El Gobierno paraliza el permiso de construcción del almacén de residuos nucleares

El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido paralizar el permiso de construcción del almacén para residuos nucleares, ideado hace casi dos décadas y que acumula un enorme retraso.

El Almacén Temporal Centralizado (ATC), previsto por el Gobierno del PP en Villar de Cañas (Cuenca) para guardar los residuos de todas las nucleares, cuenta con el rechazo del Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha. El ministerio ha enviado un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que suspenda la tramitación del permiso de construcción. Quiere tener diseñada su política energética antes de que se dé vía libre a este polémico proyecto.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que la semana pasada el departamento de Teresa Ribera envió el escrito al CSN, el supervisor encargado de analizar y avalar el permiso de construcción del silo para desechos nucleares. En la misiva se instaba a suspender la tramitación de ese expediente. Las mismas fuentes señalan que en breve el CSN celebrará un pleno en el que está previsto que se apruebe la paralización del permiso de construcción a instancias del ministerio.

 

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Francia eleva a 74.603,14 euros diarios la multa que cobra a España por guardar residuos nucleares

Despropósito nacional: la política energética del PP ha sido totalmete desastrosa para los españoles

Hace un año, el entonces Ministerio de Energía cifró esa penalización que Enresa paga a la francesa Orano en 73.000 euros

Empezó a abonarse en julio de 2017 por la custodia de los residuos de Vandellòs I que no han podido volver a España por el retraso del almacén nuclear

El insuficiente fondo que debe pagar el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos alcanza una dotación de 5.326 millones

 

Francia ha elevado a 74.603,14 euros diarios la penalización que cobra a España  desde el 1 de julio de 2017 por custodiar en La Hague (Normandía) los residuos de la central nuclear Vandellòs I (Tarragona) que no han podido regresar a suelo español por el retraso en la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad.

La cifra, recogida en la última memoria anual de la empresa estatal Enresa, ha sido revisada al alza “como resultado de aplicar determinados índices de actualización previstos en el acuerdo” suscrito entre España y Francia en 2011 y supera en más de un 2%  los 73.000 euros diarios a los que, según dijo hace un año el entonces Ministerio de Energía, iba a ascender esa penalización.

Con la calculadora en la mano, esos 74.603,14 euros diarios implican que en agosto España habrá pagado a Francia más de 30 millones en poco más de un año por el retraso del ATC que el anterior Gobierno decidió ubicar en Villar de Cañas (Cuenca) a finales de 2011. El presidente de Enresa, Juan José Zaballa, explica en la memoria de la empresa que la multa es “el efecto más evidente” del retraso en la construcción del almacén, “aunque no el más relevante desde un punto de vista económico”.

Zaballa, que previsiblemente será cesado en breve por el nuevo Gobierno, subraya que “estas penalizaciones finalizarán con la llegada del último transporte de estos residuos radiactivos a España, tras lo cual serán reembolsadas a Enresa, descontándose los costes de almacenamiento incurridos” desde el 1 de octubre de 2015.

El problema es que hoy por hoy no hay ATC, ni se le espera, y todas las centrales tienen ya (o están construyendo) sus propios almacenes temporales ante la próxima saturación de las piscinas que los custodian. Empantanado en los tribunales, el almacén no ha empezado ni a construirse, ni tiene los permisos necesarios del Consejo de Seguridad Nuclear y Medio Ambiente (ahora Ministerio para la Transición Ecológica).

Con un nuevo Ejecutivo que  apuesta por cerrar las nucleares cuando cumplan 40 años (la última se clausuraría, en principio, en 2028), España tiene numerosos deberes en esta materia: debe actualizar un plan de gestión de residuos radiactivos que data de 2006, lo que ha motivado un expediente de infracción en Bruselas que puede acarrear una sanción millonaria.

Ante el posible apagón nuclear,  la ministra Teresa Ribera resumía así la situación esta semana en su debut en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso: “Si no sabemos cuánto cuesta almacenarlos, cómo y donde se gestionan [los residuos], es un poco simplista pensar en una estimación razonable del coste de cerrar las centrales”.

Más de 530 millones

Desde la clausura en 1989 de Vandellòs I por un incendio, España ha tenido que abonar a Francia más de 530 millones por quedarse con la basura radiactiva de esa central. Tras su cierre, firmó un primer acuerdo con Cogema (a la postre Areva, hoy Orano), fabricante del reactor, para la custodia y reprocesamiento del combustible (uranio enriquecido) a cambio de unos 250 millones que sufragaron los consumidores mediante un recargo en el recibo de la luz del 0,7%.

Ese primer acuerdo fijaba como primer plazo para traer los residuos el 31 de diciembre de 2010. Se incumplió y Enresa empezó a abonar una penalización de unos 65.000 euros diarios hasta que en octubre de 2012 suscribió una adenda al convenio original. A cambio de retrasar la devolución hasta junio de 2017 y recuperar las penalizaciones diarias devengadas hasta entonces, se comprometió a abonar 213 millones más que incluían el encargo a Areva de cuatro contenedores para el transporte y almacenamiento de los residuos hasta Villar de Cañas.

Tareas todas a cargo del insuficiente Fondo para la Financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos que gestiona Enresa, que debe sufragar también el ATC, el desmantelamiento de las nucleares y la gestión de sus residuos y que a cierre de 2017 alcanzaba una dotación de 5.326 millones, un 6,1% más.

En 2016, el Tribunal de Cuentas cuestionó el sistema de financiación de este fondo, al que en el sector hay quien define como “un esquema Ponzi”, y advertía de un “déficit” de 1.486 millones a junio de 2014. Denunciaba el tribunal que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010, cuando empezó a ser financiado por las eléctricas, no se habían actualizado pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones.

En enero, el entonces ministro Álvaro Nadal llegó a anunciar en el Congreso la intención del Gobierno de tramitar una proposición de ley (que no llegó a ver la luz) para traspasar a las eléctricas la responsabilidad de las actividades de desmantelamiento de las centrales nucleares.

En 2017, los ingresos de Enresa (fundamentalmente la tasa que recibe por el kWh nuclear producido por las eléctricas) fueron de 390,4 millones, frente a 395,4 millones de un año antes, y su resultado de explotación cayó hasta 180,7 millones (257,4 millones en 2016).

La tasa que pagan las eléctricas está ligada a la producción de energía de cada central: dejan de pagarla desde el momento en que no generan electricidad. Y en el sector creen que bajo la actual regulación, esas desviaciones correrán a cargo del Estado o el consumidor de electricidad.

El coste de desmantelar las nucleares es en buena medida una incógnita. Como dice Enresa en su memoria, Garoña “consolidará” a esta sociedad estatal “como una de las empresas con mayor experiencia en este campo en el mundo”. Y la experiencia de Zorita invita a pensar que habrá desviaciones al alza.

Fuente:  eldiario

Las normas de la UE provocan el Colapso del carbón y de comarcas enteras en España

Las electricas preparan la clausura de centrales mientras se acerca el fin de las minas subterráneas

Lada, Guardo, Compostilla, Teruel, Anllares… La cuenta atrás para el cierre de estas centrales térmicas que queman carbón para generar electricidad ha comenzado. Las eléctricas se preparan ya para acometerlo. “No son económicamente viables”, señala una de las compañías sobre las costosas obras que se deben hacer para cumplir a partir de 2020 con los exigentes estándares europeos contra la contaminación y el cambio climático. “Es más fácil ahora acometer los cierres”, admiten en el sector, porque el nuevo Gobierno ha abandonado la idea de impedir por decreto el fin de las centrales de carbón que proyectó el Ejecutivo del PP. Las 15 térmicas que funcionan ahora en España son responsables del 14% de los gases de efecto invernadero de todo el país.

Las normas que la UE ha ido aprobando para luchar contra el cambio climático y la contaminación apuntan hacia un mismo lugar: el fin del uso del carbón para generar electricidad. Porque cada vez serán más duras las restricciones sobre los contaminantes que expulsan las centrales que queman este combustible; porque la UE ha modificado el sistema de comercio de derechos de gases de efecto invernadero para que cada vez sea más caro emitir CO2 a la atmósfera; porque los Veintiocho también han acordado que en 2018 se acaban las ayudas estatales a la minería del carbón…

En definitiva, porque el compromiso contra el cambio climático —que Europa dice abanderar en el mundo— ha hecho que la UE construya en los últimos años un armazón legal para que se deje de quemar carbón.

El 17,2% de la electricidad que se consumió en España en 2017 procedía de las 15 centrales térmicas que usan este combustible y que aún están operativas. Para producir esa energía esas instalaciones expulsaron a la atmósfera 46,5 millones de toneladas de CO2 equivalente (la medida que se emplea para los gases de efecto invernadero). Esto supone que esas 15 centrales acumulan ellas solas casi el 14% de los gases de efecto invernadero que emitió toda la economía española en 2017.

Las centrales son propiedad de las cinco grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa, Gas Natural, EDP y Viesgo. Y, según la información que las empresas trasladan a EL PAÍS, hasta ocho de las 15 centrales están en riesgo de cerrar en un plazo máximo de dos años.

Iberdrola quiere clausurar de aquí a 2020 las térmicas de Lada y Guardo, las dos únicas de carbón que esta multinacional aún tiene abiertas en el mundo.

Endesa hará lo mismo con Compostilla y Teruel, porque la empresa no considera que sea rentable acometer las obras para reducir los contaminantes que la UE exige a este tipo de centrales si quieren seguir operando más allá de junio de 2020.

Gas Natural ya tiene decidido que Anllares no continuará y está a punto de decidir qué hace con Meirama. Viesgo sostiene que no tiene una decisión tomada, aunque en el caso de su térmica de Puente Nuevo en este momento no están “considerando una importante inversión” debido a “los requerimientos regulatorios y las condiciones de mercado”. Y si no acometen las obras para reducir los contaminantes, en dos años tendrá que cerrar.

 

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Bruselas abre un proceso de infracción a España por las normas de seguridad nuclear

La Unión Europea enmendó su directiva sobre esta materia en 2014 para reforzar la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, aumentar el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos.

Ahora se empieza a sentir la gestión del gobierno del  PP-Rajot sobre los pufos con la energia solar y la nuclear.

La Comisión Europea (CE) ha abierto este jueves un procedimiento de infracción a España y Polonia para instarles a que completen la introducción en sus legislaciones nacionales de la Directiva europea en materia de seguridad nuclear.

Estos países tienen dos meses para responder a la carta de emplazamiento que les ha enviado el Ejecutivo comunitario y, si no lo hacen o sus explicaciones no satisfacen a Bruselas, el procedimiento podría avanzar con una petición formal para que presenten medidas concretas y, eventualmente, terminar en los tribunales europeos.

La Unión Europea enmendó su directiva sobre seguridad nuclear en 2014 tras haber efectuado pruebas de estrés en los países, a raíz del accidente Nuclear de Fukushima y para cumplir con las exigencias de organismos internacionales, y los países debían introducir los cambios en su legislación a más tardar en agosto de 2017.

Estas normas reforzaron la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, obligan a hacer una reevaluación de la seguridad de todas las plantas nucleares al menos una vez cada diez años, refuerzan el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos y permiten a unos Estados evaluar lo que hacen otros.

Además de España y Polonia, la Comisión ya había abierto en diciembre un procedimiento de infracción a Bélgica por este motivo, pero las medidas notificadas por el país para implementar las normas europeas no cumplen con las exigencias de Bruselas.

Por este motivo, la CE ha dado este jueves un paso más en el procedimiento pidiéndole nuevas medidas en un máximo de dos meses o la llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Fuente: publico.es

 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha activado el proceso de cierre del parque nuclear

Lo hizo en su primera comparecencia en el Congreso, al confirmar que su hoja de ruta consiste en mantener como referencia la vida tecnológica útil de las centrales, que es de 40 años. El RIP final -teórico- debería tener lugar en 2027 en  Trillo (Guadalajara), aunque es posible que para no solapar procesos, los cierres se extiendan más allá de 2030.

El apagón nuclear se enfrenta, entre otros, a dos problemas serios: la incertidumbre sobre la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Guadalajara) y la ausencia de un Plan de Gestión de Residuos que sustituya al vigente, que tiene una antigüedad de 12 años y que le ha costado a España la apertura de un expediente de infracción por parte de Bruselas.

La ausencia de algo tan básico como un lugar para almacenar residuos peligrosos es lo que ha llevado a Ribera a matizar que el apagón puede ir más allá de 2030; porque habrá que estudiar múltiples factores de cada instalación, como el coste financiero, las necesidades técnicas y de ingeniería o la gestión de los desechos.

Tras el cambio de Gobierno, pocos creen que el ATC de Cuenca pueda llegar a buen fin. Ni entre las empresas, ni entre los “sabios” que han preparado los planes de transición energética hay quien crea que el ATC pueda estar construido en 2024. En el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en la empresa pública de residuos Enresa los trámites administrativos en torno al ATC siguen por inercia. “Nadie nos ha indicado lo contrario” sostienen fuentes del organismo que preside Fernando Marti.

El nuevo Gobierno ‘se come’ su primer laudo contra España por los recortes renovables

Gracias PP, gracias Soria

El Ciadi del Banco Mundial da la razón al fondo de inversión Antin, que reclamaba 238 millones por sus plantas termosolares. Cuarto fallo contra España por los recortes de primas

l nuevo equipo del Ministerio de Transición Ecológica acaba de recibir la bienvenida del Ciadi del Banco Mundial, el organismo en el que se dirimen la mayoría de reclamaciones contra España por los recortes a las renovables. Según fuentes del sector, el Ciadi acaba de dictar otro laudo contra España, esta vez a favor del fondo de inversión Antin, que compró en España dos plantas termosolares y reclamaba 238 millones de euros por los recortes de primas aprobados por el Ejecutivo del PP. Sin embargo, no recibirá el total de la cuantía sino 112 millones. España ya ha perdido cuatro de estos arbitrajes que suman 357 millones de euros después de ganar los dos primeros. El problema pasa ahora por ver cómo se ejecutan los fallos, pues España se escuda en que la Justcia europea no reconoce este tipo de arbitrajes.

España ya ha visto solventados seis arbitrajes internacionales de los más de 40 que plantearon inversores internacionales contra los sucesivos recortes de primas a las renovables. Los dos primeros, planteados por Isolux, fueron a favor de España. Pero, después, los fondos Eiser, Novaenergía y Masdar (propiedad del emirato de Abu Dabi) ganaron su reclamación. Antes del de Antin, los laudos contra España sumaban 245,8 millones de euros en indemnizaciones. Los fondos se escudaban en la Carta de la Energía, un tratado internacional de los años noventa que garantiza las inversiones internacionales en esta materia. Los inversores nacionales perdieron en los tribunales españoles, pero unos 40 extranjeros acudieron a estos arbitrajes, principalmente en el Ciadi, pero también en la Cámara de Comercio de Estocolmo y en Uncitral. Allí reclamaban unos 7.500 millones de euros.

[Consulte aquí todas las reclamaciones contra España y su cuantía]

El de Antin es otro varapalo contra España. Fuentes del sector explican que el laudo acaba de ser notificado pero se mantiene confidencial. España está defendida por la Abogacía del Estado, que el lunes no quiso hacer comentarios. El fondo está representado por Allen Overy, el despacho que más casos lleva, que tampoco quiso dar su versión. El laudo es unánime, lo que tiene importancia porque uno de los tres árbitros es designado por España.

Inicialmente, Antin reclamaba 238 millones aunque rebajó la petición a 218 millones. El tribunal les otorga 112 millones, porque considera que los recortes anteriores a 2014 (límite de horas, restricciones en el uso del gas y otros recortes) no son sustanciales y sí compatibles con el Tratado de la Energía. También acepta el impuesto del 7% a la producción eléctrica.

España ya ha perdido cuatro de estos arbitrajes que suman 357 millones después de ganar los dos primeros

El tribunal condena a España a pagar el 60% de las costas del tribunal (unos 600.000 euros) más el 60% de la defensa de los demandantes, unos 2,5 millones de libras (unos 2,8 millones de euros). Las cifras además se actualizan con suculentos intereses. El conflicto de los abritrajes ha generado una industria de abogados, peritos, consultores…

Antin, un fondo de inversión con intereses en el sector energético, reclamó contra España mediante Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energia Termosolar BV, en Holanda. La mayoría de los fondos, pero también empresas españolas como Abengoa o Isolux, usaron estos países para realizar sus inversiones y aprovechar su baja tributación. En 2011, Antin compró a ACS dos plantas termosolares en Granada, Andasol 1 y 2, y las acaba de vender a otro fondo, Cubico.

La Justicia sueca ya ha suspendido la ejecución del laudo de Novaenergía siguiendo la directriz del tribunal de la UE

Antin reclamaba 238 millones, siendo el quinto inversor que más dinero pedía a España por los sucesivos recortes a las renovables. Fuentes del sector señalan que el Ciadi ha obligado a indemnizarlo con unos 100 millones de euros. Lo normal es que los árbitros no den toda la reclamación, ya que ha habido distintas reformas. En general, están avalando el impuesto a la generación eléctrica del 7%, al considerar que no es discriminatorio, pero sí anulan los recortes de primas aprobados por el Gobierno del PP, al considerar que fueron un cambio de reglas de juego que minó la “confianza legítima” del inversor.

Las primas a las renovables se desbocaron con la apuesta de Zapatero por ellas, y solo en 2014 los consumidores pagaron 6.500 millones en primas.

Primero el PSOE y después del PP realizaron sucesivas reformas para rebajar esa factura, pero los inversores internacionales denunciaron que habían invertido en España con una retribución garantizada y no se podía cambiar. El malestar y la mala imagen internacional de España fueron generales en el sector. “Ni en Bangladesh me han tratado tan mal”, le dijo un inversor internacional a un responsable de la época.

España se ha intentado escudar en la Justicia europea para no ejecutar los laudos. El tribunal de la UE anuló arbitrajes como estos entre inversores de estados de la UE. Sin embargo, el Ciadi y la Cámara de Comercio de Estocolmo (los foros en los que se dirimen estas disputas) están manteniendo que son competentes para ver si España ha inclumplido o no el Tratado de la Energía. Por su parte, la Justicia ordinaria europea depende del tribunal de la UE y Suecia ya ha suspendido la ejecución del laudo de Novaenergía. El conflicto internacional va creciendo.

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El peor ministro de la historia de España para los ciudadanos y ciudadanas de a pie

Jose Manuel Soria un Ministro de Industria, Energia y Turismo para no olvidar

Fuente: elconfidencial

Stop Uranio vuelve a gritar ‘No a la Mina’ en un acto convocado por Berkeley en Salamanca

Decenas de personas se manifestaron a las puertas del Colegio Arzobispo Fonseca para protestar por el proyecto de la mina de uranio en Salamanca.

Stop Uranio se ha concentrado este 13 de junio a las puertas del Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca para “informar a las personas que acudieron a la celebración de Berkeley Minera que no hay nada por lo que felicitarse, ni por el futuro de la comarca del Campo Charo si finalmente se construyen las instalaciones previstas, ni por el porvenir de las inversiones que pueda captar la multinacional australiana ante la creciente oposición de España y Portugal a un proyecto tan controvertido”.

Así lo señalaron en este acto, en el que lanzaron gritos y consignas en contra de la empresa y de la construcción de la mina. No en vano, Berkeley celebró un “vino” por “su salida a la Bolsa principal de Londres, y próximamente a la española, cuando el Congreso de Diputados pide la paralización del proyecto de Retortillo”.

Respecto a esto último, Stop Uranio ha puesto de relieve que “la Comisión de Energía del Congreso ha aprobado por unanimidad” un documento en el que “el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a paralizar el proyecto de construir una mina de uranio en Retortillo”.

Fuente:  tribunasalamanca.com