Energía tiene un agujero de 3.000 millones para desmantelar las centrales nucleares

 Un supuesto fallo de previsión hace que a la empresa pública Enresa no le basten los 5.000 millones acumulados desde 1985. Energía quiere cargarlo a las eléctricas y estas, al erario público.

Las nucleares son las nuevas radiales. La empresa pública Enresa, encargada de desmantelar las centrales nucleares y dependiente de Energía, necesita más dinero. Mucho más. Dinero público. Enresa ha transmitido al Ministerio de Energía que si las nucleares cierran a los 40 años de vida, cosa que ocurrirá a lo largo de los próximos 10 años, necesitará unos 3.000 millones más para acometer los trabajos de cierre. Y eso, a pesar de que el plan de residuos vigente establece que el fondo acumulado por Enresa desde 1985 —unos 5.000 millones, que primero aportaron los consumidores y luego las eléctricas— debía ser suficiente. El Gobierno acaba de caer en el roto que supone el que las eléctricas hayan aportado de menos e intenta alargar la vida de las nucleares al menos 10 años o que sean ellas las que carguen con el desmantelamiento. No es la primera vez que las malas previsiones en el sector nuclear acaban cayendo sobre el contribuyente, y esa partida está en la trastienda de la guerra de Nadal con las eléctricas.

El pasado 31 de enero el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció en el Congreso su intención de que las eléctricas pagasen el desmantelamiento de las nucleares. Respondía así a la decisión de las eléctricas, que ya hablan abiertamente de cerrar las plantas cuando cumplan los 40 años de vida útil, plazo que vence entre 2023 (Almaraz I) y 2028 (Trillo). “España es el único país del mundo en el que el desmantelamiento de una central nuclear —no del resto, el resto sí es responsabilidad de la propia empresa— es responsabilidad de todos, a través de la empresa pública Enresa. […] ¿Qué ocurre? Que cuando se decide el cierre de una central, el propietario quiere abandonarla y dejársela a Enresa cuanto antes, y no acometer una serie de inversiones de predesmantelamiento que están obligados a hacer”. Y añadía que el resultado era que “ahora mismo el cierre de cualquier central —y estamos en el proceso del cierre de la central de Santa María de Garoña— supone una aportación adicional por parte del sector público”.

Enresa no tiene dinero para pagar el desmantelamiento de todas las centrales nucleares

Asumía así que Enresa no tiene dinero para pagar el desmantelamiento de todas las centrales nucleares. Eso choca frontalmente con el Plan General de Residuos Radiactivos vigente, aprobado en 2006 —y no renovado desde entonces, pese a que estaba prevista su revisión a los cinco años—. El agujero tumba todo el sistema español de gestión de residuos nucleares. Desde los años ochenta, una parte del recibo de la luz iba destinada a un fondo de Enresa. Esta empresa pública debía encargarse del cierre de las nucleares y de la gestión de los residuos, y así lo hizo con Vandellòs I, cerrada tras un incendio en 1989, y con Zorita, clausurada en 2006 por un acuerdo político. En 2005, el Gobierno del PSOE cambió la ley para que ese fondo se nutriera de una tasa que pagaban las eléctricas en función de la producción nuclear. Así se cumplía el principio de que quien contamina paga.

El sistema tenía importantes lagunas, como considerar pasados 70 años la gestión de los residuos nucleares, activos durante miles de años, ya no iban a costar nada al Estado. Pero era una forma de ir tirando que se vendía como idónea. El Estado acumulaba un fondo y no dependía de las eléctricas para algo tan sensible como desmantelar el parque nuclear. Estas a su vez descontaban ante sus inversores riesgos futuros de los residuos. En teoría, el sistema cuadraba. Así lo dice el plan de residuos: “Las dotaciones al Fondo solo se pueden destinar a costear las actuaciones previstas en el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), y al concluir el periodo de gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las instalaciones contempladas en el PGRR, las cantidades totales ingresadas en el Fondo, a través de las distintas vías de financiación, deberán cubrir los costes incurridos de tal manera que el saldo final resultante sea cero“.

Sin embargo, antes de empezar, el sistema hace agua. Los plazos del cierre nuclear no pueden ser una sorpresa porque el “escenario de referencia” del plan de residuos ya preveía el cierre de centrales a los 40 años de vida. Sin embargo, fuentes del sector explican que Enresa ha trasladado al ministerio que necesitaría unos 3.000 millones si las centrales cierran al cumplir los 40 años. En realidad, es solo una estimación del orden de magnitud del agujero, ya que es un coste previsto hasta más allá de 2080 y puede variar enormemente en función de los tipos de interés, por lo que podrían ser 2.000 o 4.000. La cifra coincide con la estimación que hizo JP Morgan y que adelantó ‘El Independiente’.

Alcaldes de pueblos nucleares en Enresa en 2014

El viernes pasado, ni Enresa ni Energía contestaron a las peticiones de información de este diario. En su comparecencia, Nadal apuntó que el desfase se debía a los bajos tipos de interés, que han hecho que el fondo de Enresa, que durante años han codiciado distintas administraciones, apenas rinda. “Es verdad que el fondo de Enresa depende enormemente de la evolución financiera del mismo. Es decir, en función de qué tipos de interés se están pagando —llevamos una etapa de bajísimos tipos de interés— el fondo Enresa está teniendo menores ingresos, menores intereses de los que inicialmente se habían previsto”, dijo el ministro.

Enresa puede alegar que ha habido imprevistos, ya que el almacén temporal centralizado de residuos debía estar listo en 2015 y aún está empantanado en los tribunales. Debido a ese retraso, ha tenido que construir almacenes temporales (básicamente, una losa de hormigón sobre la que van bidones con las barras de combustible gastado) en varias centrales. Eso explicaría un desfase, pero nunca de 3.000 millones sobre un fondo de 5.000. Como tampoco se explica únicamente con los bajos tipos de interés que ya llevan años. Además, el plan de residuos permitía al Gobierno revisar las tasas al alza mediante real decreto si veía que los ingresos no llegaban.

Distintos informes dejan pistas de cómo se ha formado bajo la alfombra el agujero para el erario público.

En junio de 2012, nada más llegar el nuevo presidente de Enresa, la empresa hizo una revisión de costes y ahí ya afloraron 7.746 millones de sobrecoste en el tratamiento del combustible gastado sobre lo que preveía el sexto plan de residuos. A pesar de eso, las tasas que pagan las eléctricas no se actualizaron, por lo que el agujero siguió creciendo. En 2015, el Tribunal de Cuentas cifró el desfase en 1.500 millones y advirtió a Enresa de que debía revisar año a año las tasas nucleares para evitar estos desajustes, lo que habría supuesto elevar las tasas a las nucleares. En 2012, el Gobierno creó un nuevo impuesto a la producción nuclear, pero lo recaudado no se destinó a Enresa.

Enresa incluye en su última memoria un aviso a las eléctricas sobre el desfase: “Las necesidades de financiación futuras por las posibles desviaciones de las hipótesis del PGRR están plenamente garantizadas mediante la posibilidad de modificación de los tipos de gravamen que la ley prevé que se lleve a cabo mediante real decreto”. Fuentes del sector explican que las eléctricas han entendido perfectamente el mensaje y que ante un tasazo que les suponga pagar 3.000 millones más, prefieren cerrar como ya hicieron con Garoña.

La solución del ministerio es la intermedia. Alargar la vida de las nucleares al menos 10 años más para que siga fluyendo dinero hacia la hucha de Enresa y así paliar el agujero —y que se lo encuentren otros ministros—. Tras el cierre de Garoña, en España hay siete reactores nucleares que el año pasado produjeron el 21% de la electricidad, lo que la situó como la primera fuente de electricidad. Nadal asegura que su cierre encarecería el precio de la luz.

Es relevante que la cifra de 3.000 millones de agujero salga antes incluso de empezar a desmantelar las centrales (con los sobrecostes que se producen como norma en la obra pública) y suponiendo que después de 2070 el coste para el erario público será nulo. Nadie descarta que la factura crezca. Enresa ha reconocido “la dificultad que presenta la estimación de determinados costes sobre los que no hay experiencia previa, como es el caso del desmantelamiento de la central José Cabrera“. Esa es la nuclear de Zorita, un pequeño reactor semiexperimental en Guadalajara en desmantelamiento. Enresa además ha elegido unos terrenos con yesos para el almacén temporal, lo que puede disparar sus costes.

El agujero de Enresa no es el primero que el sector nuclear deja al erario público. Cuando en 1982 el PSOE llegó al Gobierno, las eléctricas estaban inmersas en un ambicioso plan nuclear que amenazaba con llevarlas a la quiebra. El Gobierno dictó entonces una moratoria nuclear que en realidad fue un rescate al sector. A cambio de compensaciones milmillonarias que se pagaron en el recibo durante 30 años, estas dejaron de construir Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II. El pasado nos alcanza.

Fuente: elconfidencial.com

 

12 razones para la desconexión nuclear

Un mes antes de la huelga feminista, las mujeres que de una u otra forma (profesional o activista) nos movemos en torno a la energía, nos dimos cita en Bilbao para reflexionar juntas y una de las cosas que sacamos en claro fue que desde un planteamiento ecofeminista la energía debe ser un derecho y no un bien de consumo. Teniendo siempre claros los límites del planeta en el uso que hagamos de la misma. Obviamente desde esta perspectiva sólo las energías limpias tienen cabida, sin embargo te traigo aquí algunos argumentos que pueden resultar útiles en un debate convencional entre personas que no tengan tan claros los principios de la ecodependencia y la interdependencia.

El pasado 8 de marzo vivimos una huelga sin precedentes, algo que muchas de nosotras no hubiéramos imaginado ni en nuestros mejores sueños. Y vimos como las calles se llenaban de mujeres, y de hombres, que pedían un cambio en la forma de entender la vida y las relaciones. El manifiesto feminista decía: “Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas”.

Una de las formas de gritar bien fuerte es gritar pidiendo el cierre de las centrales nucleares, porque no podemos decir que queremos cuidar el planeta y a la vez producir/consumir una energía que pone en peligro la biodiversidad cada segundo que pasa.Un mes antes de la huelga feminista, las mujeres que de una u otra forma (profesional o activista) nos movemos en torno a la energía, nos dimos cita en Bilbao en el I encuentro Género y energía para reflexionar juntas y una de las cosas que sacamos en claro fue que desde un planteamiento ecofeminista la energía debe ser un derecho.

Teniendo siempre claros, por supuesto, los límites del planeta en el uso que hagamos de la misma. Obviamente desde esta perspectiva sólo las energías limpias tienen cabida, sin embargo te traigo aquí algunos argumentos que pueden resultar útiles en un debate convencional, entre personas que no tengan tan claros los principios de la ecodependencia y la interdependencia.

Estas son doce razones argumentadas para exigir la desconexión nuclear. Comencemos por el principio:1.- La extracción del uranio
Cuando abres una mina encuentran rocas con un gran cantidad de este mineral que puede contaminar el aire, el agua y la tierra. Bruno Chareyron

Aproximadamente, por tonelada de uranio, se generan 3.700 litros de residuos líquidos. A lo que añadimos los residuos sólidos de radio (elemento que da el nombre a la radioactividad) y otros elementos, que suponen unas cien veces el peso del material obtenido; una mezcla donde hay restos de ácido sulfúrico, bióxido de manganeso, carbonato e hidróxido de sodio, cromo, cobalto, cobre, hierro, isodecanol, molibdeno, níquel, radio 226, radio 222, vanadio, y algo de uranio aún. Los compuestos radiactivos poseen una vida media que, en algunos casos, se cuenta en miles de años.

Para extraer el uranio se dinamitan cientos de hectáreas para poder acceder al mineral que de forma natural se encuentra diseminado. Una vez reunido se muele y se realiza la lixiviación para lo que es necesario el ácido sulfúrico que ayuda a decantarlo. En el proceso de decantamiento ya tenemos emisiones de radiaciones ionizantes alfa, beta y gamma, y metales pesados solubles en ácido y gas radón 222. Pero ya hemos obtenido el uranio y algunos otros elementos como el torio, radio, protactinio, plomo, polonio.

Todas sabemos que el uranio obtenido en este proceso es altamente cancerígeno, lo sabemos de forma natural al observar a las personas que viven cerca de estas minas y a quienes las trabajan. También lo sabemos por las pruebas realizadas en animales. Sin embargo, no se ha descrito ningún tipo de cáncer en seres vivos como resultado de la exposición al uranio natural o empobrecido.

Aunque sabemos que el uranio empobrecido (U-238) se utiliza en la industria armamentistica. Este tipo de uranio que tiene una vida media de 4.500 millones de años.

2.- Los reactores nucleares liberan radiactividad en el aire y en el agua de forma continua para su correcto funcionamiento
Sin necesidad de accidentes, aunque nos hacen creer lo contrario, las centrales nucleares mantiene un flujo pequeño pero constante de fluido que expone a todas las criaturas vivas a las radioactividad que pasa por la tierra, por el agua y por el aire.

Para su correcto funcionamiento deben liberar isótopos radiactivos en pequeñas cantidades.

3.- Los residuos nucleares se mueven de un lugar a otro.
Mover los residuos nucleares es un actividad de alto riesgo y sin embargo es algo que se hace de forma continuada porque los tratamientos necesarios para su almacenaje rara vez pueden realizarse en el mismo lugar en que se producen. Los residuos generados en España deben viajar a Francia, y regresar, antes de poder ser almacenados

4.- Almacenar residuos durante miles de años de forma permanente
Vamos por la cuarta razón para la desconexión nuclear y seguimos hablando de residuos. La verdad es que desconocemos aún cuál puede ser el método seguro que permita almacenar residuos nucleares. Por supuesto, no tenemos ni idea de como eliminarlos o al menos neutralizarlos de forma segura. Ya en 1977 el presidente estadounidense Jimmy Carter tomo medidas para detener la producción y en un artículo del periódico El País de octubre de 1985 se cita el Informe Flowers (sexto informe de la Comisión Real del Reino Unido sobre Contaminación Ambiental, septiembre 1976) concluía emitiendo un veredicto crucial: “No debería permitirse un compromiso con un amplio programa de energía nuclear (sería irresponsable y moralmente equivocado) hasta que no haya sido demostrado, por encima de cualquier duda razonable, que existe al menos un método que garantice la seguridad del almacenamiento de los residuos altamente radiactivos para el futuro indefinido”.
Estas cuestiones continúan sin respuesta.

5.- Nuestra salud o la de cualquier ser vivo
Los problemas de cáncer son la parte más visible de la cercanía a minas, centrales nucleares o cementerios de residuos. La leucemia es una de las enfermedades que suelen estar asociadas a la contaminación del cuerpo con uranio enriquecido (diferenciar del natural o empobrecido). La ingestión de la manera que sea, de grandes cantidades de uranio daña los riñones e impide su funcionamiento. También el cáncer de la glándula tiroides (uno de los órganos del cuerpo más sensibles a la radiación), es habitual.

Las radiaciones ionizantes no controladas provocan alteraciones en el ADN.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de forma normal una persona recibe unos 3 milisieverts (unidad que mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva) en un año normal, el 80% a través de fuentes naturales de radiación y el resto a través de procedimientos y pruebas médicas.

No debemos olvidar que la radiación reduce el número de glóbulos blancos y eso nos hace más vulnerables a las infecciones.

6.- DDHH
Las normas sobre la seguridad en lo relativo al contacto con la radiación se están relajando de forma permanente. Cada nueva regulación es más laxa que la anterior, lo que significa que cada vez estamos más expuestas.
Los residuos siempre se llevan para su almacenamiento a zonas económicamente empobrecidas, lo que hace que sean las poblaciones más vulnerables las que, por una compensación económica, se arriesgan a vivir cerca de una fuente de radiación que va a durar miles de años. Si le sumamos lo anterior, parece que en lo que respecta a la energía nuclear, las clases sociales existen y los DDHH son continuamente vulnerados.

7.- Derechos medioambientales
En 1972 se comenzó a hablar de los derechos medioambientales durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo. Se habla de la necesidad de un entorno humano saludable. Y puede parecer que Naciones Unidas tiene bonitas palabras que nunca se pueden llevar a la práctica, pero en estos días en que la Constitución Española de 1978 está tan de moda, es bueno recordar que en su artículo 45, establece que tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, y que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

8.- Derechos Animales
Los animales no humanos con quienes compartimos el planeta tienen derechos, aunque no exista un documento que lo ponga por escrito. Los animales silvestres necesitan un entorno adecuado para el digno desarrollo de su vida. Las minas a cielo abierto, o el sobrecalentamiento constante del agua en la que viven o de la que beben, son aspectos que perturban gravemente el desarrollo de sus vidas.

Durante milenios el pensamiento occidental ha justificado la intervención en el medio natural y las consecuencias negativas para el resto de seres vivos, amparándose en una supuesta superioridad basada en una jerarquización de la vida. Cualquier acción humana realizada para nuestro propio interés, estaba por encima del interés de animales y plantas. Ya no podemos continuar amparándonos en este tipo de excusas, nuestra naturaleza biológica deja en claro que somos animales y nuestra ética debe ponernos en nuestro lugar, osea en un plano de igualdad respecto al resto de la vida en el planeta.

9.- Económicas 
Donde se produce un accidente nuclear no hay otra opción que abandonar el lugar. Tenemos el ejemplo de Chernobyl, actualmente un paraje abandonado, pero que significa un elevado coste monetario de más de 350 mil millones de dólares.

A partir de los 30 años de funcionamiento, cuando se amortizan la centrales nucleares, los propietarios de éstas pagan 1,5 € por kWh producido, mientras que lo venden a unos 5,5 € al mercado de la electricidad. Una empresa así es el sueño de cualquier capitalista, pero está fuera de cualquier otro análisis económico donde además del capital se ponga en el balance el coste en el bienestar de las personas, de los animales y del equilibrio ecológico.
Además, la obtención de kilovatios a través de centrales nucleares requiere la importación de uranio, que según datos del Foro Nuclear procede de Rusia en un 45%,Australia 22%, Níger en un 20% y el resto se reparte entre Kazajistán, Canadá, Sudafrica y Ucrania.

Según el Foro Nuclear , el uranio para alimentar a las centrales nucleares está garantizado durante los próximos 100 años, lo que desde el punto de vista de la economía feminista, significa que se acaba en tres generaciones. Osea, mañana mismo.

10.- La solidaridad intergeneracional
Creo que queda claro que la energía nuclear, desde su comienzo hasta su no-final, puesto que los residuos permanecen radiactivos durante miles de años, es uno de los mejores ejemplos de todo lo que de perverso hay en nuestra sociedad. Mantener la energía nuclear, cuando no sabemos manejar de forma segura los residuos que produce, delega en las generaciones futuras el riesgo, las consecuencias y la responsabilidad de gestionarlos.

11 .- Falta de transparencia
La desinformación es la norma en las zonas donde existe minería de uranio, centrales nucleares o puntos de almacenaje. La información que nos llega es gracias a filtraciones y lo más habitual es que los máximos responsables no acuden cuando son citados.

Aunque el CSN se define como un ente independiente de la Administración General del Estado que rinde cuentas al Congreso y al Senado, la verdad es que dilatan los periodos entre sus apariciones, a veces hasta dos años completos, y han ido relajando la normativa para la seguridad, dando así más facilidades a las grandes empresas energeticas, de las que también deberían ser independientes.

12.- Frena el desarrollo de las energías renovables
Uno de cada tres kilovatios utilizados en 2017 fue producido por el viento, el agua, el sol o la biomasa del territorio que compartimos. Sin embargo, esto no es una buena noticia, deberíamos producir más de esta energía limpia y a la vez replantearnos nuestro consumo, ya que nuestra dependencia energética está 20 puntos por encima de la media europea. Esta situación es la causa de que una buena parte de nosotras estemos expuestas al fenómeno llamado “pobreza energética”, dado que los precios que pagamos por la energía vienen impuestos por el mercado internacional.

En el estado español las importaciones han crecido un 18% en 2017 y el déficit energético ha aumentado un 30,4%, lo que nos aleja del objetivo con el que comenzábamos este artículo, entender la energía como un derecho.
Y quiero terminar con unas palabras en memoria de las casi dos mil encinas muertas en Retortillo. La vida de un árbol también debe ser defendida, un árbol tiene derecho a cumplir su ciclo y estas casi dos mil encinas perecieron en un acto de soberbia comercial, cuando Berkeley decidió darnos la impresión de que la mina a cielo abierto era un hecho incuestionable. Víctimas inocentes del marketing mal entendido, victimas inocentes de la prepotencia de unos animales que han olvidado que son solo una parte más en el delicado equilibrio de la vida: nosotros.

“No creo que llegue a ver jamás
un poema tan bello como un árbol”
Joyce Kilmer

Fuente:   elsaltodiario.com

El Ministro de la Industria propone traspasar a las eléctricas los fondos de Enresa para desmantelar las nucleares

 

Nuevo intento de traspasar dinero público a las empresas privadas que han generado el problema de los residuos nucleares.

¿Que ocurre cuando una empresa privada neoliberal gestiona algo? que busca su  mayor lucro, independientemente de las consecuencias económicas, sociales o ambientales a su entorno.

La empresa pública, con un fondo de 4.500 millones, seguiría gestionando los residuos, es decir, los mayores costes.

Con la medida, que incluirá en una proposición de ley, Nadal dice quiere frenar el cierre de centrales. La realidad es que hay que sumar puntos para buscar un cargo de político giratorio al terminar de ser ministro.

demás de los polémicos recortes a la retribución de las redes eléctricas y de gas que el Ministerio de Energía quiso introducir como enmiendas al proyecto de ley contra la sequía, el departamento que dirige Álvaro Nadal había planteado una tercera enmienda para obligar a las eléctricas a desmantelar sus centrales nucleares. Una función que tiene reservada desde su creación la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Aunque estas tres enmiendas acabaron fuera del citado proyecto de ley, al no contar con el respaldo del Grupo Socialista, el ministro no ha tirado la toalla y ha decidido incluir estas medidas en una proposición de ley que presentará próximamente el Partido Popular. La relativa al desmantelamiento de las centrales nucleares, a la que ha tenido acceso CincoDías, supondría un cambio radical de la actual situación, pues plantea el trasvase de la función del desmantelamiento de las plantas que ahora corresponde a Enresa a los titulares de las plantas (las grandes eléctricas). Y, lo que es más relevante, la cesión del fondo de 4.500 millones de euros que durante años ha acumulado la empresa pública para la gestión de los residuos radiactivos (función que mantendría) y el desguace de las centrales.

Según el texto de la propuesta, titulado “Modificaciones de rango legal para traspasar la función de desmantelamiento de Enresa a los titulares de centrales nucleares”, el Gobierno se propone transferir a las eléctricas “la obligación de llevar a cabo el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares”. Al mismo tiempo, añade, se le transferirá “la parte equivalente del fondo del que dispone Enresa para realizar esta actividad, exigiéndosele determinadas cautelas, tanto para la conservación de los fondos recibidos con esa finalidad, como para la dotación del total de fondos requeridos para el citado desmantelamiento”.

La propuesta responde a la intención del ministro de Energía de poner trabas a eléctricas que, como Iberdrola, amenazan con cerrar sus nucleares por no considerarlas rentables. Sin embargo, un cambio tan drástico es calificado de “altamente peligroso”, tanto entre fuentes del sector como del propio Gobierno del PP. Y, sobre todo, “difícil de controlar y valorar”.

ENRESA

Además, recuerdan las mismas fuentes, hasta 2005, los fondos de Enresa fueron aportados por los consumidores en la factura de la luz y a partir de ese año el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió cobrarlo a las empresas a través de tasas. Por tanto, “una parte sería de los usuarios”, añaden.

Enresa es la empresa pública (tutelada por el Ministerio de Energía) responsable del desmantelamiento de las centrales atómicas. Hasta el momento, la compañía ha dirigido los desmantelamientos de Vandellós I (clausurada tras un grave accidente en 1988 y cuyo sarcófago no se desmontará hasta 2028); la de José Cabrera (Zorita), en Guadalajara, y ya ha recibido la titularidad de la central de Santa María de Garoña, cuyo cierre fue decretado el pasado verano. Esta se vería afectada por la nueva ley, si esta prospera.

Según la actual normativa, que el ministerio pretende cambiar, Enresa se convierte en titular de las plantas una vez que se cierran y en tanto termina el desmantelamiento, momento a partir del cual le devuelve a las eléctricas los terrenos.

La medida implicaría la modificación de la Ley de Energía Nuclear, de 1964, y la Ley del Sector Eléctrico, de 1997, y con ella el Gobierno dice aspirar “a incrementar la eficiencia del desmantelamiento, ya que pasa a ejecutarse directamente por su propietaria, que es quien mejor conoce la central”. Y, en su opinión, “elimina cualquier incertidumbre sobre los costes de desmantelamiento, cuyo déficit ya no se tendría que financiar con dinero público”.

El Gobierno deja así claro que el actual fondo de 4.500 millones no cubriría el desmantelamiento de todas las plantas, pues una buena parte debe destinarse a la gestión del combustible gastado y de los residuos de media y baja intensidad de la planta de El Cabril, de la que seguirá ocupándose Enresa. Aunque desmantelar una planta cuesta una media de 300 millones (hay siete reactores funcionando, más los tres en desmantelamiento), parte del fondo se destina a la gestión de residuos de los almacenes individuales (ATI) ubicados en las propias centrales y al futuro ATC en proyecto.

El último Plan General de Residuos, de 2006, ya establecía que Enresa necesitaría 13.000 millones de euros para el desmantelamiento de todo el parque y gestionar los residuos durante 60 años.

Sanciones de hasta 300 millones

La propuesta del Ministerio de Energía de trasvasar la responsabilidad del desmantelamiento de las nucleares a sus propietarias, establece que, en el caso de que alguna de ellas incumpla su obligación, el desguace sería ejecutado de forma subsidiaria por Enresa. Eso sí, se reclamaría a la eléctrica “daños y perjuicios”, que se enfrentaría también a sanciones de hasta 300 millones de euros (el coste de desmantelar un reactor).

La gestión de los residuos seguiría en manos de Enresa, pues esta se considerará “un servicio público esencial” que se reserva el Estado. Esta actividad de financiará mediante tasas y tendrá la consideración de coste regulado del sistema. También lo tendrá el desmantelamiento de las centrales cerradas antes de 2010: Vandellós I y Zorita. Sin embargo, tanto el de Garoña como el de las que cierren en el futuro, deberán ser financiadas por sus propietarias. Almaraz I será la próxima en cumplir 40 años de vida útil, en 2021.

Si el cierre es debido a fuerza mayor y se adelanta a lo establecido en el Plan de Residuos Radiactivos, el déficit de financiación (lo que no cubra el fondo de Enresa) se considerará un coste del sistema. Esto es, lo pagarían los consumidores en la factura de la luz.

Fuente: elpais.es

La comarca de Garoña abandonada a su suerte.

Ningún plan económico, ni ayudas de la Junta de Castilla y León o Madrid.

Ecologistas exigen vigilar el cauce del Ebro.

La central sigue 5 años después en la fase previa a su desmantelamiento.

ENDESA e Iberdrola se han lucrado durante 45 años mientras el norte de España ha dispuesto de energía eléctrica para su desarrollo a un coste competitivo.

Ahora la comarca de Garoña recoge su herencia en forma de una despoblación y un abandono económico casi completos.

Sobre el Valle de Tobalina, rodeado por 2 Parques Naturales, atravesado por el rio Ebro y colindante a la ciudad medieval de Frias, han planeado varias amenazas en los últimos 10 años. Sólo la tenacidad de sus habitantes y veraneantes han conseguido parar la autopista AP69, una incineradora de neumáticos, un permiso de fracking … y esperemos que tambien una cantera que pretende establecer la empresa Yarritu de Miranda de Ebro.

El reactor central de Garoña fué detenido hace cinco años. A las 22.57 horas del 16 de diciembre de 2012, en concreto. Después de 42 años se desenganchaba de la red eléctrica, aunque hasta agosto de este año no se ha apagado el espíritu de esta planta nuclear levantada a 5 kilómetros de suelo vasco. Un lustro en el que estas instalaciones localizadas en el valle burgalés de Tobalina continúan estancadas en la fase previa a su desmantelamiento que según algunas voces expertas, no arrancará hasta 2020;y eso si los plazos son respetados. Y que, como mínimo, se extenderá durante cerca de siete años.

Al finalizar todo el proceso, allá por 2033, los terrenos ocupados a orillas del Ebro deberían quedar completamente liberados de cualquier fuente contaminante y ser destinados “a cualquier uso sin restricciones derivadas de la presencia de radiaciones ionizantes debidas a la operación de la central” ilustra Fernando Legarda, jefe del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la UPV/EHU. A juicio de este experto, ese horizonte de 2033 “es coherente” con lo realizado en el desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera [más conocida como Zoritapor estar ubicada en Almonacid de Zorita, en Guadalajara, al paso del río Tajo] “donde no ha habido paradas en el proceso”.

Los grupos ecologistas no han quitado ojo a todo lo ocurrido en la central en las cuatro últimas décadas. Por eso, como subrayaban desde el Foro contra Garoña, una vez ganada la primera batalla [el cierre] viene la segunda “que es larga y también difícil”: el desmantelamiento. En este sentido, reclaman que tanto la Diputación Foral de Araba como el Gobierno vasco “hagan directamente controles periódicos en el Ebro para asegurar que no haya ningún escape radiactivo”. Además, solicitan que en la web del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se informe debidamente y en tiempo de los procesos del trabajo a realizar: datos técnicos, plazos, periodicidad de los informes de control y tipo de mediciones…

La ‘basura nuclear’Y, por supuesto, que no se deje ningún residuo en las instalaciones de Santa María de Garoña. Los trabajos previos al desmantelamiento de esta planta, que ha visto reducida su plantilla a base de prejubilaciones (50) y recolocaciones (68), siguen su curso antes de que en 2020 la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) tome el testigo de los trabajos, un proceso que incluirá la custodia de la popularmente llamada basura nuclear. Residuos que, al menos en parte, habrían comenzado a ser trasladados en los últimos tiempos al cementerio nuclear de El Cabril, ubicado en la localidad cordobesa de Hornachuelos, lo que ha derivado en la solicitud de una investigación a la Comisión Europea por parte de Izquierda Unida-Andalucía.

El coste del predesmantelamiento que realizará Nuclenor los próximos tres años se calcula que tendrá un coste de unos 150 millones de euros, a los que se sumarán otros 200 más para el desmantelamiento definitivo si se tiene en cuenta como referencia el coste de las nucleares ya desmanteladas. En paralelo, se encuentra en el aire el futuro de la zona de influencia de Garoña, pendiente de un plan de reactivación que viene demandándose ya desde hace años. El Parlamento Vasco exigía a finales de octubre que el Ministerio de Energía y las empresas propietarias de Garoña comiencen “sin más demora, el procedimiento administrativo y técnico para las labores de desmantelamiento” de esta central.

La Cámara Vasca quiere que el proceso de desmantelamiento se lleve a cabo garantizando la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente. Además ha reclamado al Ejecutivo de Rajoy que ejecute un plan de reactivación económica en la comarca que incluya también a los municipios vascos afectados, en el que participen el Gobierno vasco y la institución foral alavesa. Precisamente la Diputación gobernada por el PNV aprobaba hace un par de meses un texto que instaba a que el desmantelamiento de la central “transcurra con transparencia tanto en la descontaminación de la zona y en la gestión de los residuos radiactivos”.

El ATC importaEl combustible gastado, describía Legarda, será retirado de la piscina de Garoña para ser ubicado “en contenedores en seco” que se alojarán en el Almacén Temporal Individual (ATI) de la central hasta que sea trasladado al Almacén Temporal Centralizado (ATC) que se construye en Villar de Cañas, Cuenca. Los residuos de media, baja y muy baja actividad serán, en principio, remitidos al almacén que Enresa dispone en El Cabril. Eso sí, el retraso acumulado en el proyecto del ATC corre en contra del desmantelamiento de Garoña. En opinión del docente de la UPV/EHU, “que se prolongue la estancia del combustible gastado y residuos de alta actividad en el ATI de la central”.

Desde la plataforma Foro contra Garoña insisten en la necesidad de controlar el proceso de desarme de la planta nuclear a fin de evitar vertidos al Ebro y “eliminar todo riesgo de fuga radiactiva”. “No es un tema que permita márgenes de riesgo alguno ya que lo que se juega es la salud de población y de nuestros recursos naturales”, entonan al tiempo que añaden a su lista de requerimiento: “Ni que los residuos se queden ahí para siempre”.

La cifra 119

El trabajo y actividad en el interior de Garoña continúa después de que el Ministerio certificara que la central nuclear no volverá a entrar en funcionamiento y marcara el comienzo de la fase previa al largo y costoso desmantelamiento del recinto. Como consecuencia de esa decisión, para los 226 trabajadores de Garoña (no los miles que decían las empresas), el reglamento de funcionamiento, aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), establece que “el número mínimo de trabajadores que deben permanecer en el recinto en la fase de predesmantelamiento son 108 personas”. “Se ha optado por situar la cifra en 119 trabajadores en la actualidad y contar con un colchón de once más de los que marca la normativa por temas organizativos”, indicaban.

Fuente: deia.com

Desmantelamiento de Zorita 6. El Cabril recibe 5.500 toneladas de residuos tras el cierre de Zorita

El desmantelamiento de la central nuclear de Guadalajara entra en fase de descontaminación y desclasificación de suelos, un proceso que durará hasta 2019, tres años más de lo previsto

El desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera de Almonacid de Zorita (Guadalajara), que ha entrado ya en la fase de descontaminación y desclasificación de edificios y terrenos, ha generado hasta la fecha un total de más de 13.000 toneladas de materiales, de las cuales 5.500 se corresponden con residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad y han sido enviados a El Cabril, el único almacén de España que procesa este tipo de basuras y que gestiona la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) en el término municipal de Hornachuelos.

Fuentes de la sociedad explicaron a el Día que otras 6.000 toneladas corresponden a materiales convencionales y 1.500 toneladas a material desclasificable. Este último procedente de zonas radiológicas pero susceptible de ser gestionado como material convencional una vez verificada su ausencia de contaminación.

Zorita fue la primera central nuclear en ponerse en funcionamiento en España y ahora es la primera inmersa en un proceso de desmantelamiento completo, donde están trabajando un total de 200 personas, 11 en plantilla de Enresa y 189 subcontratadas. La próxima central nuclear en comenzar un proceso de desmantelamiento será la de Santa María de Garoña (Burgos), para lo que Enresa ya ha solicitado la autorización y cuyos residuos radiactivos también terminarán en El Cabril.

En el caso de Zorita, la fase de descontaminación y desclasificación de edificios y terrenos prevé remover hasta 18.000 toneladas de tierra al fin de limpiar los suelos de posible radiación. El proceso está ya al 83% de finalizar y culminará en 2019, con tres años de retraso sobre el cronograma original.

La denominada planta de lavado es la protagonista de esta nueva fase, que ya tiene todos los parámetros de funcionamiento ajustados y los niveles máximos de contaminación admisible definidos. La estimación inicial de Enresa es que la mitad de las 18.000 toneladas sean enviadas al proceso de desclasificación de materiales, mientras que las 9.000 restantes sean tratadas en la planta de lavado de suelos.

Este método de descontaminación concentra los contaminantes en un volumen mucho menor -en una especie de torta- que debe ser gestionado también como residuo destinado al centro de almacenamiento de residuos de baja y media intensidad de El Cabril, mientras que el resto del material, una vez limpio y desclasificado radiológicamente, se podrá gestionar como material convencional.

Zorita con su residuos de alta intensidad

Según Enresa, la planta de lavado estará en funcionamiento durante dos años, a medida que vayan avanzando los trabajos de demolición de los diferentes edificios de la instalación, hasta que el proceso completo culmine a finales del año 2019, según las previsiones de la entidad, lo que supondrá tres años de retraso de acuerdo con la programación teórica del proyecto. Hasta esa fecha, es previsible que el centro que Enresa gestiona en la sierra Albarrana cordobesa reciba material procedente de Guadalajara.

El año pasado, el almacén de Córdoba recibió un total de 1.175 bultos con residuos de baja y media actividad procedentes de la actividad de las centrales nucleares de los 2.859 que generaron las ocho instalaciones en activo el pasado ejercicio, lo que equivale al 42% del total. Así lo detalla el informe del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la actividad desarrollada en el pasado ejercicio.

La central que más residuos trasladó a El Cabril fue Cofrentes (Valencia), con 327 bultos. A continuación se sumaron Ascó I y II (289), Vandellós II (175), Almaraz I y II (150), Trillo (142) y la ya clausurada Santa María de Garoña (92 bultos), hasta sumar un total de 1.175 envíos.

Fuente:  eldiadecordoba

El cáncer extermina a la plantilla que manipuló uranio en una fábrica de Andújar

La fábrica de uranio de Andújar fue desmantelada en 1995

De la plantilla inicial, compuesta por 126 empleados, apenas quedan 20 vivos.

El cáncer ha exterminado a la mayoría de los que manipularon durante años el metal sin apenas medidas de protección: gastaban mascarillas de papel, depositaban la comida sobre los bidones de residuos radiactivos y lavaban en casa la ropa de faena. La supervivientes piden que se les reconozca la enfermedad profesional antes de que la metástasis acabe con todos.

A José Soto se le murió el 4 de septiembre otro amigo, Gabino, con quien trabajó en la fábrica de uranio de Andújar (FUA), de titularidad pública.

01/10/2017

El goteo de fallecidos es continuo. Soto, presidente de la asociación de ex trabajadores de la FUA, aclara que es prácticamente la única persona del colectivo a la que todavía le quedan fuerzas para denunciar los hechos. El vicepresidente ha fallecido y el tesorero está muy enfermo. Él mismo toma diariamente una docena de fármacos para combatir diversas dolencias. Admite que al menos puede contarlo. Gran parte de sus compañeros murieron jóvenes. Muchos no habían cumplido siquiera 40 años cuando se los llevó el cáncer. Previamente, habían compartido espacio con el uranio en unas dependencias que, según la asociación, no estaban convenientemente habilitadas para la labor que se desarrollaba en ellas.

La FUA se inauguró en 1959 y fue cerrada en 1981. Ese año a los trabajadores les ofrecieron un puesto de trabajo en la fábrica de uranio de Don Benito. Fue un mal trato. Ninguno de los que aceptaron vive hoy, aclara este superviviente, que expresa su indignación por la insensibilidad de las formaciones políticas respecto al problema. «Ni la dictadura ni la democracia han hecho nada por nosotros». Habría bastado con que la administración central hubiera accedido a relacionar las patologías con la actividad desarrollada, pero, lejos de hacerlo, los sucesivos gobiernos se negaron a validar los informes médicos que vinculaban el cáncer con el uranio, si bien otros, como el realizado por el Consejo de Seguridad Nuclear, descartaron la relación.

«Hubo una mano negra», asegura el abogado Manuel Ángel Vázquez, contratado a principio de los 90 para litigar por los derechos de una plantilla ya entonces diezmada. Aunque un estudio de la Junta de Andalucía avalaba la tesis de que la manipulación del uranio sin las medidas de protección pertinentes estaba detrás de las enfermedades, juzgados de lo social decretaron el archivó la causa, ratificado después por las instancias superiores. El letrado está convencido de que no se investigó hasta el final. De haberlo hecho, señala, se habría determinado la causalidad. Y, en consecuencia, los ex trabajadores habrían cobrado una pensión digna en lugar de los 440 euros que percibe José Soto tras 22 años de trabajo expuesto a la radiación. O las 5.000 pesetas mensuales que cobraron algunos de los obreros que se prejubilaron en los ochenta.

El dinero lo reciben ahora las viudas que quedan en pie, que tampoco son muchas. El fallecimiento de los dos cónyuges es una constante entre las parejas relacionadas laboralmente con la FUA. De nuevo, hay que hacer mención al uranio como causa probable, ya que, asegura el presidente, se introdujo en los hogares a través de la indumentaria. No sólo la de trabajo, sino también la ropa utilizada por los empleados tras su jornada laboral, que guardaban en las taquillas de la fábrica. De resultas de la falta de control la radiación afectó, según la asociación, hasta la tercera generación: nietos de los empleados han fallecido también de cáncer.

La exposición al uranio a la que estuvieron expuestos los trabajadores de la FUA es de libro, en opinión del profesor e historiador Juan Antonio Muñoz, que realiza un estudio sobre los lugares del sur de España en los que ha habido, y hay, contaminación nuclear. Según este experto, persiste una considerable actividad radiactiva en Andújar. Muñoz destaca la proximidad del Guadalquivir de la zona en la que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) enterró el uranio tras el desmantelamiento de la fábrica en 1995. Y advierte de que el subsuelo permeable facilita la filtración del uranio al cauce público del principal río andaluz.

Inspecciones

El Consejo de Seguridad Nuclear asegura que de las 2 inspecciones llevadas a cabo en 2016 para verificar las condiciones generales e hidrológicas impuestas en el plan de vigilancia y mantenimiento no se desprenden repercusiones radiológicas ni sobre los trabajadores ni sobre el medio ambiente. Puntualiza, no obstante, que en el emplazamiento restaurado de la antigua fábrica, debidamente vallado y señalizado por Enresa, aún no se han alcanzado los valores requeridos como para dar por finalizado el período de cumplimiento. En la traducción de este lenguaje burocrático coinciden Manuel Vázquez, José Soto y Juan Antonio Muñoz: «El Estado admite que la radiactividad aún sigue en Andújar».

Fuente: ABC

Podemos pide a la Junta garantías sobre la seguridad del entorno de El Cabril

Panorámica de El Cabril, en Hornachuelos

El Grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía ha registrado una pregunta dirigida al Pleno de la Cámara en la que se interesa por las actuaciones que va a desarrollar la Junta, en el ámbito de sus competencias, para exigir al Gobierno central y a la empresa responsable del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) que garanticen la seguridad de la población cordobesa y eviten la acumulación de residuos de alta y prolongada actividad en un lugar que, en principio, no estaba diseñado para ello.

Según señala en la cuestión, consultada por Europa Press, la diputada Carmen Molina, en la memoria presentada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para las instalaciones de El Cabril se recogía que la instalación estaba concebida para almacenar bultos de residuos de media y baja actividad y vida corta, es decir, con necesidad de aislarlos de las personas y del medio ambiente unos trescientos años.

“En consecuencia, si las barreras de protección se comportan de forma adecuada, deben soportar trescientos años el paso del tiempo. Sin embargo, en el cementerio nuclear de El Cabril se están transportando y almacenando sustancias componentes del combustible de las centrales nucleares, dióxido de uranio (UO2), procedentes de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca), de Enusa Industrias Avanzadas S.A., S.M.E.

El UO2 es una sustancia clasificada como muy tóxica, cancerígena y peligrosa para el medio ambiente por la Unión Europea, y tiene como componente U-235, sustancia con una vida media de cientos de millones de años, según Podemos, que recuerda también que El Cabril, “si no se impide, albergará los materiales radiactivos procedentes del desmantelamiento de las centrales nucleares españolas, para lo que tendrá que multiplicar por cuatro la capacidad actual”.

Según los documentos de Enresa, El Cabril estaba dimensionado para albergar 58.000 metros cúbicos de basura radiactiva, mientras que los residuos de media y baja actividad serán de 243.000 metros cúbicos, según la misma empresa.

La formación morada incide en este sentido en que aún no se dispone de confirmación por parte del Gobierno acerca de la razón por la que se está utilizando El Cabril para el traslado de dióxido de uranio radioactivo de larga duración, a pesar de ser un almacén que tiene autorización para residuos radiactivos cuya vida media no exceda los 300 años.

Fuente:   cordopolis.es