Los residuos radioactivos alargarán casi dos décadas el cierre de la central nuclear de Garoña

 

Enresa autorizó trasladar junto a la central 2.240 toneladas que están en la piscina del complejo

La central nuclear de Garoña requerirá de un largo proceso de desmantelamiento que se alargará por un periodo cercano a los 20 años y en el que una de las claves residirá en la solución que se adopte sobre el destino de las miles de toneladas de residuos radioactivos que ha estado consumiendo la planta desde que se puso en marcha el 2 de marzo de 1971, Después de 40 años y 10 meses de actividad -Nuclenor paralizó la actividad en diciembre de 2012- no está claro cuál es la cantidad exacta de los residuos del combustible de uranio que prácticamente llena la piscina interior en la que se encuentra almacenada. Según los datos recogidos por Enresa, Garoña almacenaba 947 metros cúbicos de residuos de baja y media actividad en 2005 y un total de 311 toneladas de uranio que ya entonces ocupaban el 79% de la capacidad de almacenamiento de la piscina. Ante las dificultades para gestionar esta enorme cantidad de estos dos tipos de residuos y los retrasos para activar un cementerio nuclear en España, Nuclenor consiguió la autorización para construir Almacén Temporal Individualizado (ATI) que aún no está finalizado y que tendría una capacidad de almacenamiento de 2.240 toneladas de material radioactivo.

La central de Santa María de Garoña no volverá a producir energía eléctrica pero el cierre definitivo de la central y su desmantelamiento se alargarán durante dos décadas sin que a día de hoy quede claro cómo se gestionarán las miles de toneladas de elementos radioactivos de esta instalación. La gestión de este material cuenta con una normativa muy definida pero la realidad dista mucho de lo recogido en los manuales. Nuclenor, que a día de ayer aún esperaba una comunicación oficial del Gobierno central para posicionarse, es la encargada ahora de trasladar el combustible de uranio que ha utilizado durante cuarenta años desde la piscina hasta un ATI que, según informó ayer Elconfidencial.es aún no se encuentra terminado pese a que la previsión para su puesta en marcha era el pasado mes de marzo. Este almacenamiento en superficie cuenta con una capacidad de unas 2.240 toneladas aunque los datos oficiales de Enresa que forman parte de su sexto plan de residuos radioactivos publicado en 2006 tampoco aclara la cantidad exacta del material más peligroso que se encuentra en el interior de esta instalación nuclear.

La normativa establece que tras vaciar la piscina y con el combustible ya en el ATI se procederá a su traslado al denominado ‘cementerio nuclear’ español o Almacén Temporal Centralizado que el Gobierno pretende poner en marcha en la localidad de Villar de Cañas pero que ha sido objeto de un enfrentamiento institucional con el Gobierno de Castilla La Mancha que se trasladó hasta el Tribunal Supremo.

Enresa tendrá que decidir si el complicadísimo proceso de gestión de los residuos más contaminantes paraliza o no la realización de un primer informe en el que, con la colaboración de Nuclenor, tendrá que catalogarse el grado de radioactividad de toda la instalación ya que elementos fundamentales como el núcleo del reactor también deberán ser objeto de un tratamiento específico muy distinto al del resto de la central. El informe formará parte de un estudio básico sobre el desmantelamiento que ya dará pie a la elaboración de un plan de desmantelamiento que necesitará de informes específicos por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y de un estudio de impacto medioambiental.

De esta manera, como ayer reconoció el cooportavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, el periodo para proceder al desmantelamiento de la central se extenderá durante unos 20 años. La referencia más próxima al lento proceso que vivirá Garoña es el desmantelamiento de la central José Cabrera situada en Almonacid de Zorita (Guadalajara) que cesó en su actividad en 2006 y que tiene previsto que culmine su proceso de desmantelamiento en 2019. Uralde advirtió que su formación estará muy atenta al proceso en la central burgalesa al tratarse de material «altamente peligroso» pero se felicitó porque el cierre de Garoña signica «el principio del fin de las nucleares en España».

Fuente: elmundo

Anuncios

El próximo problema de la central nuclear de Garoña: no hay almacén para tanto uranio

La construcción del Almacén Temporal Individualizado de la planta burgalesa no ha concluido, pero cuando lo haga tampoco será suficiente para tantas toneladas de residuos.

El ministro Álvaro Nadal zanjó ayer el debate sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña anunciando que no renovará la autorización. Ahora comienza otro debate, el de qué hacer con las toneladas de residuos radiactivos que ahora duermen en las piscinas de la planta burgalesa.

Desmantelar por completo una central nuclear es un proceso lento que, en el caso de Garoña, se prolongará entre 13 y 16 años. El ejemplo más cercano -y único- que tenemos del proceso de cierre de una central nuclear completa es la José Cabrera (Zorita, Guadalajara), que comenzó a ser desmontada en 2006 y será definitivamente clausurada en 2019.

El gran problema ahora para Nuclenor, gestores de la planta de Garoña, será que hacer con los residuos de la central, que incluyen el combustible ya empleado en el reactor y que, en total, superan los varios miles de toneladas.

 

Según el Plan de Gestión del Combustible Gastado de C.N. Santa María de Garoña, un documento interno de la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) obtenido por El Confidencial mediante una petición al Portal de Transparencia, la empresa valoraba a finales de 2011 cuatro alternativas sobre qué hacer con el uranio consumido para producir electricidad, todas ellas condicionadas a la construcción del Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas (Cuenca).

Las cuatro opciones

Aunque Enresa se negó a facilitar a este periódico información acerca de la disposición de la piscina o el inventario de combustible gastado, sí que reveló las opciones que en aquel momento -meses antes de que Endesa e Iberdrola decretaran el cese de operaciones- barajaban como vías de gestión: esperar hasta que el ATC estuviera operativo y trasladar allí los residuos directamente desde la piscina, almacenar los residuos en un Almacén Temporal Individualizado, bien parcialmente o en su totalidad, o reprocesar el combustible y enviarlo al emplazamiento de Villar de Cañas.

Aunque la piscina es, en sí misma, un almacén, el propio informe descarta mantener el combustible allí durante un tiempo prolongado: “La solución de utilizar infraestructuras existentes es de viabilidad dudosa“, indica este análisis.

Maqueta del futuro ATI de Garoña (Idom)

A día de hoy, y con la construcción del ATC paralizada, la única opción viable para el uranio de Garoña está en el ATI que lleva construyéndose desde 2012. Fuentes de Nuclenor y de la compañía Idom, empresa encargada de la construcción de esta infraestructura, confirmaban ayer a Teknautas que las obras, cuya finalización estaba prevista para marzo de este año, no han concluido aún. “No puedo precisar una fecha concreta, pero les falta poco”, explicaban desde Idom.

Los problemas del ATI de Garoña

Inicialmente, se contaba con que el ATC de Villar de Cañas estuviera listo para 2017 ó 2018, por lo que el almacén de Garoña estaba previsto para cobijar de forma provisional el combustible de la central. Pese a esto, en el plan de gestión Enresa recomendaba que se solicitara una licencia “para la totalidad del combustible, teniendo en cuenta que el elemento más costoso, que es el propio contenedor, es por principio modular y el esfuerzo de licenciamiento y coste de la infraestructura no varía mucho con el tamaño”.

En septiembre de 2015, el BOE detallaba la declaración de impacto ambiental del ATI de Garoña, uno de los requisitos legales para llevar a cabo el proyecto. En esta disposición se describían las características del futuro almacén: 32 contenedores cilíndricos ENUN 52B con un peso -una vez cargados de combustible- de unas 70 toneladas cada uno. Esto daría una capacidad total de alrededor de 2.256 toneladas, insuficientes ante las 6.079 toneladas de residuos radiactivos previstas por Enresa.

En comparación, la central de Trillo dispone de un ATI con capacidad para 80 contenedores.

Existe además otro problema. Los contenedores ENUN 52B están diseñados para usarse con dos tipos específicos de combustible (GE-6 y GE-7), pero no se indica qué ocurrirá con los otros tipos (GE-4, GE-5, GE-8, GE-10, GE-11 y GE-14) presentes en el reactor. En el caso de Garoña, hay un total de 2.505 elementos de los que solamente 594 son aptos para estos contenedores.

El último acta de inspección realizada por los inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear a la central, del 24 de mayo de 2017, explicaba que el titular de Santa María de Garoña tenía previsto comenzar a cargar en el ATI los primeros cinco contenedores con combustible gastado en el primer semestre de 2018, algo que parece impracticable a fecha de hoy.

Desde el CSN advierten que la historia está lejos de terminar. “Nosotros ni aprobamos ni desaprobamos, sólo somos asesores del gobierno sobre ese ATI”, explican a Teknautas fuentes del consejo. En 2013, el CSN ya emitió un informe favorable a la construcción del almacén, denominado Informe de Ejecución y Montaje, “pero aún nos falta por emitir un segundo documento, que está en fase de evaluación y por tanto no se puede comunicar nada aún sobre el mismo”.

“Informe Preceptivo y Vinculante para la Autorización de la Modificación de la Autorización, así se llama”, indican estas fuentes. De este análisis, de farragoso título y seguro que apasionante contenido, dependerá que en los próximos meses pueda desbloquearse la situación de un desmantelamiento que, según el ministro Nadal, comenzará “inmediatamente”.

A día de hoy, en Santa María de Garoña, no hay almacén para tantos residuos radiactivos.

Fuente: elconfidencial

“El desmantelamiento es un proceso con riesgos”

Juantxo López de Uralde, coportavoz y diputado de EQUO Berdeak ha mostrado su satisfacción por el anuncio del cierre.

Ha expresado su convencimiento de que las demás centrales también se van a clausurar.

La decisión de cerrar la planta nuclear de Garoña, comunicada esta martes por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha dibujado sonrisas entre los miembros de Equo, que llevaban mucho tiempo luchando por ello. Su coportavoz y diputado por Unidos Podemos Juantxo López de Uralde, exlíder de Greenpeace, se mostraba muy satisfecho de que por fin llegara la noticia. “Hoy, por fin, es día de celebración”, comentaba en la Cadena Ser tras conocer la información.

López de Uralde ha considerado la resolución un gran éxito del movimiento nuclear. “Garoña se cierra porque no podía ser de otra manera, la decisión contraria no se habría entendido ni habría sido aceptada por la sociedad”, ha asegurado. Del mismo modo, comentaba que la planta no cumplía las condiciones de seguridad requeridas: “Mantenerla abierta, aunque se cumpliesen las condiciones impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear, era un riesgo para las personas y el medioambiente”.

En sus declaraciones, López de Uralde ha lamentado la demora en el cierre de la central. “Debería haberse cerrado hace mucho tiempo, en la era Zapatero, ya que por aquel entonces estaba ya claro que Garoña no podría funcionar en condiciones seguras”, ha manifestado el portavoz. Sin embargo, no ha limitado la responsabilidad al expresidente socialista: “Por un lado, el miedo de Zapatero a las eléctricas y, por otro, la obsesión por lo nuclear del PP han llevado a que el culebrón se alargue sin sentido”, lamentaba. En su opinión, el hecho de que las eléctricas no considerasen la planta rentable ha sido más importante que la acción gubernamental para el cierre.

El portavoz es consciente de que el cierre da paso a otro proceso que también se presenta largo. “Hay que esperar unos años a que el reactor vaya adquiriendo las condiciones óptimas para comenzar con su desmantelamiento”, explicaba. Además, destaca la necesidad de gestionar de manera segura los residuos. “El problema de la energía nuclear —proseguía— es que el riesgo continúa aun después del cierre de la central. Es un proceso con riesgos y hay que estar alerta”.

“Fin de la pesadilla”

Equo Berdeak plantea el cierre progresivo y más ordenado de las centrales nucleares que se encuentran aún activas. “Las centrales nucleares se van a cerrar sí o sí; se puede hacer de manera ordenada, buscando alternativas energéticas a esas plantas, o, de lo contrario, será por accidentes, de una forma que sería mucho más desgraciada”, ha asegurado. Y ha recalcado la necesidad de aprender de lo ocurrido con Garoña: “Esperamos que este triste episodio sirva de lección para que cuando llegue el momento de cerrar plantas se cierren”.

Ha mostrado también su descontento por la forma en la que se ha gestionado hasta el momento la situación: “Lo de Garoña ha sido un viacrucis, sobre todo para la ciudadanía y los trabajadores, que han estado instalados en la incertidumbre durante un proceso innecesariamente largo y trabajoso”. Aun así, ha advertido un cambio de tendencia: “Con Garoña querían convencernos de que había que alargar la vida de las centrales nucleares, pero han conseguido lo contrario: nos han convencido de que las centrales se van a cerrar y, por lo tanto, hay que planificar ese cierre para que no haya problemas”.

El  portavoz del grupo ecologista, asimismo, se ha mostrado seguro de que esta es la definitiva. “Ha sido un proceso muy largo, con el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, procesos de consultas del Ministerio de Industria, pero esta vez Garoña se cierra, fin de la pesadilla”, ha asegurado.

La Junta de Castilla y León y ENDESA las únicas que quieren Garoña

La Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones en defensa de la continuidad de la central Nuclear de Santa María de Garoña hasta 2031 porque, como ha manifestado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha garantizado su seguridad y hasta esa fecha que amortizarían las inversiones exigidas por este organismo.

Estos argumentos centran las alegaciones que la Junta ha remitido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, quien abrió el pasado 11 de julio el plazo para que once administraciones pudieran remitir sus argumentos para decidir el futuro de la central. Dichas entidades son el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Navarra, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno de La Rioja, la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Ecologistas en Acción Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.

Del Olmo ha aclarado que la Junta ha remitido sus alegaciones ayer mismo con su “posición favorable” a la continuidad de la explotación de la central, ya que, como ha defendido en declaraciones recogidas por Europa Press, de no ser así “la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles”.

La seguridad de Garoña siempre ha sido cuestionada

De este modo, la consejera ha detallado que uno de los argumentos esgrimido a través de estas alegaciones es la carencia de un plan alternativo económico a la central que abarque todo su área de influencia, a lo que se suma las conclusiones extraídas del informe del Consejo de Seguridad Nuclear que garantiza la seguridad del centro siempre que se haga una serie de inversiones adicionales que, según los cálculos de la Consejería, estarían amortizadas en 2031.

Del Olmo ha asegurado que en el documento remitido por la Junta al Ministerio se detalla también la importancia de este tipo de energía para la economía nacional y ha recordado que su cierre supondría además daños a otras fuentes energéticas autóctonas como el uranio que sirve de combustible para la central.

Asimismo, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta ha aprovechado sus alegaciones para defender también la energía producida a través del carbón autóctono, alternativa energética “más barata” junto a la nuclear, con lo que la supresión de ambas supondría un “lastre grande a la economía nacional”. “Defendemos el mantenimiento de la central siempre que haya seguridad para las personas”, ha concluido Del Olmo, quien ha insistido en que es la principal fuente de empleo en el valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, ya que en la central trabajan unas 600 personas que pueden llegar a 1.000 cuando está a pleno rendimiento.

GAROÑA PROVOCA PARO

Lo que Del Olmo no explica es que Garoña es el principal lastre de la comarca. El colegio de Economistas de Burgos ya señaló que la comarca afectada por Garoña tenía la mayor tasa de paro de todo Burgos.

Fuente:   20minutos.es

Los vertidos de garoña y las grietas cuestionan sus pretendida seguridad.

Técnicos del CSN denuncian el oscurantismo para reabrir Garoña

Garoña auyenta el resto de inversiones

 

Enresa estudiará el acuífero sito en los terrenos donde pretende ubicar el ATC

Deberá analizar si habría capacidad de reacción ante una posible fuga de material radioactivo y evitar que llegue a El Záncara.

Enresa sigue estudiando los terrenos del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas. Se prevé que en breve analice el comportamiento del acuífero que se situaría debajo de la construcción del silo nuclear conquense. Se trata de una información adicional que el CSN solicitó a la empresa, y una de las cuestiones más sensibles del proyecto.

Enresa está pendiente de adjudicar el contrato por el que, durante dos años, se comprobarán los valores pizométricos en los terrenos donde se pretende construir en ATC y sus alrededores. Con esto, se controlará al detalle cuál es el movimiento de las aguas subterráneas.

Informes anteriores hablan de un “movimiento moderado” de las aguas del acuífero, asegurando que hay “riesgo potencial” de contaminación del cauce más cercano, El Záncara y, por tanto, podría afectar al agua de riego y agua de uso de boca en la zona e, incluso, podría expandirse hacia las Tablas de Daimiel.

Ahora quieren que los estudios sean más precisos. Así las cosas, la captura de los datos que de ahí se obtengan serán determinantes para determinar cómo actuar y dónde en caso de fuga, según explica a la SER Carlos Villeta, responsable de comunicación de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca.

Mientras, la Plataforma ha vuelto a acudir al Consejo de Transparencia tras haber solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear el Informe de Construcción y haber recibido información parcial del documento, como ya ocurriera con el Informe de Ubicación. Pasados tres meses, el colectivo se plantea acudir a instancias superiores. Temen que el CSN vuelva a seguir adelante con el proyecto a pesar de que los estudios determinen que los riesgos superan los umbrales permitidos.

Desde la Plataforma calculan que en seis meses el CSN podría dar el visto bueno al segundo de los tres permisos necesarios para construir del ATC.

Fuente: cadenaser.com

Se aprueba la moción contra la construcción de un almacén de residuos radioactivos en Cofrentes

La concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano, y el concejal de Energías Renovables y Cambio Climático, Jordi Peris, han presentado una moción para oponerse a la construcción de un almacén de residuos radioactivos en la localidad de Cofrentes, así como el cierre de la Central Nuclear para 2021. Dicha moción se ha aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Grupo Popular.

La moción presentada por el Govern de la Nau, defendida por Soriano y Peris, se basa en que la “peligrosidad de las centrales nucleares está fuera de toda duda, así como el riesgo de la construcción de un almacén de residuos”. En el caso de que hubiera “una fuga radiactiva importante, afectaría a la salud de millones de valencianos y valencianas, además de contaminar la tierra y arruinar la producción agrícola”.

El debate ha comenzado con la intervención de Salvador Moncayo, de la Plataforma Tanquem Cofrents, quien ha reclamado el cierre de la actividad en la central nuclear argumentado que “hay alternativas” y que no sólo lo pide una plataforma, “sino la ciudadanía, y además, otros países europeos, como Bélgica y Suiza, ya están planificando sus alternativas”.

Por parte del grupo Ciudadanos, Santiago Benlliure, ha defendido que las políticas energéticas no deben utilizarse como estrategia política y ha pedido también alternativas. “No se puede improvisar en materia energética”, ha explicado, si bien reconoce que las energías nucleares se “acercan al final de su vida útil”. Así mismo, ha hecho hincapié en que “cualquier decisión debe tener un plan alternativo, que contemple, entre otras cosas, la pérdida de puestos de trabajo”.

Por el Grupo Popular, Mª Ángeles Ramón-Llin ha presentado una propuesta que plantea el incremento de las energías renovables y que tiene en cuenta las repercusiones del cierre, principalmente en lo que al empleo se refiere. “Queremos saber sus planes y cuáles serán las consecuencias. No hagan demagogia, sino parques eólicos, porque el acuerdo es inviable aunque se apruebe, a menos que se ofrezcan soluciones”. Su propuesta ha sido rechazada con los votos en contra del equipo de Gobierno y la abstención de Ciudadanos.

El concejal de Energías Renovables y Cambio Climático, Jordi Peris, ha defendido un “cambio de modelo energético que comprende el cierre de la central y la reconversión laboral”. “Se trata –ha explicado Peris- de una moción sobre una central nuclear obsoleta, con una energía obsoleta”, y ha recordado que para su cierre tendrá ya 35 años, cuando en Europa se fija en 25 años la vida útil de las centrales.

“Un nuevo modelo energético” ha sido también la reivindicación de la concejala Pilar Soriano. Ha recordado la “peligrosidad de los residuos que genera” y la necesidad de una “revolución energética que pase por reducir las energías no renovables en favor de las renovables”. También ha mencionado que en Europa son 25 los años de vida útil, y en España la media es de 30.

Fuente:

Registrado un terremoto de 2,3 grados cerca de donde se prevé el cementerio nuclear de Cuenca

 

El Instituto Geográfico Nacional ha detectado en la madrugada de este miércoles un terremoto de 2,3 grados en la escala de Richter en Hontanaya, en la Mancha de Cuenca.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de CLM pregunta que hubiera pasado si el temblor se hubiera dado con el ATC

Según la página web del Instituto, el seísmo ha tenido lugar en este término municipal a 1:03 horas de este miércoles, a doce kilómetros de profundidad.

No es la primera vez que este pueblo de la Mancha conquense, de alrededor de 300 habitantes, sufre un episodio similar.

Según ha explicado en declaraciones a Efe su alcalde, Emilio Lucas, al haber sucedido de madrugada “no se ha enterado nadie, se han dado cuenta cuando lo han escuchado al día siguiente”.

Lucas ha indicado que “ha pasado alguna vez más, con poca intensidad también, pero el año pasado fue a las cinco o las seis de la tarde y sí se notó”.

El epicentro del terremoto está situado a menos de 24 kilómetros en línea recta de la futura ubicación del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) que se quiere construir en otro municipio conquense, Villar de Cañas.

El riesgo sísmico ha sido uno de los planteamientos que han esgrimido quienes se oponen al almacén nuclear, especialmente tras el terremoto de Ossa de Montiel (Albacete) en febrero de 2015, de más de 5 grados en la escala de Richter.

QUÉ HUBIERA PASADO CON EL ATC

De otro lado, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha apuntado que el terremoto registrado ha sido “pequeño”, pero ha instado a “analizar lo que hubiera podido pasar si este temblor hubiera sucedido estando el ATC construido”.

“Es para estar preocupado”, ha considerado el consejero, quien ha opinado que “aquellos que tienen que tomar las decisiones” deben “reflexionar”.

“Mientras tanto, nosotros vamos a ir, como hemos dicho desde el principio, a todas las instituciones que sea necesario. Desde luego a Europa a poner de manifiesto el incumplimiento de la Directiva Hábitats por la no protección del espacio natural”, ha aseverado.

Del mismo modo, ha afirmado que acudirán a los tribunales a recurrir “todo aquello que vaya en contra de un espacio que los ciudadanos de Castilla-La Mancha quieren que se proteja”.