El traslado de residuos radioactivos de Garoña a Córdoba abre otro pulso entre el Gobierno y la Junta de Andalucía

Vista de las instalaciones de El Cabril (Córdoba)

El Ejecutivo de Díaz sospecha que el cementerio nuclear de El Cabril ha empezado a recepcionar bidones de la central recién desmantelada y exige saber si son restos “potencialmente peligrosos para la población”.

La Junta de Andalucía sospecha que el Gobierno central ya ha empezado a traslar residuos radiactivos de la recién clausurada central de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el cementerio nuclear de El Cabril, en Córdoba, que es de gestión estatal. Las informaciones de las que dispone la Consejería de Medio Ambiente parte, sobre todo, de los alcaldes del entorno, que han trasladado su preocupación al respecto.

El pasado 21 de noviembre, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, remitió por escrito una petición formal de información a Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos), que gestiona el centro de almacenamiento de El Cabril, requiriendo datos “detallados sobre el origen y las características de las actividades llevadas a cabo por Enresa en ese centro durante el primer cuatrimestre de 2017”. La carta, a cuyo contenido ha tenido acceso Público, cita “en concreto las 84 expediciones recepcionadas en la instalación durante el citado cuatrimestre”. “Queremos saber los planes del Gobierno a corto y medio plazo para El Cabril y si ha habido alguna actuación en los últimos meses que se salga de lo excepcional”, avisa Fiscal. La Junta quiere tener una garantía “por escrito” de que los restos que se trasladen no son “potencialmente peligrosos para la población”

Enresa es una entidad pública empresarial, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, responsable de la gestión de los residuos radiactivos que se generan en todo el país, así como del desmantelamiento de las instalaciones nucleares. El pasado 1 de agosto, el Gobierno de Mariano Rajoy sucumbía a la presión de los grupos de la oposición y anunciaba el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, la más antigua del país, cuya actividad llevaba paralizada desde 2012. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, había presentado un informe del Consejo de Seguridad Nuclear que avalaba su reapertura, pero no logró convencer a ningún otro grupo del Congreso, ni siquiera al PNV, clave en la aprobación de los Presupuestos Generales.

El Ejecutivo de Susana Díaz teme que el Gobierno central hubiera iniciado el traslado de residuos de media, baja y muy baja intensidad radioactiva de Garoña hasta el “centro de almacenamiento” de El Cabril, en plena Sierra de Hornachuelos (Córdoba). Nadal ya ha dicho en sede parlamentaria que en el subsuelo de El Cabril se enterrarán 4.000 toneladas de residuos radioactivos procedentes de Garoña, pero ha subrayado que el excedente de alto riesgo no viajará a Andalucía. Por ahora permanecerá en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Burgos, pero se desconoce por cuánto tiempo. El Gobierno preveía que para 2010 existiría un Almacén Temporal Centralizado que sirviera de cementerio nuclear nacional para dar cabida al combustible gastado, se planteó un proyecto en Villar de Cañas (Cuenca), que aún no está concluido.

El traslado de residuos radioactivos a la sierra cordobesa ha generado intranquilidad en los pueblos vecinos, y el consejero de Medio Ambiente ha querido saber de primera mano cuándo han empezado los trabajos. Se tiene conocimiento de 84 expediciones recepcionadas en El Cabril, pero sin seguridad de que todas provengan de Garoña. Los ecologistas denuncian que se siga usando este enclave como “cementerio nuclear”, y advierten del riesgo que supone para el ecosistema y la población de Hornachuelos. La inquietud ha saltado a la arena política, donde el grupo parlamentario de Podemos ya ha exigido explicaciones al Gobierno de Díaz. “Queremos saber si se va a permitir que usen Córdoba y Andalucía como estercolero nuclear”, ha dicho la líder del partido morado, Teresa Rodríguez.

El centro de almacenamiento nuclear de Córdoba ya guarda los restos radioactivos de otras centrales nucleares que se clausuraron en España, como la de Vandellòs I (Tarragona) y José Cabrera (Almonacid de Zorita). El Cabril tiene 29 celdas, compartimentos bajo tierra para dar cabida a los residuos, y hace poco la empresa que gestiona el emplazamiento ha construido una más porque casi todas las demás estaban ya llenas. El carburante que se retira (uranio principalmente) se carga y traslada en bidones de 130 toneladas.

La perspectiva de volver a ampliar este enclave para recepcionar las 4.000 toneladas de residuos de Garoña se ha convertido en otro motivo de disputa política en el Parlamento andaluz, aunque la Junta carece de competencias para prohibir el traslado a El Cabril. Desde Enresa explican que los residuos generales en el desmantelamiento de Garoña son “convencionales”, reciclados y reutilizados en un porcentaje próximo al 90%.

Equo, partido que está integrado en Podemos Andalucía, ha sido de los más combativos contra el traslado de dióxido de uranio al cementerio nuclear de El Cabril. Denuncian que es “una sustancia clasificada por la Unión Europea como muy tóxica, cancerígena y peligrosa para el medio ambiente. Con un componente químico -el U-235- que tiene una vida media de cientos de millones de años”. Enresa niega que el centro de almacenamiento de Córdoba esté recibiendo este tipo de sustancia.

Equo e IU llevan años reivindicando el cierre de las instalaciones de El Cabril, argumentando que el enclave original del almacenamiento nuclear era una reserva militar propiedad del Gobierno central, pero no se eligió esa ubicación por razones de seguridad. Ahora Podemos también se suma a la demanda de cierre de un centro que “pone en riesgo a una gran parte de la población, al suponer que residuos especialmente peligrosos recorran cientos de kilómetros diariamente, por autovías y llegando a tener que pasar por la propia Córdoba”. “Si uno de los bidones que viaja a El Cabril desde las centrales” -según Equo lo hacen unos 50 de media cada día- “cayese de su medio de transporte, incluso sin que se abra, si un menor de 18 años lo curiosea habrá recibido en tan sólo cinco minutos su dosis máxima de radiactividad para un año”, denuncian desde la formación verde.

“¿Empleo? ¡Aquí nos íbamos a hacer todos ricos, nos decían! Y fíjate, esto ahuyenta a nuevas industrias y es malo para el producto alimentario”, protesta Fernando Porras, apicultor de 60 años en Hornachuelos, en cuyo término municipal está El Cabril. Su opinión no es unánime. También abunda la indiferencia, sobre todo entre los jóvenes. Y la resignación. Entusiasmo, poco.

El Cabril no es ni de lejos un motor de desarrollo de la zona, que ha perdido población desde 1992. Su plantilla es de 118 trabajadores, a los que se suman 196 contratos externos. El paro castiga a estos pueblos tanto o más que a sus vecinos.

Población de Hornachuelos desde 1900 hasta 2016

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2016 el numero de habitantes en Hornachuelos es de 4.598, 44 habitantes menos que el en el año 2015. En el grafico siguiente se puede ver la evolucion demografica que ha habido en el municipio a lo largo de los años, para ver cuantos habitantes tiene Hornachuelos segun su edad podemos verlo en la piramide de poblacion.
Si lo que interesa es saber cual es la poblacion de Hornachuelos segun el lugar donde han nacido los habitantes (Continente, Pais, Comunidad Autonoma, Provincia, o Municipio) puede verlo en nuestro estudio demografico de poblacion segun lugar de nacimiento.

La gestión de Enresa

Tan cierto es que El Cabril no ha sido palanca de progreso como que no constan accidentes graves, si bien los ecologistas critican la opacidad de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos de España. Tampoco hay estudios alarmantes sobre salud o medio ambiente. El rechazo reside más en la sospecha que en la certeza. Y muchos insisten en que da mala imagen.

“A nadie le gusta tener ahí eso, por si pasa algo, pero qué le vamos a hacer”, explica, al otro lado de un torno que oculta su rostro, la hermana Laura, que vive enclaustrada en el convento de las carmelitas descalzas, en la aldea de San Calixto, de Hornachuelos, a 15 kilómetros de El Cabril. Un lugar ideal para ejercer la resignación.

Entre finales de los años cincuenta del siglo pasado y principios de los sesenta, el régimen comenzó a almacenar de tapadillo en El Cabril, en una mina de uranio abandonada, los residuos resultantes de las pruebas que debían incorporar a España al club de la bomba atómica. Con la creación de Enresa en 1984, las obras de lo que hoy es El Cabril comenzaron en 1990 tras obtener las licencias.

Los vecinos se quejan de que no ha servido para desarrollar la zona.

Antes, en los ochenta, miles de personas se opusieron a asumir esa herencia. Hubo cortes de carreteras, manifestaciones y hasta una huelga general en 1986. “Todos sabían que era una imposición injusta. Pero el dinero frenó las protestas”, recuerda José Larios, líder de aquella movilización ya olvidada, que dio su primera charla contra los planes del Estado en 1979.

El dinero, claro, ayuda a digerirlo todo. “Esto ya está aquí y no podemos evitarlo, pero que nos compensen”, reivindica el andalucista Cecilio Fuentes, alcalde de Alanís. Todos los alcaldes han advertido, al hilo de la polémica del ATC, que les saben a poco los menos de dos millones de euros anuales que reciben de Industria. “Las compensaciones por el ATC que oíamos son escandalosas. Merecemos más”, dice el independiente Julián López, alcalde de Hornachuelos.

“Es el gran éxito de Enresa, haber hecho reinar la resignación”, afirma Manuel Raya, de la asociación ecologista Hornasol. Raya reclama una explicación en detalle de la actividad en la zona que lleva a cabo la Fundación Enresa, que canaliza fondos para desplegar una intensa actividad de relaciones públicas que garantiza más apoyo al almacén.

Vista cercana de los contenedores

Pero la movilización de los ochenta dejó su huella. Quedó demostrado cuando, a principios de los noventa, una simple filtración que apuntaba a que el Valle de los Pedroches cordobés podía ser el destino del Almacén Geológico Profundo (AGP) movilizó a toda la comarca, con sus ayuntamientos al frente. No todo va a ser resignación.

Fuente:  publico.es

 almacennuclear.wordpress.com/2010/02/08/almacen-de-el-cabril-o-la-imposicion-que-arruino-a-una-comarca/

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IU pedirá a la UE que “vigile” a España en el traslado de los residuos nucleares de Garoña

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado hoy en Córdoba que pedirá a la Unión Europea (UE) que “vigile” al Gobierno de España en el traslado de residuos nucleares desde Garoña (Burgos) hasta el almacén de El Cabril (Hornachuelos, Córdoba).

“Tenemos que tomar medidas urgentes” ha declarado en conferencia de prensa Maíllo, quien ha indicado que “Andalucía no puede consentir convertirse en el vertedero nuclear de toda la Península Ibérica” por lo que ya que el Ejecutivo mantiene una postura de “oscurantismo y opacidad”, es necesario “hacer una envolvente a través de Bruselas para conocer qué está pasando”.

IU forma parte junto a Ecologistas en Acción, Equo, Podemos y otras organizaciones de una plataforma antinuclear constituida el 16 de noviembre, cuando se reunieron en el I Encuentro contra el cementerio Nuclear El Cabril y acordaron movilizaciones y medidas para frenar la ampliación del almacén de Enresa en Córdoba, algo que llevan demandando “desde hace 30 años, el desmatelamiento de los cementerios nucleares” ha recordado Maíllo.

La hoja de ruta es la petición de explicaciones a la Comisión de Medio Ambiente de la CE y la invitación del comisario de Energía y Cambio Climático, el español Manuel Arias Cañete, a que visite las instalaciones del almacén de residuos de baja y media intensidad de El Cabril, donde “se está produciendo una sutil estrategia de traslado de material radiactivo de la recién cerrada central nuclear de Garoña”.

Maíllo ha indicado que va a solicitar una visita de la plataforma antinuclear constituida en Córdoba el mes pasado y que integra a activistas de Extremadura y Andalucía para que “también puedan explicar en el Parlamento Europeo la situación que se está viviendo en España” y que, a juicio del coordinador general de IU en Andalucía “trasciende al cumplimiento de directivas europeas que prevalecen en las políticas medioambientales”.

“Necesitamos saber qué está pasando y qué planes tiene el Gobierno de España”, ha insistido Maíllo, que también ha criticado la posición de Enresa, a quien ha acusado de “no facilitar información por escrito más allá de las reuniones que mantiene con los alcaldes de los municipios colindantes a El Cabril”.

A su juicio, “también se ha evidenciado que la Junta de Andalucía no se mueve” pues ha sido tras la constitución de la plataforma antinuclear en la reunión del 16 de noviembre en la localidad cordobesa de Peñarroya, cuando el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal López ha pedido explicaciones al Gobierno Central.

Es algo que Maíllo “celebra” pero que, como temen que “no van a decir nada”, acuden directamente a la Unión Europea para confirmar el traslado de residuos de una central a otra, informar de la ampliación prevista en El Cabril y saber cómo se van a gestionar todos los residuos que se emiten en España y Portugal.

Fuente: eldiario.es

La cerrazón del Gobierno con las renovables encarece el recibo de la luz

 

Los Nadal serán recordados por su “servicio” a los Oligopolios

 El pool roza este martes los 70 euros, el nivel más alto desde el pasado 31 de enero, en vísperas de la llegada de una masa de aire frío para el miércoles

La producción hidroeléctrica se ha hundido un 50% mientras se dispara la producción con centrales de gas, las más caras

“2017 ha sido un año especialmente malo en cuanto a las condiciones meteorológicas y al comportamiento de los precios del petróleo”, dice el ministro de Energía

Viene el frío, sigue sin llover, la luz sube. El precio mayorista de la electricidad va a marcar este martes el precio más alto de los últimos diez meses al situarse en una media de 69,57 euros por megavatio hora (MWh), según los datos publicados el lunes por el operador del mercado ibérico, Omie.

Con una demanda prevista para el sistema peninsular de unos 753 gigavatios hora (GWh), un 3,1% superior, el precio del conocido como ‘pool’ para este martes es un 4,9% superior al del lunes. Es el más alto desde los 73,27 euros del pasado 31 de enero, en los últimos estertores de una escalada de precios que obligó al ministro de Energía, Álvaro Nadal, a salir a escena y anunciar una intervención del mercado del gas que no se ha hecho efectiva hasta hace unas semanas. En ese pico de precios, en plena ola de frío invernal, el pool llegó a marcar (el 25 de enero) un máximo diario de 91,88 euros.

La subida de este martes se produce tras un mes de noviembre inusualmente cálido en el que la grave sequía y la ausencia de lluvias en España han propiciado un desplome del 48,7% en la generación eléctrica, la más barata, hasta suponer apenas el 7,5% del total. Mientras, las tecnologías más caras, el carbón y, especialmente, el ciclo combinado, han aumentado en lo que va de año su aportación un 28% y un 37,5%, respectivamente, y la eólica ha retrocedido casi un 7%, según Red Eléctrica.

Todo ello, en un contexto de incremento de las exportaciones de electricidad a Francia por la parada y revisión de varios de sus reactores nucleares en ese país.

La subida de este martes llega en vísperas de la primera ola de frío de este otoño inusualmente cálido. Este miércoles llegará a España una masa de aire ártico que permanecerá sobre la Península Ibérica hasta el domingo y conllevará una bajada importante de las temperaturas que puede estimular la demanda de electricidad.

Año “especialmente malo”

El lunes, en una entrevista concedida a  El País para proclamar su defensa de las centrales de carbón ante la pretensión de Iberdrola de cerrar sus dos últimas plantas con esta tecnología, cuyas ayudas públicas acaba de poner en solfa la Comisión Europea, el ministro de Energía señalaba que “2017 ha sido un año especialmente malo en cuanto a las condiciones meteorológicas y al comportamiento de los precios del petróleo”, que incide en la cotización del gas natural.

A falta de un mes para que acabe el año, y teniendo en cuenta la factura media como la que utiliza Energía en sus estimaciones (4,4 kilovatios de potencia y un consumo anual de 3.900 kilovatios hora, equivalente a una familia con dos hijos), un hogar tipo habría pagado por la luz en lo que va de año y hasta el pasado viernes (último dato disponible) unos 738 euros. Suponen unos 78 euros más que en el mismo periodo de 2016, según un cálculo basado en el simulador de facturas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El precio mayorista de la electricidad que ahora está en máximos de diez meses tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final. Alrededor del 40% corresponde a los peajes o costes regulados con los que se retribuyen partidas como las redes, los incentivos a las renovables y la deuda acumulada por las eléctricas y que el Gobierno ha confirmado que va a congelar por cuarto año consecutivo. Cerca del 25% restante del precio final que pagan los usuarios en su recibo corresponde al IVA y al Impuesto de Electricidad.

Los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía. El ‘pool’ funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última que participa, la más cara (suele ser el gas), marca el precio para el conjunto.

El precio del pool se repercute directamente en la tarifa regulada conocida como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (el PVPC), la opción más barata según el ministro de Energía y la propia CNMC, pese a que está en retroceso, hasta el punto de que las eléctricas han conseguido que el 56% de los usuarios domésticos estén en el mercado libre, con márgenes superiores para las empresas.

El PVPC (el precio final) tocó el pasado 23 de octubre el precio más alto del año, pero entonces ese pico puntual estuvo relacionado con los servicios de ajuste y no con el pool, que en ese momento era un 12,6% inferior al de este martes.

Fuente: eldiario.es

La central de Cofrentes (Valencia) y Hommer Simpson

El CSN cuestiona la “inadecuada actitud” en las revisiones. El componente de la válvula, sostienen las fuentes al tanto de los trabajos de puesta en marcha, ha sido localizado y se va a extraer en los próximos días. No es un trabajo fácil.

En la hipótesis más probable, la pieza se extraerá del lugar en el que se encuentra -el difusor- cortando y soldando bajo metros de agua que actúa como aislante de elementos muy contaminantes.

Los técnicos de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), la más potente de las existentes en España (1.092 MW), se enfrentan a un problema peliagudo: como extraer del corazón de la planta una pieza suelta que podría afectar al núcleo. Palabras mayores. La central, propiedad de Iberdrola al 100%, está parada desde septiembre. Entonces cerró para una recarga rutinaria de combustible. El proceso iba a durar 15 días pero va camino de tres meses porque al arrancar se reprodujo un fallo en el sistema de válvulas que ya había sido detectado en agosto.

En plena pugna de Iberdrola -y de su presidente Ignacio Sánchez Galán- con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) vigila muy de cerca los trabajos de puesta en marcha de la central. Iberdrola quiere arrancarla el 10 de diciembre de diciembre. Pero todo está en el aire.

El CSN está ojo avizor. En un lenguaje poco habitual en el organismo que dirige Fernando Martí, el Consejo daba cuenta en octubre de que Iberdrola había comunicado una “parada no programada” debido “a defectos en una válvula que han dado lugar al desprendimiento de fragmentos de dicha válvula en el sistema de agua de alimentación, que no han podido ser recuperados”.

Fuentes al tanto de la investigación de la avería han traducido el incidente: el pasador de una de las válvulas que regula el sistema de refrigeración del núcleo de la central había desaparecido y había viajado por el sistema. A saber dónde. Lo grave es que, según las mismas fuentes, la central ya había detectado un problema en el caudal del sistema de refrigeración -disminución del 16%- en el mes de agosto.

Reproches del CSN

Pese a ello, la central inició la operación de recarga en septiembre y en octubre puso en funcionamiento de nuevo la instalación… que tuvo que apagar al persistir el problema. El CSN censuró la acción. En su particular lenguaje, exigió a Iberdrola “un análisis de causa raíz de todas las circunstancias asociadas con este suceso” y una evaluación detallada “de los componentes transversales de cultura de seguridad potencialmente afectados, particularmente (sic), la inadecuada actitud cuestionadora que llevó a no realizar una revisión y el mantenimiento de la válvula durante la última parada de recarga“.

El componente de la válvula, sostienen las fuentes al tanto de los trabajos de puesta en marcha, ha sido localizado y se va a extraer en los próximos días. No es un trabajo fácil. En la hipótesis más probable, la pieza se extraerá del lugar en el que se encuentra -el difusor- cortando y soldando bajo metros de agua que actúa como aislante de elementos muy contaminantes.

Pese a todo, Iberdrola mantiene el calendario de puesta en marcha para la primera quincena de diciembre. “No tenemos constancia de que el CSN haya puesto inconvenientes a la nueva fecha”, señalan en la empresa. Por su parte, el CSN remite a su comunicado de octubre sobre Cofrentes, en el que daba tres meses a la empresa para informar sobre las causas del incidente.

Le eléctrica precisa que el CSN categorizó el suceso de nivel cero (sin significación para la seguridad) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES). Cofrentes acumula ocho incidentes con al misma calificación este año.

Siete niveles de sucesos

En la escala INES, los sucesos se clasifican en siete niveles. Los sucesos de los niveles de 1 a 3 se denominan “incidentes”, mientras que en el caso de los niveles 4 a 7 se habla de “accidentes”. Cada ascenso de nivel en la escala indica que la gravedad de los sucesos es, aproximadamente, diez veces superior. Cuando los sucesos no revisten importancia desde el punto de vista de la seguridad se los denomina “desviaciones” y se clasifican “bebajo de la escala / Nivel 0”.

La clasificación no basta para tranquilizar a todos. El Movimiento Ibérico Antinuclear ha pedido el cierre de la central. Lo más conveniente, en su opinión, es que la central de Cofrentes no vuelva a ponerse en marcha ya que en 2019 está previsto que se saturan sus piscinas de residuos de combustible gastado.

Fuentes internas del CSN han confirmado que, efectivamente, se han puesto en marcha contactos para la futura construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) en Cofrentes.

La central, conectada a la red en 1984, tiene que solicitar renovación de la concesión a partir de marzo de 2018. La actual autorización para operar expira en el año 2021. La central -300 hectáreas- está situada a dos kilómetros del pueblo de Cofrentes, en la provincia de Valencia, en la margen derecha del río Júcar. Está equipada con un reactor de agua en ebullición del tipo BWR, diseñado por General Electric.

Fuente: lainformacion.com

Rifirrafe entre el presidente del CSN y un miembro del Comité Asesor a preguntas sobre el ATC


Rifirrafe entre el presidente del CSN y un miembro del Comité Asesor a preguntas sobre el ATC de Villar de Cañas. Se ha producido este jueves, en una de las reuniones anuales que se celebran para asesorar al Consejo de Seguridad Nuclear en materia de transparencia y recabar información sobre la actividad del organismo. El proceso de licenciamiento del Almacén Temporal Centralizado ha sido uno de los asuntos a tratar.

En la batería de preguntas que uno de los miembros del Comité Asesor ha realizado, se ha cuestionado el acta de inspección de un técnico del CSN del pasado mes de junio, donde denunciaba imprecisiones y contradicciones de los datos que le suministraba ENRESA, la empresa encargada de la construcción del silo nuclear conquense. Francisco Castejón ha solicitado conocer qué acciones se piensan tomar ante el contenido de esta queja, que según subraya es de un inspector del propio CSN.

Otro de los momentos tensos se producía cuando se ha proyectado un video elaborado por ENRESA y que el presidente del CSN ha defendido “a pesar de ser una proyección que no refleja la realidad de lo que sería el futuro ATC”, según explica Castejón.

En concreto “no plasma la manipulación de los residuos que habría de los trabajadores, ni qué puede ocurrir en caso de accidente”. Así las cosas, señala que “su amparo muestra la estrecha e inusual relación que existe entre el organismo regulador y la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos”.

Castejón ha insistido en la no idoneidad de los terrenos de la localidad conquense para albergar el Cementerio Nuclear.

Fuente:  cadenaser.com

Podemos pide a la Junta garantías sobre la seguridad del entorno de El Cabril

Panorámica de El Cabril, en Hornachuelos

El Grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía ha registrado una pregunta dirigida al Pleno de la Cámara en la que se interesa por las actuaciones que va a desarrollar la Junta, en el ámbito de sus competencias, para exigir al Gobierno central y a la empresa responsable del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) que garanticen la seguridad de la población cordobesa y eviten la acumulación de residuos de alta y prolongada actividad en un lugar que, en principio, no estaba diseñado para ello.

Según señala en la cuestión, consultada por Europa Press, la diputada Carmen Molina, en la memoria presentada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para las instalaciones de El Cabril se recogía que la instalación estaba concebida para almacenar bultos de residuos de media y baja actividad y vida corta, es decir, con necesidad de aislarlos de las personas y del medio ambiente unos trescientos años.

“En consecuencia, si las barreras de protección se comportan de forma adecuada, deben soportar trescientos años el paso del tiempo. Sin embargo, en el cementerio nuclear de El Cabril se están transportando y almacenando sustancias componentes del combustible de las centrales nucleares, dióxido de uranio (UO2), procedentes de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca), de Enusa Industrias Avanzadas S.A., S.M.E.

El UO2 es una sustancia clasificada como muy tóxica, cancerígena y peligrosa para el medio ambiente por la Unión Europea, y tiene como componente U-235, sustancia con una vida media de cientos de millones de años, según Podemos, que recuerda también que El Cabril, “si no se impide, albergará los materiales radiactivos procedentes del desmantelamiento de las centrales nucleares españolas, para lo que tendrá que multiplicar por cuatro la capacidad actual”.

Según los documentos de Enresa, El Cabril estaba dimensionado para albergar 58.000 metros cúbicos de basura radiactiva, mientras que los residuos de media y baja actividad serán de 243.000 metros cúbicos, según la misma empresa.

La formación morada incide en este sentido en que aún no se dispone de confirmación por parte del Gobierno acerca de la razón por la que se está utilizando El Cabril para el traslado de dióxido de uranio radioactivo de larga duración, a pesar de ser un almacén que tiene autorización para residuos radiactivos cuya vida media no exceda los 300 años.

Fuente:   cordopolis.es

Denuncian el almacenamiento de residuos no autorizados de la planta de Juzbado en Córdoba

Área de contenedores de la fábrica de Enusa en Juzbado.

Se trata de material radiactivo de la fábrica de Enusa de una vida radiactiva mayor de lo que debe para ese cementerio nuclear

La Asociación de Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear han denunciado en un comunicado que el almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad de El Cabril (Hornachuelos) “ha recibido óxidos de uranio de la fábrica de Enusa en Juzbado que no está autorizado para almacenar”, y sospechan que este hecho busca justificar una “posible ampliación sin sentido” de la instalación.

Para estos colectivos, se ha vulnerado la limitación de aceptar exclusivamente residuos que no superen hasta 300 años de vida radiactiva. Y el óxido de uranio tiene “una vida de millones de años”, señalan.

Además, recuerdan que “el cementerio nuclear de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril se encuentra al 70 por ciento de su capacidad, cuando quedan por desmantelar ocho de las diez centrales nucleares que se construyeron en España”.

Esta llegada de residuos no autorizados, según los ecologistas, se ha dado a conocer tras la publicación del Informe al Congreso del Consejo de Seguridad Nuclear de 2015. “Enresa depositó durante ese año en El Cabril algo más de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca). Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear, que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años, y no admite emisores de partículas alfa”, indican los ecologistas.

La presencia de estos residuos dificultará el desmantelamiento de El Cabril, que debería producirse 300 años después de su clausura. Al recibir esos residuos de la planta de Juzbado podría utilizarse como “justificación para ampliar este cementerio nuclear, en lugar de buscar otro emplazamiento más adecuado para el necesario almacenamiento de este tipo de residuos radiactivos. La ampliación evitaría así el necesario traslado de esos residuos, que incumplen las normas de seguridad de un cementerio para residuos de media y baja actividad”, señalan los ecologistas.

Fuente:  lacronicadesalamanca.com/183918-denuncian-el-almacenamiento-de-residuos-no-autorizados-de-la-planta-de-juzbado-en-cordoba/