Los materiales para el almacenamiento de residuos nucleares no son tan seguros como se pensaba

Los materiales que los Estados Unidos y otros países planean usar para almacenar desechos nucleares de alto nivel probablemente se degradarán más rápido de lo que nadie sabía anteriormente debido a la forma en que interactúan esos materiales.

Una investigación publicada en la revista Nature Materials, muestra que la corrosión de los materiales de almacenamiento de desechos nucleares se acelera debido a los cambios en la química de la solución de desechos nucleares, y por la forma en que los materiales interactúan entre sí.

“Esto indica que los modelos actuales pueden no ser suficientes para mantener estos desechos almacenados de manera segura”, dijo Xiaolei Guo, autor principal del estudio y subdirector del Centro de Desempeño y Diseño de Formularios y Contenedores de Desechos Nucleares del Estado de Ohio. “Y muestra que necesitamos desarrollar un nuevo modelo para almacenar desechos nucleares”.

La investigación del equipo se centró en el almacenamiento de materiales para desechos nucleares de alto nivel, principalmente desechos de defensa, el legado de la producción de armas nucleares en el pasado. El desecho es altamente radiactivo. Mientras que algunos tipos de desechos tienen una vida media de aproximadamente 30 años, otros, por ejemplo, el plutonio, tienen una vida media que puede ser de decenas de miles de años. La vida media de un elemento radiactivo es el tiempo necesario para que la mitad del material se descomponga.

Estados Unidos actualmente no tiene un sitio de disposición para esos desechos; Según la Oficina de Responsabilidad General de los Estados Unidos, generalmente se almacena cerca de las plantas donde se produce. Se ha propuesto un sitio permanente para Yucca Mountain en Nevada, aunque los planes se han estancado. Países de todo el mundo han debatido la mejor manera de lidiar con los desechos nucleares; solo uno, Finlandia, ha comenzado la construcción de un depósito a largo plazo para residuos nucleares de alto nivel.

Pero el plan a largo plazo para la eliminación y el almacenamiento de desechos de defensa de alto nivel en todo el mundo es prácticamente el mismo. Implica mezclar los desechos nucleares con otros materiales para formar vidrio o cerámica, y luego encerrar esos pedazos de vidrio o cerámica, ahora radioactivos, dentro de botes metálicos. Los botes serían enterrados bajo tierra en un depósito para aislarlo.

En este estudio, los investigadores encontraron que cuando se exponen a un ambiente acuoso, el vidrio y la cerámica interactúan con el acero inoxidable para acelerar la corrosión, especialmente de los materiales de vidrio y cerámica que contienen desechos nucleares.

El estudio midió cualitativamente la diferencia entre la corrosión acelerada y la corrosión natural de los materiales de almacenamiento. Guo lo llamó “severo”.

“En el escenario de la vida real, las formas de desechos de vidrio o cerámica estarían en contacto cercano con botes de acero inoxidable. En condiciones específicas, la corrosión del acero inoxidable se volverá loca”, dijo. “Crea un ambiente súper agresivo que puede corroer los materiales circundantes”.

Para analizar la corrosión, el equipo de investigación presionó “formas de desechos” de vidrio o cerámica, las formas en que se encapsulan los desechos nucleares, contra el acero inoxidable y los sumergió en soluciones durante hasta 30 días, en condiciones que simulan las de la montaña Yucca, el repositorio de residuos nucleares propuesto.

Esos experimentos mostraron que cuando el vidrio y el acero inoxidable se presionaron entre sí, la corrosión del acero inoxidable fue “severa” y “localizada”, según el estudio. Los investigadores también notaron grietas y corrosión mejorada en las partes del vidrio que habían estado en contacto con el acero inoxidable.

Parte del problema radica en la tabla periódica. El acero inoxidable está hecho principalmente de hierro mezclado con otros elementos, incluidos el níquel y el cromo. El hierro tiene una afinidad química por el silicio, que es un elemento clave del vidrio.

Los experimentos también mostraron que cuando las cerámicas, otro soporte potencial para los desechos nucleares, se presionaron contra el acero inoxidable en condiciones que imitaban a las que se encuentran debajo de la montaña Yucca, tanto la cerámica como el acero inoxidable se corroyeron de una manera “severamente localizada”.

Referencia: Xiaolei Guo, Stephane Gin, Penghui Lei, Tiankai Yao, Hongshen Liu, Daniel K. Schreiber, Dien Ngo, Gopal Viswanathan, Tianshu Li, Seong H. Kim, John D. Vienna, Joseph V. Ryan, Jincheng Du, Jie Lian, Gerald S. Frankel. Self-accelerated corrosion of nuclear waste forms at material interfacesNature Materials, 2020; DOI: 10.1038/s41563-019-0579-x

Fuente:  alcanzandoelconocimiento.com

Bilbao tuvo un reactor nuclear hasta el siglo XXI.

El reactor que no se sabia

Durante los años sesenta y setenta, España se nucleariza. A pesar de estar excluidos del Plan Marshall a causa de la dictadura franquista, el estado recibió algo de ayuda de EE.UU.

En este paquete se encontraban los reactores nucleares experimentales para las escuelas de ingenieros y la formación técnica para los titulados.

Además del Arbi de Bilbao, el mismo año 1962 se inauguraba el reactor Argos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona.

Los tres reactores experimentales en cuestión se instalaron en los años sesenta y setenta en virtud de un tratado suscrito con Estados Unidos en 1957, por el que España recibió el uranio enriquecido para usarlo en investigaciones civiles.

TEXTO DEL BOE

Mediante Orden Ministerial de 14 de mayo de 2002 se otorgó a los Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales (LABEIN), autorización de desmantelamiento del reactor nuclear experimental ARBI, situado en Bilbao. Una vez concluidas las operaciones de descontaminación y desmantelamiento, la entidad Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales solicitó, mediante escrito de 21 de febrero de 2005, la declaración de clausura del reactor, acompañando a la solicitud la documentación requerida en la Orden Ministerial que autorizó el desmantelamiento. Vistos la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre y la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, modificada por la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Cumplidos los trámites ordenados por las disposiciones vigentes, a propuesta de la Dirección General de Política Energética y Minas y de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, este Ministerio ha resuelto:

Uno.-Declarar la clausura del reactor nuclear experimental ARBI de los Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales de Bilbao.

Dos.-El titular podrá disponer de la sala donde se ubicaba el reactor sin restricción alguna de tipo radiológico. Tres.-Toda la información referente a la vida operacional del reactor, así como la correspondiente a las actividades de desmantelamiento y clausura del mismo, deberá permanecer bajo custodia de los Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales (LABEIN), durante, al menos, cinco años desde la fecha de la presente Orden Ministerial.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Madrid, 17 de junio de 2005.-El Ministro, P. D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre; B.O.E. del 6), el Secretario General de Energía, Antonio Fernández Segura.

Sr. Director General de Política Energética y Minas.

BOE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla sobre los impuestos a la energía nuclear

Como conclusión, esos impuestos no violan el principio de no discriminación de la normativa europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido sus conclusiones sobre los impuestos a la energía nuclear. Declara que no violan el principio de no discriminación de la normativa europea.  Ni los impuestos a la producción, ni al almacenamiento de combustible, ni a los residuos nucleares

Fueron cuatro las peticiones de decisión prejudicial planteadas ante el TFUE por el Tribunal Supremo en 2018. Tras la vista realizada en febrero de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido sus conclusiones. Las cuestiones habían sido planteadas ante el supremo por Unesa, Endesa, Naturgy e Iberdrola y el Estado Español. En el fondo del asunto, una posible discriminación por los impuestos a la producción y almacenamiento de combustible, así como a los residuos nucleares.

El TJUE emitió su fallo el pasado 7 de noviembre. Considera que los impuestos españoles a la producción y almacenamiento de combustible y de residuos nucleares no violan el principio de no discriminación contenido en la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

En sus conclusiones, el TJUE informa que no hay discriminación, a pesar de gravar únicamente a las empresas de generación que utilizan energía nuclear. Y, a pesar de que su objetivo principal no sea proteger el medio ambiente.

Aclaraciones

Aclara que la directiva no constituye una medida relativa a la aproximación de las disposiciones fiscales de los Estados miembros. Por ello, añade que el principio de no discriminación recogido en la medida no se aplica a una normativa nacional que establece impuestos sobre producción y almacenamiento de combustible y residuos nucleares.

En consecuencia, sentencia, la directiva no se aplica a una a una normativa nacional, como la española. La misma establece impuestos sobre la producción y el almacenamiento de combustible y de residuos nucleares.

Impuestos a la energía nuclear

El litigio se  produjo cuando el Tribunal Supremo remitió al TJUE una serie de cuestiones prejudiciales. Fue como consecuencia de diferentes procedimientos entre Unesa, Endesa, Naturgy e Iberdrola y el Estado español.

Las eléctricas interpusieron ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra una orden ministerial. La misma aprobaba los modelos de autoliquidación y pago de los impuestos sobre producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación. Asimismo, sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.

Su argumento principal era que esta forma de tributación, en la práctica, constituye una suerte de impuesto especial sobre los productores de energía nuclear. Y que, además, distorsiona el mercado español de la electricidad.

También el Supremo sometió estos impuestos a una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Podrían ser potencialmente contrarios al principio de capacidad económica establecido en la Constitución. Sin embargo, el Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad indicando que se debía plantear primero una cuestión prejudicial. Este criterio surgió por las dudas del Tribunal Supremo acerca de la compatibilidad de la legislación nacional con el Derecho de la Unión.

Conclusiones

El TJUE ha declarado:

  1. «El principio de no discriminación (.) debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece impuestos sobre la producción y el almacenamiento de combustible y de residuos nucleares, como es el caso de los impuestos sobre la energía nuclear objeto de los litigios principales, que solo gravan a las empresas de generación de electricidad que utilizan energía nuclear, y cuyo objetivo principal no consiste en proteger el medio ambiente, sino en incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica».
  2. «El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/72 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, cuando el objetivo medioambiental y las características de los impuestos medioambientales previstos por la misma no encuentran concreción en la parte vinculante de esta normativa».

Fuente:  energynews.es/tjue-falla-sobre-impuestos-a-la-energia-nuclear/

Comienzan a desmontar la cúpula de la central nuclear de Zorita

El desmantelamiento comenzó en 2010

La primera pieza de la ‘media naranja’ está retirada y el desmantelamiento de la central nuclear concluirá en 2020.

El coste total del desmantelamiento se cuantifica en unos 160 millones de euros

La empresa pública Enresa ha comenzado el desmontaje de la cúpula del edificio de contención de la central nuclear José Cabrera en Almonacid de Zorita (Guadalajara) que se contemplan en la fase final del desmantelamiento de esta instalación nuclear que concluirá a finales de 2020.

Estos trabajos han consistido en la retirada, izado y descenso de la primera pieza, a los que ha asistido la prensa acompañados del director desmantelamiento de la central, Manuel Ondaro. Para ello, se han empleado dos grúas de gran tonelaje que han permitido la ejecución segura de la maniobra desde una plataforma auxiliar.

«Lo que hoy hemos visto es el desmontaje y posicionamiento de la primera pieza de la cúpula del reactor. Esto supone un hito en el desmantelamiento y que nos llevará a la finalización de la desmantelación del mismo el próximo año», ha señalado Ondaro, quien ha indicado que la pieza retirada es de acero, de 8 metros de diámetro y 5,2 toneladas de peso, aproximadamente.

 

Se trata de la primera de las 330 piezas en las que será segmentada esta estructura, pues la cúpula tiene un peso total de 225,2 toneladas y un diámetro de 31,4 metros.

Una vez bajada al suelo, será troceada para poderla gestionar como material convencional. Este proceso de desmontaje de la cúpula tardará unos 40 días, por lo que antes de Navidad estará concluido.

Descontaminación total

Previo al desmontaje de este jueves, para el que llevan preparándose desde verano para realizarse con total seguridad, se han realizado numerosas labores dentro del desmantelamiento.

«Fundamentalmente hemos retirado los grandes componentes del circuito primario de la central nuclear, hemos descontaminado todo lo que es el edificio de contención y lo hemos desclasificado para poder demolerlo de forma convencional», ha explicado Ondaro.

Además, este es el inicio del desmontaje de la cúpula, del interior del edificio de contención y posterior demolición. Tal y como ha señalado Ondaro, el inicio de los trabajos de desmontaje final, es decir, las demoliciones, «se inician ahora y se espera que a finales del año que viene, el 31 de diciembre en 2020, puedan haber terminado con todos los trabajos de demoliciones de los principales edificios», que son el edificio de contención, almacén auxiliar, almacén de residuos número 1, el evaporador y el resto de edificios convencionales.

Recientemente también ha comenzado la demolición del edificio que albergaba el generador diésel de la central para lo que se está empleando maquinaria de gran tonelaje. Las dimensiones de este edificio, fabricado en hormigón armado, es de 11 metros de ancho por 7,5 metros de alto.

Desde que se inició el desmantelamiento, en febrero de 2010 se han generado aproximadamente 29.000 toneladas de materiales

Energia cara se mire por donde se mire.

A día de hoy, Enresa ha ejecutado ya cerca del 89 por ciento del proyecto de desmantelamiento de la central. Desde que se inició el desmantelamiento, en febrero de 2010 y hasta el 30 de septiembre de 2019, han trabajado unas 250 personas y se han generado aproximadamente 29.000 toneladas de materiales.

De esta cantidad, 7.000 corresponden a material convencional, 5.500 toneladas a residuos radiactivos de muy baja actividad, 2.300 a residuos radiactivos de baja y media actividad y 14.200 toneladas a material desclasificable.

El residuo de alta actividad se contiene en los 377 elementos combustibles de la central, es decir, 175 toneladas que gestionaron en 12 contenedores en la fases iniciales del desmantelamiento.

Fuente: ABC

 

Denuncian “nuevos retrasos” en el desmantelamiento de Garoña

El cabeza de lista al Congreso de Unidas Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, cree que estos nuevos plazos “están vinculados al hecho de que se pretende alargar la vida del resto de centrales nucleares”

El cabeza de lista al Congreso de Unidas Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, ha denunciado este viernes “nuevos retrasos” en el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y cree que estos nuevos plazos “están vinculados al hecho de que se pretende alargar la vida del resto de centrales nucleares, poniendo así en grave peligro la seguridad de las mismas”.
Tras participar en Vitoria en una mesa informativa de la formación, el candidato ha criticado que “más de 2 años después del cierre de la central nuclear de Garoña, los trabajos para su desmantelamiento ni siquiera han comenzado”.
Asimismo, ha explicado que según las informaciones que a las que ha tenido acceso, “todo parece indicar” que los trabajos de desmantelamiento “no empezarán hasta 2022”. “Se nos antoja demasiado tarde para desmantelar una central que es urgente quitar de en medio por el riesgo que supone para el medio ambiente y para la salud pública”, ha señalado.
En este sentido, ha explicado que “el desmantelamiento de Garoña marca la agenda de cierre y desmantelamiento futuro del resto de las centrales nucleares españolas”, y cree que este retraso “está vinculado al hecho de que se pretende alargar la vida del resto de centrales nucleares poniendo así en grave peligro la seguridad de las mismas”.

El informe más demoledor contra la energía nuclear: ni es limpia ni económicamente viable

Un estudio del instituto de investigación económica DIW Berlin afirma que la inversión en una nueva planta de energía nuclear de 1GW conduce a pérdidas medias de aproximadamente 4.800 millones de euros. Además, argumenta que las peligrosas emisiones de radioactividad de la tecnología y los riesgos de proliferación de material armamentístico y la liberación de radiación, como los accidentes en Harrisburg (1977), Chernobyl (1986) y Fukushima (2011) muestran, no la califican como una solución de energía «limpia» a tener en cuenta a la hora de hacer frente al cambio climático. Aun así, los gobiernos están incorporando la tecnología en sus planes de energía limpia en todo el mundo.

«El mito de la energía nuclear como una alternativa respetuosa con el clima a las fuentes de energía fósiles se derrumba por completo», dice Christian von Hirschhausen, coautor del estudio. Numerosos estudios científicos ya han demostrado que ninguna de las más de 600 centrales nucleares construidas hasta la fecha en el mundo ha sido competitiva: han funcionado y continuarán operando durante muchos años solo porque los gobiernos las han subsidiado de forma generalizada.

Los analistas de DIW Berlín han realizado un estudio de las 674 plantas nucleares que se han construido para demostrar que los intereses económicos privados no fueron el motivo, sino que fueron impulsados por intereses militares. “La energía nuclear nunca fue diseñada para la generación de electricidad comercial; estaba dirigido a las armas nucleares. Es por eso que la electricidad nuclear ha sido y seguirá siendo antieconómica», dice Von Hirschhausen.

La rentabilidad de las inversiones en centrales nucleares se determinó mediante un modelo de negocio que se basa en una variedad de factores que incluyen el costo mayorista de la electricidad (20-80 euros / MWh), los costos específicos de inversión (4.000-9.000 euros / kW) y el costo promedio ponderado del capital (4-10%). Y la conclusión es que cada central nuclear construida hoy tiene un valor actual neto negativo, y genera una pérdida media de 4.800 millones de euros. “Bajo ninguna circunstancia realista, una central nuclear puede mostrar un valor presente neto positivo, en el mejor de los casos, una pérdida de 1.500 millones de euros, y en el peor, la pérdida ascendería a los 8.900 millones”, dice el informe.

El estudio señala que es probable que las pocas inversiones actuales en centrales nucleares en Europa y países de la OCDE produzcan pérdidas de decenas de miles de millones en un  futuro.

El costo de la central nuclear Olkiluoto-3 en Finlandia aumentó de una estimación inicial de 3.000 millones de euros (1995) a más de 11.000 millones de euros. Esto corresponde, a partir de 2018, a unos 7200 euros por kW (ver gráfico a continuación).

En Francia, después de aumentos importantes de los costos e informes periódicos sobre la falta de seguridad del reactor, se cuestiona todo el programa de expansión nuclear de Electricité de France (EdF). Además, las altas deudas del grupo (más de 40.000 millones de euros) deberían llevar a una completa nacionalización si se quiere evitar la quiebra.

De los dos proyectos de inversión en los EEUU, uno fue abandonado después de doblar el costo (UC Summers, Virginia). En el otro (Vogtle, Georgia), el costo aumentó de los 14.000 millones iniciales, equivalentes a aproximadamente 6.200 $ el kW, a una cantidad  estimada de 29.000 millones en 2013, equivalente a aproximadamente 9.400 $ por kW en 2013.

“No va a ser rentable invertir en energía nuclear en el futuro, ni en nuevas centrales nucleares ni en la extensión de las existentes. Teniendo en cuenta que la energía nuclear es absolutamente insegura, el mito de la alternativa amigable con el clima a los combustibles fósiles está completamente agotado en sí mismo», dice Von Hirschhausen.

En cuanto a la extensión de la vida de las centrales nucleares, el informe es claro: “En todo el mundo, se discute la extensión de la madurez de los reactores antiguos de 40 a 50 o hasta 80 años. Dado que las plantas de energía nuclear están diseñadas para un tiempo de funcionamiento de 30 o 40 años, esto conlleva una considerable tensión y fatiga del material, y por lo tanto aumenta considerablemente el riesgo de accidentes”. Como ejemplos, DWI señala como reactores problemáticos Tihange (Bélgica) y Fessenheim (Francia), y la central nuclear de Dukovany en Eslovaquia, ubicada a 100 kilómetros al norte de Viena, también es motivo de preocupación.

Yendo más allá de la falta de sostenibilidad económica´y los riesgos que entraña, el informe continúa socavando aún más los debates y políticas internacionales que apoyan la energía nuclear como parte de las estrategias de acción climática. » La energía nuclear no es de ninguna manera limpia. Su radioactividad pondrá en peligro a los humanos y al mundo natural durante más de un millón de años «, añade Von Hirschhausen.

La energía nuclear, según dice el informe, no es de ninguna manera una tecnología libre de CO2 que tenga en cuenta el ciclo de vida completo (construcción, operación, desmantelamiento, extracción de uranio, producción de combustible). Un metaestudio estima una media de emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales nucleares de 66 gramos de CO2 equivalente por kWh. Esto equivale a aproximadamente el 20% de las emisiones de una central eléctrica de gas.

El informe llama la atención a la Agencia Internacional de Energía por sugerir recientemente que la energía nuclear es un sistema de energía limpia y por alentar los subsidios a la tecnología y sus proveedores. Las políticas y los marcos en todo el mundo han incorporado la energía nuclear al mix de generación futura de energía. El Paquete de Energía Limpia de la UE, construido para respaldar la protección del clima, contiene extensiones de vida útil para varias plantas nucleares y también recomienda la construcción de más de 100 plantas nuevas antes de 2050.

«La idea de combatir el cambio climático con la energía nuclear no es nueva, pero mostramos lo equivocada y engañosa que es», explica la experta en energía y autora del estudio, Claudia Kemfert. «También debemos tener en cuenta que las facturas comerciales que hemos tomado también están causando costos horrendos a cargo de la comunidad, por ejemplo, para almacenar desechos nucleares».

Fuente: periodicodelaenergia

El Gobierno autoriza la construcción del almacén nuclear de Cofrentes

 El Ministerio de Transición Ecológica ha concedido la declaración de impacto ambiental para construir esta infraestructura. Se trata del último gran obstáculo que Iberdrola, empresa que gestiona el complejo, tenía que salvar para poner en marcha el proyecto.

La declaración de impacto ambiental permite que las obras de la instalación para los residuos puedan empezar este verano

Pistoletazo de salida al almacén temporal individualizado (ATI) de la central nuclear de Cofrentes.
Tras este requisito, la construcción del almacén está pendiente de una serie de autorizaciones menores de forma que las obras podrán comenzar en breve, posiblemente a lo largo del verano, según explicaron fuentes de la central. En cualquier se cumplirán los plazos que maneja la empresa para que el ATI esté operativo en 2021. Es en esta fecha cuando las piscinas en las que actualmente se almacena el combustible utilizado se colmatarán.

El proyecto supone una inversión cercana a los cuatro millones de euros e implica la construcción de un edificio exento y se contempla como solución intermedia hasta que esté concluido un almacén temporal centralizado (ATC) de todos los residuos nucleares españoles.

La previsión es que el recinto esté operativo en 2021, a los 40 años de vida de la central

La construcción del almacén cierra las dudas sobre la continuidad de la central de Cofrentes durante varios años más hasta el horizonte de 2030, tal y como pactaron las compañías eléctricas propietarias del parque nuclear español y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La legislación establece que en una primera fase el combustible se almacene en las piscinas construidos en la propia central. Lo deseable es que este combustible ya utilizado se remita a un almacén centralizado construido en un lugar geológicamente estable. Este proyecto ha quedado sin fecha después de que el Gobierno haya la paralizado el ATC de Villar de las Cañas.

Diversas centrales españolas, como Trillo, Ascó o Almaraz entre otras, ya cuentan con una infraestructura como la que se va a construir en Cofrentes como solución provisional. El almacén estará situado en una zona próxima a las torres de refrigeración y a unos 1.300 metros del municipio.

El ATI constará de una zona de almacenamiento que contendrá dos losas sísmicas de hormigón armado sobre las que se dispondrán los contenedores de almacenamiento en seco del combustible gastado y de otra área de maniobras con las instalaciones auxiliares de la central. En cada losa se podrán almacenar a la intemperie hasta 12 contenedores con lo que el ATI tendrá una capacidad total de 24 contenedores. Para la construcción se ha tenido en cuenta el punto más elevado de inundabilidad (367,41 metros) por lo que se situará en la cota de los 370 metros. Las dimensiones de toda el área será de 56×75 metros.

En la documentación se evalúa los riesgos a los que se puede enfrentar el ATI así como las medidas correctoras impuestas. La declaración señala que el almacén está resguardo de cualquier inundación, ya que está construido sobre el punto de riesgo más elevado.

También se han tenido en cuenta la posibilidad de que haya un terremoto así como de un incendio. Entre las otras variables que se han considerado se encuentra la del impacto de un rayo en las instalaciones.

La construcción de esta instalación ha suscitado la polémica en ciertos sectores. Incluso desde la Conselleria de Medio Ambiente se llegó a presentar una serie de alegaciones técnicas y manifestó su oposición al proyecto, aunque reconociendo que carecía de competencias.

El portavoz de la plataforma Tanquem Cofrentes manifestó ayer su posición a la construcción de esta instalación y aseguró que continuarán presionando hasta que se cierre la central. También criticó la falta de transparencia con la que el Ejecutivo central ha actuado.

Fuente:  lasprovincias,es

El Tribunal de Cuentas advierte de que faltan fondos para desmantelar las centrales

tribunal cuentas

Los de “la energía nuclear es la más barata”  ocultos en sus despachos.

El reciente pacto para alargar el periodo de funcionamiento de las centrales de 40 años a 45,7 “permitirá reducir el déficit existente” en el fondo para la gestión de los residuos y el desmantelamiento, pero no eliminarlo

Subraya que la empresa estatal Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015 y advierte de que, con 40 años de vida de las nucleares, el déficit ya superaría los 2.300 millones

Entre esas recomendaciones estaba la de aumentar las tasas que pagan las eléctricas para aumentar las dotaciones de ese fondo; Enresa recuerda que se trata de “aspectos regulatorios” que no le competen

El Tribunal de Cuentas cree que el reciente acuerdo entre el Gobierno y las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) para abordar un cierre nuclear escalonado a partir de la próxima década “permitirá reducir”, pero no eliminar, el agujero del fondo con el que la empresa estatal Enresa deberá sufragar el multimillonario coste de gestionar los residuos radiactivos y desmantelar las centrales.

En 2015, el Tribunal de Cuentas cifró en cerca de 1.800 millones el déficit del denominado Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos. Ese informe denunciaba que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010 (cuando el fondo empezó a ser financiado con aportaciones de las eléctricas) no se habían actualizado desde entonces, pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) todavía vigente hoy, aunque lleva casi una década caducado (se aprobó en 2006).

El informe recomendaba revisar anualmente esas tasas “en función de las necesidades de financiación futuras” de ese fondo, que se alimenta al 90% con tasas a la producción nuclear y al 10%, a través de la tarifa eléctrica. Ahora, tras analizar el grado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en ese examen, el órgano constata que esa actualización de tasas no se ha llevado a cabo y estima que ese déficit o “desviación de financiación de los costes” ascendería ya a 2.354 millones.

No obstante, el cálculo se basa, como el vigente PGRR, en la hipótesis de una vida media de las plantas de 40 años, plazo que ha quedado aumentado recientemente ampliado hasta los 45,7 años, tras el reciente acuerdo entre Gobierno y eléctricas, lo que permitirá incrementar los ingresos para el fondo a través de las tasas a la producción nuclear.

El problema es que, aun con esa reciente ampliación del plazo de vida de las nucleares, el déficit seguirá existiendo, según advierte el Tribunal de Cuentas en una nota al pie del informe.

En ella, recuerda que “a finales de marzo de 2019, Enresa ha firmado con los propietarios de las CCNN [centrales nucleares] un protocolo de intenciones sobre su cierre, con base en el horizonte temporal previsto en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima [el conocido como PNIEC], remitido por el Gobierno de España a la Comisión Europea, en el que se prevé un cierre ordenado, escalonado y flexible del parque nuclear, con inicio en 2027 y finalización en 2035, lo que supone un funcionamiento medio de 45,7 años para el conjunto de los siete reactores que se encuentran en operación”.

El Tribunal de Cuentas valora ese acuerdo, que implicó incumplir la promesa electoral del PSOE de abordar un cierre a los 40 años, ante la evidencia de que parar la producción de las plantas impediría cubrir el multimillonario coste de desmantelarlas y gestionar sus residuos. Y entiende que “el mayor período de funcionamiento, con respecto a los 40 años previstos en el Sexto PGRR, supondrá un incremento de los ingresos por la tasa que abonan las CCNN, lo que permitirá reducir el déficit existente en las proyecciones futuras del Fondo”. No precisa esa reducción del déficit, que en cualquier caso seguirá existiendo.

El informe, aprobado el 30 de mayo, destaca que, según las estimaciones realizadas por Enresa en junio de 2018 basándose en el actual Plan de Residuos, “el valor actualizado a 1 de enero de 2019 de los costes futuros para cada una de las líneas de actividad en las que puede agruparse la gestión que tiene encomendadas, bajo la hipótesis de una vida útil de 40 años para las CCNN operativas, ascendería a 10.697 millones”, mientras que “el valor estimado por Enresa del Fondo a 31 de diciembre de 2018” era de 5.678 millones, “por lo que la recaudación pendiente a 1 de enero de 2019, necesaria para cubrir dichos costes futuros estimados, ascendería a 5.019 millones”.

“Con los actuales elementos de determinación de la cuota de las tasas” que financian ese fondo “y las previsiones actualizadas a 1 de enero de 2019 de las bases sobre las que estas recaerían realizadas por Enresa, existiría un desviación de financiación de los costes con cargo a la tasa que recae sobre tarifa eléctrica estimada en 435 millones y con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas estimada en 1.919 millones”. En total, los citados 2.354 millones.

“Se deduce que existiría déficit de financiación futura con cargo a la tasa que recae sobre la tarifa eléctrica y también con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas”, remacha.

Incumplimientos

El tribunal señala que Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015. Así, “a la fecha de redacción de este Informe no se habían establecido nuevas disposiciones normativas respecto a la regulación del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR que obliguen a revisar anualmente los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN”. En consecuencia, la recomendación “no se ha cumplido”.

Tampoco “se había producido la internalización de los costes por Asignaciones a Ayuntamientos e impuestos medioambientales que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN, sino que estos gastos se han continuado cargando al Fondo para la financiación del PGRR”.

El presidente de Enresa, José Luis Navarro Ribera, ha declinado realizar alegaciones al informe porque la empresa estatal “no está en disposición de dar cumplimiento a las cuatro recomendaciones que siguen pendientes ya que todas se refieren a aspectos regulatorios y, por tanto, carecemos de capacidad legal para llevarlas a cabo”.

La pelota está en el tejado del Gobierno, y en concreto, del Ministerio para la Transición Ecológica. Su titular ahora en funciones, Teresa Ribera, indicó en marzo que el nuevo PGRR (caducado desde 2010 y que el Gobierno de Mariano Rajoy, empeñado en aumentar la vida de las nucleares, nunca actualizó) estaría “listo” este mes de junio, pero sin Gobierno a la vista, ese plazo se antoja a todas luces inviable.

En el ministerio indican que Enresa está ultimando ese plan, y “el diseño para financiar, no solo reducir el déficit”, será “uno de los elementos del trabajo en el que está inmersa” la empresa estatal, cuya intención sigue siendo presentar un borrador del mismo este mes.

Por su parte, fuentes de Enresa señalan que, en función del escenario dibujado por el PNIEC, “y una vez actualizado el cálculo de los costes y determinado el inventario de residuos, será posible determinar si es necesario actualizar la tasa que pagan las centrales nucleares que están en operación”.

Una vez en manos del Ejecutivo del borrador de Plan de Residuos, se iniciará el proceso de elaboración que establece la ley hasta que llegue a las Cortes, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y oídas las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.

El Gobierno ha vinculado la decisión final sobre la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos, paralizado el año pasado, al contenido de ese plan.

El Comité asesor pide al CSN más datos sobre Retortillo, Garoña, ATC y terrenos contaminados

El Comité Asesor para la información y participación pública del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido al CSN más información sobre la situación del proyecto minero de Berkeley en Retortillo (Salamanca), el proceso de desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos); el estado actual del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), y la situación de los diversos terrenos que presentan radiactividad originada por actividades humanas en España.

Así lo ha solicitado este Comité, formado por 35 representantes de la sociedad civil, del sector nuclear, de sindicatos y de las administraciones, al CSN en su primera reunión con el nuevo Pleno de este organismo regulador, que fue renovado hace tres meses.

Según informa el CSN, durante la reunión se ha especificado que el titular de la central nuclear de Almaraz ha solicitado una renovación de autorización de explotación de 7,4 años para la unidad I y de 8,2 años para la unidad II.

En el caso de Vandellós 2, la solicitud presentada abarca 10 años. En ambos casos, la renovación del permiso de explotación es un proceso ordinario en las competencias del CSN, pues todas las instalaciones pasan por esta práctica reguladora. También, dentro del campo de las aplicaciones médicas en el uso de las radiaciones ionizantes, se ha confirmado que el CSN ha culminado un “hito regulatorio” con el licenciamiento, por primera vez en España, de dos instalaciones de protonterapia que actualmente están en proceso de construcción.

Asimismo, se ha informado del estado de situación de las recomendaciones emitidas por el Comité asesor al CSN.

En este sentido, se ha explicado que se ha dado cumplimiento a 5 de ellas de un total de 10 emitidas en los últimos 3 años. MÁS TRANSPARENCIA, CREDIBILIDAD E INDEPENDENCIA Por otro lado, el presidente del CSN, Josep Maria Serena i Sender, ha anunciado que impulsará y reforzará el papel del CSN en la sociedad y ha insistido en el compromiso del Pleno con la transparencia, la credibilidad y la independencia del órgano regulador. “Quiero expresarles mi compromiso con la mejora de la eficiencia y la eficacia de este comité, clave en el flujo de información desde la sociedad al CSN y viceversa”, ha subrayado Serena, que ha prometido agilizar al máximo el cumplimiento de las recomendaciones del Comité asesor.

Igualmente, ha definido algunos de los objetivos prioritarios del nuevo Pleno, como la elaboración de un nuevo Plan Estratégico para el CSN; una adecuada transmisión del conocimiento; la apuesta por la I+D+i; el desarrollo del plan de acción resultante tras la misión conjunta IRRS-Artemis; y finalmente, promocionar la incorporación de jóvenes en el CSN. En este sentido, el Pleno del CSN asegura estar comprometido con el establecimiento de una relación con el Comité asesor más “ágil” y que le permita ejercer su labor de “emitir recomendaciones al CSN para mejorar la transparencia, el acceso a la información y la participación pública”, tal y como está establecido en la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. La próxima reunión del Comité asesor tendrá lugar, con carácter tentativo, a finales del próximo mes de noviembre.

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El Estudio de Impacto Ambiental de un aeropuerto no considera un almacen nuclear que se encuentra junto a él

El cementerio está en la comunidad de Santa María Maquixco desde hace 49 años.

El cementerio nuclear está a 14 km de Santa Lucía pero no fué tenido en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental.

El sitio funciona desde hace 49 años sobre 16 hectáreas de la comunidad de Santa María Maquixco, municipio de Temascalapa, Estado de México.

Queda al descubierto que el cementerio se encuentra sobre un acuífero que suministra a millones de personas.

En sus más de 900 cuartillas, el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, no menciona la existencia de este Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER), ubicado en el centro del acuífero Cuautitlán-Pachuca, ubicado a 13 kilómetros 630 metros en línea recta hacia el noreste del futuro Aeropuerto Felipe Ángeles.

De acuerdo con Excélsior, durante una sesión pública donde se dio a conocer el MIA, el 30 de mayo de 2019,en la escuela primaria Pedro Rodríguez, de Zumpango, Estado de México, un efectivo del Ejército mexicano en menos de 48 segundos, según el video de la sesión, acabó con el tema.

El militar se paró atrás del teniente coronel Luis Enrique Calderón responsable del proyecto, por parte de la Sedena y leyó:

“Sí, este… buenos días… el señor Juan Rivera, vecino del poblado de Temascalapa, pregunta que si en la zona de amortiguamiento del área noreste del proyecto, dice que se cuenta con un panteón nuclear y que está sobre los conos de aproximación.  Revisando la cartografía encontramos que Temascalapa se encuentra en el área noreste, aproximadamente a ocho kilómetros de lo que serían los umbrales de las pistas, que normativamente valúan pendiente de 3 % y tendríamos una altura de 250 metros. Pensamos que si bien en el momento no lo hemos considerado, lo podemos revisar a bien de que quede plenamente corroborado, gracias”.

 

La semana pasada, Agustín Gaspar Buenrostro Massieu, juez de distrito, del juzgado décimo tercero de distrito con sede en Naucalpan, Estado de México, concedió una suspensión definitiva a la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, en tanto no tenga la anuencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre los monumentos arqueológicos y tenga una conclusión del Manifiesto de Impacto Ambiental.

Por “razones de seguridad nacional”, la Secretaría de Energía (SE) se negó a revelar qué “fuentes” se almacenan ahí, según una minuta de trabajo del 19 de enero de 2019, de la cual Excélsior tiene copia.

Este panteón radiactivo, como lo conoce la gente de la zona del municipio de Temascalapa, Estado de México, formalmente es el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (Cader), aunque en su primeros años de operación se denominó Centro de Recolección, Tratamiento y Almacenamiento de Desechos Radiactivos de Bajo Nivel (CRTADRBN), según el ingeniero Sergio Zorrilla Romero, gerente de Seguridad Radiológica del ININ, que a mediados de octubre de 1986 participó en un seminario de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en Río de Janeiro, Brasil y ahí se refirió a ese centro como CRTADRBN.

DESDE 1989 NO SE ENTIERRA EL MATERIAL

Un documento del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), que tiene a su cargo el llamado panteón radiactivo, define la vocación de éste así:

“Tiene como función confinar temporalmente los desechos radiactivos provenientes de todo el país, con excepción de los generados en la Central de Laguna Verde (CLV) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuya gestión la realiza la propia Central”.

En ese terreno están almacenadas toneladas de “desechos radiactivos de baja y mediana actividad proveniente de actividades no energéticas de la energía nuclear, industria, medicina”,

según la Secretaría de Energía, aunque no especifica cuáles son los agentes químicos.

En un documento de octubre de 1998, el ININ, informó que en el Cader yacen sustancias como americio-241 (químico para radiografías), carbono-14 (para determinar edades), cesio-137 (apareció en Chernobyl), cobalto-60 (para esterilización de equipo médico), estroncio-90 (parte de reactores nucleares), fierro-55 (para elaborar medicamentos) e iridio-192 (para radiografía industrial), radio-226 (para aplicaciones médicas y químicas), tecnecio-99 (mayor uso en la medicina nuclear), yodo-131 (se usa en la medicina nuclear), yodo-125 (para trazar imágenes nucleares, entre otros.

El Cader, según un informe del año 2000 de la Dirección de Investigaciones Tecnológicas del ININ, cuenta con tres almacenes de superficie y una zona de cinco trincheras de 190 metros de longitud con diferentes profundidades, que van de 1,5 a 2,5 metros. Estas trincheras fueron utilizadas de 1970 a 1989, año en que fue suspendida la práctica de enterrar los desechos radiactivos, para cumplir con las indicaciones de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), conforme a la evolución de la normativa aplicable.

Desde 1993, la CNSNS requirió al ININ elaborar la estrategia y el programa para la recuperación de los desechos radiactivos depositados en las trincheras del Cader.

LA RADIACTIVIDAD  ENFERMA GENTE AHÍ

La investigación para poner en marcha este centro, inició en las presidencias de Adolfo López Mateo (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970); empezó a operar a finales de la administración de Díaz Ordaz, inicialmente sobre 14,7 hectáreas de la comunidad de Santa María Maquixco, municipio de Temascalapa, Estado de México, compradas por el gobierno federal en julio de 1970. En 1993, durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari se compraron otras 1,7 hectáreas más.

Juan Antonio Medina Austria, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, afirmó a Excélsior que desde hace 49 años esos materiales radiactivos han contaminado el acuífero Cuautitlán-Pachuca, de donde se abastecen de agua 36 municipios del Estado de México, 4 del estado de Hidalgo y la alcaldía de Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, según el MIA, elaborado como requisito indispensable para la construcción del aeropuerto General Felipe Ángeles en Santa Lucía.

Medina Austria afirmó que gente de esa región ha muerto de cáncer y otras han nacido con malformaciones, aunque aceptó no tener pruebas científicas de estas afirmaciones, ya que nunca se ha hecho un estudio a fondo. Aunque en distintos informes del ININ se habla de verificaciones al agua, suelo, aire y a personas.

Medina Austria solicitó a la Secretaría de Energía que expertos de la UNAM realicen estudios de agua, aire y suelo para conocer el nivel de contaminación radiactiva de la zona.

Personas de algunas comunidades de la región cercana al panteón radiactivo han visto en los últimos años el aumento de padecimientos renales, principalmente entre población joven. Solo en la comunidad de  San Miguel Atlamajac, de Temascalapa, hay nueve pacientes con insuficiencia renal.

El 28 de diciembre de 2018, desde la subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales recibió respuesta a sus peticiones hechas 24 días antes, para que se hiciera un estudio ambiental y para pedir atención a enfermos de cáncer de la región.

Sobre los estudios ambientales, la Secretaría de Energía le dijo que lo podían hacer por su cuenta y que se gestionara una solicitud ante el ININ para que conozcan los programas de vigilancia radiactiva ambiental del lugar.

Sobre los enfermos de cáncer, la SE respondió: “Con respecto al apoyo a los enfermos de cáncer y otras enfermedades en los municipios cercanos al Cader se hace notar que esta Secretaría de Energía no cuenta (con) las facultades y atribuciones al respecto. Por lo que se sugiere orientar al señor Medina Austria formule su requerimiento de apoyo a la Secretaría de Salud”.

EL ACUÍFERO

El acuífero Cuautitlán-Pachuca sobre el que está el panteón radiactivo abastece de agua a 7,5 millones de personas y tiene una superficie de 2 mil 850 kilómetros cuadrados que, según el MIA “representa 60% del área del Sistema Ambiental Regional, y a otros les corresponde el 40 %”.

En el documento de más de 900 páginas que presentó la Sedena y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, como Manifiesto de Impacto Ambiental, además de omitir la existencia y operación desde hace 49 años del Cader, como un probable o no, agente contaminante del agua, suelo y aire.

Hasta 2002, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tenía registrados 207.000 pozos de agua para abastecer a 4 millones y medio de personas. El MIA no da cuenta tampoco de cuántos pozos existen en el acuífero Cuautitlán-Pachuca.

El 30 de abril de 2002, la Subdirección General Técnica de la Conagua emitió una determinación de disponibilidad de agua en el acuífero Cuautitlán-Pachuca. Según las cuentas de la Gerencia de Aguas Subterráneas de la dependencia federal, “no existe volumen disponible para nuevas concesiones en la unidad hidrogeológica denominada Acuífero Cuautitlán-Pachuca”.

Uno de los últimos hechos que pusieron en la luz pública la existencia del panteón radiactivo de Temascalapa fue a finales de 2013, cuando fue robada una fuente de cobalto-60 que viajó desde Tijuana hasta el Estado de México.

Claudia Solera, reportera de Excélsior, reconstruyó el hecho.

Contó como faltando 19 kilómetros para llegar a su destino, después de haber recorrido unos 1.800 kilómetros, el chofer de un camión de mudanzas fue atacado por un grupo de hombres armados y despojado del cargamento, al parecer sin saber de qué se trataba. Por lo que después lo abandonaron con la carga radioactiva.

Fue tal la alarma y el operativo en un ejido del municipio de Hueypoxtla, donde se encontró el material radiactivo proveniente de una clínica del IMSS, que hasta robots se tuvieron que usar para el transvase del material y poder ser llevado al llamado panteón radiactivo.

Los datos

En un documento de octubre de 1998, el ININ, informó que en el Cader yacen sustancias como:

  • Americio-241 (químico para radiografías).
  • Carbono-14 (para determinar edades).
  • Cesio-137 (apareció en Chernobyl).
  • Cobalto-60 (esterilización de equipo médico).
  • Estroncio-90 (parte de reactores nucleares).
  • Fierro-55 (para elaborar medicamentos).
  • Iridio-192 (para radiografía industrial).
  • Radio-226 (para aplicaciones médicas y químicas).
  • Tecnecio-99 (mayor uso en la medicina nuclear).
  • Yodo-131 (se usa en la medicina nuclear).
  • Yodo-125 (para trazar imágenes nucleares, entre otros.

 

Fuente: Excelsior