Instan a limpiar “cuanto antes” la radioactividad en Palomares

La Audiencia Nacional ha admitido el informe de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear

La Audiencia Nacional (AN) ha aceptado como prueba el informe remitido al Congreso de los Diputados por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que se insta a que se “analice, y, en su caso, se rehabilite cuanto antes” la zona contaminada con radioactividad de Palomares, pedanía de Cuevas del Almanzora, para evitar “efectos inaceptables en las personas y en medio ambiente”.

Así, en su auto, la Sección Séptima admite, en contra del criterio de la Abogacía del Estado, la documental procedente de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (Astecsn); propuesta por Ecologistas en Acción en el marco del procedimiento impulsado para obligar al CSN a que fije un plazo para ejecutar el Plan de Rehabilitación de Palomares que se aprobó en 2010.

La Abogacía del Estado se opuso a que se ampliasen los hechos objetos de la demanda con este informe, algo a lo que se aviene la AN, que lo admite como prueba documental al considerar que “no dejan de ser manifestaciones de una asociación en un ámbito parlamentario, que carecen de relevancia para la decisión del pleito”. Asimismo, también se negó, en otro recurso anterior, a que se investigara el envío de 1,5 toneladas de material radioactivo a la zona en 2016 procedente del Ciemat, pero la sala se negó y la práctica de prueba al respecto ha revelado que fueron casi seis toneladas de material radioactivo trasladado desde 2011 y depositado en contenedores y en un almacen del laboratorio que el Ciemat tiene en la zona 3 bajo vigilancia radiológica, en el núcleo urbano de Palomares.

No obstante, después pidió la práctica de prueba sobre el asunto y la Audiencia Nacional la admite en este auto, de 27 de marzo, en el que incorpora a la causa el informe de los técnicos del CSN.

El informe

Los técnicos, en su informe, entienden “que siempre será mejor tener los residuos embidonados y almacenados, aunque sea allí mismo, que dispersos por el medio ambiente como llevan más de 50 años”. Y añaden que la limpieza de estos terrenos, que abarcan unas 50 hectáreas, “debe realizarse sin estar subordinada a la existencia o no de un acuerdo con terceros para que EEUU se haga cargo o no de los residuos”. Al hilo de esto, indican que la “evolución” de los “radionucleidos Pu-239, Pu-240, Pu-241, así como la aparición de Am-241, generado a partir del Pu-241”, tiene como consecuencia la “modificación del efecto radiológico, tanto en las personas como en el medio ambiente, debido a un comportamiento más dispersable a medida que van pasando los años”.

De este modo, con fecha de 17 de diciembre y realizado en respuesta a varias preguntas que se formularon por parte de miembros de la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear del Congreso, critican que en Palomares se hayan tomado “medidas sin la debida transparencia y sin sustentarse en informes públicos” y afirman que, si estos “existen, se mantienen en secreto, lo cual crea desconfianza e inseguridad en la población afectada”.

Asimismo, los técnicos señalan que resulta “significativo” que el CSN “conozca” los análisis de contaminación y dosimetría interna efectuados en la población de Palomares en los últimos 50 años y que sus resultados generales “que han debido tenerse en cuenta en las evaluaciones efectuadas por el regulador, se mantengan secretos y no disponibles cuando son la base para la toma de decisiones y justificación de cualquier medida que se quiera adoptar, tales como trabajos de limpieza y almacenamiento de residuos”.

Apuntan, en esta línea, que el CSN “debe de poner sobre aviso a las autoridades competentes acerca de los riesgos radiológicos e instar y recomendar las acciones pertinentes” y que el Estado “debe proteger a su población en consecuencia y almacenar temporal o definitivamente los residuos”. Para ello, ponen como ejemplo de actuación sobre terrenos contaminados con población el realizado en las Islas Marshall motivado por los ensayos nucleares llevados a cabo allí por EEUU, y donde las actuaciones de restauración y limpieza “se realizaron con transparencia y participación activa de la población afectada”.

Y es que, “cuanto mayor sea la transparencia, más obligadas estarán todas las partes a tomar una decisión cuanto antes. Los informes y los datos que soportan las decisiones y las medidas a adoptar deben ser públicos y sometidos a una revisión científica. El papel del CSN, como único organismo competente en protección radiológica, resulta fundamental para liderar y garantizar dicho proceso de forma pública, abierta y transparente”, remarcan en su informe.

 

7.200 toneladas de residuos de Zorita. Ahora vas, y lo cascas.

 

Zorita con sus residuos de alta intensidad

El desmantelamiento de la José Cabrera ha generado hasta la fecha 7.200 toneladas de residuos radioactivos

Enresa ya ha ejecutado el 86 por ciento de los trabajos de desmantelamiento de la central José Cabrera, en Zorita de los Canes (Guadalajara). Una de las pruebas del avanzado estado de la actuación ha sido la desaparición de la icónica chimenea de la central, uno de sus elementos más reconocibles. Primero fue troceada en 12 piezas de 30 toneladas. Después, en 25 segmentos que han sido tratados como material convencional. Ahora, “el riesgo radiológico ya es muy limitado” y la mayor parte de los trabajos que aún quedan por ejecutar afectan a materiales convencionales, sin carga radioactiva. “Quedan las demoliciones de los edificios, que son convencionales, pero tienen dificultad por la envergadura de las instalaciones”, indicó el director de Operaciones, Juan Luis Santiago Albarrán.

Precisamente, uno de los grandes éxitos del proceso está siendo la notable reducción del material radioactivo gracias a los tratamientos que está aplicando la empresa. “Hemos reducido un 50 por ciento la previsiones iniciales”, explicó el Director de Desmantelamiento, Manuel Ondaro. Además, de los elementos radioactivos, se calculaba que en torno 70 por ciento sería clasificado como de media y baja actividad, mientras que el 30 restante lo sería de muy baja, proporciones que finalmente se han invertido. El 70 por ciento de los residuos han sido catalogados como de muy baja intensidad y el 30 de media y baja.

Desde que Enresa asumiera los trabajos, en febrero de 2010, hasta el 30 de septiembre de 2018, se han generado 16.879 toneladas de materiales. De ellos, 9.600 toneladas se tratarán con normalidad al no tener carga radioactiva, ya que 6.200 eran de material convencional y 3.400 de materias desclasificado (nombre con el que se conoce al material al que se le ha eliminado la carga radiológica). En cuanto al resto, 5.800 toneladas han sido clasificadas de muy baja actividad y 1.433 como de baja y media actividad, siendo estas 7.200 toneladas trasladadas a El Cabril, en Cordoba, donde se encargarán de su gestión.

Uno de los mejores ejemplos del trabajo que se está realizando para reducir el material radioactivo es la planta de lavado de tierra, con la que se ha logrado reducir de 18.000 a 9.000 las toneladas de tierra con carga radioactiva.

Aunque los trabajos se encuentran en un punto muy adelantado, con los equipos desmontados y las instalaciones descontaminadas, el trabajo no estará exento de complejidad, ya que pasa por la demolición de todos los edificios aún existentes. Al final, Ondaro calcula que se tendrán que gestionar más de 100.000 toneladas de materiales, aunque solo entre un 5 y un 10 por ciento de esta cantidad será material radioactivo.

En 2019, por lo tanto, comenzará la demolición de los principales edificios: el Edificio del Evaporador el Almacén de Residuos 1, el Edificio Eléctrico en el que estaba la Sala de Control y el Edificio de Contención y Auxiliar. Después llegará el momento de devolver los terrenos a su propietario. “Al final del proyecto, Enresa será de las pocas empresas en el ámbito internacional que tenga experiencia en todo el proceso de desmantelamiento”, indicó Albarrán, quien también recordó que, de hecho ésta es la primera vez que se hace una restauración del emplazamiento en España. Actualmente, en la central trabajar una media de 175 personas pertenecientes a 25 empresas. El 66 por ciento de estos trabajadores provienen de la provincia de Guadalajara.

Si todo transcurre según lo previsto, los trabajos terminarán en 2020. Después de esa fecha, la única prueba de la existencia de la central José Cabrera será el Almacén Temporal Individualizado (ATI), en el que hay 12 contenedores con 377 elementos de combustible gastado y algunos segmentos de la vasija. Todos ellos permanecerán en el ATI mientras no se dé una ubicación al Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Fuente:  nuevalalcarria.com

La central nuclear de Garoña comenzará su desmantelamiento en 2019

El proceso de desmantelamiento de la planta durará entre 13 y 16 años: hasta 2034

 La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) comenzará su desmantelamiento durante el segundo semestre de 2019, fecha en la que se cargará el primero de los cinco contenedores de combustible gastados en la piscina de la planta. De este modo, Nuclenor prepará el recinto para facilitar la labor de Enresa –la empresa estatal que deshabilitará los residuos radioactivos–, según señaló este viernes Europa Press.

Fuentes propias de Nuclenor explicaron que estas tareas previas se están realizando “según lo previsto”, de modo que el acondicionamiento de los residuos operacionales y el vaciado de la piscina de combustible podrán lograrse en los plazos acordados y que, según sus propias previsiones, en el segundo semestre de 2019 se empezará a cargar material hasta el almacén temporal individualizado (ATI) situado en la propia central, para lo que la empresa ENSA (Empresas Nucleares S.A.) ha construido un puente grúa específico.

Por otro lado, Nuclenor añadió que –de momento– Enresa tiene comprados cinco contenedores para este proceso y que se encargarán del plan estratégico para el desmantelamiento de la planta, cuyo permiso para seguir operando –hasta 2031– fue denegado por el Gobierno en agosto de 2017.

Cierre de la central

El entonces ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció la denegación del permiso y el cierre de la planta porque las “circunstancias” no garantizaban la certidumbre suficiente, después de la oposición de todos los grupos políticos –excepto el PP– y las discrepancias expresadas también por los titulares al 50% de la planta, Iberdrola y Endesa.

Nadal lamentó entonces la falta de certidumbre y de un debate “sosegado”, así como la utilización de Garoña como un “símbolo de discusión política” que se convirtió en “una batalla” con posicionamiento de antemano. Así, una vez expiró el permiso de la planta para seguir operando, Enresa empezó a preparar toda la documentación necesaria para solicitar la autorización de desmantelamiento y realizar las actividades preparatorias del mismo de acuerdo con el titular, Nuclenor.

Estas tareas del titular incluyen la descarga de todo el combustible gastado de la piscina a los contenedores para su disposición al ATI –proceso que en la actualidad está detenido–. Una vez terminadas las tareas preparatorias –cuando Enresa sea titular de Garoña– comenzará el proceso de desmantelamiento de la central nuclear que más años ha operado en España.

Los pasos a seguir antes de llegar a ese momento pasan por presentar un estudio básico de estrategias para el desmantelamiento al ministerio para la Transición Ecológica; presentar el plan de desmantelamiento al mismo departamento para su aprobación y solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la autorización para desmantelar la planta. Posteriormente, el proceso administrativo terminará con la autorización a Enresa para que asuma la titularidad de Garoña; momento en el que se iniciará la fase de desmontaje y desmantelamiento.

El exministro Nadal indicó en el anuncio de la decisión del Gobierno que el proceso de desmantelamiento de Garoña tendrá una duración de entre 13 y 16 años, por lo que el proceso terminará en torno a 2034. En la actualidad, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) no fija un plazo determinado para acometer el predesmantelamiento, pero Enresa calcula que el proceso podría comenzar unos seis años después de la parada definitiva del reactor y que podría durar aproximadamente diez años.

El permiso minero “Garoña” está concedido dentro del perímetro de seguridad de la central nuclear

Garoña era un zoombie nuclear extremadamente peligroso, pese al ocultismo del CSN y los sucesivos gobiernos

 

Las normas de la UE provocan el Colapso del carbón y de comarcas enteras en España

Las electricas preparan la clausura de centrales mientras se acerca el fin de las minas subterráneas

Lada, Guardo, Compostilla, Teruel, Anllares… La cuenta atrás para el cierre de estas centrales térmicas que queman carbón para generar electricidad ha comenzado. Las eléctricas se preparan ya para acometerlo. “No son económicamente viables”, señala una de las compañías sobre las costosas obras que se deben hacer para cumplir a partir de 2020 con los exigentes estándares europeos contra la contaminación y el cambio climático. “Es más fácil ahora acometer los cierres”, admiten en el sector, porque el nuevo Gobierno ha abandonado la idea de impedir por decreto el fin de las centrales de carbón que proyectó el Ejecutivo del PP. Las 15 térmicas que funcionan ahora en España son responsables del 14% de los gases de efecto invernadero de todo el país.

Las normas que la UE ha ido aprobando para luchar contra el cambio climático y la contaminación apuntan hacia un mismo lugar: el fin del uso del carbón para generar electricidad. Porque cada vez serán más duras las restricciones sobre los contaminantes que expulsan las centrales que queman este combustible; porque la UE ha modificado el sistema de comercio de derechos de gases de efecto invernadero para que cada vez sea más caro emitir CO2 a la atmósfera; porque los Veintiocho también han acordado que en 2018 se acaban las ayudas estatales a la minería del carbón…

En definitiva, porque el compromiso contra el cambio climático —que Europa dice abanderar en el mundo— ha hecho que la UE construya en los últimos años un armazón legal para que se deje de quemar carbón.

El 17,2% de la electricidad que se consumió en España en 2017 procedía de las 15 centrales térmicas que usan este combustible y que aún están operativas. Para producir esa energía esas instalaciones expulsaron a la atmósfera 46,5 millones de toneladas de CO2 equivalente (la medida que se emplea para los gases de efecto invernadero). Esto supone que esas 15 centrales acumulan ellas solas casi el 14% de los gases de efecto invernadero que emitió toda la economía española en 2017.

Las centrales son propiedad de las cinco grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa, Gas Natural, EDP y Viesgo. Y, según la información que las empresas trasladan a EL PAÍS, hasta ocho de las 15 centrales están en riesgo de cerrar en un plazo máximo de dos años.

Iberdrola quiere clausurar de aquí a 2020 las térmicas de Lada y Guardo, las dos únicas de carbón que esta multinacional aún tiene abiertas en el mundo.

Endesa hará lo mismo con Compostilla y Teruel, porque la empresa no considera que sea rentable acometer las obras para reducir los contaminantes que la UE exige a este tipo de centrales si quieren seguir operando más allá de junio de 2020.

Gas Natural ya tiene decidido que Anllares no continuará y está a punto de decidir qué hace con Meirama. Viesgo sostiene que no tiene una decisión tomada, aunque en el caso de su térmica de Puente Nuevo en este momento no están “considerando una importante inversión” debido a “los requerimientos regulatorios y las condiciones de mercado”. Y si no acometen las obras para reducir los contaminantes, en dos años tendrá que cerrar.

 

Leer entero: elpais

Bruselas abre un proceso de infracción a España por las normas de seguridad nuclear

La Unión Europea enmendó su directiva sobre esta materia en 2014 para reforzar la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, aumentar el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos.

Ahora se empieza a sentir la gestión del gobierno del  PP-Rajot sobre los pufos con la energia solar y la nuclear.

La Comisión Europea (CE) ha abierto este jueves un procedimiento de infracción a España y Polonia para instarles a que completen la introducción en sus legislaciones nacionales de la Directiva europea en materia de seguridad nuclear.

Estos países tienen dos meses para responder a la carta de emplazamiento que les ha enviado el Ejecutivo comunitario y, si no lo hacen o sus explicaciones no satisfacen a Bruselas, el procedimiento podría avanzar con una petición formal para que presenten medidas concretas y, eventualmente, terminar en los tribunales europeos.

La Unión Europea enmendó su directiva sobre seguridad nuclear en 2014 tras haber efectuado pruebas de estrés en los países, a raíz del accidente Nuclear de Fukushima y para cumplir con las exigencias de organismos internacionales, y los países debían introducir los cambios en su legislación a más tardar en agosto de 2017.

Estas normas reforzaron la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, obligan a hacer una reevaluación de la seguridad de todas las plantas nucleares al menos una vez cada diez años, refuerzan el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos y permiten a unos Estados evaluar lo que hacen otros.

Además de España y Polonia, la Comisión ya había abierto en diciembre un procedimiento de infracción a Bélgica por este motivo, pero las medidas notificadas por el país para implementar las normas europeas no cumplen con las exigencias de Bruselas.

Por este motivo, la CE ha dado este jueves un paso más en el procedimiento pidiéndole nuevas medidas en un máximo de dos meses o la llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Fuente: publico.es

 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha activado el proceso de cierre del parque nuclear

Lo hizo en su primera comparecencia en el Congreso, al confirmar que su hoja de ruta consiste en mantener como referencia la vida tecnológica útil de las centrales, que es de 40 años. El RIP final -teórico- debería tener lugar en 2027 en  Trillo (Guadalajara), aunque es posible que para no solapar procesos, los cierres se extiendan más allá de 2030.

El apagón nuclear se enfrenta, entre otros, a dos problemas serios: la incertidumbre sobre la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Guadalajara) y la ausencia de un Plan de Gestión de Residuos que sustituya al vigente, que tiene una antigüedad de 12 años y que le ha costado a España la apertura de un expediente de infracción por parte de Bruselas.

La ausencia de algo tan básico como un lugar para almacenar residuos peligrosos es lo que ha llevado a Ribera a matizar que el apagón puede ir más allá de 2030; porque habrá que estudiar múltiples factores de cada instalación, como el coste financiero, las necesidades técnicas y de ingeniería o la gestión de los desechos.

Tras el cambio de Gobierno, pocos creen que el ATC de Cuenca pueda llegar a buen fin. Ni entre las empresas, ni entre los “sabios” que han preparado los planes de transición energética hay quien crea que el ATC pueda estar construido en 2024. En el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en la empresa pública de residuos Enresa los trámites administrativos en torno al ATC siguen por inercia. “Nadie nos ha indicado lo contrario” sostienen fuentes del organismo que preside Fernando Marti.

La factura de cerrar las nucleares: 19.000 M. de coste y un déficit de 3.000 M. en Enresa

La ministra de Transición Ecológica confirmó la intención del Gobierno de no prolongar la vida útil de las centrales pero admitió que es difícil saber el coste de la medida. El último plan de gestión de residuos radioactivos habla de más de 19.000 millones en total. Y Enresa es incapaz a día de hoy de cubrir la factura

14/07/2018

La primera comparecencia de la ministra Teresa Ribera en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso sirvió para confirmar tanto la intención del Gobierno de poner fin a la aventura nuclear de España como el hecho de que no hay un plan definido para llevar a cabo la medida. Ribera admitió la importancia de conocer el coste de cerrar las centrales pero también que desconoce la cuantía del mismo. Una factura, no obstante, en ningún caso barata. La última referencia disponible habla de una cifra por encima de los 19.000 millones de euros, incluyendo la necesaria gestión de los residuos. Un coste que, hoy por hoy está fuera del alcance de Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de residuos radioactivos.

Durante su intervención, Ribera denunció que en España no hay un plan de gestión de residuos y que incluso pende una sanción de Bruselas por no contar con él. En realidad, sí existe un Plan de Gestión de Residuos Radioactivos, aunque lleva mucho tiempo pendiente de actualización, toda vez que su última edición data del año 2006. En ese plan, se estima un coste para el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares en España y la posterior gestión de los residuos hasta el año 2085 que asciende a algo más de 19.500 millones de euros.

Un coste que, teóricamente, debería ser asumido por Enresa, aunque si el Estado tuviera que recurrir a la compañía pública para ocuparse del cierre de las plantas se encontraría con un serio contratiempo. El fondo creado a tal efecto, alimentado por la contribución de los grupos energéticos que operan los siete reactores que están activos en la actualidad, presenta un déficit valorado en su día por el Tribunal de Cuentas en unos 1.700 millones de euros y que, a día de hoy, va camino de los 3.000 millones.

Las compañías aportan aproximadamente unos 400 millones de euros anuales al fondo, que está invertido principalmente en renta fija. Sin embargo, el largo periodo de bajos tipos de interés en la zona euro ha hecho mella de forma muy significativa en su rentabilidad, además de que los costes asociados, especialmente los referidos al almacenamiento, se han incrementado de forma significativa.

Los aprietos financieros de Enresa

A esta circunstancia ha contribuido el eterno retraso en la construcción del Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC), dado que su ausencia obliga a las centrales a contar con alternativas que llevan asociado un coste adicional que también sufraga el fondo de Enresa.

Estas apreturas financieras de la empresa pública llevaron al anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, a anunciar que estaba estudiando un cambio normativo para obligar a las empresas operadoras de las centrales a hacerse cargo de los costes del desmantelamiento de las centrales. Un mensaje que fue recibido con desaprobación por parte de las eléctricas, al considerar que ya realizaban su correspondiente aportación al fondo.

“Necesitamos un análisis más profundo y la identificación de las medidas a tomar”, apuntó Ribera. En ese análisis, el coste representa un papel fundamental, aunque no el único. El Ministerio que dirige también tiene que tener en cuenta las circunstancias del calendario, toda vez que el cierre de las centrales al finalizar su vida útil de 40 años se produciría en el transcurso de apenas cinco años, entre 2023 y 2028.

El futuro del recibo

Un escenario que daría lugar a la formación de un cuello de botella en los procesos de cierre, inicio de desmantelamiento y tratamiento de residuos, como apuntaba hace unas semanas Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, la asociación que engloba a las empresas del sector, en la presentación del balance de 2017. Araluce explicó que los desmantelamientos se prolongan durante diez años, con lo que si todas las centrales cerraran a los 40 años de su puesta en funcionamiento se solaparían muchos de estos procesos, toda vez que todas ellas arrancaron en un corto espacio de tiempo.

Mientras, en el sector se ha acogido con cautela el anuncio de la ministra Ribera, que relacionan con los diferentes mensajes que está lanzando el Gobierno en los últimos días con el fin de asegurarse tanto el apoyo de los socios que propiciaron el éxito de la moción de censura como de los votantes en la próxima cita electoral.

A las dudas sobre el coste real de un masivo cierre de centrales nucleares se suman las referidas al efecto que tendría en el recibo de la luz, toda vez que la nuclear es una fuente de generación barata.

Fuente: vozpopuli