La comarca de Garoña abandonada a su suerte.

Ningún plan económico, ni ayudas de la Junta de Castilla y León o Madrid.

Ecologistas exigen vigilar el cauce del Ebro.

La central sigue 5 años después en la fase previa a su desmantelamiento.

ENDESA e Iberdrola se han lucrado durante 45 años mientras el norte de España ha dispuesto de energía eléctrica para su desarrollo a un coste competitivo.

Ahora la comarca de Garoña recoge su herencia en forma de una despoblación y un abandono económico casi completos.

Sobre el Valle de Tobalina, rodeado por 2 Parques Naturales, atravesado por el rio Ebro y colindante a la ciudad medieval de Frias, han planeado varias amenazas en los últimos 10 años. Sólo la tenacidad de sus habitantes y veraneantes han conseguido parar la autopista AP69, una incineradora de neumáticos, un permiso de fracking … y esperemos que tambien una cantera que pretende establecer la empresa Yarritu de Miranda de Ebro.

El reactor central de Garoña fué detenido hace cinco años. A las 22.57 horas del 16 de diciembre de 2012, en concreto. Después de 42 años se desenganchaba de la red eléctrica, aunque hasta agosto de este año no se ha apagado el espíritu de esta planta nuclear levantada a 5 kilómetros de suelo vasco. Un lustro en el que estas instalaciones localizadas en el valle burgalés de Tobalina continúan estancadas en la fase previa a su desmantelamiento que según algunas voces expertas, no arrancará hasta 2020;y eso si los plazos son respetados. Y que, como mínimo, se extenderá durante cerca de siete años.

Al finalizar todo el proceso, allá por 2033, los terrenos ocupados a orillas del Ebro deberían quedar completamente liberados de cualquier fuente contaminante y ser destinados “a cualquier uso sin restricciones derivadas de la presencia de radiaciones ionizantes debidas a la operación de la central” ilustra Fernando Legarda, jefe del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la UPV/EHU. A juicio de este experto, ese horizonte de 2033 “es coherente” con lo realizado en el desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera [más conocida como Zoritapor estar ubicada en Almonacid de Zorita, en Guadalajara, al paso del río Tajo] “donde no ha habido paradas en el proceso”.

Los grupos ecologistas no han quitado ojo a todo lo ocurrido en la central en las cuatro últimas décadas. Por eso, como subrayaban desde el Foro contra Garoña, una vez ganada la primera batalla [el cierre] viene la segunda “que es larga y también difícil”: el desmantelamiento. En este sentido, reclaman que tanto la Diputación Foral de Araba como el Gobierno vasco “hagan directamente controles periódicos en el Ebro para asegurar que no haya ningún escape radiactivo”. Además, solicitan que en la web del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se informe debidamente y en tiempo de los procesos del trabajo a realizar: datos técnicos, plazos, periodicidad de los informes de control y tipo de mediciones…

La ‘basura nuclear’Y, por supuesto, que no se deje ningún residuo en las instalaciones de Santa María de Garoña. Los trabajos previos al desmantelamiento de esta planta, que ha visto reducida su plantilla a base de prejubilaciones (50) y recolocaciones (68), siguen su curso antes de que en 2020 la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) tome el testigo de los trabajos, un proceso que incluirá la custodia de la popularmente llamada basura nuclear. Residuos que, al menos en parte, habrían comenzado a ser trasladados en los últimos tiempos al cementerio nuclear de El Cabril, ubicado en la localidad cordobesa de Hornachuelos, lo que ha derivado en la solicitud de una investigación a la Comisión Europea por parte de Izquierda Unida-Andalucía.

El coste del predesmantelamiento que realizará Nuclenor los próximos tres años se calcula que tendrá un coste de unos 150 millones de euros, a los que se sumarán otros 200 más para el desmantelamiento definitivo si se tiene en cuenta como referencia el coste de las nucleares ya desmanteladas. En paralelo, se encuentra en el aire el futuro de la zona de influencia de Garoña, pendiente de un plan de reactivación que viene demandándose ya desde hace años. El Parlamento Vasco exigía a finales de octubre que el Ministerio de Energía y las empresas propietarias de Garoña comiencen “sin más demora, el procedimiento administrativo y técnico para las labores de desmantelamiento” de esta central.

La Cámara Vasca quiere que el proceso de desmantelamiento se lleve a cabo garantizando la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente. Además ha reclamado al Ejecutivo de Rajoy que ejecute un plan de reactivación económica en la comarca que incluya también a los municipios vascos afectados, en el que participen el Gobierno vasco y la institución foral alavesa. Precisamente la Diputación gobernada por el PNV aprobaba hace un par de meses un texto que instaba a que el desmantelamiento de la central “transcurra con transparencia tanto en la descontaminación de la zona y en la gestión de los residuos radiactivos”.

El ATC importaEl combustible gastado, describía Legarda, será retirado de la piscina de Garoña para ser ubicado “en contenedores en seco” que se alojarán en el Almacén Temporal Individual (ATI) de la central hasta que sea trasladado al Almacén Temporal Centralizado (ATC) que se construye en Villar de Cañas, Cuenca. Los residuos de media, baja y muy baja actividad serán, en principio, remitidos al almacén que Enresa dispone en El Cabril. Eso sí, el retraso acumulado en el proyecto del ATC corre en contra del desmantelamiento de Garoña. En opinión del docente de la UPV/EHU, “que se prolongue la estancia del combustible gastado y residuos de alta actividad en el ATI de la central”.

Desde la plataforma Foro contra Garoña insisten en la necesidad de controlar el proceso de desarme de la planta nuclear a fin de evitar vertidos al Ebro y “eliminar todo riesgo de fuga radiactiva”. “No es un tema que permita márgenes de riesgo alguno ya que lo que se juega es la salud de población y de nuestros recursos naturales”, entonan al tiempo que añaden a su lista de requerimiento: “Ni que los residuos se queden ahí para siempre”.

La cifra 119

El trabajo y actividad en el interior de Garoña continúa después de que el Ministerio certificara que la central nuclear no volverá a entrar en funcionamiento y marcara el comienzo de la fase previa al largo y costoso desmantelamiento del recinto. Como consecuencia de esa decisión, para los 226 trabajadores de Garoña (no los miles que decían las empresas), el reglamento de funcionamiento, aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), establece que “el número mínimo de trabajadores que deben permanecer en el recinto en la fase de predesmantelamiento son 108 personas”. “Se ha optado por situar la cifra en 119 trabajadores en la actualidad y contar con un colchón de once más de los que marca la normativa por temas organizativos”, indicaban.

Fuente: deia.com

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El cáncer extermina a la plantilla que manipuló uranio en una fábrica de Andújar

La fábrica de uranio de Andújar fue desmantelada en 1995

De la plantilla inicial, compuesta por 126 empleados, apenas quedan 20 vivos.

El cáncer ha exterminado a la mayoría de los que manipularon durante años el metal sin apenas medidas de protección: gastaban mascarillas de papel, depositaban la comida sobre los bidones de residuos radiactivos y lavaban en casa la ropa de faena. La supervivientes piden que se les reconozca la enfermedad profesional antes de que la metástasis acabe con todos.

A José Soto se le murió el 4 de septiembre otro amigo, Gabino, con quien trabajó en la fábrica de uranio de Andújar (FUA), de titularidad pública.

01/10/2017

El goteo de fallecidos es continuo. Soto, presidente de la asociación de ex trabajadores de la FUA, aclara que es prácticamente la única persona del colectivo a la que todavía le quedan fuerzas para denunciar los hechos. El vicepresidente ha fallecido y el tesorero está muy enfermo. Él mismo toma diariamente una docena de fármacos para combatir diversas dolencias. Admite que al menos puede contarlo. Gran parte de sus compañeros murieron jóvenes. Muchos no habían cumplido siquiera 40 años cuando se los llevó el cáncer. Previamente, habían compartido espacio con el uranio en unas dependencias que, según la asociación, no estaban convenientemente habilitadas para la labor que se desarrollaba en ellas.

La FUA se inauguró en 1959 y fue cerrada en 1981. Ese año a los trabajadores les ofrecieron un puesto de trabajo en la fábrica de uranio de Don Benito. Fue un mal trato. Ninguno de los que aceptaron vive hoy, aclara este superviviente, que expresa su indignación por la insensibilidad de las formaciones políticas respecto al problema. «Ni la dictadura ni la democracia han hecho nada por nosotros». Habría bastado con que la administración central hubiera accedido a relacionar las patologías con la actividad desarrollada, pero, lejos de hacerlo, los sucesivos gobiernos se negaron a validar los informes médicos que vinculaban el cáncer con el uranio, si bien otros, como el realizado por el Consejo de Seguridad Nuclear, descartaron la relación.

«Hubo una mano negra», asegura el abogado Manuel Ángel Vázquez, contratado a principio de los 90 para litigar por los derechos de una plantilla ya entonces diezmada. Aunque un estudio de la Junta de Andalucía avalaba la tesis de que la manipulación del uranio sin las medidas de protección pertinentes estaba detrás de las enfermedades, juzgados de lo social decretaron el archivó la causa, ratificado después por las instancias superiores. El letrado está convencido de que no se investigó hasta el final. De haberlo hecho, señala, se habría determinado la causalidad. Y, en consecuencia, los ex trabajadores habrían cobrado una pensión digna en lugar de los 440 euros que percibe José Soto tras 22 años de trabajo expuesto a la radiación. O las 5.000 pesetas mensuales que cobraron algunos de los obreros que se prejubilaron en los ochenta.

El dinero lo reciben ahora las viudas que quedan en pie, que tampoco son muchas. El fallecimiento de los dos cónyuges es una constante entre las parejas relacionadas laboralmente con la FUA. De nuevo, hay que hacer mención al uranio como causa probable, ya que, asegura el presidente, se introdujo en los hogares a través de la indumentaria. No sólo la de trabajo, sino también la ropa utilizada por los empleados tras su jornada laboral, que guardaban en las taquillas de la fábrica. De resultas de la falta de control la radiación afectó, según la asociación, hasta la tercera generación: nietos de los empleados han fallecido también de cáncer.

La exposición al uranio a la que estuvieron expuestos los trabajadores de la FUA es de libro, en opinión del profesor e historiador Juan Antonio Muñoz, que realiza un estudio sobre los lugares del sur de España en los que ha habido, y hay, contaminación nuclear. Según este experto, persiste una considerable actividad radiactiva en Andújar. Muñoz destaca la proximidad del Guadalquivir de la zona en la que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) enterró el uranio tras el desmantelamiento de la fábrica en 1995. Y advierte de que el subsuelo permeable facilita la filtración del uranio al cauce público del principal río andaluz.

Inspecciones

El Consejo de Seguridad Nuclear asegura que de las 2 inspecciones llevadas a cabo en 2016 para verificar las condiciones generales e hidrológicas impuestas en el plan de vigilancia y mantenimiento no se desprenden repercusiones radiológicas ni sobre los trabajadores ni sobre el medio ambiente. Puntualiza, no obstante, que en el emplazamiento restaurado de la antigua fábrica, debidamente vallado y señalizado por Enresa, aún no se han alcanzado los valores requeridos como para dar por finalizado el período de cumplimiento. En la traducción de este lenguaje burocrático coinciden Manuel Vázquez, José Soto y Juan Antonio Muñoz: «El Estado admite que la radiactividad aún sigue en Andújar».

Fuente: ABC

Vivir a media hora del (de momento) único cementerio nuclear de España

Almacen nuclear en Ornachuelos (Granada)

El almacén de El Cambril alberga materiales radioactivos con una vida de más de trescientos años. La falta de transparencia sobre el transporte sin medidas de seguridad por vía terrestre y los residuos de centrales nucleares como Garoña ha llevado al grupo de IU Andalucía a pedir una visita “urgente” de la Comisión Europea a estas instalaciones.

En Hornachuelos, un municipio de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Córdoba, se ubica el único cementerio de residuos radioactivos que existe en España. Sus instalaciones, conocidas como El Cabril, se mantienen en la comarca cordobesa del Guadiato. A tan solo cincuenta kilómetros del área de población.

La lucha de ecologistas y partidos políticos de la zona como Izquierda Unida se centra en el conocimiento de los materiales que se almacenan en él. Son de alta, media, baja y muy baja intensidad procedentes, en un amplio porcentaje, de restos de centrales nucleares españolas. La descomposición de estos compuestos tiene una duración media que supera los 300 años.

Las instalaciones de El Cabril, gestionadas desde los años ochenta por la empresa pública Enresa, prometían bienestar económico a la zona y un bajo índice de paro. Hoy esta comarca con posible irradiación ha provocado un 50% de desempleo. Pero so no es lo único. El despoblamiento es otro grave problema, que se visualiza en municipios como Peñarroya Pueblonuevo, centro neurálgico de la comarca. En medio siglo casi 20.000 habitantes han salido del censo

aco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción, narra a Público que “el 95% de los residuos que llegan al Cabril proceden de las centrales nucleares”. Un dato desconocido para los alcaldes y habitantes de la zona que creían que albergaba en su mayoría material hospitalario. Y calcula que “el volumen total de este tipo de residuos será de más de 25.000 metros cúbicos” si llegan los últimos restos de centrales como Garoña, lo que superaría con creces la capacidad del cementerio nuclear.

Castejón habla junto a otros compañeros ecologistas como Alberto Ruiz Peña, del Movimiento Ibérico Antinuclear . “Cada año se producen decenas de transportes por carretera de residuos de todas las instalaciones a El Cabril sin medidas de seguridad”. El riesgo de accidente y posible fuga es demasiado elevado para la población colindante con un “grave incumplimiento de las directivas europeas” en esta materia.

aco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción, narra a Público que “el 95% de los residuos que llegan al Cabril proceden de las centrales nucleares”. Un dato desconocido para los alcaldes y habitantes de la zona que creían que albergaba en su mayoría material hospitalario. Y calcula que “el volumen total de este tipo de residuos será de más de 25.000 metros cúbicos” si llegan los últimos restos de centrales como Garoña, lo que superaría con creces la capacidad del cementerio nuclear.

Castejón habla junto a otros compañeros ecologistas como Alberto Ruiz Peña, del Movimiento Ibérico Antinuclear . “Cada año se producen decenas de transportes por carretera de residuos de todas las instalaciones a El Cabril sin medidas de seguridad”. El riesgo de accidente y posible fuga es demasiado elevado para la población colindante con un “grave incumplimiento de las directivas europeas” en esta materia.

El incumplimiento de las directivas europeas

La preocupación de los riesgos del traslado de restos radioactivos es cada vez más alarmante entre colectivos como la Plataforma Antinuclear de Córdoba. Pepa Beiras recuerda a Público que “este cementerio está es un sitio equivocado, en plena sierra de Hornachuelos, a las puertas de un parque natural, con un grave riesgo sísmico. Y encima ha generado nulo desarrollo de la zona” que no solo afecta al Guadiato. También a zonas de la Campiña Sur de Badajoz y la Sierra Norte de Sevilla.

Alberto Ruiz Peña, miembro de Ecologistas en Acción y de IU en Extremadura reclama la fragilidad de los suelos graníticos en la comarca que “de por sí son suelos radiactivos”. De la descomposición del material de estos suelos se desprendería gases como el radón, “altamente cancerígeno para la población”. A pesar de los intentos de peticiones para la realización de estudios oncológicos por parte de la Consejería de Salud de la Junta, los ecologistas no han conseguido dar una respuesta sobre la cifras de muertes por cáncer que hay en la zona de afectación del Cabril.

La falta de transparencia sobre el tipo de material radioactivo que se ubica en el Cabril han llevado al grupo Izquierda Unida Andalucía a presentar una solicitud de respuesta ante la Comisión Europea para investigar el posible traslado de ‘basura radiactiva’ con total opacidad al cementerio nuclear de El Cabril, procedente en los últimos meses de la central nuclear de Garoña.

El coordinador de IU, Antonio Maíllo ha destacado que este “silencio” hace temer lo peor. “Se antoja urgente presentar iniciativas ante la Comisión Europea porque no podemos permitir que Andalucía sea un cementerio que amplia instalaciones para asumir la basura radioactiva” del norte de España.

Maíllo considera indispensable “solicitar la visita de una misión de investigación de la Comisión Europea y Europarlamento a Hornachuelos” para que las instalaciones de El Cabril sean realmente “transparentes”. El traslado de residuos radiactivos sin medidas de seguridad por transporte terrestre supondría una grave “violación de las Directivas sobre participación pública, Habitas y Aves y gestión de residuos radioactivos”.

Una lucha por el desmantelamiento desde los años 80

Pedro Cabrera es vecino del pueblo de Peñarroya y portavoz de IU en el municipio. Como conocedor de la situación habla de un claro “despropósito” con una población envejecida por el despoblamiento. “Sabemos que nuestros jóvenes se van, que hay paro, que nadie se quiere quedar aquí y encima la Junta que cobra el impuesto del Gobierno Central por tener este tipo de instalaciones no lo revierte en la zona”.

Cabrera habla de varios planes fallidos para los vecinos que se encuentran en el entorno del Cabril. “Aún nos deben millones de euros del Plan Miner de Europa de hace cinco años. La Ecotasa que cobra la Junta por albergar este tipo de instalaciones con materiales radioactivos no se invierte con fondos. Tampoco llegan a los vecinos con planes de empleo ni ayudas”. La partida presupuestaria de esta tasa asciende a los ocho millones de euros en 2016 desde el Gobierno central.

Pedro Cabrera no puede olvidar las primeras movilizaciones en torno a la actividad de la empresa Enresa en el año 1984. “Los vecinos aún luchaban y se manifestaban. Pedían ayudas públicas y un puesto fijo para dar crecimiento a una zona que había tenido minas de uranio en los años 30”. Enresa empieza su actividad como empresa pública sin dar crecimiento a la zona. “Los jóvenes se iban a Córdoba a estudiar, los más mayores son los que se han ido quedando pero sabemos que ese era el objetivo de la empresa, iniciar una actividad de alta peligrosidad en zonas despobladas” sin mediar con los vecinos.

Residuos almacenados sin autorización

Aedenat inició hace más de dos décadas una lucha legal que, tras varias sentencias en contra de Enresa y sus consiguientes recursos, consiguió una sentencia firme del Tribunal Supremo en contra de esta empresa pública. En el año 2002 se declaraba la ilegalidad del cementerio nuclear. En la actualidad las instalaciones solo han tenido el propósito de continuar en crecimiento. La sentencia no ha trascendido para cesar el almacenamiento de material que siempre se había creído con procedencia única de residuos de hospitales.

El Supremo declaró ilegal el cementerio en el año 2002

El almacenamiento en el Cabril se encuentra actualmente a un 70% de su capacidad. La industria nuclear española apuesta por duplicar la capacidad de almacenamiento para permitir el alargamiento del parque nuclear.

Ante esta situación, el Movimiento Ibérico Antinuclear recalca que la mayor opacidad en este asunto fue el traslado en 2015 de más de de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca) al Cabril. Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años. “Este material sería mucho más peligroso con una vida de millones de años de radiación y que no permitirían estar dentro de estas instalaciones”, afirma Alberto Ruiz Peña.

A la espera de una respuesta por parte de la Comisión Europea, las movilizaciones de en las zonas del Cabril pretenden mover con más fuerza la conciencia de los ciudadanos. La paralización en Villar de Cañas de otro almacén nuclear no augura una vida corta para el Cabril. “Ya saben la experiencia de Hornachuelos y los vecinos de Villar de Cañas no quieren vivir cerca de estos materiales que solo traen despoblamiento”.

El Movimiento Ibérico Antinuclear ha exigido en un reciente comunicado el “cierre escalonado” de todas las centrales nucleares para no seguir aumentando el problema irresoluble de los residuos radiactivos, y buscar otro emplazamiento para evacuar los residuos para los que el Cabril no tiene autorización. “Buscamos que no haya traslados ni riesgos para una población que tampoco tiene beneficios por un riesgo de vivir en una zona con peligro de radiación”.

Fuente: publico.es

Más (2010): El almacen nuclear que arruinó una comarca

El traslado de residuos radioactivos de Garoña a Córdoba abre otro pulso entre el Gobierno y la Junta de Andalucía

Vista de las instalaciones de El Cabril (Córdoba)

El Ejecutivo de Díaz sospecha que el cementerio nuclear de El Cabril ha empezado a recepcionar bidones de la central recién desmantelada y exige saber si son restos “potencialmente peligrosos para la población”.

La Junta de Andalucía sospecha que el Gobierno central ya ha empezado a traslar residuos radiactivos de la recién clausurada central de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el cementerio nuclear de El Cabril, en Córdoba, que es de gestión estatal. Las informaciones de las que dispone la Consejería de Medio Ambiente parte, sobre todo, de los alcaldes del entorno, que han trasladado su preocupación al respecto.

El pasado 21 de noviembre, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, remitió por escrito una petición formal de información a Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos), que gestiona el centro de almacenamiento de El Cabril, requiriendo datos “detallados sobre el origen y las características de las actividades llevadas a cabo por Enresa en ese centro durante el primer cuatrimestre de 2017”. La carta, a cuyo contenido ha tenido acceso Público, cita “en concreto las 84 expediciones recepcionadas en la instalación durante el citado cuatrimestre”. “Queremos saber los planes del Gobierno a corto y medio plazo para El Cabril y si ha habido alguna actuación en los últimos meses que se salga de lo excepcional”, avisa Fiscal. La Junta quiere tener una garantía “por escrito” de que los restos que se trasladen no son “potencialmente peligrosos para la población”

Enresa es una entidad pública empresarial, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, responsable de la gestión de los residuos radiactivos que se generan en todo el país, así como del desmantelamiento de las instalaciones nucleares. El pasado 1 de agosto, el Gobierno de Mariano Rajoy sucumbía a la presión de los grupos de la oposición y anunciaba el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, la más antigua del país, cuya actividad llevaba paralizada desde 2012. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, había presentado un informe del Consejo de Seguridad Nuclear que avalaba su reapertura, pero no logró convencer a ningún otro grupo del Congreso, ni siquiera al PNV, clave en la aprobación de los Presupuestos Generales.

El Ejecutivo de Susana Díaz teme que el Gobierno central hubiera iniciado el traslado de residuos de media, baja y muy baja intensidad radioactiva de Garoña hasta el “centro de almacenamiento” de El Cabril, en plena Sierra de Hornachuelos (Córdoba). Nadal ya ha dicho en sede parlamentaria que en el subsuelo de El Cabril se enterrarán 4.000 toneladas de residuos radioactivos procedentes de Garoña, pero ha subrayado que el excedente de alto riesgo no viajará a Andalucía. Por ahora permanecerá en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Burgos, pero se desconoce por cuánto tiempo. El Gobierno preveía que para 2010 existiría un Almacén Temporal Centralizado que sirviera de cementerio nuclear nacional para dar cabida al combustible gastado, se planteó un proyecto en Villar de Cañas (Cuenca), que aún no está concluido.

El traslado de residuos radioactivos a la sierra cordobesa ha generado intranquilidad en los pueblos vecinos, y el consejero de Medio Ambiente ha querido saber de primera mano cuándo han empezado los trabajos. Se tiene conocimiento de 84 expediciones recepcionadas en El Cabril, pero sin seguridad de que todas provengan de Garoña. Los ecologistas denuncian que se siga usando este enclave como “cementerio nuclear”, y advierten del riesgo que supone para el ecosistema y la población de Hornachuelos. La inquietud ha saltado a la arena política, donde el grupo parlamentario de Podemos ya ha exigido explicaciones al Gobierno de Díaz. “Queremos saber si se va a permitir que usen Córdoba y Andalucía como estercolero nuclear”, ha dicho la líder del partido morado, Teresa Rodríguez.

El centro de almacenamiento nuclear de Córdoba ya guarda los restos radioactivos de otras centrales nucleares que se clausuraron en España, como la de Vandellòs I (Tarragona) y José Cabrera (Almonacid de Zorita). El Cabril tiene 29 celdas, compartimentos bajo tierra para dar cabida a los residuos, y hace poco la empresa que gestiona el emplazamiento ha construido una más porque casi todas las demás estaban ya llenas. El carburante que se retira (uranio principalmente) se carga y traslada en bidones de 130 toneladas.

La perspectiva de volver a ampliar este enclave para recepcionar las 4.000 toneladas de residuos de Garoña se ha convertido en otro motivo de disputa política en el Parlamento andaluz, aunque la Junta carece de competencias para prohibir el traslado a El Cabril. Desde Enresa explican que los residuos generales en el desmantelamiento de Garoña son “convencionales”, reciclados y reutilizados en un porcentaje próximo al 90%.

Equo, partido que está integrado en Podemos Andalucía, ha sido de los más combativos contra el traslado de dióxido de uranio al cementerio nuclear de El Cabril. Denuncian que es “una sustancia clasificada por la Unión Europea como muy tóxica, cancerígena y peligrosa para el medio ambiente. Con un componente químico -el U-235- que tiene una vida media de cientos de millones de años”. Enresa niega que el centro de almacenamiento de Córdoba esté recibiendo este tipo de sustancia.

Equo e IU llevan años reivindicando el cierre de las instalaciones de El Cabril, argumentando que el enclave original del almacenamiento nuclear era una reserva militar propiedad del Gobierno central, pero no se eligió esa ubicación por razones de seguridad. Ahora Podemos también se suma a la demanda de cierre de un centro que “pone en riesgo a una gran parte de la población, al suponer que residuos especialmente peligrosos recorran cientos de kilómetros diariamente, por autovías y llegando a tener que pasar por la propia Córdoba”. “Si uno de los bidones que viaja a El Cabril desde las centrales” -según Equo lo hacen unos 50 de media cada día- “cayese de su medio de transporte, incluso sin que se abra, si un menor de 18 años lo curiosea habrá recibido en tan sólo cinco minutos su dosis máxima de radiactividad para un año”, denuncian desde la formación verde.

“¿Empleo? ¡Aquí nos íbamos a hacer todos ricos, nos decían! Y fíjate, esto ahuyenta a nuevas industrias y es malo para el producto alimentario”, protesta Fernando Porras, apicultor de 60 años en Hornachuelos, en cuyo término municipal está El Cabril. Su opinión no es unánime. También abunda la indiferencia, sobre todo entre los jóvenes. Y la resignación. Entusiasmo, poco.

El Cabril no es ni de lejos un motor de desarrollo de la zona, que ha perdido población desde 1992. Su plantilla es de 118 trabajadores, a los que se suman 196 contratos externos. El paro castiga a estos pueblos tanto o más que a sus vecinos.

Población de Hornachuelos desde 1900 hasta 2016

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2016 el numero de habitantes en Hornachuelos es de 4.598, 44 habitantes menos que el en el año 2015. En el grafico siguiente se puede ver la evolucion demografica que ha habido en el municipio a lo largo de los años, para ver cuantos habitantes tiene Hornachuelos segun su edad podemos verlo en la piramide de poblacion.
Si lo que interesa es saber cual es la poblacion de Hornachuelos segun el lugar donde han nacido los habitantes (Continente, Pais, Comunidad Autonoma, Provincia, o Municipio) puede verlo en nuestro estudio demografico de poblacion segun lugar de nacimiento.

La gestión de Enresa

Tan cierto es que El Cabril no ha sido palanca de progreso como que no constan accidentes graves, si bien los ecologistas critican la opacidad de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos de España. Tampoco hay estudios alarmantes sobre salud o medio ambiente. El rechazo reside más en la sospecha que en la certeza. Y muchos insisten en que da mala imagen.

“A nadie le gusta tener ahí eso, por si pasa algo, pero qué le vamos a hacer”, explica, al otro lado de un torno que oculta su rostro, la hermana Laura, que vive enclaustrada en el convento de las carmelitas descalzas, en la aldea de San Calixto, de Hornachuelos, a 15 kilómetros de El Cabril. Un lugar ideal para ejercer la resignación.

Entre finales de los años cincuenta del siglo pasado y principios de los sesenta, el régimen comenzó a almacenar de tapadillo en El Cabril, en una mina de uranio abandonada, los residuos resultantes de las pruebas que debían incorporar a España al club de la bomba atómica. Con la creación de Enresa en 1984, las obras de lo que hoy es El Cabril comenzaron en 1990 tras obtener las licencias.

Los vecinos se quejan de que no ha servido para desarrollar la zona.

Antes, en los ochenta, miles de personas se opusieron a asumir esa herencia. Hubo cortes de carreteras, manifestaciones y hasta una huelga general en 1986. “Todos sabían que era una imposición injusta. Pero el dinero frenó las protestas”, recuerda José Larios, líder de aquella movilización ya olvidada, que dio su primera charla contra los planes del Estado en 1979.

El dinero, claro, ayuda a digerirlo todo. “Esto ya está aquí y no podemos evitarlo, pero que nos compensen”, reivindica el andalucista Cecilio Fuentes, alcalde de Alanís. Todos los alcaldes han advertido, al hilo de la polémica del ATC, que les saben a poco los menos de dos millones de euros anuales que reciben de Industria. “Las compensaciones por el ATC que oíamos son escandalosas. Merecemos más”, dice el independiente Julián López, alcalde de Hornachuelos.

“Es el gran éxito de Enresa, haber hecho reinar la resignación”, afirma Manuel Raya, de la asociación ecologista Hornasol. Raya reclama una explicación en detalle de la actividad en la zona que lleva a cabo la Fundación Enresa, que canaliza fondos para desplegar una intensa actividad de relaciones públicas que garantiza más apoyo al almacén.

Vista cercana de los contenedores

Pero la movilización de los ochenta dejó su huella. Quedó demostrado cuando, a principios de los noventa, una simple filtración que apuntaba a que el Valle de los Pedroches cordobés podía ser el destino del Almacén Geológico Profundo (AGP) movilizó a toda la comarca, con sus ayuntamientos al frente. No todo va a ser resignación.

Fuente:  publico.es

 almacennuclear.wordpress.com/2010/02/08/almacen-de-el-cabril-o-la-imposicion-que-arruino-a-una-comarca/

El pulso de Garoña y una posible fusión Endesa-Gas Natural

Manifestacion cierre central nuclear garoña . Vitoria, 18-03-2017. Fotografia Rafa Gutierrez

Apenas aporta el 0,5% de la producción de energía en España. Un volumen insignificante en términos absolutos. Sin embargo, Garoña es el epicentro de la lucha de poderes del mapa energético español. La vieja central nuclear es el gran órdago del ministro de Energía Álvaro Nadal hacia Iberdrola. Un pulso directo con Ignacio Sánchez Galán. La ausencia de ‘feeling’ es bidireccional. Y Garoña se articula como piedra rosetta en la estrategia energética del ministro. Detrás de las luchas palaciegas sobre su reapertura se esconde la recomposición del mix energético: aumento del peso de la nuclear, con apoyo del carbón, y un abaratamiento de las energías renovables. La estrategia choca de bruces con los intereses de Iberdrola, virada a las energías limpias, y de su núcleo de accionistas extranjeros, menos sensibles al intercambio de favores políticos. El debate no es Garoña sí o Garoña no. Hay muchas más aristas.

Galán no quiere Garoña. Y no lo esconde. “No es viable”, dijo abiertamente hace pocos días ante los accionistas de Iberdrola. Pero hubo más mensajes hacia Nadal. “Se hace demasiada política con la energía”, aseguró antes poner en revisión la viabilidad de todos los activos nucleares de la compañía.  Galán no explica el porqué del alto número de expolíticos en los consejos de Administración de las Eléctricas.

Iberdrola es accionista mayoritaria en las dos centrales de Almaraz y posee al 100% la de Cofrentes, que alcanzará los 40 años de operación en 2025. Tres activos vitales en la estrategia nuclear de Nadal, ávido del apoyo de Endesa, el socio de Galán en Garoña, pero también en las dos sedes de Almaraz. La eléctrica de Borja Prado posee un 36% en las dos centrales de Almaraz, que serán las próximas en llegar a los 40 años de operación comercial (en los años 2023 y 2024). También en 2024 alcanzará este hito Ascó I, propiedad íntegramente de Endesa, y algo más tarde Ascó II (85% Endesa). El futuro del plan de Nadal está en el resto, en las que empezaron a operar en plena democracia. Y la primera piedra de ese futuro está, precisamente, en la última del pasado. De nuevo, Garoña.

Galán no quiere Garoña. Y no lo esconde. “No es viable”, dijo abiertamente hace pocos días ante los accionistas de Iberdrola

Endesa no se cierra a sacrificar Garoña, a perder dinero allí, a cambio de lograr más años de funcionamiento del resto. Las condiciones impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que Garoña vuelva a funcionar hacen prácticamente inviable la puesta en marcha del reactor. Paradójicamente, el dictamen del organismo supervisor supone, al mismo tiempo, la cara y la cruz para la instalación. La cara, porque abre la posibilidad de que el Gobierno atienda la petición de su operadora, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola) para prolongar la vida útil de la planta hasta los 60 años. La cruz, porque amortizar las inversiones necesarias, un desembolso que podría superar los 300 millones, para cumplir con las condiciones del CSN y las ya realizadas en los años anteriores es prácticamente un imposible. El futuro de Garoña pasa por varias alternativas, desde la venta de la participación de Iberdrola en Nuclenor hasta, incluso, una hipotética nacionalización de la central. Nadal no se cierra a esta última opción como vía para ofertar energía barata a la industria. Uno de sus grandes anhelos desde su época en la Oficina Económica de Moncloa: lograr un crecimiento de la inversión industrial a través del abaratamiento de la energía.

El próximo día 26 de abril marcará el próximo hito en el camino de Garoña. En esta fecha, Endesa celebra su junta general de accionistas, en la que alguno de sus principales directivos podría hacer alguna mención al futuro de la central nuclear, en respuesta a las palabras Galán. No obstante, los directivos de Endesa podrían encontrarse con otro mensaje de Iberdrola y sin mucho tiempo para reaccionar. A primera hora de ese mismo día, la eléctrica vasca presenta sus resultados del primer trimestre, a través de una conferencia con analistas en la que es más que probable que alguna de las preguntas se refiera al futuro de Garoña. Si le faltaban tazas al caldo, es más que probable que Nuclenor, la sociedad que opera la central, celebre ese mismo día un consejo de administración que aborde la posibilidad de solicitar el desistimiento de operación, un asunto que los representantes de Iberdrola pondrán encima de la mesa del consejo. Esta importante reunión podría incluso venir acompañada de una junta extraordinaria de accionistas para tratar de ratificar los acuerdos, si finalmente se pacta alguno.

El futuro de Garoña pasa por varias alternativas, desde la venta de la participación de Iberdrola en Nuclenor hasta, incluso, una hipotética nacionalización de la central

En la partida de Garoña se juega también el futuro de las primas a las renovables. De nuevo, choque de trenes entre Nadal y Galán. El ministro no se opone a las renovables. La apuesta por las renovables, impuesta desde Bruselas, marcha por buen camino. Las previsiones de la Comisión Europea apuntan que en España se producirá un 20,9% de energía con fuentes renovables en 2020, casi un punto por encima de lo exigido. Pero sí es cierto que una de las líneas rojas del ministro es la rebaja sustancial de las primas a las renovables. En 2019, pasado mañana, expira el plazo de las subvenciones a un primer paquete de inversiones en energías renovables. Inversiones efectuadas durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de unas abultadas primas. En la mano de Nadal está alargar el plazo y el nivel de esas primas, que nunca llegarán a los niveles de las firmadas por el Gobierno socialista. ¿Y quién se juega más en esta decisión de Nadal? Iberdrola, que realizó una importante inversión en parques eólicos.

Predominio nuclear, primas a las renovables… y el futuro equilibrio de poderes en el sector energético. Es la tercera arista del pulso de Garoña. El devenir del duelo entre Nadal y Galán puede determinar la necesidad de un importante contrapunto a Iberdrola. Además, si hay un político que defienda la importancia estratégica de la energía en la política económica de un país ése es Álvaro Nadal. En el sector no se descarta que el desenlace de la crisis de Garoña provoque una posible alianza entre Endesa y Gas Natural. La operación cuadra con la estrategia del fondo GIP, nuevo accionista de Gas Natural, un socio con vocación de permanencia. Incluso, es de su agrado. Los italianos de Enel, dueños de Endesa, no descartan estudiar ofertas si el precio es satisfactorio. Otro ingrediente. Isidro Fainé ganaría peso en el sector, sin duda Gas Natural se convertiría en el campeón nacional de la energía en toda regla, y, de paso, se limarían las asperezas por la falta de apoyo de Nadal, todo lo contrario que el ministro de Exteriores Alfonso Dastis, en la crisis colombiana de Electricaribe. Movimientos políticos aparte, los movimientos de concentración también están alentados por la propia dinámica del negocio en España. El mercado está ya maduro, existe un exceso de generación que apenas deja márgenes, por lo que las compañías se han orientado a ser meras redistribuidoras y comercializadoras de energía. Todo depende de Garoña. La mecha del futuro mapa energético.

Fuente: vozpopuli.com

Ascó y su entorno pierden más habitantes que otras comarcas

Entre los años 1982 y 1984, época convulsa de la puesta en marcha de la primera central nuclear de Ascó, en agosto de 1983, 312 habitantes de este municipio se dieron de baja en el padrón y se marcharon a otro lugar, encabezados por el combativo alcalde antinuclear Joan Carranza, que con su mujer y nueve hijos se refugió en Santa Coloma de Farners (Gerona). Fue solo el inicio de lo que ha sido un goteo continuo de pérdida de habitantes, no solo en Ascó, sino en parte de la comarca de la Ribera del Ebro.

EDWIN WINKELS
31/01/2010

Mientras que desde Mora del Ebro hacia abajo ha habido un crecimiento de población, aunque mínima, corriente arriba los pequeños pueblos que rodean la central nuclear han bajado de 1981 a 2008 entre un 15% (el propio Ascó) y un 37% (Riba-Roja d´Ebre) en número de habitantes. Ni siquiera en los últimos años han podido detener la sangría, mientras que pueblos parecidos en otras comarcas rurales y alejadas de las ciudades han iniciado una recuperación paulatina. Es como si nadie quisiera vivir ya en esta zona que solo suele ser noticia cuando pasa algo con la central nuclear y su raidación, la química Ercros de Flix y sus vertidos o, ahora, con el cementerio nuclear, denominado con el eufemismo de Almacén Temporal Centralizado (ATC).

“Siempre hemos estado muy desatendidos, ninguna administración ha querido escucharnos. Y lamentablemente esta región solo sale en los periódicos y televisiones con el tema de la nuclear, a la que siempre nos hemos opuesto. Por eso debemos unirnos y aprovechar este debate sobre el ATC para hacernos escuchar”, dice Pere Miquel Guiu, el alcalde de La Granadella, un pueblo leridano de Les Garrigues, que está a solo 25 kilómetros de Ascó y que sufre los inconvenientes pero apenas los beneficios económicos de la cercanía de la central. Recibe una compensación anual de 4.000 euros.

En los 12 municipios nucleares de Ribera del Ebro y Tierra Alta la nuclear sí ha traído compensaciones económicas y trabajo para una parte de la población, pero como si también estuviesen asustados, pocas otras industrias han querido instalarse a orillas del río Ebro. Y con la crisis han ido cerrando o reduciendo su tamaño otras, como Ercros, al que ya queda solo un 10% de su plantilla.

TEJIDO DE EMPRESAS “No se ha sido capaz de generar alrededor de la nuclear y la química, los motores de la comarca, un tejido de empresas complementarias. No ha habido diversificación, solo queda ahora una opción, la nuclear”, lamenta el alcalde de Flix, Oscar Bosch, que junto a sus homólogos de cinco municipios nucleares más (justo la mitad) se ha pronunciado en contra del ATC. “Pero no por la instalación en sí, sino por cómo se ha llevado el proceso. No ha habido buena información ni comunicación. Ahora la gente se basa en argumentos emocionales en lugar de científicos”.

Fuente: elperiodicodearagon.com

La mina de uranio de Retortillo (Salamanca) de la multinacional BERKELEY

COMPENDIO DE NOTICIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACERCA DEL PROYECTO A CAMPO ABIERTO DE UNA MINA DE URANIO, Y SUS NEFASTAS CONSECUENCIAS PARA EL PRESENTE Y FUTURO DE LAS COMARCAS CIRCUNDANTES AL ÁREA DE LA POBLACIÓN DE RETORTILLO (SALAMANCA-PAÍS LEONÉS).URANIO Y ENERGÍA NUCLEAR FUERA DE LAS TIERRAS LEONESAS.