El informe más demoledor contra la energía nuclear: ni es limpia ni económicamente viable

Un estudio del instituto de investigación económica DIW Berlin afirma que la inversión en una nueva planta de energía nuclear de 1GW conduce a pérdidas medias de aproximadamente 4.800 millones de euros. Además, argumenta que las peligrosas emisiones de radioactividad de la tecnología y los riesgos de proliferación de material armamentístico y la liberación de radiación, como los accidentes en Harrisburg (1977), Chernobyl (1986) y Fukushima (2011) muestran, no la califican como una solución de energía «limpia» a tener en cuenta a la hora de hacer frente al cambio climático. Aun así, los gobiernos están incorporando la tecnología en sus planes de energía limpia en todo el mundo.

«El mito de la energía nuclear como una alternativa respetuosa con el clima a las fuentes de energía fósiles se derrumba por completo», dice Christian von Hirschhausen, coautor del estudio. Numerosos estudios científicos ya han demostrado que ninguna de las más de 600 centrales nucleares construidas hasta la fecha en el mundo ha sido competitiva: han funcionado y continuarán operando durante muchos años solo porque los gobiernos las han subsidiado de forma generalizada.

Los analistas de DIW Berlín han realizado un estudio de las 674 plantas nucleares que se han construido para demostrar que los intereses económicos privados no fueron el motivo, sino que fueron impulsados por intereses militares. “La energía nuclear nunca fue diseñada para la generación de electricidad comercial; estaba dirigido a las armas nucleares. Es por eso que la electricidad nuclear ha sido y seguirá siendo antieconómica», dice Von Hirschhausen.

La rentabilidad de las inversiones en centrales nucleares se determinó mediante un modelo de negocio que se basa en una variedad de factores que incluyen el costo mayorista de la electricidad (20-80 euros / MWh), los costos específicos de inversión (4.000-9.000 euros / kW) y el costo promedio ponderado del capital (4-10%). Y la conclusión es que cada central nuclear construida hoy tiene un valor actual neto negativo, y genera una pérdida media de 4.800 millones de euros. “Bajo ninguna circunstancia realista, una central nuclear puede mostrar un valor presente neto positivo, en el mejor de los casos, una pérdida de 1.500 millones de euros, y en el peor, la pérdida ascendería a los 8.900 millones”, dice el informe.

El estudio señala que es probable que las pocas inversiones actuales en centrales nucleares en Europa y países de la OCDE produzcan pérdidas de decenas de miles de millones en un  futuro.

El costo de la central nuclear Olkiluoto-3 en Finlandia aumentó de una estimación inicial de 3.000 millones de euros (1995) a más de 11.000 millones de euros. Esto corresponde, a partir de 2018, a unos 7200 euros por kW (ver gráfico a continuación).

En Francia, después de aumentos importantes de los costos e informes periódicos sobre la falta de seguridad del reactor, se cuestiona todo el programa de expansión nuclear de Electricité de France (EdF). Además, las altas deudas del grupo (más de 40.000 millones de euros) deberían llevar a una completa nacionalización si se quiere evitar la quiebra.

De los dos proyectos de inversión en los EEUU, uno fue abandonado después de doblar el costo (UC Summers, Virginia). En el otro (Vogtle, Georgia), el costo aumentó de los 14.000 millones iniciales, equivalentes a aproximadamente 6.200 $ el kW, a una cantidad  estimada de 29.000 millones en 2013, equivalente a aproximadamente 9.400 $ por kW en 2013.

“No va a ser rentable invertir en energía nuclear en el futuro, ni en nuevas centrales nucleares ni en la extensión de las existentes. Teniendo en cuenta que la energía nuclear es absolutamente insegura, el mito de la alternativa amigable con el clima a los combustibles fósiles está completamente agotado en sí mismo», dice Von Hirschhausen.

En cuanto a la extensión de la vida de las centrales nucleares, el informe es claro: “En todo el mundo, se discute la extensión de la madurez de los reactores antiguos de 40 a 50 o hasta 80 años. Dado que las plantas de energía nuclear están diseñadas para un tiempo de funcionamiento de 30 o 40 años, esto conlleva una considerable tensión y fatiga del material, y por lo tanto aumenta considerablemente el riesgo de accidentes”. Como ejemplos, DWI señala como reactores problemáticos Tihange (Bélgica) y Fessenheim (Francia), y la central nuclear de Dukovany en Eslovaquia, ubicada a 100 kilómetros al norte de Viena, también es motivo de preocupación.

Yendo más allá de la falta de sostenibilidad económica´y los riesgos que entraña, el informe continúa socavando aún más los debates y políticas internacionales que apoyan la energía nuclear como parte de las estrategias de acción climática. » La energía nuclear no es de ninguna manera limpia. Su radioactividad pondrá en peligro a los humanos y al mundo natural durante más de un millón de años «, añade Von Hirschhausen.

La energía nuclear, según dice el informe, no es de ninguna manera una tecnología libre de CO2 que tenga en cuenta el ciclo de vida completo (construcción, operación, desmantelamiento, extracción de uranio, producción de combustible). Un metaestudio estima una media de emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales nucleares de 66 gramos de CO2 equivalente por kWh. Esto equivale a aproximadamente el 20% de las emisiones de una central eléctrica de gas.

El informe llama la atención a la Agencia Internacional de Energía por sugerir recientemente que la energía nuclear es un sistema de energía limpia y por alentar los subsidios a la tecnología y sus proveedores. Las políticas y los marcos en todo el mundo han incorporado la energía nuclear al mix de generación futura de energía. El Paquete de Energía Limpia de la UE, construido para respaldar la protección del clima, contiene extensiones de vida útil para varias plantas nucleares y también recomienda la construcción de más de 100 plantas nuevas antes de 2050.

«La idea de combatir el cambio climático con la energía nuclear no es nueva, pero mostramos lo equivocada y engañosa que es», explica la experta en energía y autora del estudio, Claudia Kemfert. «También debemos tener en cuenta que las facturas comerciales que hemos tomado también están causando costos horrendos a cargo de la comunidad, por ejemplo, para almacenar desechos nucleares».

Fuente: periodicodelaenergia

El Gobierno autoriza la construcción del almacén nuclear de Cofrentes

 El Ministerio de Transición Ecológica ha concedido la declaración de impacto ambiental para construir esta infraestructura. Se trata del último gran obstáculo que Iberdrola, empresa que gestiona el complejo, tenía que salvar para poner en marcha el proyecto.

La declaración de impacto ambiental permite que las obras de la instalación para los residuos puedan empezar este verano

Pistoletazo de salida al almacén temporal individualizado (ATI) de la central nuclear de Cofrentes.
Tras este requisito, la construcción del almacén está pendiente de una serie de autorizaciones menores de forma que las obras podrán comenzar en breve, posiblemente a lo largo del verano, según explicaron fuentes de la central. En cualquier se cumplirán los plazos que maneja la empresa para que el ATI esté operativo en 2021. Es en esta fecha cuando las piscinas en las que actualmente se almacena el combustible utilizado se colmatarán.

El proyecto supone una inversión cercana a los cuatro millones de euros e implica la construcción de un edificio exento y se contempla como solución intermedia hasta que esté concluido un almacén temporal centralizado (ATC) de todos los residuos nucleares españoles.

La previsión es que el recinto esté operativo en 2021, a los 40 años de vida de la central

La construcción del almacén cierra las dudas sobre la continuidad de la central de Cofrentes durante varios años más hasta el horizonte de 2030, tal y como pactaron las compañías eléctricas propietarias del parque nuclear español y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La legislación establece que en una primera fase el combustible se almacene en las piscinas construidos en la propia central. Lo deseable es que este combustible ya utilizado se remita a un almacén centralizado construido en un lugar geológicamente estable. Este proyecto ha quedado sin fecha después de que el Gobierno haya la paralizado el ATC de Villar de las Cañas.

Diversas centrales españolas, como Trillo, Ascó o Almaraz entre otras, ya cuentan con una infraestructura como la que se va a construir en Cofrentes como solución provisional. El almacén estará situado en una zona próxima a las torres de refrigeración y a unos 1.300 metros del municipio.

El ATI constará de una zona de almacenamiento que contendrá dos losas sísmicas de hormigón armado sobre las que se dispondrán los contenedores de almacenamiento en seco del combustible gastado y de otra área de maniobras con las instalaciones auxiliares de la central. En cada losa se podrán almacenar a la intemperie hasta 12 contenedores con lo que el ATI tendrá una capacidad total de 24 contenedores. Para la construcción se ha tenido en cuenta el punto más elevado de inundabilidad (367,41 metros) por lo que se situará en la cota de los 370 metros. Las dimensiones de toda el área será de 56×75 metros.

En la documentación se evalúa los riesgos a los que se puede enfrentar el ATI así como las medidas correctoras impuestas. La declaración señala que el almacén está resguardo de cualquier inundación, ya que está construido sobre el punto de riesgo más elevado.

También se han tenido en cuenta la posibilidad de que haya un terremoto así como de un incendio. Entre las otras variables que se han considerado se encuentra la del impacto de un rayo en las instalaciones.

La construcción de esta instalación ha suscitado la polémica en ciertos sectores. Incluso desde la Conselleria de Medio Ambiente se llegó a presentar una serie de alegaciones técnicas y manifestó su oposición al proyecto, aunque reconociendo que carecía de competencias.

El portavoz de la plataforma Tanquem Cofrentes manifestó ayer su posición a la construcción de esta instalación y aseguró que continuarán presionando hasta que se cierre la central. También criticó la falta de transparencia con la que el Ejecutivo central ha actuado.

Fuente:  lasprovincias,es

El Tribunal de Cuentas advierte de que faltan fondos para desmantelar las centrales

 

Los de “la energía nuclear es la más barata”  ocultos en sus despachos.

El reciente pacto para alargar el periodo de funcionamiento de las centrales de 40 años a 45,7 “permitirá reducir el déficit existente” en el fondo para la gestión de los residuos y el desmantelamiento, pero no eliminarlo

Subraya que la empresa estatal Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015 y advierte de que, con 40 años de vida de las nucleares, el déficit ya superaría los 2.300 millones

Entre esas recomendaciones estaba la de aumentar las tasas que pagan las eléctricas para aumentar las dotaciones de ese fondo; Enresa recuerda que se trata de “aspectos regulatorios” que no le competen

El Tribunal de Cuentas cree que el reciente acuerdo entre el Gobierno y las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) para abordar un cierre nuclear escalonado a partir de la próxima década “permitirá reducir”, pero no eliminar, el agujero del fondo con el que la empresa estatal Enresa deberá sufragar el multimillonario coste de gestionar los residuos radiactivos y desmantelar las centrales.

En 2015, el Tribunal de Cuentas cifró en cerca de 1.800 millones el déficit del denominado Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos. Ese informe denunciaba que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010 (cuando el fondo empezó a ser financiado con aportaciones de las eléctricas) no se habían actualizado desde entonces, pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) todavía vigente hoy, aunque lleva casi una década caducado (se aprobó en 2006).

El informe recomendaba revisar anualmente esas tasas “en función de las necesidades de financiación futuras” de ese fondo, que se alimenta al 90% con tasas a la producción nuclear y al 10%, a través de la tarifa eléctrica. Ahora, tras analizar el grado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en ese examen, el órgano constata que esa actualización de tasas no se ha llevado a cabo y estima que ese déficit o “desviación de financiación de los costes” ascendería ya a 2.354 millones.

No obstante, el cálculo se basa, como el vigente PGRR, en la hipótesis de una vida media de las plantas de 40 años, plazo que ha quedado aumentado recientemente ampliado hasta los 45,7 años, tras el reciente acuerdo entre Gobierno y eléctricas, lo que permitirá incrementar los ingresos para el fondo a través de las tasas a la producción nuclear.

El problema es que, aun con esa reciente ampliación del plazo de vida de las nucleares, el déficit seguirá existiendo, según advierte el Tribunal de Cuentas en una nota al pie del informe.

En ella, recuerda que “a finales de marzo de 2019, Enresa ha firmado con los propietarios de las CCNN [centrales nucleares] un protocolo de intenciones sobre su cierre, con base en el horizonte temporal previsto en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima [el conocido como PNIEC], remitido por el Gobierno de España a la Comisión Europea, en el que se prevé un cierre ordenado, escalonado y flexible del parque nuclear, con inicio en 2027 y finalización en 2035, lo que supone un funcionamiento medio de 45,7 años para el conjunto de los siete reactores que se encuentran en operación”.

El Tribunal de Cuentas valora ese acuerdo, que implicó incumplir la promesa electoral del PSOE de abordar un cierre a los 40 años, ante la evidencia de que parar la producción de las plantas impediría cubrir el multimillonario coste de desmantelarlas y gestionar sus residuos. Y entiende que “el mayor período de funcionamiento, con respecto a los 40 años previstos en el Sexto PGRR, supondrá un incremento de los ingresos por la tasa que abonan las CCNN, lo que permitirá reducir el déficit existente en las proyecciones futuras del Fondo”. No precisa esa reducción del déficit, que en cualquier caso seguirá existiendo.

El informe, aprobado el 30 de mayo, destaca que, según las estimaciones realizadas por Enresa en junio de 2018 basándose en el actual Plan de Residuos, “el valor actualizado a 1 de enero de 2019 de los costes futuros para cada una de las líneas de actividad en las que puede agruparse la gestión que tiene encomendadas, bajo la hipótesis de una vida útil de 40 años para las CCNN operativas, ascendería a 10.697 millones”, mientras que “el valor estimado por Enresa del Fondo a 31 de diciembre de 2018” era de 5.678 millones, “por lo que la recaudación pendiente a 1 de enero de 2019, necesaria para cubrir dichos costes futuros estimados, ascendería a 5.019 millones”.

“Con los actuales elementos de determinación de la cuota de las tasas” que financian ese fondo “y las previsiones actualizadas a 1 de enero de 2019 de las bases sobre las que estas recaerían realizadas por Enresa, existiría un desviación de financiación de los costes con cargo a la tasa que recae sobre tarifa eléctrica estimada en 435 millones y con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas estimada en 1.919 millones”. En total, los citados 2.354 millones.

“Se deduce que existiría déficit de financiación futura con cargo a la tasa que recae sobre la tarifa eléctrica y también con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas”, remacha.

Incumplimientos

El tribunal señala que Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015. Así, “a la fecha de redacción de este Informe no se habían establecido nuevas disposiciones normativas respecto a la regulación del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR que obliguen a revisar anualmente los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN”. En consecuencia, la recomendación “no se ha cumplido”.

Tampoco “se había producido la internalización de los costes por Asignaciones a Ayuntamientos e impuestos medioambientales que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN, sino que estos gastos se han continuado cargando al Fondo para la financiación del PGRR”.

El presidente de Enresa, José Luis Navarro Ribera, ha declinado realizar alegaciones al informe porque la empresa estatal “no está en disposición de dar cumplimiento a las cuatro recomendaciones que siguen pendientes ya que todas se refieren a aspectos regulatorios y, por tanto, carecemos de capacidad legal para llevarlas a cabo”.

La pelota está en el tejado del Gobierno, y en concreto, del Ministerio para la Transición Ecológica. Su titular ahora en funciones, Teresa Ribera, indicó en marzo que el nuevo PGRR (caducado desde 2010 y que el Gobierno de Mariano Rajoy, empeñado en aumentar la vida de las nucleares, nunca actualizó) estaría “listo” este mes de junio, pero sin Gobierno a la vista, ese plazo se antoja a todas luces inviable.

En el ministerio indican que Enresa está ultimando ese plan, y “el diseño para financiar, no solo reducir el déficit”, será “uno de los elementos del trabajo en el que está inmersa” la empresa estatal, cuya intención sigue siendo presentar un borrador del mismo este mes.

Por su parte, fuentes de Enresa señalan que, en función del escenario dibujado por el PNIEC, “y una vez actualizado el cálculo de los costes y determinado el inventario de residuos, será posible determinar si es necesario actualizar la tasa que pagan las centrales nucleares que están en operación”.

Una vez en manos del Ejecutivo del borrador de Plan de Residuos, se iniciará el proceso de elaboración que establece la ley hasta que llegue a las Cortes, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y oídas las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.

El Gobierno ha vinculado la decisión final sobre la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos, paralizado el año pasado, al contenido de ese plan.

El Comité asesor pide al CSN más datos sobre Retortillo, Garoña, ATC y terrenos contaminados

El Comité Asesor para la información y participación pública del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido al CSN más información sobre la situación del proyecto minero de Berkeley en Retortillo (Salamanca), el proceso de desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos); el estado actual del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), y la situación de los diversos terrenos que presentan radiactividad originada por actividades humanas en España.

Así lo ha solicitado este Comité, formado por 35 representantes de la sociedad civil, del sector nuclear, de sindicatos y de las administraciones, al CSN en su primera reunión con el nuevo Pleno de este organismo regulador, que fue renovado hace tres meses.

Según informa el CSN, durante la reunión se ha especificado que el titular de la central nuclear de Almaraz ha solicitado una renovación de autorización de explotación de 7,4 años para la unidad I y de 8,2 años para la unidad II.

En el caso de Vandellós 2, la solicitud presentada abarca 10 años. En ambos casos, la renovación del permiso de explotación es un proceso ordinario en las competencias del CSN, pues todas las instalaciones pasan por esta práctica reguladora. También, dentro del campo de las aplicaciones médicas en el uso de las radiaciones ionizantes, se ha confirmado que el CSN ha culminado un “hito regulatorio” con el licenciamiento, por primera vez en España, de dos instalaciones de protonterapia que actualmente están en proceso de construcción.

Asimismo, se ha informado del estado de situación de las recomendaciones emitidas por el Comité asesor al CSN.

En este sentido, se ha explicado que se ha dado cumplimiento a 5 de ellas de un total de 10 emitidas en los últimos 3 años. MÁS TRANSPARENCIA, CREDIBILIDAD E INDEPENDENCIA Por otro lado, el presidente del CSN, Josep Maria Serena i Sender, ha anunciado que impulsará y reforzará el papel del CSN en la sociedad y ha insistido en el compromiso del Pleno con la transparencia, la credibilidad y la independencia del órgano regulador. “Quiero expresarles mi compromiso con la mejora de la eficiencia y la eficacia de este comité, clave en el flujo de información desde la sociedad al CSN y viceversa”, ha subrayado Serena, que ha prometido agilizar al máximo el cumplimiento de las recomendaciones del Comité asesor.

Igualmente, ha definido algunos de los objetivos prioritarios del nuevo Pleno, como la elaboración de un nuevo Plan Estratégico para el CSN; una adecuada transmisión del conocimiento; la apuesta por la I+D+i; el desarrollo del plan de acción resultante tras la misión conjunta IRRS-Artemis; y finalmente, promocionar la incorporación de jóvenes en el CSN. En este sentido, el Pleno del CSN asegura estar comprometido con el establecimiento de una relación con el Comité asesor más “ágil” y que le permita ejercer su labor de “emitir recomendaciones al CSN para mejorar la transparencia, el acceso a la información y la participación pública”, tal y como está establecido en la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. La próxima reunión del Comité asesor tendrá lugar, con carácter tentativo, a finales del próximo mes de noviembre.

Ver más en: www.20minutos.es

 

El Estudio de Impacto Ambiental de un aeropuerto no considera un almacen nuclear que se encuentra junto a él

El cementerio está en la comunidad de Santa María Maquixco desde hace 49 años.

El cementerio nuclear está a 14 km de Santa Lucía pero no fué tenido en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental.

El sitio funciona desde hace 49 años sobre 16 hectáreas de la comunidad de Santa María Maquixco, municipio de Temascalapa, Estado de México.

Queda al descubierto que el cementerio se encuentra sobre un acuífero que suministra a millones de personas.

En sus más de 900 cuartillas, el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, no menciona la existencia de este Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER), ubicado en el centro del acuífero Cuautitlán-Pachuca, ubicado a 13 kilómetros 630 metros en línea recta hacia el noreste del futuro Aeropuerto Felipe Ángeles.

De acuerdo con Excélsior, durante una sesión pública donde se dio a conocer el MIA, el 30 de mayo de 2019,en la escuela primaria Pedro Rodríguez, de Zumpango, Estado de México, un efectivo del Ejército mexicano en menos de 48 segundos, según el video de la sesión, acabó con el tema.

El militar se paró atrás del teniente coronel Luis Enrique Calderón responsable del proyecto, por parte de la Sedena y leyó:

“Sí, este… buenos días… el señor Juan Rivera, vecino del poblado de Temascalapa, pregunta que si en la zona de amortiguamiento del área noreste del proyecto, dice que se cuenta con un panteón nuclear y que está sobre los conos de aproximación.  Revisando la cartografía encontramos que Temascalapa se encuentra en el área noreste, aproximadamente a ocho kilómetros de lo que serían los umbrales de las pistas, que normativamente valúan pendiente de 3 % y tendríamos una altura de 250 metros. Pensamos que si bien en el momento no lo hemos considerado, lo podemos revisar a bien de que quede plenamente corroborado, gracias”.

 

La semana pasada, Agustín Gaspar Buenrostro Massieu, juez de distrito, del juzgado décimo tercero de distrito con sede en Naucalpan, Estado de México, concedió una suspensión definitiva a la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, en tanto no tenga la anuencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre los monumentos arqueológicos y tenga una conclusión del Manifiesto de Impacto Ambiental.

Por “razones de seguridad nacional”, la Secretaría de Energía (SE) se negó a revelar qué “fuentes” se almacenan ahí, según una minuta de trabajo del 19 de enero de 2019, de la cual Excélsior tiene copia.

Este panteón radiactivo, como lo conoce la gente de la zona del municipio de Temascalapa, Estado de México, formalmente es el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (Cader), aunque en su primeros años de operación se denominó Centro de Recolección, Tratamiento y Almacenamiento de Desechos Radiactivos de Bajo Nivel (CRTADRBN), según el ingeniero Sergio Zorrilla Romero, gerente de Seguridad Radiológica del ININ, que a mediados de octubre de 1986 participó en un seminario de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en Río de Janeiro, Brasil y ahí se refirió a ese centro como CRTADRBN.

DESDE 1989 NO SE ENTIERRA EL MATERIAL

Un documento del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), que tiene a su cargo el llamado panteón radiactivo, define la vocación de éste así:

“Tiene como función confinar temporalmente los desechos radiactivos provenientes de todo el país, con excepción de los generados en la Central de Laguna Verde (CLV) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuya gestión la realiza la propia Central”.

En ese terreno están almacenadas toneladas de “desechos radiactivos de baja y mediana actividad proveniente de actividades no energéticas de la energía nuclear, industria, medicina”,

según la Secretaría de Energía, aunque no especifica cuáles son los agentes químicos.

En un documento de octubre de 1998, el ININ, informó que en el Cader yacen sustancias como americio-241 (químico para radiografías), carbono-14 (para determinar edades), cesio-137 (apareció en Chernobyl), cobalto-60 (para esterilización de equipo médico), estroncio-90 (parte de reactores nucleares), fierro-55 (para elaborar medicamentos) e iridio-192 (para radiografía industrial), radio-226 (para aplicaciones médicas y químicas), tecnecio-99 (mayor uso en la medicina nuclear), yodo-131 (se usa en la medicina nuclear), yodo-125 (para trazar imágenes nucleares, entre otros.

El Cader, según un informe del año 2000 de la Dirección de Investigaciones Tecnológicas del ININ, cuenta con tres almacenes de superficie y una zona de cinco trincheras de 190 metros de longitud con diferentes profundidades, que van de 1,5 a 2,5 metros. Estas trincheras fueron utilizadas de 1970 a 1989, año en que fue suspendida la práctica de enterrar los desechos radiactivos, para cumplir con las indicaciones de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), conforme a la evolución de la normativa aplicable.

Desde 1993, la CNSNS requirió al ININ elaborar la estrategia y el programa para la recuperación de los desechos radiactivos depositados en las trincheras del Cader.

LA RADIACTIVIDAD  ENFERMA GENTE AHÍ

La investigación para poner en marcha este centro, inició en las presidencias de Adolfo López Mateo (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970); empezó a operar a finales de la administración de Díaz Ordaz, inicialmente sobre 14,7 hectáreas de la comunidad de Santa María Maquixco, municipio de Temascalapa, Estado de México, compradas por el gobierno federal en julio de 1970. En 1993, durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari se compraron otras 1,7 hectáreas más.

Juan Antonio Medina Austria, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, afirmó a Excélsior que desde hace 49 años esos materiales radiactivos han contaminado el acuífero Cuautitlán-Pachuca, de donde se abastecen de agua 36 municipios del Estado de México, 4 del estado de Hidalgo y la alcaldía de Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, según el MIA, elaborado como requisito indispensable para la construcción del aeropuerto General Felipe Ángeles en Santa Lucía.

Medina Austria afirmó que gente de esa región ha muerto de cáncer y otras han nacido con malformaciones, aunque aceptó no tener pruebas científicas de estas afirmaciones, ya que nunca se ha hecho un estudio a fondo. Aunque en distintos informes del ININ se habla de verificaciones al agua, suelo, aire y a personas.

Medina Austria solicitó a la Secretaría de Energía que expertos de la UNAM realicen estudios de agua, aire y suelo para conocer el nivel de contaminación radiactiva de la zona.

Personas de algunas comunidades de la región cercana al panteón radiactivo han visto en los últimos años el aumento de padecimientos renales, principalmente entre población joven. Solo en la comunidad de  San Miguel Atlamajac, de Temascalapa, hay nueve pacientes con insuficiencia renal.

El 28 de diciembre de 2018, desde la subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales recibió respuesta a sus peticiones hechas 24 días antes, para que se hiciera un estudio ambiental y para pedir atención a enfermos de cáncer de la región.

Sobre los estudios ambientales, la Secretaría de Energía le dijo que lo podían hacer por su cuenta y que se gestionara una solicitud ante el ININ para que conozcan los programas de vigilancia radiactiva ambiental del lugar.

Sobre los enfermos de cáncer, la SE respondió: “Con respecto al apoyo a los enfermos de cáncer y otras enfermedades en los municipios cercanos al Cader se hace notar que esta Secretaría de Energía no cuenta (con) las facultades y atribuciones al respecto. Por lo que se sugiere orientar al señor Medina Austria formule su requerimiento de apoyo a la Secretaría de Salud”.

EL ACUÍFERO

El acuífero Cuautitlán-Pachuca sobre el que está el panteón radiactivo abastece de agua a 7,5 millones de personas y tiene una superficie de 2 mil 850 kilómetros cuadrados que, según el MIA “representa 60% del área del Sistema Ambiental Regional, y a otros les corresponde el 40 %”.

En el documento de más de 900 páginas que presentó la Sedena y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, como Manifiesto de Impacto Ambiental, además de omitir la existencia y operación desde hace 49 años del Cader, como un probable o no, agente contaminante del agua, suelo y aire.

Hasta 2002, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tenía registrados 207.000 pozos de agua para abastecer a 4 millones y medio de personas. El MIA no da cuenta tampoco de cuántos pozos existen en el acuífero Cuautitlán-Pachuca.

El 30 de abril de 2002, la Subdirección General Técnica de la Conagua emitió una determinación de disponibilidad de agua en el acuífero Cuautitlán-Pachuca. Según las cuentas de la Gerencia de Aguas Subterráneas de la dependencia federal, “no existe volumen disponible para nuevas concesiones en la unidad hidrogeológica denominada Acuífero Cuautitlán-Pachuca”.

Uno de los últimos hechos que pusieron en la luz pública la existencia del panteón radiactivo de Temascalapa fue a finales de 2013, cuando fue robada una fuente de cobalto-60 que viajó desde Tijuana hasta el Estado de México.

Claudia Solera, reportera de Excélsior, reconstruyó el hecho.

Contó como faltando 19 kilómetros para llegar a su destino, después de haber recorrido unos 1.800 kilómetros, el chofer de un camión de mudanzas fue atacado por un grupo de hombres armados y despojado del cargamento, al parecer sin saber de qué se trataba. Por lo que después lo abandonaron con la carga radioactiva.

Fue tal la alarma y el operativo en un ejido del municipio de Hueypoxtla, donde se encontró el material radiactivo proveniente de una clínica del IMSS, que hasta robots se tuvieron que usar para el transvase del material y poder ser llevado al llamado panteón radiactivo.

Los datos

En un documento de octubre de 1998, el ININ, informó que en el Cader yacen sustancias como:

  • Americio-241 (químico para radiografías).
  • Carbono-14 (para determinar edades).
  • Cesio-137 (apareció en Chernobyl).
  • Cobalto-60 (esterilización de equipo médico).
  • Estroncio-90 (parte de reactores nucleares).
  • Fierro-55 (para elaborar medicamentos).
  • Iridio-192 (para radiografía industrial).
  • Radio-226 (para aplicaciones médicas y químicas).
  • Tecnecio-99 (mayor uso en la medicina nuclear).
  • Yodo-131 (se usa en la medicina nuclear).
  • Yodo-125 (para trazar imágenes nucleares, entre otros.

 

Fuente: Excelsior

 

El Consejo de Seguridad Nuclear eleva la gravedad de una avería de la nuclear Vandellòs II

El CSN reclasifica a nivel 1 un suceso de abril debido a la “reiteración de fallos consecutivos por la misma causa”

Un juzgado de Reus mantiene abiertas diligencias por una fuga similar del año pasado

Greenpeace y Ecologistas en Acción han sostenido en los últimos meses que la reiteración de este tipo de averías podría revelar la existencia de «algún problema estructural» debido al envecimiento de los sistemas nucleares del reactor que debería abordarse.

La central nuclear de Vandellós II ha sufrido dos fugas de agua que han obligado a parar el reactor en un lapso de tiempo muy corto, tan solo tres meses y medio, lo que ha llevado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a reclasificar a nivel 1 de la escala Ines el último de los sucesos, ocurrido el pasado 6 de abril. Inicialmente fue calificado de nivel cero pero ahora se ha elevado al 1 por «la reiteración de fallos consecutivos por la misma causa» y en la misma zona de la barrera de presión.

Aunque el CSN no lo hace constar en la nota hecha pública, las dos fugas se suman a otra localizada también en la barrera de presión en febrero del año pasado. Sobre ésta pesa, además, una denuncia interpuesta por la organización ecologista Sociedad Humana que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Reus (Tarragona).

Imprudencia grave

La entidad acusa a los gestores de la central de haberla mantenido en marcha pese a que se sospechaba que el goteo procedía de las barras de presión, lo que obligaba a la parada inmediata. No la detuvieron hasta que el 3 de marzo se comprobó que, efectivamente, procedía de ese punto. El juez abrió diligencias el pasado abril para determinar si existen indicios de que los gestores cometieran una «imprudencia muy grave» por la vulneración de los protocolos de seguridad, como sostienen los demandantes.

Fuentes del CSN han precisado que «no se pueden vincular» a efectos de clasificación del suceso, los fallos detectados en lo súltimos meses con el del año pasado dado que se han producido en «lugares y por causas distintas». El del año pasado afectó al generador de vapor A de la barrera de presión y los más recientes al generador de vapor B. En diciembre el goteo se produjo en una soldadura aguas arriba de la válvula de drenaje del generador B y el de abril en otra soldadura aguas abajo del mismo .

En la barrera de presión se encuentran el conjunto de todos los componentes sometidos a la presión del reactor y que forman parte de su sistema de refrigeración o que están conectados a él.

Envejecimiento

Greenpeace y Ecologistas en Acción han sostenido en los últimos meses que la reiteración de este tipo de averías podría revelar la existencia de «algún problema estructural» debido al envejecimiento de los sistemas nucleares del reactor que debería abordarse.

La Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (Ines) abarca desde el nivel 0 (sin ninguna significación para la seguridad), hasta el 7 (accidente grave). El nivel 1 se considera una «anomalía» sin repercusión ni dentro ni fuera del emplazamiento. En los últimos años se detectó una en Cofrentes (2017) y dos en Almaraz I y II (2015).

Abierta hasta el 2033

A excepción del de Trillo (Guadalajara), el de Vandellós II es el más moderno del parque nuclear español. Se puso en marcha en agosto de 1987, por lo que los 40 años de vida útil para los que fue diseñado expiran en el 2027, aunque el acuerdo firmado por el Gobierno y las compañías eléctricas prevé que se prolongue unos seis años más. El pacto se firmó en el marco del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que el Gobierno ha mandado a Bruselas y que prevé alargar unos años la vida de todas las centrales para garantizar el suministro y por falta de medios técnicos y recursos económicos para gestionar un cierre casi simultáneo de los siete reactores que siguen en funcionamiento.

Imagen de portada: La central nuclear de Vandellòs II. / JOAN PUIG

Fuente: kaosenlared.net

Original

Almacen nuclear de alta intensidad del pacífico en ruina tras apenas 40 años.

La voz de alerta la volvió a hacer sonar el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, mientras hablaba con un grupo de estudiantes en Fiyi, al parecer no es tan importane como para hablar de ello en la propia ONU.

“Acabo de estar con la presidenta de las Islas Marshall (Hilda Heine), y está muy preocupada por el riesgo de que se filtre el material radioactivo contenido por una especie de ataúd que hay en el área”, dijo.

Guterres estaba describiendo así al llamado “domo de Runit” o “domo Cactus”, una estructura de hormigón construida en la isla del mismo nombre para encapsular el material radioactivo dejado por las pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos en el área entre 1946 y 1958.

Parte del problema es que la cúpula  de Runit -que fue concebido como una solución temporal– ya presenta grietas en la superficie, y a menudo se forman charcos con líquidos salobres en el anillo.

EE.UU. también renunció a la idea de sellar el fondo de la cúpula con hormigón antes de almacenar el material radioactivo, por considerarlo demasiado costoso, lo que significa que la estructura nunca ha sido realmente capaz de evitar filtraciones.

67 explosiones nucleares

Las 67 explosiones nucleares en los atolones  -al que pertenece Runit- incluyeron la detonación en 1954 de “Bravo”, una bomba de hidrógeno 1.000 veces más poderosa que la que cayó en Hiroshima y el arma más poderosa jamás detonada por EE.UU.

Las Islas Marshall, fueron ocupadas por Estados Unidos en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial y en ellas las fuerzas armadas estadounidenses realizaron 67 pruebas de armas atómicas en varios de los atolones coralinos de Bikini y Enewetak, que componen esa nación insular entre los años 1946 y 1958, dejando en la región una enorme cantidad de residuos radioactivos que afectaron zonas habitadas aledañas a las despobladas donde se efectuaron las pruebas militares.

Debido a las pruebas y los desechos radioactivos, en la actualidad solo tres de las casi 40 islas son consideradas seguras para ser habitadas. Un informe realizado en 2013 por el departamento de Energía de EE.UU. reconoció que las aguas subterráneas contaminadas provenientes del Domo de Runit “fluyan hacia el entorno marino subterráneo cercano”.

15 años sin hacer nada

No fue hasta el año 1977  (según el The Washington Post)  cuando Estados Unidos se implicó en la limpieza cuando unos 4.000 militares vertieron 85.000 metros cúbicos de tierra contaminada en un gran cráter en la isla Runit, producto precisamente de una prueba nuclear de 1958.

Los restos fueron mezclados con cemento de Portland y vertidos en el mismo cráter de 9 metros de profundidad y 110 de anchura, que la bomba “Cactus” había creado en extremo norte de la isla Runit;  construyeron  una gran cúpula con 358 paneles de hormigón de 45 centímetros de espesor para confinar los residuos radioactivos allí acumulados.

Estados Unidos empleó 3 años y más de 100 millones de dólares en descontaminar los atolones.

En 1980 el gobierno declaró el lugar seguro, permitiendo a regresar hasta Runit y Enewetak a sus habitantes

¿Que clase de enfermos mentales pueden pensar tan a corto plazo y ser tan egoistas como para perpetrar este atentado contra la humanidad?

De acuerdo con varias agencias de prensa internacionales el enorme “ataúd” de cemento que guarda los restos radioactivos de las pruebas de armas atómicas estadounidenses amenaza con quebrarse en cualquier momento y dejar escapar masivamente su letal carga.

Las fuentes señalan que “no se trata de ninguna leyenda apocalíptica, sino del legado radioactivo de las numerosas y terribles pruebas de armas atómicas que Estados Unidos realizó durante décadas en remotos atolones en el Océano Pacífico.

En el año 2000, Estados Unidos tuvo que destinar 200 millones de dólares a restaurar la cúpula, descubriendo diversos problemas.

Preguntas al aire

¿Que pasará con los residuos de las bombas de Almeria?

¿Que pasará con los residuos de las centrales nucleares españolas y de todo el mundo?

¿Porqué no hay un consenso de estado en España para establecer un sitio seguro en el que  controlar los residuos de alta intensidad ?

¿Que material aguantará el paso de los años?

¿Cómo es posible que todavía haya gente que señale la seguridad del uso de la energía nuclear viendo la problemática que provocan sus residuos?