Endesa, Iberdrola y Naturgy afrontan un alza de costes de 900 M para el apagón nuclear

La barata energía nuclear parece que empieza a aflorar sus costes reales.

El Ministerio para la Transición Ecológica prepara una subida de la tasa a Enresa para los productores de energía nuclear de casi un 20%. Un alza que traerá aparejado un aumento de costes para los principales operadores de centrales atómicas (Endesa, Iberdrola principalmente y en menor medida, Naturgy y EDP) de cerca de 900 millones de euros hasta el final de la vida de estas plantas a partir del 1 de enero de 2020.

Este coste extra viene del borrador de real decreto ley que está tramitando el departamento dirigido por Teresa Ribera sobre la base de los años de vida que el propio Gobierno pactó con las eléctricas para el cierre de las centrales nucleares. La memoria económica del ‘Proyecto de real decreto por el que se modifica la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial mediante la que se financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. (Enresa) a las centrales nucleares en explotación’ señala que la tasa pasa de los 6,69 euros/MWh a 7,98 euros MWh (+20%).

Teniendo en cuenta que la producción nuclear oscila entre los 55.000MWh y los 60.000MWh al año y sabiendo que las siete centrales hoy activas se cerrarán paulatinamente entre 2027 y 2035, las empresas afrontan un coste durante los próximos 15 años de más de 5.000 millones de euros.

La cuestión no ha pasado desapercibida para los analistas de las grandes ‘utilities’ cotizadas. La pasada semana, el director financiero de Endesa, Luca Passa, respondía a preguntas de los expertos que la firma propiedad de Enel se enfrenta a un coste extra de aproximadamente 30 millones de euros al año.

Esto lleva a Endesa a enfrentarse a un pago a mayores respecto a la situación actual de alrededor de 400 millones de euros al año. Otro tanto tendrá que asumir Iberdrola y en menor medida, en torno a 100 millones, es el montante de más que deberán pagar Naturgy y EDP.

La subida que prepara el ramo de Energía del Gobierno se da en plena renovación del Plan Nacional de Residuos Radiactivos. El actual -el sexto- está vigente desde el año 2006 ya que los sucesivos Gobiernos desde entonces no han abordado este tema. Una cuestión importante dado que el Fondo de Enresa, destinado a cubrir las necesidades futuras para la gestión y el desmantelamiento nuclear, es insuficiente.

Fuente: elconfidencial

Sanidad ocultó un escape radioactivo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid

Se produjo una fuga de líquido residual radiactivo hacia el exterior del complejo hospitalario

El Hospital Gregorio Marañón comunicó el pasado 1 de agosto al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una fuga de líquido residual de pacientes que se sometieron a tratamientos con algún tipo de isótopo, según fuentes del centro hospitalario, se trató de una incidencia «menor» en uno de los tres tanques de residuos de una de las estancias de almacenamiento y evacuación de residuos. A nivel del riesgo de trabajadoras y trabajadores del centro asistencial, podríamos estar en presencia de un delito contra la salud pública. Agustín Millán lo analiza en la siguiente información:

El incidente se produjo hace más de un mes, tanto sindicatos y trabajadores no fueron informados y no han sabido de este escape radioactivo hasta que ayer se lo filtraron a un medio de comunicación, lo que podría constituir un delito contra la salud pública de los profesionales.

CCOO Sanidad Madrid ha solicitado una reunión informativa urgente, para que el Hospital Universitario Gregorio Marañón explique la fuga ocurrida en la instalación radioactiva de Radioterapia del centro, que se produjo el pasado 1 de agosto. Una fuga de líquido residual radioactivo hacia el exterior del complejo hospitalario de nivel 1.

El incidente se produjo hace más de un mes, tanto sindicatos y trabajadores no fueron informados y no han sabido de este escape radioactivo hasta que ayer se lo filtraron a un medio de comunicación, lo que, advierte CCOO, podría constituir un delito contra la salud pública de los profesionales.

CCOO Sanidad también ha presentado una denuncia contra el Hospital Universitario La Princesa, por ocultar un brote de gastroenteritis aguda con origen en el comedor de personal y que según consta, afectó a 23 profesionales. Los representantes de los trabajadores no fueron informados ni en el tiempo ni la forma preceptivos. CCOO no tuvo conocimiento de lo ocurrido hasta dos semanas después del primer contagio.

El sindicato ha solicitado una reunión informativa urgente, para que el Hospital Universitario Gregorio Marañón explique lo ocurrido el pasado 1 de agosto. La Consejería de Sanidad ha reconocido que se produjo una fuga de líquido residual radioactivo hacia el exterior del complejo hospitalario.

El silencio y la falta de información en torno a ambos incidentes son actuaciones muy graves, insiste CCOO, ya que revela ocultación sistemática de información que por ley, los responsables de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tienen obligación de poner en conocimiento de los representantes de los trabajadores y de los delegados de Salud Laboral.

Brote Gastroenteritis

Con fecha 2 de septiembre de 2019, CCOO ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que acusa a la Dirección del Hospital Universitario La Princesa de inobservancia de las normas de Prevención y Salud Laboral y de no haber comunicado en tiempo y forma los hechos ocurridos. Desde el punto de vista epidemiológico se considera un brote cuando se detectan más de cuatro afectados y se debe notificar alerta alimentaria si el foco está en la comida. “También existe el deber de informar de ello a los trabajadores cuando el origen está en su centro de trabajo y en el comedor de personal”, denuncian desde el sindicato.

En el informe elaborado por la Dirección General de Salud Pública, con posterioridad al conocimiento de los hechos se ha dado a conocer a los delegados de Salud Laboral. Una serie de incidencias en la cafetería de personal fueron detalladas, lo que revela que la falta de medidas preventivas y la mala organización del trabajo pueden ser los causantes del contagio.

CCOO denuncia también que el Servicio de Prevención del hospital no tomó ninguna medida al respecto, no se informó al resto de trabajadores para extremar precauciones, ni se puso en contacto con los profesionales afectados. No consta que se hayan registrado dichos accidentes (23 profesionales afectados) como laborales aunque hubieran cursado sin baja médica.

Falta de coordinación

En el escrito a la Inspección de Trabajo no se informa del hecho al Comité de Seguridad y Salud. “Los delegados/as se enteran por casualidad al ver un punto del orden del día de una reunión convocada por el hospital por otra circunstancia, la pérdida de fármacos por un valor de 300.000 euros, por un supuesto fallo eléctrico. Incumplieron también el deber de información, consulta y participación ante un hecho que podría ser calificado como grave por el número de personal afectado”, como se indica en la denuncia de CCOO.

Fuente : kaosenlared.net

 

Así se “entierran” los residuos radiactivos: cómo son los cementerios nucleares por dentro

Nadie los quiere, pero son necesarios para mantener este sistema demencial. Los cementerios nucleares son aquellos refugios donde almacenar y guardar residuos radiactivos, aquellos compuestos que por su naturaleza o por haber estado expuestos a una alta radiación siguen siendo peligrosos durante una gran cantidad de años. ¿Qué hacer entonces con estos residuos radiactivos? Esconderlos y guardarlos, bien hasta que se desintegren o hasta que se encuentre una mejor solución.

Los distintos cementerios nucleares se dividen en distintas categoría, en función de sus niveles de radiactividad. Y es que dentro de esos bidones amarillos que todos solemos relacionar con la energía nuclear, puede haber desde material relacionado con la fisión como uranio o plutonio, pero también cualquier material contaminado, sea ropa, ordenadores o simplemente agua.

Qué se hace con los residuos radiactivos para que no contaminen

     Mapa de un cementerio nuclear de bajo nivel.

Algunos residuos de baja y media actividad, como la ropa y las herramientas utilizadas en el mantenimiento de las centrales, se diluyen y eliminan con el tiempo. Otros son sometidos a tratamientos para intentar separar los elementos radiactivos. El resto se introducen en bidones de acero y se solidifican con alquitrán o cemento para ser almacenados hasta que el periodo radiactivo finaliza. Habitualmente menos de 30 años.

Sin embargo también hay residuos de alta actividad, normalmente aquellos generados con el combustible gastado. En este caso se intentan almacenar en la propia central hasta ser transportados en contenedores de metal resistentes a la corrosión. Es aquí donde entran los cementerios nucleares, que no dejan de ser refugios aislados donde guardar estos desechos.

Podemos diferenciar los cementerios nucleares en dos tipos: los temporales, ubicados en almacenes e instalaciones y los que se conocen como repositorios geológicos profundos, ubicados en zonas estables, aisladas de terremotos y lejos de la superficie. Auténticas galerías selladas para que estos residuos no estén en contacto con el hombre.

El Cabril, el único cementerio nuclear en España

Contenedores de hormigón fabricados a prueba de terremotos. Imagen de Xataka Ciencia.

El único cementerio nuclear español está preparado para materiales de baja y media actividad. Se trata de El Cabril, ubicado en Hornachuelos. El contenido es básicamente bidones de las centrales nucleares, con un tercio de material radiactivo y dos tercios de cemento. Todo este material se ubica en el complejo, que anteriormente era una vieja mina de uranio.

Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) es la encargada de su funcionamiento. El Cabril dispone además de oficinas, laboratorios, una incineradora, una piscina de agua y un depósito ciego para posibles filtraciones. Se trata de un centro muy preparado, pero hoy en día está cerca del máximo de su capacidad.

Sin embargo hay bastante polémica con la ampliación del recinto. “El cementerio nuclear del Cabril nunca debería haberse construido porque está en el sur de la Península Ibérica. Está muy alejado de la mayoría de instalaciones nucleares y radiactivas”, afirma Paco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción. En su lugar, desde finales de 2011 se eligió el municipio de Villar de Cañas para albergar un nuevo ATC (Almacén Temporal Centralizado). Sin embargo las reticencias de la población y la poca determinación del Gobierno ha provocado que se estén barajando otras opciones.

 Interior de celda de almacenamiento. Imagen de Enresa.

La zona de almacenamiento de residuos está formada por dos plataformas: la zona norte con 16 celdas y la sur con 12. Estas celdas se alinean en dos plataformas con sendos pasillos interiores. Los camiones que contienen los desechos se detienen a la entrada y con un sistema de grúas se colocan los residuos encima de cada celda.

Una vez completas, cada celda es capaz de almacenar 320 contenedores, se recubren de hormigón. Y una vez se complete el conjunto, se recubrirá de una capa de material impermeable de dos metros de grosor. El resultado final acabará siendo una pequeña colina sobre la que se plantará vegetación.

Un profundo cementerio nuclear para los residuos militares de los EE.UU

Poco o nada tiene que ver el diseño de WIPP, la Planta Piloto para Aislamiento de Residuos que el departamento de energía de los EE.UU construyó a 32 kilómetros de Carlsbad, Nuevo México. Tras el cierre del cementerio de Yucca Mountain, estamos ante uno de los mayores cementerios nucleares y un perfecto ejemplo de lo que supone un repositorio geológico profundo.

WIPP, en Nuevo México, ha sido construido sobre un terreno estable durante los últimos 200 millones de años.

Se trata de un complejo de galerías ubicado en un terreno salino y entre 500 y 1000 metros de profundidad, en una zona que geológicamente se ha mantenido estable durante mucho tiempo. El repositorio comenzó a recibir desechos en 1999 y se prevé que continúe recibiendo residuos hasta 2070.

Esta solución, la de almacenar los residuos en profundas galerías, constituye la solución más segura para el ser humano, ya que se aprovecha la estabilidad de las formaciones geológicas. Porque dentro de mucho tiempo la instalación puede dejar de funcionar, pero los residuos seguirían bien almacenados sin poner en peligro al exterior.

Otros cementerios nucleares por todo el mundo

 Contenedores en las instalaciones de Zwilag, en Würenlingen (Suiza).

Países como Francia o Bélgica poseen también sus propios cementerios nucleares, en este caso almacenes temporales para mantener aislados los residuos hasta 300 años. También Suiza cuenta con su almacén, ubicado en Würenlingen y construido en 2004 para guardar residuos de bajo y medio nivel, como en el caso de España. A diferencia de El Cabril, la de Suiza es bastante más grande y tiene espacio para hasta 200 celdas.

Finlandia también tiene su cementerio nuclear, en este caso uno para residuos de gran actividad. Se trata de la construcción de Onkalo, cueva en finés, una galería a la que se accede a través de un túnel de 420 metros de profundidad. Hasta 1996, en Finlandia se enviaba a Rusia el material radiactivo, seguidamente se utilizaron dos almacenes temporales, pero a partir de 2020 se enviará a Onkalo, situado en la península de Olkiluoto. Y allí deberían quedarse durante 100.000 años.

 Entrada al túnel de acceso del cementerio de residuos, en Finlandia. Imagen de Posiva Ltd.

La antigüedad de la cueva es su principal arma. Se trata de una de las formaciones geológicas más antiguas de Europa, un lecho de roca, rodeada de arcilla de bentonita dentro de un pozo perforado en granito. Una barrera natural resistente al agua y que no reacciona a las oscilaciones de temperatura. El coste total estimado de la instalación es de 3.000 millones de euros.

Fuente: Xataka

Los ayuntamientos próximos a las nucleares intentan mantener los apoyos de la Administración que ha pagado 580 millones de subvenciones desde 1989.


Los municipios nucleares eligen nueva dirección en pleno cierre de centrales

En España hay 60 municipios situados a menos de 10 kilómetros de una central nuclear. Desde 1990, están agrupados en la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC). Los municipios, con una población de unos 40.000 habitantes, viven uno de sus momentos más delicados. El Gobierno y las eléctricas han pactado el cierre escalonado de las siete plantas nucleares en funcionamiento hasta 2035 y los ayuntamientos temen por su futuro. En ese contexto, AMAC va a abrir el 1 de septiembre el proceso de renovación de su dirección, lo que incluye el cambio en la presidencia y la vicepresidencia y la ratificación de 22 miembros de la directiva en una asamblea prevista para el 18 de septiembre en Madrid.

La renovación afectará, después de cuatro años de mandato, a la actual presidenta de AMAC, Raquel González (PP), alcaldesa del Valle de Tobalina (Burgos, zona de la central de Garoña) y a la vicepresidenta y alcaldesa de Hornachuelos (Córdoba), Maria del Pilar Hinojosa, independiente. Fuentes de la asociación destacan que no se trata de un proceso de renovación marcado por la política, sino por los intereses comunes.

El fundamental de esos intereses es gestionar de la mejor manera posible el proceso de cierre de instalaciones y, sobre todo, asegurar que el flujo de las ayudas hacia los ayuntamientos no se interrumpe de forma abrupta. Los ánimos están encendidos porque la combinación de anuncios de cierres de nucleares, proyectos que sólo existen en el papel y ausencia de un Gobierno capaz de llevar las promesas al BOE alimenta la desconfianza.

25 años de ayudas

Los municipios no lo ven claro. Quieren que el flujo de fondos que han recibido desde hace 25 años no se corte. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha pagado al centenar de ayuntamientos cercanos a las centrales nucleares (los situados en torno a 20 kilómetros) más de 580 millones de euros entre 1989 y 2018, según datos oficiales de la empresa pública. Quieren atarlos con planes alternativos de desarrollo económico rubricados por el Gobierno. Y eso es lo que está en el aire.

El Ejecutivo, ahora en funciones, ha ofrecido una vía para facilitar la llegada de renovables a los emplazamientos de las nucleares. Lo hizo en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Según el documento, las grandes compañías que cierren centrales contaminantes -ya sea de carbón, de gas o nucleares- tendrán derecho a conservar los derechos de acceso a la red eléctrica para sustituirlas por energías renovables. El problema es que el anteproyecto sólo es una declaración de intenciones. El exgerente y asesor de AMAC Mariano Vila sostiene que en la relación con el Gobierno “está todo parado, hasta tal punto que reuniones previstas en julio no se han celebrado“.

La inquietud de los ayuntamientos es lógica porque muchos de ellos dependen de las ayudas que reciben de la empresa pública Enresa para mantener sus presupuestos. Todos los municipios que reciben ayudas temen acabar como el de Almonacid de Zorita (750 habitantes, a 70 kilómetros de Guadalajara), que albergó la primera central nuclear española -José Cabrera- en proceso de desmantelamiento desde 2010. Según AMAC, “ninguna administración pública, ni el Estado, ni la Comunidad Autónoma, ni la Diputación provincial se han preocupado ni implicado en el futuro de los ciudadanos de los municipios de la zona“.

La Orden Ministerial más reciente sobre las ayudas a los municipios nucleares es del 11 de marzo de 2015. Sustituyó a la más antigua de julio de 1998 y regula las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos que data de 2006. la Orden recogió un somero examen de lo logrado con el dinero entregado a los ayuntamientos desde el inicio, a finales de los años 80. No es muy optimista.

Según recoge la norma “transcurridos 25 años desde el origen de este tipo de ayudas”, Industria constata que los municipios “aún mantienen una marcada dependencia económica de las nucleares”, debido “a la baja incidencia” que estas ayudas han tenido en su desarrollo por su “escasa” aplicación a proyectos de inversión para generar economías alternativas. El apagón nuclear no supondrá el fin inmediato de las subvenciones -cobran por aceptar los residuos en sus proximidades y los residuos seguirán ahí durante tiempo-, pero sí exigirá un examen de los conceptos y los resultados obtenidos.

Los municipios no cobran todos lo mismo, pero para todos, las ayudas que reciben cada año de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y de otras áreas de la Administración como el Ministerio de Interior, son más que una tabla de salvación del presupuesto anual. En muchos casos, permiten a sus habitantes disponer de servicios y atenciones impensables en otras localidades.

Fuente:   lainformacion.com

Ciemat: el material trasladado a Palomares “no aumenta el riesgo radiológico”

Destaca que “proviene exclusivamente de muestreos y sondeos” realizados a lo largo de los años

Las casi seis toneladas de material radioactivo trasladadas en cuatro envíos desde 2011 al área contaminada de Palomares, en Cuevas del Almanzora, “no supone un incremento del riesgo radiológico”, ya que supone un 0,0000378 por ciento del total de la actividad radiológica que ya se registra en la zona.

Así lo ha trasladado a la Audiencia Nacional (AN) el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) en una ampliación de informe elaborada a petición de la Abogacía del Estado en la que también se precisa que el citado material “proviene exclusivamente de muestreos y sondeos” realizados en Palomares a lo largo de los años.

En el primer informe, el Ciemat reveló que no era 1.500 kilos de material radioactivo como se sostuvo en un principio sino casi 6.000 los que se han trasladado a Palomares. No en 2016 en dos ocasiones, sino en cuatro envíos desde 2011. También admitió que 5.152 kilos estabam almacenados en dos contenedores marítimos ubicados junto a dos balsas de riego mientras que otros 670 kilos permanecían en un laboratorio ubicado en la llamada zona 3, ubicada entre las calles Paraje Guardicas y Diseminado La Punta.

Estos datos se conocen en el marco del procedimiento contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción para que la Audiencia Nacional obligue al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) activar en Plan de Rehabilitación de la zona que se aprobó en 2010.

En la ampliación de informe, consultada por Europa Press, el Ciemat precisa que el material trasladado a Palomares en 2016 está compuesto de muestras y no de residuos radioactivos, al tiempo que indica que, en términos de la actividad y de la cantidad de material trasladado, “no provoca alteración en el inventario”.

Sostiene que supone un 0,0000378 por ciento de la actividad radiológica existente en la zona y un 0,012 por ciento sobre el total de terreno afectado, más de 40 hectáreas, por lo que, según remarca, “su presencia en Palomares no supone un riesgo radiológico en la zona”.

“No se comunicaron los traslados al CSN”

Sobre si el transporte que se realizó concretamente en el año 2016 se hizo por empresa autorizada y cumpliendo con la normativa, se afirma que sí aunque se matiza que no se solicitó informe al CSN ya que, según el acuerdo europeo sobre transporte internacional de cargas peligrosas, se realizó “como bultos exceptuados”. “Por este motivo, al no ser preceptivo , no se comunicaron los traslados”, apuntilla el Ciemat.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional (AN) ha rechazado instar a la Fiscalía a que investigue si el traslado fue “irregular” y emplazó a principios de abril a Ecologistas en Acción a que sea la propia asociación la que ponga denuncia ante el Ministerio Público “si entiende que puede ser constitutivo de delito”.

En su escrito, el colectivo conservacionista señalaba al hecho de que el Ciemat haya reconocido en un informe que un envío que realizó el 29 de noviembre de 2016 “no se depositó como el resto del material en un contenedor marítimo sino que se depositó en el almacén del laboratorio que el organismo tiene en la zona 3, entre las calles Diseminado la Punta y Paraje Guardicas”.

“Se han almacenado allí 77 cajas de material radiactivo con un peso total de 670 kilos, sin señalización, ni vigilancia alguna, a pocos metros de las viviendas, en el centro del pueblo”, indicaba Ecologistas en Acción.

Añadía el colectivo que este almacenamiento “clandestino” de material radiactivo se ha realizado “sin informe favorable, ni autorización alguna, es decir, sin expediente” y que podría, por tanto, ser constitutivo de un presunto delito sobre la energía nuclear y las radiaciones ionizantes, previsto y penado en el artículo 345 del Código Penal.

En el primer informe remitido por el Ciemat al tribunal, consultado por Europa Press, el organismo precisaba se optó por el almacén del laboratorio de la zona 3 al no poder acceder al contenedor marítimo por encharcamiento de la zona 2 debido a las lluvias torrenciales”. “Desde entonces todos los materiales que constituyeron este envío permanecen almacenados en dicho lugar”, apuntilla.

Ecologistas en Acción también señalaba que podría apreciarse “irregularidad” de acuerdo a lo contemplado en el capítulo XIV, sobre infracciones y sanciones en materia nuclear, de la Ley 25/64 de 29 de abril de energía nuclear ya que, según remarcaba, el CSN, al tener conocimiento del traslado, en un escrito de fecha 31 de octubre de 2018, “se limitó a manifestar que el CSN no tiene comentarios” al respecto.

Tras analizar la prueba remitida por el Ciemat a requerimiento de la Audiencia Nacional, el colectivo criticaba con dureza el comunicado que hicieron público de forma conjunta el organismo y el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora el 26 de octubre de 2018 a raíz de la “información periodística” que revelaba la existencia de dos traslados desde Madrid en 2016, que a la postre han terminado siendo cuatro desde 2011.

“No se han realizado dos traslados de material radiactivo, como afirmaron, sino cuatro, y el peso del material radiactivo trasladado y almacenado en Palomares no ha sido de tonelada y media sino de 5,8 toneladas”, remarcaba para añadir que la actividad radiológica del material es de un total de “274 millones 340 mil Bequereles, muy alejados de los 13 millones de Bequereles que inicialmente reconocieron”.

Concluía para pedir que se dedujera testimonio y se diese traslado al Ministerio Fiscal para investigación que el material radiactivo se ha trasladado “desde la Instalación Radiactiva de 2a clase, la IR-17, sita en Madrid, a Palomares” y que, tanto el transporte como el posterior almacenamiento “se ha realizado sin conocimiento del CSN, ni de Enresa”.

“Relevante” para decidir sobre la limpieza

La sala de lo Contencioso-administrativo ya rechazó la oposición de la Abogacía del Estado a que la Audiencia Nacional indagase sobre este traslado. Esta argumentó que este traslado “no tenía relación” con la decisión sobre el plan de rehabilitación de la zona.

“Si la pretensión es que se descontamine Palomares y se pide la retirada de la tierra contaminada, tiene relación con la pretensión y es un hecho relevante que se produzca un nuevo almacenamiento en dicho lugar”, indicó en su auto la Sección Séptima, que subrayó el hecho de que ya que se supone que se “trata de tierras extraídas de ese lugar” para su análisis que “ahora vuelven al mismo, es algo sobre lo que debe versar la prueba”.

Ecologistas en Acción pidió una ampliación de hechos en la causa impulsada para que la AN obligue al CSN a ejecutar el Plan de Rehabilitación de la zona aprobado en 2010 tras la “información periodística” que reveló parcialmente el transporte de este material.

Fuente: lavozdealemeria

Instan a limpiar “cuanto antes” la radioactividad en Palomares

La Audiencia Nacional ha admitido el informe de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear

La Audiencia Nacional (AN) ha aceptado como prueba el informe remitido al Congreso de los Diputados por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que se insta a que se “analice, y, en su caso, se rehabilite cuanto antes” la zona contaminada con radioactividad de Palomares, pedanía de Cuevas del Almanzora, para evitar “efectos inaceptables en las personas y en medio ambiente”.

Así, en su auto, la Sección Séptima admite, en contra del criterio de la Abogacía del Estado, la documental procedente de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (Astecsn); propuesta por Ecologistas en Acción en el marco del procedimiento impulsado para obligar al CSN a que fije un plazo para ejecutar el Plan de Rehabilitación de Palomares que se aprobó en 2010.

La Abogacía del Estado se opuso a que se ampliasen los hechos objetos de la demanda con este informe, algo a lo que se aviene la AN, que lo admite como prueba documental al considerar que “no dejan de ser manifestaciones de una asociación en un ámbito parlamentario, que carecen de relevancia para la decisión del pleito”. Asimismo, también se negó, en otro recurso anterior, a que se investigara el envío de 1,5 toneladas de material radioactivo a la zona en 2016 procedente del Ciemat, pero la sala se negó y la práctica de prueba al respecto ha revelado que fueron casi seis toneladas de material radioactivo trasladado desde 2011 y depositado en contenedores y en un almacen del laboratorio que el Ciemat tiene en la zona 3 bajo vigilancia radiológica, en el núcleo urbano de Palomares.

No obstante, después pidió la práctica de prueba sobre el asunto y la Audiencia Nacional la admite en este auto, de 27 de marzo, en el que incorpora a la causa el informe de los técnicos del CSN.

El informe

Los técnicos, en su informe, entienden “que siempre será mejor tener los residuos embidonados y almacenados, aunque sea allí mismo, que dispersos por el medio ambiente como llevan más de 50 años”. Y añaden que la limpieza de estos terrenos, que abarcan unas 50 hectáreas, “debe realizarse sin estar subordinada a la existencia o no de un acuerdo con terceros para que EEUU se haga cargo o no de los residuos”. Al hilo de esto, indican que la “evolución” de los “radionucleidos Pu-239, Pu-240, Pu-241, así como la aparición de Am-241, generado a partir del Pu-241”, tiene como consecuencia la “modificación del efecto radiológico, tanto en las personas como en el medio ambiente, debido a un comportamiento más dispersable a medida que van pasando los años”.

De este modo, con fecha de 17 de diciembre y realizado en respuesta a varias preguntas que se formularon por parte de miembros de la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear del Congreso, critican que en Palomares se hayan tomado “medidas sin la debida transparencia y sin sustentarse en informes públicos” y afirman que, si estos “existen, se mantienen en secreto, lo cual crea desconfianza e inseguridad en la población afectada”.

Asimismo, los técnicos señalan que resulta “significativo” que el CSN “conozca” los análisis de contaminación y dosimetría interna efectuados en la población de Palomares en los últimos 50 años y que sus resultados generales “que han debido tenerse en cuenta en las evaluaciones efectuadas por el regulador, se mantengan secretos y no disponibles cuando son la base para la toma de decisiones y justificación de cualquier medida que se quiera adoptar, tales como trabajos de limpieza y almacenamiento de residuos”.

Apuntan, en esta línea, que el CSN “debe de poner sobre aviso a las autoridades competentes acerca de los riesgos radiológicos e instar y recomendar las acciones pertinentes” y que el Estado “debe proteger a su población en consecuencia y almacenar temporal o definitivamente los residuos”. Para ello, ponen como ejemplo de actuación sobre terrenos contaminados con población el realizado en las Islas Marshall motivado por los ensayos nucleares llevados a cabo allí por EEUU, y donde las actuaciones de restauración y limpieza “se realizaron con transparencia y participación activa de la población afectada”.

Y es que, “cuanto mayor sea la transparencia, más obligadas estarán todas las partes a tomar una decisión cuanto antes. Los informes y los datos que soportan las decisiones y las medidas a adoptar deben ser públicos y sometidos a una revisión científica. El papel del CSN, como único organismo competente en protección radiológica, resulta fundamental para liderar y garantizar dicho proceso de forma pública, abierta y transparente”, remarcan en su informe.

 

El Gobierno calcula que el desmantelamiento de Garoña tardará “unos 8 o 10 años”

El almacén para guardar el combustible radiactivo ha conseguido la licencia y está a la espera de ponerse en marcha

Es la primera vez que el Gobierno de España se pronuncia oficialmente sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. Lo ha hecho algo más de un año después de que se anunciara su cierre y después de filtraciones que apuntan a que ese desmantelamiento arrancará en 2019. Y en esa primera información oficial -a través de una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos- el Gobierno augura que el proceso de desmantelamiento tardará “unos 8 o 10 años”, aunque matiza que “hay que tener en cuenta que cada central es diferente”.

Esto significa que, si se cumplen las previsiones y el desmantelamiento arranca en 2019, el final definitivo de Garoña no habrá llegado antes de 2026. Aunque los residuos radiactivos se quedarán allí y no se sabe por cuánto tiempo.

En la información enviada al Congreso de los Diputados, el Gobierno confirma que Garoña ha conseguido ya la licencia del Almacén Temporal Individualizado en el que se van a depositar el combustible nuclear utilizado hasta ahora. Son las famosas barras de de combustible que ahora mismo están en la piscina de la central y que se trasladarán a ese almacén a cielo abierto.

“Se trata de una instalación al aire libre, similar a la existente en Zorita que albergará en contenedores especiales todo el combustible gastado durante los años de la operación de la central”, explica el Gobierno. Este almacén está “a la espera de iniciar su explotación”. Iberdrola y Endesa, propietarias de la central, anunciaron que ese traslado de residuos podría iniciarse en el segundo semestre de 2019.

Es decir, Garoña pasará de ser una central nuclear a un almacén de residuos radiactivos. Al menos mientras no se consiga poner en marcha un almacén centralizado para toda España. El Gobierno aprobó en 2011 abrir esa instalación en Villar de Cañas (Cuenca) pero en julio paralizó los permisos

El combustible nuclear, por tanto, se quedará en Garoña pero otros residuos menos radiactivos -los de muy baja a media de actividad, aquellos en los que la contaminación dura menos de 30 años- “se trasladarán al centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba”.

El Gobierno aclara además que desde el momento en el que la central paró su actividad, “los técnicos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y los de la instalación iniciaron los contactos tendentes a conocer las condiciones en que se abordaría el desmantelamiento”.

Fuente: cadenaser