No solo derogar el impuesto al sol: el PSOE quiere tumbar la política energética del PP

La intención que mostró Pedro Sánchez el pasado jueves de derogar el impuesto al sol en su discurso de moción de censura es solo la punta del iceberg respecto a las intenciones que tiene el nuevo Ejecutivo socialista en materia energética. Fuentes próximas al nuevo presidente del Gobierno se muestran partidarias de dar un giro de 180 grados a las iniciativas impulsadas en los últimos años por los hermanos Alberto y Álvaro Nadal, principales responsables de la política energética durante el mandato de Mariano Rajoy.

El nuevo equipo de gobierno tendrá que empezar a tomar decisiones importantes de manera inmediata. El responsable del ramo —aún por nombrar— deberá estar presente en el consejo de la Unión Europea el próximo 11 de junio para aprobar los puntos más controvertidos que se están discutiendo en la directiva de renovables.

Fuentes presentes en las negociaciones comunitarias, conocidas como trílogos, aseguran que el Parlamento Europeo se congratula de que España ya no esté representada por Nadal. Y es que la postura de la Eurocámara en materia de renovables, defendida por el eurodiputado José Blanco, aboga por extender al 34% el objetivo de penetración de energías limpias en 2030, una cifra que dista mucho del 30% al que estaba dispuesto a llegar Nadal. La presencia en el consejo de un nuevo responsable socialista por España se entiende como un apoyo más a las tesis del Parlamento y uno menos para los más conservadores y defensores del carbón, como Polonia o la propia España hasta ahora.

Ruth Ugalde

Estructura de Gobierno

Precisamente la configuración comunitaria del paquete europeo sobre clima y energía lleva a las fuentes consultadas a pensar que Pedro Sánchez podría optar por unir el Ministerio de Energía con el de Medioambiente, hoy empotrado en Agricultura. Esta es una opción mucho más plausible de la que reividica un responsable de la era Zapatero, que cree que Industria, hoy en Economía, debería ir de nuevo con Energía.

El propio Sánchez reivindicó el jueves en el Congreso de los Diputados “la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que incentive la inversión en renovables”. La manera de enfocar esta, hasta ahora, desde dos ministerios diferentes ha llevado a que se cuestionara en muchos momentos si Tejerina y Nadal estaban alineados a la hora de sacar adelante esta trascendental ley.

El Gobierno del PP pretendía tener preparada la misma, al menos en borradores, a finales de año. Ahora, fuentes del PSOE señalan que habrán de esperar a entrar en los ministerios para ver en qué punto de elaboración se encontraba la misma y en función de ello valorar los plazos de ejecución.

Foto de archivo de la exministra española de Medio Ambiente Rosa Aguilar (d) y la exsecretaria de Cambio Climático Teresa Ribera (i). (EFE)
Foto de archivo de la exministra española de Medio Ambiente Rosa Aguilar (d) y la exsecretaria de Cambio Climático Teresa Ribera (i). (EFE)

Las quinielas para tomar el mando en este ramo apuntan directamente hacia Teresa Ribera. La exsecretaria de Estado de Cambio Climático con Zapatero fue rescatada por Pedro Sánchez para su equipo de expertos. Otro nombre que suena es el de Cristina Narbona. La exministra y exconsejera del CSN es uno de los pesos pesados del PSOE de Sánchez.

También apuntan el nombre de Natalia Fabra, hija del expresidente de Red Eléctrica y hoy consejero del CSN, Jorge Fabra, como candidata a participar en esta área de Gobierno. Tampoco se descarta la posibilidad de que tome algún cargo el expresidente de REE y exministro Luis Atienza.

En este punto, cabe destacar que Podemos, el principal apoyo de la moción de Sánchez, pidió esta misma semana un Ministerio de Transición Energética y la creación de una vicepresidencia de Transición Ecológica, dada la importancia que constituye este ramo. Curiosamente, uno de los pocos que han reclamado que se dé rango de vicepresidencia a esta materia es la Fundación FAES de José María Aznar. El expresidente proponía en marzo una vicepresidencia económica para coordinar la transición energética.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), acompañado por la presidenta del partido, Cristina Narbona (i), y la vicepresidenta, Adriana Lastra (d). (EFE)
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), acompañado por la presidenta del partido, Cristina Narbona (i), y la vicepresidenta, Adriana Lastra (d). (EFE)

Cierre de las nucleares

La importancia de Narbona tiene un peso específico sobre cuestiones clave energéticas corroboradas en el 39º Congreso del partido. Así, la ejecutiva de Sánchez tiene una idea radicalmente opuesta a la de Nadal respecto a nucleares y carbón. Los socialistas abogan por el cierre de las nucleares al término de su vida útil, con 40 años. Al mismo tiempo, la polémica que mantenía el ya exministro con Iberdrola por el cierre de sus dos plantas de carbón decaería. Los socialistas no han apoyado el encaje legal que buscaba el PP para impedir el cierre de centrales.

Entre las razones de la caída de Rajoy, hay quien incluye la influencia de Iberdrola, por su proximidad al PNV. Para los Presupuestos, los ‘jeltzales’ ya consiguieron que el PP guardara en el cajón cualquier reforma que pudiera afectar a los intereses de la eléctrica con sede en Bilbao.

Juan Cruz Peña

No obstante, una cosa es hablar y otra dar trigo. El cierre de las nucleares tiene un importante impacto a día de hoy en el precio de la luz, como se ha demostrado este mes de mayo, en el que tres centrales han estado cerradas. Además, la no prolongación de la vida útil de las plantas atómicas deja sin resolver el multimillonario agujero de Enresa.

Redes y renovables

Otro de los puntos de conflicto entre las empresas energéticas y el Gobierno de Rajoy ha sido la manera de abordar la retribución de las redes y las renovables a partir de 2020, cuando hay que revisar la “rentabilidad razonable”. El ministro enterró cualquier posibilidad de subir esta del bono más 300 puntos básicos, lo que en la práctica supone una caída de en torno el 30% de los ingresos de las renovables en régimen específico.

En este sentido, hay que recordar el capítulo de enero, en el que el PP quiso adelantar algunos ajustes tanto en electricidad como en gas. La iniciativa no prosperó, ya que se encontró con el ‘no es no’ del PSOE. El responsable en la ejecutiva socialista para esta cuestión, Hugo Morán, se negó a apoyar al exministro por lo que pensaba era una flagrante ruptura de la seguridad jurídica en un sector intensivo en inversión extranjera.

Juan Cruz Peña

Arbitrajes internacionales

Precisamente, el PSOE cree que es necesario reunirse con todos los agentes para recuperar esa confianza inversora. El nuevo Ejecutivo de Sánchez tratará de buscar una solución con los inversores para no tener que enfrentar los casi 40 arbitrajes internacionales que pesan sobre el Reino de España, por los que se reclaman más de 7.500 millones de euros, según las fuentes consultadas.

El exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal. (EFE)
El exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal. (EFE)

Esta fue una de las consecuencias de la reforma del sistema eléctrico de 2013. Pocos días antes de que cayera el Ejecutivo de Rajoy, como si supiera que eran sus palabras de despedida, Álvaro Nadal intentaba poner en valor su gran aportación política, que se firmó con su hermano en el puesto de secretario de Estado de Energía: “Hemos ahorrado a los españoles 175.000 millones en energía […] sin la reforma, el precio de la energía habría subido un 42% en España […], es difícil no percibir el daño no realizado”.

El informe de los expertos

De su legado queda el informe del comité de expertos sobre energía. Un informe del que el PSOE utilizará justo lo que había desechado el PP. Mientras a Nadal lo que le gustaba era lo relacionado con el cierre de centrales y las conclusiones respecto al impuesto al sol, al PSOE le parece que lo que tiene más valor es la propuesta fiscal. Esta tiene sensibles implicaciones, como la subida al gasóleo del 28% y la bajada de la electricidad del 7%.

Juan Cruz Peña

‘Fracking’, Castor, gasolineras ‘low cost’

Por si todo esto fuera poco, también hay algunos temas menos visibles en los que habrá un cambio total en la postura adoptada por la Administración central. El polémico ‘fracking‘, la técnica de extracción del ‘shale gas’ que se exploró en diversos lugares de España durante el mandato de José Manuel Soria, tendrá ahora aún más difícil conseguir seguir adelante.

El senador burgalés Ander Gil, uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez que también suenan como ministrable, ha sido uno de los políticos más beligerantes contra los partidarios de implantar esta controvertida técnica de extracción de gas de esquisto.

Juan Cruz Peña

Más difícil es saber qué hará el nuevo Gobierno con temas espinosos como la indemnización por el almacén de gas Castor, hoy sumida en la incertidumbre judicial, o la regulación de las gasolineras ‘low cost’.

No obstante, toda esta declaración de intenciones hay que tomarla con cautela. La arquitectura de apoyos que necesitará el PSOE en el Congreso pone en duda que, más allá del impuesto al sol, Pedro Sánchez pueda darle la vuelta al legado energético de Rajoy.

Fuente: elconfidencial

El desmantelamiento de la central de Garoña costará 480 millones y durará hasta 2034

Almacen nuclear en superficie que dejará Garoña como herencia junto a la despoblación y el paro.

El cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, arrancó formalmente el pasado 1 de agosto de 2018. Fue entonces cuando se firmaba la orden del Ministerio de Energía denegando la renovación de la autorización de la planta que habían solicitado sus dueñas, Endesa e Iberdrola (que se reparten a partes iguales las acciones de Nuclenor, la sociedad titular de la central).

Terminaba así un largo culebrón de cinco años: desde que las eléctricas pararon a finales de 2012 voluntariamente la central en un órdago al Gobierno por la reforma energética, pasando por cambios legislativos ad hoc para poder reabrirla, y hasta la decisión del Gobierno de echar el cierre definitivo ante la certeza de que ni siquiera las eléctricas propietarias querían ya reabrir la planta por no ser rentable.

Y arrancaba también ese 1 de agosto el aún más largo proceso que permitirá el desmantelamiento de la vieja central nuclear burgalesa. En total, los trabajos para desmontar la planta se alargarán durante 17 años, hasta plantarse en 2034, y requerirán de un presupuesto total de 480 millones de euros en todo ese tiempo, según las estimaciones que maneja Enresa –la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares- y a las que ha tenido acceso El Independiente.

17 años para desmontar la central por completo

Durante los primeros tres años, hasta septiembre de 2020 previsiblemente, Iberdrola y Endesa seguirán siendo las titulares de Garoña y desarrollarán durante ese plazo las actividades preparatorias para del desmontaje futuro. A partir de ese momento la central nuclear pasará a manos directamente de Enresa: la sociedad pública pasará a ser el dueño de la planta hasta su desmantelamiento total, cuando devolverá los terrenos a las eléctricas.

Enresa se encargará entre 2020 hasta mediados de 2024 del proceso de licenciamiento y de la obtención de autorizaciones y permisos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Gobierno. Los trabajos delicados, el desmantelamiento propiamente dicho del reactor y del resto de instalaciones de la central, se desarrollarán entre 2024 y hasta 2034. Para entonces el terreno tendría que quedar como si allí no hubiese habido nunca una instalación nuclear. Ese el objetivo.

El presupuesto total de todas estas labores, según prevé Enresa, se situará en los 480 millones de euros. De ellos, 220 millones se destinarán a las labores de desmontaje de los equipos de la central; 130 millones serán para la gestión del combustible nuclear gastado (incluida la reforma para adaptar el almacén temporal individualizado –ATI- en que se guardarán durante un tiempo los residuos); y otros 130 millones más para los servicios subcontratados de ayuda al desmantelamiento.

¿Quién pagará el desmantelamiento?

El  Ministerio de Energía ultima una nueva norma para trasladar a las eléctricas más costes derivados del desmantelamiento de sus centrales, como fórmula para desincentivar la amenaza de Iberdrola  de no pedir la renovación de la autorización de sus nucleares por estar acumulando pérdidas con ellas por los altos impuestos que se les aplica (Endesa también critica la fiscalidad nuclear, pero apuesta por alargar la vida de todas sus plantas).

Hasta ahora, es la sociedad pública Enresa la que se encarga del desmantelamiento de las centrales, financiándolo con un fondo que son las propias eléctricas las que van alimentado mediante el pago de tasas. Ese fondo actualmente cuenta con cerca de 5.000 millones de euros.

La reforma que propone el Ministerio de Álvaro Nadal es que sean las eléctricas las que asuman directamente del desmantelamiento de las centrales y también su coste. Enresa les devolvería la parte destinada a la demolición de centrales (que no cubriría todos los gastos) y el resto de gastos lo tendría que cubrir la compañía eléctrica de su bolsillo.

Las estimaciones que maneja Endesa apuntan a que la parte destinada al desmantelamiento sería de entorno a un 22 o un 24% de lo aportado por las eléctricas. Endesa ha aportado de momento 2.400 millones del total de 5.000 millones con que cuenta el fondo público, así que hoy recibiría entre 530 y 580 millones si cerrase ahora sus centrales. Las magnitudes de lo aportado y lo que recibiría Iberdrola serían similares.

Vista del ATI de Garoña

Cuando las eléctricas la desenchufaron

Las dos eléctricas cerraron voluntariamente Garoña en diciembre de 2012 en un órdago al Gobierno por las medidas incluidas en la reforma eléctrica (entre ellas, nuevos impuestos al combustible nuclear y a los residuos radioactivos). Desde entonces la central estuvo desconectada de la red, sin producir electricidad, pero sin iniciar su desmantelamiento porque las compañías -tras cambios legislativos ad hoc del Gobierno para hacerlo posible- acabaron solicitando un año y medio después su reapertura. Sólo costes y nada de ingresos.

Endesa e Iberdrola solicitaron la renovación de la licencia de explotación de Garoña hasta 2031, justo cuando la central cumpliría 60 años desde su construcción. Las compañías acabaron chocando sobre la estrategia a seguir: ambas habían descartado ya reabrir la central por no ser rentable, pero Endesa quería esperar a recibir el permiso del Gobierno e Iberdrola quería retirar la solicitud de reactivación.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el aval técnico a la reapertura de la central burgalesa, a pesar de que las eléctricas no habían realizado las reformas y las inversiones que el propio organismo había marcado como una exigencia previa ineludible. El Gobierno finalmente optó por no conceder la renovación de licencia y decretó su clausura definitiva.

Herencia: paro, despoblación, residuos, Internet a pedales y carreteras africanas

Según un análisis sobre el primer año de vida del olvidado Plan Garoña,  el paro en el área de la central de Garoña era superior al que se registra en la provincia de Burgos y  la media estatal. De este modo, el economista Carlos Alonso de Linaje  insistió en que las iniciativas empresariales generadas a través del Plan Garoña no han mitigado la situación adversa del empleo en la zona. (seguir leyendo).

A dia de hoy no hay ningún tipo de Plan para dinamizar Tobalina ni sus alrededores.

Una zona con 3 saltos de agua de Iberdrola y una central nuclear que no tiene fibra óptica en los pueblos y los accesos por carretera tienen infinidad de curvas peligrosas, como lo atestiguan la gran cantidad de flores que llenan los guardarailes de los arcenes.

Algunos reportajes televisivos

Veamos un pequeño reportaje sin edulcorar de la cadena Cuatro en el que se puede ver Garoña por dentro tras darle una buena mano de pintura, asi como varias opiniones de vecinos.

Aqui podemos ver un reportaje sobre el ATC .

El almacén nuclear que divide a los vecinos de los pueblos a cambio de poner una instalaciones que lejos de traer riqueza traerá despoblación y pobreza para los vecinos.


En Television Española han hecho un reportaje para mostrar la opinión de los vecinos.

La idea general es que nadie sabe nada, pero los maletines correrán a base de bien, eso seguro.

 

Como siempre el hostelero y los albañiles a favor, los vecinos que no sacan nada en contra.

¿Cuantos puestos de trabajo creará el almacen?.

¿Cuantos para la población local después de la construcción?

La desinformación es un arma cuando lo que hay que informar no es bueno o no es cierto.

 

 

Informe semanal sobre Garoña (4/09/2009)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-cierre-garona-momento-no/537894/

Fuente:  elindependiente.com

El tipo que acabó con las renovables en España ahora cobra por dar conferencias en el extranjero en las que defiende que son la mejor alternativa energética

El exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el padre del gran hachazo a las renovables en España, ahora tiene una nueva vida en la que se dedica a defender a ultranza a las energías renovables.

Pero lo hace fuera de España, quizá piense que las energías renovables son la mejor opción para todo el mundo menos para su propio país, uno de los más ricos en viento y sol.

El exministro Soria acudió al Crans Montana Forum que se desarrolló en la ciudad sahariana de Dakhla, allí se celebró por tercer año consecutivo este foro que cuenta con el auspicio del mismísimo Rey Mohammed VI. Este año el título era Hacia una nueva África. Estabilidad, cohesión y solidaridad para un desarrollo sostenible. El rol cohesionador de Marruecos.

 Soria fue invitado para hablar en la mesa sobre energías renovables, y defendió a capa y espada un proyecto que él conoce bien, el complejo hidroeólico de Gorona del Viento, que tiene como objetivo suministrar solo con renovables la isla de El Hierro.

La intervención de Soria se enmarcó en el panel sobre Producción y suministro de energía, definido en el programa como la clave del progreso y crecimiento de las economías emergentes. El ex ministro recalcó que no participaba en representación del Gobierno de España, sino a título personal y con el fin de aportar la experiencia adquirida durante los años en que ejerció como ministro de energía. Se manifestó a favor del uso de las energías renovables como camino a disminuir la dependencia energética del exterior que durante décadas han soportado los países no productores de petróleo.

José Manuel Soria el hombre que acabó con las renovables en España ahora se dedica a defenderlas. Como dijo el gran Groucho Marx: Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros.

Fuente: primaveravalenciana.info

SORIA, ESE GRAN POLÍTICO ESPAÑOL

Nos venden Garoña y el fracking. La cara más oscura de la luz

CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑANo se habla de otra cosa en estos días. Los máximos históricos del precio de la electricidad harán que las facturas suban, de media, 100 euros por línea contratada. ¿Qué podemos hacer para defendernos?

ríos de tinta impresa, horas de debate televisado, decenas de programas de radio y multitud de comparecencias políticas tratan de arrojar luz sobre lo que ocurre con las facturas eléctricas, a cuyas cifras las compañías del ramo parecen arrojar levadura. Los precios crecen sin control y los informativos no hacen más que alertar de nuevos repuntes históricos. Ni los expertos en desencriptación avanzada parecen dar con las claves para desentrañar una factura de la luz y la población se echa las manos a la cabeza cada vez que piensa en el próximo recibo. Mientras, los responsables del Gobierno tratan de aclarar la situación explicando que como ni llueve ni hace viento, los aerogeneradores y las presas no producen y hay que echar mano del gas para echar a andar las más que deficitarias centrales térmicas. Demasiadas ideas para tratar de comprender, de forma sencilla, a qué nos enfrentamos y qué podemos hacer para ahorrar en la factura. Koldo Navascués, presidente de la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca, EKA/ACUV, ilumina el camino y aporta cordura a la controversia.

En las últimas semanas, “centenares” de consumidores están contactando con la asociación. No para presentar reclamaciones, ya que como aclara Navascués “no hay ninguna reclamación que hacer, se nos impone un precio y punto”, sino para solicitar información. ¿Qué hacer para ahorrar? Lo primero para lograr el objetivo consiste en aclarar los conceptos básicos y centrarse en lo importante.

Existen dos tipos de tarifas: la regulada y la libre. En la primera, las eléctricas se ven obligadas a aplicar el precio que se les impone y en la segunda, habitualmente sazonada con numerosas ofertas y llamativos descuentos, las cinco compañías que componen el oligopolio de la luz fijan el precio que quieren. Es fácil deducir que las empresas hacen todo lo posible para atraer a los clientes hacia el lado oscuro del mercado libre.

“Las eléctricas se han preocupado de comunicar rápidamente que a sus clientes no les afectan estas subidas de 6 o de 15 días al año. Claro. No les afecta esa subida, pero lo que no dicen es que están pagando por encima del precio de venta del pequeño consumidor -tarifa regulada- durante los 350 días restantes”, arranca el presidente de EKA/ACUV.

Actualmente, el 52% de los clientes “domésticos” se encuentra en el mercado libre. Es decir, que paga más de lo que, según advierten los expertos, debería. En julio de 2013 se modificó la regulación del mercado y todos los clientes de las compañías pasaron a formar parte del grupo de tarifa de último recurso, es decir del mercado regulado. “Evidentemente, esto no les gustó a las eléctricas y durante estos últimos años se han encargado de ir sacando de ahí a la gente. A veces con muy malas prácticas comerciales, incluso engañosas”, repasa el portavoz.

Los últimos análisis comparativos sostienen que las tarifas reguladas siguen siendo más económicas que las libres, si bien es cierto que al principio, habitualmente durante el primer año del contrato, los descuentos aplicados consiguen reducir un poco las distancias. “Una vez que ha pasado el año -avanza Navascués-, te dicen que te van a cobrar el kilovatio hora a 0,15 euros y como tampoco tienes referencias, te parece bien, cuando la realidad es que el precio regulado puede ser de 0,11 en ese momento. Eso sí, no sabemos cuánto durará la tarifa regulada”. Por todo ello, lo que recomienda EKA/ACUV a los usuarios es que soliciten cuanto antes a sus compañías un cambio a tarifa regulada, “algo que están obligados a hacer si se les pide y que es totalmente gratuito siempre y cuando no se cambie la potencia instalada”.

El problema no son sólo los precios, también lo es la opacidad. ¿Sabe alguien a cómo se compra el metro cúbico de gas de Argelia? Debe de ser un secreto de Estado, porque a partir de ahí cualquiera podría hacer el cálculo sobre los márgenes que tienen, los costos y demás. Si no disponemos de esos datos no podemos saber si se está manipulando o no el sector”, ilumina.

En nombre de la asociación que preside, Navascués no aconseja a los usuarios sumarse a las hoy tan promocionadas compras colectivas de energía. “Lo hemos estudiado y al final no resultan, sin más”, precisa. Lo que sí recomiendan es unirse a las cooperativas de energías renovables, una alternativa más verde, cívica y que, según el experto, sale a cuenta a la hora de abonar los recibos.

En el caso particular de EKA/ACUV, animan a sus asociados a entrar a formar parte de Goiener, una cooperativa que cuenta ya con más de 5.000 participantes. Al margen de ofrecer siempre el mejor precio posible, garantiza que toda la energía que comercializan es verde.

Además de sumarse a este tipo de iniciativas, Navascués recomienda revisar la potencia que tenemos instalada en nuestro hogar, ya que si es excesiva y podemos reducirla, lo notaremos en la factura. “Si tenemos contratados 4.400 y los bajamos a 3.300 -apunta- ya obtendremos un ahorro de unos 6 euros al mes. El cambio a menos sale por unos 11 euros IVA incluido, pero hay que tener cuidado porque subirlo cuesta 50 euros”.

Ante los repetidos anuncios de picos en los precios, el presidente aclara que “sube ese día y en una franja horaria determinada, no es que suba todo el mes”. También aporta otro pequeño detalle sobre otra de las novedades impuestas recientemente por el mercado energético. “En teoría, existe un agravio comparativo entre los usuarios que tienen contador digital y los que permanecen con el analógico. Se supone que a los que tienen el digital se les ajustan los consumos a los costos horarios, aunque luego hacen una media diaria y mensual, exactamente igual que con los usuarios de contadores analógicos. En realidad, no tenemos ni idea de cómo nos están cobrando porque la factura no detalla los cálculos hora a hora”, concede.

En cuanto a la labor de descifrado de las facturas, Navascués explica que contiene términos tan genéricos que no se sabe muy bien a qué corresponden. Sin ir más lejos, la “potencia facturada” es un coste fijo que marca el Gobierno para todo el año y que incluye lo que se denominan “peajes”. “Estos peajes tienen siete u ocho apéndices: el déficit tarifario, el precio del carbón, la moratoria nuclear, Ceuta y Melilla… Al final, las normas las dictan las eléctricas y el Gobierno las firma”, manifiesta.

Las claves

Los argumentos dados para justificar la subida de la tarifa sirven para apoyar la reapertura de la central

vitoria – El Gobierno argumenta que el precio del kilowatio se ha disparado porque, como no llueve ni hace viento, hay que quemar gas, carbón y otros combustibles para generar electricidad. Una estrategia que, en opinión de Koldo Navascués, presidente de EKA/ACUV, sirve a las eléctricas para vender a la ciudadanía las bondades de la energía nuclear y, de paso, apoyar la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña.

La misma idea sirve para fomentar la apertura de pozos de fracking en Álava para la extracción de gas mediante una metodología que se caracteriza por su inseguridad. El repunte de los precios del petróleo ha conseguido, tal y como advierte Navascués, que se reabran pozos ya abandonados de fracking en Estados Unidos. “Si yo fuera el propietario de Garoña estaría más que encantado de ponerla de nuevo en marcha. Hablamos de una central súper amortizada, que cada kilowatio que produce puede salirle por dos céntimos y cuyos dueños lo cobran a seis. A ver qué negocio tiene un beneficio del 300%. Nos están vendiendo la idea de que el clima influye en la producción, y claro que influye, pero no tanto. No es determinante a la hora de fijar los precios, las subastas sí lo son”, garantiza. – A.B.

Los datos

Tarifa regulada. Para ahorrar, lo primero que recomiendan los expertos es comprobar si estamos en el mercado libre o en el regulado. En el primer caso, que incluye a más de la mitad de los usuarios, recomiendan pasarse a las tarifas reguladas, que no incluyen ofertas pero que facturan el kilowatio hora más barato. El cambio es gratuito y sale a cuenta.

Cooperativas. EKA/ACUV aconsejan unirse a cooperativas de energías renovables, que ofrecen buenos precios y garantizan que toda la energía que comercializan entre sus usuarios es verde.

la frase

El presidente de EKA/ACUV explica que la potencia facturada que figura en nuestros recibos de la luz es un concepto que fija el Gobierno y que incluye los denominados “peajes”. Al final, el consumidor paga por la moratoria nuclear, el déficit tarifario, el mantenimiento del precio del carbón…

La cifra:   6 EUROS 6

euros al mes podemos ahorrar si decidimos rebajar la potencia contratada. Hay que ser cuidadosos, ya que si la bajamos en exceso, la luz saltará en cuanto encendamos varios electrodomésticos. Hay que realizar un cálculo del consumo y obrar en consecuencia. Reducir la potencia cuesta unos 11 euros, IVA incluido, pero volver a subirla cuesta 50 euros.

Fuente: noticiasdealava.com

El Ministro de Energia no tiene entre sus prioridades el almacén nuclear de alta intensidad

 alvaro-nadal

Por lo que vemos el ministro de Energia Alvaro Nadal no viene a solucionar los problemas de los gobiernos anteriores: deficit de tarifa eléctrica, Impuesto al Sol , almacen nuclear de alta intensidad, fracking, penalizaciones por residuos nucleares en Francia etc.

El ATC de Villar de Cañas (Cuenca) permanece bloqueado por la ampliación de la ZEPA de la laguna de El Hito aprobada por Castilla-La Mancha

Se cuestionan las  decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear tras el ‘choque’ entre  opiniones de técnicos y de políticos sobre el ATC. No hay unanimidad sobre la seguridad de los terrenos para guardar residuos radiactivos

El Almacén Temporal Centralizado (ATC) para los residuos de las centrales nucleares españolas debía estar terminado a principios de 2018 pero se cierra 2016 y aún no se ha puesto ni un solo ladrillo. Sigue sin haber solución a los residuos radiactivos tras un largo periodo que va desde el año 2004 –cuando el Congreso instó al Gobierno a construir el silo nuclear- pasando por 2011 -fecha en la que se eligió su lugar de ubicación en Villar de Cañas (Cuenca)- hasta este 2016 en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha bloqueado la posibilidad de que se construya ampliando la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito (Cuenca), que incluye los terrenos del ATC.

España se encuentra en tiempo de descuento porque en junio de 2017 tendrá que empezar a pagar una penalización de 70.000 euros diarios a la empresa francesa Areva que custodia los residuos de la antigua nuclear Vandellòs I. Unos residuos que debían ser trasladados al ATC. El resto de centrales nucleares españolas han comenzado a construir almacenes temporales individualizados (ATI’s) ante la incertidumbre.

El año 2016 arrancaba con la presentación de un escrito (el tercero ya) ante la Fiscalía Anticorrupción en el que la Plataforma contra el ATC de Villar de Cañas aportaba nuevos documentos ampliando su denuncia de 18 de diciembre de 2015 contra el silo nuclear. Su objetivo: demostrar que Enresa habría gastado 16 millones de euros en “comprar voluntades realizando un enorme derroche de dinero público para congratularse con los vecinos y favorecer la posición política de Cospedal y Benjamín Prieto”.

Las dudas sobre la idoneidad de los terrenos

Pero si hay algo que ha caracterizado este año han sido los informes que ponen en duda la idoneidad de la ubicación del ATC.  En marzo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) accedía -obligado eso sí-  a hacer públicos los documentos que apuntan esa dirección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a petición de Transparencia Internacional España, lo hizo posible. Pero no todos se publicaron.

Transparencia Internacional no logró sacar a la luz pública el informe de adjudicación del emplazamiento, el presentado por los geólogos sobre las condiciones de los terrenos o el documento que da su aprobación al emplazamiento elegido. Tampoco se aceptó  la petición de  información acerca de la cuantía del proyecto, argumentando que el ámbito económico del proyecto no es competencia del Consejo de Seguridad Nuclear.

Terrenos para el ATC en Villar de Cañas (Cuenca)

Terrenos para el ATC en Villar de Cañas (Cuenca) Europa Press

Sí que se hicieron públicos, en cambio,  los detalles del estudio que llevó a cabo la consultora URS sobre la calidad de los suelos en los que se ubicaría el ATC. Esta empresa señalaba que el emplazamiento previsto para el cementerio nuclear es “inadecuado”, por presentar condiciones que no podían asegurar la estabilidad de los edificios que se pretenden construir en el terreno. Sin embargo,  algunos párrafos del informe aparecieron censurados, según denunció Transparencia Internacional. Más de 20 páginas en negro con información “tachada” parcialmente o borrada en su totalidad.

De forma más reciente, en noviembre, un nuevo estudio de la empresa Ingema -encargado por Ecologistas en Acción- reforzaba la tesis de que Villar de Cañas no es idóneo para el ATC. Un geólogo de esta empresa analizaba los informes internos del Área de Ciencias de la Tierra (CITI) y del Servicio de Ingeniería (SIN) del propio CSN así como el emitido por la consultora URS para concluir que las condiciones geológicas del terreno no son las adecuadas.

Ecologistas en Acción ha pedido la dimisión del presidente del regulador atómico, Fernando Martí. “Lo más grave es que el Pleno del CSN conocía los riesgos de los terrenos en base a la información de sus propios técnicos y por tanto, dio el visto bueno (excepto una de sus consejeras) a sabiendas de que con su decisión, ponían en enorme riesgo a toda una comarca”, señalaron.

La organización ecologista recuerda que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aún no ha emitido la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA). En un  ‘cara a cara’ organizado por eldiarioclm.es entre el portavoz nacional de Equo, Juan López de Uralde  y el consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, este último explicaba que la Junta se planteó ampliar la  zona ZEPA de la Laguna de El Hito (próxima a la instalación del cementerio nuclear) no solo “porque realmente hay elementos de singularidad vegetal y animal que nos indican que es interesante proteger ese espacio” sino porque está previsto que el ATC se construya  “sobre un suelo de yeso que se hunde, con problemas que encarecen el proyecto y el propio CSN ha tenido que reconocer que ni siquiera tiene los estudios preceptivos para hacer la obra. Es una auténtica aberración”.

La tesis del PP es muy distinta. El pasado verano el presidente del PP en Cuenca, Benjamín Prieto recordaba que el proyecto del silo nuclear fue apoyado “en las urnas” en Cuenca, al ganar los populares las elecciones en esta provincia. Y defendía el silo nuclear como un proyecto “ilusionante” que “ya ha beneficiado” a la provincia. En agosto, el Gobierno central expropiaba varias fincas en el entorno de Villar de Cañas y el  ministro de Justicia, Rafael Catalá, diputado nacional por Cuenca, defiende que el proyecto creará “desarrollo y empleo”.

Trabas legales: la estrategia de García-Page

La estrategia del Gobierno de Emiliano García-Page durante este año ha sido poner todas las trabas legales y burocráticas posibles a la puesta en marcha del ATC. Desde anular el POM de Villar de Cañas, pasando por exigir la Evaluación de Impacto Ambiental al proyecto ‘depósito de tierras y piedras limpias asociado a la obra del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y Centro Tecnológico Asociado’, cuyo promotor es Enresa.  Pero la gran ‘estrella’ de su acción ha sido la ampliación de la ZEPA de la laguna de El Hito que finalmente ha sido aprobada a pesar de los intentos del Gobierno de Mariano Rajoy por evitarlo ante los tribunales.

Mientras, el alcalde de Villar de Cañas,  José María Saiz, del Partido Popular, no se ha quedado parado. El Ayuntamiento anunció un recurso  ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la Resolución de la Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal de la localidad.

También ha interpuesto otro recurso contra la Junta de Comunidades tras la aprobación en Consejo de Gobierno de la ampliación de la Zona Especial de Protección de Aves. “Traigo un proyecto de mil millones de euros a mi pueblo, la comarca y la provincia, que falta hace, y el presidente de Castilla-La Mancha, en vez de echarte una mano, te echa un pie al cuello”, lamentaba. Una postura que defiende la Plataforma de afectados por la ampliación de la ZEPA.

El PP hizo el ‘penúltimo’ intento en su apuesta por el ATC en un Pleno celebrado en las Cortes regionales el pasado 1 de diciembre. Presentó una resolución que pedía “aparcar” los planes de gestión de las Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) para realizar “un estudio serio y concienzudo”. Fue defendida por el  diputado Francisco Núñez quien admitía que los planes de gestión de zonas ZEPA hay que hacerlos pero solicitada “rigor” para hacerlos  compatibles con la actividad agrícola y ganadera y de forma consensuada.

En este sentido lamentaba que ninguno de estos principios se cumple, ya que los planes de gestión se basan en estudios de 2003 y el Gobierno “juega con las ZEPA cuando les viene en gana”, como pasó con el aeropuerto de Ciudad Real o con la zona cercana al Almacén Temporal Centralizado (ATC). Y lo calificaba de “expropiación encubierta”.

El Gobierno central tiene la opción de declarar la construcción con la categoría de ‘excepcional interés público’ para seguir adelante con el proyecto. Ecologistas en Acción recuerda que el Ejecutivo central no podría tomar la decisión en solitario y se necesitaría la intervención de la Unión Europea.

Enresa y su oscilante política de adjudicaciones y contratos

A pesar de las trabas legales, las adjudicaciones no han cesado ni tampoco el intento de Enresa para contratar personal, 40 personas, a comienzos de año. Algo que finalmente paralizó. En noviembre anunciaba recortes de sueldo por exceso de contrataciones. “Quieren quitar un 5% de la paga de objetivos de 2015, dos meses de ayuda de comida y una parte de las ayudas de estudios”, explicaba una fuente interna, que cifra el recorte en un mínimo de 1.800 euros anuales por persona y relaciona esta decisión con “las continuas contrataciones” de los últimos meses, pese a que el principal proyecto de Enresa, el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, está congelado por las dudas sobre los terrenos elegidos debido al empeño de la entonces presidenta castellano-manchega y hoy ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Actualmente la plantilla de la empresa que gestiona los residuos nucleares es de unos 326 empleados, frente a los 305 que tenía al cierre de 2011, según sus cuentas de ese ejercicio.

Las “alternativas” del PSOE al ATC

En el intento de poner todas las trabas posibles al ATC, el PSOE también ayuda. Lo hacen alcaldes socialistas como el de Tarancón. José Manuel López Carrizo lanzó en mayo una propuesta para construir una planta solar fotovoltaica que produciría 200 megavatios. En definitiva, un proyecto de energías renovables que pretende demostrar que “hay alternativas” al ATC como inversión en la zona.

Una idea similar es que se quiere trasladar desde el PSOE  con la puesta en marcha de la llamada Inversión Territorial Integrada (ITI) como instrumento de desarrollo en la provincia de Cuenca, con ayuda de fondos europeos.  El ATC “no es compatible” con el desarrollo de Cuenca, aseguraba el delegado de la Junta, Ángel Tomás Godoy, en una entrevista con eldiarioclm.es, que en su opinión pasan por potenciar la actividad agraria, ganadera, aprovechar recursos forestales para  la biomasa y la actividad turística.

 El ATC puede impedir el desarrollo de empresas turísticas y agroalimentarias”, sostiene. “Ojala tuviésemos el dinero, casi 1.000 millones, que cuesta el ATC para frenar la despoblación de Cuenca”, lamenta el delegado. Y el propio Gobierno castellano-manchego apuesta por potenciar las energías renovables en el llamado ‘Pacto por la Recuperación’ de Castilla-La Mancha con horizonte 2020 y en particular  quiere regular el uso de la biomasa como fuente de energía.

En este 2016 también asistimos al debate sobre la conveniencia o no de ampliar la vida de las nucleares de los 40 a los 60 años, lo que generaría aún más residuos nucleares a los que habría que dar solución. No hay que olvidar  que Castilla-La Mancha tiene en su territorio dos centrales nucleares.  Ambas en la provincia de Guadalajara. La ‘José Cabrera’ en Almonacid de Zorita -en proceso de desmantelamiento- y la central nuclear de Trillo. En el caso de esta última, a su Almacén Temporal Individualizado aún le queda una vida de 22 años para seguir albergando residuos.

Fuente: eldiario.es

 

La oposición se une en el Congreso para pedir el cese del presidente del CSN

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MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) –

Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, van a pedir en la última sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo de esta legislatura el cese del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, quien no ha comparecido en la Cámara antes de la previsible disolución de las Cortes la próxima semana, pese a la petición de los parlamentarios de la semana pasada.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias y antes de que tenga lugar el inicio de la citada comisión, donde tienen pensado debatir un escrito introducido a última hora en el orden del día, en el que instan al Gobierno a cesar a Fernando Martí por no comparecer en el Parlamento.

En concreto, los grupos le solicitaron la semana pasada que adelantara su comparecencia prevista para el día 5 de mayo, ante la previsible disolución de las Cortes el día 3 de mayo. Fue el propio Martí el que solicitó comparecer a petición propia ese 5 de mayo, y no antes, por “motivos de trabajo”.

 EL CONTROL DEL PARLAMENTO

Según argumentan los diputados, la Ley de creación del CSN establece que el órgano regulador mantendrá “puntualmente informado al Gobierno” y al Congreso de los Diputados y al Senado de cualquier circunstancia o suceso que afecte a su competencia.

Además, indica que la ponencia de relaciones con el CSN o la Comisión parlamentaria de Industria podrá solicitar “cuantas comparecencias de responsables del CSN crea oportunas” y es por ello por lo que reclamaron su comparecencia para este miércoles o jueves.

“El presidente del CSN, aunque la ley le obliga a mantener puntualmente informado al Congreso de los Diputados y al Senado, no comparece ante las Cortes Generales desde el 3 de diciembre de 2014, habiendo sido solicitada su comparecencia en varias ocasiones por parte de la Comisión, y sin haber presentado aún el informe anual del Consejo correspondiente a 2014, a pesar de los numerosos temas que afectan a su gestión”, lamentan, apuntando entre otros a la reapertura de Garoña o el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC).

Asimismo, destacan que la Ley de creación del CSN establece que el Congreso de los Diputados, a través de la comisión competente y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros (que ya cumplen si se suman todos los grupos parlamentarios menos el PP), podrá instar en cualquier momento al Gobierno el cese del presidente y consejeros. Es por ello por lo que van a solicitar este jueves el cese de Martí.

EL CSN PIDIÓ COMPARECER EN FEBRERO

Desde el CSN recuerdan a Europa Press que fue el propio órgano regulador el que ya el pasado 11 de febrero pidió comparecer a petición propia ante la Comisión de Industria del Congreso.

En todo caso, especifican que no recibió respuesta por parte del Parlamento hasta el 18 de abril, cinco días después de que se constituyera dicha ponencia, momento en el que fijó como “primera fecha disponible” para acudir a la Cámara el próximo 5 de mayo.

Fuente: europapress

José Manuel Soria comparte paraísos con las grandes empresas energéticas

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Algunas de las mentiras que ha intentado colarnos son dignas de un sesudo análisis filosófico

Sáb, 16 Abr 2016

 

José Manuel Soria, ya ex ministro, ha sido el protagonista, en competencia con el alcalde de Granada, del escándalo pepero de la semana. Al paso que va el PP, para su próximo congreso no va a necesitar alquilar un espacio muy grande, probablemente les sobre con el salón de Casa Manolo, donde podrán votar a mano alzada de croqueta, a quien quiera que parezca más o menos limpio como presidente nacional.

Siendo tremendamente grave la sarta de mentiras que nos ha soltado el ex ministro en los tres días que antecedieron a su silencio final, lo peor de Soria ha sido, con mucho, la nefasta gestión que ha realizado al frente de Industria, Energía y Turismo. Algunas de las mentiras que ha intentado colarnos, son dignas de un sesudo análisis filosófico.

Por ejemplo, la de que la empresa UK Lines Limited fue de su padre sólo: “con anterioridad o hasta su muerte”. Seguramente el padre del señor Soria, que en gloria esté, debía tener un carácter fuerte, pero de ahí a conservar la propiedad de la empresa tras su muerte, se me antoja excesivo.

Pero insisto, siendo lo de sus empresas en paraísos fiscales y sus torpes mentiras de extrema gravedad, no son más que los puntos sobre las íes de una gestión que tras este descubrimiento se entiende mucho mejor.

Con lo que sabemos ya a ciencia cierta del señor Soria: que ha evadido el pago de impuestos y ha continuado con actividad comercial cuando ya ocupaba cargos públicos, podemos comprender mejor algunas de sus principales actuaciones al frente del ministerio.

Actuaciones siempre a favor de las grandes empresas y en contra de los intereses generales de los españoles, de esos que hemos estado pagando con nuestros impuestos su sueldo desde 1995.

 Cuando Soria llegó al ministerio de la mano de su íntimo amigo Mariano Rajoy, España era líder mundial en la producción e investigación en energías renovables. Una de sus primeras decisiones como ministro fue, precisamente, decretar su parón, suspendiendo las primas para la eólica y la fotovoltaica.

Desde ese día, en España, un país que necesita importar casi el cien por cien de los combustibles fósiles que consume, no se ha instalado prácticamente nueva potencia renovable. El país del Sol es el único que tiene un impuesto que grava el autoconsumo que se produce desde los paneles solares. Paralelamente a esas medidas, Soria ha concedido permisos a Repsol para la búsqueda de hidrocarburos en las Islas Canarias (ahora sabemos que sus preferencias personales son por otros paraísos insulares), prospecciones que se han hecho frente a las playas que son la principal fuente de ingresos del archipiélago.

Al tiempo que quitaba incentivos a las energías renovables, yendo en dirección contraria a lo que están haciendo los países más desarrollados del mundo, se los concedía al fracking,  una técnica de extracción de gas y petróleo que está más que cuestionada en la mayor parte del mundo. Aunque no sea exactamente lo mismo, sirve como ejemplo de lo que el fracking puede provocar, el caso del almacén de gas Castor, frente a las costas de Castellón, que provocó más de 500 terremotos y tuvo que ser clausurado. Eso sí, previa indemnización a la empresa del señor Florentino Pérez de 1.350 millones de euros que le fueron abonados de forma casi inmediata  y que salieron, ¿adivinan?, efectivamente: de nuestros impuestos.

Y, para acabar, aunque podríamos seguir muchos párrafos más, está su oposición al cierre de las centrales nucleares, al contrario de países como Alemania, que ya tienen establecido un calendario de clausura de todas sus instalaciones. Añádanle el intento de construcción del almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), en una zona sobre la que los científicos tienen serias dudas . Aunque ya saben, si resulta ser otro Castor, se paga a la empresa encargada del almacén unos cuantos miles de millones de euros, exacto, de nuestros impuestos y asunto arreglado.

¿Creen ustedes que tiene alguna relación que el ya ex ministro, nombrado y protegido hasta el último aliento por Mariano Rajoy, tenga negocios en los mismos paraísos fiscales donde operan las grandes empresas energéticas a las que él ha procurado tan pingües beneficios en España? Seguro que es una casualidad.

José Antonio Pareja es periodista
Fuente: elplural.es