El Tribunal de Cuentas advierte de que faltan fondos para desmantelar las centrales

tribunal cuentas

Los de “la energía nuclear es la más barata”  ocultos en sus despachos.

El reciente pacto para alargar el periodo de funcionamiento de las centrales de 40 años a 45,7 “permitirá reducir el déficit existente” en el fondo para la gestión de los residuos y el desmantelamiento, pero no eliminarlo

Subraya que la empresa estatal Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015 y advierte de que, con 40 años de vida de las nucleares, el déficit ya superaría los 2.300 millones

Entre esas recomendaciones estaba la de aumentar las tasas que pagan las eléctricas para aumentar las dotaciones de ese fondo; Enresa recuerda que se trata de “aspectos regulatorios” que no le competen

El Tribunal de Cuentas cree que el reciente acuerdo entre el Gobierno y las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) para abordar un cierre nuclear escalonado a partir de la próxima década “permitirá reducir”, pero no eliminar, el agujero del fondo con el que la empresa estatal Enresa deberá sufragar el multimillonario coste de gestionar los residuos radiactivos y desmantelar las centrales.

En 2015, el Tribunal de Cuentas cifró en cerca de 1.800 millones el déficit del denominado Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos. Ese informe denunciaba que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010 (cuando el fondo empezó a ser financiado con aportaciones de las eléctricas) no se habían actualizado desde entonces, pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) todavía vigente hoy, aunque lleva casi una década caducado (se aprobó en 2006).

El informe recomendaba revisar anualmente esas tasas “en función de las necesidades de financiación futuras” de ese fondo, que se alimenta al 90% con tasas a la producción nuclear y al 10%, a través de la tarifa eléctrica. Ahora, tras analizar el grado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en ese examen, el órgano constata que esa actualización de tasas no se ha llevado a cabo y estima que ese déficit o “desviación de financiación de los costes” ascendería ya a 2.354 millones.

No obstante, el cálculo se basa, como el vigente PGRR, en la hipótesis de una vida media de las plantas de 40 años, plazo que ha quedado aumentado recientemente ampliado hasta los 45,7 años, tras el reciente acuerdo entre Gobierno y eléctricas, lo que permitirá incrementar los ingresos para el fondo a través de las tasas a la producción nuclear.

El problema es que, aun con esa reciente ampliación del plazo de vida de las nucleares, el déficit seguirá existiendo, según advierte el Tribunal de Cuentas en una nota al pie del informe.

En ella, recuerda que “a finales de marzo de 2019, Enresa ha firmado con los propietarios de las CCNN [centrales nucleares] un protocolo de intenciones sobre su cierre, con base en el horizonte temporal previsto en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima [el conocido como PNIEC], remitido por el Gobierno de España a la Comisión Europea, en el que se prevé un cierre ordenado, escalonado y flexible del parque nuclear, con inicio en 2027 y finalización en 2035, lo que supone un funcionamiento medio de 45,7 años para el conjunto de los siete reactores que se encuentran en operación”.

El Tribunal de Cuentas valora ese acuerdo, que implicó incumplir la promesa electoral del PSOE de abordar un cierre a los 40 años, ante la evidencia de que parar la producción de las plantas impediría cubrir el multimillonario coste de desmantelarlas y gestionar sus residuos. Y entiende que “el mayor período de funcionamiento, con respecto a los 40 años previstos en el Sexto PGRR, supondrá un incremento de los ingresos por la tasa que abonan las CCNN, lo que permitirá reducir el déficit existente en las proyecciones futuras del Fondo”. No precisa esa reducción del déficit, que en cualquier caso seguirá existiendo.

El informe, aprobado el 30 de mayo, destaca que, según las estimaciones realizadas por Enresa en junio de 2018 basándose en el actual Plan de Residuos, “el valor actualizado a 1 de enero de 2019 de los costes futuros para cada una de las líneas de actividad en las que puede agruparse la gestión que tiene encomendadas, bajo la hipótesis de una vida útil de 40 años para las CCNN operativas, ascendería a 10.697 millones”, mientras que “el valor estimado por Enresa del Fondo a 31 de diciembre de 2018” era de 5.678 millones, “por lo que la recaudación pendiente a 1 de enero de 2019, necesaria para cubrir dichos costes futuros estimados, ascendería a 5.019 millones”.

“Con los actuales elementos de determinación de la cuota de las tasas” que financian ese fondo “y las previsiones actualizadas a 1 de enero de 2019 de las bases sobre las que estas recaerían realizadas por Enresa, existiría un desviación de financiación de los costes con cargo a la tasa que recae sobre tarifa eléctrica estimada en 435 millones y con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas estimada en 1.919 millones”. En total, los citados 2.354 millones.

“Se deduce que existiría déficit de financiación futura con cargo a la tasa que recae sobre la tarifa eléctrica y también con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas”, remacha.

Incumplimientos

El tribunal señala que Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015. Así, “a la fecha de redacción de este Informe no se habían establecido nuevas disposiciones normativas respecto a la regulación del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR que obliguen a revisar anualmente los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN”. En consecuencia, la recomendación “no se ha cumplido”.

Tampoco “se había producido la internalización de los costes por Asignaciones a Ayuntamientos e impuestos medioambientales que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN, sino que estos gastos se han continuado cargando al Fondo para la financiación del PGRR”.

El presidente de Enresa, José Luis Navarro Ribera, ha declinado realizar alegaciones al informe porque la empresa estatal “no está en disposición de dar cumplimiento a las cuatro recomendaciones que siguen pendientes ya que todas se refieren a aspectos regulatorios y, por tanto, carecemos de capacidad legal para llevarlas a cabo”.

La pelota está en el tejado del Gobierno, y en concreto, del Ministerio para la Transición Ecológica. Su titular ahora en funciones, Teresa Ribera, indicó en marzo que el nuevo PGRR (caducado desde 2010 y que el Gobierno de Mariano Rajoy, empeñado en aumentar la vida de las nucleares, nunca actualizó) estaría “listo” este mes de junio, pero sin Gobierno a la vista, ese plazo se antoja a todas luces inviable.

En el ministerio indican que Enresa está ultimando ese plan, y “el diseño para financiar, no solo reducir el déficit”, será “uno de los elementos del trabajo en el que está inmersa” la empresa estatal, cuya intención sigue siendo presentar un borrador del mismo este mes.

Por su parte, fuentes de Enresa señalan que, en función del escenario dibujado por el PNIEC, “y una vez actualizado el cálculo de los costes y determinado el inventario de residuos, será posible determinar si es necesario actualizar la tasa que pagan las centrales nucleares que están en operación”.

Una vez en manos del Ejecutivo del borrador de Plan de Residuos, se iniciará el proceso de elaboración que establece la ley hasta que llegue a las Cortes, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y oídas las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.

El Gobierno ha vinculado la decisión final sobre la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos, paralizado el año pasado, al contenido de ese plan.

En Garoña habia un mapa con chinchetas negras de pueblos y asociaciones no favorables a la central

El responsable de Comunicación de Garoña durante 30 años dice que nunca oculto ni mintió sobre ningún incidente.

A continuación le vamos a poner varios ejemplos de que si no fué él quien mintió u ocultó, en cualquier caso lo hizo NUCLENOR (Iberdrola y Endesa)

Su despacho en Garoña, recuerda, contaba con un gran mapa de la zona de influencia de la central.  En el mismo había clavadas chinchetas de colores: las negras localizaban los municipios donde se habían firmado pronunciamientos en contra de la energía nuclear; las rojas, donde se celebraban manifestaciones; y las verdes localizaban las entidades o personas que apoyaban nuestra actividad. Eran muy pocas…”.

Para quien no le ponga cara, Antonio Cornadó ha sido durante casi 30 años el rostro público y la voz autorizada de la central nuclear de Santa María de Garoña, tiempo más que suficiente para curtirse en todas las crisis de comunicación habidas y por haber, abrazar a políticos de todos los colores y ecologistas radicales, lidiar con sindicalistas, vecinos y periodistas como él y hacer    -sin distinción- amigos en todos los bandos.

…..

Antonio Cornadó puso toda la carne en el asador para la celebración del 40 aniversario. Se apoyó en tres actos, el primero de ellos, una gran fiesta en la central con los trabajadores en activo y jubilados y los directivos de Iberdrola y Endesa. Estamos en el 11 de marzo de 2011, el día en el que reventó la central de Fukushima en Japón. “Cuando salíamos de la fiesta llegaron las primeras noticias de tsunami…”. Todo se complicó: “Garoña era igual que Fukushima y la pregunta recurrente fue: ¿lo que pasa en Japón puede ocurrir en Burgos? Insistimos en el ‘no’”. La fiesta prevista con toda la sociedad burgalesa y regional en el Fórum Evolución para el día 17 se canceló bajo la excusa de la solidaridad con los fallecidos -la Junta siempre abogó por su aplazamiento, estrategia que no compartía Nuclenor por la lectura negativa que se pudiese hacer-. Lo mismo ocurrió con la fiesta en Madrid.

“No sé si Fukushima fue nuestra puntilla, luego vino el tema de la fiscalidad, que supuso un golpe en nuestra línea de flotación porque disparaba nuestros costes”. Cornadó abandonó Garoña a principios de 2013 para presidir el Foro Nuclear -“la primera vez que un no-ingeniero presidía el lobby nuclear”- hasta otoño de 2017.

“El cierre definitivo anunciado  el 1 de agosto de 2017 me dio mucha pena, aunque se veía venir. Se agolpan muchos recuerdos y esfuerzos pero nuestro trabajo mereció la pena”. En diciembre de 2018 se desvinculó de Nuclenor. “Hay vida tras el cierre pero nunca será la misma. El movimiento tractor que genera una nuclear no lo tiene ninguna otra industria. Nuclenor debería formar parte de la solución y potenciar los valores de la zona”.

Pues mira Cornadó:

Garoña cierra por problemas de seguridad

 

Toda la experiencia acumulada durante estos 30 años, su capacidad de interlocución y relación, la ha apuesto al servicio de las empresas, instituciones privadas o particulares. Cornadó&Asociados es una consultoría que trabaja con una red de especialistas y que centra su actividad en el posicionamiento de las empresas, la reputación corporativa, la diplomacia empresarial (los lobbies) y las crisis. “Aunque está mal que lo diga, en esto soy un especialista…”.

20 años pagando los impuestos en Cantabria con el riesgo para Burgos, Pais Vasco y La Rioja

…Nos conocieron, se fiaron y nos aceptaron”. Garoña se hizo burgalesa y trasladó su sede social desde Cantabria, atendiendo a una vieja demanda de la provincia.

 

Antonio Cornadó Quibus, periodista #BlowinInTheWind #ConversacionesSobreBurgos (XXIX)

Leer completo : Diario de Burgos

 

El Comité asesor pide al CSN más datos sobre Retortillo, Garoña, ATC y terrenos contaminados

El Comité Asesor para la información y participación pública del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido al CSN más información sobre la situación del proyecto minero de Berkeley en Retortillo (Salamanca), el proceso de desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos); el estado actual del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), y la situación de los diversos terrenos que presentan radiactividad originada por actividades humanas en España.

Así lo ha solicitado este Comité, formado por 35 representantes de la sociedad civil, del sector nuclear, de sindicatos y de las administraciones, al CSN en su primera reunión con el nuevo Pleno de este organismo regulador, que fue renovado hace tres meses.

Según informa el CSN, durante la reunión se ha especificado que el titular de la central nuclear de Almaraz ha solicitado una renovación de autorización de explotación de 7,4 años para la unidad I y de 8,2 años para la unidad II.

En el caso de Vandellós 2, la solicitud presentada abarca 10 años. En ambos casos, la renovación del permiso de explotación es un proceso ordinario en las competencias del CSN, pues todas las instalaciones pasan por esta práctica reguladora. También, dentro del campo de las aplicaciones médicas en el uso de las radiaciones ionizantes, se ha confirmado que el CSN ha culminado un “hito regulatorio” con el licenciamiento, por primera vez en España, de dos instalaciones de protonterapia que actualmente están en proceso de construcción.

Asimismo, se ha informado del estado de situación de las recomendaciones emitidas por el Comité asesor al CSN.

En este sentido, se ha explicado que se ha dado cumplimiento a 5 de ellas de un total de 10 emitidas en los últimos 3 años. MÁS TRANSPARENCIA, CREDIBILIDAD E INDEPENDENCIA Por otro lado, el presidente del CSN, Josep Maria Serena i Sender, ha anunciado que impulsará y reforzará el papel del CSN en la sociedad y ha insistido en el compromiso del Pleno con la transparencia, la credibilidad y la independencia del órgano regulador. “Quiero expresarles mi compromiso con la mejora de la eficiencia y la eficacia de este comité, clave en el flujo de información desde la sociedad al CSN y viceversa”, ha subrayado Serena, que ha prometido agilizar al máximo el cumplimiento de las recomendaciones del Comité asesor.

Igualmente, ha definido algunos de los objetivos prioritarios del nuevo Pleno, como la elaboración de un nuevo Plan Estratégico para el CSN; una adecuada transmisión del conocimiento; la apuesta por la I+D+i; el desarrollo del plan de acción resultante tras la misión conjunta IRRS-Artemis; y finalmente, promocionar la incorporación de jóvenes en el CSN. En este sentido, el Pleno del CSN asegura estar comprometido con el establecimiento de una relación con el Comité asesor más “ágil” y que le permita ejercer su labor de “emitir recomendaciones al CSN para mejorar la transparencia, el acceso a la información y la participación pública”, tal y como está establecido en la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. La próxima reunión del Comité asesor tendrá lugar, con carácter tentativo, a finales del próximo mes de noviembre.

Ver más en: www.20minutos.es

 

El CSN detecta irregularidades en las dosis de radiación recibida por los trabajadores de Garoña

Según los últimos datos del CSN, referidos a una inspección en la central burgalesa realizada el pasado marzo para comprobar la aplicación de medidas de protección radiológicas, se desprenden irregularidades en las dosis de radiación recibidas, tanto a nivel individual como colectivas, de los trabajadores.

Parece que Garoña nos puede seguir dando sustos después de cerrada.

Estos graves hechos unidos a los vertidos de Cesio de 2017 y a la ocultación de los mismos, indican que es necesario un control exhaustivo de esta central nuclear.

Parece que al no estar el PP en el gobierno de Madrid, el control de los sistemas nucleares se realiza con más libertad y profesionalidad.

La inspección apunta que el “indicador dosis oficial máxima individual no es coherente con el valor de nivel administrativo de dosis”.

Ante esta situación, “se exigen reestimaciones contantes de los objetivos de dosis de trabajo y de los anuales operacionales de la instalación”.

El acta del regulador atómico relativa a la “Inspección para comprobar la aplicación de medidas para la protección ocupacional (…) en la situación actual de cese definitivo de la explotación de la central”, señala que, para establecer los criterios de garantía radiológicos, desde la última inspección el titular ha realizado diez reuniones extraordinarias: cuatro en 2017, tres en 2018 y otras tres en 2019 hasta auditoría del pasado marzo.

En las actas del comité “Alara” -donde se aprueban o revisan los objetivos de dosis- “no se recogen objetivos para la dosis máxima individual anual y no hay aprobación del objetivo de dosis individual por parte del director”.

ALARA es el acrónimo en inglés de “As Low As Reasonably Achievable”, es decir, “tan bajo como sea razonablemente alcanzable”, uno de los principios básicos para establecer cualquier medida de seguridad radiológica.

El acta del CSN incide también en la “necesidad de renovación de la señalización de zona controlada de permanencia limitada, debido a que es difícil distinguir los riesgos de contaminación y/o radiación“.

La central burgalesa de Garoña no tiene actividad desde diciembre del año 2012 y su clausura definitiva se produjo el 1 de agosto de 2017, desde esa fecha se encuentra en fase de pre-desmantelamiento hasta que arranque, previsiblemente en 2021, la fase de demolición.

Fuente: estrelladigital.es

Vertido de Cesio en 2017

Almacen nuclear de alta intensidad del pacífico en ruina tras apenas 40 años.

La voz de alerta la volvió a hacer sonar el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, mientras hablaba con un grupo de estudiantes en Fiyi, al parecer no es tan importane como para hablar de ello en la propia ONU.

“Acabo de estar con la presidenta de las Islas Marshall (Hilda Heine), y está muy preocupada por el riesgo de que se filtre el material radioactivo contenido por una especie de ataúd que hay en el área”, dijo.

Guterres estaba describiendo así al llamado “domo de Runit” o “domo Cactus”, una estructura de hormigón construida en la isla del mismo nombre para encapsular el material radioactivo dejado por las pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos en el área entre 1946 y 1958.

Parte del problema es que la cúpula  de Runit -que fue concebido como una solución temporal– ya presenta grietas en la superficie, y a menudo se forman charcos con líquidos salobres en el anillo.

EE.UU. también renunció a la idea de sellar el fondo de la cúpula con hormigón antes de almacenar el material radioactivo, por considerarlo demasiado costoso, lo que significa que la estructura nunca ha sido realmente capaz de evitar filtraciones.

67 explosiones nucleares

Las 67 explosiones nucleares en los atolones  -al que pertenece Runit- incluyeron la detonación en 1954 de “Bravo”, una bomba de hidrógeno 1.000 veces más poderosa que la que cayó en Hiroshima y el arma más poderosa jamás detonada por EE.UU.

Las Islas Marshall, fueron ocupadas por Estados Unidos en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial y en ellas las fuerzas armadas estadounidenses realizaron 67 pruebas de armas atómicas en varios de los atolones coralinos de Bikini y Enewetak, que componen esa nación insular entre los años 1946 y 1958, dejando en la región una enorme cantidad de residuos radioactivos que afectaron zonas habitadas aledañas a las despobladas donde se efectuaron las pruebas militares.

Debido a las pruebas y los desechos radioactivos, en la actualidad solo tres de las casi 40 islas son consideradas seguras para ser habitadas. Un informe realizado en 2013 por el departamento de Energía de EE.UU. reconoció que las aguas subterráneas contaminadas provenientes del Domo de Runit “fluyan hacia el entorno marino subterráneo cercano”.

15 años sin hacer nada

No fue hasta el año 1977  (según el The Washington Post)  cuando Estados Unidos se implicó en la limpieza cuando unos 4.000 militares vertieron 85.000 metros cúbicos de tierra contaminada en un gran cráter en la isla Runit, producto precisamente de una prueba nuclear de 1958.

Los restos fueron mezclados con cemento de Portland y vertidos en el mismo cráter de 9 metros de profundidad y 110 de anchura, que la bomba “Cactus” había creado en extremo norte de la isla Runit;  construyeron  una gran cúpula con 358 paneles de hormigón de 45 centímetros de espesor para confinar los residuos radioactivos allí acumulados.

Estados Unidos empleó 3 años y más de 100 millones de dólares en descontaminar los atolones.

En 1980 el gobierno declaró el lugar seguro, permitiendo a regresar hasta Runit y Enewetak a sus habitantes

¿Que clase de enfermos mentales pueden pensar tan a corto plazo y ser tan egoistas como para perpetrar este atentado contra la humanidad?

De acuerdo con varias agencias de prensa internacionales el enorme “ataúd” de cemento que guarda los restos radioactivos de las pruebas de armas atómicas estadounidenses amenaza con quebrarse en cualquier momento y dejar escapar masivamente su letal carga.

Las fuentes señalan que “no se trata de ninguna leyenda apocalíptica, sino del legado radioactivo de las numerosas y terribles pruebas de armas atómicas que Estados Unidos realizó durante décadas en remotos atolones en el Océano Pacífico.

En el año 2000, Estados Unidos tuvo que destinar 200 millones de dólares a restaurar la cúpula, descubriendo diversos problemas.

Preguntas al aire

¿Que pasará con los residuos de las bombas de Almeria?

¿Que pasará con los residuos de las centrales nucleares españolas y de todo el mundo?

¿Porqué no hay un consenso de estado en España para establecer un sitio seguro en el que  controlar los residuos de alta intensidad ?

¿Que material aguantará el paso de los años?

¿Cómo es posible que todavía haya gente que señale la seguridad del uso de la energía nuclear viendo la problemática que provocan sus residuos?

Abogado UE: normas europeas no se aplican al impuesto español de residuos nucleares

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó este miércoles que la normativa europea no es aplicable a los impuestos españoles sobre la gestión de combustible nuclear gastado, respondiendo así a una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo.

El abogado general Gerard Hogan, cuyas conclusiones no son vinculantes pero suelen orientar la decisión de la corte, considera que la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad no es aplicable a los tributos españoles sobre la producción de combustible nuclear gastado, los residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de dichos combustible y residuos.

El jurista sostiene que el ámbito de aplicación de la Directiva se limita a la generación, al transporte, a la distribución y al suministro de electricidad.

El Tribunal Supremo había remitido inicialmente sus dudas sobre los impuestos nucleares al Constitucional, por ser potencialmente contrarios al principio de capacidad económica establecido en la Constitución, en un contencioso que afecta a la Asociación Española de la Industria Eléctrica, Endesa Generació e Iberdrola, y, por otro lado, la Administración General del Estado.

Las eléctricas argumentaban que los modelos de autoliquidación y pago de los citados impuestos sobre combustible nuclear gastado constituyen una suerte de impuesto especial sobre los productores de energía nuclear que distorsiona el mercado español de la electricidad, lo cual debe considerarse ilícito.

El Supremo entendía que el objetivo de los impuestos es incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica, para que los productores de energía nuclear asuman una parte de la financiación del “déficit tarifario” (diferencia entre los ingresos que las compañías eléctricas españolas reciben de los consumidores y el coste del suministro de la electricidad reconocido por la normativa nacional) mayor que la de otros productores de energía.

Consideraba también que la libre competencia en el mercado de la electricidad se ve falseada si determinadas empresas se someten a una tributación por su forma de producción sin una justificación objetiva.

Pero el Tribunal Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad indicando que, al haber expresado el Tribunal Supremo sus dudas también acerca de la compatibilidad de la legislación nacional con el Derecho de la Unión, debía plantear primero una cuestión prejudicial al TJUE, cuyo abogado general no ve aplicable la legislación comunitaria.

No obstante, el jurista añade que, en caso de que el Tribunal europeo no comparta su opinión, aporta una solución alternativa.

En ella considera que la Directiva no se opone, en principio, a la normativa española, ya que la situación de las empresas eléctricas que utilizan energía nuclear no es comparable a la de otros productores de energía en cuanto a la protección del medio ambiente y de la seguridad.

No obstante, el jurista comunitario añade que el Tribunal Supremo deberá valorar, en su caso, si el objetivo de dicha normativa está realmente relacionado con la protección del medio ambiente y la seguridad y, si es preciso, determinar si la diferencia de trato fiscal deparado a los distintos tipos de productores de electricidad está objetivamente justificada por tales razones medioambientales.

Fuente : La Vanguadia

La eterna herencia mortal de la energía nuclear

El plutonio 239, generado únicamente en las barras de los elementos combustibles de una central nuclear, es un elemento de la tabla periódica que dejó de existir sobre la tierra en sus primeros millones de años, antes de que apareciera la vida. Su núcleo es inestable y durante su desintegración emite una partícula alfa y otra gamma, ambas de muy alta energía. Al chocar con cualquier molécula la destruye, algo habitual en la naturaleza que no tendría mayor problema si no fuera porque eso incluye a las moléculas de los seres vivos. Si esa molécula es del ADN, puede producirse una mutación, es decir: cáncer. Su periodo de semidesintegración es de 24.100 años, es decir, a los 24.100 años el número de núcleos de una muestra se reduce a la mitad. Tras otro periodo igual se reduce de nuevo a la mitad, es decir la cuarta parte de la cantidad inicial. Tras cien mil años, la muestra se ha reducido a un dieciseisava parte, una cantidad que sigue siendo peligrosa si se trata de una concentración importante, como es el caso.

Lo primero que piensa cualquier persona ajena al mundillo de la ciencia es que “hombre, alguna solución habrá, ¿no se puede destruir?” La respuesta es sí… desde el punto de vista científico-experimental, lo cual no implica directamente que sea una solución factible. Me explico. En un reactor de investigación, hace muchos años que se bombardea plutonio. El proceso se llama transmutación y consiste en bombardear la muestra con neutrones de alta energía que provocan la fisión del núcleo, utilizando una energía del orden de los megawatios para transmutar algunos gramos. El problema es que en el mundo habrá dentro de una década más de 300.000 toneladas de combustible gastado (CG) en todo el mundo, 6.700 en España. Está muy lejos de lo razonable pensar que se pueda disponer de la energía necesaria. No es ninguna exageración decir que se necesitaría, para transmutar todo el plutonio, cien veces más energía eléctrica de la que han producido las centrales nucleares durante su funcionamiento.

Después de más de medio siglo de industria nuclear, no existe solución al problema de los Residuos Radiactivos de Alta Actividad (RAA), salvo esconderlos en lugar seguro. Para ello, hay que encontrar un lugar donde el material se encuentre confinado con toda seguridad. Dado que la construcción humana más antigua son las pirámides, que no pasan de 5000 años, lo que se baraja es colocar los RAA en Almacenamientos Geológicos Profundos (AGP), donde haya total seguridad de ausencia de movimientos sísmicos, escorrentías de agua, grietas, etc… durante más de cien mil años. No es tarea fácil. Quizás por eso, los RAA se mantienen al lado de las centrales nucleares en todo el mundo, en las piscinas de almacenamiento del CG, salvo el caso de los países que tienen permiso de NNUU para fabricar la bomba atómica. Estos países procesan una pequeña parte del CG para extraer el plutonio necesario para fabricar sus bombas. Al fin y al cabo, para eso se inventaron las centrales nucleares, pues el proceso de “fabricación” del plutonio hubiera resultado carísimo y no hubieran podido construir las decenas de miles de cabezas nucleares que están repartidas entre las grandes potencias. El resto de RAA, también en estos países, se encuentra junto a las centrales.

No es ninguna exageración decir que se necesitaría, para transmutar todo el plutonio, cien veces más energía eléctrica de la que han producido las centrales nucleares durante su funcionamiento.

La solución que genera más consenso es la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) donde concentrar los RAA en los diferentes países durante un periodo transitorio de entre 50 y 100 años. De esta manera le quitan el problema de encima a los titulares de las centrales nucleares y se lo pasan al Estado. Lo habitual en estos casos. Así se gana tiempo, para pensar qué se hace con ellos durante los siguientes 99.900 años.

Las generaciones futuras deberán destinar una parte de sus recursos para mantener confinados con seguridad estos materiales. No es difícil adivinar lo que pensarán las gentes de los milenios venideros de “los antiguos” cada vez que se tengan que encargar de la herencia de las generaciones de los siglos XX y XXI. Eso si aún saben de la existencia de semejante material.

Por ahora, es nuestra generación la que debe ocuparse del problema, nadie tiene derecho a mirar para otro lado. El movimiento antinuclear tampoco. Las nucleares ya van cerrando, por viejas y por caras, pero la lucha antinuclear no terminará nunca mientras existan RAA. No sirve de nada decir que “ya lo advertimos”.

Haz posible un medio radicalmente diferente

Creemos que la única forma de hacer un periodismo diferente es funcionar de forma diferente.

Por eso, el 70% de nuestra financiación viene de las socias y socios. Y el resto, de publicidad ética y ventas. Por eso, no tenemos directores, nadie cobra más y no permitimos contenidos patrocinados. Por eso, la propiedad de El Salto es colectiva.

Somos un medio con principios. Y también con un fin: cambiarlo todo. Contigo podemos conseguirlo.

Fuente: elsaltodiario