El ATC de Cuenca está muerto y enterrado.Terremoto a 40 km. del pretendido almacén nuclear de Cuenca

 

Un terremoto de 3,2 grados de magnitud en la escala de Richter se ha registrado el martes 6 de febrero en la localidad conquense de La Alberca de Záncara.

El lugar del epicentro está situado a poco más de 39 km. de Villar de Cañas.

En mayo de 2017 hubo un terremoto de 2,3 grados  a 24 kilómetros.

El terremoto ha tenido lugar sobre las 15.26 horas y ha llegado a tener una profundidad de 11 kilómetros, según publica la web Instituto Geográfico Nacional y recoge Europa Press.
Este seísmo llega apenas 50 días después de otro de 3,7 grados de magnitud registrado el 20 de diciembre en la localidad alcarreña de Yebra, otra de las localidades que pugnaron por hacerse con el proyecto.

En mayo de 2017 hubo un terremoto de 2,3 grados  a 24 kilómetros. (leer más)

Terrenos inestables e inundables

Los dos informes externos (de la consultora URS y de la Universidad de Cantabria) y la documentación de los técnicos del CSN también facilitada por el organismo confirman que la información entregada por Enresa sobre el suelo en que se ubicará el silo era insuficiente y que existían dudas sobre la idoneidad de los terrenos por su composición. (seguir leyendo)

Chapuza a la española: Se inundan los terrenos del almacen nuclear de Cuenca. Un informe advierte de posibles hundimientos en el terreno del almacen nuclear

Enresa, la empresa pública que construirá el almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas (431 habitantes, Cuenca) reconoce en uno de sus informes técnicos la posible existencia de “riesgos geotécnicos relevantes” que podrían generar hundimientos en el terreno.  (seguir leyendo)

Terrenos inundados donde quieren hacer el ATC de Cuenca

Terrenos inundados donde quieren hacer el ATC de Cuenca

Fuente:  la tribuna de Albacete

 

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Rajoy entierra 100 millones en el cementerio nuclear varado en los tribunales

Enresa suma contratos mientras se anula el plan de urbanismo de Villar de Cañas, en Cuenca.

Seis años después de que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy se apresurara a aprobar en diciembre de 2011 -en el primer Consejo de Ministros tras ganar las elecciones del 20 de noviembre- el emplazamiento del cementerio nuclear, en Villar de Cañas (Cuenca), el proyecto sigue empantanado a la espera de que se tengan todos los permisos. Ni siquiera existe el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, pendiente de que lo apruebe el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Y los reveses al proyecto prosiguen mientras el Gobierno sigue licitando y adjudicando contratos, a través de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), por un monto cercano ya a los 100 millones de euros.

Nulidad el plan de urbanismo

El último contratiempo al cementerio nuclear se producía el pasado 11 de enero, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) desestimaba el recurso interpuesto por el Ayuntamiento conquense contra la decisión que había adoptado el Gobierno regional, presidido por Emilio García Page, de anular el plan de urbanismo de la localidad nada más asumir el cargo, en julio de 2015.

Su antecesora, la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se había apresurado a aprobar este plan de urbanismo, en junio de 2015, estando en funciones, y con el objetivo de tratar de dejar atado uno de los muchos cabos sueltos del proyecto.

Reacciones dispares

La decisión del TSJCM, recurrible ante el Supremo, era acogida de manera dispar. Desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear lo tienen claro. “Las prisas por aprobar el plan, cuando Cospedal estaba en funciones, tenía el riesgo de falta de seguridad jurídica. Y, por mucho que diga el alcalde, sin plan no hay ATC”, comentaba a EL ESPAÑOL la hasta ahora portavoz de esta plataforma, María Andrés, la ganadera de la zona que este domingo era nombrada presidenta de Ecologistas en Acción Cuenca.

En sentido contrario, el ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, obviaba la sentencia y daba por hecho la presentación del recurso ante el Supremo, confiando que el alto tribunal enmiende la plana al TSJC. Cree Catalá que la instalación nuclear debe seguir adelante por las repercusiones positivas sobre la economía y el empleo en la zona.

Argumento que era rápidamente respondido por García-Page. “Es absurdo continuar con el proyecto. Sin plan de ordenación no se pueden dar licencias y, además, se corre el riesgo de cometer delito de prevaricación”, salía al paso el presidente castellano-manchego.

Nuevas licitaciones en el cementerio nuclear

No obstante, las licitaciones de contratos y adjudicaciones de Enresa prosiguen. En estos momentos, como ha podido comprobar este periódico en el perfil del contratante de la empresa pública, existen dos expedientes en marcha.

Este mismo lunes el presidente de Enresa, Juan José Zaballa, ponía su firma a la convocatoria del contrato para realizar, por 48.000 euros, el servicio de retirada de aguas residuales en el Parque Empresarial de Enresa en Villar de Cañas. Y un mes antes, en diciembre de 2017, también ratificaba el expediente de contratación para realizar, por 2,3 millones de euros, el estudio de cápsulas de almacenamiento a gestionar en el cementerio nuclear.

Son los últimos contratos que, relacionados con el ATC, Enresa va a adjudicar. Antes, las adjudicaciones fueron recurrentes. Sobre todo entre 2012 y febrero 2015, cuando el Gobierno forzaba la dimisión de Francisco Gil-Ortega -hombre de confianza de Cospedal- para evitar males mayores. Se había empecinado en aprobar la construcción del edificio principal del almacén, por casi 300 millones de euros, sin contar con el beneplácito del Consejo de Seguridad Nuclear.

Primeros contratos en el ATC para Iberinco

Hasta ese momento, desde junio de 2012 hasta que Gil-Ortega presentaba su dimisión, el  11 de febrero de 2015, Enresa adjudicó numerosos contratos. Entre ellos, varios a la empresa Iberdrola Ingeniería y Construcción (Iberinco) –por sí sola o unida mediante UTE con otras sociedades–, por 34 millones de euros.

En Iberinco figuraba como consejero Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, nombrado para este cargo en mayo de 2012, coincidiendo con el nombramiento de Gil-Ortega para la presidencia de Enresa. En 2017, Iberdrola, tras varios casos de corrupción en el exterior, optaba por absorber esta filial y destituir a toda la cúpula directiva, pero mantenía la estructura del consejo, renovando en su cargo a López del Hierro.

Misma dinámica contractual al llegar Zaballa

Tras ser relevado Gil-Ortega, su sustituto, Juan José Zaballa, proseguía con la misma dinámica. No adjudicaba el contrato principal del cementerio nuclear, pero sí otros, tirando del procedimiento abreviado y urgente. Una vía que se antojaba difícil de entender cuando no se sabía, ni se sabe, si el almacén se va a construir o no.

Así, en los primeros meses de Zaballa al frente de Enresa, la empresa pública adjudicaba 4 contratos relacionados con el ATC de Villar de Cañas. La seguridad y vigilancia del emplazamiento a Segurisa, por 1,7 millones  de euros; el mobiliario para el laboratorio del almacén a Romero Muebles de Laboratorio, por 40.000 euros; uno relativo al programa de vigilancia radiológica, por casi 80.000 euros. Y otro, por 26,3 millones a la sociedad pública Equipos Nucleares (ENSA) para suministrar 10 contenedores de doble uso.

Parón licitador antes de las generales de diciembre de 2015

Tras un periodo de paralización, provocado por las elecciones del 20 de diciembre de 2015, Zaballa retomaba, a principios de 2016, las adjudicaciones relativas al cementerio nuclear. Uno, por casi 50.000 euros, para que la empresa Intopcar lleve a cabo el servicio de monitorización de la red topográfica de precisión del emplazamiento del ATC. Otro, por casi 47.000 euros, por el que Suministros Garrido aporte bombas de muestreo de aire para el Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental.

Y un tercero, de casi 22.000 euros, para que la UTE formada por las empresas Vigilancia Medioambiental y Proyectos y Explotaciones Vicor redactase un estudio para cumplir con la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

También otorgaba Enresa a las empresas Eptisa, AGS y Sondeos Peñarroya, por 350.000 euros, un contrato complementario al adjudicado en octubre de 2015, por algo más de un millón de euros, para llevar a cabo nuevos sondeos sobre los terrenos escogidos para levantar el silo nuclear.

El 67% de las adjudicaciones del ATC fueron a IBERINCO  la empresa de la que es consejero el marido de Cospedal

Iberinco, la filial de ingeniería y construcción de Iberdrola de la que es consejero Ignacio López del Hierro, marido de la ex presidenta de Castilla-La Mancha y lídel del PP regional, María Dolores de Cospedal, obtuvo el 67,6% de las adjudicaciones de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) en el Almacen Temporal Centralizado (ATC). Los datos los ha hecho públicos hoy la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, que agrupa a medio centenar de organizaciones.

El colectivo ha presentado hoy un escrito en la Subdelegación de Gobierno de Cuenca por el que solicita a la Fiscalía Anticorrupción que investigue estos contratos, cinco en total, adquiridos por la empresa directamente o a través de empresas en las que tiene una importante participación accionarial, como GHESA o Empresarios Agrupados.

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Éstos contratos suponen un total de 36,99 millones de euros, más de dos tercios de las adjudicaciones de la empresa pública en el almacén. La compañía es la encargada de la instalación del polémico ATC en la localidad conquense de Villar de Cañas, hoy paralizado por diversas acciones ante la Justicia.

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Iberdrola mantiene al marido de Cospedal en IBERINCO, su polémica filial de ingeniería.

El Banco Mundial siguió muy de cerca los movimientos de esta polémica filial y la paciencia se agotó cuando salió a la luz que altos directivos de Iberinco aceptaron sobornos en Letonia y Albania, donde entre 2004 y 2005 obtuvo dos contratos por 9 millones para construcción y mejoras en subestaciones eléctricas. El dinero para acometer estas inversiones procedía del propio Banco Mundial. Por este motivo, Iberdrola inició la liquidación de esta sociedad.

Iberinco contaba con 1.500 empleados en esta filial de ingeniería y construcción y parte de ellos han pasado a la matriz y a otros departamentos para tratar de solventar las pérdidas que arrastra y recuperar la mala imagen dada. La cúpula de Iberdrola decidió cesar a toda la dirección de Iberinco, pero mantiene casi intacto al consejo de administración. Entre los cargos, según publica El Confidencial, se encuentra el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro.

 

Fuentes:     www.20minutos.es

intereconomia.com

diagonalperiodico.net

elespañol.com

La comarca de Garoña abandonada a su suerte.

Ningún plan económico, ni ayudas de la Junta de Castilla y León o Madrid.

Ecologistas exigen vigilar el cauce del Ebro.

La central sigue 5 años después en la fase previa a su desmantelamiento.

ENDESA e Iberdrola se han lucrado durante 45 años mientras el norte de España ha dispuesto de energía eléctrica para su desarrollo a un coste competitivo.

Ahora la comarca de Garoña recoge su herencia en forma de una despoblación y un abandono económico casi completos.

Sobre el Valle de Tobalina, rodeado por 2 Parques Naturales, atravesado por el rio Ebro y colindante a la ciudad medieval de Frias, han planeado varias amenazas en los últimos 10 años. Sólo la tenacidad de sus habitantes y veraneantes han conseguido parar la autopista AP69, una incineradora de neumáticos, un permiso de fracking … y esperemos que tambien una cantera que pretende establecer la empresa Yarritu de Miranda de Ebro.

El reactor central de Garoña fué detenido hace cinco años. A las 22.57 horas del 16 de diciembre de 2012, en concreto. Después de 42 años se desenganchaba de la red eléctrica, aunque hasta agosto de este año no se ha apagado el espíritu de esta planta nuclear levantada a 5 kilómetros de suelo vasco. Un lustro en el que estas instalaciones localizadas en el valle burgalés de Tobalina continúan estancadas en la fase previa a su desmantelamiento que según algunas voces expertas, no arrancará hasta 2020;y eso si los plazos son respetados. Y que, como mínimo, se extenderá durante cerca de siete años.

Al finalizar todo el proceso, allá por 2033, los terrenos ocupados a orillas del Ebro deberían quedar completamente liberados de cualquier fuente contaminante y ser destinados “a cualquier uso sin restricciones derivadas de la presencia de radiaciones ionizantes debidas a la operación de la central” ilustra Fernando Legarda, jefe del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la UPV/EHU. A juicio de este experto, ese horizonte de 2033 “es coherente” con lo realizado en el desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera [más conocida como Zoritapor estar ubicada en Almonacid de Zorita, en Guadalajara, al paso del río Tajo] “donde no ha habido paradas en el proceso”.

Los grupos ecologistas no han quitado ojo a todo lo ocurrido en la central en las cuatro últimas décadas. Por eso, como subrayaban desde el Foro contra Garoña, una vez ganada la primera batalla [el cierre] viene la segunda “que es larga y también difícil”: el desmantelamiento. En este sentido, reclaman que tanto la Diputación Foral de Araba como el Gobierno vasco “hagan directamente controles periódicos en el Ebro para asegurar que no haya ningún escape radiactivo”. Además, solicitan que en la web del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se informe debidamente y en tiempo de los procesos del trabajo a realizar: datos técnicos, plazos, periodicidad de los informes de control y tipo de mediciones…

La ‘basura nuclear’Y, por supuesto, que no se deje ningún residuo en las instalaciones de Santa María de Garoña. Los trabajos previos al desmantelamiento de esta planta, que ha visto reducida su plantilla a base de prejubilaciones (50) y recolocaciones (68), siguen su curso antes de que en 2020 la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) tome el testigo de los trabajos, un proceso que incluirá la custodia de la popularmente llamada basura nuclear. Residuos que, al menos en parte, habrían comenzado a ser trasladados en los últimos tiempos al cementerio nuclear de El Cabril, ubicado en la localidad cordobesa de Hornachuelos, lo que ha derivado en la solicitud de una investigación a la Comisión Europea por parte de Izquierda Unida-Andalucía.

El coste del predesmantelamiento que realizará Nuclenor los próximos tres años se calcula que tendrá un coste de unos 150 millones de euros, a los que se sumarán otros 200 más para el desmantelamiento definitivo si se tiene en cuenta como referencia el coste de las nucleares ya desmanteladas. En paralelo, se encuentra en el aire el futuro de la zona de influencia de Garoña, pendiente de un plan de reactivación que viene demandándose ya desde hace años. El Parlamento Vasco exigía a finales de octubre que el Ministerio de Energía y las empresas propietarias de Garoña comiencen “sin más demora, el procedimiento administrativo y técnico para las labores de desmantelamiento” de esta central.

La Cámara Vasca quiere que el proceso de desmantelamiento se lleve a cabo garantizando la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente. Además ha reclamado al Ejecutivo de Rajoy que ejecute un plan de reactivación económica en la comarca que incluya también a los municipios vascos afectados, en el que participen el Gobierno vasco y la institución foral alavesa. Precisamente la Diputación gobernada por el PNV aprobaba hace un par de meses un texto que instaba a que el desmantelamiento de la central “transcurra con transparencia tanto en la descontaminación de la zona y en la gestión de los residuos radiactivos”.

El ATC importaEl combustible gastado, describía Legarda, será retirado de la piscina de Garoña para ser ubicado “en contenedores en seco” que se alojarán en el Almacén Temporal Individual (ATI) de la central hasta que sea trasladado al Almacén Temporal Centralizado (ATC) que se construye en Villar de Cañas, Cuenca. Los residuos de media, baja y muy baja actividad serán, en principio, remitidos al almacén que Enresa dispone en El Cabril. Eso sí, el retraso acumulado en el proyecto del ATC corre en contra del desmantelamiento de Garoña. En opinión del docente de la UPV/EHU, “que se prolongue la estancia del combustible gastado y residuos de alta actividad en el ATI de la central”.

Desde la plataforma Foro contra Garoña insisten en la necesidad de controlar el proceso de desarme de la planta nuclear a fin de evitar vertidos al Ebro y “eliminar todo riesgo de fuga radiactiva”. “No es un tema que permita márgenes de riesgo alguno ya que lo que se juega es la salud de población y de nuestros recursos naturales”, entonan al tiempo que añaden a su lista de requerimiento: “Ni que los residuos se queden ahí para siempre”.

La cifra 119

El trabajo y actividad en el interior de Garoña continúa después de que el Ministerio certificara que la central nuclear no volverá a entrar en funcionamiento y marcara el comienzo de la fase previa al largo y costoso desmantelamiento del recinto. Como consecuencia de esa decisión, para los 226 trabajadores de Garoña (no los miles que decían las empresas), el reglamento de funcionamiento, aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), establece que “el número mínimo de trabajadores que deben permanecer en el recinto en la fase de predesmantelamiento son 108 personas”. “Se ha optado por situar la cifra en 119 trabajadores en la actualidad y contar con un colchón de once más de los que marca la normativa por temas organizativos”, indicaban.

Fuente: deia.com

Los inspectores del CSN critican que Enresa aporte datos contradictorios sobre los terrenos del almacén nuclear


Enresa reenvía al regulador estudios subcontratados “sin cuestionar o matizar su calidad técnica”; en unos documentos “opta por una conclusión y en otros por otra distinta, sin disponer de una valoración final integrada y justificada”

Tras una inspección, los técnicos dicen que la empresa estatal prefiere desechar estudios recientes para defender que la caracterización de los terrenos que aportó en mayo de 2015 sigue siendo válida

También se descartan datos que no tienen “la calidad adecuada”, según Enresa, sin informar al CSN, “lo que ha supuesto una pérdida de tiempo y un trabajo innecesario” para los inspectores

Casi seis años después, sigue el culebrón sobre la calidad de los terrenos de Villar de Cañas (Cuenca) en los que el Gobierno quiere construir el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad.

Cinco inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han dejado constancia de “dudas sobre las explicaciones aportadas” por Enresa sobre algunos sondeos de humedad en la zona nuclear del emplazamiento; “comportamientos anómalos” que Enresa “no puede aclarar” en los datos recogidos por algunos piezómetros (aparatos para medir los cambios de presión en el subsuelo); “baja fiabilidad de los nuevos ensayos realizados”; informes que se omiten sin explicación previa; “evidencias” que se descartan en favor de la teoría y, en suma, críticas a la inconsistencia de parte de la información aportada por la empresa estatal que debe construir el ATC.

Durante la visita de cinco inspectores del CSN al emplazamiento, los pasados 10 y 11 de mayo, Enresa defendió que los estudios realizados en los últimos años sobre el terreno “no modifican las bases de diseño” de la instalación “ni la caracterización del emplazamiento” que aportó en mayo de 2015, dos meses de que el pleno del CSN otorgara su autorización previa al ATC. “Sin embargo, la inspección constató que, de los trabajos de campo complementarios acabados en 2016, no todos sus resultados habían sido considerados en las conclusiones de Enresa”.

“Así, no se han incluido datos de piezometría” con posterioridad a marzo de 2016 “y no se han considerado válidos la mayoría de resultados de ensayos hidráulicos realizados en 2016; tampoco se ha aclarado cómo se han considerado los nuevos resultados de hinchamiento” del subsuelo “en algunas muestras que aportan valores significativamente más altos que la media”, dicen los inspectores.

El acta critica que Enresa acepte informes de sus subcontratas y los reenvíe al CSN “sin cuestionar o matizar su calidad técnica. Esto ha dado lugar a recibir en el CSN documentos aportados por Enresa con conclusiones sobre la misma materia, sin clarificar cuál resulta válido para Enresa, o bien con información luego considerada no válida por Enresa y sin indicación al respecto en el documento remitido, lo que origina un trabajo de revisión innecesario”.

En el caso de los ensayos hidrogeológicos, Enresa ha desechado estudios por considerar que “no tenían la calidad adecuada” sin informar al regulador: “La Inspección destacó que la invalidez de estos datos no estaba documentada en los informes aportados por Enresa, y que tampoco se había comunicado al CSN esta situación, lo que ha supuesto una pérdida de tiempo y un trabajo innecesario”.

Enresa lleva enterrados millones de euros en estudios de los suelos de Villar de Cañas. En enero de 2013, un informe “sugería la existencia de cavidades en el subsuelo” y la posibilidad de un “colapso” de los terrenos. Ahora Enresa lo descarta. Asegura que tiene “más información sobre la materia” y “no se han identificado estructuras en las trincheras que justifiquen posibles colapsos ni flexiones en las rocas, ni tampoco se han encontrado huecos o karstificaciones”.

Sin embargo, la inspección preguntó “sobre la consideración a otorgar a documentos oficiales remitidos por Enresa al CSN y cuyas conclusiones, como es el caso de la génesis de las zonas endorreicas en el emplazamiento”, ahora la empresa estatal no asume. “Se da la circunstancia de contar en el CSN con documentos aportados por Enresa, en unos de los cuales se opta por una conclusión y en otros por otra distinta sobre la misma materia, sin disponer de una valoración final integrada y justificada por parte de Enresa, o de una revisión del documento original que corresponda y en la que los autores maticen sus conclusiones con arreglo a la nueva información disponible”.

Enresa también descarta ahora “ninguna afección a la estabilidad del terreno” porque “los procesos derivados de la interacción agua-roca en la zona del ATC están en equilibrio con el agua que la atraviesa” y “los procesos de disolución-precipitación observados no afectan a la seguridad del emplazamiento”.

Los inspectores destacaron que esas conclusiones “responden al equilibrio de la situación actual en el emplazamiento” y recordaron que la zona “está en contacto con unos materiales con alta capacidad para ser disueltos”, como una vaguada al este de la zona nuclear “donde hay una evidente pérdida de masa no cuantificada en los estudios realizados por Enresa”.

Teoría frente a evidencias

El acta destacaa que Enresa prefiere en ocasiones los modelos teóricos a las “evidencias”. En los estudios sobre el nivel freático del acuífero que surca el emplazamiento, “parámetro esencial para la correcta caracterización del mismo por las implicaciones que tiene en el proyecto”, esta cuestión “es resuelta por Endesa adoptando una cota teórica de nivel, en la superficie topográfica, que resulta incoherente con las evidencias registradas en los trabajos de campo documentados por el titular”, dice el acta.

Lo mismo ocurre para el cálculo del espesor de la capa activa del subsuelo, fundamental para medir la expansividad de las arcillas subterráneas. Basarse sólo en métodos teóricos, como pretende Enresa, “podría resultar poco realista para su aplicación práctica y genérica al proyecto, especialmente en el caso de las cimentaciones de los distintos edificios”, avisa la inspección.

Respecto al grado de utilidad del modelo hidrogeológico numérico actual, los inspectores observaron que “todavía no resulta suficientemente robusto para permitir hacer predicciones” porque hay “aspectos clave que no han sido cubiertos en su totalidad”. “A la vista de la situación actual, no pueden considerarse suficientemente justificadas las predicciones realizadas con los modelos 2D/3D”, dicen. Enresa contestó “que analizaría la necesidad de realizar nuevos sondeos y nuevas campañas de obtención de datos hidráulicos”, cosa que hizo en julio pasado al encargar  nuevos estudios.

El acta refleja que a la fecha de la inspección, se había incumplido una de las condiciones que impuso el CSN en su autorización previa, la obligación de “disponer de un cuaderno de obra, en el que se reflejen las actividades diarias asociadas a la ejecución de actividades autorizadas. Enresa manifestó que no había abierto cuaderno de obra alguno”.

Tampoco se ha planificado la instalación de estaciones de aforo en el río Záncara, cercano al emplazamiento, “ya que no se han obtenido los permisos de obra necesarios de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La Inspección destacó que estas estaciones pueden resultar de gran utilidad en la calibración del modelo hidrogeológico, al aportar información básica para la estimación del balance de entradas y salidas de agua en el sistema”.

La empresa estatal, que ha rechazado comentar este asunto, trató de rebatir las críticas de los técnicos con un amplio escrito de catorce páginas remitido en julio. Los inspectores rechazaron la mayoría de sus comentarios. El ATC está pendiente de la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, que según los críticos con el proyecto es “inminente”. Posteriormente, el CSN deberá otorgarle la autorización de construcción.

Fuente: eldiario.es

Terremotos, inundaciones en los terrenos del ATC en Cuenca

Garoña cierra ¿y ahora que? Experiencia de otros municipios con centrales cerradas

Localidades del burgalés Valle de Tobalina miran el turismo como una de las alternativas de desarrollo de la zona tras el anuncio de cierre de Garoña, una situación que han tenido que afrontar anteriormente otros municipios con nucleares: Almonacid de Zorita (Guadalajara) y Vandellós (Taragona).

Catorce son los municipios de este valle de Castilla y León que buscan ahora revitalizar su economía tras la clausura de la central, aunque el área de influencia de la actividad de Garoña abarque también localidades del País Vasco, La Rioja y Cantabria al encontrarse algunas de ellas a menos de 80 kilómetros de la instalación. .

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció este martes un plan de reactivación para las localidades afectadas, sin detallarlo.

Y aunque la actividad de la central creó puestos de trabajo directos o por subcontratas, tampoco significó una solución a la despoblación para muchos de ellos.

Así, la alcaldesa de Trespaderne, Ana Isabel López, prefiere ver el cierre de Garoña como “una oportunidad” para el entorno, mientras otros regidores ponen ahora su vista en el desarrollo del turismo y el sector hortofrutícola como alternativa a su economía.

En España dos instalaciones, la José Cabrera, más conocida como Zorita, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), y la de Vandellós I (Tarragona), se encuentran en el proceso de cierre con experiencias muy distintas.

Zorita, abierta en 1968 y cuyo desmantelamiento se inició en 2006, ha sufrido el despoblamiento y envejecimiento de la población, según ha explicado a la Agencia Efe su alcaldesa Elena Gordón Altares.

Además, la población de la localidad “está desanimada” ante la falta de salidas económicas para la zona, ha asegurado la regidora, quien trabaja junto a otros 200 trabajadores aproximadamente en el desmantelamiento de las instalaciones.

En su día, el Gobierno anunció el desarrollo de un plan de compensación al cierre de la planta, sin embargo, “nadie nos resuelve problemas como el mal acondicionamiento de las carreteras”, factor que ha alejado a los inversores, ha aseverado la alcaldesa de los 750 habitantes de Almonacid de Zorita.

“Nadie nos hace caso, es la pescadilla que se muerde la cola”, ha asegurado Gordón, a pesar de haber puesto en marcha proyectos como un vivero de empresas, el desarrollo del turismo, la construcción de un camping, “pero los emprendedores no vienen por el estado de la vía”.

La central “no hizo daño a la zona, hemos vivido tranquilos durante su funcionamiento”, ha manifestado la alcaldesa, quien ha añadido que “poca gente en el pueblo dirá que estaba a disgusto” con la nuclear, porque “estamos perfectamente informados”.

“Es más el miedo de la gente de fuera, que los que vivimos en primera persona”, ha indicado.

Muy diferente es la situación de la localidad de Vandellós (Tarragona), según ha explicado a Efe su alcalde, Alfonso García, quien ha aclarado que hay dos factores distintos que influyeron en el cierre de esa central.

El primero, el accidente que se produjo en 1989, el más relevante ocurrido en España, y el segundo el proceso sociopolítico de la localidad de 6.200 habitantes.

Ha manifestado, además, que el cierre de Vandellós I coincidió con la apertura de Vandellós II -de mayor potencia-, lo que facilitó que un buen número de trabajadores pasaran a las nuevas instalaciones, mientras otros se acogían a la jubilación anticipada.

Asimismo ayudó, según García, la ubicación geográfica de la localidad cercana al litoral, lo que facilitó que otras personas se vincularan a actividades relacionadas con el turismo o con un polígono industrial cercano.

En el proceso de desmantelamiento “hay picos de trabajo”, ha dicho el alcalde, en los que se necesita “potenciar la formación de las personas para diversificar la economía local”.

“La energía nuclear es de transición”, ha sostenido García, por ello hace falta un plan de desarrollo con “recursos endógenos y exógenos” para la creación de alternativas, la planificación y diversificación, y que el territorio no empobrezca.

El gerente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), Mariano Vila d’Abadal, ha manifestado a Efe que con el anuncio del cierre de Garoña “nos tememos lo peor”.

“Han dicho que van a mantener unas ayudas que existen y han existido desde 1990, que son compensaciones a los municipios por tener residuos de las nucleares, pero no son fondos por el cierre”, ha asegurado.

Ha anunciado que este viernes AMAC se reunirá con los alcaldes de los municipios del Valle de Tobalina afectados.

Esta mañana, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha dicho tras la reunión del Consejo de Gobierno Foral, que la Diputación Foral mantendrá “pleno contacto” con el Gobierno central sobre el proceso de desmantelamiento de Garoña y para la revitalización de los municipios de la zona.

Ha asegurado que es necesaria la puesta en marcha de un plan de revitalización de la zona afectada por la central.

El político ha añadido que en este plan deben estar presentes los municipios de la zona de Añana, que, ha recordado, quedaron fuera del primer plan de revitalización planteado en el momento de la primera parada de Garoña en 2012.

Ha añadido que el principal problema de la Cuadrilla de Añana es la elevada edad de sus habitantes y que el objetivo primero es “fijar” población en la zona, para lo que es necesario dotarla de servicios.

Fuente: eldiario.es

Enresa estudiará el acuífero sito en los terrenos donde pretende ubicar el ATC

Deberá analizar si habría capacidad de reacción ante una posible fuga de material radioactivo y evitar que llegue a El Záncara.

Enresa sigue estudiando los terrenos del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas. Se prevé que en breve analice el comportamiento del acuífero que se situaría debajo de la construcción del silo nuclear conquense. Se trata de una información adicional que el CSN solicitó a la empresa, y una de las cuestiones más sensibles del proyecto.

Enresa está pendiente de adjudicar el contrato por el que, durante dos años, se comprobarán los valores pizométricos en los terrenos donde se pretende construir en ATC y sus alrededores. Con esto, se controlará al detalle cuál es el movimiento de las aguas subterráneas.

Informes anteriores hablan de un “movimiento moderado” de las aguas del acuífero, asegurando que hay “riesgo potencial” de contaminación del cauce más cercano, El Záncara y, por tanto, podría afectar al agua de riego y agua de uso de boca en la zona e, incluso, podría expandirse hacia las Tablas de Daimiel.

Ahora quieren que los estudios sean más precisos. Así las cosas, la captura de los datos que de ahí se obtengan serán determinantes para determinar cómo actuar y dónde en caso de fuga, según explica a la SER Carlos Villeta, responsable de comunicación de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca.

Mientras, la Plataforma ha vuelto a acudir al Consejo de Transparencia tras haber solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear el Informe de Construcción y haber recibido información parcial del documento, como ya ocurriera con el Informe de Ubicación. Pasados tres meses, el colectivo se plantea acudir a instancias superiores. Temen que el CSN vuelva a seguir adelante con el proyecto a pesar de que los estudios determinen que los riesgos superan los umbrales permitidos.

Desde la Plataforma calculan que en seis meses el CSN podría dar el visto bueno al segundo de los tres permisos necesarios para construir del ATC.

Fuente: cadenaser.com

Acusan al Gobierno de Rajoy de “mentir” en los pagos a Francia por residuos nucleares

La Plataforma contra el ATC en Villar de Cañas denuncia que se ha “manipulado” a la sociedad para construir un silo nuclear “ahora inútil”

Esta instalación, añade, “ya ha dejado de ser necesaria” puesto que las centrales nucleares tienen almacenes individuales en seco o están a punto de tenerlos

La Plataforma contra la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad conquense de Villar de Cañas ha pedido explicaciones tanto al Gobierno estatal como al alcalde del municipio, José María Sáiz, al considerar que “se ha mentido” al respecto de que España pagaba 65.000 euros diarios a Francia por albergar los residuos nucleares españoles, como justificación para defender la necesidad de poner en marcha este cementerio nuclear.

Según la portavoz de la Plataforma, María Andrés, es “indignante” que durante años el Gobierno de Rajoy y el alcalde Villar de Cañas dijeran que se estaban pagando 65.000 euros diarios de penalización por la custodia de los residuos nucleares, y ahora, que se ha publicado que se empezará a contabilizar desde el 1 de julio, “no reconocen que han mentido a sabiendas para manipular a la opinión pública a favor de construir un ATC ahora inútil”.

Insiste la portavoz en que la realidad es que, 11 años después de la aprobación del sexto Plan general de residuos radiactivos, el ATC “ya ha dejado de ser necesario”, puesto que las centrales nucleares tienen almacenes individuales en seco o están a punto de tenerlos.

Asimismo, la Plataforma indica que según fuentes del Ministerio de Energía y Enresa las cantidades a pagar se devolverán una vez vuelvan los residuos a España descontando los gastos de almacenaje. Añade que estos residuos provenientes de la Central nuclear de Vandellós I son, junto con los 500 elementos combustibles de Garoña en el centro de reprocesamiento de Sellafield, “los únicos residuos nucleares de alta actividad que están fuera de nuestras fronteras”, apunta María Andrés.

Silencio de Nadal y el presidente del CSN

La multa por el retraso del ATC fue, según fuentes parlamentarias, una de las cuestiones sobre esta instalación que evitó contestar el presidente del CSN, Fernando Marti, en la comparecencia a puerta cerrada que realizó el pasado 6 de junio ante los diputados de la Comisión de Energía del Congreso. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, también ha evitado desde su llegada al cargo en noviembre aventurar plazos sobre la puesta en marcha de la instalación. La ubicación fue decidida cuando la secretaria general del PP y hoy ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, era presidenta de Castilla-La Mancha.

En enero pasado, el ATC recibió un espaldarazo cuando el Tribunal Supremo anuló la ampliación de un espacio natural protegido que había decretado el Gobierno de Castilla-La Mancha, del socialista Emiliano García-Page, para bloquear el proyecto. Las dudas sobre la idoneidad de los terrenos elegidos no están todavía resueltas.

Fuente: eldiario.es