El coste de la era post-nuclear en España superaría notablemente los 20.000 millones de euros.

España se enfrenta a una nueva etapa del modelo energético y no solo por la incorporación masiva de nueva capacidad renovable. Mientras se llenan los tejados y el territorio de paneles solares y aerogeneradores, además del cierre de las centrales de carbón, se vislumbra el final de las nucleares. Pero tanto si se extiende su vida útil más de 40 años como si no, el debate no es solo cuándo se cierran sino cómo y cuánto va a costar hacerlo.

Y ésa es una de las preguntas que se han hecho los economistas Mª del Mar Rubio-Varas y Joseba de la Torre Campo de la Universidad de Navarra en el blog de economía Nadaesgratis.es. Reconocen que la sociedad española es mayoritariamente antinuclear pero hay que admitir que nuestro país es uno de los pocos del mundo (solo 33) que ha desarrollado de manera comercial esta tecnología, además de ser uno de los primeros. Más aún, los 7 GW repartidos en siete reactores representan el 20% de generación eléctrica peninsular y, solo en 2017, la producción eléctrica bruta de origen nuclear fue de 58.108,76 GWh siendo, un año más, la fuente que mayor contribución realizó al sistema eléctrico español.

Ahora toca echar cálculos sobre cuánto nos costará bajar la persiana y sobre todo, cómo hacerlo y en qué plazos. Los autores han hecho una estimación a partir de lo que ha costado desmantelar Zorita (que el próximo año finaliza todo el proceso, después de 16 años de trabajo), y «cerrar los siete reactores que están actualmente en activo, Almaraz I y II, Vandellós II, Ascó I y II, Cofrentes y Trillo y el apagado de Garoña dan como resultado que el coste de desmantelarlos asciende a 20.467 millones«.

Eso sin contar con una partida extra para el reactor I de Vandellós, que tras el incendio ocurrido en 1986, se decidió sellar e iniciar un proceso de desactivación que se mantendrá hasta 2028, año en el que se iniciará su desmantelamiento total.

Pero aún hay más, «habría que añadir la inversión en un Almacén Temporal Centralizado (actualmente paralizado), en los residuos ya generados (estimado en otros 700 millones), y posteriormente en un almacén geológico profundo (AGP) por varios siglos cuya ubicación y proyecto de construcción está aún por definirse», dicen los economistas.

Foro Nuclear señala que existen ATIs para almacenar los residuos ya generados en las centrales de Trillo, Ascó y José Cabrera (en desmantelamiento). Han finalizado la construcción de los de Almaraz y Santa María de Garoña (en predesmantelamiento), y Cofrentes ha comenzado la construcción del suyo en este año. Con datos a 31 de diciembre de 2017, el número de elementos combustibles irradiados almacenados temporalmente en las centrales nucleares españolas era de 15.362, de los que 13.897 se encuentran en piscinas y 1.465 en Almacenes Temporales Individualizados.

Según dicta la ley, la encargada de liderar todos estos procesos es la empresa nacional de residuos radiactivos Enresa, que actualmente cuenta con un presupuesto muy inferior a la cifra resultante que superaría notablemente los 20.000 millones de euros. «El fondo acumulado por la empresa pública a finales de este año es de unos 5.000 millones de euros», advierten, totalmente insuficiente para acometer semejante empresa de tanta envergadura.

Entonces, ¿cómo se va a conseguir acumular todo el dinero necesario para la era post-nuclear española? ¿del bolsillo de los consumidores? ¿de las tasas que pagan los propietarios de las centrales, fabricantes de elementos combustibles o titulares de otras instalaciones nucleares? Los economistas concluyen que efectivamente esa decisión «va más allá del análisis económico y financiero. Necesita del consenso social para decidir qué hacemos con nuestras centrales nucleares. Y desde luego debe ser discutido a fondo en el modelo de transición energética por el que se apueste».

Fuente: elperiodicodelanergia

Así se “entierran” los residuos radiactivos: cómo son los cementerios nucleares por dentro

Nadie los quiere, pero son necesarios para mantener este sistema demencial. Los cementerios nucleares son aquellos refugios donde almacenar y guardar residuos radiactivos, aquellos compuestos que por su naturaleza o por haber estado expuestos a una alta radiación siguen siendo peligrosos durante una gran cantidad de años. ¿Qué hacer entonces con estos residuos radiactivos? Esconderlos y guardarlos, bien hasta que se desintegren o hasta que se encuentre una mejor solución.

Los distintos cementerios nucleares se dividen en distintas categoría, en función de sus niveles de radiactividad. Y es que dentro de esos bidones amarillos que todos solemos relacionar con la energía nuclear, puede haber desde material relacionado con la fisión como uranio o plutonio, pero también cualquier material contaminado, sea ropa, ordenadores o simplemente agua.

Qué se hace con los residuos radiactivos para que no contaminen

     Mapa de un cementerio nuclear de bajo nivel.

Algunos residuos de baja y media actividad, como la ropa y las herramientas utilizadas en el mantenimiento de las centrales, se diluyen y eliminan con el tiempo. Otros son sometidos a tratamientos para intentar separar los elementos radiactivos. El resto se introducen en bidones de acero y se solidifican con alquitrán o cemento para ser almacenados hasta que el periodo radiactivo finaliza. Habitualmente menos de 30 años.

Sin embargo también hay residuos de alta actividad, normalmente aquellos generados con el combustible gastado. En este caso se intentan almacenar en la propia central hasta ser transportados en contenedores de metal resistentes a la corrosión. Es aquí donde entran los cementerios nucleares, que no dejan de ser refugios aislados donde guardar estos desechos.

Podemos diferenciar los cementerios nucleares en dos tipos: los temporales, ubicados en almacenes e instalaciones y los que se conocen como repositorios geológicos profundos, ubicados en zonas estables, aisladas de terremotos y lejos de la superficie. Auténticas galerías selladas para que estos residuos no estén en contacto con el hombre.

El Cabril, el único cementerio nuclear en España

Contenedores de hormigón fabricados a prueba de terremotos. Imagen de Xataka Ciencia.

El único cementerio nuclear español está preparado para materiales de baja y media actividad. Se trata de El Cabril, ubicado en Hornachuelos. El contenido es básicamente bidones de las centrales nucleares, con un tercio de material radiactivo y dos tercios de cemento. Todo este material se ubica en el complejo, que anteriormente era una vieja mina de uranio.

Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) es la encargada de su funcionamiento. El Cabril dispone además de oficinas, laboratorios, una incineradora, una piscina de agua y un depósito ciego para posibles filtraciones. Se trata de un centro muy preparado, pero hoy en día está cerca del máximo de su capacidad.

Sin embargo hay bastante polémica con la ampliación del recinto. “El cementerio nuclear del Cabril nunca debería haberse construido porque está en el sur de la Península Ibérica. Está muy alejado de la mayoría de instalaciones nucleares y radiactivas”, afirma Paco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción. En su lugar, desde finales de 2011 se eligió el municipio de Villar de Cañas para albergar un nuevo ATC (Almacén Temporal Centralizado). Sin embargo las reticencias de la población y la poca determinación del Gobierno ha provocado que se estén barajando otras opciones.

 Interior de celda de almacenamiento. Imagen de Enresa.

La zona de almacenamiento de residuos está formada por dos plataformas: la zona norte con 16 celdas y la sur con 12. Estas celdas se alinean en dos plataformas con sendos pasillos interiores. Los camiones que contienen los desechos se detienen a la entrada y con un sistema de grúas se colocan los residuos encima de cada celda.

Una vez completas, cada celda es capaz de almacenar 320 contenedores, se recubren de hormigón. Y una vez se complete el conjunto, se recubrirá de una capa de material impermeable de dos metros de grosor. El resultado final acabará siendo una pequeña colina sobre la que se plantará vegetación.

Un profundo cementerio nuclear para los residuos militares de los EE.UU

Poco o nada tiene que ver el diseño de WIPP, la Planta Piloto para Aislamiento de Residuos que el departamento de energía de los EE.UU construyó a 32 kilómetros de Carlsbad, Nuevo México. Tras el cierre del cementerio de Yucca Mountain, estamos ante uno de los mayores cementerios nucleares y un perfecto ejemplo de lo que supone un repositorio geológico profundo.

WIPP, en Nuevo México, ha sido construido sobre un terreno estable durante los últimos 200 millones de años.

Se trata de un complejo de galerías ubicado en un terreno salino y entre 500 y 1000 metros de profundidad, en una zona que geológicamente se ha mantenido estable durante mucho tiempo. El repositorio comenzó a recibir desechos en 1999 y se prevé que continúe recibiendo residuos hasta 2070.

Esta solución, la de almacenar los residuos en profundas galerías, constituye la solución más segura para el ser humano, ya que se aprovecha la estabilidad de las formaciones geológicas. Porque dentro de mucho tiempo la instalación puede dejar de funcionar, pero los residuos seguirían bien almacenados sin poner en peligro al exterior.

Otros cementerios nucleares por todo el mundo

 Contenedores en las instalaciones de Zwilag, en Würenlingen (Suiza).

Países como Francia o Bélgica poseen también sus propios cementerios nucleares, en este caso almacenes temporales para mantener aislados los residuos hasta 300 años. También Suiza cuenta con su almacén, ubicado en Würenlingen y construido en 2004 para guardar residuos de bajo y medio nivel, como en el caso de España. A diferencia de El Cabril, la de Suiza es bastante más grande y tiene espacio para hasta 200 celdas.

Finlandia también tiene su cementerio nuclear, en este caso uno para residuos de gran actividad. Se trata de la construcción de Onkalo, cueva en finés, una galería a la que se accede a través de un túnel de 420 metros de profundidad. Hasta 1996, en Finlandia se enviaba a Rusia el material radiactivo, seguidamente se utilizaron dos almacenes temporales, pero a partir de 2020 se enviará a Onkalo, situado en la península de Olkiluoto. Y allí deberían quedarse durante 100.000 años.

 Entrada al túnel de acceso del cementerio de residuos, en Finlandia. Imagen de Posiva Ltd.

La antigüedad de la cueva es su principal arma. Se trata de una de las formaciones geológicas más antiguas de Europa, un lecho de roca, rodeada de arcilla de bentonita dentro de un pozo perforado en granito. Una barrera natural resistente al agua y que no reacciona a las oscilaciones de temperatura. El coste total estimado de la instalación es de 3.000 millones de euros.

Fuente: Xataka

Los ayuntamientos próximos a las nucleares intentan mantener los apoyos de la Administración que ha pagado 580 millones de subvenciones desde 1989.


Los municipios nucleares eligen nueva dirección en pleno cierre de centrales

En España hay 60 municipios situados a menos de 10 kilómetros de una central nuclear. Desde 1990, están agrupados en la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC). Los municipios, con una población de unos 40.000 habitantes, viven uno de sus momentos más delicados. El Gobierno y las eléctricas han pactado el cierre escalonado de las siete plantas nucleares en funcionamiento hasta 2035 y los ayuntamientos temen por su futuro. En ese contexto, AMAC va a abrir el 1 de septiembre el proceso de renovación de su dirección, lo que incluye el cambio en la presidencia y la vicepresidencia y la ratificación de 22 miembros de la directiva en una asamblea prevista para el 18 de septiembre en Madrid.

La renovación afectará, después de cuatro años de mandato, a la actual presidenta de AMAC, Raquel González (PP), alcaldesa del Valle de Tobalina (Burgos, zona de la central de Garoña) y a la vicepresidenta y alcaldesa de Hornachuelos (Córdoba), Maria del Pilar Hinojosa, independiente. Fuentes de la asociación destacan que no se trata de un proceso de renovación marcado por la política, sino por los intereses comunes.

El fundamental de esos intereses es gestionar de la mejor manera posible el proceso de cierre de instalaciones y, sobre todo, asegurar que el flujo de las ayudas hacia los ayuntamientos no se interrumpe de forma abrupta. Los ánimos están encendidos porque la combinación de anuncios de cierres de nucleares, proyectos que sólo existen en el papel y ausencia de un Gobierno capaz de llevar las promesas al BOE alimenta la desconfianza.

25 años de ayudas

Los municipios no lo ven claro. Quieren que el flujo de fondos que han recibido desde hace 25 años no se corte. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha pagado al centenar de ayuntamientos cercanos a las centrales nucleares (los situados en torno a 20 kilómetros) más de 580 millones de euros entre 1989 y 2018, según datos oficiales de la empresa pública. Quieren atarlos con planes alternativos de desarrollo económico rubricados por el Gobierno. Y eso es lo que está en el aire.

El Ejecutivo, ahora en funciones, ha ofrecido una vía para facilitar la llegada de renovables a los emplazamientos de las nucleares. Lo hizo en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Según el documento, las grandes compañías que cierren centrales contaminantes -ya sea de carbón, de gas o nucleares- tendrán derecho a conservar los derechos de acceso a la red eléctrica para sustituirlas por energías renovables. El problema es que el anteproyecto sólo es una declaración de intenciones. El exgerente y asesor de AMAC Mariano Vila sostiene que en la relación con el Gobierno “está todo parado, hasta tal punto que reuniones previstas en julio no se han celebrado“.

La inquietud de los ayuntamientos es lógica porque muchos de ellos dependen de las ayudas que reciben de la empresa pública Enresa para mantener sus presupuestos. Todos los municipios que reciben ayudas temen acabar como el de Almonacid de Zorita (750 habitantes, a 70 kilómetros de Guadalajara), que albergó la primera central nuclear española -José Cabrera- en proceso de desmantelamiento desde 2010. Según AMAC, “ninguna administración pública, ni el Estado, ni la Comunidad Autónoma, ni la Diputación provincial se han preocupado ni implicado en el futuro de los ciudadanos de los municipios de la zona“.

La Orden Ministerial más reciente sobre las ayudas a los municipios nucleares es del 11 de marzo de 2015. Sustituyó a la más antigua de julio de 1998 y regula las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos que data de 2006. la Orden recogió un somero examen de lo logrado con el dinero entregado a los ayuntamientos desde el inicio, a finales de los años 80. No es muy optimista.

Según recoge la norma “transcurridos 25 años desde el origen de este tipo de ayudas”, Industria constata que los municipios “aún mantienen una marcada dependencia económica de las nucleares”, debido “a la baja incidencia” que estas ayudas han tenido en su desarrollo por su “escasa” aplicación a proyectos de inversión para generar economías alternativas. El apagón nuclear no supondrá el fin inmediato de las subvenciones -cobran por aceptar los residuos en sus proximidades y los residuos seguirán ahí durante tiempo-, pero sí exigirá un examen de los conceptos y los resultados obtenidos.

Los municipios no cobran todos lo mismo, pero para todos, las ayudas que reciben cada año de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y de otras áreas de la Administración como el Ministerio de Interior, son más que una tabla de salvación del presupuesto anual. En muchos casos, permiten a sus habitantes disponer de servicios y atenciones impensables en otras localidades.

Fuente:   lainformacion.com

El Gobierno autoriza la construcción del almacén nuclear de Cofrentes

 El Ministerio de Transición Ecológica ha concedido la declaración de impacto ambiental para construir esta infraestructura. Se trata del último gran obstáculo que Iberdrola, empresa que gestiona el complejo, tenía que salvar para poner en marcha el proyecto.

La declaración de impacto ambiental permite que las obras de la instalación para los residuos puedan empezar este verano

Pistoletazo de salida al almacén temporal individualizado (ATI) de la central nuclear de Cofrentes.
Tras este requisito, la construcción del almacén está pendiente de una serie de autorizaciones menores de forma que las obras podrán comenzar en breve, posiblemente a lo largo del verano, según explicaron fuentes de la central. En cualquier se cumplirán los plazos que maneja la empresa para que el ATI esté operativo en 2021. Es en esta fecha cuando las piscinas en las que actualmente se almacena el combustible utilizado se colmatarán.

El proyecto supone una inversión cercana a los cuatro millones de euros e implica la construcción de un edificio exento y se contempla como solución intermedia hasta que esté concluido un almacén temporal centralizado (ATC) de todos los residuos nucleares españoles.

La previsión es que el recinto esté operativo en 2021, a los 40 años de vida de la central

La construcción del almacén cierra las dudas sobre la continuidad de la central de Cofrentes durante varios años más hasta el horizonte de 2030, tal y como pactaron las compañías eléctricas propietarias del parque nuclear español y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La legislación establece que en una primera fase el combustible se almacene en las piscinas construidos en la propia central. Lo deseable es que este combustible ya utilizado se remita a un almacén centralizado construido en un lugar geológicamente estable. Este proyecto ha quedado sin fecha después de que el Gobierno haya la paralizado el ATC de Villar de las Cañas.

Diversas centrales españolas, como Trillo, Ascó o Almaraz entre otras, ya cuentan con una infraestructura como la que se va a construir en Cofrentes como solución provisional. El almacén estará situado en una zona próxima a las torres de refrigeración y a unos 1.300 metros del municipio.

El ATI constará de una zona de almacenamiento que contendrá dos losas sísmicas de hormigón armado sobre las que se dispondrán los contenedores de almacenamiento en seco del combustible gastado y de otra área de maniobras con las instalaciones auxiliares de la central. En cada losa se podrán almacenar a la intemperie hasta 12 contenedores con lo que el ATI tendrá una capacidad total de 24 contenedores. Para la construcción se ha tenido en cuenta el punto más elevado de inundabilidad (367,41 metros) por lo que se situará en la cota de los 370 metros. Las dimensiones de toda el área será de 56×75 metros.

En la documentación se evalúa los riesgos a los que se puede enfrentar el ATI así como las medidas correctoras impuestas. La declaración señala que el almacén está resguardo de cualquier inundación, ya que está construido sobre el punto de riesgo más elevado.

También se han tenido en cuenta la posibilidad de que haya un terremoto así como de un incendio. Entre las otras variables que se han considerado se encuentra la del impacto de un rayo en las instalaciones.

La construcción de esta instalación ha suscitado la polémica en ciertos sectores. Incluso desde la Conselleria de Medio Ambiente se llegó a presentar una serie de alegaciones técnicas y manifestó su oposición al proyecto, aunque reconociendo que carecía de competencias.

El portavoz de la plataforma Tanquem Cofrentes manifestó ayer su posición a la construcción de esta instalación y aseguró que continuarán presionando hasta que se cierre la central. También criticó la falta de transparencia con la que el Ejecutivo central ha actuado.

Fuente:  lasprovincias,es

Así trajo Franco a España las centrales nucleares. ¿Se llevará también sus resíduos?

El reactor nuclear camino de la central nuclear de Zorita, en 1968 - ABC

El reactor nuclear camino de la central nuclear de Zorita, en 1968 – ABC

La medida fue anunciada por el ministro de Industria Joaquín Planell en 1957, cuatro meses antes de que se produjera el primer accidente nuclear grave de la historia en la URSS

Tan solo faltaban cuatro meses para que se produjera el primer accidente nuclear grave de la historia –el de la central soviética de Mayak, en los Urales, en septiembre de 1957–, cuando el ministro de Industria franquista, Joaquín Planell, anunció que «el Gobierno español va a acometer sin vacilaciones el establecimiento de centrales eléctricas nucleares para completar de manera paulatina a las hidráulicas y térmicas de tipo convencional». La noticia se publicaba en ABC el 23 de mayo, en un momento todavía delicado de cara a la opinión pública, puesto que este tipo de energía aún se asociaba a las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945.

El Caudillo jamás llegaría a tener noticia de dicho accidente cerca de la población de Kyshtym. Se produjo al explosionar un tanque subterráneo de almacenamiento lleno de residuos de plutonio en la planta de Mayak, considerado todavía hoy el tercer peor desastre nuclear de la historia, después de Chernóbil (1986) y Fukushima (2011). Quién sabe si el Gobierno español habría cambiado de opinión con respecto a nuestro desarrollo nuclear si hubiera trascendido aquella catástrofe que provocó una enorme nube radioactiva que se extendió cientos de kilómetros, que afectó a más de 250.000 personas y que provocó evacuaciones de población a gran escala. Sin embargo, el régimen comunista consiguió mantenerlo oculto hasta mediados de la década de los 70, cuando Franco ya había muerto.

Es probable que todo hubiera seguido su curso tal y como lo hizo, porque ya en 1952 se había producido otro accidente en la planta de Chalk River, en Ottawa (Canadá), tras fundirse parcialmente el núcleo, sin que se produjeran daños personales. Como prueba, baste mencionar que un joven Jimmy Carter participó en la limpieza de este y vivió durante décadas hasta convertirse en el presidente de Estados Unidos en 1977.

Como todavía no se conocían las malas noticias (ni las buenas) con respecto a la energía nuclear, en febrero de 1957, tres meses antes del anuncio de Planell, Franco creó la Dirección General de Energía Nuclear dependiente del Ministerio de Industria. «Durante 1958 se habrá adquirido suficiente experiencia para decidir, con seguridad, el tipo de reactores más convenientes para España. Y es muy probable que en 1959 se suscriban los contratos para la construcción de las primeras centrales, las cuales entrarán en servicio en 1952», informaba también este periódico.

Desde 1948

Esta idea se venía fraguando en el régimen franquista desde una década antes. El objetivo era solucionar los problemas energéticos que padecía España desde hacía tiempo, sobre todo, tras los estragos que había sufrido el país durante la Guerra Civil y, más tarde, para hacer frente al suministro que necesitaba debido al crecimiento de la población después de la posguerra. Una tendencia que iba en consonancia con la de las principales potencias del mundo, que tras la Segunda Guerra Mundial se lanzaron a la búsqueda del aprovechamiento de la energía nuclear e inauguraron las primeras centrales: Óbninsk, en la URSS (1954), Calder Hall, en Gran Bretaña (1956), y Shippingport, en Estados Unidos (1957). La primera piedra de esta última fue colocada por el presidente Dwight D. Eisenhower.

El proyecto en España partió concretamente del científico José María Otero de Navascués, que en 1948 presentó un informe al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el que aconsejaba que se iniciaran las investigaciones sobre la energía nuclear. Muy lejos quedaban todavía los terribles accidentes de Three Mile Island (Pensilvania, Estados Unidos), en 1979 y Chernóbil, convertido estos días en todo un fenómeno cultural gracias a la serie de HBO. Como recordaría años más tarde el mismo Navascués en el diario «Arriba», Franco tuvo «la previsión de comprender el enorme potencial del empleo pacífico de la energía nuclear y lo que esto podía representar en la solución de los problemas energéticos de nuestro país».

Como consecuencia de ello, ese mismo año de 1948 se creó una Comisión de Estudios. Era la primera semilla para la construcción de centrales nucleares en España, que comenzaría en 1965 con la de Zorita (en servicio desde 1968), en Guadalajara. Después continuó con otras nueve, de las cuales actualmente solo funcionan siete: Garoña (en servicio desde 1971), Almaraz I (1981), Ascó I (1983), Almaraz II (1983), Cofrentes (1984), Ascó II (1985), Valdellós (1987) y Trillo (1988). Las mismas cuya seguridad fue puesta en duda a raíz de la fuga radiactiva de Fukushima, en 2011, tras el terremoto y posterior tsunami que azotó Japón: «El debate siempre está vigente en el caso de la utilización de la energía nuclear y ahora es más necesario», declaró la entonces ministra de Economía, Elena Salgado.

«Átomos para la paz»

Hasta llegar aquí, el camino no fue nada fácil. España tardó dos décadas desde que Navascues presentó la idea hasta que Zorita se puso en funcionamiento. Y es que, durante esos años, la energía nuclear estuvo asociada a la destrucción de Hiroshima y Nagasaki y a los programas armamentísticos de las principales potencias. Aquel fue su pecado original y su maldición, y en el Pardo no estaban dispuestos a despertar los fantasmas de la guerra de nuevo, aunque fuera solo por los daños que podía provocar la energía atómica, tal y como habían visto en Japón.

Franco esperó a 1951 para crear también la Junta de Energía Nuclear (JEN), que se se encargaría de investigar y asesorar al Gobierno en todo lo relacionado con este campo tan polémico. Y, además, se convirtió en la responsable de la seguridad, la protección radiológica y la formación del personal que trabajaría en las futuras centrales.

La fecha clave en este proceso fue, sin duda, el 8 de diciembre de 1953. Ese fue el día en que Eisenhower pronunció su histórico discurso « Átomos para la paz», en el que defendía el uso de la energía atómica con fines pacíficos y no militares. «El fin sería ayudar a solucionar el espantoso dilema atómico, a dedicarse en cuerpo y alma a encontrar el camino por el cual la milagrosa inventiva humana no sea dedicada a la muerte, si no a consagrar la vida», explicó el presidente de Estados Unidos.

Como gesto de buena voluntad, la Casa Blanca desclasificaba poco después gran parte de la información científica y tecnológica recabada por Estados Unidos. Hasta ese momento había sido empleada, únicamente, con fines militares. Y en 1955 firmaba un acuerdo de cooperación nuclear con España, según el cual Franco recibiría su primer reactor, el mismo que formaría parte de la central de Zorita [en la imagen], así como uranio enriquecido imprescindible para el funcionamiento de la planta.

Zorita, nuestra primera central

Para España el desarrollo nuclear se convirtió en ese momento en una posibilidad real. Tanto que, en 1958, conseguimos desintegrar por primera vez un átomo. «Lo hemos hecho a pocos metros de la Puerta del Sol: en el reactor atómico experimental de la Moncloa», contaba este diario, que calificó el logro como «la culminación de la estrecha colaboración existente entre la Junta de Energía Nuclear y la General Electric Company con el programa “Átomos para la paz”».

España inauguró la central de Zorita, llamada José Cabrera, en plena época del desarrollismo franquista. Comenzó a funcionar 14 años después de que lo hiciera la central de Obninsk. «Esto abre las puertas a una nueva época de continuado y creciente suministro de energía […]. Se encuentra en plenas condiciones de eficiencia y seguridad […]. Los técnicos y empleados viven con sus familiares, en un confortable poblado y una hermosa residencia, a pocos centenares de metros», contaba ABC el día de su puesta en funcionamiento, el 13 de diciembre de 1968. Un acto en el que el entonces ministro de Industria, Gregorio López Bravo, y Franco informaron, además, del avanzado estado de construcción de otras dos centrales: Santa María de la Garoña (Burgos) y Vandellós (Tarragona).

El dictador pronto tuvo que intercalar durante un tiempo la inauguración de todas estas centrales nucleares con la puesta en funcionamiento de otras presas y centrales térmicas. El régimen fue, efectivamente, solventando poco a poco la creciente demanda de electricidad. En 1975, España ya era en la séptima potencia nuclear del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania Federal, Unión Soviética y Francia. Un año en el que también comenzaban las primeras protestas de los movimientos antinucleares, bajo el argumento de que esa energía era muy peligrosa, cara y, sobre todo, contaminante.

Un ejemplo de esta disconformidad se produjo tras la catástrofe de Chernóbil, que tuvo consecuencias en el campo de la ciencia, la tecnología, la medicina, el medioambiente y la política para todo el mundo. En España tuvieron más repercusión aún cuando se produjo el accidente en la central tarraconense de Vandellós I, en octubre de 1989, tras el incendio que ocasionó importantes disfunciones en diversos sistemas necesarios para garantizar la refrigeración del reactor. Un noche horrible que llevó a muchos vecinos de las poblaciones cercanas a abandonar sus casas. «¿Son las centrales nucleares un peligro, como se afirma a veces… o es un estado de psicosis colectiva por falta de una información adecuada?», se preguntaba el diario «Informaciones», el 20 de junio de 1975.

 

Fuente: ABC

El plan de Sánchez para cerrar el parque nuclear en 2035 no resta votos al PSOE


Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para cerrar el parque nuclear entre los años 2025 y 2035 no han hecho mella en los votos hacia los socialistas en las zonas donde se localizan las instalaciones. El PP resiste en algunos municipios nucleares como los del Valle de Tobalina (central de Garoña); Villar de Cañas (Cuenca, sede del ATC nuclear); Almonacid de Zorita (Guadalajara) o Retortillo (Palencia), donde la empresa australiana Berkeley promueve una explotación de uranio.

Pero la formación de Pablo Casado ha perdido posiciones en Vandellós (Tarragona), a favor de ERC y el PSOE o en Cofrentes (Valencia), donde ha crecido el voto a Ciudadanos y a los socialistas. En Almaraz (Cáceres), el PSOE ha subido en porcentaje de voto del 26% al 28% y se convierte en la primera fuerza política mientras el PP ha perdido la mitad del voto.

Las localidades más cercanas a las instalaciones nucleares no han castigado al Gobierno del PSOE, aunque la verdadera prueba llegará en las elecciones municipales del 26 de mayo. En las elecciones locales se verá hasta dónde ha llegado la inquietud de los más de 100 municipios que cobran ayudas por estar próximos a las centrales o a instalaciones de almacenamiento de residuos.

Más de 500 millones

El apagón nuclear que se anuncia no supondrá el fin inmediato de las subvenciones -cobran por aceptar los residuos en sus proximidades y los residuos seguirán ahí durante tiempo-, pero sí exigirá un examen de los conceptos y los resultados obtenidos. En los últimos 25 años los municipios situados en torno a las centrales han recibido más de 500 millones, impuestos al margen, según datos de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC).

Los municipios no cobran todos lo mismo, pero para todos, las ayudas que reciben cada año de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y de otras áreas de la Administración como el Ministerio de Interior, son más que una tabla de salvación del presupuesto anual. En muchos casos, permiten a sus habitantes disponer de servicios y atenciones impensables en otras localidades. Las ayudas se empezaron a repartir hace casi 30 años.

Los ayuntamientos que albergan centrales nucleares, agrupados en AMAC, creen que su cierre no tiene ninguna justificación. Consideran que sólo responde a una voluntad política. Por ello, defienden que sigan funcionando siempre que se garanticen todas las condiciones de seguridad, y si por motivos de gestión de residuos se hiciera insostenible la continuidad de su funcionamiento, exigen garantías reales para el futuro de las zonas.

Cierre escalonado

El Plan de Energía y Clima que el Ministerio de Transición Ecológica aprobado por el Gobierno Sánchez contempla un cierre escalonado de las instalaciones hasta el año 2035. Todas las centrales cumplen los 40 años entre 2023 y 2028, lo que quiere decir que algunas de ellas superarán esa edad en el momento del cierre. El acuerdo pactado con muchas dificultades entre las compañías eléctricas y la empresa pública Enresa prevé que el cierre comience en 2027, con Almaraz I. Terminará en septiembre de 2035, con la clausura de Trilllo.

El nuevo Gobierno que previsiblemente formará Sánchez tendrá que decidir qué sucede con el almacén temporal centralizado (ATC) de Villar Cañas, hoy paralizado, y si mantiene la idea de frenar el proyecto de la compañía minera australiana Berkeley en Salamanca. En todo el proceso será crucial el papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recién renovado.

Sólo en el proyecto paralizado del almacén nuclear de Cuenca el CSN ha empleado 49.000 horas de sus técnicos. Tras cinco años, el ATC de Cuenca, paralizado, sólo cuenta con un informe favorable de emplazamiento del Consejo-son necesarios tres- y carece de declaración de impacto ambiental. La sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares, Enresa, sí concreta en sus informes lo que ha costado hasta ahora el proyecto fallido. Desde el año 2012, Enresa ha pagado o comprometido 42,8 millones de euros.

Fuente : Lainformacion

El Gobierno calcula que el desmantelamiento de Garoña tardará “unos 8 o 10 años”

El almacén para guardar el combustible radiactivo ha conseguido la licencia y está a la espera de ponerse en marcha

Es la primera vez que el Gobierno de España se pronuncia oficialmente sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. Lo ha hecho algo más de un año después de que se anunciara su cierre y después de filtraciones que apuntan a que ese desmantelamiento arrancará en 2019. Y en esa primera información oficial -a través de una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos- el Gobierno augura que el proceso de desmantelamiento tardará “unos 8 o 10 años”, aunque matiza que “hay que tener en cuenta que cada central es diferente”.

Esto significa que, si se cumplen las previsiones y el desmantelamiento arranca en 2019, el final definitivo de Garoña no habrá llegado antes de 2026. Aunque los residuos radiactivos se quedarán allí y no se sabe por cuánto tiempo.

En la información enviada al Congreso de los Diputados, el Gobierno confirma que Garoña ha conseguido ya la licencia del Almacén Temporal Individualizado en el que se van a depositar el combustible nuclear utilizado hasta ahora. Son las famosas barras de de combustible que ahora mismo están en la piscina de la central y que se trasladarán a ese almacén a cielo abierto.

“Se trata de una instalación al aire libre, similar a la existente en Zorita que albergará en contenedores especiales todo el combustible gastado durante los años de la operación de la central”, explica el Gobierno. Este almacén está “a la espera de iniciar su explotación”. Iberdrola y Endesa, propietarias de la central, anunciaron que ese traslado de residuos podría iniciarse en el segundo semestre de 2019.

Es decir, Garoña pasará de ser una central nuclear a un almacén de residuos radiactivos. Al menos mientras no se consiga poner en marcha un almacén centralizado para toda España. El Gobierno aprobó en 2011 abrir esa instalación en Villar de Cañas (Cuenca) pero en julio paralizó los permisos

El combustible nuclear, por tanto, se quedará en Garoña pero otros residuos menos radiactivos -los de muy baja a media de actividad, aquellos en los que la contaminación dura menos de 30 años- “se trasladarán al centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba”.

El Gobierno aclara además que desde el momento en el que la central paró su actividad, “los técnicos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y los de la instalación iniciaron los contactos tendentes a conocer las condiciones en que se abordaría el desmantelamiento”.

Fuente: cadenaser