevaba paralizada desde 2012. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, había presentado un informe del Consejo de Seguridad Nuclear que avalaba su reapertura, pero no logró convencer a ningún otro grupo del Congreso, ni siquiera al PNV, clave en la aprobación de los Presupuestos Generales.

El Ejecutivo de Susana Díaz teme que el Gobierno central hubiera iniciado el traslado de residuos de media, baja y muy baja intensidad radioactiva de Garoña hasta el “centro de almacenamiento” de El Cabril, en plena Sierra de Hornachuelos (Córdoba). Nadal ya ha dicho en sede parlamentaria que en el subsuelo de El Cabril se enterrarán 4.000 toneladas de residuos radioactivos procedentes de Garoña, pero ha subrayado que el excedente de alto riesgo no viajará a Andalucía. Por ahora permanecerá en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Burgos, pero se desconoce por cuánto tiempo. El Gobierno preveía que para 2010 existiría un Almacén Temporal Centralizado que sirviera de cementerio nuclear nacional para dar cabida al combustible gastado, se planteó un proyecto en Villar de Cañas (Cuenca), que aún no está concluido.

El traslado de residuos radioactivos a la sierra cordobesa ha generado intranquilidad en los pueblos vecinos, y el consejero de Medio Ambiente ha querido saber de primera mano cuándo han empezado los trabajos. Se tiene conocimiento de 84 expediciones recepcionadas en El Cabril, pero sin seguridad de que todas provengan de Garoña. Los ecologistas denuncian que se siga usando este enclave como “cementerio nuclear”, y advierten del riesgo que supone para el ecosistema y la población de Hornachuelos. La inquietud ha saltado a la arena política, donde el grupo parlamentario de Podemos ya ha exigido explicaciones al Gobierno de Díaz. “Queremos saber si se va a permitir que usen Córdoba y Andalucía como estercolero nuclear”, ha dicho la líder del partido morado, Teresa Rodríguez.

El centro de almacenamiento nuclear de Córdoba ya guarda los restos radioactivos de otras centrales nucleares que se clausuraron en España, como la de Vandellòs I (Tarragona) y José Cabrera (Almonacid de Zorita). El Cabril tiene 29 celdas, compartimentos bajo tierra para dar cabida a los residuos, y hace poco la empresa que gestiona el emplazamiento ha construido una más porque casi todas las demás estaban ya llenas. El carburante que se retira (uranio principalmente) se carga y traslada en bidones de 130 toneladas.

La perspectiva de volver a ampliar este enclave para recepcionar las 4.000 toneladas de residuos de Garoña se ha convertido en otro motivo de disputa política en el Parlamento andaluz, aunque la Junta carece de competencias para prohibir el traslado a El Cabril. Desde Enresa explican que los residuos generales en el desmantelamiento de Garoña son “convencionales”, reciclados y reutilizados en un porcentaje próximo al 90%.

Equo, partido que está integrado en Podemos Andalucía, ha sido de los más combativos contra el traslado de dióxido de uranio al cementerio nuclear de El Cabril. Denuncian que es “una sustancia clasificada por la Unión Europea como muy tóxica, cancerígena y peligrosa para el medio ambiente. Con un componente químico -el U-235- que tiene una vida media de cientos de millones de años”. Enresa niega que el centro de almacenamiento de Córdoba esté recibiendo este tipo de sustancia.

Equo e IU llevan años reivindicando el cierre de las instalaciones de El Cabril, argumentando que el enclave original del almacenamiento nuclear era una reserva militar propiedad del Gobierno central, pero no se eligió esa ubicación por razones de seguridad. Ahora Podemos también se suma a la demanda de cierre de un centro que “pone en riesgo a una gran parte de la población, al suponer que residuos especialmente peligrosos recorran cientos de kilómetros diariamente, por autovías y llegando a tener que pasar por la propia Córdoba”. “Si uno de los bidones que viaja a El Cabril desde las centrales” -según Equo lo hacen unos 50 de media cada día- “cayese de su medio de transporte, incluso sin que se abra, si un menor de 18 años lo curiosea habrá recibido en tan sólo cinco minutos su dosis máxima de radiactividad para un año”, denuncian desde la formación verde.

“¿Empleo? ¡Aquí nos íbamos a hacer todos ricos, nos decían! Y fíjate, esto ahuyenta a nuevas industrias y es malo para el producto alimentario”, protesta Fernando Porras, apicultor de 60 años en Hornachuelos, en cuyo término municipal está El Cabril. Su opinión no es unánime. También abunda la indiferencia, sobre todo entre los jóvenes. Y la resignación. Entusiasmo, poco.

El Cabril no es ni de lejos un motor de desarrollo de la zona, que ha perdido población desde 1992. Su plantilla es de 118 trabajadores, a los que se suman 196 contratos externos. El paro castiga a estos pueblos tanto o más que a sus vecinos.

Población de Hornachuelos desde 1900 hasta 2016

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2016 el numero de habitantes en Hornachuelos es de 4.598, 44 habitantes menos que el en el año 2015. En el grafico siguiente se puede ver la evolucion demografica que ha habido en el municipio a lo largo de los años, para ver cuantos habitantes tiene Hornachuelos segun su edad podemos verlo en la piramide de poblacion.
Si lo que interesa es saber cual es la poblacion de Hornachuelos segun el lugar donde han nacido los habitantes (Continente, Pais, Comunidad Autonoma, Provincia, o Municipio) puede verlo en nuestro estudio demografico de poblacion segun lugar de nacimiento.

La gestión de Enresa

Tan cierto es que El Cabril no ha sido palanca de progreso como que no constan accidentes graves, si bien los ecologistas critican la opacidad de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos de España. Tampoco hay estudios alarmantes sobre salud o medio ambiente. El rechazo reside más en la sospecha que en la certeza. Y muchos insisten en que da mala imagen.

“A nadie le gusta tener ahí eso, por si pasa algo, pero qué le vamos a hacer”, explica, al otro lado de un torno que oculta su rostro, la hermana Laura, que vive enclaustrada en el convento de las carmelitas descalzas, en la aldea de San Calixto, de Hornachuelos, a 15 kilómetros de El Cabril. Un lugar ideal para ejercer la resignación.

Entre finales de los años cincuenta del siglo pasado y principios de los sesenta, el régimen comenzó a almacenar de tapadillo en El Cabril, en una mina de uranio abandonada, los residuos resultantes de las pruebas que debían incorporar a España al club de la bomba atómica. Con la creación de Enresa en 1984, las obras de lo que hoy es El Cabril comenzaron en 1990 tras obtener las licencias.

Los vecinos se quejan de que no ha servido para desarrollar la zona.

Antes, en los ochenta, miles de personas se opusieron a asumir esa herencia. Hubo cortes de carreteras, manifestaciones y hasta una huelga general en 1986. “Todos sabían que era una imposición injusta. Pero el dinero frenó las protestas”, recuerda José Larios, líder de aquella movilización ya olvidada, que dio su primera charla contra los planes del Estado en 1979.

El dinero, claro, ayuda a digerirlo todo. “Esto ya está aquí y no podemos evitarlo, pero que nos compensen”, reivindica el andalucista Cecilio Fuentes, alcalde de Alanís. Todos los alcaldes han advertido, al hilo de la polémica del ATC, que les saben a poco los menos de dos millones de euros anuales que reciben de Industria. “Las compensaciones por el ATC que oíamos son escandalosas. Merecemos más”, dice el independiente Julián López, alcalde de Hornachuelos.

“Es el gran éxito de Enresa, haber hecho reinar la resignación”, afirma Manuel Raya, de la asociación ecologista Hornasol. Raya reclama una explicación en detalle de la actividad en la zona que lleva a cabo la Fundación Enresa, que canaliza fondos para desplegar una intensa actividad de relaciones públicas que garantiza más apoyo al almacén.

Vista cercana de los contenedores

Pero la movilización de los ochenta dejó su huella. Quedó demostrado cuando, a principios de los noventa, una simple filtración que apuntaba a que el Valle de los Pedroches cordobés podía ser el destino del Almacén Geológico Profundo (AGP) movilizó a toda la comarca, con sus ayuntamientos al frente. No todo va a ser resignación.

Fuente:  publico.es

 almacennuclear.wordpress.com/2010/02/08/almacen-de-el-cabril-o-la-imposicion-que-arruino-a-una-comarca/

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IU pedirá a la UE que “vigile” a España en el traslado de los residuos nucleares de Garoña

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado hoy en Córdoba que pedirá a la Unión Europea (UE) que “vigile” al Gobierno de España en el traslado de residuos nucleares desde Garoña (Burgos) hasta el almacén de El Cabril (Hornachuelos, Córdoba).

“Tenemos que tomar medidas urgentes” ha declarado en conferencia de prensa Maíllo, quien ha indicado que “Andalucía no puede consentir convertirse en el vertedero nuclear de toda la Península Ibérica” por lo que ya que el Ejecutivo mantiene una postura de “oscurantismo y opacidad”, es necesario “hacer una envolvente a través de Bruselas para conocer qué está pasando”.

IU forma parte junto a Ecologistas en Acción, Equo, Podemos y otras organizaciones de una plataforma antinuclear constituida el 16 de noviembre, cuando se reunieron en el I Encuentro contra el cementerio Nuclear El Cabril y acordaron movilizaciones y medidas para frenar la ampliación del almacén de Enresa en Córdoba, algo que llevan demandando “desde hace 30 años, el desmatelamiento de los cementerios nucleares” ha recordado Maíllo.

La hoja de ruta es la petición de explicaciones a la Comisión de Medio Ambiente de la CE y la invitación del comisario de Energía y Cambio Climático, el español Manuel Arias Cañete, a que visite las instalaciones del almacén de residuos de baja y media intensidad de El Cabril, donde “se está produciendo una sutil estrategia de traslado de material radiactivo de la recién cerrada central nuclear de Garoña”.

Maíllo ha indicado que va a solicitar una visita de la plataforma antinuclear constituida en Córdoba el mes pasado y que integra a activistas de Extremadura y Andalucía para que “también puedan explicar en el Parlamento Europeo la situación que se está viviendo en España” y que, a juicio del coordinador general de IU en Andalucía “trasciende al cumplimiento de directivas europeas que prevalecen en las políticas medioambientales”.

“Necesitamos saber qué está pasando y qué planes tiene el Gobierno de España”, ha insistido Maíllo, que también ha criticado la posición de Enresa, a quien ha acusado de “no facilitar información por escrito más allá de las reuniones que mantiene con los alcaldes de los municipios colindantes a El Cabril”.

A su juicio, “también se ha evidenciado que la Junta de Andalucía no se mueve” pues ha sido tras la constitución de la plataforma antinuclear en la reunión del 16 de noviembre en la localidad cordobesa de Peñarroya, cuando el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal López ha pedido explicaciones al Gobierno Central.

Es algo que Maíllo “celebra” pero que, como temen que “no van a decir nada”, acuden directamente a la Unión Europea para confirmar el traslado de residuos de una central a otra, informar de la ampliación prevista en El Cabril y saber cómo se van a gestionar todos los residuos que se emiten en España y Portugal.

Fuente: eldiario.es

La central de Cofrentes (Valencia) y Hommer Simpson

El CSN cuestiona la “inadecuada actitud” en las revisiones. El componente de la válvula, sostienen las fuentes al tanto de los trabajos de puesta en marcha, ha sido localizado y se va a extraer en los próximos días. No es un trabajo fácil.

En la hipótesis más probable, la pieza se extraerá del lugar en el que se encuentra -el difusor- cortando y soldando bajo metros de agua que actúa como aislante de elementos muy contaminantes.

Los técnicos de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), la más potente de las existentes en España (1.092 MW), se enfrentan a un problema peliagudo: como extraer del corazón de la planta una pieza suelta que podría afectar al núcleo. Palabras mayores. La central, propiedad de Iberdrola al 100%, está parada desde septiembre. Entonces cerró para una recarga rutinaria de combustible. El proceso iba a durar 15 días pero va camino de tres meses porque al arrancar se reprodujo un fallo en el sistema de válvulas que ya había sido detectado en agosto.

En plena pugna de Iberdrola -y de su presidente Ignacio Sánchez Galán- con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) vigila muy de cerca los trabajos de puesta en marcha de la central. Iberdrola quiere arrancarla el 10 de diciembre de diciembre. Pero todo está en el aire.

El CSN está ojo avizor. En un lenguaje poco habitual en el organismo que dirige Fernando Martí, el Consejo daba cuenta en octubre de que Iberdrola había comunicado una “parada no programada” debido “a defectos en una válvula que han dado lugar al desprendimiento de fragmentos de dicha válvula en el sistema de agua de alimentación, que no han podido ser recuperados”.

Fuentes al tanto de la investigación de la avería han traducido el incidente: el pasador de una de las válvulas que regula el sistema de refrigeración del núcleo de la central había desaparecido y había viajado por el sistema. A saber dónde. Lo grave es que, según las mismas fuentes, la central ya había detectado un problema en el caudal del sistema de refrigeración -disminución del 16%- en el mes de agosto.

Reproches del CSN

Pese a ello, la central inició la operación de recarga en septiembre y en octubre puso en funcionamiento de nuevo la instalación… que tuvo que apagar al persistir el problema. El CSN censuró la acción. En su particular lenguaje, exigió a Iberdrola “un análisis de causa raíz de todas las circunstancias asociadas con este suceso” y una evaluación detallada “de los componentes transversales de cultura de seguridad potencialmente afectados, particularmente (sic), la inadecuada actitud cuestionadora que llevó a no realizar una revisión y el mantenimiento de la válvula durante la última parada de recarga“.

El componente de la válvula, sostienen las fuentes al tanto de los trabajos de puesta en marcha, ha sido localizado y se va a extraer en los próximos días. No es un trabajo fácil. En la hipótesis más probable, la pieza se extraerá del lugar en el que se encuentra -el difusor- cortando y soldando bajo metros de agua que actúa como aislante de elementos muy contaminantes.

Pese a todo, Iberdrola mantiene el calendario de puesta en marcha para la primera quincena de diciembre. “No tenemos constancia de que el CSN haya puesto inconvenientes a la nueva fecha”, señalan en la empresa. Por su parte, el CSN remite a su comunicado de octubre sobre Cofrentes, en el que daba tres meses a la empresa para informar sobre las causas del incidente.

Le eléctrica precisa que el CSN categorizó el suceso de nivel cero (sin significación para la seguridad) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES). Cofrentes acumula ocho incidentes con al misma calificación este año.

Siete niveles de sucesos

En la escala INES, los sucesos se clasifican en siete niveles. Los sucesos de los niveles de 1 a 3 se denominan “incidentes”, mientras que en el caso de los niveles 4 a 7 se habla de “accidentes”. Cada ascenso de nivel en la escala indica que la gravedad de los sucesos es, aproximadamente, diez veces superior. Cuando los sucesos no revisten importancia desde el punto de vista de la seguridad se los denomina “desviaciones” y se clasifican “bebajo de la escala / Nivel 0”.

La clasificación no basta para tranquilizar a todos. El Movimiento Ibérico Antinuclear ha pedido el cierre de la central. Lo más conveniente, en su opinión, es que la central de Cofrentes no vuelva a ponerse en marcha ya que en 2019 está previsto que se saturan sus piscinas de residuos de combustible gastado.

Fuentes internas del CSN han confirmado que, efectivamente, se han puesto en marcha contactos para la futura construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) en Cofrentes.

La central, conectada a la red en 1984, tiene que solicitar renovación de la concesión a partir de marzo de 2018. La actual autorización para operar expira en el año 2021. La central -300 hectáreas- está situada a dos kilómetros del pueblo de Cofrentes, en la provincia de Valencia, en la margen derecha del río Júcar. Está equipada con un reactor de agua en ebullición del tipo BWR, diseñado por General Electric.

Fuente: lainformacion.com

Rifirrafe entre el presidente del CSN y un miembro del Comité Asesor a preguntas sobre el ATC


Rifirrafe entre el presidente del CSN y un miembro del Comité Asesor a preguntas sobre el ATC de Villar de Cañas. Se ha producido este jueves, en una de las reuniones anuales que se celebran para asesorar al Consejo de Seguridad Nuclear en materia de transparencia y recabar información sobre la actividad del organismo. El proceso de licenciamiento del Almacén Temporal Centralizado ha sido uno de los asuntos a tratar.

En la batería de preguntas que uno de los miembros del Comité Asesor ha realizado, se ha cuestionado el acta de inspección de un técnico del CSN del pasado mes de junio, donde denunciaba imprecisiones y contradicciones de los datos que le suministraba ENRESA, la empresa encargada de la construcción del silo nuclear conquense. Francisco Castejón ha solicitado conocer qué acciones se piensan tomar ante el contenido de esta queja, que según subraya es de un inspector del propio CSN.

Otro de los momentos tensos se producía cuando se ha proyectado un video elaborado por ENRESA y que el presidente del CSN ha defendido “a pesar de ser una proyección que no refleja la realidad de lo que sería el futuro ATC”, según explica Castejón.

En concreto “no plasma la manipulación de los residuos que habría de los trabajadores, ni qué puede ocurrir en caso de accidente”. Así las cosas, señala que “su amparo muestra la estrecha e inusual relación que existe entre el organismo regulador y la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos”.

Castejón ha insistido en la no idoneidad de los terrenos de la localidad conquense para albergar el Cementerio Nuclear.

Fuente:  cadenaser.com

Denuncian “cientos de kilos” de residuos de alta intensidad en El Cabril

Organizadores del primer Encuentro contra el Cementerio Nuclear de El Cabril, hoy en la Corredera. – MIGUEL ÁNGEL SALAS

Colectivos y partidos retomarán la movilización contra el centro de residuos en Hornachuelos en un encuentro el sábado en Peñarroya-Pueblonuevo

El centro de residuos radiactivos de baja y media intensidad de Sierra Albarrana de Enresa, las conocidas instalaciones de El Cabril, alberga “cientos de kilos” de residuos radiactivosde alta intensidad, concretamente “dióxido de uranio 235”, proveniente de centrales nucleares en desmontaje, ha denunciado esta mañana el exconcejal  del Ayuntamiento de Córdoba y actual presidente de la Fundación Equo, José Larios, y al menos 111 kilos “según reconoció el Consejo de Seguridad Nacional en el 2015”, explica Guillermo Contreras, de Ecologistas en Acción.

Tanto Larios como Contreras participaron esta mañana en Córdoba en la presentación del primer Encuentro contra el Cementerio Nuclear de El Cabril, a celebrar el sábado en el mercado de abastos Sebastián Sánchez, de Peñarroya-Pueblonuevo a partir de las 11.00 horas, y en el que se relanzará la movilización contra estas instalaciones (las únicas de sus características en España como centro de almacenamiento de residuos de baja y media actividad) y los planes para que también alberguen un material de alkta intensidad radiactiva que tardará cientos de miles de años de dejar de ser peligroso, según los convocantes, una decena de colectivos y partidos políticos de Andalucía y Extremadura.

En concreto, el encuentro en Peñarroya-Pueblonuevo quiere fijar “una hoja de ruta” para retomar las movilizaciones de unas instalaciones en Andalucía que reflejan el actual el actual modelo de “extraer recursos y traernos la basura” que se emplea con la comunidad autónoma, según explicó Jorge Hidalgo, coordinador en Córdoba de Podemos Andalucía. Junto a él, el portavoz de Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Blázquez, y la secretaria provincial del PCA, concejala en el mismo consistorio y exparlamentaria, Alba Doblas, dieron cuenta de los motivos que llevan a retomar las movilizaciones contra las instalaciones de Enresa y, en general, contra la energía nuclear.

Al respecto, a lo largo de la presentación del encuentro se recordó que hay dos centrales nucleares que se están desmontando (Valdellós 2 y Garoña) y que quedan 8 en funcionamiento en España, complejos que, conforme cumplan su vida útil y comiencen sus desmonjes irán multiplicando los residuos de alta intensidad, con el riesgo que ello conlleva de que más basura radiactiva de alta intensidad terminen en el cementerio nuclear de El Cabril, independientemente de la polémica sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) propuesto para Cuenca donde se ubicarían los residuos radiactivos de alta intensidad.

 

Fuente: diariocordoba.com

“Investigación comprada: cómo Monsanto ha influenciado a los científicos”.


Un toxicólogo publica un ensayo sobre los riegos del glifosato, que provocó cartas críticas de los lectores.
Posteriormente se descubrió que la acción de protesta fue aparentemente planeada por la empresa.
Más tarde el artículo fue retirado.

Primero llegó una carta, después una segunda y finalmente hasta 25. Los remitentes procedían de 14 países, y después de todo (como se puede deducir de los documentos de un proeso judicial en California), aterrizaron las 25 cartas sobre la mesa de la revista especializada “Food and Chemical Toxicology” (FCT), y no por accidente. Al contrario: detrás de las cartas estaba aparentemente Monsanto, con el objetivo de confundir el estudio de un científico, en el cual se hablaba de los riesgos de Roundup, un fitosanitario de Monsanto que contiene sobre todo Glifosato.

Esta investigación crítica fue elaborada por el toxicólogo francés Gilles-Eric Séralini. Mediante estudios alimenticios con ratas descubrió algo preocupante: los animales que consumían maíz rociado con Roundup enfermaban antes y con mayor probabilidad de cáncer que los animales sin Roundup en la comida. El trabajo de Séralinis se publicó el 19 de Septiembre de 2012, antes de que el trabajo siguiera el proceso de evaluación usual a través de otros científicos (el proceso llamado “Peer Review”). Pero justo antes de la publicación, científicos afines al glifosato desataron una tormenta.

Indudablemente el estudio tenía algunos defectos, pero la magnitud de la indignación no era proporcional a los mismos. Y aparentemente no fue por accidente, como se demuestra en unos documentos desconocidos hasta ahora del proceso judicial: Monsanto había impulsado una iniciativa coordinada de cartas de lectores con auda de Wallace Hayes, el redactor jefe de la revista por aquel entonces. “Wally”, como se nombraba a Hayes en los e-mails de Monsanto, necesitaba inmediatamente reacciones concretas de los lectores para poder hacer algo al respecto, de acuerdo a un e-mail del empleado de Monsanto David Saltmiras del 26 de Septiembre de 2012. Más de un año después, Hayes retiró el documento de Séralini, distanciando también a la revista de la publicación. Hayes argumentó el hecho en la marea de cartas y las críticas en ellas descritas acerca de la metodología.

Los documentos que demuestran todo esto han llegado al Süddeutsche Zeitung y al canal de televisión WDR. Proceden del mayor proceso judicial que se ha abierto contra Monsanto por el glifosato: 3.500 afectados han interpuesto demandas conjuntas contra la empresa al considerarse víctimas del glifosato. Entre los demandantes se encuentran muchos agricultores que han desarrollado un “linfoma No Hodgkin”, lo que implica que tienen o han tenido cáncer linfático.

El proceso judicial gira en torno a una pregunta: ¿Tiene la empresa Monsanto (a la cual quiere comprar el grupo Bayer) indicios de riesgos críticos acerca de Roundup que hayan sido ignorados o escondidos? Monsanto rechaza las acusaciones. “Cualquiera que mantenga esas afirmaciones está mal informado o se está dando información falsa a sabiendas”, dice Scott Partridge, vicepresidente de Estrategia Global.

“Todos nuestros productos y sus componentes han sido totalmente evaluados y son seguros para el uso”. Enfatiza que ningún organismo regulatorio ha demostrado que el glifosato produzca cáncer, incluyendo IARC, el gremio de investigadores sobre el cáncer de la OMS. Este gremio había elevado el nivel del glifosato a “posiblemente cancerígeno” a principios de 2015. El gremio está reconocido mundialmente como la instancia más importante en investigación acerca del cáncer. Partridge opina sin embargo que el IARC no es fiable.

El abogado Michael Baum, cuyo despacho representa a unos 500 demandantes en California, lo ve de otra manera. Acusa a Monsanto de “influencia injustificable en artículos científicos y de investigación” y habla en este sentido de “fraude” y “ocultación de riesgos”. Un reproche que Monsanto niega.

En cualquier caso, el hecho es que en las actas judiciales de California hay un papel que procede del expediente personal de Saltmiras, empleado de Monsanto. En él reclama su parte en el hecho de que la revista FCT haya retirado el artículo del toxicólogo francés: “Durante la publicación de Séralini y la campaña en los medios preparé una conexión con el editor”, escribe Saltmiras. “He dado soporte con éxito a incontables cartas de terceros dirigidas al editor, que fueron después publicadas”.

En los documentos del juicio hay además un borrador de un contrato con el redactor-jefe Hayes. Hayes habría ganado 400 dólares por hora por sus “servicios de consultoría” para Monsanto. Hayes no ha reaccionado ante las preguntas acerca de este asunto. La empresa Elsevier, que edita FCT, ha comentado que está aún investigando el asunto.

Otras consultas más concretas no han tenido aún respuesta. Cessare Gessler, profesor durante muchos años de patología vegetal en ETH Zúrich, describe la retirada del artículo de Séralini como “excepcional”, ya que a muchos otros estudios con fundamentos de la misma o menor solidez no se les ha criticado de esta forma. También el profesor de derecho Wolfgang Löwer, durante muchos años mediador de la Sociedad Alemana e Investigación, menciona que “condiciones metodológicas” no son un motivo para retirar un estudio. Éstas pueden ser abordadas en opiniones o dictámenes.

Los mails de 2008 muestran también lo buena que resultó la colaboración con las revistas. Por aquel entonces, otro artículo sobre los riesgos del glifosato y el Roundup en mamíferos no pudo ser publicado en la revista “Cell Biology and Toxicology” (CBT). Durante el proceso de Peer Review no había solo científicos independientes proporcionando su valoración, sino también el empleado de Monsanto Charles Healy. Su voto fue, tal y como se podría prever, negativo: El estudio “debería de rechazarse inmediatamente”, escribió al por entonces redactor-jefe de CBT John Masters. Puesto que también hubo valoraciones positivas a la publicación, Masters solicitó a Monsanto el voto decisivo. “Parece ser que tenemos la decisión sobre si el estudio será o no publicado”, escribió Healy a sus colegas de Monsanto.

A día de hoy, Masters dice que finalmente Healy no tomó la decisión. Sus comentarios solo fueron solicitados debido a su “enorme experiencia”. La editorial Springer, que publica CBT, tampoco ve ningún problema con el proceso: “No puede observarse automáticamente un conflicto de intereses por el hecho de que un experto participe en un proceso de revisión”, dice una portavoz.

El mediador Löwer tiene otra opinión: “Yo podría quizá preguntar a los empleados de la empresa si están de acuerdo con todos los datos publicados en un artículo, pero no puedoobviamente preguntarles si un estudio debe o no ser publicado. Aquí son válidas las reglas generales para evitar conflictos de intereses”. Cuando éstas se eluden, según Löwer, “se rompe por completo el sistema científico”.

 

Fuente: www.sueddeutsche.de

Parada no programada en Vandellòs II

La central nuclear Vandellós II, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, durante la realización de una prueba de vigilancia periódica, se ha producido la parada automática del Tren A del Sistema Esencial de Agua Enfriada, debido a la actuación de una protección eléctrica.

La causa más probable de esta incidencia es la configuración inadecuada de uno de los relés temporizados de dicha protección.

Una vez ajustado el relé a la temporización adecuada, se ha procedido a realizar nuevamente la prueba de vigilancia, con resultados satisfactorios.