ENRESA gasta 148.000€ en táxis para transportes de directivos.

El Cabril, en Córdoba

Entre 2012 y 2017, El Cabril, la instalación de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad, ha gastado un total de 147.837,31 euros en taxis. El Cabril está situado en la Sierra Albarrana, dentro del término municipal de Hornachuelos, en Córdoba, y aunque dispone de 16 vehículos de diferente tipo para trabajos internos, nunca ha dispuesto de coches oficiales para desplazamientos de trabajadores, directivos o visitas oficiales. Increíblemente, todo se realiza por taxi, incluido el correo.

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), presidida por Juan José Zaballa, de la que depende el almacenamiento subterráneo de El Cabril, viene contratando un servicio de taxis para desplazar personal y objetos hasta la instalación, en el término cordobés de Hornachuelos. Ese servicio de taxis es utilizado tanto para atender a visitas institucionales como a las necesidades de desplazamiento del personal de ENRESA; es decir, que cualquier directivo, visita oficial o trabajador que vaya a El Cabril, lo hará en taxi.

El servicio de taxis se contrata siempre que operarios en comisión de servicio desde otros centros de trabajo de la empresa tienen que viajar a El Cabril, principalmente para los desplazamientos desde la estación del AVE de Córdoba hasta la instalación subterránea, un trayecto de 120 kilómetros. Pero también para la recogida y entrega de documentación o pequeños envíos de mensajería desde la localidad próxima de Hornachuelos, así como para la entrega de documentación en organismos e instituciones de Córdoba. La empresa argumenta para justificar estos taxis que no existe servicio postal en las proximidades de El Cabril.

Extraconfidencial.com ha podido constatar la existencia de este servicio, del que ENRESA dispone desde el inicio de su actividad en El Cabril, pero del que no se tenía conocimiento. Hasta 2014, el servicio de taxis era discrecional, pero a partir de ese año, el servicio fue contratado mediante proceso de licitación pública. El criterio de adjudicación fue el precio, sin que concurrieran criterios de valoración que dependieran de un juicio de valor.

El presupuesto máximo de licitación para este contrato, sin incluir el IVA, asciende a la cantidad de 75.435 euros (a añadir el importe del IVA, otros 15.841,35 euros), que se divide en dos lotes: Lote 1. Servicio de taxi desde Córdoba, por 29.910 €, y Lote 2, Servicio de taxi desde Hornachuelos por 45.525 euros.

El plazo de ejecución es de 3 años, desde su inicio el pasado 1 de enero de 2018, y la distribución por anualidades sería, sobre el papel, de 25.145 euros por año hasta su finalización en 2020.

Los vehículos existentes en El Cabril

ENRESA argumenta que no existen coches de carácter oficial asignados de forma permanente al traslado del personal del Centro, incluido el personal de Dirección. Sin embargo, El Cabril sí cuenta con una flota de vehículos para servicio interno, los cuales son propiedad de ENRESA y están ligados a las necesidades operativas de la instalación: actividades industriales, movimientos internos de materiales y personas y, ocasionalmente, para desplazamiento del personal del Centro a su domicilio cuando por necesidades del trabajo existen variaciones en el horario de su jornada laboral (el conductor es el propio trabajador) y, en consecuencia, no resulta posible el uso de los medios de transporte colectivo.

En ese sentido, según los datos a los que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, la flota con la que cuenta El Cabril es de nueve furgonetas, cuatro vehículos todoterreno y tres turismos, cuya utilización y control está regulado por procedimiento interno de ENRESA.

En definitiva, que entre 2012 hasta septiembre de 2017, ENRESA se ha gastado en taxis para El Cabril un total de 147.837,31 euros; unos 30.000 euros anuales.

Jorge Ventura

Fuente: extraconfidencial.com

Abogacía del Estado señala la “imposibilidad” de rehabilitar “actualmente” terrenos radioactivos de Palomares

 La Abogacía del Estado ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados con radioactividad en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan aprobado en 2010. Según ha agregado, éste tiene carácter “preliminar” y solo esboza líneas generales sin dar “pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)”.

Sostiene, en esta línea, que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio” y reconoce que “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos” generados.

Así lo expone la Abogacía del Estado en la respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la demanda presentada por Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional para instar a la puesta en marcha del Plan de Rehabilitación de Palomares acordado por el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en mayo de 2010 y obligar a que se fije un plazo para llevar a efecto el tratamiento “de los 50.000 metros cúbicos de tierra previstos”. En el escrito elevado a la AN, señala que, dado su carácter preliminar, el Plan de Rehabilitación definitivo “debería completarse en los ámbitos de impacto radiológico al público, protección radiológica de los trabajadores, gestión de residuos radiactivos y vigilancia radiológica ambiental”.

 

Destaca que “no tiene cabida considerar que cabe fijar un plazo” porque, por un lado, no hay norma que obligue a dicho plazo y, por otro, porque “ejecutar todo lo dicho en un plazo de tres años como dice el demandante es materialmente imposible, tanto por no estar aprobado un plan definitivo como por exigir la determinación y ejecución de multitud de factores”.

“Todo lo expuesto demuestra la imposibilidad de poner en marcha actualmente la rehabilitación de los terrenos de Palomares”, reitera.

La Abogacía del Estado remarca también que, en “ningún momento existe exposición inaceptable para la población” y que el “principio básico de protección está garantizado”, por lo que, según añade, “se ha cumplido toda la normativa aplicable. Además, el nivel de intervención no se ha modificado desde su determinación en 1 mSv/año, valor de dosis máximo que podrían llegar a recibir” los residentes “en la zona de Palomares” frente a lo sostenido por el colectivo conservacionista, que afirma que ha habido un “cambio de criterio radiológico” en la zona afectada por el accidente aéreo de 1966 y que este se refleja en un informe del CSN de 2015.

“El nivel de intervención fijado por el CSN para Palomares se ha mantenido a lo largo del tiempo. No ha habido cambios en el nivel de intervención como sustenta el demandante, aunque lo que sí ha variado en 2015 son los valores de concentración de actividad debido a que en el transcurso del tiempo se han dispuesto de datos y medios para considerar situaciones más realistas, frente a las estimaciones más conservadoras utilizadas inicialmente”,

apunta la Abogacía del Estado para precisar que, en base a las recomendaciones internacionales, el nivel de intervención fijado para este área por el CSN es el “mínimo”.

Al hilo de esto, traslada a la Audiencia que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, “garantiza que actualmente no se supera la dosis” citada anteriormente para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

“IDONEIDAD DE MEDIDAS ADOPTADAS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN”

Alude, así, a los resultados del seguimiento dosimétrico y sanitario de los residentes en la zona desde 1966 y del programa de vigilancia radiológica ambiental para argumentar que “verifican la idoneidad de las medidas adoptadas para la protección de la población” al tiempo que se refiere a los informes del CSN entre 2010 y 2016 que recogen que la concentración de actividad radiológica en alimentos, aguas, sedimentos y organismo indicadores “son inferiores a los niveles de referencia”. “Es decir, en resumidas cuentas el CSN, en el ámbito de sus competencias, llevó a cabo el análisis de la documentación aportada, ciñéndose a los aspectos radiológicos para determinar los niveles de intervención en la zona. El informe tiene un carácter preliminar dado que podría ser necesaria alguna reconsideración en función de la decisión finalmente adoptada para llevar a cabo la restauración pero, en ningún caso, implicó la modificación de los niveles de intervención fijados”, concluye.

Por último, la Abogacía del Estado sostiene que lo que se firmó en 2015 con EEUU fue solo un “memorando de entendimiento (MOU)” que recoge “únicamente una declaración de intenciones entre los dos países”, por lo que, según subraya, “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos”. Matiza que el CSN no es la autoridad competente en este supuesto, en el que su competencia se circunscribe a la emisión de un informe preceptivo, sino que la autoridad competente para la ejecución de las medidas de intervención previstas en el artículo 61 del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI) “es el Gobierno de la Nación”.

DEMANDA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

El recurso contencioso-administrativo se inició a instancias de Ecologistas en Acción después de que Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) denegase la clausura de la instalación nuclear y del área contaminada con radioactividad de Palomares. Cabe recordar que el regulador atómico indicó en febrero de 2017 que no había lugar a la solución provisional propuesta por el colectivo conservacionista, que pasaba por el acopio provisional de la tierra radioactiva a la espera de encontrarle almacenamiento definitivo a los residuos. Según explicó, esta solución “no se correspondería ni con los principios” del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, “ni con los preceptos y actuaciones que se establecen” en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radioactivas.

El regulador atómico argumentó en su respuesta que el de Palomares es un caso de “exposición perdurable”, por lo que sería de aplicación el artículo 58 del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. Éste dispone que, en caso de intervención en este tipo de situaciones, y en función de los riesgos que entrañe la exposición, la autoridad competente, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, deberá delimitar la zona afectada; aplicar un sistema de vigilancia de las exposiciones; realizar las intervenciones oportunas teniendo en cuenta las características de la situación y regular el acceso y el uso de los terrenos o edificios situados dentro de la zona delimitada.

El CSN remarcaba, en esta línea, que los estudios radiológicos y los programas de vigilancia establecidos para la zona de Palomares afectada “son adecuados y eficientes” de acuerdo al informe que realizó en 2010 un equipo de inspectores de la UE y subrayaba que la “solución definitiva al problema” pasa por la ayuda de Estados Unidos a España.

Ver más en:  20minutos.es

La Audiencia Nacional actúa ante la contaminación de Palomares

Todo lo relacionado con las bombas de Almeria fue un montaje mediatico. O, no aprendemos ni a la de tres.

Hallan en Almería dos fosas con material radiactivo de las bombas de Palomares

El Gobierno asegura que los residuos que llegan a El Cabril cumplen los requisitos

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha asegurado hoy que todos los residuos radiactivos que llegan al almacén nuclear de El Cabril (Córdoba) cuentan con los “requisitos requeridos” para su almacenamiento.

En un comunicado, Primo Jurado ha informado de que al almacén nuclear han llegado residuos “de baja y media actividad” procedentes de la instalación Enusa, ubicada en Juzbado (Salamanca), que han sido aceptados tras llevar a cabo el estudio correspondiente y, que por tanto, cumplen con los requisitos requeridos por los Criterios de Aceptación para su almacenamiento “y en particular con los límites de aceptación de actividad”.

Además, el subdelegado ha desmentido que “dichos residuos tengan su origen en el desmantelamiento de la central de Garoña”, tal y como han denunciado distintas formaciones políticas como PSOE, IU y Podemos.

El subdelegado del Gobierno ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de los residentes de la zona dado que “la instalación cumple con lo establecido en los límites y condiciones de la Autorización de Explotación y no hay riesgo para la población”.

Dicha autorización dictamina que la instalación cordobesa posee autorización para almacenar de forma definitiva residuos de baja y media actividad, sólidos o solidificados generados en las instalaciones nucleares y radiactivas españolas.

En dichos límites se define como residuos de baja y media actividad aquellos cuya actividad se debe principalmente a las presencia de radionucleidos emisores beta o gamma, de periodo corto o medio (inferior a 30 años) y cuyo contenido en radionucleidos de vida larga es muy bajo y está limitado.

Finalmente, Primo Jurado ha insistido en que PSOE e IU “deben dejar de engañar a la sociedad cordobesa con este asunto y no crear una alarma social innecesaria, puesto que ni siquiera Garoña se está desmantelando en la actualidad”

Desde este blog le pedimos al CSN, ENRESAS y al gobierno español que deje de ocultar información, presionar a funcionarios y seguir apostando por una energia con fecha de caducidad, y cuya herencia supondrá un coste elevadísimo a generaciones futuras.

Fuente: Lavanguardia

La guerra judicial que aplazó el basurero nuclear de Villar de Cañas

Seis años después de la designación del municipio conquense como ubicación, el proyecto aún no cuenta con la preceptiva declaración de impacto ambiental

El Gobierno de Castilla-La Mancha sostiene que “se ha fragmentado” el proceso de evaluación ambiental, reclama abrir uno nuevo o declararlo “inviable” a lo que, de momento, no hay respuesta del Ministerio de Medio Ambiente 

El Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Residuos Nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) sigue sin ver la luz en las postrimerías de 2017. Un año caracterizado por la batalla legal que Gobierno central, Junta Comunidades de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento han librado en los tribunales y que ha propiciado el freno, en seco, del proyecto.

Una de las últimas acciones del Ejecutivo castellano-manchego fue la de cuestionar la evaluación ambiental del proyecto que, en opinión del departamento de Medio Ambiente, se basa en un estudio “deficiente técnica y científicamente”.  La Junta ha pedido  otra evaluación al Ministerio de Medio Ambiente y un nuevo procedimiento de información pública y si no, que se emita una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “inviable”.

No hay respuesta por parte del Ministerio que dirige Isabel García Tejerina. Lo confirma a  eldiarioclm.es el viceconsejero de Medio Ambiente Agapito Portillo. “Creemos que se había fragmentado el proceso de evaluación ambiental, vulnerando la ley de evaluación ambiental nacional. Se lo argumentamos técnicamente y ante eso no han respondido”.

Portillo apunta su escepticismo ante la postura que pueda adoptar el Ministerio que, hasta la fecha, ha dado la callada por respuesta (también ante la insistencia de eldiarioclm.es para obtener su versión). “Me va a costar mucho que algún técnico dé el visto bueno, la ministra o el director general  podrá firmar la evaluación pero tiene que ir apoyado técnicamente”, insiste el viceconsejero.

Los responsables de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha tampoco han dudado en  acudir a instancias europeas ante lo que consideran “dejación de funciones” del Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de elevar a Europa (ha de hacerlo el Ejecutivo central) la documentación que justifica la ampliación de la protección ambiental de la Laguna de El Hito y que condicionaría la construcción del basurero nuclear de Villar de Cañas.

El Gobierno de Emiliano García-Page inició la batalla europea ante las perspectivas, nada halagüeñas, de los tribunales españoles cuando el Supremo dijo que no admitía a trámite el recurso de casación de la Junta que pedía dejar sin efecto el  auto del Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCLM) que anulaba la ampliación de la protección del espacio natural (zona de especial protección de aves, ZEPA) de la Laguna de El Hito, para incluir los terrenos en los que está previsto ubicar el cementerio nuclear.

El Tribunal Supremo, sin embargo, no entraba en el fondo de la cuestión por lo que se requerirá un nuevo pronunciamiento del TSJCLM.  A  principios de 2017  ya suspendía cautelarmente el acuerdo de Consejo de Gobierno que daba luz verde a la ampliación de la zona de protección.

Pese a la postura, hasta ahora, de los tribunales, el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, sostiene que la ubicación elegida para el silo nuclear sigue protegida medioambientalmente, pese a la suspensión del Decreto de la Junta que aprobó esa protección. “Por delante de cualquier inversión está la necesidad de preservar espacios protegidos”, ha venido diciendo Martínez Arroyo en el último trimestre de este año. Recuerda que esta es también una obligación – a través de la Directiva Hábitats- que impone la Comisión Europea, ámbito en el que el  Gobierno regional sigue trabajando para ver “de qué forma se puede hacer que esté realmente protegido y los tribunales no lo impidan”.

La postura que mantiene el Gobierno autonómico ha sido tachada de “fraude de ley”,  mientras el alcalde de Villar, el ‘popular’ José María Sáiz, ha venido solicitando al presidente regional, Emiliano García-Page que “deje de torpedear” el proyecto apoyándose en las decisiones del Supremo. Precisamente, en el ámbito municipal existe otro procedimiento judicial abierto: el relativo al nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas, para adaptarse la normativa urbanística a la llegada del ATC y que fue recurrido por la Junta.

Las Cortes, salvo el PP, piden la suspensión “definitiva” del proyecto

Las Cortes de Castilla-La Mancha se han pronunciado ya varias veces en contra del cementerio nuclear desde el año 2010. La última iniciativa se producía en noviembre de 2017. PSOE y Podemos aprobaron una Proposición No de Ley (PNL) que pide a Mariano Rajoy la suspensión “definitiva” del proyecto de Villar de Cañas.

Una PNL que también insta al Gobierno de España a suspender las acciones legales de la Abogacía General del Estado contra la ampliación de la ZEPA de El Hito y considera que el ATC no es necesario “por los riesgos ambientales para especies y hábitats protegidos, para las personas y por no existir consenso social, institucional ni territorial.”

El papel de Consejo de Seguridad Nuclear

En junio, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) desmentía estar trabajando con “plazos” para autorizar la construcción del silo nuclear ante algunas informaciones que apuntaban a que esa autorización se produciría en el primer semestre de2018.

Fuentes del CSN reconocían a eldiarioclm.es que aunque se trabaja el análisis de la documentación relacionada con la solicitud de autorización de construcción presentada por “no hemos hecho público, ni tenemos intención de hacerlo, ningún plazo. Puede ser dentro de un mes, de un año o de cinco”. E insistían en que el “papel” del regulador atómico se limita a cuestiones relacionadas con la seguridad que antepondrá a “plazos o presupuestos”.

También  la polémica sobre la idoneidad de los terrenos para ubicar el basurero nuclear ha continuado durante todo el año, como ya ocurriera en 2016. El Ejecutivo castellano-manchego preguntó en el Comité Asesor del Consejo de Seguridad Nuclear sobre esta cuestión en noviembre de 2017. No hubo respuesta  del organismo nuclear al no considerarse el “indicado” para dar  esta información.

Pero, de hecho, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de junio una resolución para que el  CSN emita un informe sobre la  idoneidad de ubicación de este almacén .

El 30 de diciembre se cumplen seis años de la elección de Villar de Cañas

El Consejo de Ministros eligió el 30 de diciembre de 2011 a Villar de Cañas (Cuenca) como sede del ATC  y de su Centro Tecnológico Asociado (CTA). Hoy, sigue sin haber empezado construirse unas instalaciones que deberían estar terminadas en 2018. Diseñado para una vida de 100 años, aunque el vigente plan general de residuos establece una vida operativa de 60, la previsión cuando finalice su vida es recuperar el material radiactivo, trasladarlo a un hipotético Almacén Geológico Profundo y desmantelar el ATC.

Fuente: eldiario.es

Sólo habrá plan B para Europa si encontramos plan B al petróleo


Marzo 2016 (Margarita Mediavilla)

Hace unas semanas movimientos sociales y políticos de la izquierda europea con figuras como Yanis Varoufakis, Ada Colau o Marina Albiol a la cabeza se reunieron en Madrid para buscar la manera de “construir un espacio de convergencia europeo contra la austeridad y para la construcción de una verdadera democracia en Europa”.

Es una iniciativa imprescindible en estos momentos, y muy interesante por su carácter trasnacional y por esas alianzas entre movimientos sociales y partidos políticos, pero me temo que pueda quedar en agua de borrajas si sus promotores no saben entender todo lo que hay detrás de esta crisis.

Los debates del foro se centraron la necesidad de presionar para conseguir una Unión Europea democrática que no sacrifique a los ciudadanos en aras de las políticas económicas, pero olvidaron que no todo lo que está pasando en Europa ni en el mundo en estos años depende de la política ni de nuestras decisiones. Existen causas materiales muy importantes que están haciendo que todas las economías del Planeta entre en crisis y son las que han lanzado a Europa a proponer estas drásticas medidas que llaman “de austeridad”.

Hace diez años que el petróleo barato y fácil de extraer nos empezó a abandonar y ya se ve que su producción se ha estancado: es muy difícil no ver en ese petróleo que interviene en absolutamente todos los procesos productivos y en todos los sectores de la economía una de las causas más importantes de esta larga y extraña crisis económica. A ello se añade el hecho de que la producción de petróleo y gas natural de la UE ha caído en picado desde que en 2001 los yacimientos del Mar del Norte empezaron a entrar en declive.

El hecho de que el precio del petróleo haya bajado abruptamente no debe distraernos e impedir que veamos algo muy evidente. Los años de petróleo caro han pasado factura a todas las economías europeas (cuyo consumo ha caído un 14% desde 2006, sin incluir a Rusia), y ahora están pasándosela a China y Brasil. No es extraño que el precio del petróleo baje ahora momentáneamente, cuando la demanda cae y son pocas las economías que pueden soportar los altos precios, pero la tendencia es la de una energía cada vez más escasa y menos asequible. La economía española está pudiendo respirar este año, no sólo porque los salarios y el gasto social se han reducido, sino porque la factura petrolífera, que entre 2010 y 2014 rondaba el 4% de nuestro PIB, en 2015 se ha reducido a prácticamente un 1%.

En este contexto de petróleo escaso y difícil de extraer es vital para los países asegurarse un cacho en el reparto de esa tarta que cada día se hace más pequeña. No es de extrañar que Europa se aferre a su banca, intentando mantener este estatus privilegiado que nos permite, siendo países pobres en recursos naturales, mantener consumos energéticos elevados, industrias competitivas por su alta automatización y estilos de vida derrochadores.

Es muy desalentador ver cómo las previsiones de personas como Pedro Prieto, Antonio Turiel o Ramón Fernández Duran se van cumpliendo año a año sin que, todavía, hayan llegado a los debates políticos. Los altibajos en el precio del petróleo debidas a la interacción petróleo-economía, las guerras por el control de Oriente Medio, el fracaso del coche eléctrico, el poco éxito de las renovables a la hora de sustituir al petróleo, el desastre de los biocombustibles y la burbuja del fracking que ahora estamos viendo ya fueron predichas hace años. Sin embargo, el grado de conciencia de este problema, incluso entre aquellos partidos políticos y movimientos sociales más abiertos a nuevas ideas, sigue siendo muy pequeño.

Si queremos buscar una nueva Europa que no ponga los intereses de la banca por encima de los derechos de las personas, que no sacrifique a los más débiles y que no vea sus fronteras abarrotadas de refugiados que huyen de la guerra por los recursos, debemos, primero, construir una Europa que no tenga que luchar por las últimas gotas fósiles. Sólo si sabemos cambiar hacia un modelo productivo mucho más austero en el uso de recursos naturales y basado en energías renovables seremos capaces de construir una Europa solidaria y ofrecer una alternativa a este desesperado intento de aferrarse a al caduco modelo consumista que, paradójicamente, llaman “austeridad”.

Fuente:  contadashabas.wordpress.com

El Congreso pide el cierre de Garoña y exige al CSN cambiar su normativa interna para mejorar en transparencia

Unidos Podemos ha conseguido apoyo mayoritario para reprobar al presidente del regulador y exigir al Ejecutivo su cese.

En Marzo se aprobó una proposición no de ley pidiendo el cierre definitivo de Garoña.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital ha pedido al Gobierno que decrete el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), se prepare su desmantelamiento y ponga en marcha un plan de desarrollo de las zonas que se vean afectadas económicamente por el cierre de la planta.

Así se recoge en el dictamen de la ponencia encargada en la Cámara Baja de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sobre los informes de actividad realizada por el organismo durante 2014 y 2015, aprobado este miércoles junto a las propuestas de resolución planteadas por los partidos políticos.

Entre ellas, destaca el texto acordado por todas las formaciones, excepto el PP, en el que se llama al CSN a modernizar su normativa y el estatuto que regulan su funcionamiento interno y, de este modo, garantizar su credibilidad ante la sociedad y su independencia. Unas características que, para la mayoría de partidos, el consejo perdió tras permitir la reapertura de Garoña a pesar del informe de sus técnicos, que la condicionaban a una inversión en sus instalaciones.

En este sentido, el portavoz de Energía del PSOE, Javier Lasarte, ha defendido la necesidad de que el consejo publique todos sus documentos más relevantes, que el presidente presente un informe al final del mandato, que se hagan públicos sus plenos y que se haga un registro de lobbys, entre otros. Para Lasarte, el CSN también debería reforzar la independencia de sus consejeros cambiando su sistema de elección, basada y que ésta esté basada en su capacidad.

Fernando Martí recién nombrado por el exministro Soria

También el representante de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha cuestionado la imagen de independencia del consejo que, a su juicio, se ha ido debilitando coincidiendo con la llegada del actual presidente, Fernando Martí. “Las decisiones que ha tomando nos llevan a plantear su reprobación e instar al Gobierno a su cese en beneficio de la independencia del CSN”, ha declarado el diputado de En Comú.

C’S DENUNCIA FALTA DE RIGUROSIDAD

La formación morada ha conseguido para esta reprobación el apoyo del PSOE que, junto a las abstenciones de Ciudadanos, PNV, ERC y PDeCAT, ha permitido que esta propuesta de resolución salga adelante.

La formación naranja también ha tenido palabras críticas para el trabajo del organismo regulador. Su portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, ha reconocido que en las comparecencias escuchadas a lo largo de los últimos meses en la ponencia, se ha encontrado con discursos “vacíos de contenido” y “faltos de rigurosidad”, algo que, a su juicio, demuestra esa actitud de falta de transparencia que se ha denunciado.

Sólo el PP se ha mostrado contrario a estas acusaciones y, a través de su portavoz, Teodoro García, ha reprochado su actitud a quienes “pretenden sustituir al presidente del regulador” para que el CSN tome las decisiones en el sentido que ellos quieren, es decir, en contra de las nucleares. En este sentido, ha apuntado que “el 90 por ciento de las decisiones del consejo se han tomado por unanimidad”, una cifra que, a su juicio, no refleja lo escuchado sobre el regulador.

UN INFORME SOBRE LA UBICACIÓN DEL ATC

La oposición también se ha unido en un texto transaccional para pedir al CSN un informe detallado sobre el estado del proyecto del Almacén nuclear Temporal Centralizado (ATC), que está previsto que se construya en Villar de Cañas (Cuenca), aunque lleva tiempo paralizado.

Tanto Lasarte como el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, han recordado que existen informes que determinan que la localización no es la más adecuada, una denuncia a la que se ha unido la diputada de Ciudadanos.

En este sentido, también se ha pedido al Gobierno un nuevo plan de residuos radioactivos. López de Uralde ha recordado que estas resoluciones lo que buscan es que España solucione las “incertidumbres” en las que se encuentra ahora ante un “escenario nuevo” como es el del cierre de las nucleares.

El Ministro de Energia Alvaro Nadal está siguiendo los despropósitos de Jose Manuel Soria

En Marzo el Congreso aprobó una proposición no de ley contra Garoña

El pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley de su diputado Óscar Matute (Bildu) para reclamar al Gobierno que no reabra la central nuclear de Santa María de Garoña, futurible que avaló el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hace un mes. El CSN emitió el 8 de febrero un dictamen favorable a la reapertura de la central -paralizada desde 2012- bajo ciertas condiciones de seguridad. El ministerio de Energía está dilatando el proceso definitivo cuando se han producido en menos de 3 meses 2 vertidos descontrolados, uno de ellos de Cesio (leer)

Fuente: eleconomista.es

Se aprueba la moción contra la construcción de un almacén de residuos radioactivos en Cofrentes

La concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano, y el concejal de Energías Renovables y Cambio Climático, Jordi Peris, han presentado una moción para oponerse a la construcción de un almacén de residuos radioactivos en la localidad de Cofrentes, así como el cierre de la Central Nuclear para 2021. Dicha moción se ha aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Grupo Popular.

La moción presentada por el Govern de la Nau, defendida por Soriano y Peris, se basa en que la “peligrosidad de las centrales nucleares está fuera de toda duda, así como el riesgo de la construcción de un almacén de residuos”. En el caso de que hubiera “una fuga radiactiva importante, afectaría a la salud de millones de valencianos y valencianas, además de contaminar la tierra y arruinar la producción agrícola”.

El debate ha comenzado con la intervención de Salvador Moncayo, de la Plataforma Tanquem Cofrents, quien ha reclamado el cierre de la actividad en la central nuclear argumentado que “hay alternativas” y que no sólo lo pide una plataforma, “sino la ciudadanía, y además, otros países europeos, como Bélgica y Suiza, ya están planificando sus alternativas”.

Por parte del grupo Ciudadanos, Santiago Benlliure, ha defendido que las políticas energéticas no deben utilizarse como estrategia política y ha pedido también alternativas. “No se puede improvisar en materia energética”, ha explicado, si bien reconoce que las energías nucleares se “acercan al final de su vida útil”. Así mismo, ha hecho hincapié en que “cualquier decisión debe tener un plan alternativo, que contemple, entre otras cosas, la pérdida de puestos de trabajo”.

Por el Grupo Popular, Mª Ángeles Ramón-Llin ha presentado una propuesta que plantea el incremento de las energías renovables y que tiene en cuenta las repercusiones del cierre, principalmente en lo que al empleo se refiere. “Queremos saber sus planes y cuáles serán las consecuencias. No hagan demagogia, sino parques eólicos, porque el acuerdo es inviable aunque se apruebe, a menos que se ofrezcan soluciones”. Su propuesta ha sido rechazada con los votos en contra del equipo de Gobierno y la abstención de Ciudadanos.

El concejal de Energías Renovables y Cambio Climático, Jordi Peris, ha defendido un “cambio de modelo energético que comprende el cierre de la central y la reconversión laboral”. “Se trata –ha explicado Peris- de una moción sobre una central nuclear obsoleta, con una energía obsoleta”, y ha recordado que para su cierre tendrá ya 35 años, cuando en Europa se fija en 25 años la vida útil de las centrales.

“Un nuevo modelo energético” ha sido también la reivindicación de la concejala Pilar Soriano. Ha recordado la “peligrosidad de los residuos que genera” y la necesidad de una “revolución energética que pase por reducir las energías no renovables en favor de las renovables”. También ha mencionado que en Europa son 25 los años de vida útil, y en España la media es de 30.

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