Nos venden Garoña y el fracking. La cara más oscura de la luz

CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑANo se habla de otra cosa en estos días. Los máximos históricos del precio de la electricidad harán que las facturas suban, de media, 100 euros por línea contratada. ¿Qué podemos hacer para defendernos?

ríos de tinta impresa, horas de debate televisado, decenas de programas de radio y multitud de comparecencias políticas tratan de arrojar luz sobre lo que ocurre con las facturas eléctricas, a cuyas cifras las compañías del ramo parecen arrojar levadura. Los precios crecen sin control y los informativos no hacen más que alertar de nuevos repuntes históricos. Ni los expertos en desencriptación avanzada parecen dar con las claves para desentrañar una factura de la luz y la población se echa las manos a la cabeza cada vez que piensa en el próximo recibo. Mientras, los responsables del Gobierno tratan de aclarar la situación explicando que como ni llueve ni hace viento, los aerogeneradores y las presas no producen y hay que echar mano del gas para echar a andar las más que deficitarias centrales térmicas. Demasiadas ideas para tratar de comprender, de forma sencilla, a qué nos enfrentamos y qué podemos hacer para ahorrar en la factura. Koldo Navascués, presidente de la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca, EKA/ACUV, ilumina el camino y aporta cordura a la controversia.

En las últimas semanas, “centenares” de consumidores están contactando con la asociación. No para presentar reclamaciones, ya que como aclara Navascués “no hay ninguna reclamación que hacer, se nos impone un precio y punto”, sino para solicitar información. ¿Qué hacer para ahorrar? Lo primero para lograr el objetivo consiste en aclarar los conceptos básicos y centrarse en lo importante.

Existen dos tipos de tarifas: la regulada y la libre. En la primera, las eléctricas se ven obligadas a aplicar el precio que se les impone y en la segunda, habitualmente sazonada con numerosas ofertas y llamativos descuentos, las cinco compañías que componen el oligopolio de la luz fijan el precio que quieren. Es fácil deducir que las empresas hacen todo lo posible para atraer a los clientes hacia el lado oscuro del mercado libre.

“Las eléctricas se han preocupado de comunicar rápidamente que a sus clientes no les afectan estas subidas de 6 o de 15 días al año. Claro. No les afecta esa subida, pero lo que no dicen es que están pagando por encima del precio de venta del pequeño consumidor -tarifa regulada- durante los 350 días restantes”, arranca el presidente de EKA/ACUV.

Actualmente, el 52% de los clientes “domésticos” se encuentra en el mercado libre. Es decir, que paga más de lo que, según advierten los expertos, debería. En julio de 2013 se modificó la regulación del mercado y todos los clientes de las compañías pasaron a formar parte del grupo de tarifa de último recurso, es decir del mercado regulado. “Evidentemente, esto no les gustó a las eléctricas y durante estos últimos años se han encargado de ir sacando de ahí a la gente. A veces con muy malas prácticas comerciales, incluso engañosas”, repasa el portavoz.

Los últimos análisis comparativos sostienen que las tarifas reguladas siguen siendo más económicas que las libres, si bien es cierto que al principio, habitualmente durante el primer año del contrato, los descuentos aplicados consiguen reducir un poco las distancias. “Una vez que ha pasado el año -avanza Navascués-, te dicen que te van a cobrar el kilovatio hora a 0,15 euros y como tampoco tienes referencias, te parece bien, cuando la realidad es que el precio regulado puede ser de 0,11 en ese momento. Eso sí, no sabemos cuánto durará la tarifa regulada”. Por todo ello, lo que recomienda EKA/ACUV a los usuarios es que soliciten cuanto antes a sus compañías un cambio a tarifa regulada, “algo que están obligados a hacer si se les pide y que es totalmente gratuito siempre y cuando no se cambie la potencia instalada”.

El problema no son sólo los precios, también lo es la opacidad. ¿Sabe alguien a cómo se compra el metro cúbico de gas de Argelia? Debe de ser un secreto de Estado, porque a partir de ahí cualquiera podría hacer el cálculo sobre los márgenes que tienen, los costos y demás. Si no disponemos de esos datos no podemos saber si se está manipulando o no el sector”, ilumina.

En nombre de la asociación que preside, Navascués no aconseja a los usuarios sumarse a las hoy tan promocionadas compras colectivas de energía. “Lo hemos estudiado y al final no resultan, sin más”, precisa. Lo que sí recomiendan es unirse a las cooperativas de energías renovables, una alternativa más verde, cívica y que, según el experto, sale a cuenta a la hora de abonar los recibos.

En el caso particular de EKA/ACUV, animan a sus asociados a entrar a formar parte de Goiener, una cooperativa que cuenta ya con más de 5.000 participantes. Al margen de ofrecer siempre el mejor precio posible, garantiza que toda la energía que comercializan es verde.

Además de sumarse a este tipo de iniciativas, Navascués recomienda revisar la potencia que tenemos instalada en nuestro hogar, ya que si es excesiva y podemos reducirla, lo notaremos en la factura. “Si tenemos contratados 4.400 y los bajamos a 3.300 -apunta- ya obtendremos un ahorro de unos 6 euros al mes. El cambio a menos sale por unos 11 euros IVA incluido, pero hay que tener cuidado porque subirlo cuesta 50 euros”.

Ante los repetidos anuncios de picos en los precios, el presidente aclara que “sube ese día y en una franja horaria determinada, no es que suba todo el mes”. También aporta otro pequeño detalle sobre otra de las novedades impuestas recientemente por el mercado energético. “En teoría, existe un agravio comparativo entre los usuarios que tienen contador digital y los que permanecen con el analógico. Se supone que a los que tienen el digital se les ajustan los consumos a los costos horarios, aunque luego hacen una media diaria y mensual, exactamente igual que con los usuarios de contadores analógicos. En realidad, no tenemos ni idea de cómo nos están cobrando porque la factura no detalla los cálculos hora a hora”, concede.

En cuanto a la labor de descifrado de las facturas, Navascués explica que contiene términos tan genéricos que no se sabe muy bien a qué corresponden. Sin ir más lejos, la “potencia facturada” es un coste fijo que marca el Gobierno para todo el año y que incluye lo que se denominan “peajes”. “Estos peajes tienen siete u ocho apéndices: el déficit tarifario, el precio del carbón, la moratoria nuclear, Ceuta y Melilla… Al final, las normas las dictan las eléctricas y el Gobierno las firma”, manifiesta.

Las claves

Los argumentos dados para justificar la subida de la tarifa sirven para apoyar la reapertura de la central

vitoria – El Gobierno argumenta que el precio del kilowatio se ha disparado porque, como no llueve ni hace viento, hay que quemar gas, carbón y otros combustibles para generar electricidad. Una estrategia que, en opinión de Koldo Navascués, presidente de EKA/ACUV, sirve a las eléctricas para vender a la ciudadanía las bondades de la energía nuclear y, de paso, apoyar la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña.

La misma idea sirve para fomentar la apertura de pozos de fracking en Álava para la extracción de gas mediante una metodología que se caracteriza por su inseguridad. El repunte de los precios del petróleo ha conseguido, tal y como advierte Navascués, que se reabran pozos ya abandonados de fracking en Estados Unidos. “Si yo fuera el propietario de Garoña estaría más que encantado de ponerla de nuevo en marcha. Hablamos de una central súper amortizada, que cada kilowatio que produce puede salirle por dos céntimos y cuyos dueños lo cobran a seis. A ver qué negocio tiene un beneficio del 300%. Nos están vendiendo la idea de que el clima influye en la producción, y claro que influye, pero no tanto. No es determinante a la hora de fijar los precios, las subastas sí lo son”, garantiza. – A.B.

Los datos

Tarifa regulada. Para ahorrar, lo primero que recomiendan los expertos es comprobar si estamos en el mercado libre o en el regulado. En el primer caso, que incluye a más de la mitad de los usuarios, recomiendan pasarse a las tarifas reguladas, que no incluyen ofertas pero que facturan el kilowatio hora más barato. El cambio es gratuito y sale a cuenta.

Cooperativas. EKA/ACUV aconsejan unirse a cooperativas de energías renovables, que ofrecen buenos precios y garantizan que toda la energía que comercializan entre sus usuarios es verde.

la frase

El presidente de EKA/ACUV explica que la potencia facturada que figura en nuestros recibos de la luz es un concepto que fija el Gobierno y que incluye los denominados “peajes”. Al final, el consumidor paga por la moratoria nuclear, el déficit tarifario, el mantenimiento del precio del carbón…

La cifra:   6 EUROS 6

euros al mes podemos ahorrar si decidimos rebajar la potencia contratada. Hay que ser cuidadosos, ya que si la bajamos en exceso, la luz saltará en cuanto encendamos varios electrodomésticos. Hay que realizar un cálculo del consumo y obrar en consecuencia. Reducir la potencia cuesta unos 11 euros, IVA incluido, pero volver a subirla cuesta 50 euros.

Fuente: noticiasdealava.com

El CSN silencia las críticas de los expertos sobre Garoña y el ATC hasta después del 20-D

La dirección del organismo aplaza, como pronto, hasta enero la reunión del Comité Asesor. Un órgano en el que están representados Gobierno, CCAA y ayuntamientos, pero también organizaciones ecologistas y sindicales que pretendían levantar la voz contra el cementerio nuclear de Villar de Caña, la reapertura de la central de Garoña y la guerra interna que se vive en el CSN.

Está claro que la energia nuclear, al igual que el fracking es un tema político.

La dirección del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha preferido posponer un problema y ahorrarle al Gobierno más ruido antes de las elecciones del 20 de diciembre sobre varias polémicas abiertas en torno a un tema tan sensible como la energía nuclear.

El presidente del organismo, Fernando Marti Scharfhausen, ha aplazado por dos veces la reunión del Comité Asesor del organismo y no hay fecha para su celebración. Un cónclave –en que están representados el Gobierno, CCAA, ayuntamientos, sindicatos y organizaciones ecologistas- y cuya próxima reunión se espera que sea especialmente movida, con duras críticas a la gestión del CSN sobre el cementerio nuclear de Villar de Cañas (el almacén temporal centralizado, ATC), la reapertura de la central de Garoña y por la caza de brujas emprendida dentro del organismo tras las denuncias por parte del cuerpo técnico de presiones e injerencias políticas.

Dos aplazamientos por “problemas de agenda”

El Comité Asesor –cuya misión es velar por la transparencia del CSN y hacer propuestas para mejorar la participación pública y el acceso a la información en materia nuclear- tenía previsto reunirse el pasado 12 de noviembre. Unas semanas antes del encuentro, el presidente del CSN informó a los miembros que la reunión se posponía sine díe “por problemas de agenda”. Greenpeace, uno de los miembros representados en el comité, preguntó en varias ocasiones a la dirección del CSN cuándo se convocaría la nueva reunión, y se le informó desde el organismo que podría producirse en diciembre, sin más precisiones.

La propia Greenpeace fue la que volvió a solicitar información sobre la convocatoria del encuentro, y hace dos semanas la dirección del CSN le informó de que, de nuevo “por motivos de agenda” del presidente, la reunión volvía a posponerse y que “previsiblemente” se podría celebrar en enero, según confirman a SABEMOS hasta tres fuentes conocedoras del calendario del órgano (o de la falta de él). Y es que aún ni siquiera se da por seguro que haya cita en enero, y desde luego aún no hay fecha fijada.

Fuentes del CSN consultadas por SABEMOS eludieron hacer comentarios sobre este asunto ni dar explicaciones sobre los problemas de agenda del presidente o sobre cuándo se celebrará finalmente la reunión del comité.

Garoña, ATC, guerra interna… para después del 20-D

Con el aplazamiento, el CSN, y sobre todo el Gobierno, se ahorran así más ruido sobre sus múltiples polémicas antes del 20-D. El organismo encargado de velar por la seguridad nuclear del país trabaja en el proceso de autorización del almacén nuclear de Villar de Cañas –a pesar de que el proyecto estaría paralizado por el bloqueo impuesto por la Junta de Castilla-La Mancha- y al tiempo evalúa la posible reapertura de la central nuclear de Garoña, solicitada Iberdrola y Endesa con el objetivo de que la planta opere hasta 2031 (cuando la central cumpliría 60 años).

Al tiempo, la dirección del CSN ha emprendido una caza de brujas contra los técnicos que critican las injerencias políticas, la falta de independencia del centro y su querencia por favorecer a las eléctricas. El presidente ha ordenado abrir una investigación interna para determinar el origen de esas críticas, así como el de varias informaciones comprometedoras publicadas por la prensa sobre su gestión de los expedientes de Garoña y el cementerio nuclear.

El Comité Asesor está integrado por el Gobierno, las comunidades y ayuntamientos en que hay centrales nucleares, la industria nuclear, sindicatos, ONG (Greenpeace y Ecologistas en Acción) y, en principio, también cinco expertos. Aunque la actual dirección del CSN no ha propuesto ni designado a ningún experto para que se incorpore y esos cinco asientos están vacantes desde hace cerca de un año. El Comité debe reunirse al menos una vez cada semestre. Pero su última reunión se celebró el pasado 25 de junio y el siguiente encuentro nadie sabe cuándo se producirá finalmente.

Fuente:  sabemosdigital.com

Nucleares, carbón, fracking, renovables, pobreza energética: qué proponen los partidos para el 20D

El PP se queda solo en su apoyo al fracking, en su oposición al autoconsumo o en culminar el almacén de residuos atómicos

Todos los partidos de ámbito estatal coinciden en lo obvio: abaratar la factura eléctrica, impulso al ahorro y la eficiencia energética y buenas palabras para las renovables

Podemos es la única gran formación que apuesta abiertamente en su programa por un “cierre progresivo de las centrales de carbón”

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Con los precios de la electricidad por las nubes, la elevada dependencia energética de España sin resolver y un panorama de obligada reducción de las emisiones contaminantes en los próximos años, al sector energético le sobran los problemas a largo plazo, sin una estrategia clara en el horizonte. Las recetas energéticas entre los partidos de ámbito estatal a los que la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga representación parlamentaria varían, aunque coinciden en algunos puntos: todos apuestan por abaratar la factura eléctrica, apoyan el ahorro y la eficiencia energética, quieren promover las renovables… y hasta ahí las coincidencias. Frente a la complacencia y el continuismo con las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy del escueto programa energético del PP, la mayoría de partidos aboga por un nuevo modelo energético, aunque las propuestas varían.

El PSOE y Ciudadanos reclaman un “pacto de Estado” para una estrategia energética a largo plazo, y apuestan por reformar en profundidad el mercado eléctrico. Los socialistas se encomiendan a un futuro “libro blanco” como el que encargaron cuando gobernaban en 2005 (que se quedó en un cajón), mientras la formación de Rivera coincide con Podemos en su propuesta de trocear a las eléctricas: Ciudadanos va más allá y también tiene en el punto de mira a las petroleras. Quiere “impedir que las empresas de generación, distribución (con la propiedad de las redes) y comercialización, provenientes de los antiguos monopolios, continúen formando parte de un mismo grupo empresarial”, y Podemos promete “controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas en el sistema eléctrico, incluida la integración vertical. En particular, se estudiará la posibilidad de separar la propiedad y la gestión de las redes de distribución”.

El partido de Pablo Iglesias también plantea que el Estado recupere la propiedad de las centrales hidroeléctricas (uno de los grandes filones de negocio de las compañías) conforme expiren sus concesiones y quiere exigir “una declaración de la Comisión Europea en la que se identifiquen los costes de transición a la competencia (CTC) como ayuda ilegal del Estado”.

Unidad Popular, único partido que rechaza abiertamente las interconexiones eléctricas con Francia (cree que no hacen falta), apuesta por “avanzar en la nacionalización del sector energético”, aunque sin concretar la idea.

Estas son las opiniones de los partidos respecto a los temas candentes del sector:

Rechazo al fracking

Aunque no lo menciona en su programa, el PP es el único partido que apuesta por esta polémica técnica en el marco de una política energética que “aproveche al máximo nuestros recursos”. Todos los demás están en contra. El PSOE quiere restringir las autorizaciones de nuevas prospecciones de gas y petróleo, “prohibiendo el empleo de las técnicas de fractura hidráulica”; Ciudadanos, sin hablar de prohibiciones, dice rechazarlo por “los evidentes impactos y riesgos medioambientales, la escasez de yacimientos disponibles en nuestro territorio y la baja rentabilidad económica de las posibles explotaciones con las técnicas actuales”; Podemos refleja su “compromiso público de no autorizar” estas instalaciones y Unidad Popular va más allá. Además de prohibirlo “en todo el territorio incluidos los casos en los que las prospecciones ya han sido concedidas a empresas”, promete “suspender los permisos de investigación o autorizaciones de exploración de hidrocarburos concedidos o en tramitación, en el mar Mediterráneo y en las aguas jurisdiccionales colindantes al Archipiélago Canario”.

Cierre de centrales de carbón

Podemos, que estudiará “de cuántas centrales de ciclo combinado [gas natural] se puede prescindir”, es el único partido que apoya “el cierre progresivo de las centrales de carbón”. El PP, que durante esta legislatura ha defendido la “importancia” de la minería nacional “pero no a cualquier precio”, no se moja en una materia sobre la que el PSOE es bastante explícito: reclama “una solución justa para la minería del carbón española” que combine el compromiso de la reducción de emisiones contaminantes “con la necesidad de avanzar en la autonomía energética de nuestro país y la seguridad del suministro”. Por ello, apuesta por “mantener el consumo de carbón nacional en la forma prevista en los acuerdos con el sector” y el cumplimiento de una Resolución del Parlamento Europeo que abogaba por “impedir la importación a la UE de productos de la minería extraídos sin garantías sociales, laborales, ambientales y de seguridad”. Ciudadanos no se pronuncia, pero apuesta por potenciar “la oferta energética interior”, “posibilitando que los ciudadanos y las empresas puedan acceder al máximo número posible de fuentes de energía” y “estableciendo un mix de generación de energía diversificado, sostenible y equilibrado”. Unidad Popular tampoco se pronuncia sobre el futuro de las centrales. Aunque valoró apostar por la “progresiva sustitución de la minería, una industria muy contaminante, por otras alternativas industriales respetuosas con el Medio Ambiente”, finalmente no incluyó esta propuesta en su programa.

Auditar el sistema eléctrico

Los socialistas, que en junio de 2013 no apoyaron en el Congreso una auditoría del déficit de tarifa previa a la reforma energética de José Manuel Soria, abogan ahora por “una auditoría sobre los costes integrados en la tarifa energética” y consideran que el Gobierno “no ha explorado todas las posibilidades jurídicas de recuperar determinados pagos en exceso realizados por el sistema eléctrico, así como para evitar posibles sobre-retribuciones”. Con menos contundencia que Podemos y Unidad Popular, también partidarios de esa auditoría, el PSOE vincula esa auditoría al déficit tarifario, la multimillonaria deuda que arrastran los consumidores eléctricos por los costes reconocidos a las eléctricas desde principios de la pasada década. El programa del PP, el más parco en materia energética (en propuestas y en cifras) no hace referencia a este asunto, al igual que el de Ciudadanos.

Cerrar las nucleares

En esto también parece haber sintonía entre el PP y Ciudadanos, aunque los primeros son mucho más explícitos. “Mantendremos las centrales nucleares como parte integrante del mix energético al contribuir a reducir el coste de la electricidad“, dicen.

Ciudadnos: El extenso programa del partido de Rivera (332 páginas) es mucho más ambiguo. Critica la “excesiva dependencia de los combustibles fósiles y del uranio, que no tenemos y hemos de importar”, y fija como “prioridad” el “establecer un nuevo modelo energético y lograr una economía baja en emisiones de carbono” (la nuclear no emite CO2 de manera directa), así como un “mix energético sostenible y equilibrado que garantice el suministro energético y que suponga en un ahorro de costes para empresas y consumidores”. Sólo menciona a la nuclear en una ocasión, pero de manera descriptiva, cuando apuesta por cambiar el actual sistema de formación de precios marginalista, por el que la tecnología más cara es la que marca el precio que cobran todas. El resto de partidos sí dice claramente que cerrarán Garoña y el resto de reactores atómicos.

Construir el ATC

El PP es el único partido que apuesta abiertamente por construir el almacén nuclear, la que iba a ser la gran obra pública de esta legislatura, aunque se cuida de mencionar la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), que tantos quebraderos de cabeza ha dado al Gobierno de Rajoy los últimos cuatro años, por las incertidumbres sobre los terrenos elegidos. “Culminaremos la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) para disminuir los costes asociados a la gestión de los residuos nucleares”, dicen, sin precisar dónde. El PSOE, cuyo apoyo inicial a la instalación ha virado en rechazo, deja claro que no quiere ese municipio. Pero, al igual que Podemos, no explica cuál sería su alternativa.

Ciudadanos obvia la cuestión y Unidad Popular, en línea con lo que reclaman los grupos ecologistas, apuesta por minialmacenes anexos a las centrales nucleares existentes, que “cuentan con la mayoría de las infraestructuras necesarias, evitándose contaminar nuevos emplazamientos o exportar el problema”.

Derogar el decreto sobre el autoconsumo

El rechazo de la oposición a esta normativa del PP, que ha cercenado el despegue de la generación distribuida en España antes de su nacimiento, es unánime, aunque hay grados. El PSOE promete en su programa “eliminar las trabas al desarrollo” de esta actividad y promover “un marco regulatorio estable y propicio”, pero su gurú económico, Jordi Sevilla, ya ha adelantado, sin entrar en detalles, que mantendrá los denominados peajes de respaldo, el conocido como “impuesto al sol”.

Ciudadanos promete eliminar “cualquier traba” al autoconsumo, considera “improcedente” esos peajes y cree “esencial” el balance neto, que permitiría a estas instalaciones compensar el consumo de un determinado momento con el excedente vertido a la red con anterioridad.

Podemos también promete que la energía autoconsumida instantáneamente quede “libre de cualquier tipo de imposición” y la vertida a la red sea “justamente retribuida por parte de la empresa comercializadora”.

Y Unidad Popular apuesta por “promover el autoconsumo, que ahorra la pérdida de energía en la distribución, subvencionando las instalaciones a cambio de la energía sobrante que se genere”.

Recuperar incentivos a las renovables

Tras la moratoria a las primas y la drástica reducción de estos incentivos por el Gobierno del PP, todos los partidos dicen apoyar su desarrollo, aunque con distinta concreción de sus propuestas.

El PP se limita a proclamar su “compromiso con la energía sostenible” haciéndolo “compatible con unos precios adecuados y con la sostenibilidad financiera del sector”, y apuesta por dar continuidad al mecanismo de subasta selectiva de megavatios renovables que ha anunciado en la recta final de esta legislatura. El PSOE, que también dice apoyar a estas fuentes, reconoce los “muchos éxitos” alcanzados en su desarrollo y subraya “la maduración y el abaratamiento de las energías renovables, y en particular de la energía fotovoltaica”, pero también reconoce “algunos errores” de los que dice haber “aprendido”, sin concretar cómo las impulsará.

Otro tanto con Ciudadanos, que apuesta por “maximizar la utilización de fuentes de energías renovables” sin precisar los mecanismos.

El programa de Podemos arranca con la promesa de un plan nacional de energías renovables “centrado en la expansión e instalación de energías renovables limpias tales como la solar, la geotérmica, la pequeña hidroeléctrica y la biomasa de baja emisión” e incluso sugiere recuperar el marco retributivo anterior; y

Unidad Popular apuesta por “promover pequeñas instalaciones fotovoltaicas y mini-eólicas, sin trabas administrativas ni penalizaciones económicas”; “establecer líneas de crédito para el fomento de las energías renovables, tanto en instalaciones aisladas como conectadas a la red”, e incluso “crear una Empresa pública de energías renovables que dé apoyo técnico y financiero a una apuesta decidida por la producción distribuida a particulares y edificios”.

Impedir cortes de suministro a familias en pobreza energética

El PP es el único partido que no aprueba esta propuesta, aunque dice que cambiará el bono social (descuentos en la tarifa de la luz) “garantizando que tengan acceso a él todos los consumidores en situación de vulnerabilidad” y plantea crear “fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión” participados por la Administración y las propias empresas.

El PSOE quiere “incorporar el combate contra la pobreza energética como prioridad” y promete “un marco de cobertura social sobre un servicio mínimo de suministro de energía (electricidad y gas), que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo”.

Ciudadanos plantea que las eléctricas no puedan cortar la luz, previo informe de los Servicios Sociales, a familias en riesgo de exclusión, con cargo al Presupuesto público, y propone subvencionar instalaciones de autoconsumo para estos colectivos.

Podemos quiere garantizar por ley el acceso a un suministro mínimo, de forma que “no se procederá al corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos ajenos a su voluntad y, en particular, a una situación de pobreza sobrevenida”, sin que las compañías puedan “repercutir la correspondiente caída de sus ingresos al resto de consumidores o exigírsela al Estado”; y, en la misma línea, Unidad Popular dice que “garantizará la protección de los consumidores vulnerables, asegurando la accesibilidad y universalidad de los Servicios Esenciales impidiendo los cortes de suministro”.

Fuente: eldiario.es

El CSN autoriza el traslado de 750 kilos de residuos nucleares desde Francia a la central de Almaraz (Cáceres)

Basura nuclear almacenada

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha autorizado el traslado de 750 kilogramos de residuos sólidos tecnológicos con actividad radiactiva procedentes desde Greváux-les-Guide, en Maubeuge (Francia) hasta la central nuclear de Almaraz, en Cáceres.

Se trata de los residuos radiactivos resultantes de las operaciones de descontaminación y revisión de dos motores de las bombas del circuito primario de Almaraz, según consta en el acta del pleno a la que ha tenido acceso Europa Press.

En total, se enviaron los motores de seis bombas del circuito primario de Almaraz para su mantenimiento y limpieza. De estos, ya han sido devueltos los residuos generados en la limpieza de cuatro de estas bombas en el marco de la autorización de la Dirección General de la Energía y el Clima de Francia para el traslado entre Areva Somanu y la planta cacereña con fecha 13 de julio de 2012 y que expiraba el 12 de julio de 2015.

Sin embargo, quedaron pendientes dos envíos restantes que según el informe del CSN no se han podido realizar dentro de la validez de esa autorización, por lo que Areva Somanu tuvo que pedir un permiso nuevo para el traslado de estos residuos de cara a realizarlo entre septiembre de 2015 y septiembre de 2018.

Así, el 21 de julio pasado, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo remitió al regulador atómico la solicitud presentada por Francia para trasladar estos residuos y el Pleno del CSN estudió la propuesta el pasado 23 de septiembre y emitió un informe favorable pero con tres condiciones.

En primer lugar, según el acta de la citada reunión, se exige que este transporte sea realizado por un “transportista registrado en el Registro de sustancias nucleares y materiales radiactivos, excepto que la empresa que realice las expediciones lo haga bajo la contratación de otra que ya esté registrada.

Además, el CSN pide a Areva Somanu que le remita una notificación sobre las expediciones de transporte de los residuos, con quince días de antelación a la entrada en la central nuclear de Almaraz. En esta notificación deberá constar tanto la fecha prevista de arribada a la planta atómica cacereña, la identificación de la empresa de transporte y el número de bultos y el contenido de los mismos.

Se trata de unos residuos calificados de baja y media actividad, de modo que según el informe del pleno del CSN, pueden se “acondicionados” por la central nuclear de Almaraz donde podrán ser almacenados temporalmente hasta su retirada por parte de la Empresa Estatal de Residuos (ENRESA), para su almacenamiento definitivo en el almacén de El Cabril (Córdoba).

En concreto, el transporte se realizará “de manera similar a las otras cuatro expediciones ya realizadas”, es decir, en bidones de 200 litros introducidos en un contenedor de 20 pies y en un bulto industrial de tipo 2.

Según el Acuerdo Europeo para el transporte de mercancías peligrosas por carretera que se aplica tanto en España como en Francia, este tipo de bultos no requieren de una autorización para su transporte ni tampoco la aprobación previa de un diseño específico para estos.

Fuente:  www.teinteresa.es

El fracking sufre salidas de efectivo de 30.000 millones en EEUU

30000-fugasRealmente la noticia es que por fin un medio de comunicación económico español se ha dado cuenta de que el fracking es una burbuja financiera que se ha terminado. Todavia hoy dia siguen sin informar de la deuda que las compañias de shale gas han adquirido en su loca aventura en busca de la autosuficiencia energética sin reparan en la herencia de contaminación que ya están sufriendo.

Parece como si quisieran que ocurriera en España una nueva burbuja como la de las Subprime que tanto destrozo ha ocasionado a la economia española y a los españoles en particular.

Incluso en los momentos en que el petroleo estuvo a 120$ el barril las compañias de fracking acumulaban pérdidas anuales de 110.000 $ millones . Este hecho no quitaba  para que los presidentes y los encargados de marketing saldrían con toda su enorme caradura en los medios hablando de que el fracking sería rentable por debajo de los 60$ el barril.

Como siempre, los culpables primeros han sido los bancos como Goldman Sachs y otros, que han regalado creditos impagables a las mencionadas empresas extractoras, sabiendo que no eran rentables (Cheseapeake sólo ha tenido beneficios en 2 años de los 23 que lleva operando). El pagano será el pequeño inversor al que le han empaquetado los activos tóxicos del fracking en unos “Fondos de Inversión” de los que no saben muy bien en que invierten su dinero, sobre todo porque el banco nunca se lo va a decir.

En caso de que una empresa de fracking quiebre (ya lo han hecho 7 durante 2015) será el pequeño ahorrador y no el banco el que pierda su dinero. El banco vive de las comisiones de gestión que cobra tanto al pequeño ahorrador como a la empresa de fracking.

fracking cash comanies

Los productores estadounidenses de hidrocarburos no convencionales informaron de salidas de efectivo de más de 30.000 millones de dólares en la primera mitad del año.

Esta cifra representa un signo de los retos que afronta la industria del país a medida que empieza a hacer efecto la fuerte caída del precio del petróleo.

El déficit de capital apunta a un aumento de las quiebras y las reestructuraciones en un sector que se ha expandido con rapidez en los últimos siete años, pero que nunca ha cubierto su gasto de capital con el flujo de caja.

El gasto de capital de las empresas de gas y petróleo independientes cotizadas de EEUU superó el efectivo obtenido con las operaciones en alrededor de 32.000 millones de dólares en los seis meses hasta junio, una cifra cercana al déficit de 37.000 millones dado para todo 2014, según los datos de la empresa de información Factset.

La producción estadounidense de petróleo cayó en mayo y junio, según la Administración de Información de Energía de EEUU, y algunos analistas esperan que siga descendiendo a medida que las restricciones financieras limiten la capacidad de las compañías para perforar y culminar nuevos pozos.

Las compañías han vendido acciones y activos y han solicitado préstamos para incrementar la producción y aumentar sus reservas.

La deuda agregada neta de las productoras de petróleo y gas estadounidenses se ha multiplicado a más del doble, de 81.000 millones de dólares a finales de 2010 a 169.000 millones el 30 de junio de este año, según Factset.

Terry Marshall, de la agencia de rating Moody’s, señala: “Los mercados de capitales han sido tan fuertes y tan abiertos para estas compañías que muchas de ellas pudieron acumular abundante deuda”.

Los mercados de capitales se han mantenido abiertos para los grupos petroleros y gasistas estadounidenses pese a que el precio del petróleo ha caído a más de la mitad en el último año.

Sin embargo, hay signos de que el flujo de capital se está ralentizando. Las empresas estadounidenses de exploración y producción vendieron acciones por valor de 10.800 millones de dólares en el primer trimestre del año, pero esa cifra cayó a 3.700 millones en el segundo trimestre y a menos de 1.000 millones en julio y agosto, de acuerdo con Dealogic.

Asimismo, esas compañías vendieron una media de 6.500 millones de dólares mensuales en bonos en el primer semestre del año, pero el total para julio y agosto fue de sólo 1.700 millones de dólares.

El próximo obstáculo que afrontan muchas petroleras de EEUU es el de reajustar su base crediticia: la valoración de sus reservas de petróleo y gas, que los bancos utilizan para determinar las sumas que les prestarán.

Las bases crediticias se fijan por lo general dos veces al año, y los próximos niveles, que por norma general entrarán en vigor a partir del 1 de octubre, reflejarán unas expectativas significativamente más bajas para los precios del petróleo que las acordadas en primavera.

Edward Morse, el responsable global de investigación de materias primas de Citigroup, señaló que tendría que producirse una reorganización en la industria estadounidense del petróleo no convencional para separar a las buenas compañías de las malas.

“De igual modo que facilitó el espectacular crecimiento de la industria, el sector financiero va a propiciar que la industria se consolide y se contraiga”, advirtió.

Nuemro de Pozos May-2015

Los productores estadounidenses de petróleo no convencional informaron de importantes mejoras en la productividad de sus plataformas petrolíferas y de sus pozos. Pero el número de torres de perforación en funcionamiento en EEUU ha caído un 59% desde su pico del pasado octubre.

Fuente: Financial Times a través de Expansión

El CSN confirma defectos en el cementerio nuclear de Villar de Cañas que reactivan la opción de Zarra

El Colegio de Geólogos se cuestiona si «merece la pena» la ubicación elegida tras los problemas detectados

El Colegio de Geólogos ha cuestionado la elección del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radioactivos (ATC) de Villar de Cañas, en Cuenca, tras conocerse el contenido de un acta de inspección realizada en el emplazamiento por técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear(CSN).

El presidente del ICOG tras conocer los informes oficiales llega a sugerir que cabría «replantearse si merece la pena la ubicación elegida».

El informe del CSN supone un nuevo varapalo para la opción de Villar de Cañas, que fue pactada por el Gobierno con la Junta de Castilla-la Mancha ante la oposición de la Generalitat al emplazamiento de Zarra, el favorito en los informes técnicos.

No obstante, la posición de rechazo del gobierno de Francisco Camps podría reforzarse en el nuevo Consell autonómico si pactan el PSPV y Compromís, abiertamente contrarios a la opción de Zarra, que seguiría contando con el beneplácito de los técnicos y alentado por la urgencia en dar una solución a los residuos almacenados en las centrales nucleares españolas, que podrían tener que cerrar anticipadamente si no liberan sus piscinas de combustible gastado.

En un análisis experto del acta de inspección publicada por el CSN, el ICOG solicita que se realicen más estudios geológicos «de máxima fiabilidad», antes de decidir la construcción del ATC en Villar de Cañas.

Recuerdan que el acta de inspección «de caracterización geotécnica» del emplazamiento elegido muestra «deficiencias e incertidumbres» geológicas en los terrenos de Villar de Cañas.

Luis Suarez, presidente del ICOG asegura que «el futuro ATC se ubica en terrenos yesíferos y lutíticos que son solubles y expansivos respectivamente, lo que dificulta una correcta cimentación y va a disparar la inversión económica».

Según el informe del CSN, « no se dispone de procedimientos generales de ejecución de los trabajos de caracterización del emplazamiento», explica Suárez. También muestra que «no se han completado algunas actividades del plan de caracterización» y que «la interpretación de los datos de campo difiere según su uso posterior sea para estudios geológicos o para estudios geotécnicos».

En consecuencia explicó que «la ausencia de estudios geológicos contrastados condicionará la decisión final de ubicación del ATC desde el punto de vista económico y de seguridad», afirma.

«Hay que hacer muchos más estudios o si no replantearse si merece la pena la ubicación elegida», concluye Suárez.

El acta de inspección a la que alude el presidente del Colegio de Geólogos lleva fecha de 23 de febrero de 2015, aunque hasta ahora nadie había pasado prácticamente inadvertida.

En noviembre de 2014, el CSN ya requirió a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para que aclarase algunos aspectos del proyecto dentro «del proceso de autorización previa del ATC de Villar de Cañas». Sin embargo, para entonces, Enresa ya había comenzado las obras y su presidente, que intentó adjudicar el grueso de los trabajos hasta poco antes de su cese, había negado la existencia de problemas geológicos.

Fuente: levante-emv.com

Mas información sobre las sombras del ATI de Cuenca y ENRESA

Los geólogos reclaman estudios de “máxima fiabilidad” en la zona del cementerio nuclear

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) difundió ayer un comunicado en el que

“solicita que se realicen más estudios geológicos de máxima fiabilidad antes de decidir la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos nucleares en el municipio conquense de Villar de Cañas”.

Los geólogos reclaman estudios de “máxima fiabilidad” en la zona del cementerio nuclear

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha hecho público un acta de inspección de caracterización geotécnica de la zona que muestra “deficiencias e incertidumbres” geológicas en el futuro emplazamiento, según explica Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos: “el futuro ATC se ubica en terrenos yesíferos y lutíticos que son solubles y expansivos respectivamente, lo que dificulta una correcta cimentación y va a disparar la inversión económica”.

Según el informe del CSN -continúa Suárez-, “no se dispone de procedimientos generales de ejecución de los trabajos de caracterización del emplazamiento y no se han completado algunas actividades del plan de caracterización”.

Suárez explica por otro lado que “la ausencia de estudios geológicos contrastados condicionará la decisión final de ubicación del ATC desde el punto de vista económico y de seguridad; hay que hacer muchos más estudios -ha concluido el presidente de los geólogos- o, si no, replantearse si merece la pena la ubicación elegida”.

El ICOG se define como una “institución sin finalidad lucrativa” que fue creada por ley en 1978 (Ley 73/1978 de 26 de Diciembre). Entre sus fines esenciales, destaca “la ordenación de la actividad o ejercicio de la profesión de Geólogo”. Con sede en Madrid, el Colegio cuenta con delegaciones en Aragón, Asturias, Cataluña y País Vasco.

Por otro lado hay que decir que el Colegio de Ingenieros de Minas está promoviendo el fracking en España dando charlas en las que indica que no tiene más peligro que encender una vela.

 

Así mismo es importante reseñar que en la zona del almacen de Cuenca se han producido diversos terremotos, su terreno se ha inundado en 2015 y la geologia de su terreno no parece ser la más estable a la vez que existen manantiales que suponen un riesgo evidente como “medio de conexión de contaminantes entre las instalaciones del ATC, los acuíferos circundantes y el Río Záncara”.

Fuente: www.energias-renovables.com

 

Explota la burbuja del fracking. Demoledor informe de la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de USA

El Cambio Climático, ha dejado de ser hipótesis, la técnica de fractura hidráulica -fracking- es una técnica nociva para el ecosistema y de toda la vida de la que es sustento.

La prestigiosa National Academy of Sciences ha publicado informe- Proceedings of the National Academy of Sciences– demostrando de forma incuestionable la relación directa entre la práctica del fracking y la contaminación de los acuíferos poco profundos de agua potable de viviendas en el estado de Pennsylvania.

En el estudio científico queda acreditada sin lugar a dudas la presencia de agentes químicos en las muestras de agua potable tomadas en varias viviendas y fuentes de agua potable próximas a pozos de gas Marcellus Shale en explotación.

Aunque la contaminación de las aguas subterráneas por gas natural  y derrames de fluidos de perforación se sabe que ocurre, nunca antes había sido plenamente documentada la contaminación de los acuíferos poco profundos de agua potable.

de Pennsylvania, que causaron inundación de gas natural y de espuma en el agua subterránea potable básicamente utilizada por varios hogares.

En las muestras de agua potable tomadas se han encontrado restos de una sustancia química que normalmente se encuentra en líquidos usados durante ‘fracking‘ en el yacimiento de esquisto de Marcellus, que también se extiende por el sur del vecino y densamente poblado Estado de Nueva York.

Mediante análisis cromatológico de gases, ha sido detectada mezcla compleja de compuestos orgánicos en el acuífero, así como la presencia de un compuesto positivamente identificado como 2-n-butoxietanol  (sustancia disruptora endocrina, y neurotóxica ) en el agua de una fuente potable próxima a la plataforma de explotación de gas en Marcellus Shale.

Los mercados no han sido ajenos al significado de la sentencia por parte de la comunidad científica, y así David Einhorn, director y fundador de la firma de inversión Greenlight Capital, aseguró durante una conferencia en Nueva York que las empresas de fracking no valen nada.

Según este inversor  “Las compañías de fracking contaminan la rentabilidad de la inversión, es un negocio que quema dinero y no crece, no valen nada”, indicando lo inexplicable que resulta que Pioneer Natural Resources (empresa de fracking) puede tener una capitalización bursátil de 27.000 millones de dólares.

Einhorn aconsejó a los inversores que si están interesados en el petróleo inviertan en la propia materia prima. Hacerlo en las empresas de fracking puede ser una decisión fatal, pues se encuentra “Dramáticamente Sobrevaluado” , indicando que ni aunque el barril de crudo esté a 100 dólares estas empresas lograrán unos ingresos fuertes respecto a su endeudamiento.

El influyente inversor también señaló a Concho Resources como ejemplo de empresa dedicada a la fracturación hidráulica que invierte mucho y genera pocos beneficios. De la misma forma que Pioneer, las acciones de esta compañía comenzaron a caer tras sus palabras.

Fuente:  Ecoportal.net

Mas Indformación:  LA RENTABILIDAD DEL FRACKING CONTADA A PRINCIPIANTES

Estudios cientificos:   RECOPIACIÖN SOBRE FRACKING

La debacle electoral del PP aniquila el ‘fracking’, deja en vilo el almacén nuclear y mete miedo a las eléctricas

La derrota de Cospedal en Castilla-La Mancha puede suponer la puntilla para el almacén nuclear de Cuenca

Fuentes empresariales califican de “convulsión” el resultado de las elecciones autonómicas y municipales

Las propuestas contra la “pobreza energética” en varios programas ganadores inquietan a las grandes suministradoras

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“En las empresas energéticas estarán nerviosos”, resumía este lunes un analista del sector, que pide el anonimato, ante el batacazo electoral que se ha pegado el PP en las elecciones autonómicas y municipales y los cambios que puede implicar el nuevo juego de mayorías para el negocio de eléctricas y petroleras, un escenario político que fuentes próximas a las empresas califican de “convulsión”.

Las propuestas energéticas lanzadas por las candidaturas de unidad popular para las municipales, por un lado, y las incluidas en los programas electorales para las autonómicas de los dos partidos que parecen condenados a entenderse en ese ámbito, Podemos y el PSOE, por otro, permiten dibujar un escenario muy diferente al actual en este ámbito (en materia energética, las propuestas de esas dos formaciones iban muy a la par). “Si nos creemos que los partidos cumplen sus programas electorales, sin duda, van a cambiar cosas”, corrobora Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables.

Estos son sólo algunos de los aspectos candentes del sector para los que el 24-M puede tener consecuencias:

‘Fracking’: el incipiente ‘boom’ de la fractura hidráulica lleva tiempo parado en seco, aunque el Gobierno central no renuncia, ni mucho menos, a esta técnica. Siguiendo las directrices de FAES, el ‘think tank’ del PP, ha intentado impulsarla a través de la nueva Ley de Hidrocarburos, en vigor desde la víspera de las elecciones. Sin embargo, a escala autonómica, el PP ha perdido la mayoría absoluta en Castilla y León y no gobernará (o tiene muy difícil hacerlo) en otros territorios en los que se supone que hay bolsas de gas de esquisto, como Aragón, Cantabria o Asturias. Con este escenario, “el fracking está KO si obviamos la cuestión de que en España no parece que haya recursos de este tipo”, resume un experto. En el ámbito de las prospecciones (como las de Baleares), el Gobierno se ha asegurado la competencia estatal para autorizarlas, pero en las declaraciones de impacto ambiental (DIA) las autonomías tienen mucho que decir.

Garoña: el futuro de la central nuclear más antigua de España pasa por lo que dictamine el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) pero el calendario corre en contra de sus propietarias, Endesa e Iberdrola. La reapertura de la planta es una apuesta del Gobierno de Rajoy que cuenta con la oposición de Podemos y del PSOE, que no se atrevió a clausurarla en su momento durante la era Zapatero y ahora aboga por su cierre definitivo. A más largo plazo, los socialistas son partidarios de un plan para el cierre progresivo del resto de centrales nucleares, coincidiendo con el final de la vida útil años de los reactores, que el actual Gobierno ha planteado alargar de los actuales 40 años a los 60.

Almacén nuclear: la amarga victoria de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, sin mayoría suficiente para gobernar, puede suponer la puntilla para el almacén temporal centralizado de residuos nucleares (ATC) de alta actividad que el Gobierno central decidió construir, a instancias de la secretaria general del PP, en Villar de Cañas (Cuenca). El proyecto está en stand-by y la dupla formada por PSOE y Podemos, que pueden gobernar la región en coalición, está en contra de llevarlo a cabo. Si finalmente no hay ATC, surgirá el problema de dónde meter los residuos, porque las piscinas de las centrales que los almacenan provisionalmente están muy cerca de saturarse.

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Pobreza energética: uno de los pilares del “Plan de Rescate Ciudadano” del programa de Podemos era un “rescate energético” que garantizase “un mínimo vital de subsistencia de los suministros de luz y gas”, cuyo “carácter de servicio público” prometía recuperar. El programa del partido de Pablo Iglesias abría la puerta a que las comunidades autónomas creen incluso sus propias comercializadoras de energía eléctrica, de titularidad pública, “para asegurar, entre otras políticas, el «rescate energético» de las personas aquejadas de pobreza energética”. En Barcelona, la futura alcaldesa, Ada Colau, ha propuesto crear un operador energético municipal que, entre otras cosas, subvencione a aquellos que no puedan pagar la factura de la luz, y en Madrid, Manuela Carmena también ha prometido “tomar medidas” contra un problema que afecta a entre cuatro y siete millones de personas, según las estimaciones.

Eficiencia energética: otra cuestión arrinconada por el Gobierno central que puede retomar el brío ante el previsible cambio político. Prácticamente toda la oposición al PP se ha adherido a un manifiesto por los municipios sostenibles presentado a principios de abril por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables por el que se comprometen a llevar a cabo políticas energéticas social y ambientalmente sostenibles, entre otras propuestas.

Energías renovables: el PSOE ha hecho una enmienda a la totalidad a la política de recortes a las renovables de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, mientras a España le llueven las demandas de inversores internacionales contra esas decisiones y las que luego ha tomado (corregidas y aumentadas) el Gobierno de Rajoy, los socialistas han prometido recuperar el impulso a las energías limpias, una propuesta que comparten con Podemos.

Autoconsumo: supuestamente, el Ministerio de Industria va a aprobar en junio el polémico decreto que impondrá a los autoproductores un peaje de respaldo (obligar a cada pequeño productor a pagar por verter o consumir energía de la red eléctrica) que, en la práctica, aniquilaría esta alternativa energética antes de nacer. Pero hay quien tiene serias dudas de que José Manuel Soria se atreva a abrir un nuevo incendio a escasos meses de las generales, sobre todo tras los resultados electorales de este domingo.

Mercado eléctrico: es una competencia del Ministerio de Industria, pero la reforma del mercado mayorista para poner fin a la sobrerretribución en forma de ‘beneficios caídos del cielo’ que, supuestamente, cada año se embolsan nucleares e hidroeléctricas (unos 2.000 millones de euros para instalaciones que, según los defensores de esta tesis, están sobradamente amortizadas), es una cuestión clave sobre la que parece haber consenso en la izquierda. Supondría una convulsión para el sector.

Proyecto gasista de Gas Natural en Doñana: tras las elecciones andaluzas, la Junta ha vetado el proyecto de la eléctrica para convertir el subsuelo del Espacio Natural de Doñana en un almacén permanente de gas, al autorizarlo sólo fuera de los límites del parque. Una decisión que puede leerse en clave de posible alianza entre Susana Díaz y Podemos, que ha rechazado esta infraestructura.

Fuente: eldiario.es

El ministro de Industria Soria defiende su gestión en relación al precio de la luz, el almacenamiento Castor, el ATC y el fracking

De locos, pero después de subir el precio de la luz hasta ser una de las más caras de Europa y del mundo, Jose Manuel Soria el defensor del fracking en España se vanagloria de su gestión.

No dudamos de que el puesto que le espera en Repsol va a ser de los de arriba, no en vano Scharfhaussen (ex de Repsol) ocupa la presidencia del CSN, tras pasar por Repsol y la Secretaria de Estado de Energia.

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Veamos a continuación el porqué actualmente la autentica revolución está en dar información veraz, viendo que l España los medios de comunicación están en manos de 4 grupos empresariales del IBEX 35 y los medios público sufren censura y miedo.

El ministro Soria ha comenzado su intervención hablando del precio de la luz y del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). El sistema, implantado en abril de 2014, es más eficiente y transparente al basarse directamente en los precios del mercado, sin intermediarios, según ha recordado el ministro. Además, se ha simplificado y clarificado la factura de la luz.

Con el sistema anterior puesto en marcha a mediados de 2009 y hasta diciembre de 2013 en que fue reemplazado por el nuevo mecanismo, los consumidores han estado pagando un 4,3% de más en las facturas. En total, 1.671 millones de euros de sobreprecio. El nuevo sistema ha hecho que las compañías eléctricas hayan tenido que devolver más de 400 millones de euros a los consumidores por haberles cobrado de más en la primera mitad del año 2014. Por último, ha restado importancia a la subida de la luz de enero, porque una comparación del precio mes a mes no es apropiada dada la alta variabilidad mensual por factores como la meteorología o efectos de calendario.

El ministro Soria ha terminado este primer bloque de preguntas recordando que la media mensual de precios en febrero de este año fue de 42,56 euros por MW/h que supone una disminución del 17,51% respecto a los 51,59 euros de media por MW/h del mes de enero, de acuerdo con los datos definitivos del pool eléctrico que han sido publicado por el operador del mercado.

Si comparamos periodos más largos, en el periodo de 2004 a 2011, la factura media de la electricidad para familias con dos hijos se incrementó un 67,2% y un 62,3% de media para los consumidores domésticos, en ese periodo. Para las segundas residencias y las viviendas vacías, con un menor consumo de energía, la subida media en ese mismo periodo fue del 53,3%, de ahí la necesidad del cambio en el sistema.

En el 2014, para un consumidor medio con 3,3 kW de potencia contratada y un consumo de 3.000 kWh acogido al PVPC, el precio ha disminuido un 4,5% con respecto al año anterior.

La comparecencia del ministro Soria ha continuado abordando el tema de la interrumpibilidad, una herramienta que flexibiliza la operación del sistema eléctrico permitiendo una respuesta rápida ante situaciones de emergencia. Por este servicio, los grandes consumidores perciben una retribución económica. En 2014 se ha puesto en marcha un nuevo mecanismo de asignación del servicio de interrump​ibilidad mediante sistema de subastas competitivas, lo que ha provocado además una reducción del coste para el conjunto del sistema. Por otra parte, las industrias electrointensivas se han visto beneficiadas por una sustancial reducción del impuesto especial de electricidad de hasta un 85% sobre la base imponible.

En cuanto al tema del autoconsumo, el ministro de Industria, Energía y Turismo ha adelantado que se ha realizado un profundo análisis del autoconsumo y próximamente se llevará a cabo su regulación. Y ha insistido en que los consumidores que opten por el autoconsumo y que, a su vez, estén conectados a la red, deberán contribuir por el uso de las redes y los servicios de respaldo del sistema. De no ser así, serían el resto de consumidores los que verían incrementada su factura de la luz.​

En cuanto al futuro de la central nuclear de Garoña, José Manuel Soria, ha comentado que, tras la solicitud de renovación de la autorización de explotación presentada por Nuclenor el 27 de mayo de 2014, el Ministerio trasladó la misma al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para el informe preceptivo. En estos momentos está en tramitación el procedimiento a seguir para la renovación de la autorización de explotación.

La posición del Gobierno en relación a la ampliación o no de la vida útil de Santa María de Garoña o de cualquier otra si se plantea, se hará en todo caso conforme a lo que dictamine el CSN, que en todo caso hará el informe de acuerdo con las exigencias, tanto de las existentes como de las adicionales como consecuencia de las gestión post-Fukushima.

Sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC), el ministro ha expresado que el importe máximo de licitación de la obra civil es de más de 217 millones de euros y que se han presentado ocho ofertas que se encuentran en fase de evaluación por parte de ENRESA. Por otro lado, la tramitación de la autorización previa para el emplazamiento del ATC requiere el informe previo preceptivo y vinculante del CSN y la declaración de impacto ambiental (DIA) del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Según el ministro Soria, hay que tener en cuenta que, en todo proceso de licenciamiento, es habitual que el CSN requiera a los licenciatarios de instalaciones nucleares información adicional o aclaraciones específicas en relación con la documentación presentada, para poder elaborar su informe. Hasta la fecha, el CSN en ningún momento ha manifestado que el emplazamiento no sea válido para la construcción del ATC. Actualmente, el CSN está analizando esta documentación.

José Manuel Soria ha defendido que la marcha del presidente de ENRESA fue por motivos personales y no le consta ninguna irregularidad en su gestión.

Afirmaciones incomprensibles después del cese fulminante del presidente de ENRESA Gil-Ortega, al que casi echan por la ventana de las que estaba preparando.

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En otro bloque de respuestas, el ministro Soria ha asegurado que, al hablar de fracking, la protección de las personas y del medioambiente está garantizada por medio de un sólido y riguroso procedimiento de evaluación del impacto ambiental que, con carácter preceptivo y vinculante en la autorización de cada trabajo, establece las condiciones, limitaciones y prohibiciones necesarias para garantizar la protección medioambiental y la seguridad de personas y bienes.

Y ha añadido que se ha reforzado el control ambiental de estos proyectos. Se garantizará la máxima protección del medioambiente a la vez que se ofrecerá la máxima información a los ciudadanos que podrán participar activamente en el procedimiento. Esto hace que sea compatible el respeto al medio ambiente con la explotación de los recursos energéticos con que pudiera contar nuestro país.

En cuanto a la central de Elcogas de Puertollano, el ministro ha asegurado que el Ministerio está estudiando diferentes opciones para la viabilidad de la instalación y no emitirá resolución alguna hasta que se hayan analizado estas opciones con detenimiento.

Por otro lado, el ministro de Industria ha negado que su departamento haya emitido ninguna autorización para la realización de campañas sísmicas marinas en el área del Golfo de León, frente a las costas de Cataluña y Baleares.

El ministro Soria ha hablado también del almacén Castor y ha señalado que la solución adoptada por el Gobierno ha sido equilibrada, ya que se determinó la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo, la hibernación de las instalaciones y su asignación a Enagas, quien se encargará de las labores de mantenimiento y de realizar los estudios necesarios para adoptar una decisión definitiva que determine el futuro del almacenamiento.

José Manuel Soria ha recordado que la renuncia y el pago a Escal de la indemnización de 1.350 millones de euros no implican, en modo alguno, la extinción de la responsabilidad que ésta y sus accionistas debieran, en su caso, afrontar por su gestión del proyecto y que sería exigida, si procede, una vez se dispongan de todos los elementos de juicio necesarios. La solución financiera adoptada supone, frente a la entrada en funcionamiento del almacenamiento, una notable reducción de costes para el sistema gasista y para el consumidor por los menores costes financieros, el aumento de periodo de amortización y a la drástica disminución de costes de operación y mantenimiento.

La intervención del ministro de Industria, Energía y Turismo ha finalizado abordando el futuro del sector del carbón. El nuevo marco de actuación, el acuerdo alcanzado en 2013, permite, por una parte, seguir apoyando la actividad minera y, por otra, mantener la protección social para aquellos trabajadores del sector que puedan verse afectados por el cierre de explotaciones mineras no competitivas.​

El objetivo final es que exista, a partir del año 2018, un sector de la minería energética en España competitivo y que pueda seguir operando sin ayudas públicas, puesto que eso es lo que establece la Decisión 787 de la Unión Europea, y ese es nuestro irrenunciable marco de referencia, ha señalado Soria.

Fuente:  google.es

Mas informacion sobre el presidente de ENRESA:   almacennuclear.wordpress.com/2015/02/13/la-sepi-echa-al-presidente-de-enresa-por-miedo-a-que-firme-contratos-antes-de-irse/