El incendio de Chiloeches fue organizado por una “trama criminal” de empresarios y políticos

chiloechesAltos cargos de PP y PSOE, imputados como grupo criminal por el incendio de la planta ilegal de Chiloeches

Entre los investigados se encuentran el exviceconsejero de Medio Ambiente cesado por el Gobierno, el exalcalde ‘popular’ de Chiloeches y varios dirigentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante los mandatos de Cospedal y Barreda.

GUADALAJARA.- El juzgado que investiga el incendio en la planta ilegal de reciclaje de residuos peligrosos de la localidad alcarreña de Chiloeches ha llamado a declarar en calidad de imputados, ahora investigados, a diecinueve personas físicas, entre las que se encuentra el exvicenconsejero de Medio Ambiente cesado por el Gobierno, Sergio David González Egido.

Según indica el auto, dictado por el juez Fernando de la Fuente, con una extensión de veintinueve folios, también se llama como investigados a tres personas jurídicas, entre ellas responsables de las empresa ‘KUK Medioambiente’, gestora de la planta que ardió en agosto, y el ‘Grupo Layna’, propietaria de la nave.

Asimismo, entre los imputados se encuentra el exalcalde del PP en Chiloeches, César Urrea, además de otros altos cargos de la administración de Cospedal y Barreda.

Entre los delitos que se atribuyen de forma indiciaria a estos investigados se encuentran delitos de prevaricación administrativa, pertenencia a grupo criminal, delitos contra el medio ambiente, incendio con concreta puesta en peligro de personas, bienes y ecosistemas, y falsedad documental.

La declaración de los investigados está prevista que se produzca en sede judicial los días 20 de diciembre de 2016, 17 y 24 de enero de 2017, y 21 de febrero de 2017. Además, en el auto se acuerda la toma de declaración de veintidos testigos.

Este mismo auto acuerda dirigir el procedimiento contra determinadas personas en calidad de investigados y de toma de declaración de testigos, todo ello en base al resultado de las diligencias de investigación practicadas y de los indicios existentes hasta este momento, en que todavía la instrucción no ha finalizado, “con lo que el principio de presunción de inocencia debe entenderse subsistente y salvaguardarse en todo momento”, señala.

LA JUNTA SE PERSONA COMO ACUSACIÓN

En este procedimiento se encuentran personados como acusaciones particulares la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Chiloeches y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE).

En concreto, a los responsables de ‘KUK Medioambiente’ se les investiga por unos presuntos delitos, “de forma indiciaria” contra los recursos naturales y el medioambiente -prevaricación medioambiental- y por falsedad documental, al no figurar en la documentación de la empresa entradas de residuos no peligrosos mientras “se ha podido contrastar que las entradas y salidas de residuos no peligrosos han sido muy relevantes entre 2015 y 2016”.

También se le investiga por un delito de pertenencia a Grupo criminal, ya que el auto señala que los hechos ocurridos en las instalaciones de dicha empresa “podrían haberse cometido dentro de un grupo organizado cuyo fin era la obtención de importantes beneficios económicos a través de la gestión irregular de residuos, principalmente peligrosos”.

En cuanto a responsables del ‘Grupo Layna’, se le imputan los mismos delitos que a ‘KUK Medioambiente’, mientras que al ex primer edil de Chiloeches, César Urrea, se le investiga por un delito de prevaricación medioambiental, ya que los indicios apuntan a que el investigado tenía “perfecto conocimiento de la existencia de la instalación y de las irregularidades de la misma”.

‘BIOSONOIL’, LA EMPRESA DEL EXVICECONSEJERO

Respecto al exviceconsejero de Medio Ambiente, se le investiga por un presunto delito de prevaricación medioambiental y siendo viceconsejero “habría otorgado presuntamente a ‘KUK Medioambiente’, mediante una modificación no sustancial de la Autoridad Ambiental Integrada, la ampliación de códigos LER a gestionar, cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción”, señala el auto.

Además, “presuntamente tenía pleno conocimiento del funcionamiento de ‘KUK Medioambiente’, pudiendo haber participado en las gestiones para su arrendamiento por el ‘Grupo Layna’”, y añade el auto, “llamando especialmente la atención” que dicho arrendamiento “no se ajusta a la legalidad”.

El auto también llama la atención sobre el hecho de que la empresa ‘Biosonoil’, cuando era dirigida personalmente por el exviceconsejero, realizara un proyecto para la instalación de un evaporador, “con un coste superior a los 60.000 euros, que se ejecutó cuando el investigado ya ocupaba el cargo de viceconsejero y había abandonado ‘Biosonoil’”.

PROTOCOLO DE CAUSA COMPLEJA POR CORRUPCIÓN

Dicho incendio comenzó el 26 de agosto y se prolongó varios días, y debido a la quema de residuos altamente peligrosos se originó una nube de humo que obligó a activar un protocolo especial así como tomar medidas extraordinarias a los bomberos que acudieron a extinguirlo.

En este sentido, el auto del juez señala que, según lo determinado por la Unidad Central Operativa Medio Ambiental, los residuos peligrosos que habrían entrado en la planta, entre enero de 2015 y marzo de 2016, fueron un total de 24.054 toneladas, más otras 7.031 toneladas entre abril y el 21 de junio de 2016, cuando el Grupo ya había abandonado las instalaciones.

Dado el volumen y complejidad del procedimiento, a instancia del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, se ha activado el Protocolo del Consejo General del Poder Judicial de causa compleja por corrupción, para la adopción de las medidas de refuerzo pertinentes que garanticen la ágil tramitación de la causa.

 

¿Como funcionaba la tramade Chiloeches?

Apuntan a una conexión «sospechosa» entre el incendio de Chiloeches y el de Seseña

El alcalde de Seseña (Toledo), Carlos Velázquez ha señalado la «sospechosa» conexión que ve entre los incendios de neumáticos de Seseña, en mayo, y en una nave de Chiloeche (Guadalajara), que está próxima al gestor de residuos al que se están llevando las ruedas del vertedero de Seseña

«Si ya era sospechosa la manera de actuar en el incendio de Seseña, también es bastante sospechoso los incendios en plantas similares», ha señalado Velázquez, quien ha añadido que esto, obviamente, lo conocen los cuerpos de seguridad del Estado.

Fuentes:  eldiario.es

        periodicoclm.es

 abc.es

OTROS INCENDIOS DE ALMACENES DE NEUMÁTICOS EN ESPAÑA

El Gobierno trata de imponer el control total del PP en el CSN en plena autorización del cementerio nuclear

A tres meses de las elecciones, el Ejecutivo intenta romper el equilibrio político histórico y que un único partido tenga mayoría absoluta en el pleno del supervisor. El Gobierno propone un candidato ligado al PP para sustituir la vacante que deja el consejero de CiU tras acabar su mandato. El PP tendría tres miembros, por dos del PSOE, durante los próximos años en plena polémica por el almacén nuclear y por la reapertura de la central de Garoña.imagen

El Gobierno trata de que por primera vez en tres décadas en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) exista una mayoría absoluta de miembros ligados a un mismo partido. El CSN –el regulador del sector encargado de la seguridad nuclear del país y, en teoría, independiente- ha contado históricamente con un pleno compuesto por dos consejeros propuestos por el Partido Popular, dos por el PSOE y uno por CiU.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, sin embargo, intenta que en la nueva composición del pleno -el órgano por el que pasan todas las decisiones del CSN- haya tres consejeros ligados al PP aprovechando la salida, por extinción de su mandato, del consejero que ocupaba la plaza tradicionalmente ligada a la propuesta de CiU, Antoni Gurguí.

El candidato, en las listas del PP

El Consejo de Ministros, a instancias del Ministerio de Industria –comandado por José Manuel Soria-, aprobó el pasado viernes proponer al Congreso de los Diputados el nombramiento como nuevo consejero del CSN de Javier Dies Llovera, catedrático de Ingeniería Nuclear y con un currículo con actividades nacionales e internacionales ligadas a la energía nuclear y a la docencia en la materia que supera, con mucho -con muchísimo-, el de sus (posiblemente) futuros compañeros de pleno.

El carácter técnico del candidato es evidente, pero diferentes fuentes próximas al proceso para su nombramiento, destacan que el Gobierno tendrá difícil venderlo al Congreso de los Diputados como independiente, dada su vinculación con el Partido Popular. Dies Llovera incluso figuró en las listas electorales del Partido Popular de Cataluña en las municipales de 2011 en el municipio barcelonés de Sant Joan Despí.

En cualquier caso, se trata de la primera vez que un Gobierno intenta romper el equilibrio en el CSN entre los partidos en tres décadas. Tradicionalmente se ha mantenido el contrapeso entre las formaciones y se aseguraba así el consenso (o al menos una mayoría cualificada suficiente) en el Congreso para los nombramientos, con el apoyo de PP, PSOE y también de CiU. Pero ahora el equilibrio se rompería con tres consejeros vinculados al Partido Popular y con la candidatura de uno de ellos sin acuerdo previo con el resto de formaciones representadas.

El mandato de los consejeros del centro tiene una duración de seis años, por lo que el nuevo miembro extenderia su presencia como mínimo más allá de toda la próxima legislatura. Y ante la posibilidad de que en las próximas elecciones generales el Gobierno cambie de manos (y también cambie de rumbo la actual política sobre energía nuclear avalada por el PP), los populares tendrían una ascendencia evidente sobre la llave que abre (o cierra) las puertas en este campo.

Romper el equilibrio a tres meses de las generales

El movimiento del Gobierno llega a tres meses de unas elecciones en que previsiblemente (y como mínimo) el Partido Popular perderá su mayoría absoluta, cuando el Consejo de Seguridad Nuclear tiene que tomar decisiones tan polémicas como la autorización del cementerio nuclear de Villar de Cañas o la eventual reapertura de la central de Santa María de Garoña (materias en las que el PP está solo en defensa de una posición que combate la oposición al completo), y cuando el CSN vive una crisis interna en la que la actual dirección ha emprendido una caza de brujas por las críticas sobre su politización y su falta de independencia.

Y un movimiento, además, que dejaría sin representación a CiU (o ahora a CDC) en el organismo y que -nada casualmente- se produce cuando la formación nacionalista lidera el proceso independentista en Cataluña, lo que ha roto desde hace tiempo todos los puentes con el Partido Popular y con el Ejecutivo.

El Gobierno propone a Dies Llovera, pero es la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados la que tiene que aprobar su nombramiento por una mayoría de tres quintas partes de sus miembros. Y el trámite no será fácil. La comisión está integrada por 44 diputados, de los que al menos 27 tendrían que apoyar el nombramiento para que saliera adelante.

El Partido Popular dispone de 23 votos en la comisión, y va a tener difícil sumar los cuatro votos que le faltan para alcanzar los tres quintos necesarios. Grupo Socialista (con 13 diputados), Convergència (2), Izquierda Plural (2), Grupo Mixto (2) y PNV y UPD con un diputado cada uno no están por la labor. Los socialistas y los convergentes por ser los directamente damnificados por la iniciativa del PP de imponer su mayoría en el CSN de manera unilateral, y el resto porque llevan tiempo denunciando el reparto de los asientos en el organismo sin atender demasiado a los méritos de los candidatos sino sólo a su filiación política.

Dies Llovera defiende su currículo

Dies Llovera no oculta sus simpatías políticas y reconoce haber formado parte de las listas electorales del PP catalán, pero defiende su currículo y su experiencia de 30 años como profesor de ingeniería nuclear (y 15 años de catedrático) como las bazas que le han llevado a ser propuesto como miembro del pleno del CSN. “A mí me gusta un equipo de fútbol concreto, un tipo de vino y tengo unas posiciones políticas. Pero yo creo que me han propuesto por mi carrera no porque me guste un equipo, un vino o un partido concretos”, explica Dies Llovera en declaraciones a SABEMOS.

“Me gustaría pensar que lo que se ha tenido en cuenta es mi experiencia docente, que he participado en 12 misiones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que soy vicepresidente de la European Nuclear Education Network y que he escrito un libro sobre energía nuclear que se ha traducido a cinco idiomas y se ha publicado en 83 países”, sostiene.

“Y también por una cuestión territorial, ya que soy el único catedrático de Ingeniería Nuclear de Cataluña”, reconoce el profesor, nacido en Lleida, que imparte clases en la Universidad Politécnica de Cataluña, y cuya presencia en el pleno hay quien parece que quiere ver una suerte de compensación territorial por la salida del representante de la formación nacionalista catalana.

Un pleno politizado

Actualmente el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear está presidido por Fernando Marti Scharfhausen, que era secretario de Estado de Energía justo hasta el momento en que accedió al regulador nuclear. Y tras la salida de Antoni Gurguí (de CiU), a Marti le acompañan en el pleno Fernando Castelló (que ha sido secretario de Estado de Seguridad Social en uno de los Gobiernos de Aznar, diputado del PP y conseller en la Generalitat valenciana), Cristina Narbona (ministra de Medio Ambiente con José Luis Rodríguez Zapatero y secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda en el último Gobierno de Felipe González) y Charo Velasco (que ha sido diputada del PSOE en el Congreso y en las Cortes de Castilla y León, y concejala socialista en Ponferrada).

Desde dentro del propio CSN algunos profesionales critican la politización del centro y se quejan del desprestigio al que se encamina la institución. Ante esta situación, el personal técnico del centro ha empezado a organizarse en torno a la recién nacida Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN).

El Consejo de Seguridad Nuclear está politizado y ASTECSN nace para denunciar una realidad que nos daña como organismo regulador al ponerse en duda su independencia”, según explicaron a SABEMOS fuentes de la nueva asociación. Tras estas críticas, la dirección del centro abrió una suerte de investigación interna para determinar el origen de las informaciones.

El CSN encuentra en el centro de varias polémicas por las prisas por autorizar el cementerio nuclear de Villar de Cañas, por el intento de reabrir la central de Garoña y hacerlo hasta los 60 años, por posibles cambios de criterio sobre los incidentes que deben notificar las centrales nucleares (que habrían derivado en el cese de un profesional del centro que se opuso al recorte de estos criterios)

Fuente: sabemosdigital.com

Un tercer incendio acaba con una planta de reciclaje de neumáticos en Murcia

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Es el tercer incendio en diez años, tras los incendios de 2005 y 2012, dejando en esta ocasión tres heridos leves por intoxicación de humo

04/04/2015

La planta de la empresa Reciclado de Neumáticos y Caucho del polígono industrial Los Torraos, de Ceutí, ha vuelto a incendiarse esta tarde tras las llamas que la afectaron en 2005 y 2012, dejando en esta ocasión tres heridos leves esta tarde por intoxicación por humo: se trata de dos empleados de la empresa y uno del Ayuntamiento de Ceutí, que han sido atendidos por personal sanitario, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias, que a su vez ha informado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

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Hasta la planta de la empresa se han desplazado siete vehículos de bomberos y ha sido necesaria la presencia de 18 efectivos de los parques de Molina de Segura, Alcantarilla y Cieza. A la gran columna de humo tóxico, visible desde kilómetros de distancia, ha tenido que enfrentarse también la brigada helitransportada de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de Murcia, enviada al lugar desde Alcantarilla.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de que los parques se están reforzando en previsión de que, como en ocasiones anteriores, y sabedores de que es muy laborioso apagar el fuego en el material que está ardiendo, ya triturado y acumulado en sacos en el patio de la planta, haya que ir relevando a los efectivos que intentan refrescar las estructuras industriales aledañas.

Además, dado que la combustión del caucho hace imposible apagar el fuego con agua, será necesario, cuando sea posible su acceso, el uso de maquinaria pesada para hacerlo con tierra y arena.

La brigada helitransportada de Alcantarilla, que ha intervenido desde poco después de las 14:10 horas, cuando se tuvo noticia del incendio -el tercero en los últimos 10 años, tras los declarados en 2005 y 2012-, se ha retirado ya a su base tras realizar numerosas descargas con agua tomada en balsas de riego muy cercanas. El avance en el confinamiento del fuego ha sido posible gracias a la retirada de sacas aún no afectadas por las llamas.

 

Incendio en la misma planta en 2012

Los bomberos siguen extinguiendo el fuego ocurrido esta madrugada. Las causas se desconocen.

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Segundo incendio en una planta de tratamiento de neumaticos usados en Guadalajara.

Parece que las plantas de “reciclaje” de neumaticos arden en cadena, incluso algunas como la de Guadalajara, dos veces.

Bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara trabajan en las tareas de extinción de un incendio que se ha registrado esta noche en una planta de reciclaje de Chiloeches (Guadalajara) y que ha causado una gran columna de humo negro visible desde la capital de la provincia y pueblos del Corredor del Henares.

Fuentes de los bomberos de Guadalajara han informado a Efe de que el aviso de este incendio se ha recibido sobre las 21.30 horas y que se ha originado en una nave del polígono industrial de Albolleque, en Chiloeches.

08/07/2015

Estas mismas fuentes han precisado que los bomberos de la Comunidad de Madrid han sido reclamados para colaborar en la extinción de este incendio a petición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya que la mayoría de los bomberos de la provincia se encuentran trabajando en el incendio declarado a medio día en Humanes y que se encuentra en nivel 2 de emergencia. neumaticos guadalara 2015

Advertencia para El Clavín

Protección Civil recomienda el confinamiento en sus casas de los vecinos de la urbanización El Clavín, debido al incendio de la planta de reciclaje de Chiloeches. Se recomienda permanecer con las puertas y ventanas cerradas hasta nuevo aviso. Se ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Castilla -La Mancha.

SIGNUS Ecovalor es una entidad sin ánimo de lucro creado en mayo de 2005 a iniciativa de los principales fabricantes de neumáticos, con la finalidad de que pueda ser utilizado como mecanismo con el que todos los fabricantes e importadores (productores) que lo deseen puedan cumplir las obligaciones que les impone el Real Decreto 1619/2005.

2008: Construcción de la planta de tratamiento de neumáticos en Guadalajara

La construcción de esta planta se asignó a la empresa de residuos Sufi (sede social en Burgos)y se instalará en nuestro territorio, en concreto en la localidad de Chiloeches  y tendrá dos líneas de tratamiento de 15.000 toneladas/año cada una. Además, como explicó Mariano Martínez “existen actualmente en la región otros proyectos muy avanzados para fabricar distintos productos con neumáticos fuera de uso, como pistas deportivas, parques infantiles o césped artificial.”

2005: Sacyr compra la empresa de servicios medioambientales Sufi por 142 millones

Sacyr Vallehermoso ha comprado el grupo Sufi, la primera empresa española independiente especializada en servicios medioambientales y en la gestión del agua, por 142 millones de euros. Según informó hoy el grupo constructor y de servicios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación permitirá a Sacyr cuadruplicar este año la facturación de su área de servicios, Valoriza, hasta alcanzar 380 millones de euros.

Hasta ahora, el capital de Sufi estaba controlado por la familia Naranjo, con el 64%, y por Torreal, grupo que tiene el 36% restante de la compañía de servicios y que, a su vez, es el tercer máximo accionista de Sacyr. Por ello, en la reunión del Consejo de Administración de Sacyr en la que se aprobó hoy la operación, los consejeros Juan Abelló y Pedro del Corro, representantes de Torreal, se abstuvieron en la votación. Está previsto que el actual equipo gestor permanezca en la compañía durante al menos tres años, detalla el grupo constructor presidido por Luis del Rivero.

El grupo Sufi tuvo durante el año pasado una cifra de negocio de 110 millones de euros y un resultado bruto de explotación o EBITDA (beneficio antes de impuestos, intereses y amortizaciones) de 13 millones de euros.

Según Sacyr, las cinco áreas de actividad de Sufi -residuos sólidos urbanos, ciclo integral del agua, multiservicios, energía eólica y otro tipo de servicios como mantenimiento de carreteras u obras civiles- son “totalmente” complementarias con las de Valoriza. Por ello, Sacyr sostiene que la integración de Sufi le aportará un mayor potencial de crecimiento en servicios, “liderazgo” en tecnología de tratamiento de residuos sólidos urbanos y lodos de depuración, “implantación nacional”, un “equipo profesional altamente cualificado” y una amplia cartera de ingresos a largo plazo (23 años de media).

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Fuente:  abc.es  y elpais.es

Las 4 empresas de la incineradora Black and Green entran en concurso

La incineradora de neumáticos que pretendia instalarse en el Valle de Tobalina, y posteriormente en Miranda de Ebro, tras recibir las ayudas del Plan Garoña, está en concurso de acreedores.

El juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia ha declarado el concurso de acreedores de las firmas Black and Green ingeniería, proyectos y montajes, Black and Green Products, Black and Green Companies y Black and Green Factories

Estas compañías fueron creadas en su día por la firma valenciana Pirorec, ubicada en Guadasséquies (Valencia), como filiales para desarrollar proyectos de ingeniería y montaje de nuevas plantas que desarrollaran las tecnologías de Pirorec para el reciclado de neumáticos mediante pirólisis (incineración en horno). La empresa matriz se encuentra actualmente en proceso de liquidación tras presentar concurso voluntario de acreedores hace dos años. El titular del juzgado mercantil ha acordado la intervención de las funciones de las cuatro empresas Black and Green y ha designado a Mir Abogados y Asesores como administradores concursales, haciendo un llamamiento a los posibles acreedores.

La empresa que quería reciclar las ruedas usadas para extraer combustibles no logra el apoyo de los acreedores en el concurso. Pirorec, que patentó el sistema denominado termólisis, no ha superado el proceso concursal y pasa a la fase de liquidación. Sus impulsores buscan un comprador para la patente, que es el activo más relevante de la compañía.
 
 
 

     

ADIOS DEFINITIVO A LA INCINERADORA BLACK and GREEN

ESPEREMOS QUE EL ADIOS SEA PARA SIEMPRE CON TODO EL CORAZÓN Y QUE LOS BURGALESES APRENDAN Y EVOLUCIONEN EN EL CONOCIMIENTO Y COMO PERSONAS.

1.– NO TODO VALE CUANDO SE TRATA DE DESARROLLO Y DE CREAR PUESTOS DE TRABAJO.

2.- SI QUEREMOS CONSEGUIR ALGO PODEMOS. INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LOS CARGOS POLÍTICOS TENGAN INTERESES PERSONALES EN LOS PROYECTOS QUE DISFRAZAN DE BIEN PÚBLICO.

3.- LAS EMPRESAS QUE TIENEN COMO TARJETA DE PRESENTACIÓN LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE GENERAN, PUEDEN OCULTAR SUS PROBLEMAS CON GRAN CELO.

El proyecto de Black and Green se trunca por problemas financieros

Uno de los pocos proyectos industriales que Miranda tiene en cartera se cae. Black and Green, empresa que dispone de una parcela en el polígono de Ircio para levantar una planta de tratamiento de neumáticos usados y plásticos, ha desistido de continuar con la tramitación de la autorización ambiental integrada para la factoría. De hecho la Junta de Castilla y León ha dado por cerrado el proceso, archivando las actuaciones hasta ahora realizadas después de que los gestores de la compañía lleven meses sin responder a los requerimientos oficiales hechos desde Valladolid para la tramitación del informe.
Se empaña así un proyecto que se presentó con la previsión de realizar una inversión de hasta 24 millones de euros en varias fases, además de la generación de 34 empleos directos y otros auxiliares, y un potente nivel de actividad durante la construcción de la instalación fabril.

Detrás de todo ello está la grave situación económica que la compañía sufre, lo que le ha llevado a despedir en su planta de Guadalsséquies, en Valencia, a toda su plantilla (28 empleados), y a presentar un concurso de acreedores (allí la sociedad tiene el nombre de Pirorec). Con ello, el proyecto de Miranda se diluye, a pesar de que Black and Green había anunciado la adquisición de 30.000 metros cuadrados de suelo industrial en el polígono industrial de Ircio, tramitando también en el Ayuntamiento algunos de los pasos previos al inicio de las obras de constricción.

Desde la firma valenciana, no obstante, aseguran que la planta de Miranda no está definitivamente olvidada. «No está todo decidido», dice José Vicente Guerola, uno de sus responsables, que al tiempo reconoce que «no es fácil» que se pueda sacar adelante el proyecto aunque «no se ha dejado del todo». Separa el industrial los gravísimos problemas que atraviesa la compañía en Valencia de lo que pueda ocurrir en Miranda. «No debería afectarle», dice, pero reconoce que actualmente su desarrollo inmediato no es factible «por falta de financiación».
Del proyecto se ha caído Victoriano Luengo, quien en su día lideró la iniciativa que primero se presentó en el Valle de Tobalina para ubicarse allí, y que tras la presión en contra de la población de la zona decisión trasladarse a Miranda.

En valencia.En Guadalsséquies, Black and Green tenía una planta para el tratamiento de neumáticos usados y plásticos, instalación que iba a reproducirse en Miranda aunque a mayor tamaño. Una instalación que, mediante un novedoso proceso de pirólisis, permitiría la descomposición de las ruedas usadas para su transformación en subproductos aptos para nuevos usos.

«La gestión ha sido nefasta», explica un extrabajador de la planta valenciana. Allí la actividad fue buena durante unos años, pero en el último empezaron a evidenciarse los problemas, principalmente por el tema de la financiación. Los trabajadores estuvieron varios meses sin cobrar, luego en ERE y con promesas de que se estaba buscando apoyo económico, incluso con inversores extranjeros y proyectos de expansión hasta en Estados Unidos.

«Ha habido graves problemas de financiación, por ello no se pudo ampliar y tampoco abastecer  a los clientes que pedían grandes volúmenes», relata el ya exempleado.

Se da además la circunstancia de que Black and Green ha resultado beneficiaria de ayudas públicas de varias administraciones. A este proyecto se le asignaron un total de 6,4 millones en ayudas por parte del Gobierno. Así, se aprobaron 3,3 millones de euros de préstamo en condiciones ventajosas en el Reindus de 2010. El mismo programa ideado para paliar los efectos de cierre de Garoña concedió 1,8 millones en 2011, ejercicio en el que también Black and Green vio aprobada otra ayuda de 1,3 millones del Ministerio de Economía dentro de los llamados incentivos regionales.

Sobre estas ayudas, su destino y su posible pérdida o devolución, Guerola dice desconocer la situación en la que se encuentran, y si es posible mantenerlas por si en un futuro se decide retomar el proyecto. Sí se queja de otros problemas añadidos que se han encontrado, en referencia a la situación de los accesos a Ircio, donde aún no se ha construido el vial principal.

FUENTE: diariodeburgos.es

El futuro de la comarca de Garoña, el Valle de Tobalina.

Si se confirma el cierre de Garoña quizá este blog llegue a dejar de actualizarse, siempre con permiso del Fracking y de la  incineradora Black and Green.

Han sido mas de 2 años dedicados a informar a los ciudadanos sobre la implantacion en Las Merindades de Castilla la Vieja de diferentes industrias tóxicas que hipotecarian su futuro por muchos años:

– Almacen Nuclear Centralizado (se ha puesto en Cuenca)

– Incineradora de Moneo. Paralizada por los tribunales.

– Incineradora de Valle de Tobalina. Paralizada por las protestas vecinales. Ahora amenaza a Miranda de Ebro.

– Autopista AP-69. Paralizada por las alegaciones vecinales y su evaluación de impacto ambiental negativo .

– Fractura Hidraulica. Contaminacion peor que las de las incineradoras. Mociones municipales en contra en todo Burgos.

No han faltado oportunistas en estas tierras del norte de Burgos que aprovechándose de los mediocres politicos cortoplacistas y del silencio complice de los medios de comunicación de masas han tratado de seguir la senda de Garoña y traer la contaminacion y la miseria a esta tierra.

No traerán un Parque Tecnologico pero si un vertedero de los desechos que no hemos ayudado  a crear.

El fracking enseña las orejas tras la valla y se ha conseguido informar a tiempo antes de que sus promotores siembren sus falacias de creacion de riqueza y supuestos puestos de trabajo.

La comarca de Garoña tiene el corazon dividido. Logicamente los aprox. 30 trabajadores de Garoña del Valle de Tobalina tienen un futuro incierto. Los que tengan titulaciones superiores seguro que son recolocados en otros puestos en Endesa e Iberdrola. Los trabajadores normales creo que tendrán trabajo durante algunos años mas debido a que el desmantelamiento de una central emplea mas gente que durante su funcionamiento.

En cualquier caso proyectos como el Parador Nacional o el Balneario de Montejo de Cebas cobran mas importancia que nunca y son la opción de futuro que debe de plantearse.

Aprovechar los dos parques naturales que rodean la comarca con el impresionante desfiladero de Sobron o la ciudad medieval de Frias y darle a Tobalina el empujón que Garoña nunca debió quitarles.

El TSJCyL anula la autorizacion ambiental a una planta de incineracion de neumaticos, disolventes y otros residuos peligrosos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la autorización ambiental otorgada en 2008 por la Consejería de Medio Ambiente a la empresa Valorización de Residuos, S.A. (VARESA), para el proyecto de una incineradora de neumáticos y otros residuos de la industria del automóvil en la localidad palentina de Carrión de los Condes, según informa la organización Ecologistas en Acción.

Esta asociación ha acusado además a la Junta de Castilla y León de estar entregándose al sector de la incineración, “dañando la salud, el medio ambiente y la producción agropecuaria regional”.
Según han informado las mismas fuentes, VARESA, filial del grupo catalán HERA Holding, pretende la incineración de hasta 40.000 toneladas anuales de

neumáticos, pinturas, disolventes y taladrinas usadas, filtros de aceite, líquidos de freno o anticongelantes, “muchos de ellos clasificados como residuos tóxicos y peligrosos”.

La sentencia considera probado que la Administración demandada incumplió el deber general -y concreto en materia medioambiental- de promover la participación real y efectiva del público (arts. 9.2 y 105 de la Constitución) “no poniendo en su conocimiento la documentación completa, que iba a ser objeto de autorización”.

Según el alto tribunal, la Consejería de Medio Ambiente omitió el informe preceptivo y vinculante de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) sobre el vertido de las aguas residuales de la incineradora, obvió la necesaria consideración de alternativas en la localización y autorizó finalmente el proyecto “a pesar de las numerosas deficiencias detectadas por los propios técnicos de la Junta de Castilla y León”.

La sentencia, que puede ser recurrida, impone las costas “por su temeridad” a la Junta de Castilla y León “pues no sólo se ha vulnerado el derecho a la participación pública efectiva en el proceso de autorización de que se trata y se ha omitido un trámite preceptivo y vinculante, sino que se ha autorizado una actividad en la que se utilizan sustancias peligrosas”.

En este sentido, el TSJ recuerda la propuesta de resolución efectuada por la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Palencia de 21 de diciembre de 2006 y a la “copiosa documentación aportada después” además de a un informe técnico que pone de relieve las “importantes deficiencias e incoherencias del proyecto presentado, autorizándose sin una nueva propuesta como exige la Ley o al menos con un informe técnico en el que se justificase que se habían subsanado las deficiencias constatadas”.

Ecologistas en Acción
En opinión de Ecologistas en Acción, una vez más ha quedado en evidencia el “nulo respeto” de las anteriores autoridades ambientales de Castilla y León por la legislación ambiental y la salud de los ciudadanos.
Por ello, la organización ha reclamado al nuevo consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, que se desmarque de las “prácticas ilegales” de sus antecesores en el cargo y reúna con urgencia al Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León para informar la redacción del nuevo Plan Regional de Residuos, “garantizando que responda a las prioridades legales en la materia y destierre el caos existente en la gestión de los desechos”.
Por otro lado y ante la celebración mañana, martes, en el Centro de Recursos Ambientales de Valladolid de una Jornada sobre la incineración de residuos en la industria cementera, organizada por la patronal de este sector y patrocinada por la Junta, Ecologistas en Acción denuncia que el Gobierno autonómico se está entregando en los últimos meses a los intereses del “lobby” que abandera la incineración de los residuos, “a pesar de los daños ambientales y los costes socioeconómicos que ocasiona esta actividad”.
Según sus datos, en Castilla y León se tramitan en estos momentos dos autorizaciones ambientales para incinerar entre 150.000 y 200.000 toneladas anuales de residuos de todo tipo en las fábricas de cemento de La Robla (León) y Venta de Baños (Palencia), “en un momento en que la producción de cemento ha caído a sus niveles más bajos en medio siglo”.
Además, en la localidad de Ampudia (comarca de Tierra de Campos, Palencia-Valladolid) se tramita también el proyecto de una incineradora de residuos industriales con capacidad para quemar 76.000 toneladas anuales.

Ecologistas ha recordado también que el verano pasado, la Junta de Castilla y León revocó la autorización otorgada a la fábrica de cemento de Toral de los Vados (León) para la incineración de 33.000 toneladas anuales de residuos, en respuesta a las movilizaciones ciudadanas desarrolladas en El Bierzo.
A su juicio, no sería de recibo que en la Montaña Central Leonesa, en el Cerrato palentino o en la Tierra de Campos se permitieran actividades que han sido consideradas lesivas en El Bierzo, “aunque no hayan movilizado de momento a tantos ciudadanos”.

Por ello, Ecologistas ha reclamado que se paralice la tramitación de todo proyecto de incineración de residuos hasta que se determine por el nuevo Plan Regional de Residuos si esta actividad tiene o no cabida en Castilla y León, “teniendo en cuenta además de la protección de la salud y el medio ambiente la apuesta del Gobierno regional por la producción agropecuaria de calidad, con marchamos como “Tierra de Sabor””.

Este colectivo ha asegurado por último que las incineradoras de residuos son una de las principales fuentes de dioxinas y furanos en Europa, “ostentando además la responsabilidad de buena parte de las emisiones de metales pesados y otros contaminantes orgánicos persistentes como los PCB”s o el hexaclorobenceno”.

Entre los efectos para la salud de estos contaminantes se han documentado, según este colectivo, distintos tipos de cáncer y trastornos neuronales, reproductivos y hormonales que afectan especialmente a las mujeres y a los embriones durante el embarazo y que se manifestarán una vez que los niños alcancen la edad adulta.

Black and Green se mantiene aunque no haya Reindus de Garoña

El fin para este año 2012 del programa de ayudas a la reindustrialización para la zona de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña ha generado mucha «incertidumbre» en algunos de los proyectos industriales que, beneficiarios de ayudas en las dos convocatorias anteriores, esperaban concurrir a la que iba a ser la tercera convocatoria de las cuatro anunciadas.
En esa situación están varias iniciativas, como la del Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio, la ampliación de Suministros Integrales del Acero (Stinser, ubicada en el polígono de Ircio) y el proyecto de Black and Green Companies para levantar en Ircio una planta de separación y aprovechamiento de componentes de plásticos, cauchos y neumáticos.
De estos tres proyectos vinculados a Miranda, es el de Black and Green el más potente en inversión y empleo, y desde su dirección se lamenta que se haya puesto fin para este año al programa de ayudas concretas a la zona, aunque se sabe que existe una convocatoria general a la que se podrá concurrir, y en la que teóricamente estos proyectos de fuerte inversión y plurianuales en su desarrollo serán tenidos en cuenta a la hora del reparto de las ayudas.
«Estábamos esperando que saliera esta nueva convocatoria para poder presentarnos, y ahora estamos con mucha incertidumbre. Nuestra intención es seguir adelante con el proyecto aunque no haya estas ayudas directas, no vamos a renunciar», afirma Victorino Luengo, uno de los responsables de la instalación.

Gran demanda

Y reconoce que concurrirán a otras líneas de financiación para sacar adelante la planta mirandesa ya que «actualmente ya no podemos atender toda la demanda que tenemos, necesitamos la planta ya que  tenemos toda la producción vendida y más; teníamos unas previsiones de venta pensando que ya podríamos estar en marcha», dice. Por ello la apertura de la planta en Ircio es una proyecto prioritario -también van a ampliar su fábrica de Valencia- «para poder devolver más rápidamente los préstamos y además empezar a generar empleo; que creo que es también lo que hace falta», valora.
No obstante cree que el fin repentino de esta línea concreta de financiación para empresas que desean implantar y crear empleo puede ser para algunos un contratiempo ya que el programa a cuatro años dio prioridad a las iniciativas plurianuales y de potente inversión y creación de empleo, que ahora, sin ayudas directas a la zona, pueden verse comprometidas. «Los bancos no dan nada, y éstas eran unas líneas de financiación muy válidas», reconoce Luengo, que también explica que en gran medida se trata de préstamos en condiciones ventajosas, lo que «no es una bicoca».

Firme

Todo el camino ya andado por Black and Green y las previsiones de demanda que tienen hacen que el proyecto se mantenga firme. Y es que la compañía ya ha adquirido una parcela de 30.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Ircio, habiendo pagado ya parte del importe total en base a las condiciones puestas por ADE Parques Tecnológicos. «Nosotros queremos empezar cuanto antes, teníamos que estar ya en marcha, porque ya te puedes imaginar lo que supone tener el dinero parado en una empresa», explica Luengo.
En paralelo ha hecho una notable inversión en estudios, redacción de proyectos, tramitación administrativa; y ha resultado beneficiaria de algo más de 5 millones de euros en préstamos, que evidentemente están condicionados a que se ejecute el cien por cien del proyecto presentado, además de 1,3 de incentivos regionales.
En suma Black and Green Companies ha cifrado la inversión en 24 millones de euros y la generación de 34 empleos directos además de otros auxiliares y los que se mantengan durante el montaje de la planta.

MAS SOBRE LOS PERMISOS DE UNA INCINERADORA DE NEUMATICOS.

Fuente: diarioburgos.es

El alcalde de Miranda de Ebro reclama a Black and Green un proyecto y la autorización de la Junta.

Black and Green Companies va camino de ser causa de un nudo gordiano trenzado a fuerza de tirones entre el equipo de Gobierno y la oposición. La empresa ha adquirido (o tiene reserva de adquisición) terrenos en el polígono de Ircio para instalar una planta de reciclaje de neumáticos; el Ayuntamiento le ha denegado en dos ocasiones cualquier opción de licencia por entender que su actividad se enmarca entre las que son propias de una industria química pesada; la compañía niega la calificación; y el PP se ha puesto de su lado defendiendo el carácter inocuo de la termólisis, como proceso limpio de transformación química y, de paso achacó al alcalde indiscreción y ligereza en un ‘no’ que, hasta hace nada, era rotundo.

Ayer Fernando Campo apuntaló su réplica en un tono duro y cargado de insinuaciones. Habló de «extrañas coincidencias» en esa sintonía que, detecta, existe entre la firma de origen valenciano y los populares. Pero también pretendió zanjar la polémica con datos más o menos objetivos. El fundamental: Black and Green no cuenta con la Autorización Ambiental Integral (que incorpora también la de Impacto Ambiental). Ésta ha de ser previa a cualquier licencia de obras que pueda otorgar el departamento de Urbanismo del Consistorio. «En la Junta de Castilla y León aún no han presentado nada. Y nosotros no podemos dar ni denegar ninguna licencia de obras», si no se dispone previamente de ese permiso regional.

Este proceso, que venía demorándose hasta tres años, se va resolviendo en un periodo de tiempo mucho menor en los últimos meses -un ejemplo de ello es la licencia que se otorgó a Gestamp para la apertura de su planta de biomasa en terrenos de Rottneros-. La Autorización Ambiental Integrada sería la que marcaría los riesgos que podrían existir. «Sin ella -volvió a insistir el responsable municipal-, no podemos hacer nada». La situación raya lo ‘kafkiano’. «Se les ha dicho que tienen que solicitarlo. Pero ellos insisten en tener una reunión para presentarnos un proyecto básico». Y eso no le vale.

Alcaldía entregó copia de los informes técnicos del Ayuntamiento, del texto de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales -la sociedad gestora de Ircio que ha vendido los terrenos a la firma-, y una especie de ‘power point’ de presentación de la factoría «en el que no se habla de algo que es esencial: las emisiones a la atmósfera y a los ríos». A falta del proyecto concreto, ayer el alcalde ya advirtió que si pretenden entroncar con la depuradora de la ciudad, la dirección de Black and Green, «debe saber ya que no podrán hacerlo. Se lo hemos negado también a la empresa de Rottneros porque la depuradora no tiene capacidad».

Proceso administrativo

Pero eso solo puede validarse como avance. Sin Autorización Ambiental Integrada y sin un proyecto de obra concreto «no podemos hacer nada. Y lo curioso es que uno se encuentra en una situación en la que hay un partido que sale a defender algo que no sabe ni lo qué es. Este Ayuntamiento está siguiendo puramente el proceso administrativo», algo que, aseguró, se lo ha trasladado personalmente a responsables de la firma con los que «he mantenido ya dos reuniones».

Con ese último apunte respondía también a un PP que el lunes le acusó de no haberles querido recibir. «Y ¿qué es eso de decir que los técnicos hacen el informe que les pide el alcalde? Eso es gravísimo y los técnicos nos han manifestado ya su malestar». El informe, respaldado por la Secretaría General, fue el que llevó a Campo en octubre del pasado año a subrayar públicamente, por primera vez, que no habría licencia para Black and Green porque su actividad se encontraba entre las «prohibidas».

Tal y como ya ha reflejado este periódico, en ese documento se facilitaba un largo listado de productos que no tenían encaje en los polígonos industriales de una ciudad que desde hace años viene incidiendo en la necesidad de una reindustrialización apoyada en las empresas limpias y la logística. El veto estaba (y está, según la normativa) para «los fertilizantes, colorantes, explosivos, plásticos, detergentes, aislantes, fibras artificiales, productos fotográficos, y productos farmacéuticos»; y también para «gomas y caucho». La empresa concurrió a las ayudas del Reindus definiendo su actividad en estos términos: «Separación y aprovechamiento de componentes orgánicos de plásticos, cauchos y neumáticos».

La cuestión es que, para enmarañar aún más el asunto, el responsable municipal desveló públicamente un par de detalles que hasta ahora eran desconocidos. El primero, que Black and Green, antes de apostar por Ircio, pensó en Bayas, donde se fijó en una parcela de alrededor de 22.000 metros cuadrados. Y el segundo, que los metros adquiridas en el nuevo polígono se encuentran aislados del resto, mirando a la montaña. ¿Su interpretación personal?

«Esta empresa debe ser tan buena que coge unas parcelas que dan al monte. Lo querían alejar del resto de la actividad del polígono, y porque el monte suponía también evitar el impacto visual y el de la emisión a la atmósfera».

Fue más allá. Habló de una pregunta que hicieron los responsables de la firma, al parecer, al propio alcalde:

«¿Se va a instalar alguna empresa alimentaria o farmacéutica en este entorno?»

La proximidad de Galletas Coral, se aseguró ayer, les disuadió de la elección de Bayas. Y entonces Campo tiró de su propio libro de estilo.

«Que raro, ¿no es raro? -ironizó- No será tan buena. Pero no podemos juzgar la bondad o no de la empresa porque no tenemos el proyecto».

MAS INFORMACION DE VERTIDOS EMISIONES E IMPACTOS VISUALES Y MEDIOAMBIENTALES.

Fuente: elcorreo