El Gobierno calcula que el desmantelamiento de Garoña tardará “unos 8 o 10 años”

El almacén para guardar el combustible radiactivo ha conseguido la licencia y está a la espera de ponerse en marcha

Es la primera vez que el Gobierno de España se pronuncia oficialmente sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. Lo ha hecho algo más de un año después de que se anunciara su cierre y después de filtraciones que apuntan a que ese desmantelamiento arrancará en 2019. Y en esa primera información oficial -a través de una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos- el Gobierno augura que el proceso de desmantelamiento tardará “unos 8 o 10 años”, aunque matiza que “hay que tener en cuenta que cada central es diferente”.

Esto significa que, si se cumplen las previsiones y el desmantelamiento arranca en 2019, el final definitivo de Garoña no habrá llegado antes de 2026. Aunque los residuos radiactivos se quedarán allí y no se sabe por cuánto tiempo.

En la información enviada al Congreso de los Diputados, el Gobierno confirma que Garoña ha conseguido ya la licencia del Almacén Temporal Individualizado en el que se van a depositar el combustible nuclear utilizado hasta ahora. Son las famosas barras de de combustible que ahora mismo están en la piscina de la central y que se trasladarán a ese almacén a cielo abierto.

“Se trata de una instalación al aire libre, similar a la existente en Zorita que albergará en contenedores especiales todo el combustible gastado durante los años de la operación de la central”, explica el Gobierno. Este almacén está “a la espera de iniciar su explotación”. Iberdrola y Endesa, propietarias de la central, anunciaron que ese traslado de residuos podría iniciarse en el segundo semestre de 2019.

Es decir, Garoña pasará de ser una central nuclear a un almacén de residuos radiactivos. Al menos mientras no se consiga poner en marcha un almacén centralizado para toda España. El Gobierno aprobó en 2011 abrir esa instalación en Villar de Cañas (Cuenca) pero en julio paralizó los permisos

El combustible nuclear, por tanto, se quedará en Garoña pero otros residuos menos radiactivos -los de muy baja a media de actividad, aquellos en los que la contaminación dura menos de 30 años- “se trasladarán al centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba”.

El Gobierno aclara además que desde el momento en el que la central paró su actividad, “los técnicos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y los de la instalación iniciaron los contactos tendentes a conocer las condiciones en que se abordaría el desmantelamiento”.

Fuente: cadenaser

ENRESA investiga cómo se filtró agua de lluvia en una celda de El Cabril

 

Enresa asegura que el agua filtrada en una celda de El Cabril no requiere actuar

El hallazgo de esta anomalía se produjo en una comprobación periódica de la cantidad de agua acumulada en los depósitos de agua de lixiviados de la celda 29, hecha en diciembre de 2017.

Enresa, la empresa nacional que gestiona el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad de El Cabril, ha asegurado que el agua filtrada en una celda (la 29) no requiere ninguna actuación y que los análisis efectuados han descartado “totalmente cualquier riesgo radiológico”.

En un comunicado, Enresa explica que el diseño de las celdas destinadas al almacenamiento de residuos de muy baja actividad “contempla la posible entrada y recogida de aguas procedentes de infiltraciones, lluvias o condensaciones producidas en las propias celdas”. Por este motivo, añade la empresa, “cada celda incorpora una red de recogida de lixiviados que conduce dichas aguas hasta un depósito final de control, permitiendo de esta forma la vigilancia y control de las mismas”.

La empresa recuerda que la filtración se produjo en diciembre del 2017, durante las obras de cierre de la sección en la que se encuentra la celda 29, cuando las cubiertas de protección se habían desmontado para iniciar el proceso de cierre definitivo. En las labores de vigilancia se observó que el agua recogida en los depósitos de control “era superior a la cantidad media establecida”, y por ello se analizó para conocer su origen, estableciéndose que procedía de la lluvia y que no existía riesgo.

En marzo pasado se finalizó el proceso de cierre, “sin que desde entonces se hayan detectado cantidades de agua superiores a la media especificada”, concluye el comunicado.

Información sobre la filtración de agua

El coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, ha informado hoy de que pedirá a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía información sobre la filtración de agua de lluvia en una de las celdas de almacenamiento del cementerio de El Cabril en Hornachuelos (Córdoba), según refleja un informa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde se ha reunido con trabajadores del Infoca, Maíllo ha mostrado su “preocupación” por el informe del CSN y su contenido, y ha adelantado que IU pedirá información sobre “cómo se ha podido producir esa filtración y cómo no se han activado mecanismos de seguridad y de prevención, sobre un hecho que ocurrió en diciembre de 2017”.

A su juicio, el hecho de que se haya producido una filtración en una celda que se supone debe estar “absolutamente blindada”, lanza un mensaje de falta “de previsión o de blindaje”.

Filtración no contemplada en el protocolo de seguridad

“Si se produce una filtración hacia dentro, también se puede producir hacia afuera”, ha sugerido el coordinador andaluz de IU, quien ha considerado este hecho como “muy grave” al ser una “filtración que no se contemplaba” en el protocolo de seguridad.

El informe del CSN que se entrega anualmente al Congreso de los Diputados refleja que los análisis realizados hasta el momento descartan el riesgo, dado que “los resultados obtenidos son inferiores al límite inferior de detección”.

Panorámica del ATC de El Cabril, en CórdobaEvolución de la población de Hornachelos (Córdoba)

Fuente: EFEverde y diariocordoba

 

La trama nuclear de Cuenca. ¿A quién le interesa el basurero radiactivo?

El PP es el único partido que apoya la construcción del ATC en Villar de Cañas

Construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar los residuos radiactivos de toda España (y algo de Europa) en la localidad conquense de Villar de Cañas costaría cerca de 3.000 millones de euros (proyecto, 1.000; explotación, 1.000; clausura, 150; impuesto ecológico, 400; asignaciones ayuntamientos, 300 millones de euros…), mientras que los Almacenes Temporales Individuales (ATI) no llegarían a los 2.800, con la salvedad de que éstos son ya un hecho. Ya hay tres construidos (Trillo, Zorita y Ascó) y en breve se edificarán el resto, con la ventaja de que se ubican en el mismo lugar donde se encuentran las centrales nucleares existentes, evitando, lo que es más importante, el peligro del transporte por carretera que supondría desplazar toda esa basura nuclear desde Cataluña, Valencia o Extremadura a Castilla-La Mancha. ¿Para qué sirve un ATC teniendo los ATI?

¿A quién, entonces, le interesa construir un basurero radiactivo, que nadie quiere y que todas las comunidades autónomas rechazan porque no aportaría ninguna riqueza añadida a la zona, salvo las compensaciones que recibirían los ayuntamientos próximos a la instalación? La respuesta es clara, sólo al Partido Popular y, concretamente, a los “populares” de Castilla-La Mancha liderados por María Dolores de Cospedal, responsable directa de que el Gobierno de Mariano Rajoy eligiera la localidad conquense de Villar de Cañas para situar el estercolero nuclear.

Y fue en su primer Consejo de Ministros, diciembre de 2011, cuando el recién nombrado Ejecutivo presidido por Rajoy eligió Villar de Cañas para el ATC. La sorpresa fue mayúscula: la cuarta opción barajada era finalmente la elegida, máxime si meses antes la entonces presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había dicho que “ni en ningún pueblo, ni en ninguna provincia” quería el ATC, porque esta comunidad “ya había sido muy solidaria en materia nuclear (sic)”. ¿Qué le hizo cambiar de idea?

Un negocio de mil millones controlado por Cospedal

Para la Plataforma contra el ATC de Villar de Cañas está claro: Sólo la construcción del basurero radiactivo movía cerca de mil millones de euros, que el ministro de Industria de aquel entonces, José Manuel Soria, prometió a Cospedal su control directo. Tanto es así, que la exsecretaria general del PP colocó en la presidencia de Enresa, organismo para la gestión de los residuos radiactivos, a una de las personas menos conocedora de la energía nuclear, pero de su confianza máxima, Francisco Gil-Ortega, que para desgracia de Cospedal meses más tarde tuvo que dimitir de la presidencia de  esta empresa pública por ciertas anomalías contables y dudosas facturas.

Las “desgracias” de Cospedal se sucedieron cuando su valedor en el basurero nuclear e íntimo amigo José Manuel Soria también tuvo que dimitir acuciado por el escándalo de los “Papeles de Panamá”, aunque siendo alcalde de Las Palmas otros casos de supuesta corrupción urbanística lo tuvieron en el disparadero político.

Por otra parte, y como no podía ser menos, algunas de las empresas que hicieron negocio con Enresa contaban con el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, en su consejo de administración, como es el caso de Iberinco, que se llevó decenas de millones de euros en contratos, como denunció en su día la Plataforma anti ATC.

El alcalde y la secretaria

Pero dentro de toda esta trama nuclear conquense destacan dos extraños personajes que han defendido con uñas y dientes el ATC, incluso uno de ellos con graves insultos contra los detractores del basurero nuclear, como son el alcalde del PP de Villar de Cañas, José María Saiz, y la secretaria del ayuntamiento, Carmen Barco, verdadera artífice de que la localidad optara a la triste candidatura de convertirse en el basurero radiactivo de Europa. Eso sí, el alcalde habló rápidamente de que al pueblo “le había tocado la lotería”. ¿A quién le tocó la lotería? Eso queda todavía por investigar, puesto que el regidor Saiz tiene todavía muchas cosas que aclarar sobre el urbanismo del pueblo y las licencias de construcción.

Sin embargo  “la sombra alargada” de Carmen Barco, erigida en “portavoz” pro cementerio nuclear que, incluso, hacía callar al alcalde e insultaba a la oposición en las sesiones plenarias (ver video), como publicó ELPLURAL.COM en noviembre de 2014, tuteló hasta hace unos meses todo el proceso y ahora, según fuentes del PP consultadas por esta redacción, “está muy preocupada, yo diría que deprimida, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya paralizado temporalmente la ATC”, dicen.

A estos dos personas se une un tercero no menos extraño, como es el presidente del PP de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, que tras ser abandonado por Cospedal, ya que el “negocio de los átomos” no depende ahora del PP, aseguran fuentes socialistas, arremete con virulencia, como si le fuera la vida ello, contra el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, “enemigo” declarado del Almacén Temporal Centralizado, que desde que llegó al poder, en julio de 2015, no ha dejado de llevar a cabo iniciativas políticas que han conseguido paralizar las obras del cementerio nuclear.

Pedro Sánchez: la última palabra

Iniciativas que dieron su fruto con la arribada de Pedro Sánchez a La Moncloa. El Ministerio para la Transición Ecológica pedía (ver carta) al Consejo de Seguridad Nuclear la suspensión del expediente para dar el visto bueno a la construcción del cementerio nuclear. Page y las 50 asociaciones que forman parte de la Plataforma expresaban su satisfacción por esta noticia. Todos, salvo las derechas, PP y Ciudadanos.

Pero hace unos días, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacía unas declaraciones a ABC que daban aliento a las reivindicaciones del PP, asegurando que el ATC era necesario, aunque no mencionó el nombre de Villar de Cañas. Rápidamente, la portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes castellano-manchegas, Blanca Fernández, aseguraba que el PSOE de Castilla-La Mancha hará “lo que tenga que hacer” para impedir la construcción del basurero nuclear, “esté quien esté en Moncloa”, dijo.

¡Ojo! porque Pedro Sánchez no puede hacer lo mismo que Mariano Rajoy con Castilla-La Mancha: expoliar el Tajo a través del trasvase Tajo-Segura para beneficiar la huerta murciana en detrimento del desarrollo agrícola castellano-manchego y, además, situar en estas tierras el cementerio nuclear que nadie quiere en la región, salvo el PP y sus ocultos intereses, hoy por hoy, bajo la lupa de Moncloa.

El presidente Sánchez sabe que su compañero de partido, Emiliano García-Page, además de jugarse la Presidencia de la Comunidad, ha apostado fuerte por alejar de la región este basurero inservible, cuando ya existen, como hemos dicho, varios Almacenes Temporales Individuales en cada una de las centrales nucleares de España.

Fuente: elplural.com

El Gobierno paraliza el permiso de construcción del almacén de residuos nucleares

El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido paralizar el permiso de construcción del almacén para residuos nucleares, ideado hace casi dos décadas y que acumula un enorme retraso.

El Almacén Temporal Centralizado (ATC), previsto por el Gobierno del PP en Villar de Cañas (Cuenca) para guardar los residuos de todas las nucleares, cuenta con el rechazo del Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha. El ministerio ha enviado un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que suspenda la tramitación del permiso de construcción. Quiere tener diseñada su política energética antes de que se dé vía libre a este polémico proyecto.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que la semana pasada el departamento de Teresa Ribera envió el escrito al CSN, el supervisor encargado de analizar y avalar el permiso de construcción del silo para desechos nucleares. En la misiva se instaba a suspender la tramitación de ese expediente. Las mismas fuentes señalan que en breve el CSN celebrará un pleno en el que está previsto que se apruebe la paralización del permiso de construcción a instancias del ministerio.

 

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Francia eleva a 74.603,14 euros diarios la multa que cobra a España por guardar residuos nucleares

Despropósito nacional: la política energética del PP ha sido totalmete desastrosa para los españoles

Hace un año, el entonces Ministerio de Energía cifró esa penalización que Enresa paga a la francesa Orano en 73.000 euros

Empezó a abonarse en julio de 2017 por la custodia de los residuos de Vandellòs I que no han podido volver a España por el retraso del almacén nuclear

El insuficiente fondo que debe pagar el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos alcanza una dotación de 5.326 millones

 

Francia ha elevado a 74.603,14 euros diarios la penalización que cobra a España  desde el 1 de julio de 2017 por custodiar en La Hague (Normandía) los residuos de la central nuclear Vandellòs I (Tarragona) que no han podido regresar a suelo español por el retraso en la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad.

La cifra, recogida en la última memoria anual de la empresa estatal Enresa, ha sido revisada al alza “como resultado de aplicar determinados índices de actualización previstos en el acuerdo” suscrito entre España y Francia en 2011 y supera en más de un 2%  los 73.000 euros diarios a los que, según dijo hace un año el entonces Ministerio de Energía, iba a ascender esa penalización.

Con la calculadora en la mano, esos 74.603,14 euros diarios implican que en agosto España habrá pagado a Francia más de 30 millones en poco más de un año por el retraso del ATC que el anterior Gobierno decidió ubicar en Villar de Cañas (Cuenca) a finales de 2011. El presidente de Enresa, Juan José Zaballa, explica en la memoria de la empresa que la multa es “el efecto más evidente” del retraso en la construcción del almacén, “aunque no el más relevante desde un punto de vista económico”.

Zaballa, que previsiblemente será cesado en breve por el nuevo Gobierno, subraya que “estas penalizaciones finalizarán con la llegada del último transporte de estos residuos radiactivos a España, tras lo cual serán reembolsadas a Enresa, descontándose los costes de almacenamiento incurridos” desde el 1 de octubre de 2015.

El problema es que hoy por hoy no hay ATC, ni se le espera, y todas las centrales tienen ya (o están construyendo) sus propios almacenes temporales ante la próxima saturación de las piscinas que los custodian. Empantanado en los tribunales, el almacén no ha empezado ni a construirse, ni tiene los permisos necesarios del Consejo de Seguridad Nuclear y Medio Ambiente (ahora Ministerio para la Transición Ecológica).

Con un nuevo Ejecutivo que  apuesta por cerrar las nucleares cuando cumplan 40 años (la última se clausuraría, en principio, en 2028), España tiene numerosos deberes en esta materia: debe actualizar un plan de gestión de residuos radiactivos que data de 2006, lo que ha motivado un expediente de infracción en Bruselas que puede acarrear una sanción millonaria.

Ante el posible apagón nuclear,  la ministra Teresa Ribera resumía así la situación esta semana en su debut en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso: “Si no sabemos cuánto cuesta almacenarlos, cómo y donde se gestionan [los residuos], es un poco simplista pensar en una estimación razonable del coste de cerrar las centrales”.

Más de 530 millones

Desde la clausura en 1989 de Vandellòs I por un incendio, España ha tenido que abonar a Francia más de 530 millones por quedarse con la basura radiactiva de esa central. Tras su cierre, firmó un primer acuerdo con Cogema (a la postre Areva, hoy Orano), fabricante del reactor, para la custodia y reprocesamiento del combustible (uranio enriquecido) a cambio de unos 250 millones que sufragaron los consumidores mediante un recargo en el recibo de la luz del 0,7%.

Ese primer acuerdo fijaba como primer plazo para traer los residuos el 31 de diciembre de 2010. Se incumplió y Enresa empezó a abonar una penalización de unos 65.000 euros diarios hasta que en octubre de 2012 suscribió una adenda al convenio original. A cambio de retrasar la devolución hasta junio de 2017 y recuperar las penalizaciones diarias devengadas hasta entonces, se comprometió a abonar 213 millones más que incluían el encargo a Areva de cuatro contenedores para el transporte y almacenamiento de los residuos hasta Villar de Cañas.

Tareas todas a cargo del insuficiente Fondo para la Financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos que gestiona Enresa, que debe sufragar también el ATC, el desmantelamiento de las nucleares y la gestión de sus residuos y que a cierre de 2017 alcanzaba una dotación de 5.326 millones, un 6,1% más.

En 2016, el Tribunal de Cuentas cuestionó el sistema de financiación de este fondo, al que en el sector hay quien define como “un esquema Ponzi”, y advertía de un “déficit” de 1.486 millones a junio de 2014. Denunciaba el tribunal que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010, cuando empezó a ser financiado por las eléctricas, no se habían actualizado pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones.

En enero, el entonces ministro Álvaro Nadal llegó a anunciar en el Congreso la intención del Gobierno de tramitar una proposición de ley (que no llegó a ver la luz) para traspasar a las eléctricas la responsabilidad de las actividades de desmantelamiento de las centrales nucleares.

En 2017, los ingresos de Enresa (fundamentalmente la tasa que recibe por el kWh nuclear producido por las eléctricas) fueron de 390,4 millones, frente a 395,4 millones de un año antes, y su resultado de explotación cayó hasta 180,7 millones (257,4 millones en 2016).

La tasa que pagan las eléctricas está ligada a la producción de energía de cada central: dejan de pagarla desde el momento en que no generan electricidad. Y en el sector creen que bajo la actual regulación, esas desviaciones correrán a cargo del Estado o el consumidor de electricidad.

El coste de desmantelar las nucleares es en buena medida una incógnita. Como dice Enresa en su memoria, Garoña “consolidará” a esta sociedad estatal “como una de las empresas con mayor experiencia en este campo en el mundo”. Y la experiencia de Zorita invita a pensar que habrá desviaciones al alza.

Fuente:  eldiario

Las normas de la UE provocan el Colapso del carbón y de comarcas enteras en España

Las electricas preparan la clausura de centrales mientras se acerca el fin de las minas subterráneas

Lada, Guardo, Compostilla, Teruel, Anllares… La cuenta atrás para el cierre de estas centrales térmicas que queman carbón para generar electricidad ha comenzado. Las eléctricas se preparan ya para acometerlo. “No son económicamente viables”, señala una de las compañías sobre las costosas obras que se deben hacer para cumplir a partir de 2020 con los exigentes estándares europeos contra la contaminación y el cambio climático. “Es más fácil ahora acometer los cierres”, admiten en el sector, porque el nuevo Gobierno ha abandonado la idea de impedir por decreto el fin de las centrales de carbón que proyectó el Ejecutivo del PP. Las 15 térmicas que funcionan ahora en España son responsables del 14% de los gases de efecto invernadero de todo el país.

Las normas que la UE ha ido aprobando para luchar contra el cambio climático y la contaminación apuntan hacia un mismo lugar: el fin del uso del carbón para generar electricidad. Porque cada vez serán más duras las restricciones sobre los contaminantes que expulsan las centrales que queman este combustible; porque la UE ha modificado el sistema de comercio de derechos de gases de efecto invernadero para que cada vez sea más caro emitir CO2 a la atmósfera; porque los Veintiocho también han acordado que en 2018 se acaban las ayudas estatales a la minería del carbón…

En definitiva, porque el compromiso contra el cambio climático —que Europa dice abanderar en el mundo— ha hecho que la UE construya en los últimos años un armazón legal para que se deje de quemar carbón.

El 17,2% de la electricidad que se consumió en España en 2017 procedía de las 15 centrales térmicas que usan este combustible y que aún están operativas. Para producir esa energía esas instalaciones expulsaron a la atmósfera 46,5 millones de toneladas de CO2 equivalente (la medida que se emplea para los gases de efecto invernadero). Esto supone que esas 15 centrales acumulan ellas solas casi el 14% de los gases de efecto invernadero que emitió toda la economía española en 2017.

Las centrales son propiedad de las cinco grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa, Gas Natural, EDP y Viesgo. Y, según la información que las empresas trasladan a EL PAÍS, hasta ocho de las 15 centrales están en riesgo de cerrar en un plazo máximo de dos años.

Iberdrola quiere clausurar de aquí a 2020 las térmicas de Lada y Guardo, las dos únicas de carbón que esta multinacional aún tiene abiertas en el mundo.

Endesa hará lo mismo con Compostilla y Teruel, porque la empresa no considera que sea rentable acometer las obras para reducir los contaminantes que la UE exige a este tipo de centrales si quieren seguir operando más allá de junio de 2020.

Gas Natural ya tiene decidido que Anllares no continuará y está a punto de decidir qué hace con Meirama. Viesgo sostiene que no tiene una decisión tomada, aunque en el caso de su térmica de Puente Nuevo en este momento no están “considerando una importante inversión” debido a “los requerimientos regulatorios y las condiciones de mercado”. Y si no acometen las obras para reducir los contaminantes, en dos años tendrá que cerrar.

 

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Bruselas abre un proceso de infracción a España por las normas de seguridad nuclear

La Unión Europea enmendó su directiva sobre esta materia en 2014 para reforzar la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, aumentar el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos.

Ahora se empieza a sentir la gestión del gobierno del  PP-Rajot sobre los pufos con la energia solar y la nuclear.

La Comisión Europea (CE) ha abierto este jueves un procedimiento de infracción a España y Polonia para instarles a que completen la introducción en sus legislaciones nacionales de la Directiva europea en materia de seguridad nuclear.

Estos países tienen dos meses para responder a la carta de emplazamiento que les ha enviado el Ejecutivo comunitario y, si no lo hacen o sus explicaciones no satisfacen a Bruselas, el procedimiento podría avanzar con una petición formal para que presenten medidas concretas y, eventualmente, terminar en los tribunales europeos.

La Unión Europea enmendó su directiva sobre seguridad nuclear en 2014 tras haber efectuado pruebas de estrés en los países, a raíz del accidente Nuclear de Fukushima y para cumplir con las exigencias de organismos internacionales, y los países debían introducir los cambios en su legislación a más tardar en agosto de 2017.

Estas normas reforzaron la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, obligan a hacer una reevaluación de la seguridad de todas las plantas nucleares al menos una vez cada diez años, refuerzan el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos y permiten a unos Estados evaluar lo que hacen otros.

Además de España y Polonia, la Comisión ya había abierto en diciembre un procedimiento de infracción a Bélgica por este motivo, pero las medidas notificadas por el país para implementar las normas europeas no cumplen con las exigencias de Bruselas.

Por este motivo, la CE ha dado este jueves un paso más en el procedimiento pidiéndole nuevas medidas en un máximo de dos meses o la llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Fuente: publico.es