Así se “entierran” los residuos radiactivos: cómo son los cementerios nucleares por dentro

Nadie los quiere, pero son necesarios para mantener este sistema demencial. Los cementerios nucleares son aquellos refugios donde almacenar y guardar residuos radiactivos, aquellos compuestos que por su naturaleza o por haber estado expuestos a una alta radiación siguen siendo peligrosos durante una gran cantidad de años. ¿Qué hacer entonces con estos residuos radiactivos? Esconderlos y guardarlos, bien hasta que se desintegren o hasta que se encuentre una mejor solución.

Los distintos cementerios nucleares se dividen en distintas categoría, en función de sus niveles de radiactividad. Y es que dentro de esos bidones amarillos que todos solemos relacionar con la energía nuclear, puede haber desde material relacionado con la fisión como uranio o plutonio, pero también cualquier material contaminado, sea ropa, ordenadores o simplemente agua.

Qué se hace con los residuos radiactivos para que no contaminen

     Mapa de un cementerio nuclear de bajo nivel.

Algunos residuos de baja y media actividad, como la ropa y las herramientas utilizadas en el mantenimiento de las centrales, se diluyen y eliminan con el tiempo. Otros son sometidos a tratamientos para intentar separar los elementos radiactivos. El resto se introducen en bidones de acero y se solidifican con alquitrán o cemento para ser almacenados hasta que el periodo radiactivo finaliza. Habitualmente menos de 30 años.

Sin embargo también hay residuos de alta actividad, normalmente aquellos generados con el combustible gastado. En este caso se intentan almacenar en la propia central hasta ser transportados en contenedores de metal resistentes a la corrosión. Es aquí donde entran los cementerios nucleares, que no dejan de ser refugios aislados donde guardar estos desechos.

Podemos diferenciar los cementerios nucleares en dos tipos: los temporales, ubicados en almacenes e instalaciones y los que se conocen como repositorios geológicos profundos, ubicados en zonas estables, aisladas de terremotos y lejos de la superficie. Auténticas galerías selladas para que estos residuos no estén en contacto con el hombre.

El Cabril, el único cementerio nuclear en España

Contenedores de hormigón fabricados a prueba de terremotos. Imagen de Xataka Ciencia.

El único cementerio nuclear español está preparado para materiales de baja y media actividad. Se trata de El Cabril, ubicado en Hornachuelos. El contenido es básicamente bidones de las centrales nucleares, con un tercio de material radiactivo y dos tercios de cemento. Todo este material se ubica en el complejo, que anteriormente era una vieja mina de uranio.

Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) es la encargada de su funcionamiento. El Cabril dispone además de oficinas, laboratorios, una incineradora, una piscina de agua y un depósito ciego para posibles filtraciones. Se trata de un centro muy preparado, pero hoy en día está cerca del máximo de su capacidad.

Sin embargo hay bastante polémica con la ampliación del recinto. “El cementerio nuclear del Cabril nunca debería haberse construido porque está en el sur de la Península Ibérica. Está muy alejado de la mayoría de instalaciones nucleares y radiactivas”, afirma Paco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción. En su lugar, desde finales de 2011 se eligió el municipio de Villar de Cañas para albergar un nuevo ATC (Almacén Temporal Centralizado). Sin embargo las reticencias de la población y la poca determinación del Gobierno ha provocado que se estén barajando otras opciones.

 Interior de celda de almacenamiento. Imagen de Enresa.

La zona de almacenamiento de residuos está formada por dos plataformas: la zona norte con 16 celdas y la sur con 12. Estas celdas se alinean en dos plataformas con sendos pasillos interiores. Los camiones que contienen los desechos se detienen a la entrada y con un sistema de grúas se colocan los residuos encima de cada celda.

Una vez completas, cada celda es capaz de almacenar 320 contenedores, se recubren de hormigón. Y una vez se complete el conjunto, se recubrirá de una capa de material impermeable de dos metros de grosor. El resultado final acabará siendo una pequeña colina sobre la que se plantará vegetación.

Un profundo cementerio nuclear para los residuos militares de los EE.UU

Poco o nada tiene que ver el diseño de WIPP, la Planta Piloto para Aislamiento de Residuos que el departamento de energía de los EE.UU construyó a 32 kilómetros de Carlsbad, Nuevo México. Tras el cierre del cementerio de Yucca Mountain, estamos ante uno de los mayores cementerios nucleares y un perfecto ejemplo de lo que supone un repositorio geológico profundo.

WIPP, en Nuevo México, ha sido construido sobre un terreno estable durante los últimos 200 millones de años.

Se trata de un complejo de galerías ubicado en un terreno salino y entre 500 y 1000 metros de profundidad, en una zona que geológicamente se ha mantenido estable durante mucho tiempo. El repositorio comenzó a recibir desechos en 1999 y se prevé que continúe recibiendo residuos hasta 2070.

Esta solución, la de almacenar los residuos en profundas galerías, constituye la solución más segura para el ser humano, ya que se aprovecha la estabilidad de las formaciones geológicas. Porque dentro de mucho tiempo la instalación puede dejar de funcionar, pero los residuos seguirían bien almacenados sin poner en peligro al exterior.

Otros cementerios nucleares por todo el mundo

 Contenedores en las instalaciones de Zwilag, en Würenlingen (Suiza).

Países como Francia o Bélgica poseen también sus propios cementerios nucleares, en este caso almacenes temporales para mantener aislados los residuos hasta 300 años. También Suiza cuenta con su almacén, ubicado en Würenlingen y construido en 2004 para guardar residuos de bajo y medio nivel, como en el caso de España. A diferencia de El Cabril, la de Suiza es bastante más grande y tiene espacio para hasta 200 celdas.

Finlandia también tiene su cementerio nuclear, en este caso uno para residuos de gran actividad. Se trata de la construcción de Onkalo, cueva en finés, una galería a la que se accede a través de un túnel de 420 metros de profundidad. Hasta 1996, en Finlandia se enviaba a Rusia el material radiactivo, seguidamente se utilizaron dos almacenes temporales, pero a partir de 2020 se enviará a Onkalo, situado en la península de Olkiluoto. Y allí deberían quedarse durante 100.000 años.

 Entrada al túnel de acceso del cementerio de residuos, en Finlandia. Imagen de Posiva Ltd.

La antigüedad de la cueva es su principal arma. Se trata de una de las formaciones geológicas más antiguas de Europa, un lecho de roca, rodeada de arcilla de bentonita dentro de un pozo perforado en granito. Una barrera natural resistente al agua y que no reacciona a las oscilaciones de temperatura. El coste total estimado de la instalación es de 3.000 millones de euros.

Fuente: Xataka

Los ayuntamientos próximos a las nucleares intentan mantener los apoyos de la Administración que ha pagado 580 millones de subvenciones desde 1989.


Los municipios nucleares eligen nueva dirección en pleno cierre de centrales

En España hay 60 municipios situados a menos de 10 kilómetros de una central nuclear. Desde 1990, están agrupados en la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC). Los municipios, con una población de unos 40.000 habitantes, viven uno de sus momentos más delicados. El Gobierno y las eléctricas han pactado el cierre escalonado de las siete plantas nucleares en funcionamiento hasta 2035 y los ayuntamientos temen por su futuro. En ese contexto, AMAC va a abrir el 1 de septiembre el proceso de renovación de su dirección, lo que incluye el cambio en la presidencia y la vicepresidencia y la ratificación de 22 miembros de la directiva en una asamblea prevista para el 18 de septiembre en Madrid.

La renovación afectará, después de cuatro años de mandato, a la actual presidenta de AMAC, Raquel González (PP), alcaldesa del Valle de Tobalina (Burgos, zona de la central de Garoña) y a la vicepresidenta y alcaldesa de Hornachuelos (Córdoba), Maria del Pilar Hinojosa, independiente. Fuentes de la asociación destacan que no se trata de un proceso de renovación marcado por la política, sino por los intereses comunes.

El fundamental de esos intereses es gestionar de la mejor manera posible el proceso de cierre de instalaciones y, sobre todo, asegurar que el flujo de las ayudas hacia los ayuntamientos no se interrumpe de forma abrupta. Los ánimos están encendidos porque la combinación de anuncios de cierres de nucleares, proyectos que sólo existen en el papel y ausencia de un Gobierno capaz de llevar las promesas al BOE alimenta la desconfianza.

25 años de ayudas

Los municipios no lo ven claro. Quieren que el flujo de fondos que han recibido desde hace 25 años no se corte. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha pagado al centenar de ayuntamientos cercanos a las centrales nucleares (los situados en torno a 20 kilómetros) más de 580 millones de euros entre 1989 y 2018, según datos oficiales de la empresa pública. Quieren atarlos con planes alternativos de desarrollo económico rubricados por el Gobierno. Y eso es lo que está en el aire.

El Ejecutivo, ahora en funciones, ha ofrecido una vía para facilitar la llegada de renovables a los emplazamientos de las nucleares. Lo hizo en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Según el documento, las grandes compañías que cierren centrales contaminantes -ya sea de carbón, de gas o nucleares- tendrán derecho a conservar los derechos de acceso a la red eléctrica para sustituirlas por energías renovables. El problema es que el anteproyecto sólo es una declaración de intenciones. El exgerente y asesor de AMAC Mariano Vila sostiene que en la relación con el Gobierno “está todo parado, hasta tal punto que reuniones previstas en julio no se han celebrado“.

La inquietud de los ayuntamientos es lógica porque muchos de ellos dependen de las ayudas que reciben de la empresa pública Enresa para mantener sus presupuestos. Todos los municipios que reciben ayudas temen acabar como el de Almonacid de Zorita (750 habitantes, a 70 kilómetros de Guadalajara), que albergó la primera central nuclear española -José Cabrera- en proceso de desmantelamiento desde 2010. Según AMAC, “ninguna administración pública, ni el Estado, ni la Comunidad Autónoma, ni la Diputación provincial se han preocupado ni implicado en el futuro de los ciudadanos de los municipios de la zona“.

La Orden Ministerial más reciente sobre las ayudas a los municipios nucleares es del 11 de marzo de 2015. Sustituyó a la más antigua de julio de 1998 y regula las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos que data de 2006. la Orden recogió un somero examen de lo logrado con el dinero entregado a los ayuntamientos desde el inicio, a finales de los años 80. No es muy optimista.

Según recoge la norma “transcurridos 25 años desde el origen de este tipo de ayudas”, Industria constata que los municipios “aún mantienen una marcada dependencia económica de las nucleares”, debido “a la baja incidencia” que estas ayudas han tenido en su desarrollo por su “escasa” aplicación a proyectos de inversión para generar economías alternativas. El apagón nuclear no supondrá el fin inmediato de las subvenciones -cobran por aceptar los residuos en sus proximidades y los residuos seguirán ahí durante tiempo-, pero sí exigirá un examen de los conceptos y los resultados obtenidos.

Los municipios no cobran todos lo mismo, pero para todos, las ayudas que reciben cada año de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y de otras áreas de la Administración como el Ministerio de Interior, son más que una tabla de salvación del presupuesto anual. En muchos casos, permiten a sus habitantes disponer de servicios y atenciones impensables en otras localidades.

Fuente:   lainformacion.com

Abogado UE: normas europeas no se aplican al impuesto español de residuos nucleares

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó este miércoles que la normativa europea no es aplicable a los impuestos españoles sobre la gestión de combustible nuclear gastado, respondiendo así a una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo.

El abogado general Gerard Hogan, cuyas conclusiones no son vinculantes pero suelen orientar la decisión de la corte, considera que la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad no es aplicable a los tributos españoles sobre la producción de combustible nuclear gastado, los residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de dichos combustible y residuos.

El jurista sostiene que el ámbito de aplicación de la Directiva se limita a la generación, al transporte, a la distribución y al suministro de electricidad.

El Tribunal Supremo había remitido inicialmente sus dudas sobre los impuestos nucleares al Constitucional, por ser potencialmente contrarios al principio de capacidad económica establecido en la Constitución, en un contencioso que afecta a la Asociación Española de la Industria Eléctrica, Endesa Generació e Iberdrola, y, por otro lado, la Administración General del Estado.

Las eléctricas argumentaban que los modelos de autoliquidación y pago de los citados impuestos sobre combustible nuclear gastado constituyen una suerte de impuesto especial sobre los productores de energía nuclear que distorsiona el mercado español de la electricidad, lo cual debe considerarse ilícito.

El Supremo entendía que el objetivo de los impuestos es incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica, para que los productores de energía nuclear asuman una parte de la financiación del “déficit tarifario” (diferencia entre los ingresos que las compañías eléctricas españolas reciben de los consumidores y el coste del suministro de la electricidad reconocido por la normativa nacional) mayor que la de otros productores de energía.

Consideraba también que la libre competencia en el mercado de la electricidad se ve falseada si determinadas empresas se someten a una tributación por su forma de producción sin una justificación objetiva.

Pero el Tribunal Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad indicando que, al haber expresado el Tribunal Supremo sus dudas también acerca de la compatibilidad de la legislación nacional con el Derecho de la Unión, debía plantear primero una cuestión prejudicial al TJUE, cuyo abogado general no ve aplicable la legislación comunitaria.

No obstante, el jurista añade que, en caso de que el Tribunal europeo no comparta su opinión, aporta una solución alternativa.

En ella considera que la Directiva no se opone, en principio, a la normativa española, ya que la situación de las empresas eléctricas que utilizan energía nuclear no es comparable a la de otros productores de energía en cuanto a la protección del medio ambiente y de la seguridad.

No obstante, el jurista comunitario añade que el Tribunal Supremo deberá valorar, en su caso, si el objetivo de dicha normativa está realmente relacionado con la protección del medio ambiente y la seguridad y, si es preciso, determinar si la diferencia de trato fiscal deparado a los distintos tipos de productores de electricidad está objetivamente justificada por tales razones medioambientales.

Fuente : La Vanguadia

La eterna herencia mortal de la energía nuclear

El plutonio 239, generado únicamente en las barras de los elementos combustibles de una central nuclear, es un elemento de la tabla periódica que dejó de existir sobre la tierra en sus primeros millones de años, antes de que apareciera la vida. Su núcleo es inestable y durante su desintegración emite una partícula alfa y otra gamma, ambas de muy alta energía. Al chocar con cualquier molécula la destruye, algo habitual en la naturaleza que no tendría mayor problema si no fuera porque eso incluye a las moléculas de los seres vivos. Si esa molécula es del ADN, puede producirse una mutación, es decir: cáncer. Su periodo de semidesintegración es de 24.100 años, es decir, a los 24.100 años el número de núcleos de una muestra se reduce a la mitad. Tras otro periodo igual se reduce de nuevo a la mitad, es decir la cuarta parte de la cantidad inicial. Tras cien mil años, la muestra se ha reducido a un dieciseisava parte, una cantidad que sigue siendo peligrosa si se trata de una concentración importante, como es el caso.

Lo primero que piensa cualquier persona ajena al mundillo de la ciencia es que “hombre, alguna solución habrá, ¿no se puede destruir?” La respuesta es sí… desde el punto de vista científico-experimental, lo cual no implica directamente que sea una solución factible. Me explico. En un reactor de investigación, hace muchos años que se bombardea plutonio. El proceso se llama transmutación y consiste en bombardear la muestra con neutrones de alta energía que provocan la fisión del núcleo, utilizando una energía del orden de los megawatios para transmutar algunos gramos. El problema es que en el mundo habrá dentro de una década más de 300.000 toneladas de combustible gastado (CG) en todo el mundo, 6.700 en España. Está muy lejos de lo razonable pensar que se pueda disponer de la energía necesaria. No es ninguna exageración decir que se necesitaría, para transmutar todo el plutonio, cien veces más energía eléctrica de la que han producido las centrales nucleares durante su funcionamiento.

Después de más de medio siglo de industria nuclear, no existe solución al problema de los Residuos Radiactivos de Alta Actividad (RAA), salvo esconderlos en lugar seguro. Para ello, hay que encontrar un lugar donde el material se encuentre confinado con toda seguridad. Dado que la construcción humana más antigua son las pirámides, que no pasan de 5000 años, lo que se baraja es colocar los RAA en Almacenamientos Geológicos Profundos (AGP), donde haya total seguridad de ausencia de movimientos sísmicos, escorrentías de agua, grietas, etc… durante más de cien mil años. No es tarea fácil. Quizás por eso, los RAA se mantienen al lado de las centrales nucleares en todo el mundo, en las piscinas de almacenamiento del CG, salvo el caso de los países que tienen permiso de NNUU para fabricar la bomba atómica. Estos países procesan una pequeña parte del CG para extraer el plutonio necesario para fabricar sus bombas. Al fin y al cabo, para eso se inventaron las centrales nucleares, pues el proceso de “fabricación” del plutonio hubiera resultado carísimo y no hubieran podido construir las decenas de miles de cabezas nucleares que están repartidas entre las grandes potencias. El resto de RAA, también en estos países, se encuentra junto a las centrales.

No es ninguna exageración decir que se necesitaría, para transmutar todo el plutonio, cien veces más energía eléctrica de la que han producido las centrales nucleares durante su funcionamiento.

La solución que genera más consenso es la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) donde concentrar los RAA en los diferentes países durante un periodo transitorio de entre 50 y 100 años. De esta manera le quitan el problema de encima a los titulares de las centrales nucleares y se lo pasan al Estado. Lo habitual en estos casos. Así se gana tiempo, para pensar qué se hace con ellos durante los siguientes 99.900 años.

Las generaciones futuras deberán destinar una parte de sus recursos para mantener confinados con seguridad estos materiales. No es difícil adivinar lo que pensarán las gentes de los milenios venideros de “los antiguos” cada vez que se tengan que encargar de la herencia de las generaciones de los siglos XX y XXI. Eso si aún saben de la existencia de semejante material.

Por ahora, es nuestra generación la que debe ocuparse del problema, nadie tiene derecho a mirar para otro lado. El movimiento antinuclear tampoco. Las nucleares ya van cerrando, por viejas y por caras, pero la lucha antinuclear no terminará nunca mientras existan RAA. No sirve de nada decir que “ya lo advertimos”.

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Fuente: elsaltodiario

Instan a limpiar “cuanto antes” la radioactividad en Palomares

La Audiencia Nacional ha admitido el informe de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear

La Audiencia Nacional (AN) ha aceptado como prueba el informe remitido al Congreso de los Diputados por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que se insta a que se “analice, y, en su caso, se rehabilite cuanto antes” la zona contaminada con radioactividad de Palomares, pedanía de Cuevas del Almanzora, para evitar “efectos inaceptables en las personas y en medio ambiente”.

Así, en su auto, la Sección Séptima admite, en contra del criterio de la Abogacía del Estado, la documental procedente de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (Astecsn); propuesta por Ecologistas en Acción en el marco del procedimiento impulsado para obligar al CSN a que fije un plazo para ejecutar el Plan de Rehabilitación de Palomares que se aprobó en 2010.

La Abogacía del Estado se opuso a que se ampliasen los hechos objetos de la demanda con este informe, algo a lo que se aviene la AN, que lo admite como prueba documental al considerar que “no dejan de ser manifestaciones de una asociación en un ámbito parlamentario, que carecen de relevancia para la decisión del pleito”. Asimismo, también se negó, en otro recurso anterior, a que se investigara el envío de 1,5 toneladas de material radioactivo a la zona en 2016 procedente del Ciemat, pero la sala se negó y la práctica de prueba al respecto ha revelado que fueron casi seis toneladas de material radioactivo trasladado desde 2011 y depositado en contenedores y en un almacen del laboratorio que el Ciemat tiene en la zona 3 bajo vigilancia radiológica, en el núcleo urbano de Palomares.

No obstante, después pidió la práctica de prueba sobre el asunto y la Audiencia Nacional la admite en este auto, de 27 de marzo, en el que incorpora a la causa el informe de los técnicos del CSN.

El informe

Los técnicos, en su informe, entienden “que siempre será mejor tener los residuos embidonados y almacenados, aunque sea allí mismo, que dispersos por el medio ambiente como llevan más de 50 años”. Y añaden que la limpieza de estos terrenos, que abarcan unas 50 hectáreas, “debe realizarse sin estar subordinada a la existencia o no de un acuerdo con terceros para que EEUU se haga cargo o no de los residuos”. Al hilo de esto, indican que la “evolución” de los “radionucleidos Pu-239, Pu-240, Pu-241, así como la aparición de Am-241, generado a partir del Pu-241”, tiene como consecuencia la “modificación del efecto radiológico, tanto en las personas como en el medio ambiente, debido a un comportamiento más dispersable a medida que van pasando los años”.

De este modo, con fecha de 17 de diciembre y realizado en respuesta a varias preguntas que se formularon por parte de miembros de la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear del Congreso, critican que en Palomares se hayan tomado “medidas sin la debida transparencia y sin sustentarse en informes públicos” y afirman que, si estos “existen, se mantienen en secreto, lo cual crea desconfianza e inseguridad en la población afectada”.

Asimismo, los técnicos señalan que resulta “significativo” que el CSN “conozca” los análisis de contaminación y dosimetría interna efectuados en la población de Palomares en los últimos 50 años y que sus resultados generales “que han debido tenerse en cuenta en las evaluaciones efectuadas por el regulador, se mantengan secretos y no disponibles cuando son la base para la toma de decisiones y justificación de cualquier medida que se quiera adoptar, tales como trabajos de limpieza y almacenamiento de residuos”.

Apuntan, en esta línea, que el CSN “debe de poner sobre aviso a las autoridades competentes acerca de los riesgos radiológicos e instar y recomendar las acciones pertinentes” y que el Estado “debe proteger a su población en consecuencia y almacenar temporal o definitivamente los residuos”. Para ello, ponen como ejemplo de actuación sobre terrenos contaminados con población el realizado en las Islas Marshall motivado por los ensayos nucleares llevados a cabo allí por EEUU, y donde las actuaciones de restauración y limpieza “se realizaron con transparencia y participación activa de la población afectada”.

Y es que, “cuanto mayor sea la transparencia, más obligadas estarán todas las partes a tomar una decisión cuanto antes. Los informes y los datos que soportan las decisiones y las medidas a adoptar deben ser públicos y sometidos a una revisión científica. El papel del CSN, como único organismo competente en protección radiológica, resulta fundamental para liderar y garantizar dicho proceso de forma pública, abierta y transparente”, remarcan en su informe.

 

EH Bildu denuncia tres vertidos de material radiactivo en Garoña el pasado verano

EH Bildu ha solicitado explicaciones acerca de tres accidentes en la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) sucedidos el pasado verano en los que, ha asegurado, se ha vertido material radiactivo.

Los accidentes, según ha explicado el parlamentario vasco Mikel Otero, se han producido durante labores de desmantelamiento de la central y han sido «ocultados hasta ahora, en una grave falta de transparencia que pone en solfa la labor de la comisión interinstitucional» que hace seguimiento de dicho proceso.

Concretamente, según la información del Consejo de Seguridad Nuclear citada por el grupo parlamentario, el primer accidente tuvo lugar el 20 de julio de 2018, cuando una fuente radiactiva que estaba siendo transportada se cayó al suelo y la cápsula de cesio-137, que estaba dentro, se salió del envase de plomo y el 2 de agosto hubo un vertido de 50 litros de lodo radiactivo, que también se volvió a verter quince días después en el tercer accidente.

Otero ha solicitado que comparezca en el Parlamento Vasco la comisión interinstitucional constituida en 2017 por el Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y administraciones locales para hacer seguimiento del proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. «Ese órgano fue creado a propuesta de EH Bildu, pero su trabajo está en cuestión porque hasta ahora no hemos sabido que durante el pasado verano en Garoña hubo tres accidentes en los que se vertió material radiactivo», ha recalcado.

El parlamentario ha añadido que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no ha dado a conocer «hasta hace pocos días ninguna información al respecto» y es muy grave que la comisión integrada por las instituciones vascas tampoco supiera nada de esos accidentes.

En opinión del parlamentario de EH Bildu, «es muy preocupante la nula transparencia con que se está desmantelando Garoña y está claro que la actividad de la comisión interinstitucional no está sirviendo para acabar con la opacidad».

fuente: Burgosconecta

Page exige “disculpas” por la ubicación del ATC, tras otro seísmo en la zona

Terremoto de 2,7 en Villarejo de Fuentes (Cuenca), a 15 km. del ATC de Villar de Cañas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este miércoles que deberían pedir disculpas por ubicar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), tras el nuevo terremoto registrado en la zona, a pesar de que el Gobierno regional advirtió de que había riesgo sísmico.,”Alguien tendría que pedir disculpas y exigir responsabilidad por la decisión mal tomada y cabezonamente ejecutada de instalar un basurero nuclear

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este miércoles que deberían pedir disculpas por ubicar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), tras el nuevo terremoto registrado en la zona, a pesar de que el Gobierno regional advirtió de que había riesgo sísmico.

“Alguien tendría que pedir disculpas y exigir responsabilidad por la decisión mal tomada y cabezonamente ejecutada de instalar un basurero nuclear en Villar de Cañas”, ha afirmado García-Page a los medios de comunicación en Cuenca, un día después de que ayer se registrara un terremoto de magnitud 2,7 en Villarejo de Fuentes, pueblo situado a pocos kilómetros del municipio donde está proyectado el ATC.

En concreto ha señalado que Villarejo de Fuentes dista 15,5 kilómetros de Villar de Cañas, aunque el Instituto Geográfico Nacional situó el epicentro del seísmo en un punto de su término municipal situado a unos 10 kilómetros en línea recta de los terrenos en los que se prevé construir el almacén de residuos nucleares.

García-Page ha recordado que el Gobierno castellanomanchego advirtió del riesgo sísmico que existía en la zona, así como del “interés de la empresa pública por las adjudicaciones, del interés de otros por hacerse con ella y del procedimiento chapucero con el que se llevó a cabo el proceso”.

En el desarrollo del proyecto “se saltó incluso la legislación urbanística, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Villar de Cañas carece de Plan de Ordenación Territorial”, ha añadido García-Page, que ha apuntado que todas estas cuestiones, “al igual que el riesgo de que la zona registre un terremoto, están aflorando ya”.

Por ello, ha exigido a los actuales dirigentes del PP en Castilla-La Mancha “que expliquen a qué lotería se referían” la expresidenta regional María Dolores de Cospedal y el exministro de Industria, Comercio y Turismo José Manuel Soria “cuando aseguraron que Castilla-La Mancha había sido agraciada con la lotería”.

Ha considerado además que “intentar engañar y tomar el pelo a todo un pueblo es una ofensa importante”.

Terremoto en febrero de 2018

Un terremoto de 3,2 grados de magnitud en la escala de Richter se ha registrado este martes, 6 de febrero, en la localidad conquense de La Alberca de Záncara.

El lugar del epicentro está situado a poco más de 39 kilómetros de Villar de Cañas, lugar designado para albergar el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

El terremoto ha tenido lugar sobre las 15:26 horas y ha llegado a tener una profundidad de 11 kilómetros, según publica la web del Instituto Geográfico Nacional.

Este seísmo llega apenas 50 días después de otro de 3,7 grados de magnitud registrado el 20 de diciembre en la localidad alcarreña de Yebra, otra de las localidades que pugnaron por hacerse con el proyecto.

Terremoto en 2017

Un terremoto  situado a menos de 24 kilómetros en línea recta de la futura ubicación del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) que se queria construir en otro municipio conquense, Villar de Cañas.

 

Fuente: COPE, 

eldiario.es

Fraga no se bañó en Palomares, la playa de Almería sigue radiactiva y los reyes son los padres

Podian haber titulado la noticia con “Medios de comunicación engañan a los y las españolas”, pero no, la cosa no ha ido a mayores.

Los cronistas de la época no pudieron contar la verdad, pero cualquier taxista de Almería te resume lo que realmente pasó en el año 1966 con el baño de Manuel Fraga Iribarne y el embajador de EEUU en Palomares: Que la famosa inmersión en el mar que también popularizó el NO-DO se grabó en otra playa de Almería donde no se encontraban los restos radiactivos de un avión americano.

La historia del baño en la playa de Manuel Fraga, que se mantiene en la memoria de cualquier español mayor de 60 años, es un claro ejemplo del marketing del franquismo: repetir una mentira muchas veces, en los medidos adecuados, puede convertirse en una realidad que pasará a la historia.

Pero hay quien no se rinde y se enfrenta a la “falsa historia”. Así, Ecologistas en Acción ha continuado luchando para conocer realmente qué hay tras esos restos radiactivos hasta llegar a los tribunales.La organización ecologista ha conseguido que la Audiencia Nacional pida informes al Consejo de Seguridad Nuclear sobre estos residuos de 1966.

Historia

La realidad es que en el accidente en pleno vuelo -y que llevó a la caída de material radiactivo a la playa de Palomares,  se vieron implicados un bombardero estratégico estadounidense B-52 y un KC-135 de reaprovisionamiento en vuelo (cargado con 110.000 litros de combustible) que colisionaron a 10.000 metros sobre la costa del Mediterráneo, en el espacio aéreo de Palomares. El B-52 volvía de la frontera turco-soviética hacia la Base Aérea de Seymour Johnson en Goldsboro, Carolina del Norte, y el KC-135 provenía de la Base Aérea de Morón. La maniobra era de rutina: los B-52 se reaprovisionaban de combustible a la ida, desde la Base Aérea de Zaragoza, y a la vuelta desde Morón.

El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares Mark 28 (modelo B28RI) de 1,5 megatones cada una, de 1,5 metros de largo por 0,5 metros de ancho, con un peso de 800 kg. Dos de ellas quedaron intactas, una en tierra (cerca de la desembocadura del río Almanzora) y la otra en el mar. Las otras cayeron sin paracaídas, una en un solar del pueblo, la otra en sierra Almagrera. Se produjo la detonación del explosivo convencional que contenían, lo que sumado al choque violento con el suelo, hizo que ambas bombas se rompieran en pedazos. Las tres que cayeron en tierra fueron localizadas en cuestión de horas; la que cayó en el mar pudo ser recuperada 80 días después, las bombas tenían una potencia superior a 75 veces las de Hiroshima.

Por tanto, la playa de Palomares es un almacén de residuos rediactivos clandestino desde 1966, con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada .En el escrito de Ecologistas en Acción al tribunal se especifica que “Palomares es un almacén de residuos rediactivos clandestino desde 1966, con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada a 30 centímetros, en tres zonas diferentes sobre 103 hectáreas de terrenos y con dos fosas donde también se enterraron 4.000 metros cúbicos de material radiactivo”.

Fuente: diario16

Más noticias sobre la contaminación en Almeria (la huerta de Europa según dicen): almacennuclear.wordpress.com/?s=palomares

 

7.200 toneladas de residuos de Zorita. Ahora vas, y lo cascas.

 

Zorita con sus residuos de alta intensidad

El desmantelamiento de la José Cabrera ha generado hasta la fecha 7.200 toneladas de residuos radioactivos

Enresa ya ha ejecutado el 86 por ciento de los trabajos de desmantelamiento de la central José Cabrera, en Zorita de los Canes (Guadalajara). Una de las pruebas del avanzado estado de la actuación ha sido la desaparición de la icónica chimenea de la central, uno de sus elementos más reconocibles. Primero fue troceada en 12 piezas de 30 toneladas. Después, en 25 segmentos que han sido tratados como material convencional. Ahora, “el riesgo radiológico ya es muy limitado” y la mayor parte de los trabajos que aún quedan por ejecutar afectan a materiales convencionales, sin carga radioactiva. “Quedan las demoliciones de los edificios, que son convencionales, pero tienen dificultad por la envergadura de las instalaciones”, indicó el director de Operaciones, Juan Luis Santiago Albarrán.

Precisamente, uno de los grandes éxitos del proceso está siendo la notable reducción del material radioactivo gracias a los tratamientos que está aplicando la empresa. “Hemos reducido un 50 por ciento la previsiones iniciales”, explicó el Director de Desmantelamiento, Manuel Ondaro. Además, de los elementos radioactivos, se calculaba que en torno 70 por ciento sería clasificado como de media y baja actividad, mientras que el 30 restante lo sería de muy baja, proporciones que finalmente se han invertido. El 70 por ciento de los residuos han sido catalogados como de muy baja intensidad y el 30 de media y baja.

Desde que Enresa asumiera los trabajos, en febrero de 2010, hasta el 30 de septiembre de 2018, se han generado 16.879 toneladas de materiales. De ellos, 9.600 toneladas se tratarán con normalidad al no tener carga radioactiva, ya que 6.200 eran de material convencional y 3.400 de materias desclasificado (nombre con el que se conoce al material al que se le ha eliminado la carga radiológica). En cuanto al resto, 5.800 toneladas han sido clasificadas de muy baja actividad y 1.433 como de baja y media actividad, siendo estas 7.200 toneladas trasladadas a El Cabril, en Cordoba, donde se encargarán de su gestión.

Uno de los mejores ejemplos del trabajo que se está realizando para reducir el material radioactivo es la planta de lavado de tierra, con la que se ha logrado reducir de 18.000 a 9.000 las toneladas de tierra con carga radioactiva.

Aunque los trabajos se encuentran en un punto muy adelantado, con los equipos desmontados y las instalaciones descontaminadas, el trabajo no estará exento de complejidad, ya que pasa por la demolición de todos los edificios aún existentes. Al final, Ondaro calcula que se tendrán que gestionar más de 100.000 toneladas de materiales, aunque solo entre un 5 y un 10 por ciento de esta cantidad será material radioactivo.

En 2019, por lo tanto, comenzará la demolición de los principales edificios: el Edificio del Evaporador el Almacén de Residuos 1, el Edificio Eléctrico en el que estaba la Sala de Control y el Edificio de Contención y Auxiliar. Después llegará el momento de devolver los terrenos a su propietario. “Al final del proyecto, Enresa será de las pocas empresas en el ámbito internacional que tenga experiencia en todo el proceso de desmantelamiento”, indicó Albarrán, quien también recordó que, de hecho ésta es la primera vez que se hace una restauración del emplazamiento en España. Actualmente, en la central trabajar una media de 175 personas pertenecientes a 25 empresas. El 66 por ciento de estos trabajadores provienen de la provincia de Guadalajara.

Si todo transcurre según lo previsto, los trabajos terminarán en 2020. Después de esa fecha, la única prueba de la existencia de la central José Cabrera será el Almacén Temporal Individualizado (ATI), en el que hay 12 contenedores con 377 elementos de combustible gastado y algunos segmentos de la vasija. Todos ellos permanecerán en el ATI mientras no se dé una ubicación al Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Fuente:  nuevalalcarria.com

El almacén temporal de la central nuclear de Almaraz recibe los últimos permisos

ATI en la central de Zorita

El proyecto recibió numerosas alegaciones, pero finalmente podrá almacenar los residuos a 400 metros de los reactores

El Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la Central Nuclear de Almaraz ya tiene permiso para ser construido. Según indica la propia central, así lo ha dictaminado la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica con dos resoluciones. Una es sobre el cambio de diseño que había que hacer en esta instalación, y otra sobre los nuevos planes de emergencia de la central que ahora tendrá al lado este almacén.

Si el ATI empieza a funcionar esto supone desahogo de cara a la recarga prevista a finales del próximo mes en uno de sus reactores, ya que prácticamente no había espacio para seguir almacenando un combustible gastado de alta actividad que tiene que ser neutralizado.

Con esta autorización se encarrila un proyecto que empezó siendo controvertido y al que la Junta de Extremadura se opuso de inicio expresando su deseo de que se impongan otras fuentes de energía alternativa a la nuclear. Además de grupos ecologistas y particulares que presentaron alegaciones, Podemos también planteó su desacuerdo con que la central nuclear cacereña dispusiera de su propio ATI para gestionar sus residuos radiactivos.

El principal argumento para sumarse al veto, el cual no ha tenido éxito, es que esta inversión, que ronda los 24 millones de euros, daba a entender que se alargaría la vida de esta central. La central nuclear de Almaraz-Trillo, abierta en 1981 (en 1983 su segundo reactor), en teoría debería cerrar en 2020, si bien los propietarios se están planteando pedir una prórroga de veinte años más. El Gobierno de Portugal también mostró su malestar por no haber sido consultado.

Mientras se iban conociendo todas estas reticencias, el tiempo apremiaba y la construcción de este ATI empezó a ser una cuestión urgente, según explicaron desde la central. Se debe a que los residuos de sus dos reactores necesitaban un lugar donde ser depositados.

Hasta ahora se iban colocando en las piscinas, pero éstas se encuentran prácticamente al completo y necesitan que este residuo radiactivo sea trasladado a un ATI, el cual aún no está funcionando porque estaba pendiente de estos últimos permisos. Ya se han hecho pruebas y, según las previsiones de la central, estará plenamente operativo a principios de noviembre.

El ATI de Almaraz viene a sustituir lo que en un principio iba a ser un cementerio nuclear para las centrales de toda España, técnicamente denominado Almacén Temporal Centralizado, (ATC). Iba a estar ubicado en Villar de Cañas (Cuenca). Sin embargo, en 2015 hubo un cambio en el gobierno de Castilla la Mancha y el ejecutivo socialista que entró cambió de opinión y paralizó aquella iniciativa. Lo siguiente fue decidir que cada central creara su propio almacén de residuos (ATI).

Como se sabe, el de Almaraz se trata de una obra anexa (a 400 metros de los reactores) que se basa en una plataforma de hormigón al aire libre con unos contenedores especiales y un cierre perimetral de seguridad.

Fuente: hoy.es