No dejéis que vuestros mayores contraten solos la electricidad

Sede de GNF en Barcelona

El caso de “Las cuentas claras” de Gas Natural Fenosa.

Hoy vamos a contar en primera persona un caso que le ha ocurrido a un familiar de 76 años en el Norte de España,  aunque como es de imaginar le habrá ocurrido a cualquier cliente de Gas Natural Fenosa (GNF) que haya contratado la misma tarifa y servicios.

No se trata de generalizar con la gente mayor, ya que le puede pasar a cualquier persona que firme contratos de suministro de cualquier servicio (gas, luz, seguros, teléfono, hipotecas …)  sin ser consciente de que son víctimas de estrategias comerciales encaminadas a cobrar por servicios no solicitados y sobreprecios en dichos servicios.

El teleoperador de Gas Natural Fenosa “no sabía el precio al que se pagaba el kWh”.

LLamamos al servicio de atención al cliente y preguntamos el precio al que se estaba pagando el kWh. El operador respondió que “no lo sabía”, y pese a mis reiterados e incrédulos requerimientos siguió sin decírlo.

Supón que llamas a REPSOL y que no “sepan” decirte a que precio venden el gasoleo A en sus estaciones de servicio.

¿Conoce la CNMC (@CNMC_ES) estas prácticas de las Enérgeticas? Seguramente si, pero da igual.

La tarifa que “le contrataron” a mi familiar en enero fue la “Tarifa Plana Micro Luz que ya de por si evidencia el empleo de estrategias de marketing, debido a que de plana no tiene nada, ya que pagas por lo que consumes, salvo que en diciembre te hacen la regularización. Ahí es cuando te dan el sablazo de fin de año a tu paga extra.

Si te  pasas de los kWh que se ha fijado en el contrato (1.500kWh en este caso) prepárate a sufrir el pago de en torno a 0,25€  por kWh sobrepasado (este dato es el único que facilitó el teleoperador).

En el precio de 29,00€/mes de la electricidad, según el teleoperador, están englobados además del consumo en kWh varios conceptos, que hacen imposible el cálculo del precio final hasta que se regularice la factura a finales de 2017.

Según la OCU este tipo de tarifa es “peligrosa“, más cuando te hacen firmar permanencia en servicios que no querias contratar (como el mantenimiento de caldera Servigas Complet).

Comparando Gas Natural Fenosa con SOM Energia.

Vamos a comparar la factura de GNF con una similar de la cooperativa energética SOM Energía, cuyos datos reales se pueden ver más abajo

En ambos casos hay contratada una potencia de 3.450 kW.

La factura de SOM Energia tiene una tarifa de 0,124€/kWh  y la de GNF la mencionada Tarifa Plana Micro Luz.(no indica precio)

Empresa

Consumo abril 2017

Coste

SOM Energia

95 kWh

28,66€

Gas Natural Fenosa

75 kWh

31, 28 €   (1)

(1) A falta de regularizar a finales de 2017 el consumo realizado, que podría salir a devolver o a pagar.

Según el teleoperador de Gas Nat. Fenosa, si mi familiar se cambiaba a otra compañia el 26 de mayo de 2017, debería pagar 6,8 € a GNF para regularizar los meses de enero, marzo, abril y mayo,  unos 1,7€ más de media al mes.

Tenemos por tanto un sobrecoste en abril de:

(31,28€ – 28,66€) + 1,7€  = 4,32€

entre la factura de GNF y la de la cooperativa SOM Energía (de la que soy cliente-socio), con un consumo de 20kWh menos.

Si sumamos los 20kWh que faltan a la factura de GNF (con un precio de SOM Energia, para equiparar) tenemos:

20kWh x 0,124 €/kWh= 2,48€

Sumando para equiparar el consumo a 95kWh: 

4,32€ + 2,48€ = 6,8 €/abril

El mes de abril es un mes intermedio de consumo por lo que si lo tomamos como media mensual por hacer una aproximación anual con GNF tendriamos un sobrecoste eléctrico de:

6,8 €/abril x 12 meses = 81,6€/año

Factura de GNF  de abril  de 2017

Esta factura de SOM Energía por un consumo superior al de Gas Natural indica claramente todos los datos, incluido el precio del kWh.

Factura de SOM Energía de febrero de 2017

¿Que hay del gas?

Sería para extenderser en otro artículo, aunque a simple vista “le han contratado” un servicio no solicitado de mantenimiento de la caldera “Servigas Complet”  por 11,48€/mes con permanencia hasta diciembre de 2017.

Si damos de baja este servicio ahorraríamos 137,76€/año.

Sobre el precio del kWh del gas deberíamos analizar  de forma similar a  la parte eléctrica de la factura, ya que es desconocido.

Pero ¿cuanto sería el ahorro saliendo de Gas Natural Fenosa?

Vemos que esta factura de Gas Natural Fenosa se podría reducir al menos en 18,28€ al mes, lo que anualmente nos daría una cifra de 219,36€, que seguramente pocos trabajadores jubilados estén en situación de regalar a una empesa del IBEX35.

Concepto Sobrecoste abril 2017 Sobrecoste Año 2017
Ahorro Luz  6,8€/mes  81,6€/año
Ahorro Gas 11,48€/mes  137,76€/año
Ahorro Gas + Luz 18,28€/mes 219,36€/año

Terminamos mencionando otro aspecto de la factura de la luz. Podemos ver también que el alquiler del contador en GNF son 0,026667€/dia frente a los 0,025862 de SOM Energia (unos 2,4 centimos más al mes)

Entonces … ¿Que hago?

Resumiendo deberiamos:

  1. Dar de baja el servicio Servigas Complet. Como tendrás permanencia hasta diciembre, te van a ofertar una reducción de tarifa (o solicítasela tu). Cógela de momento y dentro de uno o dos meses vuelves a llamar y te das de baja definitiva con fecha en diciembre de 2017. Tendrás que pagar porque has firmado permanencia, pero al menos pagarás unos 4€/mes menos hasta diciembre … y desde enero ya no pagarias nada.
  2. Buscar una nueva suministradora eléctrica. Si no entiendes mucho y no quieres que te engañen  o te vuelvan loco los comerciales con cosas que no entienden ni ellos, y te acaben añadiendo algún concepto que no quieres contratar,  lo mejor es acudir a una cooperativa energética, puede tener la sede en cualquier parte del estado ( ver listado). Solo venden electricidad y el precio del kWh lo fija la Asamblea de la Cooperativa formada por los socios.

Si cumples los requisitos para optar al mercado regulado de la electricidad  es la tarifa más económica y no venden servicios añadidos.

Busca el telefono de la empresa que elijas y dale tus datos por teléfono, pero diles claro que quieres contratar el “mercado regulado

 

 ¿Qué es la tarifa regulada o PVPC (Antes TUR)?  leer en OCU

Es una tarifa cuyos requisitos fija el Ministerio y que sirve de “refugio” para quienes no quieren contratar ninguna de las tarifas que ofrecen las comercializadoras en el mercado libre.

Antes se llamaba TUR (Tarifa de Último Recurso) y ahora PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor). Esta tarifa regulada sólo la pueden ofrecer las compañías designadas como Comercializadora de Referencia (COR).

Solo puedes contratar la tarifa PVPC si tu potencia contratada no supera los 10 kW. Además tener contratada esta tarifas es condición indispensable para poder solicitar el Bono Social que permite un ahorro adicional en la factura eléctrica del 25%.

La tarifa PVPC consiste en la actualidad en un precio variable que se fija día a día hora a hora, en función del precio que alcanza la electricidad en el mercado eléctrico mayorista. Para los hogares que tengan un nuevo contador con telegestión, le aplicarán la tarifa que corresponda al consumo real que haya tenido en cada hora del día. Para quienes no tengan estos contadores, se aplica un precio medio calculado con un perfil de consumo fijado por el Ministerio. Esta tarifa por lo tanto no es comparable con las ofertas de precio fijo que hay en el mercado. ENLACE 

Clamor en Twitter por la ridícula multa de la CNMC a las eléctricas por engañar a los clientes

 La CNMC ha sancionado a Endesa Energía con 100.000 euros; a Iberdrola con 30.000 euros; a Gas Natural Servicios con 10.000 euros y a Viesgo Energía con 15.000 euros.

La CNMC ha resuelto estos expedientes tras recibir 7 reclamaciones de usuarios que presentaron sus denuncias directamente ante la Comisión o a través de las oficinas municipales de información al consumidor. En estos casos, los clientes denunciaron haber sufrido un cambio de comercializador (compañía que ofrece los servicios de gas y/ electricidad) sin haber dado su consentimiento.

 

Twitter de la CNMC:  @CNMC_ES                                 (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)

Twitter de Gas Natural Fenosa:    @GNF_es                 (Cuenta corporativa de Gas Natural Fenosa)    

Twitter de Gas Natural Fenosa:    (Ofertas y atención al cliente)

Twitter de @SomEnergia                                                (Cooperativa Energétiva SOM Enegia)

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El tipo que acabó con las renovables en España ahora cobra por dar conferencias en el extranjero en las que defiende que son la mejor alternativa energética

El exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el padre del gran hachazo a las renovables en España, ahora tiene una nueva vida en la que se dedica a defender a ultranza a las energías renovables.

Pero lo hace fuera de España, quizá piense que las energías renovables son la mejor opción para todo el mundo menos para su propio país, uno de los más ricos en viento y sol.

El exministro Soria acudió al Crans Montana Forum que se desarrolló en la ciudad sahariana de Dakhla, allí se celebró por tercer año consecutivo este foro que cuenta con el auspicio del mismísimo Rey Mohammed VI. Este año el título era Hacia una nueva África. Estabilidad, cohesión y solidaridad para un desarrollo sostenible. El rol cohesionador de Marruecos.

 Soria fue invitado para hablar en la mesa sobre energías renovables, y defendió a capa y espada un proyecto que él conoce bien, el complejo hidroeólico de Gorona del Viento, que tiene como objetivo suministrar solo con renovables la isla de El Hierro.

La intervención de Soria se enmarcó en el panel sobre Producción y suministro de energía, definido en el programa como la clave del progreso y crecimiento de las economías emergentes. El ex ministro recalcó que no participaba en representación del Gobierno de España, sino a título personal y con el fin de aportar la experiencia adquirida durante los años en que ejerció como ministro de energía. Se manifestó a favor del uso de las energías renovables como camino a disminuir la dependencia energética del exterior que durante décadas han soportado los países no productores de petróleo.

José Manuel Soria el hombre que acabó con las renovables en España ahora se dedica a defenderlas. Como dijo el gran Groucho Marx: Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros.

Fuente: primaveravalenciana.info

SORIA, ESE GRAN POLÍTICO ESPAÑOL

Así manipuló Iberdrola el precio de la luz en 2013

iberdrolaCompetencia demuestra que el grupo alteró el mercado “de forma fraudulenta”  al reducir la producción en la cuenca del Miño-Sil en períodos de fuerte demanda.

Nadie da puntada sin hilo en el sector eléctrico. E Iberdrola, uno de los grandes operadores hidráulicos, no iba a ser menos. El grupo de Ignacio Sánchez Galán encajó a finales de 2015 una millonaria multa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (nada menos que 25 millones de euros) por manipular la producción de sus centrales hidroeléctricas de varias cuencas, entre ellas la de Miño-Sil.

Competencia considera probado que Iberdrola manipuló entonces y redujo la disponibilidad de sus centrales para aprovechar puntuales alzas de precios en momentos de gran demanda, concretamente en período de Navidades, y así hacer entrar en funcionamiento las centrales de ciclo combinado (utilizan gas para producir electricidad), que son más caras. Finalmente, Iberdrola logró que la Audiencia Nacional suspendiera cautelarmente el abono de la multa, aunque el tribunal no entraba a valorar el fondo del asunto.

Esta es la estrategia desvelada por el supervisor:

El modus operandi de Iberdrola Generación tuvo su fundamento en “el propósito de hacer entrar ciclos combinados más caros, asegurando así un precio de mercado más elevado que el que se habría obtenido de otro modo”, dice Competencia en el expediente sancionador abierto a la compañía. Tal actuación supuso un incremento del precio de mercado que se ha estimado en unos siete euros por megavatio y hora, “de los que se benefició la producción inframarginal de esta empresa”.

Los beneficios estimados para Iberdrola Generación, según Competencia, fueron de unos 21,5 millones de euros, en el período comprendido entre los días 30 de noviembre al 23 diciembre de 2013, lo que representa en torno a un 9% de sus ingresos en ese período en el programa diario.

La estrategia de Iberdrola Generación consistente en reservar esa capacidad de energía hasta el punto de reducir su nivel de producción hidráulica casada en mercado diario mayorista, “no venía justificada por un posible agotamiento del recurso hídrico, pues la capacidad que tenían los embalses era superior a la de otros años, en los que, no obstante, Iberdrola Generación produjo más con precios menos elevados”.

Este tipo de actuación (que lleva al mercado a precios artificiales, que no se corresponden con la capacidad de producción que está disponible ni con los datos fundamentales del mercado, dice el expediente) “constituye una manipulación típica de mercado, como conducta prohibida por el reglamento sobre la integridad y la trasparencia en el mercado mayorista de energía”, según Competencia.

Objetivo, incrementar los precios

 Lo que es realmente llamativo para Competencia es que, en un contexto en que Iberdrola Generación venía ofertando “con normalidad una determinada capacidad hidráulica al mercado, toma la decisión de retirarla cuando precisamente el mercado pasa a un contexto de subida exponencial de precios“. “Con ello”, dice el supervisor, “provoca la entrada de tecnologías más caras, que se hacen necesarias para cubrir la demanda, y que incrementan en mayor medida el precio de casación del mercado”.

Esta actuación no es puntual ni accidental, según el expediente sancionador, sino que se mantiene de forma sostenida en un período de tiempo amplio, y exige de Iberdrola Generación la corrección constante de sus ofertas (mediante la subida progresiva de sus precios) para asegurar que la capacidad que se retira se mantiene fuera del margen de casación.

Iberdrola ve “legítimo” y “racional” su actuación

Iberdrola rechaza las conclusiones de Competencia y considera que en el periodo analizado por el organismo regulador “no hubo manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica porque actuó siempre como un gestor prudente y razonable de las centrales hidroeléctricas investigadas, lo que además se ha probado mediante la presentación de informes de expertos cualificados independientes”.

En su descargo, Ibredrola señala que su “comportamiento fue perfectamente racional y legítimo y los hechos en los que se basa el expediente, respecto de los que por su propia transparencia no hay discusión, se interpretan y califican por la CNMC de manera incorrecta y sesgada a través de una serie de inconsistentes juicios de intenciones”.

Fuente: economiadigital.es

El Gobierno se resiste a dejar de controlar la mitad del recibo de luz como exige Bruselas

alvaro-nadal

La normativa europea trata de evitar que los gobiernos hagan política con la manipulación del precio de la luz

La Comisión Europea ha amenazado con denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Gobierno no deja de ejercer el control directo que mantiene sobre parte del recibo de la luz. Bruselas exige al Ministerio de Energía que ceda la fijación de los peajes de acceso del sistema eléctrico al supervisor del sector -en el caso español, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)- como marca la normativa europea.

El Gobierno español se resiste a atender por completo el requerimiento de la Comisión y defiende que el manejo final de esa parte de la factura eléctrica siga en manos del Ministerio alegando cuestiones de “soberanía nacional”, aunque ha dado ya los primeros pasos para intentar aplacar a Bruselas y conseguir cerrar el expediente.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, remitió el pasado noviembre una carta a Bruselas comprometiéndose a conceder más independencia a la CNMC en este campo. Pero el Ejecutivo propone un sistema de “doble lectura” en el que la CNMC propondría los peajes, el Gobierno sería el encargado de fijarlos realmente y el supervisor daría posteriormente el visto bueno, aunque no se explica cómo se resolverían las discrepancias, según adelantan El País y El Mundo. Sin embargo, el propio ministro llegó a mostrarse la semana pasada abiertamente en contra de ceder las competencias por completo.

Los peajes de acceso que determina el Ministerio de Energía -hasta hace unos meses lo hacía el Ministerio de Industria- sirven para cubrir los costes regulados del sistema (transporte, distribución, primas a renovables, ayudas al carbón…) y representan cerca de un 45% de la factura eléctrica total que acaban pagando los clientes. El resto del recibo lo constituyen el precio de la propia electricidad (35%), que se establece con la cotización del mercado eléctrico mayorista, y los impuestos (20%).

Soberanía nacional

“El Gobierno y las Cortes tienen mucho que decir sobre la parte fija del recibo eléctrico. Hay una parte que debe reservarse para la soberanía nacional”, sentenció la pasada semana el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Congreso de los Diputados. “Si ustedes creen que debe ser sólo la CNMC quien fije los peajes”, dijo el ministro a los partidos de la oposición, “yo no lo comparto”.

Y es que desde el Ejecutivo se insiste en que la reglamentación comunitaria no exige ceder todo el control a la CNMC. “La normativa europea dice que el supervisor se encargará de fijar la metodología o de fijar los precios de los peajes, no que deba fijar la metodología y los precios, como sostienen algunos elementos… algunas personas de dentro de la CNMC”, explicó Nadal. Pero Bruselas parece tener otra interpretación del contencioso.

El Gobierno estaría intentando cumplir con Bruselas dando una mayor participación en el proceso de fijación de los peajes energéticos al supervisor, pero teniendo el Ministerio la última palabra sobre cómo repartir el pago de los costes fijos del sistema, al considerar que se trata de una de las bases de la política energética del Ejecutivo.

La CNMC ha llegado a aprovechar la publicación de informes preceptivos sobre el sector para quejarse abiertamente contra la dilación del Gobierno en adoptar estas medidas.

Más de tres años de investigación

La Comisión Europea abrió en 2013 un expediente de oficio a España por la incorrecta aplicación de las directivas europeas del mercado interior de la energía. Una legislación que establece que debe ser el supervisor, la CNMC, el encargado de fijar la cuantía de los peajes eléctricos o, en efecto, al menos su metodología de cálculo. Pero en España el regulador sólo asigna formalmente esos peajes, mientras que es directamente el Gobierno el que los fija previamente.

El año pasado la Comisión finalizó su larga investigación después de tres años y comunicó a Madrid la apertura de un procedimiento de infracción de manera definitiva, en el que el Gobierno tenía derecho a presentar sus alegaciones.

Las aclaraciones aportadas por el Gobierno español no cambiaron el parecer de Bruselas, que se ha decidido por avanzar hacia el procedimiento con una opinión razonada afeando que el Gobierno haya usurpado competencias propias del regulador (y que antes de la reforma del anterior Gobierno del PP en España tenía la extinta Comisión Nacional de la Energía, integrada en la actual CNMC).

Sin embargo, el largo periodo en que el Gobierno estuvo en funciones por la convocatoria de unas segundas elecciones el pasado año ha venido retrasando el proceso abierto por Bruselas. Pero ahora la amenaza de que España acabe denunciada ante el Tribunal de la UE si el Gobierno vuelve a estar sobre la mesa. Y es que la Comisión Europea publicará el próximo 17 de febrero una nueva lista de infracciones cometidas por los estados miembro, y ahí se verá si Bruselas se decide a denunciar a España o acepta la propuesta del Gobierno a la espera de que se concrete con más detalle, informa Europa Press.

La normativa europea trata de evitar que los gobiernos hagan política con la manipulación del precio de la luz. Que en España la cuantía y el reparto de los peajes dependa exclusivamente del Gobierno ha hecho posible, por ejemplo, que el Ejecutivo utilizara el superávit del sistema eléctrico de los últimos años para aplicar rebajas de los peajes en año electoral. De hecho, el propio ministro Nadal presumió la pasada semana en el Congreso de haber destinado ese superávit a recortar los peajes en 2016 y subrayó su compromiso de mantenerlos congelados durante toda la actual legislatura.

Fuente:  elindependiente.com

El Ministro de Energia no tiene entre sus prioridades el almacén nuclear de alta intensidad

 alvaro-nadal

Por lo que vemos el ministro de Energia Alvaro Nadal no viene a solucionar los problemas de los gobiernos anteriores: deficit de tarifa eléctrica, Impuesto al Sol , almacen nuclear de alta intensidad, fracking, penalizaciones por residuos nucleares en Francia etc.

El ATC de Villar de Cañas (Cuenca) permanece bloqueado por la ampliación de la ZEPA de la laguna de El Hito aprobada por Castilla-La Mancha

Se cuestionan las  decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear tras el ‘choque’ entre  opiniones de técnicos y de políticos sobre el ATC. No hay unanimidad sobre la seguridad de los terrenos para guardar residuos radiactivos

El Almacén Temporal Centralizado (ATC) para los residuos de las centrales nucleares españolas debía estar terminado a principios de 2018 pero se cierra 2016 y aún no se ha puesto ni un solo ladrillo. Sigue sin haber solución a los residuos radiactivos tras un largo periodo que va desde el año 2004 –cuando el Congreso instó al Gobierno a construir el silo nuclear- pasando por 2011 -fecha en la que se eligió su lugar de ubicación en Villar de Cañas (Cuenca)- hasta este 2016 en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha bloqueado la posibilidad de que se construya ampliando la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito (Cuenca), que incluye los terrenos del ATC.

España se encuentra en tiempo de descuento porque en junio de 2017 tendrá que empezar a pagar una penalización de 70.000 euros diarios a la empresa francesa Areva que custodia los residuos de la antigua nuclear Vandellòs I. Unos residuos que debían ser trasladados al ATC. El resto de centrales nucleares españolas han comenzado a construir almacenes temporales individualizados (ATI’s) ante la incertidumbre.

El año 2016 arrancaba con la presentación de un escrito (el tercero ya) ante la Fiscalía Anticorrupción en el que la Plataforma contra el ATC de Villar de Cañas aportaba nuevos documentos ampliando su denuncia de 18 de diciembre de 2015 contra el silo nuclear. Su objetivo: demostrar que Enresa habría gastado 16 millones de euros en “comprar voluntades realizando un enorme derroche de dinero público para congratularse con los vecinos y favorecer la posición política de Cospedal y Benjamín Prieto”.

Las dudas sobre la idoneidad de los terrenos

Pero si hay algo que ha caracterizado este año han sido los informes que ponen en duda la idoneidad de la ubicación del ATC.  En marzo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) accedía -obligado eso sí-  a hacer públicos los documentos que apuntan esa dirección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a petición de Transparencia Internacional España, lo hizo posible. Pero no todos se publicaron.

Transparencia Internacional no logró sacar a la luz pública el informe de adjudicación del emplazamiento, el presentado por los geólogos sobre las condiciones de los terrenos o el documento que da su aprobación al emplazamiento elegido. Tampoco se aceptó  la petición de  información acerca de la cuantía del proyecto, argumentando que el ámbito económico del proyecto no es competencia del Consejo de Seguridad Nuclear.

Terrenos para el ATC en Villar de Cañas (Cuenca)

Terrenos para el ATC en Villar de Cañas (Cuenca) Europa Press

Sí que se hicieron públicos, en cambio,  los detalles del estudio que llevó a cabo la consultora URS sobre la calidad de los suelos en los que se ubicaría el ATC. Esta empresa señalaba que el emplazamiento previsto para el cementerio nuclear es “inadecuado”, por presentar condiciones que no podían asegurar la estabilidad de los edificios que se pretenden construir en el terreno. Sin embargo,  algunos párrafos del informe aparecieron censurados, según denunció Transparencia Internacional. Más de 20 páginas en negro con información “tachada” parcialmente o borrada en su totalidad.

De forma más reciente, en noviembre, un nuevo estudio de la empresa Ingema -encargado por Ecologistas en Acción- reforzaba la tesis de que Villar de Cañas no es idóneo para el ATC. Un geólogo de esta empresa analizaba los informes internos del Área de Ciencias de la Tierra (CITI) y del Servicio de Ingeniería (SIN) del propio CSN así como el emitido por la consultora URS para concluir que las condiciones geológicas del terreno no son las adecuadas.

Ecologistas en Acción ha pedido la dimisión del presidente del regulador atómico, Fernando Martí. “Lo más grave es que el Pleno del CSN conocía los riesgos de los terrenos en base a la información de sus propios técnicos y por tanto, dio el visto bueno (excepto una de sus consejeras) a sabiendas de que con su decisión, ponían en enorme riesgo a toda una comarca”, señalaron.

La organización ecologista recuerda que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aún no ha emitido la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA). En un  ‘cara a cara’ organizado por eldiarioclm.es entre el portavoz nacional de Equo, Juan López de Uralde  y el consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, este último explicaba que la Junta se planteó ampliar la  zona ZEPA de la Laguna de El Hito (próxima a la instalación del cementerio nuclear) no solo “porque realmente hay elementos de singularidad vegetal y animal que nos indican que es interesante proteger ese espacio” sino porque está previsto que el ATC se construya  “sobre un suelo de yeso que se hunde, con problemas que encarecen el proyecto y el propio CSN ha tenido que reconocer que ni siquiera tiene los estudios preceptivos para hacer la obra. Es una auténtica aberración”.

La tesis del PP es muy distinta. El pasado verano el presidente del PP en Cuenca, Benjamín Prieto recordaba que el proyecto del silo nuclear fue apoyado “en las urnas” en Cuenca, al ganar los populares las elecciones en esta provincia. Y defendía el silo nuclear como un proyecto “ilusionante” que “ya ha beneficiado” a la provincia. En agosto, el Gobierno central expropiaba varias fincas en el entorno de Villar de Cañas y el  ministro de Justicia, Rafael Catalá, diputado nacional por Cuenca, defiende que el proyecto creará “desarrollo y empleo”.

Trabas legales: la estrategia de García-Page

La estrategia del Gobierno de Emiliano García-Page durante este año ha sido poner todas las trabas legales y burocráticas posibles a la puesta en marcha del ATC. Desde anular el POM de Villar de Cañas, pasando por exigir la Evaluación de Impacto Ambiental al proyecto ‘depósito de tierras y piedras limpias asociado a la obra del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y Centro Tecnológico Asociado’, cuyo promotor es Enresa.  Pero la gran ‘estrella’ de su acción ha sido la ampliación de la ZEPA de la laguna de El Hito que finalmente ha sido aprobada a pesar de los intentos del Gobierno de Mariano Rajoy por evitarlo ante los tribunales.

Mientras, el alcalde de Villar de Cañas,  José María Saiz, del Partido Popular, no se ha quedado parado. El Ayuntamiento anunció un recurso  ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la Resolución de la Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal de la localidad.

También ha interpuesto otro recurso contra la Junta de Comunidades tras la aprobación en Consejo de Gobierno de la ampliación de la Zona Especial de Protección de Aves. “Traigo un proyecto de mil millones de euros a mi pueblo, la comarca y la provincia, que falta hace, y el presidente de Castilla-La Mancha, en vez de echarte una mano, te echa un pie al cuello”, lamentaba. Una postura que defiende la Plataforma de afectados por la ampliación de la ZEPA.

El PP hizo el ‘penúltimo’ intento en su apuesta por el ATC en un Pleno celebrado en las Cortes regionales el pasado 1 de diciembre. Presentó una resolución que pedía “aparcar” los planes de gestión de las Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) para realizar “un estudio serio y concienzudo”. Fue defendida por el  diputado Francisco Núñez quien admitía que los planes de gestión de zonas ZEPA hay que hacerlos pero solicitada “rigor” para hacerlos  compatibles con la actividad agrícola y ganadera y de forma consensuada.

En este sentido lamentaba que ninguno de estos principios se cumple, ya que los planes de gestión se basan en estudios de 2003 y el Gobierno “juega con las ZEPA cuando les viene en gana”, como pasó con el aeropuerto de Ciudad Real o con la zona cercana al Almacén Temporal Centralizado (ATC). Y lo calificaba de “expropiación encubierta”.

El Gobierno central tiene la opción de declarar la construcción con la categoría de ‘excepcional interés público’ para seguir adelante con el proyecto. Ecologistas en Acción recuerda que el Ejecutivo central no podría tomar la decisión en solitario y se necesitaría la intervención de la Unión Europea.

Enresa y su oscilante política de adjudicaciones y contratos

A pesar de las trabas legales, las adjudicaciones no han cesado ni tampoco el intento de Enresa para contratar personal, 40 personas, a comienzos de año. Algo que finalmente paralizó. En noviembre anunciaba recortes de sueldo por exceso de contrataciones. “Quieren quitar un 5% de la paga de objetivos de 2015, dos meses de ayuda de comida y una parte de las ayudas de estudios”, explicaba una fuente interna, que cifra el recorte en un mínimo de 1.800 euros anuales por persona y relaciona esta decisión con “las continuas contrataciones” de los últimos meses, pese a que el principal proyecto de Enresa, el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, está congelado por las dudas sobre los terrenos elegidos debido al empeño de la entonces presidenta castellano-manchega y hoy ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Actualmente la plantilla de la empresa que gestiona los residuos nucleares es de unos 326 empleados, frente a los 305 que tenía al cierre de 2011, según sus cuentas de ese ejercicio.

Las “alternativas” del PSOE al ATC

En el intento de poner todas las trabas posibles al ATC, el PSOE también ayuda. Lo hacen alcaldes socialistas como el de Tarancón. José Manuel López Carrizo lanzó en mayo una propuesta para construir una planta solar fotovoltaica que produciría 200 megavatios. En definitiva, un proyecto de energías renovables que pretende demostrar que “hay alternativas” al ATC como inversión en la zona.

Una idea similar es que se quiere trasladar desde el PSOE  con la puesta en marcha de la llamada Inversión Territorial Integrada (ITI) como instrumento de desarrollo en la provincia de Cuenca, con ayuda de fondos europeos.  El ATC “no es compatible” con el desarrollo de Cuenca, aseguraba el delegado de la Junta, Ángel Tomás Godoy, en una entrevista con eldiarioclm.es, que en su opinión pasan por potenciar la actividad agraria, ganadera, aprovechar recursos forestales para  la biomasa y la actividad turística.

 El ATC puede impedir el desarrollo de empresas turísticas y agroalimentarias”, sostiene. “Ojala tuviésemos el dinero, casi 1.000 millones, que cuesta el ATC para frenar la despoblación de Cuenca”, lamenta el delegado. Y el propio Gobierno castellano-manchego apuesta por potenciar las energías renovables en el llamado ‘Pacto por la Recuperación’ de Castilla-La Mancha con horizonte 2020 y en particular  quiere regular el uso de la biomasa como fuente de energía.

En este 2016 también asistimos al debate sobre la conveniencia o no de ampliar la vida de las nucleares de los 40 a los 60 años, lo que generaría aún más residuos nucleares a los que habría que dar solución. No hay que olvidar  que Castilla-La Mancha tiene en su territorio dos centrales nucleares.  Ambas en la provincia de Guadalajara. La ‘José Cabrera’ en Almonacid de Zorita -en proceso de desmantelamiento- y la central nuclear de Trillo. En el caso de esta última, a su Almacén Temporal Individualizado aún le queda una vida de 22 años para seguir albergando residuos.

Fuente: eldiario.es

 

La oposición se une en el Congreso para pedir el cese del presidente del CSN

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MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) –

Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, van a pedir en la última sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo de esta legislatura el cese del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, quien no ha comparecido en la Cámara antes de la previsible disolución de las Cortes la próxima semana, pese a la petición de los parlamentarios de la semana pasada.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias y antes de que tenga lugar el inicio de la citada comisión, donde tienen pensado debatir un escrito introducido a última hora en el orden del día, en el que instan al Gobierno a cesar a Fernando Martí por no comparecer en el Parlamento.

En concreto, los grupos le solicitaron la semana pasada que adelantara su comparecencia prevista para el día 5 de mayo, ante la previsible disolución de las Cortes el día 3 de mayo. Fue el propio Martí el que solicitó comparecer a petición propia ese 5 de mayo, y no antes, por “motivos de trabajo”.

 EL CONTROL DEL PARLAMENTO

Según argumentan los diputados, la Ley de creación del CSN establece que el órgano regulador mantendrá “puntualmente informado al Gobierno” y al Congreso de los Diputados y al Senado de cualquier circunstancia o suceso que afecte a su competencia.

Además, indica que la ponencia de relaciones con el CSN o la Comisión parlamentaria de Industria podrá solicitar “cuantas comparecencias de responsables del CSN crea oportunas” y es por ello por lo que reclamaron su comparecencia para este miércoles o jueves.

“El presidente del CSN, aunque la ley le obliga a mantener puntualmente informado al Congreso de los Diputados y al Senado, no comparece ante las Cortes Generales desde el 3 de diciembre de 2014, habiendo sido solicitada su comparecencia en varias ocasiones por parte de la Comisión, y sin haber presentado aún el informe anual del Consejo correspondiente a 2014, a pesar de los numerosos temas que afectan a su gestión”, lamentan, apuntando entre otros a la reapertura de Garoña o el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC).

Asimismo, destacan que la Ley de creación del CSN establece que el Congreso de los Diputados, a través de la comisión competente y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros (que ya cumplen si se suman todos los grupos parlamentarios menos el PP), podrá instar en cualquier momento al Gobierno el cese del presidente y consejeros. Es por ello por lo que van a solicitar este jueves el cese de Martí.

EL CSN PIDIÓ COMPARECER EN FEBRERO

Desde el CSN recuerdan a Europa Press que fue el propio órgano regulador el que ya el pasado 11 de febrero pidió comparecer a petición propia ante la Comisión de Industria del Congreso.

En todo caso, especifican que no recibió respuesta por parte del Parlamento hasta el 18 de abril, cinco días después de que se constituyera dicha ponencia, momento en el que fijó como “primera fecha disponible” para acudir a la Cámara el próximo 5 de mayo.

Fuente: europapress

Castilla y León no necesita la central de Garoña. Sólo la energía eólica cubre todo el consumo eléctrico de Castilla y León

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La región utiliza menos de la mitad de la electricidad que obtiene y exporta a otros territorios el 59% de su generación

El mercado eléctrico de Castilla y León ha experimentado grandes cambios durante los últimos tiempos, con un aumento de la producción superior al 17% en los últimos cinco años y una caída del consumo del 11%, consecuencia de la crisis económica y empresarial, y la consolidación de la energía eólica como sustituta de la hidráulica y del carbón como primera fuentes energética regional. Según los datos de los anuarios de Red Eléctrica Española (REE), la demanda de energía eléctrica en la región ha pasado de los 14.598 gigavatios hora (Gwh) del año 2010 a los 12.923 Gwh del pasado año, último con datos oficiales cerrados. Mientras, en este mismo periodo, la producción eléctrica regional ha aumentado el 17%, al pasar de los 28.145 Gwh del año 2010 a los más de 33.912 del año 2014. Como consecuencia de estos resultados, la comunidad ha acrecentado en este periodo su perfil exportador hasta el extremo de que en la actualidad vende a otras comunidades autónomas más de la mitad de la energía que produce. El pasado año envió 19.883 Gwh a otras regiones, lo que supone el 59% de toda su generación eléctrica, cuando cinco años atrás sus ventas fuera de la comunidad apenas alcanzaban los 13.000 Gwh. Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón son las principales regiones destinatarias de la electricidad regional.

A la cabeza

La energía eólica generada en Castilla y León (12.274 Gwh) logró el pasado año abastecer prácticamente todo el consumo eléctrico regional. La comunidad es la principal productora eólica de todo el país, con el 24% del total, y también figura en primer lugar en generación eléctrica hidráulica, con una participación de algo más del 28% el pasado año. Actualmente, el 70% de la producción eléctrica que genera Castilla y León es obtenida de fuentes renovables, es decir de centrales hidroeléctricas, fotovoltaicas, solares térmicas y de biomasa y de parques eólicos. Una proporción que solo es superada por La Rioja y Navarra, si bien estas dos comunidades tienen una producción eléctrica que es veintitrés veces inferior en el caso de la primera y más de siete veces la segunda. El 30% restante de la producción regional proviene de las centrales térmicas que utilizan carbón, de las plantas de fuel, gas o de ciclo combinado y de la cogeneración.

Térmicas

El carbón, principal fuente energética regional durante decenios, ha dejado paso al empuje de las energías del régimen especial, sobre todo de la eólica. Según los datos de los anuarios de REE, en el año 2000, el carbón producía más de 17.200 Gwh de electricidad en la comunidad y era de largo la principal fuente energética, por delante de la hidráulica y la nuclear. A partir de mediados, de ese año, sin embargo, su participación en el mix energético regional comienza a decaer y en 2009 su generación eléctrica apenas alcanzaba los 5.000 Gwh. El pasado año cerró con una producción de 8.645 gigavatios, que todavía representa el 25% de la generación eléctrica de la comunidad, pero muy alejada de la producción de origen hidráulico y eólico, que ocupan los primeros lugares en la comunidad. La central de Compostilla, en León, con 4.537 gigavatios generados el pasado año, es la principal productora de electricidad de la región a partir del carbón. Las plantas de la Robla y Anllares, también en León, y la palentina de Guardo completan el sector térmico en la comunidad, con producciones que entre las tres no llegan a la mitad de total regional.

Durante estos mismos años se ha registrado, de forma paralela, un ascenso vertiginoso de las energías renovables de régimen especial. En el año 2000 este tipo de energía, especialmente la eólica, con la contribución de la solar fotovoltaica y la biomasa, generaba apenas 1.923 Gwh de producción y era la última fuente energética regional.

Cinco años más tarde, la continua apertura de parques eólicos sitúo la producción de las renovables en los 5.705 Gwh, por encima ya de la de origen hidráulico y nuclear, aunque a mucha distancia ese año del carbón, que por entonces producía 3,5 veces más. La entrada en producción de nuevas instalaciones eólicos, parques fotovoltaicos y plantas de biomasa permitió que en el año 2010 las renovables alcanzaran ya la cifra de 12.809 Gwh. El pasado año su producción se situó en 13.862 gigavatios, con una participación del 41% en la generación eléctrica de Castilla y León.

La energía de origen hidráulico también ha sido fundamental durante estos años para el mix energético regional, aunque su producción experimenta grandes oscilaciones según el año pluviométrico. En el año 2000 representaba más de 7.200 Gwh, para bajar hasta los 4.000 Gwh en el año 2005 y subir por encima de los 11.500 Gwh en el año 2010, gracias al excelente año de lluvias. El pasado año la generación eléctrica de origen hidráulico se situó en 10.233 gigavatios, tras crecer más del 28,6% respecto al anterior, porque fue un año especialmente húmedo, y actualmente representa el 31% del mix energético de la comunidad.

Crecimiento del 10%

Con una producción total de 33.912 Gwh el pasado año, que supone un aumento del 10% respecto al año anterior, frente a una caída del 2,6% en el conjunto de España, Castilla y León genera el 13% de la energía eléctrica peninsular y eso a pesar del parón de la actividad, desde diciembre de 2012, en la central nuclear de Garoña, que en los años anteriores aportaba en torno a 4.000 gigavatios a la producción energética regional. La comunidad ocupa el segundo lugar de España en generación eléctrica, solo superada por Cataluña que el pasado año produjo 41.626 Gwh por la importancia que en esta región tiene la energía nuclear con las plantas Asco I, Asco II y Vandelllós que le aportan más de la mitad de su producción. Por detrás de Castilla y León se sitúan Andalucía y Galicia, con 31.996 y 31.287 gigavatios, y ya a mayor distancia, Castilla-La Mancha y Extremadura con una producción el pasado año de 22.528 y 21.522 Gwh, respectivamente.

El consumo se estabiliza

La demanda de energía eléctrica, muy ligada a la actividad económica y empresarial, prolongó en 2014 la trayectoria descendente de los últimos años, aunque la caída fue mucho menor que en ejercicios anteriores. El consumo se situó en Castilla y León en 12.923 gigavatios hora, que suponen el 5% de toda la demanda nacional y un descenso del 1,2% respecto al año anterior. Corregidos los efectos del calendario laboral y de la temperatura, la demanda eléctrica atribuible principalmente a la actividad económica registró un leve retroceso del 0,1%, frente al descenso del 2,6 % experimentado en 2013 y de más del 11% acumulado en los últimos cinco años.

Fuente: nortedecastilla.es