González Mantero la vuelve a liar: La Junta de Castilla y León eludió estudiar el impacto que tendría la mina de uranio en Salamanca sobre tierras portuguesas.

El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha indicado que los permisos que faltan “son exclusivamente ya para la parte relacionada con la planta de beneficio, que son de competencia estatal”.

Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) han conocido que fue la Junta de Castilla y León quien eludió estudiar el impacto que tendría la mina de Retortillo (Salamanca) sobre tierras portuguesas, sin realizar estudio radiológico alguno.

Según ha podido saber Ecologistas en Acción, el Gobierno ha reconocido en una respuesta parlamentaria que ha sido la Junta de Castilla y León (JCL) quien omitió realizar estudios de impacto ambiental transfronterizos, y ello sin contar con la asesoría del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, por tanto, sin realizar estudio radiológico alguno.

Este hecho es grave por varios motivos.

En primer lugar, porque la Declaración de Impacto Ambiental realizada por la Junta de CyL es escandalosa al minusvalorar los impactos que la mina y la fábrica de concentrados de uranio tendrían sobre el medio ambiente y la salud. En particular, permite la instalación de una enorme cinta transportadora de mineral sobre el río Yeltes, que aporta sus aguas al río Duero, no realiza una buena clasificación de los residuos radiactivos y no contempla el peligro que supone la dispersión de polvo radiactivo y del gas radón en el medio ambiente.

En segundo lugar, la decisión de que no hacía falta contactar con Portugal debería haberse tomado al más alto nivel del Estado español y no por un gobierno autonómico que no tiene competencia alguna en relaciones internacionales. Aunque la Junta de CyL debiera haber elevado el expediente o haber hecho consultas al ministerio correspondiente.

Y en tercer lugar, esta decisión debería haberse tomado tras la realización de un estudio radiológico que excluyera toda posibilidad de que la contaminación radiactiva alcanzara las tierras portuguesas. Este estudio debería haber corrido a cargo del CSN, que es la máxima autoridad en seguridad nuclear y protección radiológica en nuestro país. Sin embargo, el Gobierno de Castilla y León no consultó al CSN para excluir el impacto transfronterizo, aceptando de forma inexplicable que dicho impacto no existía.

Para Ecologistas en Acción y el MIA resulta obvio que ese impacto existe puesto que el polvo producido en las actividades de minería y los vertidos que se produzcan por el lavado de mineral van a alcanzar el río Yeltes llegando finalmente al río Duero, que baña tierras portuguesas y que pasa por zonas de gran riqueza vinícola, como los vinos Dao o los vinos do Porto. Asimismo, la contaminación de la mina podrá alcanzar también Portugal, dependiendo de la fuerza y dirección del viento.

Por todo ello, para Ecologistas en Acción resulta inaceptable que el Gobierno portugués no haya sido consultado antes de poner en marcha el proceso de licenciamiento de la mina, así como que el Gobierno español mantenga este proyecto. Lo ocurrido en Retortillo se asemeja a lo que pasó con el cementerio nuclear (Almacén Temporal Individual, ATI) de la central nuclear de Almaraz, que se puso en marcha también sin consultar al Gobierno portugués. Esta consulta se produjo a posteriori, evitando que se hicieran sugerencias y alegaciones en el estudio de impacto ambiental.

Con Ricardo González Mantero cualquier actividad perjudicial tiene el pase

El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha indicado, sobre los trámites para la nueva explotación de uranio en Retortillo (Salamanca), que los permisos que faltan “son exclusivamente ya para la parte relacionada con la planta de beneficio, que son de competencia estatal”.

En su visita a Salamanca, para intervenir en la inauguración del XIV Congreso Anual de la Asociación Nacional de Compañías Distribuidoras y Productoras de Energía Eléctrica (CIDE), González Mantero, como responsable de minas en el Gobierno autonómico, ha dicho: “Apoyo la minería y apoyo también esa mina”.

En cuanto a los opositores, ha remarcado que el proyecto de Berkeley en Retortillo está recibiendo “todos los permisos” dentro de “una tramitación sujeta a actos debidos y con una regulación, además, que exige tener multitud de autorizaciones” y “todas ellas se están obteniendo”.

Respecto a si se está informando convenientemente a la Comisión Europea, ha señalado: “tengo entendido que sí”. Y, sobre los efectos en la salud de los vecinos, ha reseñado que son estudios que competen al Consejo de Seguridad Nuclear, y “así se ha hecho en sucesivos informes al respecto”.

Una mina de uranio atravesará un área protegida en Salamanca

La explotación está ubicada apenas a un kilómetro del balneario, en medio de un bosque mediterráneo de gran valor ecológico y ambiental. De hecho, existen dos directivas europeas que protegen la zona dentro de las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). Pero estas no han sido obstáculo para que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitiese, el 25 de septiembre de 2013, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto.

Una “decisión precipitada e incomprensible”, según José Luis Moreno, presidente de la plataforma Stop Uranio; y que choca, además, con la prudencia que sí ha tenido la Comisión Europea al conocer el proyecto, que ha decidido abrir un expediente informativo en respuesta a la denuncia interpuesta, el pasado 30 de agosto, por Stop Uranio.

Esta plataforma denuncia que Berkerley “incumple el Programa General de Medio Ambiente de la UE de horizonte 2020”, por el que se pretende “que el capital natural esté protegido y mejorado, además de que se salvaguarden la salud y el bienestar de los ciudadanos”. La Comisión aún está recabando datos y no ha decidido si llevará el expediente adelante.

SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMENTO DE URGENCIA DE BERKELEY EN RETORTILLO.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, se abre un periodo de información pública de quince días, publicando este anuncio en el <>, en el << BOP de Salamanca>>, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia de Salamanca, en este caso en la Gaceta de Salamanca, para que cualquier persona pueda aportar por escrito datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada y oponerse, por razones de fondo y forma, a la necesidad de ocupación, según dispone el artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa.
A estos efectos el expediente se exhibirá, para su examen en la Dirección General de Energía y Minas ubicada en la Avda. Reyes Leoneses n.º 11 de León y en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Salamanca, en C/ Príncipe de Vergara, 53-71 de Salamanca.
León, 2 de octubre de 2017.–El Director General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.

El alcalde de Retortillo del PP tuvo que dimitir por intereses personales

Los dos concejales del PP, Andrés Matías y Eustaquio Martín, trabajan para Berkeley, y el anterior alcalde, Javier Santamartina, también del PP, vendió en 2012 una finca de su propiedad a la compañía aminera por 197.000 euros, el doble de su precio de mercado para instalar allí sus oficinas. Esta operación se cerró meses después de que la minera iniciara la tramitación de los permisos ante la Junta y ante el propio Ayuntamiento.  (seguir leyendo)

 

Fuentes:   ecologistasenaccion.org

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¿Que es el chiringuito financiero Berkeley?

“¡Ni en tu pueblo ni en el mío!”: se intensifican las protestas contra el cementerio nuclear

Cientos de ciudadanos marchan por novena vez a Villar de Cañas, localidad donde pretende construir el basurero nuclear el Gobierno de Rajoy, que para este año quiere conceder los permisos y multiplicar su presupuesto. En los próximos meses, más movilizaciones.

“¡Ni en tu pueblo ni en el mío!”, es el grito unánime de las más de 300 personas que este domingo participaban en la IX Marcha a Villar de Cañas para protestar contra el cementerio nuclear que pretende construir el Ejecutivo central en esta localidad conquense.

Una marcha contra el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que partía, como en sus ocho ediciones anteriores, de la urbanización Casalonga, para desde allí pasar por los terrenos elegidos para albergar el basurero nuclear y dirigirse desde allí hacia Villar de Cañas, donde se daba lectura al manifiesto.

Bajo el lema “No al cementerio nuclear. Ni en tu pueblo ni en el mío” volvían a unir sus pasos y sus voces en esta marcha, que sin perder su ambiente lúdico y acompañados del son de las dulzainas, acortaba este año ligeramente su recorrido.

Movilización con la que manifiestan, una vez más, el rechazo a la construcción del ATC en la zona, defendiendo así la “dignidad” de los vecinos de los pequeños municipios del entorno de Villar de Cañas. Y es que, como recordaban en una de sus pancartas, “la vida digna no cabe con el cementerio nuclear”.

Vecinos que ven que, a la amenaza de la despoblación, se suma la del basurero radiactivo, la cual condiciona más aún sus esperanzas de futuro.

En este sentido, desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca recuerdan cómo hace tan solo un mes se confirmaba la presencia de radionucleidos en las aguas subterráneas cercanas a la central nuclear de Ascó. Una situación que ha puesto en primer plano la posibilidad de un accidente similar en caso de que el ATC se construya finalmente en Villar de Cañas, al ser conocida y contrastada su vulnerabilidad geológica.

Posible accidente que es el punto de partida de la trama del corto titulado ‘La Fuga’, actualmente en elaboración. Una escena que recrearon los participantes en la marcha celebrada este domingo al final de la misma. Paraguas negros, maletas y mascarillas para recrear esa marcha forzada de sus pueblos que los vecinos de esta zona de la provincia de Cuenca esperan que nunca se tenga que hacer realidad.

Sin embargo, el proyecto podría estar a punto de dar un paso más hacia delante, puesto que a pesar de que los terrenos elegidos no son aptos, a finales del próximo mes de julio el ATC podría tener el segundo informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Un “empecinamiento” del Gobierno de Mariano Rajoy, respecto a la construcción del ATC, que sus detractores rechazan, “puesto no es necesario al existir ya almacenamiento temporal seguro para los residuos nucleares”.

Desde el colectivo consideran que para la gestión de los residuos nucleares el primer paso debe ser no generarlos, para lo cual sería preciso proceder al cierre progresivo de las centrales nucleares. A partir de ese momento, y una vez conocido el volumen de residuos, consideran que se debería abrir el debate sobre cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde el punto de vista económico, social y ambiental, pensando fundamentalmente en un almacenamiento definitivo.

Un debate que desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear consideran debe ser “público y transparente”, y mantenerse “el tiempo necesario que requiere una decisión de tal calibre”.

Junto a los vecinos “anónimos” que volvían a sumarse a esta marcha en defensa de la dignidad y el futuro de sus pueblos, también participaban en esta novena edición numerosos representantes del ámbito político y social.

Entre ellos representantes del Gobierno regional, que mantiene su férrea oposición del ATC al considerar que Cuenca no necesita un cementerio nuclear y sostener que seguirán trabajando para evitar su instalación. Un mensaje que trasladaban con su presencia el delegado de la Junta de Comunidades en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, y el director provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado.

Una representación que a nivel de partido encabezaba la diputada autonómica Carmen Torralba, acompañada de numerosos compañeros del PSOE conquense, algunos de ellos concejales de la zona.

También entre los políticos marcharon junto a los vecinos el parlamentario y portavoz de Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, el líder castellano‑manchego de IU, Juan Ramón Crespo, y el presidente nacional del Partido Castellano, Pedro Manuel Soriano.

Junto a todos ellos, representantes de colectivos antinucleares de Madrid y Castilla-La Mancha, pertenecientes al Movimiento Ibérico Antinuclear, así como miembros de varios grupos de Ecologistas en Acción de toda la región y de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Guadalajara.

Una amplia participación que era valorada por los convocantes, que destacaban la gran presencia de personas no adscritas a ninguna organización, especialmente de la comarca de Villar de Cañas.

EL ÚNICO INTERÉS DE RAJOY EN LA REGIÓN

A esta oposición a la construcción del cementerio nuclear se contrapone el nuevo impulso que se pretende dar al proyecto desde el Gobierno central. Un Ejecutivo de Mariano Rajoy para el que el ATC de Villar de Cañas se ha convertido en su principal interés.

Así se deduce de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, que de los 589 millones de inversión que anuncian para la región, casi 145 van destinados únicamente al cementerio nuclear, es decir, el 24,5 por ciento del total.

Se trata de más del 70 por ciento de la inversión prevista para la provincia de Cuenca, a la que proponen destinar 205 millones en su conjunto, de los cuales 144,5 irán al silo nuclear. Una muestra del ‘impulso’ que desde el Ejecutivo, del que forman parte la expresidenta autonómica María Dolores de Cospedal y el diputado por Cuenca Rafael Catalá, pretenden dar al ATC tras haber quedado reducida a 10 millones en los presupuestos de 2017.

Cifra con la que se compensa el ‘recorte’ del ejercicio pasado, y se supera la previsión planteada en 2015 que estimaba para este 2018 una inversión de 69,7 millones.

Una ‘apuesta’ por la instalación del cementerio nuclear en la provincia de Cuenca contra la que desde la Plataforma están dispuestos a seguir luchando. Movilizaciones contra el ATC que tendrán continuación y se intensificarán en los próximos meses.

Fuente: periodicoclm.es

12 razones para la desconexión nuclear

Un mes antes de la huelga feminista, las mujeres que de una u otra forma (profesional o activista) nos movemos en torno a la energía, nos dimos cita en Bilbao para reflexionar juntas y una de las cosas que sacamos en claro fue que desde un planteamiento ecofeminista la energía debe ser un derecho y no un bien de consumo. Teniendo siempre claros los límites del planeta en el uso que hagamos de la misma. Obviamente desde esta perspectiva sólo las energías limpias tienen cabida, sin embargo te traigo aquí algunos argumentos que pueden resultar útiles en un debate convencional entre personas que no tengan tan claros los principios de la ecodependencia y la interdependencia.

El pasado 8 de marzo vivimos una huelga sin precedentes, algo que muchas de nosotras no hubiéramos imaginado ni en nuestros mejores sueños. Y vimos como las calles se llenaban de mujeres, y de hombres, que pedían un cambio en la forma de entender la vida y las relaciones. El manifiesto feminista decía: “Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas”.

Una de las formas de gritar bien fuerte es gritar pidiendo el cierre de las centrales nucleares, porque no podemos decir que queremos cuidar el planeta y a la vez producir/consumir una energía que pone en peligro la biodiversidad cada segundo que pasa.Un mes antes de la huelga feminista, las mujeres que de una u otra forma (profesional o activista) nos movemos en torno a la energía, nos dimos cita en Bilbao en el I encuentro Género y energía para reflexionar juntas y una de las cosas que sacamos en claro fue que desde un planteamiento ecofeminista la energía debe ser un derecho.

Teniendo siempre claros, por supuesto, los límites del planeta en el uso que hagamos de la misma. Obviamente desde esta perspectiva sólo las energías limpias tienen cabida, sin embargo te traigo aquí algunos argumentos que pueden resultar útiles en un debate convencional, entre personas que no tengan tan claros los principios de la ecodependencia y la interdependencia.

Estas son doce razones argumentadas para exigir la desconexión nuclear. Comencemos por el principio:1.- La extracción del uranio
Cuando abres una mina encuentran rocas con un gran cantidad de este mineral que puede contaminar el aire, el agua y la tierra. Bruno Chareyron

Aproximadamente, por tonelada de uranio, se generan 3.700 litros de residuos líquidos. A lo que añadimos los residuos sólidos de radio (elemento que da el nombre a la radioactividad) y otros elementos, que suponen unas cien veces el peso del material obtenido; una mezcla donde hay restos de ácido sulfúrico, bióxido de manganeso, carbonato e hidróxido de sodio, cromo, cobalto, cobre, hierro, isodecanol, molibdeno, níquel, radio 226, radio 222, vanadio, y algo de uranio aún. Los compuestos radiactivos poseen una vida media que, en algunos casos, se cuenta en miles de años.

Para extraer el uranio se dinamitan cientos de hectáreas para poder acceder al mineral que de forma natural se encuentra diseminado. Una vez reunido se muele y se realiza la lixiviación para lo que es necesario el ácido sulfúrico que ayuda a decantarlo. En el proceso de decantamiento ya tenemos emisiones de radiaciones ionizantes alfa, beta y gamma, y metales pesados solubles en ácido y gas radón 222. Pero ya hemos obtenido el uranio y algunos otros elementos como el torio, radio, protactinio, plomo, polonio.

Todas sabemos que el uranio obtenido en este proceso es altamente cancerígeno, lo sabemos de forma natural al observar a las personas que viven cerca de estas minas y a quienes las trabajan. También lo sabemos por las pruebas realizadas en animales. Sin embargo, no se ha descrito ningún tipo de cáncer en seres vivos como resultado de la exposición al uranio natural o empobrecido.

Aunque sabemos que el uranio empobrecido (U-238) se utiliza en la industria armamentistica. Este tipo de uranio que tiene una vida media de 4.500 millones de años.

2.- Los reactores nucleares liberan radiactividad en el aire y en el agua de forma continua para su correcto funcionamiento
Sin necesidad de accidentes, aunque nos hacen creer lo contrario, las centrales nucleares mantiene un flujo pequeño pero constante de fluido que expone a todas las criaturas vivas a las radioactividad que pasa por la tierra, por el agua y por el aire.

Para su correcto funcionamiento deben liberar isótopos radiactivos en pequeñas cantidades.

3.- Los residuos nucleares se mueven de un lugar a otro.
Mover los residuos nucleares es un actividad de alto riesgo y sin embargo es algo que se hace de forma continuada porque los tratamientos necesarios para su almacenaje rara vez pueden realizarse en el mismo lugar en que se producen. Los residuos generados en España deben viajar a Francia, y regresar, antes de poder ser almacenados

4.- Almacenar residuos durante miles de años de forma permanente
Vamos por la cuarta razón para la desconexión nuclear y seguimos hablando de residuos. La verdad es que desconocemos aún cuál puede ser el método seguro que permita almacenar residuos nucleares. Por supuesto, no tenemos ni idea de como eliminarlos o al menos neutralizarlos de forma segura. Ya en 1977 el presidente estadounidense Jimmy Carter tomo medidas para detener la producción y en un artículo del periódico El País de octubre de 1985 se cita el Informe Flowers (sexto informe de la Comisión Real del Reino Unido sobre Contaminación Ambiental, septiembre 1976) concluía emitiendo un veredicto crucial: “No debería permitirse un compromiso con un amplio programa de energía nuclear (sería irresponsable y moralmente equivocado) hasta que no haya sido demostrado, por encima de cualquier duda razonable, que existe al menos un método que garantice la seguridad del almacenamiento de los residuos altamente radiactivos para el futuro indefinido”.
Estas cuestiones continúan sin respuesta.

5.- Nuestra salud o la de cualquier ser vivo
Los problemas de cáncer son la parte más visible de la cercanía a minas, centrales nucleares o cementerios de residuos. La leucemia es una de las enfermedades que suelen estar asociadas a la contaminación del cuerpo con uranio enriquecido (diferenciar del natural o empobrecido). La ingestión de la manera que sea, de grandes cantidades de uranio daña los riñones e impide su funcionamiento. También el cáncer de la glándula tiroides (uno de los órganos del cuerpo más sensibles a la radiación), es habitual.

Las radiaciones ionizantes no controladas provocan alteraciones en el ADN.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de forma normal una persona recibe unos 3 milisieverts (unidad que mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva) en un año normal, el 80% a través de fuentes naturales de radiación y el resto a través de procedimientos y pruebas médicas.

No debemos olvidar que la radiación reduce el número de glóbulos blancos y eso nos hace más vulnerables a las infecciones.

6.- DDHH
Las normas sobre la seguridad en lo relativo al contacto con la radiación se están relajando de forma permanente. Cada nueva regulación es más laxa que la anterior, lo que significa que cada vez estamos más expuestas.
Los residuos siempre se llevan para su almacenamiento a zonas económicamente empobrecidas, lo que hace que sean las poblaciones más vulnerables las que, por una compensación económica, se arriesgan a vivir cerca de una fuente de radiación que va a durar miles de años. Si le sumamos lo anterior, parece que en lo que respecta a la energía nuclear, las clases sociales existen y los DDHH son continuamente vulnerados.

7.- Derechos medioambientales
En 1972 se comenzó a hablar de los derechos medioambientales durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo. Se habla de la necesidad de un entorno humano saludable. Y puede parecer que Naciones Unidas tiene bonitas palabras que nunca se pueden llevar a la práctica, pero en estos días en que la Constitución Española de 1978 está tan de moda, es bueno recordar que en su artículo 45, establece que tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, y que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

8.- Derechos Animales
Los animales no humanos con quienes compartimos el planeta tienen derechos, aunque no exista un documento que lo ponga por escrito. Los animales silvestres necesitan un entorno adecuado para el digno desarrollo de su vida. Las minas a cielo abierto, o el sobrecalentamiento constante del agua en la que viven o de la que beben, son aspectos que perturban gravemente el desarrollo de sus vidas.

Durante milenios el pensamiento occidental ha justificado la intervención en el medio natural y las consecuencias negativas para el resto de seres vivos, amparándose en una supuesta superioridad basada en una jerarquización de la vida. Cualquier acción humana realizada para nuestro propio interés, estaba por encima del interés de animales y plantas. Ya no podemos continuar amparándonos en este tipo de excusas, nuestra naturaleza biológica deja en claro que somos animales y nuestra ética debe ponernos en nuestro lugar, osea en un plano de igualdad respecto al resto de la vida en el planeta.

9.- Económicas 
Donde se produce un accidente nuclear no hay otra opción que abandonar el lugar. Tenemos el ejemplo de Chernobyl, actualmente un paraje abandonado, pero que significa un elevado coste monetario de más de 350 mil millones de dólares.

A partir de los 30 años de funcionamiento, cuando se amortizan la centrales nucleares, los propietarios de éstas pagan 1,5 € por kWh producido, mientras que lo venden a unos 5,5 € al mercado de la electricidad. Una empresa así es el sueño de cualquier capitalista, pero está fuera de cualquier otro análisis económico donde además del capital se ponga en el balance el coste en el bienestar de las personas, de los animales y del equilibrio ecológico.
Además, la obtención de kilovatios a través de centrales nucleares requiere la importación de uranio, que según datos del Foro Nuclear procede de Rusia en un 45%,Australia 22%, Níger en un 20% y el resto se reparte entre Kazajistán, Canadá, Sudafrica y Ucrania.

Según el Foro Nuclear , el uranio para alimentar a las centrales nucleares está garantizado durante los próximos 100 años, lo que desde el punto de vista de la economía feminista, significa que se acaba en tres generaciones. Osea, mañana mismo.

10.- La solidaridad intergeneracional
Creo que queda claro que la energía nuclear, desde su comienzo hasta su no-final, puesto que los residuos permanecen radiactivos durante miles de años, es uno de los mejores ejemplos de todo lo que de perverso hay en nuestra sociedad. Mantener la energía nuclear, cuando no sabemos manejar de forma segura los residuos que produce, delega en las generaciones futuras el riesgo, las consecuencias y la responsabilidad de gestionarlos.

11 .- Falta de transparencia
La desinformación es la norma en las zonas donde existe minería de uranio, centrales nucleares o puntos de almacenaje. La información que nos llega es gracias a filtraciones y lo más habitual es que los máximos responsables no acuden cuando son citados.

Aunque el CSN se define como un ente independiente de la Administración General del Estado que rinde cuentas al Congreso y al Senado, la verdad es que dilatan los periodos entre sus apariciones, a veces hasta dos años completos, y han ido relajando la normativa para la seguridad, dando así más facilidades a las grandes empresas energeticas, de las que también deberían ser independientes.

12.- Frena el desarrollo de las energías renovables
Uno de cada tres kilovatios utilizados en 2017 fue producido por el viento, el agua, el sol o la biomasa del territorio que compartimos. Sin embargo, esto no es una buena noticia, deberíamos producir más de esta energía limpia y a la vez replantearnos nuestro consumo, ya que nuestra dependencia energética está 20 puntos por encima de la media europea. Esta situación es la causa de que una buena parte de nosotras estemos expuestas al fenómeno llamado “pobreza energética”, dado que los precios que pagamos por la energía vienen impuestos por el mercado internacional.

En el estado español las importaciones han crecido un 18% en 2017 y el déficit energético ha aumentado un 30,4%, lo que nos aleja del objetivo con el que comenzábamos este artículo, entender la energía como un derecho.
Y quiero terminar con unas palabras en memoria de las casi dos mil encinas muertas en Retortillo. La vida de un árbol también debe ser defendida, un árbol tiene derecho a cumplir su ciclo y estas casi dos mil encinas perecieron en un acto de soberbia comercial, cuando Berkeley decidió darnos la impresión de que la mina a cielo abierto era un hecho incuestionable. Víctimas inocentes del marketing mal entendido, victimas inocentes de la prepotencia de unos animales que han olvidado que son solo una parte más en el delicado equilibrio de la vida: nosotros.

“No creo que llegue a ver jamás
un poema tan bello como un árbol”
Joyce Kilmer

Fuente:   elsaltodiario.com

El director de Cofrentes planta a las Corts y rechaza dar explicaciones sobre el proyecto de almacén nuclear

Tomás Lozano se escuda en que ya informó sobre esta cuestión en sus anteriores comparecencias, el 11 de julio de 2017 y el pasado 20 de febrero

El responsable de la planta había sido citado para explicar la situación de las instalaciones actuales de almacenamiento de residuos nucleares y sobre la ampliación prevista

La comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de las Corts Valencianes había citado al director de la central nuclear de Cofrentes, Tomás Lozano, para que explicara la situación de las instalaciones actuales de almacenamiento de residuos, así como sobre la ampliación prevista por medio de la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) “más allá de la vida útil” de la central. Sin embargo, Lozano ha rechazado comparecer en el parlamento valenciano al considerar “innecesaria” su asistencia.

El director de Cofrentes justifica su ausencia en el hecho de que “sobre esta cuestión” ya informó en sus anteriores comparecencias ante la comisión de medio ambiente, agua y ordenación del territorio el 11 de julio de 2017, cuando se describió “con detalle técnico el proyecto”, y el pasado 20 de febrero, cuando Lozano comunicó que la planta había notificado al Consejo de Seguridad Nuclear hasta una docena de incidentes en el último año, aunque estos no afectaron “ni a las personas, ni a la instalación, ni al medio ambiente”.

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La prohibición de arrojar residuos radiactivos al mar, a punto de expirar

Hace 50 años la sociedad gallega ya mostraba su preocupación por estos vertidos

Es fácil imaginar que si en pleno 2018 unos barcos empezaran a tirar bidones radiactivos en el Atlántico habría una reacción social de un tamaño incalculable. Precisamente este año en curso marca el punto final -o seguido- para la moratoria que entró en vigor en febrero de 1994 con el objeto de prohibir durante 25 años el vertido sistemático de residuos radiactivos, supuestamente de baja intensidad, en las zonas más profundas de este océano, muchas de ellas próximas a Galicia. Nada menos que 115.000 toneladas.

 

Entonces se decidió que se haría, antes de febrero del 2019 -cuando termina de forma efectiva la prohibición-, un amplio estudio científico para calibrar las consecuencias de aquellos vertidos masivos, que hoy, cuando la conciencia ecológica ha impregnado a casi todos los sectores sociales, serían impensables. A la luz de ese estudio, que deberían liderar los países que firmaron la enmienda a la Convención de Londres -que prohibía los vertidos- y la Organización Marítima Internacional, se decidiría si a partir del 2019 se continuaría con la prohibición. Pero no hay que preocuparse. No se van a gastar un duro en el estudio porque saben de sobra que en el momento actual jamás podrían permitir tal barbaridad. Y el informe estaba pensado para actuar de bálsamo tranquilizador sobre el efecto radiactivo de los vertidos, con el objetivo no confesado de tener una ventana para poder volver a legalizarlos. Ahora, además, hay sistemas de almacenamiento mucho más fiables.

Vertidos nucleares de diferentes paises

Volveremos más tarde sobre este asunto. Antes habría que recordar que los bidones radiactivos ya suponían una preocupación para la sociedad de finales de los años sesenta. En una noticia publicada en La Voz tal día como hoy de 1968 se aseguraba lo siguiente: «No existen riesgos de contaminación radiactiva de nuestras costas pesqueras». Este era el mensaje oficial en referencia al fondeo de residuos nucleares en una fosa oceánica situada a 450 kilómetros de la costa. En esta información se explicaba que estos restos, las primeras tandas que se decidió que fueran sumergidas en el mar a un mínimo de 4.000 metros de profundidad, «fueron colocados en recipientes especiales, de manera que soportasen perfectamente cerrados por lo menos diez años». Se daba por hecho entonces que los materiales guardados en estos compartimentos terminarían siendo liberados, aunque siempre se mantendrían, supuestamente, en unos niveles de contaminación que entonces se consideraban tolerables.

Poco o nada se ha preocupado la comunidad internacional y en concreto España por vigilar los efectos de estos vertidos desde el 2005, cuando se efectuó una amplia monitorización amparada por la Organización Internacional de la Energía Atómica. Hubo un intento de Alemania para realizar otra campaña amparada por la Convención sobre la Protección del Medio Marino del Atlántico Nordeste, pero finalmente se demoró la decisión.

Ahora la Organización Marítima Internacional, que debe velar por el cumplimiento de la Convención de Londres, no tendrá más remedio que prorrogar el veto de forma casi automática en febrero del 2019, pues la enmienda de la moratoria se decidió en 1993, pero entró en vigor en febrero de 1994 por un período de 25 años. «Sería escandaloso que no se continúe con la prohibición. No se puede controlar lo que depositas en el mar». Esta es la opinión al respecto de Jordi Bruno, una de las mayores autoridades españolas en residuos nucleares.

 

Durante este año debería estar ultimándose el estudio científico que prescribía la enmienda. Pero recientemente se decidió que se sustituiría por un dosier con la literatura científica acumulada sobre este asunto en los últimos años. A la luz de este informe se resolvió que no había razones para emprender otra monitorización radiológica de los vertidos, pues no darían lugar a conclusiones diferentes de las que habían sustentado la prohibición.

Fuente: lavozdegalicia.es

Energía tiene un agujero de 3.000 millones para desmantelar las centrales nucleares

Juan José Zaballa. Director de ENRESA

Un ¿fallo de previsión? hace que a la empresa pública Enresa no le basten los 5.000 millones acumulados desde 1985. El Ministerio de Energía quiere cargarlo a las eléctricas y éstas, al erario público

Las nucleares son las nuevas radiales. La empresa pública Enresa, encargada de desmantelar las centrales nucleares y dependiente de Energía, necesita más dinero. Mucho más. Dinero público. Enresa ha transmitido al Ministerio de Energía que si las nucleares cierran a los 40 años de vida, cosa que ocurrirá a lo largo de los próximos 10 años, necesitará unos 3.000 millones más para acometer los trabajos de cierre. Y eso, a pesar de que el plan de residuos vigente establece que el fondo acumulado por Enresa desde 1985 —unos 5.000 millones, que primero aportaron los consumidores y luego las eléctricas— debía ser suficiente. El Gobierno acaba de caer en el roto que supone el que las eléctricas hayan aportado de menos e intenta alargar la vida de las nucleares al menos 10 años o que sean ellas las que carguen con el desmantelamiento. No es la primera vez que las malas previsiones en el sector nuclear acaban cayendo sobre el contribuyente, y esa partida está en la trastienda de la guerra de Nadal con las eléctricas.

El pasado 31 de enero el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció en el Congreso su intención de que las eléctricas pagasen el desmantelamiento de las nucleares. Respondía así a la decisión de las eléctricas, que ya hablan abiertamente de cerrar las plantas cuando cumplan los 40 años de vida útil, plazo que vence entre 2023 (Almaraz I) y 2028 (Trillo). “España es el único país del mundo en el que el desmantelamiento de una central nuclear —no del resto, el resto sí es responsabilidad de la propia empresa— es responsabilidad de todos, a través de la empresa pública Enresa. […] ¿Qué ocurre? Que cuando se decide el cierre de una central, el propietario quiere abandonarla y dejársela a Enresa cuanto antes, y no acometer una serie de inversiones de predesmantelamiento que están obligados a hacer”. Y añadía que el resultado era que “ahora mismo el cierre de cualquier central —y estamos en el proceso del cierre de la central de Santa María de Garoña— supone una aportación adicional por parte del sector público”.

Asumía así que Enresa no tiene dinero para pagar el desmantelamiento de todas las centrales nucleares. Eso choca frontalmente con el Plan General de Residuos Radiactivos vigente, aprobado en 2006 —y no renovado desde entonces, pese a que estaba prevista su revisión a los cinco años—. El agujero tumba todo el sistema español de gestión de residuos nucleares. Desde los años ochenta, una parte del recibo de la luz iba destinada a un fondo de Enresa. Esta empresa pública debía encargarse del cierre de las nucleares y de la gestión de los residuos, y así lo hizo con Vandellòs I, cerrada tras un incendio en 1989, y con Zorita, clausurada en 2006 por un acuerdo político. En 2005, el Gobierno del PSOE cambió la ley para que ese fondo se nutriera de una tasa que pagaban las eléctricas en función de la producción nuclear. Así se cumplía el principio de que quien contamina paga.

El sistema tenía importantes lagunas, como considerar pasados 70 años la gestión de los residuos nucleares, activos durante miles de años, ya no iban a costar nada al Estado. Pero era una forma de ir tirando que se vendía como idónea. El Estado acumulaba un fondo y no dependía de las eléctricas para algo tan sensible como desmantelar el parque nuclear. Estas a su vez descontaban ante sus inversores riesgos futuros de los residuos. En teoría, el sistema cuadraba. Así lo dice el plan de residuos: “Las dotaciones al Fondo solo se pueden destinar a costear las actuaciones previstas en el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), y al concluir el periodo de gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las instalaciones contempladas en el PGRR, las cantidades totales ingresadas en el Fondo, a través de las distintas vías de financiación, deberán cubrir los costes incurridos de tal manera que el saldo final resultante sea cero“.

Sin embargo, antes de empezar, el sistema hace agua. Los plazos del cierre nuclear no pueden ser una sorpresa porque el “escenario de referencia” del plan de residuos ya preveía el cierre de centrales a los 40 años de vida. Sin embargo, fuentes del sector explican que Enresa ha trasladado al ministerio que necesitaría unos 3.000 millones si las centrales cierran al cumplir los 40 años. En realidad, es solo una estimación del orden de magnitud del agujero, ya que es un coste previsto hasta más allá de 2080 y puede variar enormemente en función de los tipos de interés, por lo que podrían ser 2.000 o 4.000. La cifra coincide con la estimación que hizo JP Morgan y que adelantó ‘El Independiente’.

El viernes pasado, ni Enresa ni Energía contestaron a las peticiones de información de este diario. En su comparecencia, Nadal apuntó que el desfase se debía a los bajos tipos de interés, que han hecho que el fondo de Enresa, que durante años han codiciado distintas administraciones, apenas rinda. “Es verdad que el fondo de Enresa depende enormemente de la evolución financiera del mismo. Es decir, en función de qué tipos de interés se están pagando —llevamos una etapa de bajísimos tipos de interés— el fondo Enresa está teniendo menores ingresos, menores intereses de los que inicialmente se habían previsto”, dijo el ministro.

Enresa puede alegar que ha habido imprevistos, ya que el almacén temporal centralizado de residuos debía estar listo en 2015 y aún está empantanado en los tribunales. Debido a ese retraso, ha tenido que construir almacenes temporales (básicamente, una losa de hormigón sobre la que van bidones con las barras de combustible gastado) en varias centrales. Eso explicaría un desfase, pero nunca de 3.000 millones sobre un fondo de 5.000. Como tampoco se explica únicamente con los bajos tipos de interés que ya llevan años. Además, el plan de residuos permitía al Gobierno revisar las tasas al alza mediante real decreto si veía que los ingresos no llegaban.

Distintos informes dejan pistas de cómo se ha formado bajo la alfombra el agujero para el erario público. En junio de 2012, nada más llegar el nuevo presidente de Enresa, la empresa hizo una revisión de costes y ahí ya afloraron 7.746 millones de sobrecoste en el tratamiento del combustible gastado sobre lo que preveía el sexto plan de residuos. A pesar de eso, las tasas que pagan las eléctricas no se actualizaron, por lo que el agujero siguió creciendo. En 2015, el Tribunal de Cuentas cifró el desfase en 1.500 millones y advirtió a Enresa de que debía revisar año a año las tasas nucleares para evitar estos desajustes, lo que habría supuesto elevar las tasas a las nucleares. En 2012, el Gobierno creó un nuevo impuesto a la producción nuclear, pero lo recaudado no se destinó a Enresa.

Enresa incluye en su última memoria un aviso a las eléctricas sobre el desfase: “Las necesidades de financiación futuras por las posibles desviaciones de las hipótesis del PGRR están plenamente garantizadas mediante la posibilidad de modificación de los tipos de gravamen que la ley prevé que se lleve a cabo mediante real decreto”. Fuentes del sector explican que las eléctricas han entendido perfectamente el mensaje y que ante un tasazo que les suponga pagar 3.000 millones más, prefieren cerrar como ya hicieron con Garoña.

La solución del ministerio es la intermedia. Alargar la vida de las nucleares al menos 10 años más para que siga fluyendo dinero hacia la hucha de Enresa y así paliar el agujero —y que se lo encuentren otros ministros—. Tras el cierre de Garoña, en España hay siete reactores nucleares que el año pasado produjeron el 21% de la electricidad, lo que la situó como la primera fuente de electricidad. Nadal asegura que su cierre encarecería el precio de la luz.

Es relevante que la cifra de 3.000 millones de agujero salga antes incluso de empezar a desmantelar las centrales (con los sobrecostes que se producen como norma en la obra pública) y suponiendo que después de 2070 el coste para el erario público será nulo. Nadie descarta que la factura crezca. Enresa ha reconocido “la dificultad que presenta la estimación de determinados costes sobre los que no hay experiencia previa, como es el caso del desmantelamiento de la central José Cabrera“. Esa es la nuclear de Zorita, un pequeño reactor semiexperimental en Guadalajara en desmantelamiento. Enresa además ha elegido unos terrenos con yesos para el almacén temporal, lo que puede disparar sus costes.

El agujero de Enresa no es el primero que el sector nuclear deja al erario público. Cuando en 1982 el PSOE llegó al Gobierno, las eléctricas estaban inmersas en un ambicioso plan nuclear que amenazaba con llevarlas a la quiebra. El Gobierno dictó entonces una moratoria nuclear que en realidad fue un rescate al sector. A cambio de compensaciones milmillonarias que se pagaron en el recibo durante 30 años, estas dejaron de construir Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II. El pasado nos alcanza.

Fuente: elconfidencial

El Ministro de la Industria propone traspasar a las eléctricas los fondos de Enresa para desmantelar las nucleares

 

Nuevo intento de traspasar dinero público a las empresas privadas que han generado el problema de los residuos nucleares.

¿Que ocurre cuando una empresa privada neoliberal gestiona algo? que busca su  mayor lucro, independientemente de las consecuencias económicas, sociales o ambientales a su entorno.

La empresa pública, con un fondo de 4.500 millones, seguiría gestionando los residuos, es decir, los mayores costes.

Con la medida, que incluirá en una proposición de ley, Nadal dice quiere frenar el cierre de centrales. La realidad es que hay que sumar puntos para buscar un cargo de político giratorio al terminar de ser ministro.

demás de los polémicos recortes a la retribución de las redes eléctricas y de gas que el Ministerio de Energía quiso introducir como enmiendas al proyecto de ley contra la sequía, el departamento que dirige Álvaro Nadal había planteado una tercera enmienda para obligar a las eléctricas a desmantelar sus centrales nucleares. Una función que tiene reservada desde su creación la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Aunque estas tres enmiendas acabaron fuera del citado proyecto de ley, al no contar con el respaldo del Grupo Socialista, el ministro no ha tirado la toalla y ha decidido incluir estas medidas en una proposición de ley que presentará próximamente el Partido Popular. La relativa al desmantelamiento de las centrales nucleares, a la que ha tenido acceso CincoDías, supondría un cambio radical de la actual situación, pues plantea el trasvase de la función del desmantelamiento de las plantas que ahora corresponde a Enresa a los titulares de las plantas (las grandes eléctricas). Y, lo que es más relevante, la cesión del fondo de 4.500 millones de euros que durante años ha acumulado la empresa pública para la gestión de los residuos radiactivos (función que mantendría) y el desguace de las centrales.

Según el texto de la propuesta, titulado “Modificaciones de rango legal para traspasar la función de desmantelamiento de Enresa a los titulares de centrales nucleares”, el Gobierno se propone transferir a las eléctricas “la obligación de llevar a cabo el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares”. Al mismo tiempo, añade, se le transferirá “la parte equivalente del fondo del que dispone Enresa para realizar esta actividad, exigiéndosele determinadas cautelas, tanto para la conservación de los fondos recibidos con esa finalidad, como para la dotación del total de fondos requeridos para el citado desmantelamiento”.

La propuesta responde a la intención del ministro de Energía de poner trabas a eléctricas que, como Iberdrola, amenazan con cerrar sus nucleares por no considerarlas rentables. Sin embargo, un cambio tan drástico es calificado de “altamente peligroso”, tanto entre fuentes del sector como del propio Gobierno del PP. Y, sobre todo, “difícil de controlar y valorar”.

ENRESA

Además, recuerdan las mismas fuentes, hasta 2005, los fondos de Enresa fueron aportados por los consumidores en la factura de la luz y a partir de ese año el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió cobrarlo a las empresas a través de tasas. Por tanto, “una parte sería de los usuarios”, añaden.

Enresa es la empresa pública (tutelada por el Ministerio de Energía) responsable del desmantelamiento de las centrales atómicas. Hasta el momento, la compañía ha dirigido los desmantelamientos de Vandellós I (clausurada tras un grave accidente en 1988 y cuyo sarcófago no se desmontará hasta 2028); la de José Cabrera (Zorita), en Guadalajara, y ya ha recibido la titularidad de la central de Santa María de Garoña, cuyo cierre fue decretado el pasado verano. Esta se vería afectada por la nueva ley, si esta prospera.

Según la actual normativa, que el ministerio pretende cambiar, Enresa se convierte en titular de las plantas una vez que se cierran y en tanto termina el desmantelamiento, momento a partir del cual le devuelve a las eléctricas los terrenos.

La medida implicaría la modificación de la Ley de Energía Nuclear, de 1964, y la Ley del Sector Eléctrico, de 1997, y con ella el Gobierno dice aspirar “a incrementar la eficiencia del desmantelamiento, ya que pasa a ejecutarse directamente por su propietaria, que es quien mejor conoce la central”. Y, en su opinión, “elimina cualquier incertidumbre sobre los costes de desmantelamiento, cuyo déficit ya no se tendría que financiar con dinero público”.

El Gobierno deja así claro que el actual fondo de 4.500 millones no cubriría el desmantelamiento de todas las plantas, pues una buena parte debe destinarse a la gestión del combustible gastado y de los residuos de media y baja intensidad de la planta de El Cabril, de la que seguirá ocupándose Enresa. Aunque desmantelar una planta cuesta una media de 300 millones (hay siete reactores funcionando, más los tres en desmantelamiento), parte del fondo se destina a la gestión de residuos de los almacenes individuales (ATI) ubicados en las propias centrales y al futuro ATC en proyecto.

El último Plan General de Residuos, de 2006, ya establecía que Enresa necesitaría 13.000 millones de euros para el desmantelamiento de todo el parque y gestionar los residuos durante 60 años.

Sanciones de hasta 300 millones

La propuesta del Ministerio de Energía de trasvasar la responsabilidad del desmantelamiento de las nucleares a sus propietarias, establece que, en el caso de que alguna de ellas incumpla su obligación, el desguace sería ejecutado de forma subsidiaria por Enresa. Eso sí, se reclamaría a la eléctrica “daños y perjuicios”, que se enfrentaría también a sanciones de hasta 300 millones de euros (el coste de desmantelar un reactor).

La gestión de los residuos seguiría en manos de Enresa, pues esta se considerará “un servicio público esencial” que se reserva el Estado. Esta actividad de financiará mediante tasas y tendrá la consideración de coste regulado del sistema. También lo tendrá el desmantelamiento de las centrales cerradas antes de 2010: Vandellós I y Zorita. Sin embargo, tanto el de Garoña como el de las que cierren en el futuro, deberán ser financiadas por sus propietarias. Almaraz I será la próxima en cumplir 40 años de vida útil, en 2021.

Si el cierre es debido a fuerza mayor y se adelanta a lo establecido en el Plan de Residuos Radiactivos, el déficit de financiación (lo que no cubra el fondo de Enresa) se considerará un coste del sistema. Esto es, lo pagarían los consumidores en la factura de la luz.

Fuente: elpais.es