Cristóbal Montoro (2i), el secretario de Estado de Hacienda, Fernández de Moya (2d), el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal (d), y Álvaro Nadal. (EFE)
La Ley 15/2012 justifica los gravámenes atómicos «al objeto de compensar a la sociedad por las cargas que debe soportar». Sin embargo, destina esta recaudación al sistema eléctrico, no a Enresa.
El Gobierno embridó un déficit (el del sistema eléctrico) a costa de dar una patada hacia adelante de otro (el fondo de Enresa encargado de cubrir las externalidades nucleares). La Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética recauda desde 2013 aproximadamente 250 millones de euros por gravar el combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en las centrales nucleares, así como su almacenamiento en instalaciones centralizadas. Sin embargo, estos fondos (alrededor de 1.500 millones desde 2013) van destinados a cubrir costes del sistema eléctrico, entre los que ocupan un lugar destacado las multimillonarias primas a las renovables (más de 5.000 millones de euros al año) y donde no está la financiación de Enresa, encargada de los impactos que genera la producción atómica.
La cuestión no es baladí, ya que el propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, reconocía en enero que la tasa que pagan las eléctricas a la generación nuclear y que se destina directamente al fondo de Enresa no es suficiente. El Gobierno lleva desde 2006 sin actualizar el Plan General de Residuos Radiactivos, en el que se recogen «las estrategias, actuaciones necesarias y soluciones técnicas a desarrollar en España en el corto, medio y largo plazo» y que hace balance de la previsión de ingresos y gastos a que habrá que hacer frente cuando llegue el momento de desmantelar las centrales y gestionar los residuos.
El grupo de expertos nombrado por el Gobierno para tratar la transición energética abordará esta cuestión. Según fuentes conocedoras de los trabajos, en el documento que se presentará este lunes cuantifican cómo afecta la extensión de vida de las nucleares al déficit del fondo de Enresa encargado de la gestión y desmantelamiento nuclear. Todo este déficit está condicionado a que el Gobierno actualice el Plan General de Residuos Radiactivos, enterrado desde hace más de una década, que arrojaría luz sobre el embrollo financiero subyacente. El comité le pide en su informe al Gobierno que actualice ya el plan.
Desde el último plan, el sexto, los gastos de Enresa han subido por encima de lo esperado. Una parte importante se debe a los problemas con la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Se preveía la creación de un almacén para la gestión centralizada de los residuos (ATC) que aún está en disputas judiciales. Esto ha obligado a crear junto a las centrales nucleares almacenes individualizados (ATI). Este panorama ha elevado el agujero de Enresa hasta los 3.000 millones de euros, con lo que aun habiendo destinado los cerca de 1.500 millones de recaudación fiscal al fondo de la compañía pública encargada del desmantelamiento y gestión atómica, a los que habría que sumar los rendimientos del mismo desde hace seis años, no sería suficiente.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía afirman que «el impuesto sobre residuos radiactivos que se creó en 2012 nunca tuvo por finalidad financiar el desmantelamiento de las centrales». Sin embargo, el preámbulo de la Ley 15/2012 de medidas fiscales argumenta que «aunque en el Plan General de Residuos Radiactivos se prevén las necesidades de financiación, basadas en las mejores estimaciones disponibles, la valoración del coste total del desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión definitiva de los residuos radiactivos mantienen un alto grado de incertidumbre que, en última instancia, se trasladaría a la sociedad».
simismo, la normativa recaudatoria añadía que «dada la larga vida de determinados residuos radiactivos, que trasciende a generaciones, tras la gestión definitiva de estos será necesario el establecimiento de las medidas necesarias para evitar que cualquier agente externo pueda provocar su dispersión en el medio ambiente u otro tipo de efecto no deseado, lo que exigirá una supervisión institucional a largo plazo de la que deberá hacerse cargo el Estado«.
Es decir, la propia ley que grava los activos nucleares pone el foco en que, debido a que existen incertidumbres no contempladas en el Plan General de Residuos Radiactivos, estos tendrán que ser gestionados por el Estado. Pero tal y como explican fuentes de Energía, el impuesto «se ingresa en el Tesoro y posteriormente se utiliza para financiar parte de los costes del sistema eléctrico, como se hace con otros, como el canon hidráulico». Pese a que la ley incide en las externalidades nucleares, el destino de la recaudación es otro.
La extensión de vida reduce el problema
En este contexto, cobra especial relevancia la polémica y política extensión de vida de las centrales de 40 a 50 años, que se tendrá que tramitar de manera inminente. La tasa de Enresa que rige desde 1984 se calculó para pagar el desmantelamiento a los 40 años, pero no llega. Sin embargo, con 10 años más de producción atómica, se podría subsanar una gran parte de este problema financiero.
Desde el ministerio que dirige Álvaro Nadal sostienen que «si no se recaudara para el sistema eléctrico, los peajes que pagan los usuarios deberían subirse en aproximadamente un 2% para compensar los ingresos que se perderían por el impuesto sobre residuos». Si esa recaudación se destinase a Enresa, se cubriría más de la mitad del déficit del fondo, según cálculos del sector.
Con el problema financiero de la empresa pública de gestión nuclear encima de la mesa, el ministro propuso en enero elaborar una ley que obligue a los propietarios de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) a asumir el coste de desmantelamiento de las plantas si deciden su cierre. La costosa medida puede actuar de palanca disuasoria y compensar el agujero de Enresa dando 10 años más de vida.
Uno de los propietarios nucleares, Iberdrola, ha mostrado su intención de cerrar por tener su parque atómico en pérdidas, dada la carga fiscal soportada desde 2012. Esta fue la principal razón esgrimida por las eléctricas para ejecutar la clausura de Garoña.
Este conflicto se intensificará, aunque al alargar la vida de las centrales se pueda subsanar el déficit de Enresa, ya que las plantas tendrán que incurrir en inversiones de seguridad que les plantee el Consejo de Seguridad Nuclear para poder continuar funcionando con plenas garantías.
Fuente: elconfidencial.com
La energia nuclear en España 