Enresa financiará el parque multiaventura de Hornachuelos (Cordoba)

Maqueta del Parque Multiaventura de Hornachuelos

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos también destina dinero para construir y acondicionar un camping municipal en Fuente Obejuna, otro de los pueblos del entorno de El Cabril

a Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Enresa, financiará la construcción del parque multiaventura de Hornachuelos, que se prevé pueda abrir sus puertas en los próximos meses de cara al verano de 2018.

El Gobierno ha confirmado que, en los presupuestos de 2017 de Enresa ha figurado la financiación del “circuito interurbano de ocio activo y aventura” en Hornachuelos, como uno de los proyectos financiados por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos en municipios del entorno del centro de almacenamiento de El Cabril.

El Ejecutivo ha respondido así a una pregunta parlamentaria del diputado socialista por Córdoba, Antonio Hurtado, a la que ha tenido acceso este medio y en la que se cuestionaba por los proyectos financiados por Enresa en la provincia de Córdoba. No ha precisado la cuantía de la financiación de Enresa para este proyecto.

El parque multiaventura de Hornachuelos es un proyecto de su ayuntamiento, presupuestado en algomás de dos millones de euros y dirigido a quienes quieran soltar adrenalina en este enclave de la Sierra de Hornachuelos. Podrán saltar al vacío desde una torre de aventura de 22 metros de altura o cruzar el río Bembézar de un lado a otro con tres grandes tirolinas. Estas son las atracciones estrella de este proyecto de turismo activo que, además, contempla varios circuitos: desde uno de entrenamiento previo a otro para distintos tramos de edad o uno familiar, junto a la citada torre de aventura de 22 metros de altura dotada de un mirador en su parte superior y preparada para la práctica del salto al vacío.

Junto al parque multiaventuras, el proyecto encargado por el Ayuntamiento prevé la construcción y explotación de un albergue e instalaciones complementarias. El albergue dispondrá de una docena de módulos con capacidad para siete personas cada uno, más un módulo habilitado para personas con discapacidad. A ello se sumarán zonas comunes para comedor, sala de exposiciones, piscina, zona de juegos y aparcamiento.

Un camping para Fuente Obejuna

En su respuesta al diputado del PSOE, el Gobierno también señala que la compañía nacional financia otro proyecto en otro de los pueblos del entorno del centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril.

Se trata de un camping municipal en Fuente Obejuna, para el que Enresa financia la dotación de bungalows y el acondicionamiento de una zona de acampada y edificaciones para la creación del camping, según se señala en la respuesta parlamentaria del Gobierno central.

Fuente: cordopolis

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El CSN no informó de la contaminación subterránea en la central nuclear de Ascó

El Presidente del CSN comparece en el Congreso y le pregunta por las sustancias radiactivas halladas en el subsuelo de la central nuclear de Ascó. La claridad de su respuesta te deslumbrará y te quedarás muy tranquilo al saber que estamos en buenas manos. (Spoiler: NO)

Recambolesca explicación del presidente del CSN sobre contaminación no declarada en Ascó

 

Minas de uranio y fracking. Dos caras de la misma especulación en Castilla y León.

Después de estafar por valor de 2.500 millones a la empresa pública francesa del uranio, los tres ejecutivos responsables del fraude se instalaron en Berkeley, una compañía que pretende abrir en Salamanca la mina de uranio a cielo abierto más grande de Europa. Estos tres empresarios, que repitieron la operación con la estatal del uranio española, ya están fuera de Berkeley, pero pervivió su estilo de hacer negocios, más enfocado en la especulación en bolsa que en la extracción minera.

En una concentración en contra de la minera Berkeley, Rosa M. terminó hablando con un veterano del sector, un hombre que llevaba décadas trabajando en diferentes empresas mineras. Le arrojó tres nombres y un dato inquietante que ella, al igual que la mayoría de los asistentes, ignoraba: la minera Berkeley estaba íntimamente relacionada con UraMin, una empresa que había estafado al Estado francés unos años antes causándole pérdidas de 2.500 millones de euros.

Rosa M. apuntó los nombres en un papel: Ian Stalker, Stephen Dattels y James Mellon. Semanas después tropezó con el apunte y decidió darle una oportunidad.

Lo que encontró era mucho más grande de lo que podía esperar. Una trama de fraudes, estudios de viabilidad amañados, sobornos y movimientos especulativos que trazaban líneas desde el desierto de Namibia al Campo Charro de Salamanca, de Australia a Canadá, de Bruselas a París, de la Ciudad de Panamá a León, pasando por Ciudad del Cabo y Madrid, líneas que unían a la minera con altos cargos de la Junta de Castilla y León, con Miguel Arias Cañete o con el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela.

Los responsables de la estafa a Francia intentaron repetir la operación con la empresa estatal española de uranio, quedándose “en una especie de privatización encubierta” con reservas estratégicas de uranio del Estado

Rosa M. comenzó a sistematizar la información, la montaña de documentos y una avalancha de nombres cruzados, fechas y posibles líneas de investigación. Durante un año, utilizó las mañanas libres que le dejaba su trabajo vespertino para llegar finalmente a una conclusión: los mismos ejecutivos mineros australianos y canadienses que habían estafado a Areva, la empresa estatal de uranio francesa, desembarcaron poco después en Salamanca, donde intentaron repetir la operación con la empresa estatal española de uranio, Enusa, quedándose “en una especie de privatización encubierta” con reservas estratégicas de uranio del Estado.

Todo ello, según cuenta Rosa M. a El Salto, siendo “una pequeña empresa financieramente débil, sin experiencia en uranio ni en extracción minera en general, cuyo único objetivo declarado era cotizar y generar ganancias en la bolsa”.

Para organizar todo el material del que disponía —memorias anuales de la Berkeley, comunicados de bolsa, notas y artículos de prensa, informes de diversas compañías— tuvo que elaborar una cronología detallada de 33 páginas, con cientos de links. No hicieron falta filtraciones. Toda la información es de dominio público, está a disposición de quien quiera mirar y atar cabos. Lo que hizo Rosa M. es unir las líneas y darle sentido a todo lo que había detrás del Proyecto Salamanca.

Los orígenes

Antes de lanzarnos al inicio de esta historia, nos quedamos unos instantes más en el presente para comprender la dimensión de este escándalo. Si miramos hacia el distrito financiero de París podremos ver cómo el 28 de noviembre de 2017 la policía francesa allanaba la sede de la empresa estatal de uranio, Areva, una compañía en graves problemas económicos después de pagar un precio desorbitado por unas minas de uranio en África que no tenían ningún valor.

En Francia, el caso lleva años acaparando titulares, se han escrito libros y centenares de artículos en todos los medios. También en Canadá. En España, la trama apenas ha trascendido. Mucho menos se conoce que en el caso de Salamanca se repiten no solo los responsables sino también el modelo de negocio.

En Francia, el caso lleva años acaparando titulares, se han escrito libros y centenares de artículos en todos los medios. También en Canadá. En España, la trama apenas ha trascendido

La primera parada de esta historia es una reunión en un bar de Notting Hill en 2005. En este local londinense, el banquero canadiense Stephen Dattels y su amigo James Mellon decidieron iniciar una nueva aventura: invertir 50.000 dólares cada uno y comprar concesiones de uranio en África, según relató el propio Mellon en una entrevista. Como directivo y socio, se unió Ian Stalker, “otro conocido de las empresas mineras junior: las que compran y venden concesiones pero no explotan las minas”, según explica Rosa M. Así nació UraMin Inc.

Su concesión más valiosa era la mina de Trekkopje, situada en pleno desierto de Namibia. Un terreno rocoso explotado durante más de 40 años por diversas multinacionales, abandonado por su escasa concentración de uranio y los altísimos costes de extracción. Las negociaciones entre UraMin y la francesa Areva comenzaron en 2005 y se intensificaron en 2006.

Las contínuas buenas noticias —nuevos hallazgos que supuestamente triplicaban el uranio extraíble, avances en los permisos, estudios de viabilidad favorables— hicieron que el valor de las acciones de UraMin, que entonces tenía más direcciones fiscales que empleados —algunas de ellas en paraísos fiscales— se multiplicara por seis.

Cuando en 2007 la empresa francesa de uranio Areva compró el 100% de las acciones de UraMin por 1.800 millones de euros, defendía públicamente que Trekkopje se convertiría en la mina de combustible nuclear “más grande del mundo”. De hecho, llegó a pagar cinco veces más de lo hablado un año antes. James Mellon, personificado en la entrevista como un millonario de éxito, excéntrico y rockero, cuenta que lo celebró junto a sus socios a 123 metros de altura en el restaurante de la Torre Eiffel de París. No era para menos.

Cuando se dieron cuenta de que habían sido estafados y que la mina comprada en Namibia no tenía ningún, la compañía francesa se había gastado cerca de 2.500 millones de euros

Para poder extraer el uranio de la mina de Namibia, Areva construyó una desaladora y una tubería para llevar agua desde el Atlántico a través de 50 km de desierto. Para cuando se dieron cuenta de que habían sido estafados, la compañía francesa se había gastado cerca de 2.500 millones de euros.

El 12 de diciembre de 2011, la dirección de Areva anunció que se retiraba del proyecto: las minas de UraMin contenían menos de la mitad del uranio esperado, los costes de explotación habían sido infravalorados y los estudios de viabilidad realizados por la consultora minera SRK estaban amañados. El diputado del Partido Socialista francés Marc Goua, miembro de la comisión de investigación creada para el caso, expresó su sorpresa por que Areva se hubiera fiado exclusivamente de un informe elaborado por SKR y pagado por la propia empresa UraMin. ¿Que qué tiene que ver todo esto con la Berkeley y el Campo Charro? La misma empresa, la consultora SRK, participó en la elaboración del estudio de viabilidad del Proyecto Salamanca cuando los mismos directivos que timaron a Francia intentaban repetir la misma jugada en España al frente de Berkeley. Pero no nos adelantemos.

“Es una historia fantástica. Nunca nos hubiéramos imaginado semejante recorrido. Empezamos en 400 millones [dólares de valor bursátil], y terminamos en 2.500 millones”, se jactaba Mellon

Después de conocerse que la mina de Trekkopje no era rentable, la cotización de la recién adquirida UraMin se descalabró en un 80% y el Estado francés se vio obligado a rescatar a Areva, por supuesto, con dinero público. Por parte de la compañía francesa, la investigación señala a la entonces directora, Anne Lauvergeon, por una posible connivencia. El hecho de que las acciones de UraMin duplicaran su precio días antes del anuncio de la compra aumentó las sospechas por parte de la comisión de que había una complicidad y un enriquecimiento ilícito también en la cúpula de Areva.

Los responsables de la venta fraudulenta y de preparar los informes todavía no han sido imputados. El medio francés Mediapart recogía la expresión eufórica de Stephen Dattels: “Es una historia fantástica. Nunca nos hubiéramos imaginado semejante recorrido. Empezamos en 400 millones [dólares de valor bursátil], y terminamos en 2.500 millones”. El modelo de negocio de estos tres ejecutivos se ha repetido en España en el Proyecto Salamanca.

El desembarco en españa

En 2006, la minera Berkeley había llegado a España buscando alianzas y comprando concesiones. En julio de 2008 firmó un preacuerdo con la empresa estatal de uranio, Enusa, el equivalente español de Areva, para hacer prospecciones en Salamanca y Cáceres en las reservas de uranio del Estado. La propia Enusa había abandonado esas minas en el año 2000 por su falta de rentabilidad.

Berkeley era una empresa desconocida, sin experiencia en minas de uranio, que contaba con un único aval: una pequeña participación de Areva, la gran empresa francesa, que poseía el 3% de las acciones de Berkeley, una participación de la que no tardó en deshacerse sin explicaciones cuando comenzó a conocerse el escándalo UraMin y que los responsables del fraude estaban instalados en la Berkeley.

Desde noviembre de 2008 hasta abril de 2009, cuando el Consejo de Ministros español aprobó el acuerdo definitivo entre la minera y Enusa, los rumores y noticias en medios hicieron crecer su valor en bolsa un 700%. Al igual que en el caso de UraMin, se produjo una “revalorización especialmente aguda” en los días previos a la firma del acuerdo con la estatal española, algo que llevó a los reguladores bursátiles a pedir explicaciones a Berkeley, según contó entonces el periódico económico Expansión.

Los tres ideólogos de la operación que vació la empresa pública francesa se hicieron con el control de la minera Berkeley en marzo de 2009 a través de Polo Resources

Aunque ya tenían una pequeña participación en Berkeley, los tres ideólogos de la operación que vació la empresa pública francesa —Stehen Dattels, James Mellon y Ian Stalker— se hicieron con el control de la minera en marzo de 2009 a través de Polo Resources. El 15 de mayo de 2009, Dattels se convirtió en director de Berkeley. Unos meses después, en noviembre de ese año, cedió su puesto en la cúpula de la compañía a su socio Ian Stalker, quien había dirigido UraMin hasta su venta a la empresa estatal francesa.

Desde un principio, remarca Rosa M., el acuerdo entre Enusa y Berkeley fue “desfavorable” para España: “Estamos en la misma época en la que se firmó el Proyecto Castor, cuando regalaban todo. Teníamos a Miguel Sebastián en el Ministerio, con una posición muy pronuclear y querían volver a abrir las reservas del Estado”.

Los estudios encargados por la propia empresa duplicaban las reservas de uranio con respecto a los estudios propios de esta sociedad española, todo gracias a “nuevas técnicas de exploración”

Fueron años de intensa actividad para Ian Stalker. Noticias de compras y acuerdos inminentes con Kepco, la principal compañía eléctrica de Corea del Sur, o con la minera rusa Severstal hicieron que las acciones siguieran su camino ascendente, pese a que todos estos supuestos acuerdos se quedaron en nada. La tarea de realizar el plan de viabilidad del proyecto recayó, al igual que en la mina de Namibia, en Ian Stalker. Para ello contó con una serie de empresas con las que ya había trabajado en la mina de Trekkopje: la consultoría SRK, Mintek y Turgis/Bara Consulting. Este plan sirvió de base para el informe de viabilidad definitivo, lanzado en 2016. Según cuenta Rosa M., este último informe réplica “casi en su totalidad” el esquema del trabajo coordinado por Stalker.

Los estudios encargados por la propia empresa duplicaban las reservas de uranio con respecto a los estudios propios de esta sociedad española, todo gracias a “nuevas técnicas de exploración”. Y afirmaban que los costes de extracción del uranio de Salamanca “era de los más bajos del mundo”.

La meta de los exsocios de Uramin, afirma esta activista, “era llevar a cabo una operación parecida a la de UraMin con Berkeley que culminara en una venta increíblemente ventajosa para los directores y accionistas”.

Pero esta vez no sería tan fácil. En marzo de 2011, el accidente de Fukushima enterraba toda posibilidad de que el uranio fuera a remontar su precio. Y a principios de 2012, Enusa anunciaba que rompía al acuerdo al no considerar creíbles los planes de viabilidad de Berkeley.

“Tras analizar el último estudio de viabilidad presentado por Berkeley, Enusa concluye que no se ha acreditado que la explotación del Dominio Minero del Estado en la provincia de Salamanca resulte viable y sostenible en el tiempo”, decía la empresa estatal en su comunicado del 17 de abril. La empresa encargada de suministrar uranio a las nucleares españolas añadía que había encontrado en las cuatro versiones del plan “deficiencias en la mayoría de los parámetros requeridos para los estudios de viabilidad según estándares generalmente aceptados por expertos internacionales en minería”.

Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente y actual presidenta del PSOE, se opuso a la mina de Salamanca desde su cargo de consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En declaraciones para El Salto, explica que Enusa renunció al proyecto en 2012 “porque el precio del uranio era tan bajo que no había posibilidad de hacer rentables las inversiones”. “Cuando repuntó el precio de este mineral, la empresa australiana Berkeley, especializada en comprar y vender derechos mineros más que en explotarlos, decidió reactivar el proyecto”, apunta.

Leer la entrevista completa a Cristina Narbona: “El proyecto de la mina de uranio podría acabar provocando otro conflicto con Portugal”

Según un artículo publicado entonces por El Confidencial se trataba de una relación “viciada de origen, cuando la compañía pública tuvo que avenirse a reabrir una explotación por mandato gubernamental, pero contra su voluntad”, en referencia a la política pronuclear del entonces ministro de Economía, Miguel Sebastián, “de la mano de una compañía recién nacida cuyo único aval era estar participada por el gigante francés Areva”.

Pese a las malas noticias, los tres ejecutivos que venían de UraMin consiguieron vender más de la mitad de sus acciones cuando todavía no se había roto el acuerdo con Enusa asegurándose enormes ganancias.

Un acuerdo a puerta cerrada

Después de la ruptura con Enusa, “el proyecto quedó muerto entre 2011 y 2012”, cuenta a El Salto este veterano del sector minero. Berkeley cambió de estrategia. Con el nuevo Gobierno, unas buenas relaciones con el PP podían ser de gran ayuda, sobre todo si se acompañaban con una buena demanda judicial.

Uno de los directores de la Berkeley en esa época fue un viejo conocido del PP, José Ramón Esteruelas, el exconsejero delegado de la estatal de tabaco Cetarsa en fase de privatización, cargo que compatibilizó con la presidencia de Minas de Almadén y Arrayanes. Esteruelas también estuvo envuelto en un caso de corrupción en su época de director de Correos. Este empresario tenía una fluida relación con la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI), entidad pública que aún hoy es accionista mayoritario de la empresa estatal de uranio Enusa, Cetarsa y Correos.

El nuevo equipo se completó con Javier Colilla Peletero, al igual que Esteruelas, muy bien relacionado con el PP, según cuenta este conocedor del sector, y con experiencia en demandas multimillonarias.

“Javier Colilla tenía experiencia en esta clase de negocios: abrir minas ruinosas, con estudios de viabilidad amañados, y cuando les deniegan los permisos, pedir indemnización”, resume Rosa M.

Colilla Peletero, abogado y economista, ejercía desde 1994 como alto ejecutivo de Río Narcea Gold Mines, una minera canadiense que pretendió explotar oro sin mucho éxito —al menos en lo que se refiere a producción de lingotes— en la zona de Salave, Asturias, y demandó al Estado español por 100 millones de euros. Río Narcea es propiedad de la compañía Edgewater, que en un caso similar demandó a la Xunta gallega por 20 millones. Solo en costas judiciales, la Xunta ya ha tenido que gastar hasta la fecha 440.000 euros.

En 2012, Berkeley anunció una demanda a Enusa por valor de 150 millones de euros en un tribunal de arbitraje privado de París por una supuesta violación del contrato

En el caso de Salamanca, el resultado del trabajo de Colilla, “el conseguidor”, fue un acuerdo entre Enusa y Berkeley por el que la minera consiguió “darle la vuelta a la tortilla y recuperar la situación lamentable en la que estaba la empresa”.

En esos meses de 2012, Berkeley anunció una demanda a Enusa por valor de 150 millones de euros en un tribunal de arbitraje privado de París por una supuesta violación del contrato. En una operación que este conocedor del sector califica de “chantaje”, la minera consiguió firmar un acuerdo a puerta cerrada: a cambio de retirar la demanda, Berkeley consiguió una “privatización encubierta” de las reservas del Estado sin pasar por ningún tipo de concurso ni licitación, afirma este técnico.

Tras este acuerdo a puerta cerrada, la concesión pasaba de 30 a 90 años y Berkeley se quedaba con el 100% de consorcio y una serie de minas no explotadas anteriormente por Enusa. A cambio, Berkeley retiraba la demanda y renunciaba a la planta de concentrados que utilizaba Enusa, fundamental para poder abrir la mina.

El acuerdo, pese a sufrir notables cambios, nunca volvió a pasar por un Consejo de Ministros, algo que es ilegal según denuncia Podemos Castilla y León. “Enusa se va pero les cede lo que ellos querían”, resume este técnico que lleva décadas en el sector de la minería.

La conexión local y europea

El cambio de estrategia se completó con un amplio trabajo de cabildeo en las instituciones europeas, pero también entre las administraciones de Castilla y León. Según cuenta a El Salto el portavoz de Stop Uranio, José Ramón Barrueco, “el que cortaba el bacalao” era el exvicepresidente de la Junta Tomás Villanueva. Este político del PP que facilitó los permisos autonómicos para la mina desde su Consejería de Economía y Empleo falleció en septiembre de 2017, un mes antes de que tuviera que declarar como imputado en el caso Perla Negra por prevaricación, cohecho, revelación de secretos, malversación y blanqueo de capitales; y dos meses antes de que tuviera que presentarse en los juzgados también como imputado por la Trama Eólica.

Berkeley se ganó el favor de los medios locales con la contratación de espacios publicitarios. También recabó apoyos de determinados sectores de la población cercana y de muchas de las administraciones locales con promesas de cientos de empleos y con todo tipo de aportaciones económicas: desde subvenciones a equipos de fútbol a patrocinios de eventos; desde contribuciones a pabellones deportivos a dinero destinado a los ayuntamientos “para facilitar la instalación de Berkeley en el municipio”, explica Barrueco. Según este portavoz de Stop Uranio, Villares del Yeltes, donde este activista ejerce como concejal, recibió 19.000 euros. Villavieja, 80.000 y Retortillo, 200.000.

La compra de terrenos fue otra de las técnicas utilizadas por la minera para ganarse favores. En el caso de un terreno de la madre del entonces alcalde de Retortillo (PP), Javier Santamartina, Berkeley pagó el doble de su precio, según denunció la Cadena Ser. De hecho, las oficinas de la empresa minera se han instalado en la finca que antes pertenecía a este alcalde del PP.

El 26 de diciembre de 2014, Manuel Lamela, exconsejero de la Sanidad madrileña, fue contratado como lobbista de la Berkeley en Bruselas. Su misión: convencer a Arias Cañete, comisario de Energía, para que dé luz verde al proyecto, algo que consiguió en pocos meses

“Trajeron a personas que establecieron unas relaciones sorprendentemente cordiales con las administraciones públicas, sobre todo con la Junta de Castilla y León. Se ha demostrado que esta gente contrató gente del PP, que está mediando, haciendo de lobby”, dice esta fuente del sector minero. El trabajo de lobby también llegó hasta lo más alto de las instituciones europeas.

El 26 de diciembre de 2014, Manuel Lamela —exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, imputado por su plan de privatización y segundo hombre de Miguel Arias Cañete en el ministerio de Agricultura— fue registrado como lobbista en Bruselas con un único pagador. ¿Ya os lo imagináis? Pues sí, la Berkeley. ¿Y la persona a la que tenía que convencer de que el Proyecto Salamanca era una buena idea? Parece una pesadilla, pero no lo es: nada menos que el mismísimo Miguel Arias Cañete, que había asumido como comisario de Energía un mes antes, según publicó entonces Infolibre y la Cadena Ser.

En mayo de 2015, la Comisión de Energía daba luz verde al proyecto con un dictamen que fue mutilado “a petición de la propia empresa”, según informó la Cadena Ser. Miguel Arias Cañete defendió que el proyecto minero respondía a la “estrategia energética de la Unión Europea” y alabó los “progresos realizados por la empresa”.

La validación de la mina Berkeley se suma a los numerosos casos de irregularidades que rodean la gestión de Cañete. Entre ellos, los conflictos de intereses por su participación en empresas petroleras y por haber aprobado, cuando era ministro, una amnistía fiscal que terminó favoreciendo a su esposa, regularizando la actividad de una empresa offshore que figuraba en los papeles de Panamá. Entre las tantas empresas que utilizaban el despacho de abogados de Mossack Fonseca en la capital panameña para evadir impuestos figuraba, dicho sea de paso, la propia Berkeley.

Por el acuerdo a puerta cerrada con Enusa, la minera se quedó con los derechos sobre una serie de reservas del Estado no explotadas en una zona cercana al complejo de Saelices el Chico. Entre ellas, las que tienen una mayor concentración de uranio son las minas de Alameda de Gardón y el Villar, según explica este conocedor del sector. El Proyecto Salamanca se completó con una serie de minas “liberadas”, que ya no pertenecen al Estado, como es el caso de las de Retortillo-Santidad.

Un modelo de negocio, un método que se repite

Pasaron los años de la primera legislatura de Mariano Rajoy, los exejecutivos de UraMin vendieron sus acciones obteniendo grandes beneficios, cambió la directiva de la Berkeley, Javier Colilla Peletero se convirtió en vicepresidente de la filial española, pero lo que no cambió fue “la filosofía de los exdirectivos de UraMin”, denuncia Rosa M.

“Hay que crear ilusión y dar buenas noticias, aunque sean de dudosa veracidad, subir las cotizaciones y buscar compradores”, según describe Rosa M. el modus operandi de la empresa: “Las buenas noticias y los estudios de viabilidad positivos van de la mano y abren la puerta a los permisos de las administraciones, que en el caso de Berkeley se han ido obteniendo con una facilidad sorprendente y condiciones más que favorables”.

“Las ganancias de los directivos es y ha sido desde un principio la principal razón de ser de la Berkeley; todo un ejemplo del daño social y ecológico que produce la economía de casino”

Cuando más permisos obtenga la compañía, continúa Rosa M. “más cotiza en bolsa”. Para esta activista convertida en investigadora, “las ganancias de los directivos es y ha sido desde un principio la principal razón de ser de la Berkeley; todo un ejemplo del daño social y ecológico que produce la economía de casino”.

Ya a finales de 2012, Berkeley había anunciado su intención de explotar la mina de Retortillo-Santidad y en los siguientes años desplegó un intenso trabajo de relaciones públicas. Las “buenas noticias” que volvían a darle aire a las acciones de la compañía no se hicieron esperar. En julio de 2013, consiguió un informe positivo del CSN. En octubre de ese año, una declaración de impacto ambiental favorable. Y el 25 de abril de 2014, la Concesión de Explotación para la mina de Retortillo. La junta de Castilla y León hablaba en las bases de la concesión de explotación de la “demostrada experiencia minera en varios países” de la empresa Berkeley.

El 25 de septiembre de 2015, el Ministerio de Industria a través de la Secretaría de Estado de Energía daba la autorización para comenzar el proyecto minero.

Una vuelta más de tuerca

Pese a que los creadores de UraMin se alejaron de Berkeley en 2012, pervivieron los lazos entre ambas experiencias.

El plan de viabilidad definitivo, presentado en 2016, estaba basado en gran parte en el realizado por Ian Stalker —director de UraMin hasta su venta a Areva— y defendía que los costes de producción de las minas de Salamanca eran “de los más bajos del mundo”.

En la realización de este estudio participaron otros dos viejos conocidos de la estafa al Estado francés. Jim Pooley y Pat Willis habían sido los encargados al frente de Turgis Consulting de ejecutar el plan de impacto ambiental de la mina Trekkopje de Namibia. En 2013, la empresa pasó a llamarse Bara Consulting y participó desde octubre de 2015 en el plan de viabilidad de la mina de uranio de Salamanca, según se puede leer en su propia página web. También estuvo presente en ambos proyectos la sudafricana Mintek, tanto en la mina de la discordia en Namibia, como en el Proyecto Salamanca.

No fue hasta mediados de 2015, cuando las acciones de la filial española de la Berkeley comenzaron a recuperarse tras el batacazo de 2011. Las “buenas noticias” acumuladas resucitaron el interés y las expectativas del “sueño nuclear español” de la Berkeley.

La fórmula de dar “buenas noticias” y espolear el valor en bolsa de la compañía siguió dando buenos resultados. A finales de 2016 y principios de 2017, Berkeley anunció que había firmado un acuerdo con Curzon Resources por el cual esta empresa le compraría parte de la futura producción de uranio. La cotización en bolsa experimentó una gran subida y alcanzó uno de los puntos más altos en la historia de la compañía.

La historia vuelve a repetirse: buenas noticias con el efecto de subir las acciones y facilitar el acceso a financiación y conseguir más permisos que retroalimentan su valor en bolsa

Sin embargo, pasados los titulares eufóricos, pocos llegaron a enterarse de que Curzon Resources y su predecesora Interalloys apenas tenían capital y arrastraban desde 2014 pérdidas millonarias. Menos que su matriz, Salkeld Investment Limited, estaba en quiebra y que fue cerrada por las autoridades británicas el 5 de diciembre de 2017.

Para Rosa M. la historia vuelve a repetirse: buenas noticias con el efecto de subir las acciones y facilitar el acceso a financiación y conseguir más permisos que retroalimentan su valor en bolsa.

Cuando parecía ya claro que había sido “otro engaño”, cuenta Rosa M., un nuevo acuerdo milagroso que salvaba a la compañía y al “sueño nuclear español” volvía a darle fuelle a las acciones en bolsa de la Berkeley. En agosto de 2017, la minera anunciaba que había llegado a un acuerdo con el Sultanato de Omán que entraría en vigor el 31 de enero de 2018.

El acuerdo consiste en una inversión de 100 millones de euros que convierte a Omán en propietario del 37% de los derechos de explotación y de la futura producción de estas reservas de uranio del Estado español, con derecho preferente de compra de un millón de libras de uranio.

La inversión podría servir para salvar uno de los últimos obstáculos que tiene la Berkeley para empezar a producir, si es que esa es su intención: construir una planta de procesado del uranio, sin la cual de nada le serviría abrir la mina, cuenta a El Salto Paco Castejón, del Movimiento Ibérico Antinuclear. ¿Se trata de un nuevo movimiento especulativo o esta vez pretenden comenzar a extraer uranio con las implicaciones para el entorno y para la salud de los pueblos y ciudades cercanas?

¿Estafa o desastre medioambiental?

Según cuenta Castejón, la Berkeley tiene actualmente todos los permisos para abrir la mina “mañana mismo si quisiera”. Pero la mina, matiza, no puede operar sin otras dos instalaciones indispensables que no cuentan con permisos de las administraciones: una fábrica de concentrados para procesar las miles de toneladas de tierra que movería la mina y un cementerio para los residuos, altamente tóxicos. Berkeley no solo no tiene estos permisos sino que no ha adoptado las medidas necesarias para obtenerlos, señala Castejón.

“¿De qué depende que pongan a trabajar la mina?”, se pregunta Castejón, para dar inmediatamente después la respuesta: “De que sea rentable”. Según el documento emitido por la Consejería europea de Arias Cañete, la mina no sería rentable con un precio del uranio inferior a 56 dólares la libra (0,45kg). Lo que nadie duda es que con el precio actual, de unos 20 dólares la libra, extraer el uranio de las minas de Salamanca es una ruina.

“Incluso el primer país minero de uranio en el mundo, Kazajistán”, relata Cristina Narbona a El Salto, “tuvo que detener gran parte de su producción de este metal radiactivo” por los bajos precios después del accidente de Fukushima. Pero, recuerda, se trata de un mercado de “precios volátiles” en los que en pocos días podría duplicar su precio por una mayor demanda o caer en picado tras un nuevo accidente.

Se calcula que unas 2.500 encinas ya han sido cortadas, pero según el proyecto de Berkeley, se prevé que desaparezcan 30.000 arboles en la zona. Sergi Rugrand

¿Por qué entonces el Sultanato de Omán se mete en unas minas cuya rentabilidad ha desestimado quien mejor las conoce, en asociación con una empresa minera de dudoso pasado cuyos anteriores directivos han engañado ya a dos países europeos?

Rosa M. recurrió a software relacionales para encontrar una de las posibles explicaciones: el responsable de inversión minera por parte de Omán, Timothy (Tim) Keating fue directivo en la misma compañía australiana de exploración minera, Kore Potash, que nuestro viejo conocido Ian Stalker, el exdirector de operaciones de UraMin y Berkeley. ¿Casualidad? Es pronto para saberlo.

¿Se trata de otro movimiento especulativo o el capital que aportaría Omán permitiría construir la fábrica de concentrados que necesita la Berkeley? La intención de China, recuerda Narbona, de llegar a tener 232 reactores operativos en 2030, frente a los 35 que tiene ahora mismo, podría cambiar la situación. Lo único seguro es que con los precios actuales la mina no es viable.

“Una mina de uranio a cielo abierto es una brutalidad. Estás tratando con materiales radioactivos. Todo el polvo que se libera se distribuye por el medio ambiente”, explica Castejón

Si esta supuesta inversión del Sultanato supone el inicio de la explotación de uranio en medio del Campo Charro, se pasaría de un operación especulativa a un auténtico “desastre ambiental”, advierte Paco Castejón.

“Una mina de uranio a cielo abierto es una brutalidad. Estás tratando con materiales radioactivos. Todo el polvo que se libera se distribuye por el medio ambiente. En el caso de Retortillo contaminaría el río Yeltes, y el río Yeltes desemboca en el Duero… y toda la ribera del Duero recibiría la contaminación de la mina”, explica este físico nuclear. Castejón habla de las pruebas realizadas recientemente en los alrededores de las minas francesas de uranio de Níger donde “se ha visto contaminación de uranio a decenas de kilómetros, incluso a 100 kilómetros, en parte movida por el viento y en parte por la acción humana”.

¿Estafa o desastre ambiental? Quizá sea las dos cosas. Ya lo decía en 2012 un artículo publicado en El Confidencial sobre el “sueño nuclear español”: “En cualquier caso, sólo cabía esperar un final extraño para una historia donde todo fue demasiado raro desde el principio”. Solo se equivocaba en una cosa: no fue ese el final de la historia, todavía no sabemos cómo termina este “sueño” convertido en pesadilla.

¿Dinero de ida y vuelta?

 En agosto de 2017, el Fondo soberano del Sultanato de Omán (SGRF por sus siglas en inglés) acordó invertir 120 millones de dólares (unos 100 millones de euros) en Berkeley. En el marco de la operación, SGRF se reserva la opción de adquirir el 37% de Berkeley Energía, al tiempo que tendrá derecho al suministro de uranio de estas reservas.

El 2 de enero de 2018, la empresa española pública de inversión Cofides inició el proceso de selección de una gestora para el fondo de capital riesgo creado en colaboración con el Fondo de Reserva General del Sultanato de Omán.

Cofides aportará un millón de euros con cargo a sus recursos propios y 99 millones de euros con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior, que Cofides gestiona en exclusiva por cuenta de la Secretaría de Estado de Comercio, adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Este fondo promoverá inversiones temporales y minoritarias en empresas españolas o accionistas domiciliados en España que contemplen planes de proyección internacional. Las áreas de interés geográfico de destino del fondo serán preferentemente Omán, países del Consejo de Cooperación del Golfo, África Oriental (especialmente Tanzania, Kenia, Mozambique, Uganda y Ruanda), Sur Asiático (con especial atención en India), Sudeste Asiático (Indonesia, Malasia y Vietnam) e Iberoamérica, si bien también podrá financiar proyectos en otros países.

Los principales sectores objeto del fondo serán los de materiales de construcción, manufacturas, minería, turismo, logística, salud, infraestructuras, energía y agroalimentación.

Copiado de:  elsaltodiario.com

Energía tiene un agujero de 3.000 millones para desmantelar las centrales nucleares

 Un supuesto fallo de previsión hace que a la empresa pública Enresa no le basten los 5.000 millones acumulados desde 1985. Energía quiere cargarlo a las eléctricas y estas, al erario público.

Las nucleares son las nuevas radiales. La empresa pública Enresa, encargada de desmantelar las centrales nucleares y dependiente de Energía, necesita más dinero. Mucho más. Dinero público. Enresa ha transmitido al Ministerio de Energía que si las nucleares cierran a los 40 años de vida, cosa que ocurrirá a lo largo de los próximos 10 años, necesitará unos 3.000 millones más para acometer los trabajos de cierre. Y eso, a pesar de que el plan de residuos vigente establece que el fondo acumulado por Enresa desde 1985 —unos 5.000 millones, que primero aportaron los consumidores y luego las eléctricas— debía ser suficiente. El Gobierno acaba de caer en el roto que supone el que las eléctricas hayan aportado de menos e intenta alargar la vida de las nucleares al menos 10 años o que sean ellas las que carguen con el desmantelamiento. No es la primera vez que las malas previsiones en el sector nuclear acaban cayendo sobre el contribuyente, y esa partida está en la trastienda de la guerra de Nadal con las eléctricas.

El pasado 31 de enero el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció en el Congreso su intención de que las eléctricas pagasen el desmantelamiento de las nucleares. Respondía así a la decisión de las eléctricas, que ya hablan abiertamente de cerrar las plantas cuando cumplan los 40 años de vida útil, plazo que vence entre 2023 (Almaraz I) y 2028 (Trillo). “España es el único país del mundo en el que el desmantelamiento de una central nuclear —no del resto, el resto sí es responsabilidad de la propia empresa— es responsabilidad de todos, a través de la empresa pública Enresa. […] ¿Qué ocurre? Que cuando se decide el cierre de una central, el propietario quiere abandonarla y dejársela a Enresa cuanto antes, y no acometer una serie de inversiones de predesmantelamiento que están obligados a hacer”. Y añadía que el resultado era que “ahora mismo el cierre de cualquier central —y estamos en el proceso del cierre de la central de Santa María de Garoña— supone una aportación adicional por parte del sector público”.

Enresa no tiene dinero para pagar el desmantelamiento de todas las centrales nucleares

Asumía así que Enresa no tiene dinero para pagar el desmantelamiento de todas las centrales nucleares. Eso choca frontalmente con el Plan General de Residuos Radiactivos vigente, aprobado en 2006 —y no renovado desde entonces, pese a que estaba prevista su revisión a los cinco años—. El agujero tumba todo el sistema español de gestión de residuos nucleares. Desde los años ochenta, una parte del recibo de la luz iba destinada a un fondo de Enresa. Esta empresa pública debía encargarse del cierre de las nucleares y de la gestión de los residuos, y así lo hizo con Vandellòs I, cerrada tras un incendio en 1989, y con Zorita, clausurada en 2006 por un acuerdo político. En 2005, el Gobierno del PSOE cambió la ley para que ese fondo se nutriera de una tasa que pagaban las eléctricas en función de la producción nuclear. Así se cumplía el principio de que quien contamina paga.

El sistema tenía importantes lagunas, como considerar pasados 70 años la gestión de los residuos nucleares, activos durante miles de años, ya no iban a costar nada al Estado. Pero era una forma de ir tirando que se vendía como idónea. El Estado acumulaba un fondo y no dependía de las eléctricas para algo tan sensible como desmantelar el parque nuclear. Estas a su vez descontaban ante sus inversores riesgos futuros de los residuos. En teoría, el sistema cuadraba. Así lo dice el plan de residuos: “Las dotaciones al Fondo solo se pueden destinar a costear las actuaciones previstas en el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), y al concluir el periodo de gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las instalaciones contempladas en el PGRR, las cantidades totales ingresadas en el Fondo, a través de las distintas vías de financiación, deberán cubrir los costes incurridos de tal manera que el saldo final resultante sea cero“.

Sin embargo, antes de empezar, el sistema hace agua. Los plazos del cierre nuclear no pueden ser una sorpresa porque el “escenario de referencia” del plan de residuos ya preveía el cierre de centrales a los 40 años de vida. Sin embargo, fuentes del sector explican que Enresa ha trasladado al ministerio que necesitaría unos 3.000 millones si las centrales cierran al cumplir los 40 años. En realidad, es solo una estimación del orden de magnitud del agujero, ya que es un coste previsto hasta más allá de 2080 y puede variar enormemente en función de los tipos de interés, por lo que podrían ser 2.000 o 4.000. La cifra coincide con la estimación que hizo JP Morgan y que adelantó ‘El Independiente’.

Alcaldes de pueblos nucleares en Enresa en 2014

El viernes pasado, ni Enresa ni Energía contestaron a las peticiones de información de este diario. En su comparecencia, Nadal apuntó que el desfase se debía a los bajos tipos de interés, que han hecho que el fondo de Enresa, que durante años han codiciado distintas administraciones, apenas rinda. “Es verdad que el fondo de Enresa depende enormemente de la evolución financiera del mismo. Es decir, en función de qué tipos de interés se están pagando —llevamos una etapa de bajísimos tipos de interés— el fondo Enresa está teniendo menores ingresos, menores intereses de los que inicialmente se habían previsto”, dijo el ministro.

Enresa puede alegar que ha habido imprevistos, ya que el almacén temporal centralizado de residuos debía estar listo en 2015 y aún está empantanado en los tribunales. Debido a ese retraso, ha tenido que construir almacenes temporales (básicamente, una losa de hormigón sobre la que van bidones con las barras de combustible gastado) en varias centrales. Eso explicaría un desfase, pero nunca de 3.000 millones sobre un fondo de 5.000. Como tampoco se explica únicamente con los bajos tipos de interés que ya llevan años. Además, el plan de residuos permitía al Gobierno revisar las tasas al alza mediante real decreto si veía que los ingresos no llegaban.

Distintos informes dejan pistas de cómo se ha formado bajo la alfombra el agujero para el erario público.

En junio de 2012, nada más llegar el nuevo presidente de Enresa, la empresa hizo una revisión de costes y ahí ya afloraron 7.746 millones de sobrecoste en el tratamiento del combustible gastado sobre lo que preveía el sexto plan de residuos. A pesar de eso, las tasas que pagan las eléctricas no se actualizaron, por lo que el agujero siguió creciendo. En 2015, el Tribunal de Cuentas cifró el desfase en 1.500 millones y advirtió a Enresa de que debía revisar año a año las tasas nucleares para evitar estos desajustes, lo que habría supuesto elevar las tasas a las nucleares. En 2012, el Gobierno creó un nuevo impuesto a la producción nuclear, pero lo recaudado no se destinó a Enresa.

Enresa incluye en su última memoria un aviso a las eléctricas sobre el desfase: “Las necesidades de financiación futuras por las posibles desviaciones de las hipótesis del PGRR están plenamente garantizadas mediante la posibilidad de modificación de los tipos de gravamen que la ley prevé que se lleve a cabo mediante real decreto”. Fuentes del sector explican que las eléctricas han entendido perfectamente el mensaje y que ante un tasazo que les suponga pagar 3.000 millones más, prefieren cerrar como ya hicieron con Garoña.

La solución del ministerio es la intermedia. Alargar la vida de las nucleares al menos 10 años más para que siga fluyendo dinero hacia la hucha de Enresa y así paliar el agujero —y que se lo encuentren otros ministros—. Tras el cierre de Garoña, en España hay siete reactores nucleares que el año pasado produjeron el 21% de la electricidad, lo que la situó como la primera fuente de electricidad. Nadal asegura que su cierre encarecería el precio de la luz.

Es relevante que la cifra de 3.000 millones de agujero salga antes incluso de empezar a desmantelar las centrales (con los sobrecostes que se producen como norma en la obra pública) y suponiendo que después de 2070 el coste para el erario público será nulo. Nadie descarta que la factura crezca. Enresa ha reconocido “la dificultad que presenta la estimación de determinados costes sobre los que no hay experiencia previa, como es el caso del desmantelamiento de la central José Cabrera“. Esa es la nuclear de Zorita, un pequeño reactor semiexperimental en Guadalajara en desmantelamiento. Enresa además ha elegido unos terrenos con yesos para el almacén temporal, lo que puede disparar sus costes.

El agujero de Enresa no es el primero que el sector nuclear deja al erario público. Cuando en 1982 el PSOE llegó al Gobierno, las eléctricas estaban inmersas en un ambicioso plan nuclear que amenazaba con llevarlas a la quiebra. El Gobierno dictó entonces una moratoria nuclear que en realidad fue un rescate al sector. A cambio de compensaciones milmillonarias que se pagaron en el recibo durante 30 años, estas dejaron de construir Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II. El pasado nos alcanza.

Fuente: elconfidencial.com

 

12 razones para la desconexión nuclear

Un mes antes de la huelga feminista, las mujeres que de una u otra forma (profesional o activista) nos movemos en torno a la energía, nos dimos cita en Bilbao para reflexionar juntas y una de las cosas que sacamos en claro fue que desde un planteamiento ecofeminista la energía debe ser un derecho y no un bien de consumo. Teniendo siempre claros los límites del planeta en el uso que hagamos de la misma. Obviamente desde esta perspectiva sólo las energías limpias tienen cabida, sin embargo te traigo aquí algunos argumentos que pueden resultar útiles en un debate convencional entre personas que no tengan tan claros los principios de la ecodependencia y la interdependencia.

El pasado 8 de marzo vivimos una huelga sin precedentes, algo que muchas de nosotras no hubiéramos imaginado ni en nuestros mejores sueños. Y vimos como las calles se llenaban de mujeres, y de hombres, que pedían un cambio en la forma de entender la vida y las relaciones. El manifiesto feminista decía: “Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas”.

Una de las formas de gritar bien fuerte es gritar pidiendo el cierre de las centrales nucleares, porque no podemos decir que queremos cuidar el planeta y a la vez producir/consumir una energía que pone en peligro la biodiversidad cada segundo que pasa.Un mes antes de la huelga feminista, las mujeres que de una u otra forma (profesional o activista) nos movemos en torno a la energía, nos dimos cita en Bilbao en el I encuentro Género y energía para reflexionar juntas y una de las cosas que sacamos en claro fue que desde un planteamiento ecofeminista la energía debe ser un derecho.

Teniendo siempre claros, por supuesto, los límites del planeta en el uso que hagamos de la misma. Obviamente desde esta perspectiva sólo las energías limpias tienen cabida, sin embargo te traigo aquí algunos argumentos que pueden resultar útiles en un debate convencional, entre personas que no tengan tan claros los principios de la ecodependencia y la interdependencia.

Estas son doce razones argumentadas para exigir la desconexión nuclear. Comencemos por el principio:1.- La extracción del uranio
Cuando abres una mina encuentran rocas con un gran cantidad de este mineral que puede contaminar el aire, el agua y la tierra. Bruno Chareyron

Aproximadamente, por tonelada de uranio, se generan 3.700 litros de residuos líquidos. A lo que añadimos los residuos sólidos de radio (elemento que da el nombre a la radioactividad) y otros elementos, que suponen unas cien veces el peso del material obtenido; una mezcla donde hay restos de ácido sulfúrico, bióxido de manganeso, carbonato e hidróxido de sodio, cromo, cobalto, cobre, hierro, isodecanol, molibdeno, níquel, radio 226, radio 222, vanadio, y algo de uranio aún. Los compuestos radiactivos poseen una vida media que, en algunos casos, se cuenta en miles de años.

Para extraer el uranio se dinamitan cientos de hectáreas para poder acceder al mineral que de forma natural se encuentra diseminado. Una vez reunido se muele y se realiza la lixiviación para lo que es necesario el ácido sulfúrico que ayuda a decantarlo. En el proceso de decantamiento ya tenemos emisiones de radiaciones ionizantes alfa, beta y gamma, y metales pesados solubles en ácido y gas radón 222. Pero ya hemos obtenido el uranio y algunos otros elementos como el torio, radio, protactinio, plomo, polonio.

Todas sabemos que el uranio obtenido en este proceso es altamente cancerígeno, lo sabemos de forma natural al observar a las personas que viven cerca de estas minas y a quienes las trabajan. También lo sabemos por las pruebas realizadas en animales. Sin embargo, no se ha descrito ningún tipo de cáncer en seres vivos como resultado de la exposición al uranio natural o empobrecido.

Aunque sabemos que el uranio empobrecido (U-238) se utiliza en la industria armamentistica. Este tipo de uranio que tiene una vida media de 4.500 millones de años.

2.- Los reactores nucleares liberan radiactividad en el aire y en el agua de forma continua para su correcto funcionamiento
Sin necesidad de accidentes, aunque nos hacen creer lo contrario, las centrales nucleares mantiene un flujo pequeño pero constante de fluido que expone a todas las criaturas vivas a las radioactividad que pasa por la tierra, por el agua y por el aire.

Para su correcto funcionamiento deben liberar isótopos radiactivos en pequeñas cantidades.

3.- Los residuos nucleares se mueven de un lugar a otro.
Mover los residuos nucleares es un actividad de alto riesgo y sin embargo es algo que se hace de forma continuada porque los tratamientos necesarios para su almacenaje rara vez pueden realizarse en el mismo lugar en que se producen. Los residuos generados en España deben viajar a Francia, y regresar, antes de poder ser almacenados

4.- Almacenar residuos durante miles de años de forma permanente
Vamos por la cuarta razón para la desconexión nuclear y seguimos hablando de residuos. La verdad es que desconocemos aún cuál puede ser el método seguro que permita almacenar residuos nucleares. Por supuesto, no tenemos ni idea de como eliminarlos o al menos neutralizarlos de forma segura. Ya en 1977 el presidente estadounidense Jimmy Carter tomo medidas para detener la producción y en un artículo del periódico El País de octubre de 1985 se cita el Informe Flowers (sexto informe de la Comisión Real del Reino Unido sobre Contaminación Ambiental, septiembre 1976) concluía emitiendo un veredicto crucial: “No debería permitirse un compromiso con un amplio programa de energía nuclear (sería irresponsable y moralmente equivocado) hasta que no haya sido demostrado, por encima de cualquier duda razonable, que existe al menos un método que garantice la seguridad del almacenamiento de los residuos altamente radiactivos para el futuro indefinido”.
Estas cuestiones continúan sin respuesta.

5.- Nuestra salud o la de cualquier ser vivo
Los problemas de cáncer son la parte más visible de la cercanía a minas, centrales nucleares o cementerios de residuos. La leucemia es una de las enfermedades que suelen estar asociadas a la contaminación del cuerpo con uranio enriquecido (diferenciar del natural o empobrecido). La ingestión de la manera que sea, de grandes cantidades de uranio daña los riñones e impide su funcionamiento. También el cáncer de la glándula tiroides (uno de los órganos del cuerpo más sensibles a la radiación), es habitual.

Las radiaciones ionizantes no controladas provocan alteraciones en el ADN.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de forma normal una persona recibe unos 3 milisieverts (unidad que mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva) en un año normal, el 80% a través de fuentes naturales de radiación y el resto a través de procedimientos y pruebas médicas.

No debemos olvidar que la radiación reduce el número de glóbulos blancos y eso nos hace más vulnerables a las infecciones.

6.- DDHH
Las normas sobre la seguridad en lo relativo al contacto con la radiación se están relajando de forma permanente. Cada nueva regulación es más laxa que la anterior, lo que significa que cada vez estamos más expuestas.
Los residuos siempre se llevan para su almacenamiento a zonas económicamente empobrecidas, lo que hace que sean las poblaciones más vulnerables las que, por una compensación económica, se arriesgan a vivir cerca de una fuente de radiación que va a durar miles de años. Si le sumamos lo anterior, parece que en lo que respecta a la energía nuclear, las clases sociales existen y los DDHH son continuamente vulnerados.

7.- Derechos medioambientales
En 1972 se comenzó a hablar de los derechos medioambientales durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo. Se habla de la necesidad de un entorno humano saludable. Y puede parecer que Naciones Unidas tiene bonitas palabras que nunca se pueden llevar a la práctica, pero en estos días en que la Constitución Española de 1978 está tan de moda, es bueno recordar que en su artículo 45, establece que tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, y que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

8.- Derechos Animales
Los animales no humanos con quienes compartimos el planeta tienen derechos, aunque no exista un documento que lo ponga por escrito. Los animales silvestres necesitan un entorno adecuado para el digno desarrollo de su vida. Las minas a cielo abierto, o el sobrecalentamiento constante del agua en la que viven o de la que beben, son aspectos que perturban gravemente el desarrollo de sus vidas.

Durante milenios el pensamiento occidental ha justificado la intervención en el medio natural y las consecuencias negativas para el resto de seres vivos, amparándose en una supuesta superioridad basada en una jerarquización de la vida. Cualquier acción humana realizada para nuestro propio interés, estaba por encima del interés de animales y plantas. Ya no podemos continuar amparándonos en este tipo de excusas, nuestra naturaleza biológica deja en claro que somos animales y nuestra ética debe ponernos en nuestro lugar, osea en un plano de igualdad respecto al resto de la vida en el planeta.

9.- Económicas 
Donde se produce un accidente nuclear no hay otra opción que abandonar el lugar. Tenemos el ejemplo de Chernobyl, actualmente un paraje abandonado, pero que significa un elevado coste monetario de más de 350 mil millones de dólares.

A partir de los 30 años de funcionamiento, cuando se amortizan la centrales nucleares, los propietarios de éstas pagan 1,5 € por kWh producido, mientras que lo venden a unos 5,5 € al mercado de la electricidad. Una empresa así es el sueño de cualquier capitalista, pero está fuera de cualquier otro análisis económico donde además del capital se ponga en el balance el coste en el bienestar de las personas, de los animales y del equilibrio ecológico.
Además, la obtención de kilovatios a través de centrales nucleares requiere la importación de uranio, que según datos del Foro Nuclear procede de Rusia en un 45%,Australia 22%, Níger en un 20% y el resto se reparte entre Kazajistán, Canadá, Sudafrica y Ucrania.

Según el Foro Nuclear , el uranio para alimentar a las centrales nucleares está garantizado durante los próximos 100 años, lo que desde el punto de vista de la economía feminista, significa que se acaba en tres generaciones. Osea, mañana mismo.

10.- La solidaridad intergeneracional
Creo que queda claro que la energía nuclear, desde su comienzo hasta su no-final, puesto que los residuos permanecen radiactivos durante miles de años, es uno de los mejores ejemplos de todo lo que de perverso hay en nuestra sociedad. Mantener la energía nuclear, cuando no sabemos manejar de forma segura los residuos que produce, delega en las generaciones futuras el riesgo, las consecuencias y la responsabilidad de gestionarlos.

11 .- Falta de transparencia
La desinformación es la norma en las zonas donde existe minería de uranio, centrales nucleares o puntos de almacenaje. La información que nos llega es gracias a filtraciones y lo más habitual es que los máximos responsables no acuden cuando son citados.

Aunque el CSN se define como un ente independiente de la Administración General del Estado que rinde cuentas al Congreso y al Senado, la verdad es que dilatan los periodos entre sus apariciones, a veces hasta dos años completos, y han ido relajando la normativa para la seguridad, dando así más facilidades a las grandes empresas energeticas, de las que también deberían ser independientes.

12.- Frena el desarrollo de las energías renovables
Uno de cada tres kilovatios utilizados en 2017 fue producido por el viento, el agua, el sol o la biomasa del territorio que compartimos. Sin embargo, esto no es una buena noticia, deberíamos producir más de esta energía limpia y a la vez replantearnos nuestro consumo, ya que nuestra dependencia energética está 20 puntos por encima de la media europea. Esta situación es la causa de que una buena parte de nosotras estemos expuestas al fenómeno llamado “pobreza energética”, dado que los precios que pagamos por la energía vienen impuestos por el mercado internacional.

En el estado español las importaciones han crecido un 18% en 2017 y el déficit energético ha aumentado un 30,4%, lo que nos aleja del objetivo con el que comenzábamos este artículo, entender la energía como un derecho.
Y quiero terminar con unas palabras en memoria de las casi dos mil encinas muertas en Retortillo. La vida de un árbol también debe ser defendida, un árbol tiene derecho a cumplir su ciclo y estas casi dos mil encinas perecieron en un acto de soberbia comercial, cuando Berkeley decidió darnos la impresión de que la mina a cielo abierto era un hecho incuestionable. Víctimas inocentes del marketing mal entendido, victimas inocentes de la prepotencia de unos animales que han olvidado que son solo una parte más en el delicado equilibrio de la vida: nosotros.

“No creo que llegue a ver jamás
un poema tan bello como un árbol”
Joyce Kilmer

Fuente:   elsaltodiario.com

El Ministro de la Industria propone traspasar a las eléctricas los fondos de Enresa para desmantelar las nucleares

 

Nuevo intento de traspasar dinero público a las empresas privadas que han generado el problema de los residuos nucleares.

¿Que ocurre cuando una empresa privada neoliberal gestiona algo? que busca su  mayor lucro, independientemente de las consecuencias económicas, sociales o ambientales a su entorno.

La empresa pública, con un fondo de 4.500 millones, seguiría gestionando los residuos, es decir, los mayores costes.

Con la medida, que incluirá en una proposición de ley, Nadal dice quiere frenar el cierre de centrales. La realidad es que hay que sumar puntos para buscar un cargo de político giratorio al terminar de ser ministro.

demás de los polémicos recortes a la retribución de las redes eléctricas y de gas que el Ministerio de Energía quiso introducir como enmiendas al proyecto de ley contra la sequía, el departamento que dirige Álvaro Nadal había planteado una tercera enmienda para obligar a las eléctricas a desmantelar sus centrales nucleares. Una función que tiene reservada desde su creación la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Aunque estas tres enmiendas acabaron fuera del citado proyecto de ley, al no contar con el respaldo del Grupo Socialista, el ministro no ha tirado la toalla y ha decidido incluir estas medidas en una proposición de ley que presentará próximamente el Partido Popular. La relativa al desmantelamiento de las centrales nucleares, a la que ha tenido acceso CincoDías, supondría un cambio radical de la actual situación, pues plantea el trasvase de la función del desmantelamiento de las plantas que ahora corresponde a Enresa a los titulares de las plantas (las grandes eléctricas). Y, lo que es más relevante, la cesión del fondo de 4.500 millones de euros que durante años ha acumulado la empresa pública para la gestión de los residuos radiactivos (función que mantendría) y el desguace de las centrales.

Según el texto de la propuesta, titulado “Modificaciones de rango legal para traspasar la función de desmantelamiento de Enresa a los titulares de centrales nucleares”, el Gobierno se propone transferir a las eléctricas “la obligación de llevar a cabo el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares”. Al mismo tiempo, añade, se le transferirá “la parte equivalente del fondo del que dispone Enresa para realizar esta actividad, exigiéndosele determinadas cautelas, tanto para la conservación de los fondos recibidos con esa finalidad, como para la dotación del total de fondos requeridos para el citado desmantelamiento”.

La propuesta responde a la intención del ministro de Energía de poner trabas a eléctricas que, como Iberdrola, amenazan con cerrar sus nucleares por no considerarlas rentables. Sin embargo, un cambio tan drástico es calificado de “altamente peligroso”, tanto entre fuentes del sector como del propio Gobierno del PP. Y, sobre todo, “difícil de controlar y valorar”.

ENRESA

Además, recuerdan las mismas fuentes, hasta 2005, los fondos de Enresa fueron aportados por los consumidores en la factura de la luz y a partir de ese año el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió cobrarlo a las empresas a través de tasas. Por tanto, “una parte sería de los usuarios”, añaden.

Enresa es la empresa pública (tutelada por el Ministerio de Energía) responsable del desmantelamiento de las centrales atómicas. Hasta el momento, la compañía ha dirigido los desmantelamientos de Vandellós I (clausurada tras un grave accidente en 1988 y cuyo sarcófago no se desmontará hasta 2028); la de José Cabrera (Zorita), en Guadalajara, y ya ha recibido la titularidad de la central de Santa María de Garoña, cuyo cierre fue decretado el pasado verano. Esta se vería afectada por la nueva ley, si esta prospera.

Según la actual normativa, que el ministerio pretende cambiar, Enresa se convierte en titular de las plantas una vez que se cierran y en tanto termina el desmantelamiento, momento a partir del cual le devuelve a las eléctricas los terrenos.

La medida implicaría la modificación de la Ley de Energía Nuclear, de 1964, y la Ley del Sector Eléctrico, de 1997, y con ella el Gobierno dice aspirar “a incrementar la eficiencia del desmantelamiento, ya que pasa a ejecutarse directamente por su propietaria, que es quien mejor conoce la central”. Y, en su opinión, “elimina cualquier incertidumbre sobre los costes de desmantelamiento, cuyo déficit ya no se tendría que financiar con dinero público”.

El Gobierno deja así claro que el actual fondo de 4.500 millones no cubriría el desmantelamiento de todas las plantas, pues una buena parte debe destinarse a la gestión del combustible gastado y de los residuos de media y baja intensidad de la planta de El Cabril, de la que seguirá ocupándose Enresa. Aunque desmantelar una planta cuesta una media de 300 millones (hay siete reactores funcionando, más los tres en desmantelamiento), parte del fondo se destina a la gestión de residuos de los almacenes individuales (ATI) ubicados en las propias centrales y al futuro ATC en proyecto.

El último Plan General de Residuos, de 2006, ya establecía que Enresa necesitaría 13.000 millones de euros para el desmantelamiento de todo el parque y gestionar los residuos durante 60 años.

Sanciones de hasta 300 millones

La propuesta del Ministerio de Energía de trasvasar la responsabilidad del desmantelamiento de las nucleares a sus propietarias, establece que, en el caso de que alguna de ellas incumpla su obligación, el desguace sería ejecutado de forma subsidiaria por Enresa. Eso sí, se reclamaría a la eléctrica “daños y perjuicios”, que se enfrentaría también a sanciones de hasta 300 millones de euros (el coste de desmantelar un reactor).

La gestión de los residuos seguiría en manos de Enresa, pues esta se considerará “un servicio público esencial” que se reserva el Estado. Esta actividad de financiará mediante tasas y tendrá la consideración de coste regulado del sistema. También lo tendrá el desmantelamiento de las centrales cerradas antes de 2010: Vandellós I y Zorita. Sin embargo, tanto el de Garoña como el de las que cierren en el futuro, deberán ser financiadas por sus propietarias. Almaraz I será la próxima en cumplir 40 años de vida útil, en 2021.

Si el cierre es debido a fuerza mayor y se adelanta a lo establecido en el Plan de Residuos Radiactivos, el déficit de financiación (lo que no cubra el fondo de Enresa) se considerará un coste del sistema. Esto es, lo pagarían los consumidores en la factura de la luz.

Fuente: elpais.es

La comarca de Garoña abandonada a su suerte.

Ningún plan económico, ni ayudas de la Junta de Castilla y León o Madrid.

Ecologistas exigen vigilar el cauce del Ebro.

La central sigue 5 años después en la fase previa a su desmantelamiento.

ENDESA e Iberdrola se han lucrado durante 45 años mientras el norte de España ha dispuesto de energía eléctrica para su desarrollo a un coste competitivo.

Ahora la comarca de Garoña recoge su herencia en forma de una despoblación y un abandono económico casi completos.

Sobre el Valle de Tobalina, rodeado por 2 Parques Naturales, atravesado por el rio Ebro y colindante a la ciudad medieval de Frias, han planeado varias amenazas en los últimos 10 años. Sólo la tenacidad de sus habitantes y veraneantes han conseguido parar la autopista AP69, una incineradora de neumáticos, un permiso de fracking … y esperemos que tambien una cantera que pretende establecer la empresa Yarritu de Miranda de Ebro.

El reactor central de Garoña fué detenido hace cinco años. A las 22.57 horas del 16 de diciembre de 2012, en concreto. Después de 42 años se desenganchaba de la red eléctrica, aunque hasta agosto de este año no se ha apagado el espíritu de esta planta nuclear levantada a 5 kilómetros de suelo vasco. Un lustro en el que estas instalaciones localizadas en el valle burgalés de Tobalina continúan estancadas en la fase previa a su desmantelamiento que según algunas voces expertas, no arrancará hasta 2020;y eso si los plazos son respetados. Y que, como mínimo, se extenderá durante cerca de siete años.

Al finalizar todo el proceso, allá por 2033, los terrenos ocupados a orillas del Ebro deberían quedar completamente liberados de cualquier fuente contaminante y ser destinados “a cualquier uso sin restricciones derivadas de la presencia de radiaciones ionizantes debidas a la operación de la central” ilustra Fernando Legarda, jefe del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la UPV/EHU. A juicio de este experto, ese horizonte de 2033 “es coherente” con lo realizado en el desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera [más conocida como Zoritapor estar ubicada en Almonacid de Zorita, en Guadalajara, al paso del río Tajo] “donde no ha habido paradas en el proceso”.

Los grupos ecologistas no han quitado ojo a todo lo ocurrido en la central en las cuatro últimas décadas. Por eso, como subrayaban desde el Foro contra Garoña, una vez ganada la primera batalla [el cierre] viene la segunda “que es larga y también difícil”: el desmantelamiento. En este sentido, reclaman que tanto la Diputación Foral de Araba como el Gobierno vasco “hagan directamente controles periódicos en el Ebro para asegurar que no haya ningún escape radiactivo”. Además, solicitan que en la web del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se informe debidamente y en tiempo de los procesos del trabajo a realizar: datos técnicos, plazos, periodicidad de los informes de control y tipo de mediciones…

La ‘basura nuclear’Y, por supuesto, que no se deje ningún residuo en las instalaciones de Santa María de Garoña. Los trabajos previos al desmantelamiento de esta planta, que ha visto reducida su plantilla a base de prejubilaciones (50) y recolocaciones (68), siguen su curso antes de que en 2020 la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) tome el testigo de los trabajos, un proceso que incluirá la custodia de la popularmente llamada basura nuclear. Residuos que, al menos en parte, habrían comenzado a ser trasladados en los últimos tiempos al cementerio nuclear de El Cabril, ubicado en la localidad cordobesa de Hornachuelos, lo que ha derivado en la solicitud de una investigación a la Comisión Europea por parte de Izquierda Unida-Andalucía.

El coste del predesmantelamiento que realizará Nuclenor los próximos tres años se calcula que tendrá un coste de unos 150 millones de euros, a los que se sumarán otros 200 más para el desmantelamiento definitivo si se tiene en cuenta como referencia el coste de las nucleares ya desmanteladas. En paralelo, se encuentra en el aire el futuro de la zona de influencia de Garoña, pendiente de un plan de reactivación que viene demandándose ya desde hace años. El Parlamento Vasco exigía a finales de octubre que el Ministerio de Energía y las empresas propietarias de Garoña comiencen “sin más demora, el procedimiento administrativo y técnico para las labores de desmantelamiento” de esta central.

La Cámara Vasca quiere que el proceso de desmantelamiento se lleve a cabo garantizando la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente. Además ha reclamado al Ejecutivo de Rajoy que ejecute un plan de reactivación económica en la comarca que incluya también a los municipios vascos afectados, en el que participen el Gobierno vasco y la institución foral alavesa. Precisamente la Diputación gobernada por el PNV aprobaba hace un par de meses un texto que instaba a que el desmantelamiento de la central “transcurra con transparencia tanto en la descontaminación de la zona y en la gestión de los residuos radiactivos”.

El ATC importaEl combustible gastado, describía Legarda, será retirado de la piscina de Garoña para ser ubicado “en contenedores en seco” que se alojarán en el Almacén Temporal Individual (ATI) de la central hasta que sea trasladado al Almacén Temporal Centralizado (ATC) que se construye en Villar de Cañas, Cuenca. Los residuos de media, baja y muy baja actividad serán, en principio, remitidos al almacén que Enresa dispone en El Cabril. Eso sí, el retraso acumulado en el proyecto del ATC corre en contra del desmantelamiento de Garoña. En opinión del docente de la UPV/EHU, “que se prolongue la estancia del combustible gastado y residuos de alta actividad en el ATI de la central”.

Desde la plataforma Foro contra Garoña insisten en la necesidad de controlar el proceso de desarme de la planta nuclear a fin de evitar vertidos al Ebro y “eliminar todo riesgo de fuga radiactiva”. “No es un tema que permita márgenes de riesgo alguno ya que lo que se juega es la salud de población y de nuestros recursos naturales”, entonan al tiempo que añaden a su lista de requerimiento: “Ni que los residuos se queden ahí para siempre”.

La cifra 119

El trabajo y actividad en el interior de Garoña continúa después de que el Ministerio certificara que la central nuclear no volverá a entrar en funcionamiento y marcara el comienzo de la fase previa al largo y costoso desmantelamiento del recinto. Como consecuencia de esa decisión, para los 226 trabajadores de Garoña (no los miles que decían las empresas), el reglamento de funcionamiento, aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), establece que “el número mínimo de trabajadores que deben permanecer en el recinto en la fase de predesmantelamiento son 108 personas”. “Se ha optado por situar la cifra en 119 trabajadores en la actualidad y contar con un colchón de once más de los que marca la normativa por temas organizativos”, indicaban.

Fuente: deia.com