¿Donde se almacenarán los residuos radioactivos del fracking?

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El almacén del Cabril no tiene espacio para almacenar los residuos radioactivos que generaria el fracking, si finalmente la Junta de Castilla y León no legisla para impedirlo, dispone de 29 cámaras, tiene ocupado el 72% del aforo de residuos de baja y media actividad y el 7% de muy baja

El Cabril confía en tener operativa la celda 30 en el primer trimestre de 2016

El centro de almacenamiento de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril, ubicado en el término municipal de Hornachuelos, espera tener operativa la denominada celda 30 en el primer trimestre de 2016. La directora de la infraestructura, Eva Noguero, explicó que actualmente el centro tiene un volumen de ocupación del 72% del aforo total para residuos de baja y media actividad y de un 7% en los residuos de muy baja actividad.

Recordó que en octubre de 2008, previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, se comenzó la explotación de la primera de otras cuatro nuevas celdas, que se suman a las 28 con las que ya contaba, para albergar residuos de muy baja intensidad. Noguero explicó que la celda número 30 tiene acabada la parte de obra civil y la cubierta de la zona de operaciones va a estar finalizada en una semana y quieren “que esté operativa en el primer trimestre de 2016”. En esa fecha, por tanto, 33.000 metros cúbicos estarán listos para almacenar residuos procedentes de industria, centrales o centros hospitalarios.

Dentro de ese plan de cuatro nuevas estructuras de almacenamiento, la celda número 29, con la misma capacidad, ya está operativa y cuenta con un 22% de su capacidad ocupada. En total, las cuatro nuevas celdas podrán albergar 130.000 metros cúbicos más de residuos de muy baja actividad, que se suman a la capacidad de las 28 celdas existentes que albergan residuos de media y baja actividad.

Respecto a la ampliación de vida en diez años más de las centrales nucleares españolas, si finalmente el Ministerio de Industria aprobase el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos y lo contemplase, “habría que valorar la capacidad y la generación de residuos y ver si El Cabril podría albergar más de su capacidad actual, porque cuenta con la capacitación técnica para adaptarse a nuevas situaciones”.

Actualmente, se está trabajando en el inventario de residuos nucleares que hay en España y en su tipología que junto a los proyectos de reducción de volumen y a las técnicas de reducción de los residuos, serán los indicadores que marquen el espacio que el país necesita para albergarlos, según la producción nuclear que oscila en torno al 20% de la producción energética del país.

En cuanto a las críticas sobre los residuos, Noguero, licenciada en Química y que lleva en El Cabril desde 1991, resaltó que están “sometidos a una regulación muy estricta” y tienen “más de una decena de inspecciones anuales solo del Consejo de Seguridad Nuclear sobre todos los aspectos relativos a la protección radiológica”. Además, el departamento interno de Garantía de Calidad de El Cabril y el de Enresa también vigilan de manera permanente las instalaciones.

“Hemos conseguido normalizar las relaciones con los municipios del entorno y ha sido fundamental la transparencia; cualquier vecino puede visitar las instalaciones y ver el proceso que realizamos”, explicó la directora, quien resaltó que en más de 20 años de trabajo “no ha habido ningún accidente en el centro que haya implicado riesgo radiológico para el entorno”. El Cabril cuenta con una plantilla de 123 personas, además de otras 100 personas empleadas en funciones auxiliares, el 80% del cual es personal de municipios del entorno.

Fuente: eldiadecordoba.es

El CSN confirma defectos en el cementerio nuclear de Villar de Cañas que reactivan la opción de Zarra

El Colegio de Geólogos se cuestiona si «merece la pena» la ubicación elegida tras los problemas detectados

El Colegio de Geólogos ha cuestionado la elección del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radioactivos (ATC) de Villar de Cañas, en Cuenca, tras conocerse el contenido de un acta de inspección realizada en el emplazamiento por técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear(CSN).

El presidente del ICOG tras conocer los informes oficiales llega a sugerir que cabría «replantearse si merece la pena la ubicación elegida».

El informe del CSN supone un nuevo varapalo para la opción de Villar de Cañas, que fue pactada por el Gobierno con la Junta de Castilla-la Mancha ante la oposición de la Generalitat al emplazamiento de Zarra, el favorito en los informes técnicos.

No obstante, la posición de rechazo del gobierno de Francisco Camps podría reforzarse en el nuevo Consell autonómico si pactan el PSPV y Compromís, abiertamente contrarios a la opción de Zarra, que seguiría contando con el beneplácito de los técnicos y alentado por la urgencia en dar una solución a los residuos almacenados en las centrales nucleares españolas, que podrían tener que cerrar anticipadamente si no liberan sus piscinas de combustible gastado.

En un análisis experto del acta de inspección publicada por el CSN, el ICOG solicita que se realicen más estudios geológicos «de máxima fiabilidad», antes de decidir la construcción del ATC en Villar de Cañas.

Recuerdan que el acta de inspección «de caracterización geotécnica» del emplazamiento elegido muestra «deficiencias e incertidumbres» geológicas en los terrenos de Villar de Cañas.

Luis Suarez, presidente del ICOG asegura que «el futuro ATC se ubica en terrenos yesíferos y lutíticos que son solubles y expansivos respectivamente, lo que dificulta una correcta cimentación y va a disparar la inversión económica».

Según el informe del CSN, « no se dispone de procedimientos generales de ejecución de los trabajos de caracterización del emplazamiento», explica Suárez. También muestra que «no se han completado algunas actividades del plan de caracterización» y que «la interpretación de los datos de campo difiere según su uso posterior sea para estudios geológicos o para estudios geotécnicos».

En consecuencia explicó que «la ausencia de estudios geológicos contrastados condicionará la decisión final de ubicación del ATC desde el punto de vista económico y de seguridad», afirma.

«Hay que hacer muchos más estudios o si no replantearse si merece la pena la ubicación elegida», concluye Suárez.

El acta de inspección a la que alude el presidente del Colegio de Geólogos lleva fecha de 23 de febrero de 2015, aunque hasta ahora nadie había pasado prácticamente inadvertida.

En noviembre de 2014, el CSN ya requirió a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para que aclarase algunos aspectos del proyecto dentro «del proceso de autorización previa del ATC de Villar de Cañas». Sin embargo, para entonces, Enresa ya había comenzado las obras y su presidente, que intentó adjudicar el grueso de los trabajos hasta poco antes de su cese, había negado la existencia de problemas geológicos.

Fuente: levante-emv.com

Mas información sobre las sombras del ATI de Cuenca y ENRESA

Los geólogos reclaman estudios de “máxima fiabilidad” en la zona del cementerio nuclear

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) difundió ayer un comunicado en el que

“solicita que se realicen más estudios geológicos de máxima fiabilidad antes de decidir la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos nucleares en el municipio conquense de Villar de Cañas”.

Los geólogos reclaman estudios de “máxima fiabilidad” en la zona del cementerio nuclear

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha hecho público un acta de inspección de caracterización geotécnica de la zona que muestra “deficiencias e incertidumbres” geológicas en el futuro emplazamiento, según explica Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos: “el futuro ATC se ubica en terrenos yesíferos y lutíticos que son solubles y expansivos respectivamente, lo que dificulta una correcta cimentación y va a disparar la inversión económica”.

Según el informe del CSN -continúa Suárez-, “no se dispone de procedimientos generales de ejecución de los trabajos de caracterización del emplazamiento y no se han completado algunas actividades del plan de caracterización”.

Suárez explica por otro lado que “la ausencia de estudios geológicos contrastados condicionará la decisión final de ubicación del ATC desde el punto de vista económico y de seguridad; hay que hacer muchos más estudios -ha concluido el presidente de los geólogos- o, si no, replantearse si merece la pena la ubicación elegida”.

El ICOG se define como una “institución sin finalidad lucrativa” que fue creada por ley en 1978 (Ley 73/1978 de 26 de Diciembre). Entre sus fines esenciales, destaca “la ordenación de la actividad o ejercicio de la profesión de Geólogo”. Con sede en Madrid, el Colegio cuenta con delegaciones en Aragón, Asturias, Cataluña y País Vasco.

Por otro lado hay que decir que el Colegio de Ingenieros de Minas está promoviendo el fracking en España dando charlas en las que indica que no tiene más peligro que encender una vela.

 

Así mismo es importante reseñar que en la zona del almacen de Cuenca se han producido diversos terremotos, su terreno se ha inundado en 2015 y la geologia de su terreno no parece ser la más estable a la vez que existen manantiales que suponen un riesgo evidente como “medio de conexión de contaminantes entre las instalaciones del ATC, los acuíferos circundantes y el Río Záncara”.

Fuente: www.energias-renovables.com

 

La debacle electoral del PP aniquila el ‘fracking’, deja en vilo el almacén nuclear y mete miedo a las eléctricas

La derrota de Cospedal en Castilla-La Mancha puede suponer la puntilla para el almacén nuclear de Cuenca

Fuentes empresariales califican de “convulsión” el resultado de las elecciones autonómicas y municipales

Las propuestas contra la “pobreza energética” en varios programas ganadores inquietan a las grandes suministradoras

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“En las empresas energéticas estarán nerviosos”, resumía este lunes un analista del sector, que pide el anonimato, ante el batacazo electoral que se ha pegado el PP en las elecciones autonómicas y municipales y los cambios que puede implicar el nuevo juego de mayorías para el negocio de eléctricas y petroleras, un escenario político que fuentes próximas a las empresas califican de “convulsión”.

Las propuestas energéticas lanzadas por las candidaturas de unidad popular para las municipales, por un lado, y las incluidas en los programas electorales para las autonómicas de los dos partidos que parecen condenados a entenderse en ese ámbito, Podemos y el PSOE, por otro, permiten dibujar un escenario muy diferente al actual en este ámbito (en materia energética, las propuestas de esas dos formaciones iban muy a la par). “Si nos creemos que los partidos cumplen sus programas electorales, sin duda, van a cambiar cosas”, corrobora Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables.

Estos son sólo algunos de los aspectos candentes del sector para los que el 24-M puede tener consecuencias:

‘Fracking’: el incipiente ‘boom’ de la fractura hidráulica lleva tiempo parado en seco, aunque el Gobierno central no renuncia, ni mucho menos, a esta técnica. Siguiendo las directrices de FAES, el ‘think tank’ del PP, ha intentado impulsarla a través de la nueva Ley de Hidrocarburos, en vigor desde la víspera de las elecciones. Sin embargo, a escala autonómica, el PP ha perdido la mayoría absoluta en Castilla y León y no gobernará (o tiene muy difícil hacerlo) en otros territorios en los que se supone que hay bolsas de gas de esquisto, como Aragón, Cantabria o Asturias. Con este escenario, “el fracking está KO si obviamos la cuestión de que en España no parece que haya recursos de este tipo”, resume un experto. En el ámbito de las prospecciones (como las de Baleares), el Gobierno se ha asegurado la competencia estatal para autorizarlas, pero en las declaraciones de impacto ambiental (DIA) las autonomías tienen mucho que decir.

Garoña: el futuro de la central nuclear más antigua de España pasa por lo que dictamine el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) pero el calendario corre en contra de sus propietarias, Endesa e Iberdrola. La reapertura de la planta es una apuesta del Gobierno de Rajoy que cuenta con la oposición de Podemos y del PSOE, que no se atrevió a clausurarla en su momento durante la era Zapatero y ahora aboga por su cierre definitivo. A más largo plazo, los socialistas son partidarios de un plan para el cierre progresivo del resto de centrales nucleares, coincidiendo con el final de la vida útil años de los reactores, que el actual Gobierno ha planteado alargar de los actuales 40 años a los 60.

Almacén nuclear: la amarga victoria de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, sin mayoría suficiente para gobernar, puede suponer la puntilla para el almacén temporal centralizado de residuos nucleares (ATC) de alta actividad que el Gobierno central decidió construir, a instancias de la secretaria general del PP, en Villar de Cañas (Cuenca). El proyecto está en stand-by y la dupla formada por PSOE y Podemos, que pueden gobernar la región en coalición, está en contra de llevarlo a cabo. Si finalmente no hay ATC, surgirá el problema de dónde meter los residuos, porque las piscinas de las centrales que los almacenan provisionalmente están muy cerca de saturarse.

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Pobreza energética: uno de los pilares del “Plan de Rescate Ciudadano” del programa de Podemos era un “rescate energético” que garantizase “un mínimo vital de subsistencia de los suministros de luz y gas”, cuyo “carácter de servicio público” prometía recuperar. El programa del partido de Pablo Iglesias abría la puerta a que las comunidades autónomas creen incluso sus propias comercializadoras de energía eléctrica, de titularidad pública, “para asegurar, entre otras políticas, el «rescate energético» de las personas aquejadas de pobreza energética”. En Barcelona, la futura alcaldesa, Ada Colau, ha propuesto crear un operador energético municipal que, entre otras cosas, subvencione a aquellos que no puedan pagar la factura de la luz, y en Madrid, Manuela Carmena también ha prometido “tomar medidas” contra un problema que afecta a entre cuatro y siete millones de personas, según las estimaciones.

Eficiencia energética: otra cuestión arrinconada por el Gobierno central que puede retomar el brío ante el previsible cambio político. Prácticamente toda la oposición al PP se ha adherido a un manifiesto por los municipios sostenibles presentado a principios de abril por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables por el que se comprometen a llevar a cabo políticas energéticas social y ambientalmente sostenibles, entre otras propuestas.

Energías renovables: el PSOE ha hecho una enmienda a la totalidad a la política de recortes a las renovables de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, mientras a España le llueven las demandas de inversores internacionales contra esas decisiones y las que luego ha tomado (corregidas y aumentadas) el Gobierno de Rajoy, los socialistas han prometido recuperar el impulso a las energías limpias, una propuesta que comparten con Podemos.

Autoconsumo: supuestamente, el Ministerio de Industria va a aprobar en junio el polémico decreto que impondrá a los autoproductores un peaje de respaldo (obligar a cada pequeño productor a pagar por verter o consumir energía de la red eléctrica) que, en la práctica, aniquilaría esta alternativa energética antes de nacer. Pero hay quien tiene serias dudas de que José Manuel Soria se atreva a abrir un nuevo incendio a escasos meses de las generales, sobre todo tras los resultados electorales de este domingo.

Mercado eléctrico: es una competencia del Ministerio de Industria, pero la reforma del mercado mayorista para poner fin a la sobrerretribución en forma de ‘beneficios caídos del cielo’ que, supuestamente, cada año se embolsan nucleares e hidroeléctricas (unos 2.000 millones de euros para instalaciones que, según los defensores de esta tesis, están sobradamente amortizadas), es una cuestión clave sobre la que parece haber consenso en la izquierda. Supondría una convulsión para el sector.

Proyecto gasista de Gas Natural en Doñana: tras las elecciones andaluzas, la Junta ha vetado el proyecto de la eléctrica para convertir el subsuelo del Espacio Natural de Doñana en un almacén permanente de gas, al autorizarlo sólo fuera de los límites del parque. Una decisión que puede leerse en clave de posible alianza entre Susana Díaz y Podemos, que ha rechazado esta infraestructura.

Fuente: eldiario.es

El mismo día en que el Gobierno cesó a Francisco Gil-Ortega, la empresa pública tramitó un contrato de 1,4 millones para cumplir con el Consejo de Seguridad Nuclear

Tras el fulminante cese hace un mes de Francisco Gil-Ortega como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), el Gobierno reaccionó con rapidez ante las dudas existentes sobre la idoneidad de los terrenos de Villar de Cañas (Cuenca) para construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC), el conocido ‘cementerio nuclear’.cospe enresa

Ni un minuto esperó el Ejecutivo para rectificar el error en el que Gil-Ortega –únicamente preocupado por adjudicar las obras– se había empecinado en incurrir. El de no haber realizado, como le había indicado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), los trabajos para verificar si los terrenos eran lo suficientemente seguros como para construir sobre ellos unos depósitos destinados a recoger 7.000 toneladas de basura radiactiva.

El pasado 10 de febrero, el mismo día que se anunciaba el cese de Gil-Ortega, y antes de que fuera nombrado su sustituto, la empresa pública Enresa inició la tramitación para contratar esos trabajos. Más de 1,4 millones de euros para realizar el estudio geotécnico que determine si el suelo resulta compatible con la instalación nuclear.

Inusual rapidez en la tramitación

No suele ser muy habitual que en la Administración Pública un expediente logre recabar firmas de distintos departamentos con la celeridad con que se hizo en este caso. Ese mismo día 10 de febrero, hasta cinco responsables de Enresa firmaron.

Solo faltaba la firma del presidente. Básicamente porque ese día fue el que cesaron a Gil-Ortega y no se nombró a su sustituto, Juan José Zaballa, hasta dos días después. Al final, hubo que esperar hasta el pasado 27 de febrero a que Zaballa rubricara el final de la tramitación del expediente como máximo responsable del órgano de contratación.

Sondeos más certeros

Lo que busca Enresa con estos trabajos es realizar sondeos a mayores profundidades que las realizadas hasta ahora, para superar los 75 metros y llegar hasta los 200. A esa profundidad resultan más certeros los estudios geotécnicos e hidrogeológicos de los terrenos, de cara a saber si son compatibles con la construcción en la superficie del almacén nuclear.

Estos trabajos habían sido requeridos hace meses por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para contar con más datos con los que realizar su informe vinculante previo a la construcción del silo nuclear, pero Gil-Ortega había hecho caso omiso.

Estudio listo a mediados de 2016

Como labores adicionales, la empresa que resulte adjudicataria de realizar los nuevos sondeos deberá dar cuenta de la resistividad eléctrica del terreno de cara al diseño de la red de puesta a tierra en el entorno de la subestación eléctrica, así como determinar la temperatura y la conductividad térmica del terreno.

La zona acotada para los nuevos estudios ocupa una extensión de 30 hectáreas dentro del área protegida, en la conocida como Instalación Nucleary. Enresa contempla que, tras la adjudicación de contrato, las obras se inicien el próximo mes de septiembre para que concluyan ocho meses después, a mediados de 2016.

Para el caso de que finalmente el ATC se construya, una vez evacuados los informes y obtenidos los permisos, Enresa lo quiere tener todo a punto. Así, el pasado martes anunciaba otro contrato, con un presupuesto de 520.000 euros, para la compra de los equipos y sistemas básicos de vigilancia radiológica.

 

Fuente;: economiadigital.es

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido a Enresa datos adicionales sobre la evidencia de inestabilidad del terreno.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido a Enresa datos adicionales sobre la evidencia de inestabilidad del terreno.

Por Juan Carlos Martínez desde Madrid
03/02/2015 19:29horasProyecto-de-almacén-nuclear-640x417

“Estamos en permanente contacto con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pero el informe que tienen pendiente de emitir no tiene porqué impedir que la obra se adjudique”. Es la respuesta ambigua que ofrecen desde la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) a la demora que se está produciendo en la adjudicación de las obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC), el conocido ‘cementerio nuclear’ previsto en el municipio conquense de Villar de Cañas. Y que deja la puerta abierta a que el contrato se adjudique sin que el CSN se pronuncie.

Una instalación que ha estado llena de polémica. Antes de elegir la localización y, por supuesto, después de que el Gobierno tomara la decisión de adjudicar a esta localidad el almacén en el primer Consejo de Ministros que presidió, el 30 de diciembre de 2011, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La de Villar de Cañas no era la candidatura favorita

Contaba, en principio, con menos opciones que las candidaturas de Ascó, en Tarragona, o de Yebra, en Guadalajara, pero al final fue la elegida. Desde entonces, mil y un informes de varios organismos previos a la adjudicación de la obra.

Y sobre todo uno, el vinculante del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) –único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica–, que ha puesto nervioso a más de uno. Antes de emitirlo, ha solicitado a Enresa que aclare más de un centenar de aspectos sobre los terrenos, de cara a determinar si resultarán suficientemente estables cuando se lleve a cabo la cimentación.

Informes adicionales antes grandes deficiencias

El CSN también ha pedido a Enresa –la empresa pública presidida desde junio de 2012 por Francisco Gil-Ortega Rincón, ex senador y ex alcalde de Ciudad Real– que incluya informes de composición geológica, hídricos y sísmicos.

Lo hace para ampliar datos a raíz de su último informe sobre el ATC, emitido el año pasado, en el que dejaba entrever las grandes deficiencias existentes en un emplazamiento que debe almacenar casi 7.000 toneladas de basura radiactiva.

Las constructoras, a la espera

Esta es la razón por la que Enresa no ha adjudicado las obras tres meses después hacer públicas las cuatro uniones temporales de empresas (UTEs) candidatas a hacerse con la gran obra del ATC.

Una formada por las constructoras Dragados, Ferrovial y Sarrión. Una segunda integrada por FCC, Vías y Construcciones y Gismero. Otra, con Acciona y OHL. Y una cuarta de la que forman parte Sacyr, Isolux Corsán y Pavasal. En dos de las candidaturas figuran empresas (Dragados y Vías y Construcciones) del Grupo ACS presidido por Florentino Pérez.

Con la operación Castor en el recuerdo

No obstante, detrás de esas manifestaciones ambiguas emitidas desde Enresa, en el sentido de que podrían adjudicarse las obras sin el informe vinculante del CSN, existe la percepción, entre los colectivos sociales contrarios al proyecto, de que la empresa pública asumiera el reto de pasar por alto el referido informe y adjudicar el contrato.

Dejan entrever que tras estas prisas por adjudicar las obras –aunque existe plazo hasta el 11 de marzo– que, desde la dirección de Enresa han dejado trascender en las últimas semanas, se halla el interés económico de las empresas que resultaran adjudicatarias para asegurar el 6% del coste de las obras en indemnizaciones caso de que finalmente el ATC no llegara a construirse.

Un caso similar al del proyecto Castor, el almacén de gas frente a las costas de Castellón, que tuvo que cerrarse, y obligó al Estado a indemnizar a la empresa concesionaria, filial de ACS, con casi 1.400 millones de euros.

Coste total de 2.800 millones

El precio máximo de licitación de la obra civil principal de la instalación nuclear del ATC, en sus fases 0, 1 y 2, fue inicialmente de 217,7 millones de euros, pero ya en el propio pliego de cláusulas administrativas se elevaba a 272,2 millones al incluir una serie de modificaciones.

Sería aproximadamente el 10% de los 2.800 millones de euros que, durante toda su vida útil, supondría la construcción, funcionamiento y desmantelamiento del almacén.

Fuente: economiadigital.es

El almacén de residuos nucleares no ha previsto riesgos sísmicos

Mientras buena parte de España tiembla, nada parece alterar a la Administración y su empresa pública de gestién de residuos nucleares que sigue convencida de que no existen riesgos sísmicos tras el terremoto con epicentro en la cercana Ossa de Montiel. Greenpeace, enemiga acérrima del proyecto, revela que el estudio de viabilidad del ATC no incluye estudios geológicos profundos sobre el riesgo de terremotos.

Vecinos de la comarca de Villar de Cañas, se han puesto en contacto con la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, en la que participa Ecologistas en Acción, para dar testimonio de la virulencia del movimiento sísmico, que movió la tierra y dejó sin luz durante unos minutos la localidad de Villar de Cañas.

Aunque el epicentro (39,04N – 2,65W) no ha sido cercano a la localidad conquense (a 82,56 km en línea recta a los terrenos elegidos para albergar el ATC) echa por tierra la afirmación de que en Villar de Cañas no hay riesgo sísmico.

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El informe emitido por el CSN, solicitando más información sobre los terrenos del ATC a Enresa [1], consta de un apartado sobre sismicidad, en el que reprocha a Enresa no haber realizado estudios en profundidad, sobre algunos aspectos, entre los que se menciona el anticlinal de Zafra de Záncara, a unos 10 km de los terrenos elegidos para albergar el ATC.

Cabe recordar que el terremoto de Lorca de mayo de 2011 y que provocó la muerte a 9 personas, tuvo una magnitud de 5,1 grados. Si a esto añadimos el terremoto que tuvo lugar en Pedro Muñoz en agosto de 2007 [2] de 5,1 grados (a 53km) y otros seismos de menor magnitud, se puede concluir que el riesgo sísmico de los terrenos está muy alejado de ser cero.

A los riesgos sísmicos, se unen, los riesgos geológicos plasmados en un informe encargado por Enresa [3] y otro por el CSN [4].

También se recogían en el estudio que encargó Ecologistas en Acción al geólogo Manuel Bello de la empresa INGEMA [5]. Para Bello,

la presencia de manantiales, suponen un riesgo evidente como

“medio de conexión de contaminantes entre las instalaciones del ATC, los acuíferos circundantes y el Río Záncara”.

Fuente:  lukor.com

Garoña está en una zona sísmica.

La Central Nuclear de Garoña se encuentra en una zona en la que se han registrado diversos terremotos en las últimas décadas

Ante la comunicación que ha realizado General Electric, alertando de los problemas del reactor de la Central Nuclear de Santa María de Garoña en caso de terremoto, y dada la actitud de omisión que ha mantenido la dirección de la Central, el Consejo de Seguridad Nuclear y el propio Estado.

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Ante el problema de fricción de las barras de control en caso de movimiento sismico que según GE (empresa fabricante) surgirían, ya que si falla la inserción de las barras, no se podría parar una central de este tipo en caso de emergencia.

Nos vemos obligados a denunciar públicamente que la Central Nuclear de Garoña está ubicada en una zona que ha sido afectada por numerosos movimientos sísmicos en las últimas décadas. En 1939 en Villarcayo, se produjo un terremoto de 3,9 grados en la escala Richter; en el 66 en el embalse de Ordunte de 3,8; en el 87 en Bozoo de 3; en el 87 en Pedrosa de Valdeporres de 3,9, en el 89 en Villasante de Montija de 3,4; en el 91 en Trebiño de 2,7; en el 99 en Bañuelos de Bureba de 2,7; en el 2000 en Villasana de Mena de 3,3; en 2005 en Miranda de Ebro de 2,1; en 2009 en Villalba de Losa de 2,1; y en 2011 en Berberana de 3,4.

Estos términos están situados a pocas decenas de Km de la central, en algunos casos, no llega a la veintena de Km. ¿A qué esperan? ¿A que el epicentro sea justamente debajo del reactor, caduco y afectado por un problema de agrietamiento en sus mecanismos?.

No tienen derecho a jugar con nuestra seguridad y nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Hay que poner freno a la actitud demencial, irresponsable e interesada de la Dirección de la central, del CSN y del Gobierno.

Es por lo que Izquierda Mirandesa pide el inmediato cierre de la central, ya que pretendemos que ni un día más se juegue con nuestras vidas a la ruleta rusa.

GAROÑA, CIERRE YA!!

Fuente:  kaosenlared