Abogado UE: normas europeas no se aplican al impuesto español de residuos nucleares

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó este miércoles que la normativa europea no es aplicable a los impuestos españoles sobre la gestión de combustible nuclear gastado, respondiendo así a una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo.

El abogado general Gerard Hogan, cuyas conclusiones no son vinculantes pero suelen orientar la decisión de la corte, considera que la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad no es aplicable a los tributos españoles sobre la producción de combustible nuclear gastado, los residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de dichos combustible y residuos.

El jurista sostiene que el ámbito de aplicación de la Directiva se limita a la generación, al transporte, a la distribución y al suministro de electricidad.

El Tribunal Supremo había remitido inicialmente sus dudas sobre los impuestos nucleares al Constitucional, por ser potencialmente contrarios al principio de capacidad económica establecido en la Constitución, en un contencioso que afecta a la Asociación Española de la Industria Eléctrica, Endesa Generació e Iberdrola, y, por otro lado, la Administración General del Estado.

Las eléctricas argumentaban que los modelos de autoliquidación y pago de los citados impuestos sobre combustible nuclear gastado constituyen una suerte de impuesto especial sobre los productores de energía nuclear que distorsiona el mercado español de la electricidad, lo cual debe considerarse ilícito.

El Supremo entendía que el objetivo de los impuestos es incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica, para que los productores de energía nuclear asuman una parte de la financiación del “déficit tarifario” (diferencia entre los ingresos que las compañías eléctricas españolas reciben de los consumidores y el coste del suministro de la electricidad reconocido por la normativa nacional) mayor que la de otros productores de energía.

Consideraba también que la libre competencia en el mercado de la electricidad se ve falseada si determinadas empresas se someten a una tributación por su forma de producción sin una justificación objetiva.

Pero el Tribunal Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad indicando que, al haber expresado el Tribunal Supremo sus dudas también acerca de la compatibilidad de la legislación nacional con el Derecho de la Unión, debía plantear primero una cuestión prejudicial al TJUE, cuyo abogado general no ve aplicable la legislación comunitaria.

No obstante, el jurista añade que, en caso de que el Tribunal europeo no comparta su opinión, aporta una solución alternativa.

En ella considera que la Directiva no se opone, en principio, a la normativa española, ya que la situación de las empresas eléctricas que utilizan energía nuclear no es comparable a la de otros productores de energía en cuanto a la protección del medio ambiente y de la seguridad.

No obstante, el jurista comunitario añade que el Tribunal Supremo deberá valorar, en su caso, si el objetivo de dicha normativa está realmente relacionado con la protección del medio ambiente y la seguridad y, si es preciso, determinar si la diferencia de trato fiscal deparado a los distintos tipos de productores de electricidad está objetivamente justificada por tales razones medioambientales.

Fuente : La Vanguadia

El plan de Sánchez para cerrar el parque nuclear en 2035 no resta votos al PSOE


Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para cerrar el parque nuclear entre los años 2025 y 2035 no han hecho mella en los votos hacia los socialistas en las zonas donde se localizan las instalaciones. El PP resiste en algunos municipios nucleares como los del Valle de Tobalina (central de Garoña); Villar de Cañas (Cuenca, sede del ATC nuclear); Almonacid de Zorita (Guadalajara) o Retortillo (Palencia), donde la empresa australiana Berkeley promueve una explotación de uranio.

Pero la formación de Pablo Casado ha perdido posiciones en Vandellós (Tarragona), a favor de ERC y el PSOE o en Cofrentes (Valencia), donde ha crecido el voto a Ciudadanos y a los socialistas. En Almaraz (Cáceres), el PSOE ha subido en porcentaje de voto del 26% al 28% y se convierte en la primera fuerza política mientras el PP ha perdido la mitad del voto.

Las localidades más cercanas a las instalaciones nucleares no han castigado al Gobierno del PSOE, aunque la verdadera prueba llegará en las elecciones municipales del 26 de mayo. En las elecciones locales se verá hasta dónde ha llegado la inquietud de los más de 100 municipios que cobran ayudas por estar próximos a las centrales o a instalaciones de almacenamiento de residuos.

Más de 500 millones

El apagón nuclear que se anuncia no supondrá el fin inmediato de las subvenciones -cobran por aceptar los residuos en sus proximidades y los residuos seguirán ahí durante tiempo-, pero sí exigirá un examen de los conceptos y los resultados obtenidos. En los últimos 25 años los municipios situados en torno a las centrales han recibido más de 500 millones, impuestos al margen, según datos de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC).

Los municipios no cobran todos lo mismo, pero para todos, las ayudas que reciben cada año de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y de otras áreas de la Administración como el Ministerio de Interior, son más que una tabla de salvación del presupuesto anual. En muchos casos, permiten a sus habitantes disponer de servicios y atenciones impensables en otras localidades. Las ayudas se empezaron a repartir hace casi 30 años.

Los ayuntamientos que albergan centrales nucleares, agrupados en AMAC, creen que su cierre no tiene ninguna justificación. Consideran que sólo responde a una voluntad política. Por ello, defienden que sigan funcionando siempre que se garanticen todas las condiciones de seguridad, y si por motivos de gestión de residuos se hiciera insostenible la continuidad de su funcionamiento, exigen garantías reales para el futuro de las zonas.

Cierre escalonado

El Plan de Energía y Clima que el Ministerio de Transición Ecológica aprobado por el Gobierno Sánchez contempla un cierre escalonado de las instalaciones hasta el año 2035. Todas las centrales cumplen los 40 años entre 2023 y 2028, lo que quiere decir que algunas de ellas superarán esa edad en el momento del cierre. El acuerdo pactado con muchas dificultades entre las compañías eléctricas y la empresa pública Enresa prevé que el cierre comience en 2027, con Almaraz I. Terminará en septiembre de 2035, con la clausura de Trilllo.

El nuevo Gobierno que previsiblemente formará Sánchez tendrá que decidir qué sucede con el almacén temporal centralizado (ATC) de Villar Cañas, hoy paralizado, y si mantiene la idea de frenar el proyecto de la compañía minera australiana Berkeley en Salamanca. En todo el proceso será crucial el papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recién renovado.

Sólo en el proyecto paralizado del almacén nuclear de Cuenca el CSN ha empleado 49.000 horas de sus técnicos. Tras cinco años, el ATC de Cuenca, paralizado, sólo cuenta con un informe favorable de emplazamiento del Consejo-son necesarios tres- y carece de declaración de impacto ambiental. La sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares, Enresa, sí concreta en sus informes lo que ha costado hasta ahora el proyecto fallido. Desde el año 2012, Enresa ha pagado o comprometido 42,8 millones de euros.

Fuente : Lainformacion

Page exige “disculpas” por la ubicación del ATC, tras otro seísmo en la zona

Terremoto de 2,7 en Villarejo de Fuentes (Cuenca), a 15 km. del ATC de Villar de Cañas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este miércoles que deberían pedir disculpas por ubicar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), tras el nuevo terremoto registrado en la zona, a pesar de que el Gobierno regional advirtió de que había riesgo sísmico.,”Alguien tendría que pedir disculpas y exigir responsabilidad por la decisión mal tomada y cabezonamente ejecutada de instalar un basurero nuclear

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este miércoles que deberían pedir disculpas por ubicar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), tras el nuevo terremoto registrado en la zona, a pesar de que el Gobierno regional advirtió de que había riesgo sísmico.

“Alguien tendría que pedir disculpas y exigir responsabilidad por la decisión mal tomada y cabezonamente ejecutada de instalar un basurero nuclear en Villar de Cañas”, ha afirmado García-Page a los medios de comunicación en Cuenca, un día después de que ayer se registrara un terremoto de magnitud 2,7 en Villarejo de Fuentes, pueblo situado a pocos kilómetros del municipio donde está proyectado el ATC.

En concreto ha señalado que Villarejo de Fuentes dista 15,5 kilómetros de Villar de Cañas, aunque el Instituto Geográfico Nacional situó el epicentro del seísmo en un punto de su término municipal situado a unos 10 kilómetros en línea recta de los terrenos en los que se prevé construir el almacén de residuos nucleares.

García-Page ha recordado que el Gobierno castellanomanchego advirtió del riesgo sísmico que existía en la zona, así como del “interés de la empresa pública por las adjudicaciones, del interés de otros por hacerse con ella y del procedimiento chapucero con el que se llevó a cabo el proceso”.

En el desarrollo del proyecto “se saltó incluso la legislación urbanística, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Villar de Cañas carece de Plan de Ordenación Territorial”, ha añadido García-Page, que ha apuntado que todas estas cuestiones, “al igual que el riesgo de que la zona registre un terremoto, están aflorando ya”.

Por ello, ha exigido a los actuales dirigentes del PP en Castilla-La Mancha “que expliquen a qué lotería se referían” la expresidenta regional María Dolores de Cospedal y el exministro de Industria, Comercio y Turismo José Manuel Soria “cuando aseguraron que Castilla-La Mancha había sido agraciada con la lotería”.

Ha considerado además que “intentar engañar y tomar el pelo a todo un pueblo es una ofensa importante”.

Terremoto en febrero de 2018

Un terremoto de 3,2 grados de magnitud en la escala de Richter se ha registrado este martes, 6 de febrero, en la localidad conquense de La Alberca de Záncara.

El lugar del epicentro está situado a poco más de 39 kilómetros de Villar de Cañas, lugar designado para albergar el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

El terremoto ha tenido lugar sobre las 15:26 horas y ha llegado a tener una profundidad de 11 kilómetros, según publica la web del Instituto Geográfico Nacional.

Este seísmo llega apenas 50 días después de otro de 3,7 grados de magnitud registrado el 20 de diciembre en la localidad alcarreña de Yebra, otra de las localidades que pugnaron por hacerse con el proyecto.

Terremoto en 2017

Un terremoto  situado a menos de 24 kilómetros en línea recta de la futura ubicación del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) que se queria construir en otro municipio conquense, Villar de Cañas.

 

Fuente: COPE, 

eldiario.es

El Congreso pide por unanimidad la paralización de la mina de uranio en Salamanca

La Comisión de Energía ha aprobado un informe sobre las actividades del Consejo de Seguridad Nuclear que incluye varias resoluciones relativas a la mina de cielo abierto de Retortillo

El informe de la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, que contempla la petición de paralización del proyecto de la mina de uranio en Salamanca, ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Energía. Las enmiendas relativas a la mina de uranio fueron planteadas por el grupo Unidos Podemos (Izquierda Unida, Equo y Podemos)-En Comú Podem-En Marea.

En ese documento se señala:

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a paralizar el proyecto de construir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca).

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a facilitar toda la información del proyecto al Gobierno Portugués como parte interesada, ante la afectación que le sobrevendría la puesta en marcha de la mina.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el mantenimiento de los indicadores ambientales y sanitarios de la zona.

El Congreso de los Diputados insta al Consejo de Seguridad Nuclear a enviar a esta Cámara, antes de julio de 2018, un informe detallado del estado actual de evaluación de la solicitud de la autorización de construcción de una mina”.

En este sentido el coportavoz de Equo y miembro de la Ponencia nuclear ha afirmado que “Hoy el Congreso ha pedido la paralización del proyecto de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca). Esto es una muestra decisiva del rechazo político que genera esta instalación. Por eso esperamos que esa decisión sea tenida en cuenta y finalmente se paralice este proyecto tan destructivo”.

“Es una buena noticia para toda la región. Los proyectos extractivos que atentan contra nuestro territorio no traerán porvenir, sino graves consecuencias para los negocios de la zona, el turismo, la salud de las personas y el medioambiente. Esperamos que el cierre definitivo se produzca cuanto antes” ha declarado la coportavoz de Equo en Castilla y León, Mª José Bueno.

Stop Uranio, por su parte, recuerda que “faltan todavía tres permisos fundamentales para poder iniciar la producción de óxido de uranio en Retortillo: la Licencia Urbanística (competencia municipal) y las autorizaciones de construcción de la Planta de concentrados de uranio y de puesta en marcha de la misma que debe conceder el nuevo Ministerio de Transición Ecológica”.

José Sarrión, de Izquierda Unida, ha felixcitado a los vecinos de la comarca afectada “por este gran avance” y lamenta que el PSOE haya rechazado otra resolución que pedía prohibir la extracción de uranio en España, pues “no es razonable oponerse a una mina de uranio y al mismo tiempo rechazar blindar al país frente a futuros proyectos”.

Fuente:  salamanca24horas.com

La basura nuclear rebosa y el Gobierno no se entera (o sí)

Tenemos un problema. Los residuos generados por la actividad de los siete grupos nucleares que funcionan en España rebosan. No es polvo que se pueda meter debajo de la alfombra. España carece de una instalación segura en la que almacenar todos los residuos acumulados en los últimos 40 años y cada central ha tenido que asumir el almacenamiento del combustible que gasta. A la espera de que se construya el polémico almacén previsto en Villar de Cañas (Cuenca), cada nuclear mantiene los residuos en piscinas y almacenes que están casi saturados.

Las últimas cifras del Foro Nuclear dibujan una realidad preocupante. La capacidad de almacenamiento se agota: la central en mejor situación es Vandellós II y está saturada en un 84%; Ascó I, por su parte, supera el 97%. Con todo, lo más grave es la falta de previsión. El Plan de Gestión de Residuos Radiactivos en vigor fue aprobado en 2006. Desde entonces…la nada. En 2014, ENRESA, la empresa pública encargada de gestionar los residuos, informó a la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de que todo estaba bajo control: existía un nuevo plan de residuos en marcha –el séptimo- y el Gobierno lo iba a aprobar. Cuatro años después, ni hay nuevo plan ni se le espera.

Lo que sí hay es una gran falta de transparencia. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) publicó el único informe favorable con el que hasta ahora cuenta el almacén de Cuenca a regañadientes. Tuvo que intervenir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Todo alrededor de la energía nuclear, desde sus costes hasta su gestión, pasando por su propiedad, ha estado y está rodeado de secreto y confusión. Tanta que ni siquiera el ministro del ramo, Álvaro Nadal, se cree las cuentas que presentan las compañías: “Las nucleares ganan más de lo que dicen. Hacen mucha ingeniería contable” aseguró Nadal hace un año.

“La discusión en torno al negocio nuclear discurre sotto voce; es subterránea y también enconada”, recordaba esta semana un buen conocedor del sector. Eso es malo para el conjunto de la sociedad, a la que se priva de un debate serio sobre una energía muy cuestionada. Es malo también para el usuario de la electricidad que, al fin, es quien paga toda la fiesta. El ocultismo afecta, sobre todo, al prestigio del órgano encargado de supervisar al sector: el Consejo de Seguridad Nuclear.

Durante mucho tiempo y hasta principios de siglo, el organismo, constituido en 1980 tras la escisión de la Junta de Energía Nuclear (JEN) tuvo un gran prestigio. La base fundamental para elegir a sus consejeros era el conocimiento del sector, su funcionamiento y sus riesgos. La política no era determinante para la elección. Todo eso cambió. Aunque el CSN siempre estuvo más cerca de la industria nuclear que de las reclamaciones de buena parte de la sociedad, nunca lo estuvo tanto como con el nombramiento, en 2001, de Teresa Estevan Bolea como presidenta a instancias del PP. Apenas un mes después de llegar a cargo, en una entrevista en EL PAÍS , Estevan Bolea abogó por ampliar la vida útil de las centrales a 60 años y por construir nuevas instalaciones.

 

Como en la novela de Vargas Llosa, “el Perú se había jodido en algún momento”. El CSN se convirtió en escenario de juego y batalla política, con consejeros nombrados por el dedo de los partidos y con intensas batallas como las protagonizadas por la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que denunció en sus votos particulares las maniobras que se han sucedido para facilitar, al fin, lo que Estevan Bolea reclamaba hace 17 años.

La política de nombramientos y las batallas ideológicas internas han desgastado la imagen del CSN. Donde únicamente deberían contar argumentos técnicos y de seguridad se entrometen con demasiada frecuencia los intereses políticos y empresariales. Todo en un país cuyo Gobierno es, junto con el que encabeza en EE UU Donald Trump, el único entre las grandes economías de la OCDE que defiende las centrales de carbón y las nucleares.

Conviene tomar nota. En España están saliendo a la luz datos que revelan un más que regular caos en la gestión de la basura nuclear. Tanto que hasta la patronal del sector, Foro Nuclear, lo ha utilizado para argumentar por qué es imposible cerrar las nucleares a corto plazo, ni siquiera de forma escalonada. Los siete reactores nucleares operativos  cumplen los 40 años desde su construcción entre 2024 y 2028. Mantenerlos cerrados es caro y demantelarlos, sostiene Foro Nuclear, imposible. Simplemente, no hay donde meter la basura.

Fuente:   lainformacion.com

“¡Ni en tu pueblo ni en el mío!”: se intensifican las protestas contra el cementerio nuclear

Cientos de ciudadanos marchan por novena vez a Villar de Cañas, localidad donde pretende construir el basurero nuclear el Gobierno de Rajoy, que para este año quiere conceder los permisos y multiplicar su presupuesto. En los próximos meses, más movilizaciones.

“¡Ni en tu pueblo ni en el mío!”, es el grito unánime de las más de 300 personas que este domingo participaban en la IX Marcha a Villar de Cañas para protestar contra el cementerio nuclear que pretende construir el Ejecutivo central en esta localidad conquense.

Una marcha contra el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que partía, como en sus ocho ediciones anteriores, de la urbanización Casalonga, para desde allí pasar por los terrenos elegidos para albergar el basurero nuclear y dirigirse desde allí hacia Villar de Cañas, donde se daba lectura al manifiesto.

Bajo el lema “No al cementerio nuclear. Ni en tu pueblo ni en el mío” volvían a unir sus pasos y sus voces en esta marcha, que sin perder su ambiente lúdico y acompañados del son de las dulzainas, acortaba este año ligeramente su recorrido.

Movilización con la que manifiestan, una vez más, el rechazo a la construcción del ATC en la zona, defendiendo así la “dignidad” de los vecinos de los pequeños municipios del entorno de Villar de Cañas. Y es que, como recordaban en una de sus pancartas, “la vida digna no cabe con el cementerio nuclear”.

Vecinos que ven que, a la amenaza de la despoblación, se suma la del basurero radiactivo, la cual condiciona más aún sus esperanzas de futuro.

En este sentido, desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca recuerdan cómo hace tan solo un mes se confirmaba la presencia de radionucleidos en las aguas subterráneas cercanas a la central nuclear de Ascó. Una situación que ha puesto en primer plano la posibilidad de un accidente similar en caso de que el ATC se construya finalmente en Villar de Cañas, al ser conocida y contrastada su vulnerabilidad geológica.

Posible accidente que es el punto de partida de la trama del corto titulado ‘La Fuga’, actualmente en elaboración. Una escena que recrearon los participantes en la marcha celebrada este domingo al final de la misma. Paraguas negros, maletas y mascarillas para recrear esa marcha forzada de sus pueblos que los vecinos de esta zona de la provincia de Cuenca esperan que nunca se tenga que hacer realidad.

Sin embargo, el proyecto podría estar a punto de dar un paso más hacia delante, puesto que a pesar de que los terrenos elegidos no son aptos, a finales del próximo mes de julio el ATC podría tener el segundo informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Un “empecinamiento” del Gobierno de Mariano Rajoy, respecto a la construcción del ATC, que sus detractores rechazan, “puesto no es necesario al existir ya almacenamiento temporal seguro para los residuos nucleares”.

Desde el colectivo consideran que para la gestión de los residuos nucleares el primer paso debe ser no generarlos, para lo cual sería preciso proceder al cierre progresivo de las centrales nucleares. A partir de ese momento, y una vez conocido el volumen de residuos, consideran que se debería abrir el debate sobre cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde el punto de vista económico, social y ambiental, pensando fundamentalmente en un almacenamiento definitivo.

Un debate que desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear consideran debe ser “público y transparente”, y mantenerse “el tiempo necesario que requiere una decisión de tal calibre”.

Junto a los vecinos “anónimos” que volvían a sumarse a esta marcha en defensa de la dignidad y el futuro de sus pueblos, también participaban en esta novena edición numerosos representantes del ámbito político y social.

Entre ellos representantes del Gobierno regional, que mantiene su férrea oposición del ATC al considerar que Cuenca no necesita un cementerio nuclear y sostener que seguirán trabajando para evitar su instalación. Un mensaje que trasladaban con su presencia el delegado de la Junta de Comunidades en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, y el director provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado.

Una representación que a nivel de partido encabezaba la diputada autonómica Carmen Torralba, acompañada de numerosos compañeros del PSOE conquense, algunos de ellos concejales de la zona.

También entre los políticos marcharon junto a los vecinos el parlamentario y portavoz de Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, el líder castellano‑manchego de IU, Juan Ramón Crespo, y el presidente nacional del Partido Castellano, Pedro Manuel Soriano.

Junto a todos ellos, representantes de colectivos antinucleares de Madrid y Castilla-La Mancha, pertenecientes al Movimiento Ibérico Antinuclear, así como miembros de varios grupos de Ecologistas en Acción de toda la región y de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Guadalajara.

Una amplia participación que era valorada por los convocantes, que destacaban la gran presencia de personas no adscritas a ninguna organización, especialmente de la comarca de Villar de Cañas.

EL ÚNICO INTERÉS DE RAJOY EN LA REGIÓN

A esta oposición a la construcción del cementerio nuclear se contrapone el nuevo impulso que se pretende dar al proyecto desde el Gobierno central. Un Ejecutivo de Mariano Rajoy para el que el ATC de Villar de Cañas se ha convertido en su principal interés.

Así se deduce de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, que de los 589 millones de inversión que anuncian para la región, casi 145 van destinados únicamente al cementerio nuclear, es decir, el 24,5 por ciento del total.

Se trata de más del 70 por ciento de la inversión prevista para la provincia de Cuenca, a la que proponen destinar 205 millones en su conjunto, de los cuales 144,5 irán al silo nuclear. Una muestra del ‘impulso’ que desde el Ejecutivo, del que forman parte la expresidenta autonómica María Dolores de Cospedal y el diputado por Cuenca Rafael Catalá, pretenden dar al ATC tras haber quedado reducida a 10 millones en los presupuestos de 2017.

Cifra con la que se compensa el ‘recorte’ del ejercicio pasado, y se supera la previsión planteada en 2015 que estimaba para este 2018 una inversión de 69,7 millones.

Una ‘apuesta’ por la instalación del cementerio nuclear en la provincia de Cuenca contra la que desde la Plataforma están dispuestos a seguir luchando. Movilizaciones contra el ATC que tendrán continuación y se intensificarán en los próximos meses.

Fuente: periodicoclm.es

El cementerio nuclear de Cuenca no tiene permisos ni se les espera, pero si presupuesto: 972 millones para tenerlo listo en 2024

Terrenos inundados donde quieren hacer el ATC de Cuenca

La sociedad pública Enresa trata de fraccionar el proceso de autorizaciones para tener operativo el primer edificio del almacén nuclear ya en 2021. Una red de almacenes en cada central costaría el doble: 1.980 millones.

l proyecto de construcción de un almacén de residuos nucleares acumula un enorme retraso. El plan original contemplaba tenerlo listo a finales de este año. Sin embargo, más de seis años después de que el Consejo de Ministros eligiera el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) para ubicarlo, las obras de las instalaciones ni siquiera han comenzado aún.

La tramitación del proyecto se ha visto dilatada por las dudas de los técnicos sobre la idoneidad de los terrenos elegidos, por las reformas legales aprobadas por la Junta de Castilla-La Mancha para bloquearlo y por la judicialización del proceso en una permanente guerra de recursos entre administraciones. El resultado: el Gobierno no ha aprobado todavía ninguna de las tres autorizaciones necesarias para poner en marcha el almacén.

La construcción de un almacén temporal centralizado (ATC) para guardar durante décadas los residuos de las centrales nucleares (en principio, durante 70 años, aunque puede alargarse hasta los 100 años) es un proyecto irrenunciable para el Gobierno y para el sector nuclear nacional. Y, a pesar de los retrasos, sigue adelante.

Casi 1.000 millones

El plan del cementerio nuclear de Villar de Cañas contempla un presupuesto que se elevará hasta los 972 millones de euros, según las estimaciones que maneja Enresa –la sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares- a las que ha tenido acceso El Independiente. No obstante, diferentes fuentes del sector nuclear advierten que ese coste puede acabar siendo mayor por las eventuales mejoras que habrá que incluir en el proyecto por la mala calidad de los terrenos elegidos.

El Gobierno ya ha incluido en el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) de este año una partida de 144,48 millones de euros destinada al desarrollo del cementerio nuclear. Los fondos para el silo concentran casi una cuarta parte del total de inversiones recogidas en los PGE para Castilla-La Mancha.

No es seguro que estas inversiones puedan ejecutarse ya este año. Y es que se trata de una partida plurianual, ejecutable no sólo este año sino también en siguientes, según explican fuentes del Ministerio de Energía, que confirman que su uso está condicionado a que se vayan aprobando las autorizaciones preceptivas (que otorga el propio Ministerio comandado por Álvaro Nadal).

La defensa del ATC: es la opción más barata

“Hay que construir el ATC porque abarata los costes de manera significativa”. Lo dijo esta misma semana el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en el Congreso de los Diputados. El Gobierno defiende la construcción del almacén nuclear como la opción más barata para gestionar los residuos radiactivos.

En lugar de construir un almacén centralizado en que se concentren toda la basura nuclear del país se podría -según defienden algunas organizaciones- dejar los residuos en almacenes en cada una de las centrales nucleares. Pero según las estimaciones de Enresa, la gestión de una red de almacenes temporales individualizados (ATI) en cada planta costaría algo más del doble que el propio ATC.

Mientras que se estima que el almacén de Villar de Cañas costará esos 972 millones, el cálculo de construir y mantener la red de almacenes en cada central se elevaría hasta los 1.980 millones de euros. Sólo los cerca de 480 contenedores que habría que instalar entre todos los almacenes costarían cerca de 1.000 millones, y los sistemas de seguridad para operar en caso de deterioro de esos contenedores a lo largo de las décadas casi duplicaría ese presupuesto.

Quedan seis años más

El plan para almacén de deshechos de alta radiactividad pasa, en principio, por tenerlo listo en 2024, seis años después de lo previsto. Enresa, no obstante, intenta adelantar una parte del proyecto para tenerla operativa con antelación.

Y es que el objetivo de Enresa es fraccionar el proceso de autorizaciones para licenciar por separado y con antelación el almacén de espera de contenedores (AEC), el edificio en el que se inicia el proceso y al que primero llegarán los residuos desde las centrales nucleares. Si la empresa consigue su objetivo, este primer edificio podría estar operativo en 2021 y empezar entonces a recoger residuos procedentes de las plantas.

El CSN ultima el ‘sí’ al permiso de construcción

Para que el silo sea una realidad requiere de tres autorizaciones: la de emplazamiento, la de construcción y la de explotación. Todas las concede el Ministerio de Energía, pero antes necesita el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para cada una de ellas.

Hasta ahora, el CSN ha dado el visto bueno técnico sólo a la autorización previa de emplazamiento, pero el Gobierno no ha concedido aún ese permiso porque falta que el Ministerio de Medio Ambiente desbloquee la declaración de impacto ambiental, en impasse a falta de completar los estudios de impacto radiológico de la instalación.

El Consejo de Seguridad Nuclear decidió aprobar su informe favorable para la concesión de la autorización de emplazamiento del almacén nuclear, a pesar de las dudas expresadas por sus propios técnicos y por consultoras externas sobre la la calidad de los terrenos elegidos para ubicar la instalación.

El CSN trabaja ahora en el informe técnico sobre la autorización de construcción, y pretende tenerlo listo este mismo año, según confirmó el propio presidente del supervisor, Fernando Marti, la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Fuentes conocedoras de los planes del organismo apuntan que el objetivo es aprobar el informe incluso antes del verano. Con el informe del CSN en la mano, el Ministerio podrá dar la autorización de construcción del cementerio nuclear.

Fuente:   elindependiente.com