El Estudio de Impacto Ambiental de un aeropuerto no considera un almacen nuclear que se encuentra junto a él

El cementerio está en la comunidad de Santa María Maquixco desde hace 49 años.

El cementerio nuclear está a 14 km de Santa Lucía pero no fué tenido en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental.

El sitio funciona desde hace 49 años sobre 16 hectáreas de la comunidad de Santa María Maquixco, municipio de Temascalapa, Estado de México.

Queda al descubierto que el cementerio se encuentra sobre un acuífero que suministra a millones de personas.

En sus más de 900 cuartillas, el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, no menciona la existencia de este Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER), ubicado en el centro del acuífero Cuautitlán-Pachuca, ubicado a 13 kilómetros 630 metros en línea recta hacia el noreste del futuro Aeropuerto Felipe Ángeles.

De acuerdo con Excélsior, durante una sesión pública donde se dio a conocer el MIA, el 30 de mayo de 2019,en la escuela primaria Pedro Rodríguez, de Zumpango, Estado de México, un efectivo del Ejército mexicano en menos de 48 segundos, según el video de la sesión, acabó con el tema.

El militar se paró atrás del teniente coronel Luis Enrique Calderón responsable del proyecto, por parte de la Sedena y leyó:

“Sí, este… buenos días… el señor Juan Rivera, vecino del poblado de Temascalapa, pregunta que si en la zona de amortiguamiento del área noreste del proyecto, dice que se cuenta con un panteón nuclear y que está sobre los conos de aproximación.  Revisando la cartografía encontramos que Temascalapa se encuentra en el área noreste, aproximadamente a ocho kilómetros de lo que serían los umbrales de las pistas, que normativamente valúan pendiente de 3 % y tendríamos una altura de 250 metros. Pensamos que si bien en el momento no lo hemos considerado, lo podemos revisar a bien de que quede plenamente corroborado, gracias”.

 

La semana pasada, Agustín Gaspar Buenrostro Massieu, juez de distrito, del juzgado décimo tercero de distrito con sede en Naucalpan, Estado de México, concedió una suspensión definitiva a la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, en tanto no tenga la anuencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre los monumentos arqueológicos y tenga una conclusión del Manifiesto de Impacto Ambiental.

Por “razones de seguridad nacional”, la Secretaría de Energía (SE) se negó a revelar qué “fuentes” se almacenan ahí, según una minuta de trabajo del 19 de enero de 2019, de la cual Excélsior tiene copia.

Este panteón radiactivo, como lo conoce la gente de la zona del municipio de Temascalapa, Estado de México, formalmente es el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (Cader), aunque en su primeros años de operación se denominó Centro de Recolección, Tratamiento y Almacenamiento de Desechos Radiactivos de Bajo Nivel (CRTADRBN), según el ingeniero Sergio Zorrilla Romero, gerente de Seguridad Radiológica del ININ, que a mediados de octubre de 1986 participó en un seminario de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en Río de Janeiro, Brasil y ahí se refirió a ese centro como CRTADRBN.

DESDE 1989 NO SE ENTIERRA EL MATERIAL

Un documento del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), que tiene a su cargo el llamado panteón radiactivo, define la vocación de éste así:

“Tiene como función confinar temporalmente los desechos radiactivos provenientes de todo el país, con excepción de los generados en la Central de Laguna Verde (CLV) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuya gestión la realiza la propia Central”.

En ese terreno están almacenadas toneladas de “desechos radiactivos de baja y mediana actividad proveniente de actividades no energéticas de la energía nuclear, industria, medicina”,

según la Secretaría de Energía, aunque no especifica cuáles son los agentes químicos.

En un documento de octubre de 1998, el ININ, informó que en el Cader yacen sustancias como americio-241 (químico para radiografías), carbono-14 (para determinar edades), cesio-137 (apareció en Chernobyl), cobalto-60 (para esterilización de equipo médico), estroncio-90 (parte de reactores nucleares), fierro-55 (para elaborar medicamentos) e iridio-192 (para radiografía industrial), radio-226 (para aplicaciones médicas y químicas), tecnecio-99 (mayor uso en la medicina nuclear), yodo-131 (se usa en la medicina nuclear), yodo-125 (para trazar imágenes nucleares, entre otros.

El Cader, según un informe del año 2000 de la Dirección de Investigaciones Tecnológicas del ININ, cuenta con tres almacenes de superficie y una zona de cinco trincheras de 190 metros de longitud con diferentes profundidades, que van de 1,5 a 2,5 metros. Estas trincheras fueron utilizadas de 1970 a 1989, año en que fue suspendida la práctica de enterrar los desechos radiactivos, para cumplir con las indicaciones de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), conforme a la evolución de la normativa aplicable.

Desde 1993, la CNSNS requirió al ININ elaborar la estrategia y el programa para la recuperación de los desechos radiactivos depositados en las trincheras del Cader.

LA RADIACTIVIDAD  ENFERMA GENTE AHÍ

La investigación para poner en marcha este centro, inició en las presidencias de Adolfo López Mateo (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970); empezó a operar a finales de la administración de Díaz Ordaz, inicialmente sobre 14,7 hectáreas de la comunidad de Santa María Maquixco, municipio de Temascalapa, Estado de México, compradas por el gobierno federal en julio de 1970. En 1993, durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari se compraron otras 1,7 hectáreas más.

Juan Antonio Medina Austria, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, afirmó a Excélsior que desde hace 49 años esos materiales radiactivos han contaminado el acuífero Cuautitlán-Pachuca, de donde se abastecen de agua 36 municipios del Estado de México, 4 del estado de Hidalgo y la alcaldía de Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, según el MIA, elaborado como requisito indispensable para la construcción del aeropuerto General Felipe Ángeles en Santa Lucía.

Medina Austria afirmó que gente de esa región ha muerto de cáncer y otras han nacido con malformaciones, aunque aceptó no tener pruebas científicas de estas afirmaciones, ya que nunca se ha hecho un estudio a fondo. Aunque en distintos informes del ININ se habla de verificaciones al agua, suelo, aire y a personas.

Medina Austria solicitó a la Secretaría de Energía que expertos de la UNAM realicen estudios de agua, aire y suelo para conocer el nivel de contaminación radiactiva de la zona.

Personas de algunas comunidades de la región cercana al panteón radiactivo han visto en los últimos años el aumento de padecimientos renales, principalmente entre población joven. Solo en la comunidad de  San Miguel Atlamajac, de Temascalapa, hay nueve pacientes con insuficiencia renal.

El 28 de diciembre de 2018, desde la subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales recibió respuesta a sus peticiones hechas 24 días antes, para que se hiciera un estudio ambiental y para pedir atención a enfermos de cáncer de la región.

Sobre los estudios ambientales, la Secretaría de Energía le dijo que lo podían hacer por su cuenta y que se gestionara una solicitud ante el ININ para que conozcan los programas de vigilancia radiactiva ambiental del lugar.

Sobre los enfermos de cáncer, la SE respondió: “Con respecto al apoyo a los enfermos de cáncer y otras enfermedades en los municipios cercanos al Cader se hace notar que esta Secretaría de Energía no cuenta (con) las facultades y atribuciones al respecto. Por lo que se sugiere orientar al señor Medina Austria formule su requerimiento de apoyo a la Secretaría de Salud”.

EL ACUÍFERO

El acuífero Cuautitlán-Pachuca sobre el que está el panteón radiactivo abastece de agua a 7,5 millones de personas y tiene una superficie de 2 mil 850 kilómetros cuadrados que, según el MIA “representa 60% del área del Sistema Ambiental Regional, y a otros les corresponde el 40 %”.

En el documento de más de 900 páginas que presentó la Sedena y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, como Manifiesto de Impacto Ambiental, además de omitir la existencia y operación desde hace 49 años del Cader, como un probable o no, agente contaminante del agua, suelo y aire.

Hasta 2002, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tenía registrados 207.000 pozos de agua para abastecer a 4 millones y medio de personas. El MIA no da cuenta tampoco de cuántos pozos existen en el acuífero Cuautitlán-Pachuca.

El 30 de abril de 2002, la Subdirección General Técnica de la Conagua emitió una determinación de disponibilidad de agua en el acuífero Cuautitlán-Pachuca. Según las cuentas de la Gerencia de Aguas Subterráneas de la dependencia federal, “no existe volumen disponible para nuevas concesiones en la unidad hidrogeológica denominada Acuífero Cuautitlán-Pachuca”.

Uno de los últimos hechos que pusieron en la luz pública la existencia del panteón radiactivo de Temascalapa fue a finales de 2013, cuando fue robada una fuente de cobalto-60 que viajó desde Tijuana hasta el Estado de México.

Claudia Solera, reportera de Excélsior, reconstruyó el hecho.

Contó como faltando 19 kilómetros para llegar a su destino, después de haber recorrido unos 1.800 kilómetros, el chofer de un camión de mudanzas fue atacado por un grupo de hombres armados y despojado del cargamento, al parecer sin saber de qué se trataba. Por lo que después lo abandonaron con la carga radioactiva.

Fue tal la alarma y el operativo en un ejido del municipio de Hueypoxtla, donde se encontró el material radiactivo proveniente de una clínica del IMSS, que hasta robots se tuvieron que usar para el transvase del material y poder ser llevado al llamado panteón radiactivo.

Los datos

En un documento de octubre de 1998, el ININ, informó que en el Cader yacen sustancias como:

  • Americio-241 (químico para radiografías).
  • Carbono-14 (para determinar edades).
  • Cesio-137 (apareció en Chernobyl).
  • Cobalto-60 (esterilización de equipo médico).
  • Estroncio-90 (parte de reactores nucleares).
  • Fierro-55 (para elaborar medicamentos).
  • Iridio-192 (para radiografía industrial).
  • Radio-226 (para aplicaciones médicas y químicas).
  • Tecnecio-99 (mayor uso en la medicina nuclear).
  • Yodo-131 (se usa en la medicina nuclear).
  • Yodo-125 (para trazar imágenes nucleares, entre otros.

 

Fuente: Excelsior

 

El Consejo de Seguridad Nuclear eleva la gravedad de una avería de la nuclear Vandellòs II

El CSN reclasifica a nivel 1 un suceso de abril debido a la “reiteración de fallos consecutivos por la misma causa”

Un juzgado de Reus mantiene abiertas diligencias por una fuga similar del año pasado

Greenpeace y Ecologistas en Acción han sostenido en los últimos meses que la reiteración de este tipo de averías podría revelar la existencia de «algún problema estructural» debido al envecimiento de los sistemas nucleares del reactor que debería abordarse.

La central nuclear de Vandellós II ha sufrido dos fugas de agua que han obligado a parar el reactor en un lapso de tiempo muy corto, tan solo tres meses y medio, lo que ha llevado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a reclasificar a nivel 1 de la escala Ines el último de los sucesos, ocurrido el pasado 6 de abril. Inicialmente fue calificado de nivel cero pero ahora se ha elevado al 1 por «la reiteración de fallos consecutivos por la misma causa» y en la misma zona de la barrera de presión.

Aunque el CSN no lo hace constar en la nota hecha pública, las dos fugas se suman a otra localizada también en la barrera de presión en febrero del año pasado. Sobre ésta pesa, además, una denuncia interpuesta por la organización ecologista Sociedad Humana que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Reus (Tarragona).

Imprudencia grave

La entidad acusa a los gestores de la central de haberla mantenido en marcha pese a que se sospechaba que el goteo procedía de las barras de presión, lo que obligaba a la parada inmediata. No la detuvieron hasta que el 3 de marzo se comprobó que, efectivamente, procedía de ese punto. El juez abrió diligencias el pasado abril para determinar si existen indicios de que los gestores cometieran una «imprudencia muy grave» por la vulneración de los protocolos de seguridad, como sostienen los demandantes.

Fuentes del CSN han precisado que «no se pueden vincular» a efectos de clasificación del suceso, los fallos detectados en lo súltimos meses con el del año pasado dado que se han producido en «lugares y por causas distintas». El del año pasado afectó al generador de vapor A de la barrera de presión y los más recientes al generador de vapor B. En diciembre el goteo se produjo en una soldadura aguas arriba de la válvula de drenaje del generador B y el de abril en otra soldadura aguas abajo del mismo .

En la barrera de presión se encuentran el conjunto de todos los componentes sometidos a la presión del reactor y que forman parte de su sistema de refrigeración o que están conectados a él.

Envejecimiento

Greenpeace y Ecologistas en Acción han sostenido en los últimos meses que la reiteración de este tipo de averías podría revelar la existencia de «algún problema estructural» debido al envejecimiento de los sistemas nucleares del reactor que debería abordarse.

La Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (Ines) abarca desde el nivel 0 (sin ninguna significación para la seguridad), hasta el 7 (accidente grave). El nivel 1 se considera una «anomalía» sin repercusión ni dentro ni fuera del emplazamiento. En los últimos años se detectó una en Cofrentes (2017) y dos en Almaraz I y II (2015).

Abierta hasta el 2033

A excepción del de Trillo (Guadalajara), el de Vandellós II es el más moderno del parque nuclear español. Se puso en marcha en agosto de 1987, por lo que los 40 años de vida útil para los que fue diseñado expiran en el 2027, aunque el acuerdo firmado por el Gobierno y las compañías eléctricas prevé que se prolongue unos seis años más. El pacto se firmó en el marco del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que el Gobierno ha mandado a Bruselas y que prevé alargar unos años la vida de todas las centrales para garantizar el suministro y por falta de medios técnicos y recursos económicos para gestionar un cierre casi simultáneo de los siete reactores que siguen en funcionamiento.

Imagen de portada: La central nuclear de Vandellòs II. / JOAN PUIG

Fuente: kaosenlared.net

Original

Almacen nuclear de alta intensidad del pacífico en ruina tras apenas 40 años.

La voz de alerta la volvió a hacer sonar el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, mientras hablaba con un grupo de estudiantes en Fiyi, al parecer no es tan importane como para hablar de ello en la propia ONU.

“Acabo de estar con la presidenta de las Islas Marshall (Hilda Heine), y está muy preocupada por el riesgo de que se filtre el material radioactivo contenido por una especie de ataúd que hay en el área”, dijo.

Guterres estaba describiendo así al llamado “domo de Runit” o “domo Cactus”, una estructura de hormigón construida en la isla del mismo nombre para encapsular el material radioactivo dejado por las pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos en el área entre 1946 y 1958.

Parte del problema es que la cúpula  de Runit -que fue concebido como una solución temporal– ya presenta grietas en la superficie, y a menudo se forman charcos con líquidos salobres en el anillo.

EE.UU. también renunció a la idea de sellar el fondo de la cúpula con hormigón antes de almacenar el material radioactivo, por considerarlo demasiado costoso, lo que significa que la estructura nunca ha sido realmente capaz de evitar filtraciones.

67 explosiones nucleares

Las 67 explosiones nucleares en los atolones  -al que pertenece Runit- incluyeron la detonación en 1954 de “Bravo”, una bomba de hidrógeno 1.000 veces más poderosa que la que cayó en Hiroshima y el arma más poderosa jamás detonada por EE.UU.

Las Islas Marshall, fueron ocupadas por Estados Unidos en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial y en ellas las fuerzas armadas estadounidenses realizaron 67 pruebas de armas atómicas en varios de los atolones coralinos de Bikini y Enewetak, que componen esa nación insular entre los años 1946 y 1958, dejando en la región una enorme cantidad de residuos radioactivos que afectaron zonas habitadas aledañas a las despobladas donde se efectuaron las pruebas militares.

Debido a las pruebas y los desechos radioactivos, en la actualidad solo tres de las casi 40 islas son consideradas seguras para ser habitadas. Un informe realizado en 2013 por el departamento de Energía de EE.UU. reconoció que las aguas subterráneas contaminadas provenientes del Domo de Runit “fluyan hacia el entorno marino subterráneo cercano”.

15 años sin hacer nada

No fue hasta el año 1977  (según el The Washington Post)  cuando Estados Unidos se implicó en la limpieza cuando unos 4.000 militares vertieron 85.000 metros cúbicos de tierra contaminada en un gran cráter en la isla Runit, producto precisamente de una prueba nuclear de 1958.

Los restos fueron mezclados con cemento de Portland y vertidos en el mismo cráter de 9 metros de profundidad y 110 de anchura, que la bomba “Cactus” había creado en extremo norte de la isla Runit;  construyeron  una gran cúpula con 358 paneles de hormigón de 45 centímetros de espesor para confinar los residuos radioactivos allí acumulados.

Estados Unidos empleó 3 años y más de 100 millones de dólares en descontaminar los atolones.

En 1980 el gobierno declaró el lugar seguro, permitiendo a regresar hasta Runit y Enewetak a sus habitantes

¿Que clase de enfermos mentales pueden pensar tan a corto plazo y ser tan egoistas como para perpetrar este atentado contra la humanidad?

De acuerdo con varias agencias de prensa internacionales el enorme “ataúd” de cemento que guarda los restos radioactivos de las pruebas de armas atómicas estadounidenses amenaza con quebrarse en cualquier momento y dejar escapar masivamente su letal carga.

Las fuentes señalan que “no se trata de ninguna leyenda apocalíptica, sino del legado radioactivo de las numerosas y terribles pruebas de armas atómicas que Estados Unidos realizó durante décadas en remotos atolones en el Océano Pacífico.

En el año 2000, Estados Unidos tuvo que destinar 200 millones de dólares a restaurar la cúpula, descubriendo diversos problemas.

Preguntas al aire

¿Que pasará con los residuos de las bombas de Almeria?

¿Que pasará con los residuos de las centrales nucleares españolas y de todo el mundo?

¿Porqué no hay un consenso de estado en España para establecer un sitio seguro en el que  controlar los residuos de alta intensidad ?

¿Que material aguantará el paso de los años?

¿Cómo es posible que todavía haya gente que señale la seguridad del uso de la energía nuclear viendo la problemática que provocan sus residuos?

Lituania debe desmantelar sus única central nuclear

Lituania entró en la UE en 2004, pero con la condición de desmantelar la central nuclear que garantizaba su independencia energética de Moscú

Los dos reactores de la central nuclear de Ignalina aún tienen que ser desmantelados. El calendario estipula que esta zona estará libre de contaminación en 2038.

 

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Almacén de residuos nucleares en la central de Ignalina, en Lituania.

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Vista del desmantelamiento y descontaminación de la central nuclear de Ignalina, en Lituania.

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Uno de los dos reactores nucleares de Ignalina. La UE considera que ambos reactores son más peligrosos que el que estalló en Chernóbil (Ucrania) en 1986.

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Vista de una de las avenidas principales de Visaginas, la ciudad más cercana a la central nuclear, que está perdiendo población desde que se decidió el desmantelamiento de la planta al entrar Lituania en la UE.

 

Más fotos: El Pais

 

Abogado UE: normas europeas no se aplican al impuesto español de residuos nucleares

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó este miércoles que la normativa europea no es aplicable a los impuestos españoles sobre la gestión de combustible nuclear gastado, respondiendo así a una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo.

El abogado general Gerard Hogan, cuyas conclusiones no son vinculantes pero suelen orientar la decisión de la corte, considera que la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad no es aplicable a los tributos españoles sobre la producción de combustible nuclear gastado, los residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de dichos combustible y residuos.

El jurista sostiene que el ámbito de aplicación de la Directiva se limita a la generación, al transporte, a la distribución y al suministro de electricidad.

El Tribunal Supremo había remitido inicialmente sus dudas sobre los impuestos nucleares al Constitucional, por ser potencialmente contrarios al principio de capacidad económica establecido en la Constitución, en un contencioso que afecta a la Asociación Española de la Industria Eléctrica, Endesa Generació e Iberdrola, y, por otro lado, la Administración General del Estado.

Las eléctricas argumentaban que los modelos de autoliquidación y pago de los citados impuestos sobre combustible nuclear gastado constituyen una suerte de impuesto especial sobre los productores de energía nuclear que distorsiona el mercado español de la electricidad, lo cual debe considerarse ilícito.

El Supremo entendía que el objetivo de los impuestos es incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica, para que los productores de energía nuclear asuman una parte de la financiación del “déficit tarifario” (diferencia entre los ingresos que las compañías eléctricas españolas reciben de los consumidores y el coste del suministro de la electricidad reconocido por la normativa nacional) mayor que la de otros productores de energía.

Consideraba también que la libre competencia en el mercado de la electricidad se ve falseada si determinadas empresas se someten a una tributación por su forma de producción sin una justificación objetiva.

Pero el Tribunal Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad indicando que, al haber expresado el Tribunal Supremo sus dudas también acerca de la compatibilidad de la legislación nacional con el Derecho de la Unión, debía plantear primero una cuestión prejudicial al TJUE, cuyo abogado general no ve aplicable la legislación comunitaria.

No obstante, el jurista añade que, en caso de que el Tribunal europeo no comparta su opinión, aporta una solución alternativa.

En ella considera que la Directiva no se opone, en principio, a la normativa española, ya que la situación de las empresas eléctricas que utilizan energía nuclear no es comparable a la de otros productores de energía en cuanto a la protección del medio ambiente y de la seguridad.

No obstante, el jurista comunitario añade que el Tribunal Supremo deberá valorar, en su caso, si el objetivo de dicha normativa está realmente relacionado con la protección del medio ambiente y la seguridad y, si es preciso, determinar si la diferencia de trato fiscal deparado a los distintos tipos de productores de electricidad está objetivamente justificada por tales razones medioambientales.

Fuente : La Vanguadia

La eterna herencia mortal de la energía nuclear

El plutonio 239, generado únicamente en las barras de los elementos combustibles de una central nuclear, es un elemento de la tabla periódica que dejó de existir sobre la tierra en sus primeros millones de años, antes de que apareciera la vida. Su núcleo es inestable y durante su desintegración emite una partícula alfa y otra gamma, ambas de muy alta energía. Al chocar con cualquier molécula la destruye, algo habitual en la naturaleza que no tendría mayor problema si no fuera porque eso incluye a las moléculas de los seres vivos. Si esa molécula es del ADN, puede producirse una mutación, es decir: cáncer. Su periodo de semidesintegración es de 24.100 años, es decir, a los 24.100 años el número de núcleos de una muestra se reduce a la mitad. Tras otro periodo igual se reduce de nuevo a la mitad, es decir la cuarta parte de la cantidad inicial. Tras cien mil años, la muestra se ha reducido a un dieciseisava parte, una cantidad que sigue siendo peligrosa si se trata de una concentración importante, como es el caso.

Lo primero que piensa cualquier persona ajena al mundillo de la ciencia es que “hombre, alguna solución habrá, ¿no se puede destruir?” La respuesta es sí… desde el punto de vista científico-experimental, lo cual no implica directamente que sea una solución factible. Me explico. En un reactor de investigación, hace muchos años que se bombardea plutonio. El proceso se llama transmutación y consiste en bombardear la muestra con neutrones de alta energía que provocan la fisión del núcleo, utilizando una energía del orden de los megawatios para transmutar algunos gramos. El problema es que en el mundo habrá dentro de una década más de 300.000 toneladas de combustible gastado (CG) en todo el mundo, 6.700 en España. Está muy lejos de lo razonable pensar que se pueda disponer de la energía necesaria. No es ninguna exageración decir que se necesitaría, para transmutar todo el plutonio, cien veces más energía eléctrica de la que han producido las centrales nucleares durante su funcionamiento.

Después de más de medio siglo de industria nuclear, no existe solución al problema de los Residuos Radiactivos de Alta Actividad (RAA), salvo esconderlos en lugar seguro. Para ello, hay que encontrar un lugar donde el material se encuentre confinado con toda seguridad. Dado que la construcción humana más antigua son las pirámides, que no pasan de 5000 años, lo que se baraja es colocar los RAA en Almacenamientos Geológicos Profundos (AGP), donde haya total seguridad de ausencia de movimientos sísmicos, escorrentías de agua, grietas, etc… durante más de cien mil años. No es tarea fácil. Quizás por eso, los RAA se mantienen al lado de las centrales nucleares en todo el mundo, en las piscinas de almacenamiento del CG, salvo el caso de los países que tienen permiso de NNUU para fabricar la bomba atómica. Estos países procesan una pequeña parte del CG para extraer el plutonio necesario para fabricar sus bombas. Al fin y al cabo, para eso se inventaron las centrales nucleares, pues el proceso de “fabricación” del plutonio hubiera resultado carísimo y no hubieran podido construir las decenas de miles de cabezas nucleares que están repartidas entre las grandes potencias. El resto de RAA, también en estos países, se encuentra junto a las centrales.

No es ninguna exageración decir que se necesitaría, para transmutar todo el plutonio, cien veces más energía eléctrica de la que han producido las centrales nucleares durante su funcionamiento.

La solución que genera más consenso es la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) donde concentrar los RAA en los diferentes países durante un periodo transitorio de entre 50 y 100 años. De esta manera le quitan el problema de encima a los titulares de las centrales nucleares y se lo pasan al Estado. Lo habitual en estos casos. Así se gana tiempo, para pensar qué se hace con ellos durante los siguientes 99.900 años.

Las generaciones futuras deberán destinar una parte de sus recursos para mantener confinados con seguridad estos materiales. No es difícil adivinar lo que pensarán las gentes de los milenios venideros de “los antiguos” cada vez que se tengan que encargar de la herencia de las generaciones de los siglos XX y XXI. Eso si aún saben de la existencia de semejante material.

Por ahora, es nuestra generación la que debe ocuparse del problema, nadie tiene derecho a mirar para otro lado. El movimiento antinuclear tampoco. Las nucleares ya van cerrando, por viejas y por caras, pero la lucha antinuclear no terminará nunca mientras existan RAA. No sirve de nada decir que “ya lo advertimos”.

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Fuente: elsaltodiario

Ciemat: el material trasladado a Palomares “no aumenta el riesgo radiológico”

Destaca que “proviene exclusivamente de muestreos y sondeos” realizados a lo largo de los años

Las casi seis toneladas de material radioactivo trasladadas en cuatro envíos desde 2011 al área contaminada de Palomares, en Cuevas del Almanzora, “no supone un incremento del riesgo radiológico”, ya que supone un 0,0000378 por ciento del total de la actividad radiológica que ya se registra en la zona.

Así lo ha trasladado a la Audiencia Nacional (AN) el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) en una ampliación de informe elaborada a petición de la Abogacía del Estado en la que también se precisa que el citado material “proviene exclusivamente de muestreos y sondeos” realizados en Palomares a lo largo de los años.

En el primer informe, el Ciemat reveló que no era 1.500 kilos de material radioactivo como se sostuvo en un principio sino casi 6.000 los que se han trasladado a Palomares. No en 2016 en dos ocasiones, sino en cuatro envíos desde 2011. También admitió que 5.152 kilos estabam almacenados en dos contenedores marítimos ubicados junto a dos balsas de riego mientras que otros 670 kilos permanecían en un laboratorio ubicado en la llamada zona 3, ubicada entre las calles Paraje Guardicas y Diseminado La Punta.

Estos datos se conocen en el marco del procedimiento contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción para que la Audiencia Nacional obligue al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) activar en Plan de Rehabilitación de la zona que se aprobó en 2010.

En la ampliación de informe, consultada por Europa Press, el Ciemat precisa que el material trasladado a Palomares en 2016 está compuesto de muestras y no de residuos radioactivos, al tiempo que indica que, en términos de la actividad y de la cantidad de material trasladado, “no provoca alteración en el inventario”.

Sostiene que supone un 0,0000378 por ciento de la actividad radiológica existente en la zona y un 0,012 por ciento sobre el total de terreno afectado, más de 40 hectáreas, por lo que, según remarca, “su presencia en Palomares no supone un riesgo radiológico en la zona”.

“No se comunicaron los traslados al CSN”

Sobre si el transporte que se realizó concretamente en el año 2016 se hizo por empresa autorizada y cumpliendo con la normativa, se afirma que sí aunque se matiza que no se solicitó informe al CSN ya que, según el acuerdo europeo sobre transporte internacional de cargas peligrosas, se realizó “como bultos exceptuados”. “Por este motivo, al no ser preceptivo , no se comunicaron los traslados”, apuntilla el Ciemat.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional (AN) ha rechazado instar a la Fiscalía a que investigue si el traslado fue “irregular” y emplazó a principios de abril a Ecologistas en Acción a que sea la propia asociación la que ponga denuncia ante el Ministerio Público “si entiende que puede ser constitutivo de delito”.

En su escrito, el colectivo conservacionista señalaba al hecho de que el Ciemat haya reconocido en un informe que un envío que realizó el 29 de noviembre de 2016 “no se depositó como el resto del material en un contenedor marítimo sino que se depositó en el almacén del laboratorio que el organismo tiene en la zona 3, entre las calles Diseminado la Punta y Paraje Guardicas”.

“Se han almacenado allí 77 cajas de material radiactivo con un peso total de 670 kilos, sin señalización, ni vigilancia alguna, a pocos metros de las viviendas, en el centro del pueblo”, indicaba Ecologistas en Acción.

Añadía el colectivo que este almacenamiento “clandestino” de material radiactivo se ha realizado “sin informe favorable, ni autorización alguna, es decir, sin expediente” y que podría, por tanto, ser constitutivo de un presunto delito sobre la energía nuclear y las radiaciones ionizantes, previsto y penado en el artículo 345 del Código Penal.

En el primer informe remitido por el Ciemat al tribunal, consultado por Europa Press, el organismo precisaba se optó por el almacén del laboratorio de la zona 3 al no poder acceder al contenedor marítimo por encharcamiento de la zona 2 debido a las lluvias torrenciales”. “Desde entonces todos los materiales que constituyeron este envío permanecen almacenados en dicho lugar”, apuntilla.

Ecologistas en Acción también señalaba que podría apreciarse “irregularidad” de acuerdo a lo contemplado en el capítulo XIV, sobre infracciones y sanciones en materia nuclear, de la Ley 25/64 de 29 de abril de energía nuclear ya que, según remarcaba, el CSN, al tener conocimiento del traslado, en un escrito de fecha 31 de octubre de 2018, “se limitó a manifestar que el CSN no tiene comentarios” al respecto.

Tras analizar la prueba remitida por el Ciemat a requerimiento de la Audiencia Nacional, el colectivo criticaba con dureza el comunicado que hicieron público de forma conjunta el organismo y el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora el 26 de octubre de 2018 a raíz de la “información periodística” que revelaba la existencia de dos traslados desde Madrid en 2016, que a la postre han terminado siendo cuatro desde 2011.

“No se han realizado dos traslados de material radiactivo, como afirmaron, sino cuatro, y el peso del material radiactivo trasladado y almacenado en Palomares no ha sido de tonelada y media sino de 5,8 toneladas”, remarcaba para añadir que la actividad radiológica del material es de un total de “274 millones 340 mil Bequereles, muy alejados de los 13 millones de Bequereles que inicialmente reconocieron”.

Concluía para pedir que se dedujera testimonio y se diese traslado al Ministerio Fiscal para investigación que el material radiactivo se ha trasladado “desde la Instalación Radiactiva de 2a clase, la IR-17, sita en Madrid, a Palomares” y que, tanto el transporte como el posterior almacenamiento “se ha realizado sin conocimiento del CSN, ni de Enresa”.

“Relevante” para decidir sobre la limpieza

La sala de lo Contencioso-administrativo ya rechazó la oposición de la Abogacía del Estado a que la Audiencia Nacional indagase sobre este traslado. Esta argumentó que este traslado “no tenía relación” con la decisión sobre el plan de rehabilitación de la zona.

“Si la pretensión es que se descontamine Palomares y se pide la retirada de la tierra contaminada, tiene relación con la pretensión y es un hecho relevante que se produzca un nuevo almacenamiento en dicho lugar”, indicó en su auto la Sección Séptima, que subrayó el hecho de que ya que se supone que se “trata de tierras extraídas de ese lugar” para su análisis que “ahora vuelven al mismo, es algo sobre lo que debe versar la prueba”.

Ecologistas en Acción pidió una ampliación de hechos en la causa impulsada para que la AN obligue al CSN a ejecutar el Plan de Rehabilitación de la zona aprobado en 2010 tras la “información periodística” que reveló parcialmente el transporte de este material.

Fuente: lavozdealemeria