7.200 toneladas de residuos de Zorita. Ahora vas, y lo cascas.

 

Zorita con sus residuos de alta intensidad

El desmantelamiento de la José Cabrera ha generado hasta la fecha 7.200 toneladas de residuos radioactivos

Enresa ya ha ejecutado el 86 por ciento de los trabajos de desmantelamiento de la central José Cabrera, en Zorita de los Canes (Guadalajara). Una de las pruebas del avanzado estado de la actuación ha sido la desaparición de la icónica chimenea de la central, uno de sus elementos más reconocibles. Primero fue troceada en 12 piezas de 30 toneladas. Después, en 25 segmentos que han sido tratados como material convencional. Ahora, “el riesgo radiológico ya es muy limitado” y la mayor parte de los trabajos que aún quedan por ejecutar afectan a materiales convencionales, sin carga radioactiva. “Quedan las demoliciones de los edificios, que son convencionales, pero tienen dificultad por la envergadura de las instalaciones”, indicó el director de Operaciones, Juan Luis Santiago Albarrán.

Precisamente, uno de los grandes éxitos del proceso está siendo la notable reducción del material radioactivo gracias a los tratamientos que está aplicando la empresa. “Hemos reducido un 50 por ciento la previsiones iniciales”, explicó el Director de Desmantelamiento, Manuel Ondaro. Además, de los elementos radioactivos, se calculaba que en torno 70 por ciento sería clasificado como de media y baja actividad, mientras que el 30 restante lo sería de muy baja, proporciones que finalmente se han invertido. El 70 por ciento de los residuos han sido catalogados como de muy baja intensidad y el 30 de media y baja.

Desde que Enresa asumiera los trabajos, en febrero de 2010, hasta el 30 de septiembre de 2018, se han generado 16.879 toneladas de materiales. De ellos, 9.600 toneladas se tratarán con normalidad al no tener carga radioactiva, ya que 6.200 eran de material convencional y 3.400 de materias desclasificado (nombre con el que se conoce al material al que se le ha eliminado la carga radiológica). En cuanto al resto, 5.800 toneladas han sido clasificadas de muy baja actividad y 1.433 como de baja y media actividad, siendo estas 7.200 toneladas trasladadas a El Cabril, en Cordoba, donde se encargarán de su gestión.

Uno de los mejores ejemplos del trabajo que se está realizando para reducir el material radioactivo es la planta de lavado de tierra, con la que se ha logrado reducir de 18.000 a 9.000 las toneladas de tierra con carga radioactiva.

Aunque los trabajos se encuentran en un punto muy adelantado, con los equipos desmontados y las instalaciones descontaminadas, el trabajo no estará exento de complejidad, ya que pasa por la demolición de todos los edificios aún existentes. Al final, Ondaro calcula que se tendrán que gestionar más de 100.000 toneladas de materiales, aunque solo entre un 5 y un 10 por ciento de esta cantidad será material radioactivo.

En 2019, por lo tanto, comenzará la demolición de los principales edificios: el Edificio del Evaporador el Almacén de Residuos 1, el Edificio Eléctrico en el que estaba la Sala de Control y el Edificio de Contención y Auxiliar. Después llegará el momento de devolver los terrenos a su propietario. “Al final del proyecto, Enresa será de las pocas empresas en el ámbito internacional que tenga experiencia en todo el proceso de desmantelamiento”, indicó Albarrán, quien también recordó que, de hecho ésta es la primera vez que se hace una restauración del emplazamiento en España. Actualmente, en la central trabajar una media de 175 personas pertenecientes a 25 empresas. El 66 por ciento de estos trabajadores provienen de la provincia de Guadalajara.

Si todo transcurre según lo previsto, los trabajos terminarán en 2020. Después de esa fecha, la única prueba de la existencia de la central José Cabrera será el Almacén Temporal Individualizado (ATI), en el que hay 12 contenedores con 377 elementos de combustible gastado y algunos segmentos de la vasija. Todos ellos permanecerán en el ATI mientras no se dé una ubicación al Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Fuente:  nuevalalcarria.com

La central nuclear de Garoña comenzará su desmantelamiento en 2019

El proceso de desmantelamiento de la planta durará entre 13 y 16 años: hasta 2034

 La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) comenzará su desmantelamiento durante el segundo semestre de 2019, fecha en la que se cargará el primero de los cinco contenedores de combustible gastados en la piscina de la planta. De este modo, Nuclenor prepará el recinto para facilitar la labor de Enresa –la empresa estatal que deshabilitará los residuos radioactivos–, según señaló este viernes Europa Press.

Fuentes propias de Nuclenor explicaron que estas tareas previas se están realizando “según lo previsto”, de modo que el acondicionamiento de los residuos operacionales y el vaciado de la piscina de combustible podrán lograrse en los plazos acordados y que, según sus propias previsiones, en el segundo semestre de 2019 se empezará a cargar material hasta el almacén temporal individualizado (ATI) situado en la propia central, para lo que la empresa ENSA (Empresas Nucleares S.A.) ha construido un puente grúa específico.

Por otro lado, Nuclenor añadió que –de momento– Enresa tiene comprados cinco contenedores para este proceso y que se encargarán del plan estratégico para el desmantelamiento de la planta, cuyo permiso para seguir operando –hasta 2031– fue denegado por el Gobierno en agosto de 2017.

Cierre de la central

El entonces ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció la denegación del permiso y el cierre de la planta porque las “circunstancias” no garantizaban la certidumbre suficiente, después de la oposición de todos los grupos políticos –excepto el PP– y las discrepancias expresadas también por los titulares al 50% de la planta, Iberdrola y Endesa.

Nadal lamentó entonces la falta de certidumbre y de un debate “sosegado”, así como la utilización de Garoña como un “símbolo de discusión política” que se convirtió en “una batalla” con posicionamiento de antemano. Así, una vez expiró el permiso de la planta para seguir operando, Enresa empezó a preparar toda la documentación necesaria para solicitar la autorización de desmantelamiento y realizar las actividades preparatorias del mismo de acuerdo con el titular, Nuclenor.

Estas tareas del titular incluyen la descarga de todo el combustible gastado de la piscina a los contenedores para su disposición al ATI –proceso que en la actualidad está detenido–. Una vez terminadas las tareas preparatorias –cuando Enresa sea titular de Garoña– comenzará el proceso de desmantelamiento de la central nuclear que más años ha operado en España.

Los pasos a seguir antes de llegar a ese momento pasan por presentar un estudio básico de estrategias para el desmantelamiento al ministerio para la Transición Ecológica; presentar el plan de desmantelamiento al mismo departamento para su aprobación y solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la autorización para desmantelar la planta. Posteriormente, el proceso administrativo terminará con la autorización a Enresa para que asuma la titularidad de Garoña; momento en el que se iniciará la fase de desmontaje y desmantelamiento.

El exministro Nadal indicó en el anuncio de la decisión del Gobierno que el proceso de desmantelamiento de Garoña tendrá una duración de entre 13 y 16 años, por lo que el proceso terminará en torno a 2034. En la actualidad, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) no fija un plazo determinado para acometer el predesmantelamiento, pero Enresa calcula que el proceso podría comenzar unos seis años después de la parada definitiva del reactor y que podría durar aproximadamente diez años.

El permiso minero “Garoña” está concedido dentro del perímetro de seguridad de la central nuclear

Garoña era un zoombie nuclear extremadamente peligroso, pese al ocultismo del CSN y los sucesivos gobiernos

 

Las normas de la UE provocan el Colapso del carbón y de comarcas enteras en España

Las electricas preparan la clausura de centrales mientras se acerca el fin de las minas subterráneas

Lada, Guardo, Compostilla, Teruel, Anllares… La cuenta atrás para el cierre de estas centrales térmicas que queman carbón para generar electricidad ha comenzado. Las eléctricas se preparan ya para acometerlo. “No son económicamente viables”, señala una de las compañías sobre las costosas obras que se deben hacer para cumplir a partir de 2020 con los exigentes estándares europeos contra la contaminación y el cambio climático. “Es más fácil ahora acometer los cierres”, admiten en el sector, porque el nuevo Gobierno ha abandonado la idea de impedir por decreto el fin de las centrales de carbón que proyectó el Ejecutivo del PP. Las 15 térmicas que funcionan ahora en España son responsables del 14% de los gases de efecto invernadero de todo el país.

Las normas que la UE ha ido aprobando para luchar contra el cambio climático y la contaminación apuntan hacia un mismo lugar: el fin del uso del carbón para generar electricidad. Porque cada vez serán más duras las restricciones sobre los contaminantes que expulsan las centrales que queman este combustible; porque la UE ha modificado el sistema de comercio de derechos de gases de efecto invernadero para que cada vez sea más caro emitir CO2 a la atmósfera; porque los Veintiocho también han acordado que en 2018 se acaban las ayudas estatales a la minería del carbón…

En definitiva, porque el compromiso contra el cambio climático —que Europa dice abanderar en el mundo— ha hecho que la UE construya en los últimos años un armazón legal para que se deje de quemar carbón.

El 17,2% de la electricidad que se consumió en España en 2017 procedía de las 15 centrales térmicas que usan este combustible y que aún están operativas. Para producir esa energía esas instalaciones expulsaron a la atmósfera 46,5 millones de toneladas de CO2 equivalente (la medida que se emplea para los gases de efecto invernadero). Esto supone que esas 15 centrales acumulan ellas solas casi el 14% de los gases de efecto invernadero que emitió toda la economía española en 2017.

Las centrales son propiedad de las cinco grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa, Gas Natural, EDP y Viesgo. Y, según la información que las empresas trasladan a EL PAÍS, hasta ocho de las 15 centrales están en riesgo de cerrar en un plazo máximo de dos años.

Iberdrola quiere clausurar de aquí a 2020 las térmicas de Lada y Guardo, las dos únicas de carbón que esta multinacional aún tiene abiertas en el mundo.

Endesa hará lo mismo con Compostilla y Teruel, porque la empresa no considera que sea rentable acometer las obras para reducir los contaminantes que la UE exige a este tipo de centrales si quieren seguir operando más allá de junio de 2020.

Gas Natural ya tiene decidido que Anllares no continuará y está a punto de decidir qué hace con Meirama. Viesgo sostiene que no tiene una decisión tomada, aunque en el caso de su térmica de Puente Nuevo en este momento no están “considerando una importante inversión” debido a “los requerimientos regulatorios y las condiciones de mercado”. Y si no acometen las obras para reducir los contaminantes, en dos años tendrá que cerrar.

 

Leer entero: elpais

Bruselas abre un proceso de infracción a España por las normas de seguridad nuclear

La Unión Europea enmendó su directiva sobre esta materia en 2014 para reforzar la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, aumentar el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos.

Ahora se empieza a sentir la gestión del gobierno del  PP-Rajot sobre los pufos con la energia solar y la nuclear.

La Comisión Europea (CE) ha abierto este jueves un procedimiento de infracción a España y Polonia para instarles a que completen la introducción en sus legislaciones nacionales de la Directiva europea en materia de seguridad nuclear.

Estos países tienen dos meses para responder a la carta de emplazamiento que les ha enviado el Ejecutivo comunitario y, si no lo hacen o sus explicaciones no satisfacen a Bruselas, el procedimiento podría avanzar con una petición formal para que presenten medidas concretas y, eventualmente, terminar en los tribunales europeos.

La Unión Europea enmendó su directiva sobre seguridad nuclear en 2014 tras haber efectuado pruebas de estrés en los países, a raíz del accidente Nuclear de Fukushima y para cumplir con las exigencias de organismos internacionales, y los países debían introducir los cambios en su legislación a más tardar en agosto de 2017.

Estas normas reforzaron la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, obligan a hacer una reevaluación de la seguridad de todas las plantas nucleares al menos una vez cada diez años, refuerzan el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos y permiten a unos Estados evaluar lo que hacen otros.

Además de España y Polonia, la Comisión ya había abierto en diciembre un procedimiento de infracción a Bélgica por este motivo, pero las medidas notificadas por el país para implementar las normas europeas no cumplen con las exigencias de Bruselas.

Por este motivo, la CE ha dado este jueves un paso más en el procedimiento pidiéndole nuevas medidas en un máximo de dos meses o la llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Fuente: publico.es

 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha activado el proceso de cierre del parque nuclear

Lo hizo en su primera comparecencia en el Congreso, al confirmar que su hoja de ruta consiste en mantener como referencia la vida tecnológica útil de las centrales, que es de 40 años. El RIP final -teórico- debería tener lugar en 2027 en  Trillo (Guadalajara), aunque es posible que para no solapar procesos, los cierres se extiendan más allá de 2030.

El apagón nuclear se enfrenta, entre otros, a dos problemas serios: la incertidumbre sobre la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Guadalajara) y la ausencia de un Plan de Gestión de Residuos que sustituya al vigente, que tiene una antigüedad de 12 años y que le ha costado a España la apertura de un expediente de infracción por parte de Bruselas.

La ausencia de algo tan básico como un lugar para almacenar residuos peligrosos es lo que ha llevado a Ribera a matizar que el apagón puede ir más allá de 2030; porque habrá que estudiar múltiples factores de cada instalación, como el coste financiero, las necesidades técnicas y de ingeniería o la gestión de los desechos.

Tras el cambio de Gobierno, pocos creen que el ATC de Cuenca pueda llegar a buen fin. Ni entre las empresas, ni entre los “sabios” que han preparado los planes de transición energética hay quien crea que el ATC pueda estar construido en 2024. En el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en la empresa pública de residuos Enresa los trámites administrativos en torno al ATC siguen por inercia. “Nadie nos ha indicado lo contrario” sostienen fuentes del organismo que preside Fernando Marti.

El nuevo Gobierno ‘se come’ su primer laudo contra España por los recortes renovables

Gracias PP, gracias Soria

El Ciadi del Banco Mundial da la razón al fondo de inversión Antin, que reclamaba 238 millones por sus plantas termosolares. Cuarto fallo contra España por los recortes de primas

l nuevo equipo del Ministerio de Transición Ecológica acaba de recibir la bienvenida del Ciadi del Banco Mundial, el organismo en el que se dirimen la mayoría de reclamaciones contra España por los recortes a las renovables. Según fuentes del sector, el Ciadi acaba de dictar otro laudo contra España, esta vez a favor del fondo de inversión Antin, que compró en España dos plantas termosolares y reclamaba 238 millones de euros por los recortes de primas aprobados por el Ejecutivo del PP. Sin embargo, no recibirá el total de la cuantía sino 112 millones. España ya ha perdido cuatro de estos arbitrajes que suman 357 millones de euros después de ganar los dos primeros. El problema pasa ahora por ver cómo se ejecutan los fallos, pues España se escuda en que la Justcia europea no reconoce este tipo de arbitrajes.

España ya ha visto solventados seis arbitrajes internacionales de los más de 40 que plantearon inversores internacionales contra los sucesivos recortes de primas a las renovables. Los dos primeros, planteados por Isolux, fueron a favor de España. Pero, después, los fondos Eiser, Novaenergía y Masdar (propiedad del emirato de Abu Dabi) ganaron su reclamación. Antes del de Antin, los laudos contra España sumaban 245,8 millones de euros en indemnizaciones. Los fondos se escudaban en la Carta de la Energía, un tratado internacional de los años noventa que garantiza las inversiones internacionales en esta materia. Los inversores nacionales perdieron en los tribunales españoles, pero unos 40 extranjeros acudieron a estos arbitrajes, principalmente en el Ciadi, pero también en la Cámara de Comercio de Estocolmo y en Uncitral. Allí reclamaban unos 7.500 millones de euros.

[Consulte aquí todas las reclamaciones contra España y su cuantía]

El de Antin es otro varapalo contra España. Fuentes del sector explican que el laudo acaba de ser notificado pero se mantiene confidencial. España está defendida por la Abogacía del Estado, que el lunes no quiso hacer comentarios. El fondo está representado por Allen Overy, el despacho que más casos lleva, que tampoco quiso dar su versión. El laudo es unánime, lo que tiene importancia porque uno de los tres árbitros es designado por España.

Inicialmente, Antin reclamaba 238 millones aunque rebajó la petición a 218 millones. El tribunal les otorga 112 millones, porque considera que los recortes anteriores a 2014 (límite de horas, restricciones en el uso del gas y otros recortes) no son sustanciales y sí compatibles con el Tratado de la Energía. También acepta el impuesto del 7% a la producción eléctrica.

España ya ha perdido cuatro de estos arbitrajes que suman 357 millones después de ganar los dos primeros

El tribunal condena a España a pagar el 60% de las costas del tribunal (unos 600.000 euros) más el 60% de la defensa de los demandantes, unos 2,5 millones de libras (unos 2,8 millones de euros). Las cifras además se actualizan con suculentos intereses. El conflicto de los abritrajes ha generado una industria de abogados, peritos, consultores…

Antin, un fondo de inversión con intereses en el sector energético, reclamó contra España mediante Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energia Termosolar BV, en Holanda. La mayoría de los fondos, pero también empresas españolas como Abengoa o Isolux, usaron estos países para realizar sus inversiones y aprovechar su baja tributación. En 2011, Antin compró a ACS dos plantas termosolares en Granada, Andasol 1 y 2, y las acaba de vender a otro fondo, Cubico.

La Justicia sueca ya ha suspendido la ejecución del laudo de Novaenergía siguiendo la directriz del tribunal de la UE

Antin reclamaba 238 millones, siendo el quinto inversor que más dinero pedía a España por los sucesivos recortes a las renovables. Fuentes del sector señalan que el Ciadi ha obligado a indemnizarlo con unos 100 millones de euros. Lo normal es que los árbitros no den toda la reclamación, ya que ha habido distintas reformas. En general, están avalando el impuesto a la generación eléctrica del 7%, al considerar que no es discriminatorio, pero sí anulan los recortes de primas aprobados por el Gobierno del PP, al considerar que fueron un cambio de reglas de juego que minó la “confianza legítima” del inversor.

Las primas a las renovables se desbocaron con la apuesta de Zapatero por ellas, y solo en 2014 los consumidores pagaron 6.500 millones en primas.

Primero el PSOE y después del PP realizaron sucesivas reformas para rebajar esa factura, pero los inversores internacionales denunciaron que habían invertido en España con una retribución garantizada y no se podía cambiar. El malestar y la mala imagen internacional de España fueron generales en el sector. “Ni en Bangladesh me han tratado tan mal”, le dijo un inversor internacional a un responsable de la época.

España se ha intentado escudar en la Justicia europea para no ejecutar los laudos. El tribunal de la UE anuló arbitrajes como estos entre inversores de estados de la UE. Sin embargo, el Ciadi y la Cámara de Comercio de Estocolmo (los foros en los que se dirimen estas disputas) están manteniendo que son competentes para ver si España ha inclumplido o no el Tratado de la Energía. Por su parte, la Justicia ordinaria europea depende del tribunal de la UE y Suecia ya ha suspendido la ejecución del laudo de Novaenergía. El conflicto internacional va creciendo.

impuesto sol y panama

El peor ministro de la historia de España para los ciudadanos y ciudadanas de a pie

Jose Manuel Soria un Ministro de Industria, Energia y Turismo para no olvidar

Fuente: elconfidencial

El Gobierno nombra secretario de Estado de Energía a un expresidente de Abengoa

José Domínguez Abascal fue directivo de la multinacional andaluza de renovables desde 2008 y 2016 y llegó a presidirla durante unos meses tras la caída de Felipe Benjumea

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha nombrado secretario de Estado de Energía al catedrático de Estructuras de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla José Domínguez Abascal, ex alto directivo de Abengoa y fugaz expresidente (no ejecutivo) de la multinacional de ingeniería y energías renovables entre septiembre de 2015 y febrero de 2016.

El nuevo secretario de Estado de Energía, nacido en Sevilla en 1953, fue uno de los expertos que asesoró al Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía que creó el PSOE para abordar la transición a una economía descarbonizada y que presidió la propia Ribera.

Como secretario de Energía, va a tener que abordar la apuesta del Gobierno por las renovables para alcanzar el nuevo objetivo europeo de que estas fuentes alcancen el 32% de la energía primaria en 2030, y sobre la mesa va a tener otras importantes cuestiones como el futuro del carbón, las centrales nucleares, el almacén de residuos radiactivos o la derogación del denominado impuesto al sol.

La ministra ha avanzado esta semana, en una  entrevista en eldiario.es, una posible reforma del mercado mayorista de electricidad, cuyo diseño data de hace 20 años, y una “respuesta” para los pequeños inversores que se quedaron atrapados en el sector de las renovables durante la etapa de Mariano Rajoy. Una agenda apretada para un Gobierno en minoría y un máximo de dos años de legislatura por delante que deberá prestar atención, como es norma, al siempre delicado asunto de la factura eléctrica.

Doctor ingeniero industrial (1977) por la Universidad de Sevilla, José Domínguez Abascal fue secretario general técnico de Abengoa entre 2008 y 2015. En 2014 fue imputado por la juez Mercedes Alaya en el caso ERE, pero en 2016 la misma jueza retiró la imputación

Domínguez Abascal accedió a la presidencia del grupo sevillano en plena reestructuración de la compañía, tras la estrepitosa caída de Felipe Benjumea, del que fue asesor personal en materia de I+D.  A Abengoa también estuvo vinculado como consejero y presidente de su fundación durante años el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

Previamente, entre 2004 y 2008, Domínguez Abascal fue responsable del sistema universitario y de I+D en la Junta de Andalucía como secretario general de Investigación y Tecnología.

El nuevo secretario de Estado de Energía fue investigador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts entre 1978 y 1979 y ha sido vicerrector de la Universidad de Sevilla (1990-1992) y director de su Escuela de Ingenieros (1993-1998).

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