Europa busca soluciones viables para eliminar los residuos nucleares que no quiere nadie

En medio kilómetro subterráneo de túneles iluminados, un laboratorio del gobierno francés está probando la seguridad de un sitio destinado a almacenar 80.000 metros cúbicos de desechos radiactivos mortales.

Las tripulaciones perforan aberturas del tamaño de un barril a los lados de los pozos, excavadas profundamente en la tierra no lejos de la pequeña ciudad de Bure, en el noreste de Francia. Los envases tendrán que ser recuperables durante un siglo, en caso de que se desarrollen mejores tecnologías para tratar con materiales radiactivos. Salvo este descubrimiento, la idea es que los residuos pasen los próximos 100.000 años bajo tierra.

Los obstáculos técnicos serán bastantes, pero mucho más difícil para la agencia francesa de gestión de residuos radiactivos, Andra, será superar la oposición política a la construcción del sitio destinado a servir como el lugar de descanso final para toneladas y toneladas de residuos radiactivos.

Seis décadas después de la construcción de la primera oleada de centrales nucleares, ningún país ha abierto un sitio de almacenamiento permanente. El combustible nuclear gastado y otros materiales contaminados, que son subproductos mortales de la generación de electricidad, siguen siendo almacenados en lugares temporales alrededor de Europa y el mundo, a veces incluso junto a los reactores donde fueron utilizados.

El problema es cada vez más urgente, cuando las plantas de energía en todo el mundo están cerca del final de sus vidas útiles, y Europa occidental sufre recortes en la generación de electricidad nuclear. Sólo en la Unión Europea, más de 50 de los 129 reactores actualmente en funcionamiento podrían cerrar antes de 2025, dijo recientemente el Comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete. “Estos reactores tendrán que ser desmantelados, y los desechos radiactivos generados en este proceso tendrán que ser manejados con seguridad”.

Las apuestas son menos técnicas que políticas. La disputa va al corazón de un debate en curso sobre la sostenibilidad de la energía nuclear. Si no es resuelto, la industria quedará vulnerable a sus críticos, quienes sostienen que la tecnología es tan intrínsecamente riesgosa, y sucia, que no se puede confiar en ella para generar electricidad, ni siquiera para combatir el cambio climático.

La Comisión Europea está empeñada en apresurar a los países en ese sentido. El 13 de julio, se intensificó un procedimiento de infracción contra Austria, Croacia, la República Checa, Italia y Portugal, obligándolos a cumplir plenamente con las normas sobre residuos radiactivos del bloque, y a informar a Bruselas de sus programas nacionales de gestión de residuos nucleares. Por ahora sólo Finlandia, que abrirá el primer depósito final del mundo a principios de la próxima década, tiene un plan que en verdad puede implementar.

Fuente:  mundiario.com

Nuclenor dice que Garoña, con 3 revisiones en 10 años, es «más fiable» que la media

El director de la central nuclear de Santa María de Garoña, Miguel Ángel Cortés, defendió que la planta burgalesa es «más segura» y fiable que la media del resto de centrales nucleares en el mundo y recordó que paso tres revisiones exhaustivas en diez años, informa Europa Press.

Cortés compareció ayer ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados para explicar aspectos técnicos y repasar las actuaciones de la central para mantener la planta en «las mejores» condiciones de seguridad, ante el «doble escenario» al que se enfrenta Garoña, que son la continuidad de la operación o bien, el cese definitivo.

Cortés expuso que Garoña «se ha sometido en los últimos 10 años a tres revisiones» que han concluido que «no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la central», ya que la prioridad y «premisa» de Nuclenor, su titular «ha sido y es la seguridad» de la instalación, la protección de los trabajadores y el público y el respeto al medio ambiente».

«Toda nuestra gestión se desarrolla en torno a este principio y la principal motivación de nuestras actividades es el mantenimiento de las adecuadas condiciones para el funcionamiento seguro y fiable de la central», manifestó.

Cortés elogió a los 242 trabajadores de Nuclenor  (no 800) y a los más de 200 empleados de empresas colaboradoras porque «se han enfrentado de modo ejemplar al reto que esta situación representa».
Respecto a las tres evaluaciones pasadas por Garoña en estos últimos 10 años, resaltó la «fiabilidad» de la central «por encima de la media del resto de centrales nucleares en el mundo».

La primera de estas revisiones se prolongó durante tres años, entre 2006 y 2009, tras la que el Consejo de Seguridad Nuclear se mostró favorable para que la planta pudiera operar hasta 2019. Posteriormente, entre 2011 y 2012, Garoña realizó las pruebas de resistencia a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima Daichi, igual que el resto de las instalaciones nucleares españolas y, según Cortés «se puso de manifiesto que Garoña está al mismo nivel» que las demás.

En este contexto, expuso a los diputados que las pruebas sirvieron para evidenciar las «grandes diferencias existentes» entre la central nuclear de Garoña y la de Fukushima, desde las obvias por localización y sismicidad, hasta las propias de diseño (1).

La tercera de estas evaluaciones se realizó desde 2014 a 2017 y según Cortés fue «rigurosa y exhaustiva» pues incluyó entre otros la revisión de la vasija y de sus elementos internos.

En definitiva, el director de Garoña dijo que el CSN aprobó «la viabilidad» de que la central opere «con seguridad hasta 2031 con determinadas condiciones».

No comenta que a mediados de los años 90 un equipo de ingenieros estadounidenses se negó a firmar la ITV de Garoña y tuvieron que contratar a un equipo coreano que si firmó.

Fuente:  elcorreodeburgos.com

(1) Garoña y Fukushima se construyeron sobre los planos idénticos de Westinghouse

Alemania quiere sepultar la mitad de sus residuos nucleares en una mina abandonada a 1.300 metros de profundidad

Toma casi cinco minutos en ascensor llegar a la base del pozo. El trayecto hacia abajo es solemne y silencioso, sólo se escucha el gentil rechinido de la jaula sobre sus ejes verticales. La luz de las antorchas que cuelgan de nuestros cuellos oscila a medida que descendemos.

En el fondo, pasamos junto a viejas carretillas que se usaban para transportar mineral de hierro a través de estos túneles sombríos de color óxido.

La mina Konrad en Salzgitter, en Alemania, produjo hierro durante más de un siglo, de 1867 a 1976.

Con el paso de los años su laberinto fue extendido hacia profundidades de hasta 1.300 metros bajo el nivel de la superficie.

Pero la mina abandonada ahora tiene un nuevo papel: uno que podría durar cientos de miles de años.

La mina Konrad, en Salzgitter, Alemania, produjo hierro durante más de un siglo.

Si todo sale como está planeado, en cinco años los túneles de Konrad se convertirán en el hogar de más de 300.000 metros cúbicos de desechos radioactivos de las plantas nucleares alemanas, casi la mitad de todos los desechos nucleares que el país ha producido.

Una vez enterrado en el subsuelo, se dejará que el material se degrade lentamente.

Pero no todos están contentos con la idea. Los habitantes locales han estado haciendo campaña contra los planes desde que éstos fueron esbozados por primera vez en los 70, y desde entonces no se han dado por vencidos.

El problema de qué hacer con los desechos nucleares ha estado presente desde que se encendieron los primeros reactores nucleares hace más de 60 años.

Algunos de los elementos radioactivos producidos en los reactores nucleares tardan décadas en degradarse.

Otros -como el plutonio-239, neptunio-237 y iodo-219- pueden resistir durante miles de años. Muchos pensamos que enterrarlos en el suelo profundo dentro de contenedores asegurados, es probablemente nuestra mejor opción.

 

En Inglaterra lleva varios años librándose la batalla para enterrar desechos nucleares y hasta ahora no ha sido aprobado ningún proyecto.

Finlandia recientemente aprobó un plan para hacer esto en la isla de Olkiluoto y Corea del Sur ya comenzó a enterrar desechos nucleares de algunas de sus plantas nucleares en enormes almacenes subterráneos en Gyeongju, en el sureste del país.

Pero nadie sabe exactamente qué pasará con estos depósitos dentro de miles de años.

Reacondicionamiento

El geólogo Johannes Schneider detiene el vehículo en que viajamos -una especie de camioneta descapotable- y sale de él.

En la oscuridad nuestras antorchas iluminan una enorme máquina de minería.

“Actualmente cortamos unos cuatro metros en 24 horas”, dice Schneider. “Después de dos metros, la máquina se detiene y entonces tenemos que reforzar la roca. Los mineros colocan malla metálica en la roca y la aseguran con tornillos”.

A pesar de la enorme red de túneles existentes, la mina será extendida para almacenar los desechos.

Algunos de los conductos están siendo alargados para que pueda entrar la maquinaria que trasladará los residuos.

La vieja mina también está siendo reacondicionada. Los mineros están instalando nuevos sistemas de ventilación para mantener bajo control al polvo rojizo que lo cubre todo.

 
Otros países, como Finlandia y Corea del Sur, están experimentando con “laboratorios” subterráneos de desechos nucleares.

La mina tendrá también talleres subterráneos, donde la maquinaria que se utilice allí abajo recibirá mantenimiento.

Schneider también señala los baños, que degradarán otro tipo de desperdicio allí mismo.

Para lograr que la mina esté lista para el primer envío de desechos nucleares en 2022, cientos de mineros están trabajando turnos de siete horas bajo tierra.

Cada trabajador lleva una antorcha y un botiquín de autorescate que le abastecerá oxígeno durante una o dos horas durante una emergencia, como un incendio.

Cuando un grupo de trabajadores pasa junto a otro se dicen “Glück auf!”, un antiguo dicho minero alemán que significa, más o menos, “buena suerte”.

En la entrada de los túneles hay un santuario de Santa Bárbara, que se dice cuida de los mineros, artilleros y aquéllos que trabajan con explosivos.

 
Utilizando máquinas como ésta los mineros cortan cuatro metros de roca en 24 horas.

Apilados y sellados

Para lograr la aprobación del gobierno, el proceso de llenar la mina con material radioactivo tiene que se descrito con detalle.

Durante el curso de unas cuantas décadas, trenes y camiones entregarán desechos nucleares que han sido comprimidos y sellados en contenedores especiales.

Los contenedores serán trasladados bajo tierra a través de los pozos existentes y después serán colocados en su última morada, en alguno de los túneles, con máquinas operadas por humanos.

 
Los deshechos nucleares tardan miles de años en dejar de ser nocivos.

Los contenedores serán apilados y sellados, cada 50 metros, por un muro de concreto. El espacio entre estos muros será rellenado con más concreto a medida que los túneles se vean gradualmente abarrotados con desperdicios.

Por casualidad, el año en que Konrad espera su primera entrega de desechos es el quese espera que las últimas plantas nucleares de Alemania sean clausuradas.

Desde hace tiempo este país ha estado pensando en abandonar la energía nuclear y el gobierno de Angela Merkel finalmente decidió hacerlo en 2011, después del accidente de Fukushima en Japón.

Aún así, los desechos de las plantas desmanteladas, y el material contaminado de los edificios que las componen, seguirá siendo radioactivo durante miles de años.

Desde mediados de los 70, la mina Konrad ha estado catalogada como receptora potencial de desechos nucleares.

Pero la licencia para almacenar dicho material no fue otorgada hasta 2007 y desde entonces ha habido retrasos.

Se suponía que el almacenamiento ya tenía que haber empezado, pero ha sido postergado casi 10 años. Una portavoz del gobierno explica que esto se debe a que es necesario reconstruir algunos de los pozos para hacerlos seguros.

Los túneles de la antigua mina están siendo extendidos para permitir que entre la maquinaria que trasladará a su lugar a los desechos nucleares.

Barriles corroídos

El retraso ha tenido efectos secundarios. En 2014, se descubrió que los barriles de desechos nucleares que iban a ser enviados a Konrad y que fueron almacenados temporalmente en una planta desmantelada, estaban corroídos.

Éstos fueron colocados en fosas con muros de concreto que no fueron diseñadas para almacenamiento de largo plazo.

También se ha ido incrementando el costo. Se calcula que la Oficina para la Protección de Radiación de Alemania, una agencia gubernamental, está gastando casi US$3.600 millones para convertir a Konrad en un depósito y trasladar los desechos hasta allí.

Y más retrasos podrían seguir aumentando esa cifra.

Se eligió a Konrad en parte porque es una mina inusualmente seca, gracias a una capa de barro de 400 metros de grosor que sella a la mina del agua subterránea.

Uno de los mayores temores sobre el almacenamiento subterráneo de desechos radioactivos es que el agua que se filtra gradualmente erosione los contenedores y que el material radioactivo se traslade hacia la superficie.

Incluso si este proceso toma miles de años, podría ser desastroso.

“Aquí hay cierta humedad”, admite Schneider, y señala una hilera de brillantes estalactitas blancas. Pero éstas están formadas principalmente de sal y explica que las soluciones salinas son menos móviles que el agua dulce subterránea.

 
Escena tras la explosión en la planta Daiichi en Fukushima, Japóon, en marzo 2011.

Los que están involucrados en el proyecto creen que tomaría al menos 300.000 años para que esta humedad llegara hasta la superficie.

Para entonces, los desechos radioactivos deberían ser inocuos.

Oposición

El pueblo de Bleckenstedt está a unos dos minutos manejando desde la entrada principal a Konrad.

A ambos lados de la carretera y en los jardines de los pobladores hay barriles de petróleo amarillo brillante, pintados para simular recipientes de material radioactivo.

Esta es una de las formas cómo algunos de los 600 residentes de la localidad están demostrando su oposición a la transformación de la mina vecina en un vertedero de desechos nucleares.

También están desplegados letreros de marchas anti nucleares y un elaborado mural pintado en la puerta de una granja que advierte sobre los peligros de la radiación.

Uno de los residentes está indignado porque compró un apartamento en el pueblo hace una década, antes de que se otorgara la licencia para el almacenamiento nuclear a Konrad.

Alega que desde entonces el valor de su propiedad se ha reducido a una tercera parte de su precio original. Cree que el gobierno alemán debe compensar a los locales por el efecto del almacén en los valores de las propiedades.

Otra residente me dice que está preocupada por si ocurre algo malo en la mina. “Hemos visto lo que ocurrió en Asse”, dice.

 
Los residentes locales colocaron en las calles barriles de petróleo pintados de amarillo para simular recipientes de material radioactivo.

Asse II, a sólo 25 km de distancia, es el nombre de otra antigua mina, y quizás el mayor percance de desechos nucleares de la historia de Alemania.

Es hogar de 126.000 barriles de material radioactivo que fueron desechados allí y apilados descuidadamente entre 1967 y 1978.

Algunos años después se descubrió que una salmuera radioactiva se estaba filtrando de la mina y el hecho se hizo público en 2008.

Nadie sabe exactamente qué hacer con el problema. En teoría, los desechos de Asse II podrían ser trasladados a un nuevo depósito, dice la portavoz de Konrad.

Pero la actual licencia de Konrad no incluye esa posibilidad.

Rosemarie Streich, quien ha vivido en Bleckenstedt toda su vida, me invita a su casa.

Está en sus 80 años y recuerda haberse unido a protestas contra Konrad en los 1970. Todavía hoy sigue asistiendo a manifestaciones.

“Obviamente, soy consciente de que esto tiene que ser almacenado en alguna parte y quizás tiene que ser aquí”, dice. “Pero el problema es cómo surgió”.

Transparencia

 
En muchas naciones del planeta hay oposición a los almacenes nucleares.

No siente que los que están detrás del proyecto han sido siempre transparentes con los residentes sobre los riesgos involucrados. Pero piensa que las protestas han tenido un efecto para retrasar el proyecto.

Esa también es la opinión de Ludwig Wasmus, un agricultor local, y Ursula Schonberger, un activista político.

Wasmus nació aquí y rápidamente se volvió parte del movimiento anti Konrad. “Fue algo natural”, dice.

Schonberger es originario de Múnich pero ha estado tomando parte en manifestaciones anti nucleares durante 35 años. Hoy, su hija está con ella. “La próxima generación”, dice.

Wasmus y Schonberger son miembros de un comité que se opone al almacén de Konrad que fue fundado después del desastre nuclear de Chernóbil. En 2017 es su 30º aniversario.

La organización ahora tiene un pequeño edificio en Bleckenstedt que sirve como lugar de reuniones y centro de información anti nuclear.

Las paredes están cubiertas con folletos y afiches, incluido uno con una fotografía de un montón de barriles de Asse II mal apilados.

Ambos piensan que se les ha impuesto Konrad sin consultarlos.

“Si inspeccionamos todos los distintos sitios y concluimos que Konrad es en realidad en lugar más seguro, no tendría problemas en estar de acuerdo con eso”, dice Schonberger.

El problema es que todo ha sido presentado como hecho, dice Wasmus. “Ellos simplemente eligieron este lugar, eso es todo”.

Ludwig Wasmus y Ursula Schönberger están ayudando a dirigir un centro de información anti nuclear en una población local.

Otro almacén

Una de sus preocupaciones es que Alemania tiene muchos más desechos nucleares de lo que puede almacenarse en Konrad, lo cual sugiere que tendrá que encontrarse otro lugar para mantener el resto.

“Tendremos dos regiones contaminadas”, afirma Schonberger. “Esto no tiene sentido”.

“El movimiento continuará”, dice Wasmus. “Aún creemos que podemos evitar el almacén de Konrad”.

Las autoridades alemanas, sin embargo, se mantienen firmes en su plan. Todos, incluidos los manifestantes, están de acuerdo en que algo debe hacerse para almacenar los desechos nucleares a largo plazo.

Pero guardarlos bajo la superficie significa lograr la aceptación de quienes viven cerca.

En Reino Unido, por ejemplo, hay una batalla continua y hasta ahora no se han aprobado depósitos.

Debajo de Bleckenstedt, los mineros continúan su trabajo. Los túneles de Konrad, que se extienden por kilómetros bajo la superficie, pronto recibirán una enorme porción de desechos nucleares alemanes.

El único signo visible de qué se encuentra allí son las instalaciones de alta seguridad sobre la superficie, y los barriles de petróleo amarillos.

Fuente:   bbc.com

DETECTAN UN AGUJERO EN UN REACTOR DE FUKUSHIMA Y NIVELES DE RADIACIÓN RÉCORD

Japón, en alerta tras detectar un gran agujero en el reactor nuclear de Fukushima

Altos niveles de radiación en un centro de secundaria de Fukushima

Las secuelas de Fukushima, cinco años después de la catástrofe
A tan sólo 3 años para los Juegos Olímpicos de 2020, Japón está desesperado por tranquilizar a los atletas del mundo y convencerlos de que todo va bien, aunque a la luz de las recientes informaciones, lo tendrá difícil (a no ser que continúe el encubrimiento generalizado).

La Compañía Eléctrica de Tokio (Tepco) asegura haber encontrado unos niveles de radiación récord en el reactor número dos de la central nuclear de Fukushima Daiichi, afectada por el terremoto y posterior tsunami de 2011.

Tepco ha anunciado que se han alcanzado los 530 sieverts por hora, lo que provocaría la muerte de una persona tras una corta exposición, según ha informado la agencia japonesa Kiodo.

La compañía también ha indicado la localización de un agujero de un metro cuadrado en la cubierta metálica bajo el recipiente de presión del reactor, apuntando que probablemente lo causó un combustible nuclear fundido, aunque no han podido confirmar de qué se trata.

La central de Fukushima-1 sigue arrastrando las consecuencias del terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, que arrasó la costa de esa prefectura japonesa, provocando el peor accidente nuclear de la historia junto al de la central de Chernóbil, en Ucrania.

La brecha fue descubierta por investigadores de TEPCO, gracias a un brazo mecánico con una cámara que grabó esta zona, prácticamente inaccesible, del interior del reactor. TEPCO en su informe más reciente sobre la situación de Fukushima I explican que la fuga se encuentra en una rejilla metálica por debajo y dentro del recipiente de presión del reactor.

El agujero habría sido provocado por una de las fugas de combustible nuclear fundido que afectó a la central y que afectó directamente al recipiente. Dichos restos de combustible fueron localizados en torno al agujero.

Desde el accidente provocado por el tsunami de 2011, el nivel más alto de radiación alcanzó los 73 sieverts por hora, una cantidad ya de por sí muy peligrosa, ya que sólo 8 sieverts pueden resultar fatales para un ser humano. Esta cifra ha batido todos los récords hasta la fecha en los últimos días hasta llegar a los alarmantes 530 sieverts por hora.

Los niveles de radiación registrados son ahora tan altos que hasta las máquinas más avanzadas nos lo pueden soportar y quedan destruidas tras apenas dos horas de exposición. Por este motivo, mientras se investiga el alcance total de la fuga radiactiva, Japón está estudiando un plan de contención y desmantelamiento total de la central.

Fuente:  elmundo.es

 

El CSN presentará sus últimos informes el martes al Congreso, la víspera de decidir sobre Garoña

marti2El miembro del Opus Dei Martí Scharfhausen fué nombrado por el ex-ministro de Industria Soria

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, comparecerá en el Congreso el próximo martes, 7 de febrero, justo la víspera de que se anuncie una decisión sobre un futuro de la central de Garoña (Burgos).

En concreto, Martí presentará los informes de actividad del CSN de 2014 y 2015, años en los que el presidente del organismo no acudió a dar explicaciones a la Cámara Baja.

Según ha explicado a Europa Press el diputado de Equo Juan Antonio López de Uralde, su formación fue una de las que había apoyado que la presencia de Martí se produjera antes del miércoles, 8 de febrero, día en el que el CSN informará sobre su decisión de renovación de la licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

“Si el miércoles van a tratar los informes de Garoña, que es un tema que ha ocupado al CSN en los años 2014 y 2015, es lógico que en el Congreso tengamos las comparecencias antes de conocer los datos sobre la central”, ha añadido el parlamentario de Unidos Podemos.

Nuclenor, el titular de la central nuclear de Garoña presentó en 2014 al Ministerio de Industria una solicitud de renovación de su licencia de explotación con la que aspira a seguir produciendo electricidad hasta 2031, cuando la planta llegue a la edad de 60 años y, durante este tiempo, técnicos del CSN comenzaron a elaborar un documento para valorar esta renovación.

mani garoña 2011

SE PREVÉN COMPARECENCIAS DE OTROS ACTORES DEL SECTOR

El pleno del organismo tiene el informe completo sobre la mesa desde el pasado 25 de enero y la decisión definitiva al respecto se dará a conocer la próxima semana. El “grueso” de este expediente incluye aspectos como la autorización de explotación, las medidas de seguridad física, las medidas a raíz de las pruebas de resistencia post-Fukushima o la modificación del diseño sobre los sistemas eléctricos.

Martí será el primer ponente de este año y, posteriormente, está previsto que comparezcan otros actores del sector a propuesta de los diferentes partidos políticos, como instituciones, otros miembros del CSN, el presidente de ENRESA, presidentes de eléctricas y miembros de las organizaciones antinucleares y de colectivos contra el ATC, entre otros.

¿HAY CONFLICTO DE INTERESES EN EL CSN?

Las relaciones de parentesco entre miembros del Parlamento, el Gobienro, el CSN, ENDESA y el CNI muestran la endogamia de los organismo del estado español (seguir leyendo)

CSN1

El presidente del CSN fulminó a sus 2 responsables en Garoña para colocar a sus peones

¿Que ocurrió en 2014 en la central de Garoña?

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear del 26 de febrero de 2014, a propuesta del presidente Fernando Martí Scharfhausen , decidió fulminar por sorpresa a Inmaculada Córdoba, jefa de servicio de Garoña durante 20 años, y a Alfredo Mozas, inspector residente del CSN en Garoña.

Martí Scharfausen trabajó anteriormente en Repsol y ocupó la secretaría de Estado de Energía en la que fue el encargado de revocar la orden ministerial de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (leer más)

Fuente: lavanguardia.com

¿Hay conflicto de intereses en el CSN?

El presidente del CSN fulminó a sus 2 responsables en Garoña para colocar a sus peones

 

Fukushima en grave colapso tras 6 años

fushima-radioRadio de afección de 30 km, la central nuclear de Fukushima

Los niveles de radiación en el reactor nuclear japonés No. 2 de Fukushima Daiichi se han disparado en las últimas semanas, alcanzando un máximo de 530 sieverts por hora, un número de expertos han calificado de “inimaginable”.

La radiación es ahora, con mucho, la más alta desde que el reactor fue golpeado por un tsunami en marzo de 2011, y los científicos están luchando por explicar lo que está pasando.

Los científicos de la planta nuclear de Fukushima Daiichi en Japón han declarado el estado de emergencia, uno de los reactores está a punto de caer en el océano.
Se han detectado alrededor de la zona niveles letales de radiación que según los científicos se deriva de un agujero causado por el combustible nuclear fundido.

garona-radioPosible radio de afección de 30 km. de la central nuclear de Garoña

Fuente: Facebook y     enenews.com

El esperpento de Garoña

garoña 10 añosNo se puede tomar una decisión tan trascendente, ampliar la vida de las centrales nucleares españolas hasta los 60 años, sin transparencia, sin debates, sin diálogo

Son muchas las perspectivas y los ángulos desde los que abordar el tema de la energía nuclear. Pero hay uno fundamental: la seguridad nuclear y radiológica.

Los accidentes de las plantas de Three Mile Island (en Estados Unidos, en marzo de 1979), el de Chernóbil (en Ucrania, en abril de 1986) y el de Fukushima (en Japón, en marzo de 2011) han puesto de relieve que existen riesgos altos. Muy altos. Riesgos que no pueden ser eliminados por completo, pero que, mientras esta tecnología exista, tienen que ser controlados al máximo, con una sólida y rigurosa regulación, con fuertes inversiones económicas y con equipos humanos extremadamente preparados, donde la cultura de seguridad esté por encima de los intereses monetarios.

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Como dice un amigo, lo “bueno” de las centrales nucleares es que “casi nunca pasa nada”. La energía nuclear no es ninguna panacea: son instalaciones que requieren miles de millones de euros para su construcción, hay un proceso emisor de radiaciones ionizantes de difícil control, se generan residuos radiactivos de alta actividad (de carísima y compleja gestión, como estamos viendo con el caso del Almacén Temporal Centralizado –ATC– en Castilla-La Mancha, y que hipotecan a las generaciones futuras), desconocemos con precisión la cuantía de las reservas de uranio y existe el riesgo de la proliferación de armamento nuclear.

Además, como quedó demostrado en Japón, nunca se podrá eliminar por completo el riesgo de accidentes (un tipo de accidente, el nuclear, que conlleva unas tremendas implicaciones sociales, económicas, sanitarias y medioambientales de muy largo plazo). Y tampoco podremos evitar que las plantas atómicas sean objetivos de atentados terroristas. Sin embargo, tendremos que convivir con esta tecnología algunas décadas más.

Se puede, legítimamente, estar a favor o en contra de cualquier tipo de energía. Pero lo inaceptable sería adoptar posiciones sin rigor, sin hacer las cuentas completas, sin anticiparse a los problemas que puedan surgir. Mucho menos, se puede adoptar una posición desde la óptica de la cuenta de resultados de grandes multinacionales de la energía.

Si esto es así, si vamos a tener que seguir utilizando la tecnología nuclear para la producción de electricidad durante algunos años más, un hecho también será cierto: dado que tenemos un parque nuclear muy envejecido, ya al borde o por encima de los 40 años de operación, habrá que destinar muchos más recursos, tanto económicos como humanos, a la seguridad nuclear y radiológica. Y, muy especialmente, tras el desastre de Fukushima.

En otras palabras: la seguridad deberá ser la prioridad de las prioridades.

Países como Alemania, Bélgica o Suiza han anunciado el abandono definitivo de sus programas nucleares (Austria ya lo hizo hace 30 años) o la reducción de su dependencia de la energía nuclear (como Japón, Reino Unido o Francia). Otros, como, por ejemplo, China, Rusia, India o Estados Unidos, han confirmado la continuidad de los mismos.

El hecho es que en el próximo cuarto de siglo es probable que se mantenga el portectaje actual de producción mundial de energía eléctrica con origen nuclear.

Como en el caso de otras tecnologías, los países deben sopesar los costes y los beneficios de contar con centrales nucleares.

Todos los países tienen derecho a utilizar la energía nuclear. Pero todos los que opten por esta vía deben estar obligados a hacerlo correctamente y con las máximas garantías, capacitando a un gran número necesario de ingenieros, físicos, químicos y de expertos nucleares, construyendo una sólida infraestructura técnica, ateniéndonos a las normas, a las buenas prácticas y a las directrices internacionales de seguridad y contando con organismos reguladores eficaces, eficientes, creíbles, transparentes, que cuiden una buena comunicación con la opinión pública y, sobre todo, independientes.

Así, en el debate sobre el futuro de la energía nuclear los organismos reguladores cobrarán más protagonismo, debiendo mantener su neutralidad y extremo rigor en la aplicación de las normativas y de las buenas prácticas, ya que esa es la misión que les encarga la sociedad. Algo que, por supuesto, incluye a España, a través del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El Consejo de Seguridad Nuclear lleva desde 1980 trabajando con un cuerpo técnico de primer nivel. Por eso, el Consejo ha sido reconocido por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) como una institución de referencia a nivel internacional a la hora de prestar un servicio público esencial: proporcionar previsibilidad, estabilidad y confianza en la regulación de la seguridad nuclear.

Nuestro país es el cuarto mayor productor de energía nuclear de los 28 países de la Unión Europea. Y el octavo de los 31 países que configuran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estamos, por  lo tanto, entre los países del pelotón de cabeza en materia de utilización de energía nuclear, que representa en la actualidad en torno al 19% de nuestra generación eléctrica.

A día de hoy, disponemos de seis centrales en operación, que contabilizan un total de ocho reactores, siendo la edad media de funcionamiento de nuestro parque nuclear de 36 años (las más jóvenes son Trillo y Vandellós II, puestas en marcha en 1987). Garoña, situada en la Comarca burgalesa de Las Merindades, es la más antigua, con sus 46 años a cuestas, y en diciembre de 2012 paró, unilateralmente, su actividad comercial.

En julio de 2013 Garoña recibió una orden ministerial que le obligó a un cese definitivo de explotación, tras haber operado durante más de 42 años. Sin embargo, varios cambios legislativos realizados ad hoc a favor de Nuclenor (la empresa titular de Garoña, participada al 50% por Iberdrola y por Endesa), anunciados en rueda de prensa por la vicepresidenta primera del Gobierno de Rajoy (incluyendo una reforma exprés del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas) permitieron a Nuclenor solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear la renovación de su autorización de explotación por 17 años más, hasta 2031.

Es decir: Gobierno y empresas quieren llevar al reactor burgalés hasta los 60 años de operación comercial (una petición desconocida en la historia de la seguridad nuclear en España, a la que parece haberse plegado la mayoría del pleno del CSN, dado el valleinclanesco proceso de licenciamiento de Garoña que hemos conocido hasta ahora).

El hecho es que tras diversas modificaciones legales realizadas ad hoc (sin contar nunca con la unanimidad del pleno del CSN) para propiciar la ampliación de la vida útil del reactor nuclear Santa María de Garoña; tras haber dejado expirar voluntariamente varios plazos legales en 2012 y en 2013 para operar a potencia (debido a negociaciones económicas entre el propietario de Garoña y el Gobierno de España); tras ser multada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con más de 18 millones de euros (por parar unilateralmente, sin permiso, en diciembre de 2012), la compañía explotadora de Garoña, Nuclenor, presentó en 2014 al Gobierno de España y al CSN una nueva solicitud de renovación de su autorización de explotación, con el objetivo de seguir operando dicha central nuclear hasta 2031, a pesar de estos lamentables antecedentes reguladores.

Y, por si esto no fuera suficiente, en 2015, unas semanas antes de las elecciones, el Gobierno de Rajoy, sin contar con el respaldo del Parlamento, impuso por Real Decreto un tercer consejero del Partido Popular en el CSN, Javier Diez, para que la mayoría política en el seno del pleno del Consejo (3 de 5) estuviera garantizada (haciendo un daño tremendo a la credibilidad y a la independencia del organismo regulador). Al PP le oímos luego apelar a no se qué consensos, pero en cuanto tienen la oportunidad, imponen su criterio unilateralmente. No es la forma de hacer política que reclaman los tiempos y los ciudadanos.

Así ha llegado Garoña a 2017. El pasado miércoles 25 de enero, el pleno del CSN recibió, por fin, la documentación técnica que autoriza a Garoña para ser explotada comercialmente hasta 2031… o más allá, ya que el CSN, haciéndole el juego al Gobierno de Rajoy, ni siquiera le pone fecha límite a Garoña. Un chollo para Endesa e Iberdrola.

No sabemos qué decidirá dentro de unas semanas la mayoría del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear. Pero lo que sí sabemos es que Nuclenor apenas ha hecho las inversiones económicas exigidas en materia de seguridad nuclear. Así que aunque consiga la autorización es posible que ni siquiera pueda cargar combustible para operar a potencia, para producir energía que es para lo que sirve una central nuclear.

Y, aun así, sabiendo que Garoña no ha hecho mejoras en seguridad nuclear y que no puede producir electricidad, el pasado miércoles llegó a la mesa del Consejo su informe, inédito por dos motivos: primero, porque nunca una empresa propietaria de una central nuclear había presentado al CSN una solicitud de renovación de una autorización de explotación por un período de tiempo superior a los 10 años (Nuclenor pide 17 años más de operación para Garoña). Y, segundo, porque nunca un titular había solicitado al CSN operar un reactor nuclear hasta los 60 años de explotación comercial. Y, por supuesto, nunca se había disociado en España una Revisión Periódica de Seguridad (RPS), que obligatoriamente se realiza cada 10 años, de una autorización de renovación de explotación de un reactor nuclear (una práctica reguladora bien asentada desde 1999, así reconocida por el OIEA en una misión de evaluación que envió a nuestro país en 2008).

En el Congreso de los Diputados y en el Senado esperamos el informe del CSN con urgencia. Un informe que, de ser positivo, servirá de precedente para el resto de reactores españoles, deseosos de llegar también a los 60 años de explotación comercial. Hay mucho dinero en juego. Buena prueba de ello es que el CSN lleva tres años cambiando instrucciones, guías, procedimientos y manuales de seguridad para adaptar la normativa a la operación a largo plazo de nuestras centrales nucleares. Incluso, a propuesta del consejero del Partido Popular, Fernando Castelló, el CSN retiró en el pleno del 8 de octubre de 2014 la norma que impedía a la central nuclear de Trillo solicitar renovaciones por más de 10 años. Además, Almaraz, antes de agosto de este año, tendrá que solicitar su renovación de autorización de explotación, y, probablemente, querrá lo mismo que Nuclenor: llegar a los 60 años de explotación comercial. ¿Qué apostamos?

El objetivo político-empresarial es muy claro.  Incluso sin operar a potencia, sin que Garoña volviera a producir ni la energía que consume una bombilla, la jugada es rentable: las eléctricas podrán chantajear a futuros gobiernos exigiendo lucro cesante si algún presidente o ministro se atreve a cerrar alguna central nuclear en España por motivos políticos o económicos. Otra vez el interés particular y económico de las grandes empresas por encima de la política y el interés general. ¿Les suena? Son exactamente las bases del camino que nos trajo hasta una de las mayores crisis económicas de los últimos tiempos. Algunos parece que no han aprendido nada e insisten en esta fórmula.

Un vodevil que llama la atención (más aún) ante el hecho de que España tiene un exceso de potencia eléctrica, pudiendo prescindir sin problemas de un reactor nuclear tan obsoleto, tan envejecido y tan peligroso como Garoña, que lleva más de cuatro años sin producir ni un solo kilowatio de electricidad.

Desde el PSOE hemos dicho que así no pueden hacerse las cosas. Porque no se puede tomar una decisión tan trascendente, ampliar la vida de las centrales nucleares españolas hasta los 60 años, sin transparencia, sin debates, sin diálogo, sin que el Congreso de los Diputados ni el Senado conozcan en profundidad las implicaciones técnicas que en materia de seguridad conlleva tal disposición.

Se trata de un proceder nada democrático, inaceptable en un país desarrollado, que contrasta con el profundo debate público que se está siguiendo, por ejemplo, en países altamente nuclearizados como Francia, donde desde 2009 se está analizando tanto técnica, como política, económica y medioambientalmente las implicaciones derivadas de permitir que sus centrales nucleares lleguen a los 60 años de vida útil.

Así, la Agencia de Seguridad Nuclear (ASN), el homólogo francés del CSN, ha anunciado que emitirá un informe al respecto en 2019 (tras más de 10 años de intensos análisis científicos, debates públicos y de consultas técnicas). Además, en Francia no juegan con fuego: el pasado 23 de enero François Hollande anunció el cierre de Fassenheim, la central nuclear más vieja del país galo, incorporada a la red en 1977 (Garoña obtuvo su autorización de construcción en 1963, se comenzó a construir en 1966 y se conectó a la red en 1971).

Una cosa está clara en el ámbito de la seguridad nuclear, y muy especialmente tras las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima: la actuación del organismo regulador es clave. No es casual que la Comisión Parlamentaria Independiente de Investigación del accidente de Fukushima concluyera, en su informe remitido al Gobierno de Japón en julio de 2012, que el accidente nuclear de Fukushima fue un “desastre causado por errores humanos”. El informe subraya, taxativamente, que la catástrofe fue consecuencia de la complicidad entre el gobierno, las agencias de regulación y el operador TEPCO, reconociendo que los fallos regulatorios y de supervisión fueron de tal gravedad, que el accidente de Fukushima hubiera podido producirse incluso en ausencia de cualquier desastre natural. ¿Les suena la fórmula?

La mayoría de tres quintos de la Comisión de Industria del Parlamento ya instó al Gobierno de España, en mayo de 2015, el cese del presidente del CSN, Fernando Marti, exsecretario de Estado de Energía, quien, incomprensiblemente, sigue al frente de esta institución, ya que el Consejo de Ministros hizo caso omiso al Parlamento. Ese mismo año incluso fue obligado por el Consejo de Transparencia a publicar la documentación técnica que había ocultado sobre el emplazamiento del cementerio nuclear en Villar de Cañas, porque se negó a hacerla pública, en un alarde de opacidad impropio de un organismo regulador de riesgos como es el CSN. Finalmente fue forzado a comparecer ante la Comisión de Industria el pasado 19 de octubre de 2016, tras escabullirse durante dos años seguidos, evitando rendir cuentas ante el Parlamento, alegando, textualmente, que “viajaba mucho”. Y vaya si lo hace, aunque de eso hablaremos otro día.

Las anomalías han sido constantes desde su toma de posesión en diciembre de 2012. Y prosiguen, incluyendo cazas de brujas contra aquellos técnicos, como Rodolfo Isasia, que se negaron a plegarse a sus arbitrarias instrucciones (se cuentan por decenas los comunicados emitidos por ASTECSN, la asociación de técnicos que no se ha arrugado ante el martillo de Fernando Marti).

Sus constantes y carísimos viajes internacionales sin justificar ya son un escándalo públicamente conocido y aireado por la prensa y que han motivado varias preguntas parlamentarias de este senador que escribe y que aún no han sido respondidas por el Gobierno de Rajoy.

Adicionalmente, en 2016 todos los grupos parlamentarios solicitaron por escrito, tanto al CSN como al ministro de Energía, el Sr. Nadal, que se congele el informe sobre la autorización de la renovación de explotación de Garoña hasta no haber abierto un debate sobre las implicaciones técnicas, económicas y medioambientales y en materia de seguridad derivadas de llevar las centrales nucleares hasta los 60 años de operación comercial. Sin embargo, nada parece alterar el proyecto urdido por el Partido Popular para propiciar la ampliación de vida de las centrales nucleares españolas hasta las seis décadas de vida útil. El informe de Garoña ya está sobre la mesa del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear.

Si la energía nuclear va a seguir siendo parte del mix energético de nuestras sociedades, creo indispensable renovar el compromiso de instituciones como el CSN con la ciudadanía. No podemos hurtar al Congreso y al Senado, y a la opinión pública, un debate esencial sobre la operación o vida a largo plazo (60 años) de los reactores nucleares, como debería hacerse en un país serio. Por eso, considerando que no es concebible el uso de la tecnología nuclear sin un refuerzo de la seguridad y que, en esta materia, siempre habrá margen para mejorar, un organismo regulador como el CSN debería ganar legitimidad, neutralidad, transparencia, credibilidad e independencia ante todos los grupos parlamentarios, ante las empresas y los ciudadanos, ante los medios de comunicación y las ONGs, ante los partidos políticos y los sindicatos, ante las universidades y las instituciones internacionales. Ante todos.

El pleno del CSN no debería olvidar nunca que la defensa del bien público ha de ser el leit motiv del quehacer diario de ese organismo regulador. Porque no hay duda de que el siglo XXI ha traído consigo la necesidad de reforzar el papel de los organismos reguladores, como garantes de la protección social y la defensa del bien público. Basta con mirar los desmanes propiciados por el sector financiero al no haber contado con una eficaz y sólida regulación en el momento de tomar decisiones cruciales. Todos conocemos las consecuencias, pero el PP vuelve a insistir en esta nefasta fómula que nos trajo a la mayoría hasta aquí. ¿No aprendieron nada?

En un contexto de vertiginosos cambios y de inusitadas turbulencias económicas, políticas y medioambientales en todo el mundo, es preciso apostar por lo que el profesor inglés Christopher Hood ha denominado “el gobierno del riesgo”. Es decir, por diseñar mejores e innovadores sistemas de regulación, de control y de prevención de aquellas actividades que conllevan serios peligros inherentes (como es la energía nuclear). Y, en ese “gobierno del riesgo”, los organismos reguladores no sólo tienen mucho que decir: también tienen mucho que hacer. Ojalá no nos fallen. Confianza es la palabra clave. Y deseo confiar en que el CSN finalmente esté a la altura de lo que se espera de él, evitando más esperpentos.

Fuente: eldiario.es