La barata energia nuclear: España paga 50 millones a Reino Unido para que se quede el plutonio de Garoña

España firmó hace 14 años un acuerdo con las autoridades británicas para evitar el regreso de la basura nuclear.

La capacidad de almacenamiento de las instalaciones nucleares es muy limitada, a la espera de que se construya el ATC.

La central nuclear de Santa María de Garoña ya es historia. El Gobierno anunció su cierre definitivo el 1 de agosto. Pero las centrales pasan y sus residuos permanecen. Sobre los generados en Garoña, el Gobierno ha tomado una decisión: transferir la titularidad del plutonio generado en el tratamiento de la basura nuclear de la central burgalesa a la empresa pública británica International Nuclear Services (INS), heredera de la antigua British Nuclear Fuels(BNFL).

El Ejecutivo español alcanzó un acuerdo con BNFL hace 14 años para evitar la vuelta de los residuos reprocesados de Garoña a cambio de 34,5 millones de euros. Ahora ha dado un paso más, con un coste “en el ejercicio 2017” de 50,4 millones de euros, según detalla la memoria de la empresa pública Enresa.

Ni la empresa pública que gestiona los residuos, ni la sociedad propietaria de la central nuclear, Nuclenor (50% de Endesa y 50% de Iberdrola), han dado detalles de la operación. Nuclenor se limitó a señalar que las cláusulas del contrato están sujetas a confidencialidad.

Un hecho destacado

La operación ha quedado reflejada en una mención del presidente de Enresa, Juan José Zaballa, en el informe de la compañía de 2016. Zaballa califica de “destacado” el hecho de que el Ministerio de Energía haya refrendado la transferencia de la titularidad del plutonio a la británica INS.

Físicamente, el sensible material siempre estuvo en Reino Unido. La central de Garoña envió entre 1971 y 1983 casi 100 toneladas de combustible nuclear gastado (uranio) para su reprocesamiento. El problema está en el resultado de ese proceso, el plutonio, un residuo muy peligroso por su larga vida y posible uso militar. El plutonio, en principio, no estaba incluido en el acuerdo entre España y Reino Unido.

Si las 100 toneladas de uranio no podían volver en 2004 por falta de instalaciones de almacenamiento, menos aún un derivado más peligroso. España no puede gestionarlos. Por eso los ha enviado a otros países como también han hecho Japón, Alemania o Italia. Según explica el sexto Plan General de Residuos Radiactivos, hay residuos almacenados de la central Vandellós I en Francia y de Garoña en Reino Unido.

El plan recoge que los compromisos contractuales con Francia “contemplan que deben volver a España entre los años 2010 y 2015”, mientras que en el caso de Reino Unido los contratos cubrían hasta el año 2011 para el uranio y sólo hasta 2008 para el plutonio. Los contratos con la empresa estatal francesa Areva, por importe de 194 millones de euros, fueron modificados para extender los plazos.

Fuentes del Ministerio de Energía confirman que Enresa, en uso de sus competencias, tomó la decisión de negociar y modificar el contrato con la empresa pública británica para solucionar el problema de la posible devolución de material altamente radiactivo. El Ministerio respaldó la decisión de Enresa-Nuclenor en la etapa en la que Alberto Nadal estaba al frente de la Secretaría de Estado de Energía, señalan las mismas fuentes.

Un problema menos

Con la transferencia, Endesa e Iberdrola (Nuclenor) se quitan un problema de encima. Si desmantelar una central nuclear es un proceso lento y costoso, que en el caso de Garoña puede durar hasta 16 años, gestionar los residuos de miles de toneladas puede ser una pesadilla. El ejemplo más cercano -y único- de proceso de cierre de una nuclear completa es la de Zorita (Guadalajara), que comenzó a ser desmontada en 2006 y será clausurada, si nada se tuerce, en 2019.

En España, hay poca capacidad de almacenamiento. El polémico Almacén Temporal Centralizado (ATC) todavía está en trámites. Los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. Pero rebosan. Gestionar ese material ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones.

Esa cifra, que el informe contempla desde 2010 supone un 30% de exceso sobre lo contemplado en el plan de residuos que está vigente. En el Plan Nacional de residuos, aprobado en junio de 2006, el coste total de la gestión integral de todo el proceso de gestión de residuos, hasta su almacenamiento final, es de 13.000 millones de euros (valor 2006) y hasta el año 2070.

Mientras se parchea el problema, las piscinas están ocupadas en casi un 89% de media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40% (ver gráfico).

Fuente:  lainformacion.com

 

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Madrid, (y las ciudades) sumideros de energía del resto de España

“Si España fuera un donut, Madrid no existiría”. ‘Galicia calidade’, Mártires del compás.

En Strambotic ya sabemos que existe una relación inequívoca y lineal entre las puertas giratorias y esa factura de la luz que usted está pagando al doble que el año pasado. Gracias a este mapa ahora también sabemos lo que ya sospechábamos: Madrid y, en menor medida, Barcelona, son dos gigantescos “agujeros negros” de la electricidad que se produce en el resto del territorio español, con especial querencia de Madrid por Galicia y de Barcelona por su vecina Tarragona, donde se ubican no una ni dos, sino tres centrales nucleares.

Elaborado a partir de datos de Red Eléctrica Española. Gracias a Álvaro Gómez Vieites por el chivatazo.

 

Fuente: PUBLICO.ES

Los inspectores del CSN critican que Enresa aporte datos contradictorios sobre los terrenos del almacén nuclear


Enresa reenvía al regulador estudios subcontratados “sin cuestionar o matizar su calidad técnica”; en unos documentos “opta por una conclusión y en otros por otra distinta, sin disponer de una valoración final integrada y justificada”

Tras una inspección, los técnicos dicen que la empresa estatal prefiere desechar estudios recientes para defender que la caracterización de los terrenos que aportó en mayo de 2015 sigue siendo válida

También se descartan datos que no tienen “la calidad adecuada”, según Enresa, sin informar al CSN, “lo que ha supuesto una pérdida de tiempo y un trabajo innecesario” para los inspectores

Casi seis años después, sigue el culebrón sobre la calidad de los terrenos de Villar de Cañas (Cuenca) en los que el Gobierno quiere construir el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad.

Cinco inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han dejado constancia de “dudas sobre las explicaciones aportadas” por Enresa sobre algunos sondeos de humedad en la zona nuclear del emplazamiento; “comportamientos anómalos” que Enresa “no puede aclarar” en los datos recogidos por algunos piezómetros (aparatos para medir los cambios de presión en el subsuelo); “baja fiabilidad de los nuevos ensayos realizados”; informes que se omiten sin explicación previa; “evidencias” que se descartan en favor de la teoría y, en suma, críticas a la inconsistencia de parte de la información aportada por la empresa estatal que debe construir el ATC.

Durante la visita de cinco inspectores del CSN al emplazamiento, los pasados 10 y 11 de mayo, Enresa defendió que los estudios realizados en los últimos años sobre el terreno “no modifican las bases de diseño” de la instalación “ni la caracterización del emplazamiento” que aportó en mayo de 2015, dos meses de que el pleno del CSN otorgara su autorización previa al ATC. “Sin embargo, la inspección constató que, de los trabajos de campo complementarios acabados en 2016, no todos sus resultados habían sido considerados en las conclusiones de Enresa”.

“Así, no se han incluido datos de piezometría” con posterioridad a marzo de 2016 “y no se han considerado válidos la mayoría de resultados de ensayos hidráulicos realizados en 2016; tampoco se ha aclarado cómo se han considerado los nuevos resultados de hinchamiento” del subsuelo “en algunas muestras que aportan valores significativamente más altos que la media”, dicen los inspectores.

El acta critica que Enresa acepte informes de sus subcontratas y los reenvíe al CSN “sin cuestionar o matizar su calidad técnica. Esto ha dado lugar a recibir en el CSN documentos aportados por Enresa con conclusiones sobre la misma materia, sin clarificar cuál resulta válido para Enresa, o bien con información luego considerada no válida por Enresa y sin indicación al respecto en el documento remitido, lo que origina un trabajo de revisión innecesario”.

En el caso de los ensayos hidrogeológicos, Enresa ha desechado estudios por considerar que “no tenían la calidad adecuada” sin informar al regulador: “La Inspección destacó que la invalidez de estos datos no estaba documentada en los informes aportados por Enresa, y que tampoco se había comunicado al CSN esta situación, lo que ha supuesto una pérdida de tiempo y un trabajo innecesario”.

Enresa lleva enterrados millones de euros en estudios de los suelos de Villar de Cañas. En enero de 2013, un informe “sugería la existencia de cavidades en el subsuelo” y la posibilidad de un “colapso” de los terrenos. Ahora Enresa lo descarta. Asegura que tiene “más información sobre la materia” y “no se han identificado estructuras en las trincheras que justifiquen posibles colapsos ni flexiones en las rocas, ni tampoco se han encontrado huecos o karstificaciones”.

Sin embargo, la inspección preguntó “sobre la consideración a otorgar a documentos oficiales remitidos por Enresa al CSN y cuyas conclusiones, como es el caso de la génesis de las zonas endorreicas en el emplazamiento”, ahora la empresa estatal no asume. “Se da la circunstancia de contar en el CSN con documentos aportados por Enresa, en unos de los cuales se opta por una conclusión y en otros por otra distinta sobre la misma materia, sin disponer de una valoración final integrada y justificada por parte de Enresa, o de una revisión del documento original que corresponda y en la que los autores maticen sus conclusiones con arreglo a la nueva información disponible”.

Enresa también descarta ahora “ninguna afección a la estabilidad del terreno” porque “los procesos derivados de la interacción agua-roca en la zona del ATC están en equilibrio con el agua que la atraviesa” y “los procesos de disolución-precipitación observados no afectan a la seguridad del emplazamiento”.

Los inspectores destacaron que esas conclusiones “responden al equilibrio de la situación actual en el emplazamiento” y recordaron que la zona “está en contacto con unos materiales con alta capacidad para ser disueltos”, como una vaguada al este de la zona nuclear “donde hay una evidente pérdida de masa no cuantificada en los estudios realizados por Enresa”.

Teoría frente a evidencias

El acta destacaa que Enresa prefiere en ocasiones los modelos teóricos a las “evidencias”. En los estudios sobre el nivel freático del acuífero que surca el emplazamiento, “parámetro esencial para la correcta caracterización del mismo por las implicaciones que tiene en el proyecto”, esta cuestión “es resuelta por Endesa adoptando una cota teórica de nivel, en la superficie topográfica, que resulta incoherente con las evidencias registradas en los trabajos de campo documentados por el titular”, dice el acta.

Lo mismo ocurre para el cálculo del espesor de la capa activa del subsuelo, fundamental para medir la expansividad de las arcillas subterráneas. Basarse sólo en métodos teóricos, como pretende Enresa, “podría resultar poco realista para su aplicación práctica y genérica al proyecto, especialmente en el caso de las cimentaciones de los distintos edificios”, avisa la inspección.

Respecto al grado de utilidad del modelo hidrogeológico numérico actual, los inspectores observaron que “todavía no resulta suficientemente robusto para permitir hacer predicciones” porque hay “aspectos clave que no han sido cubiertos en su totalidad”. “A la vista de la situación actual, no pueden considerarse suficientemente justificadas las predicciones realizadas con los modelos 2D/3D”, dicen. Enresa contestó “que analizaría la necesidad de realizar nuevos sondeos y nuevas campañas de obtención de datos hidráulicos”, cosa que hizo en julio pasado al encargar  nuevos estudios.

El acta refleja que a la fecha de la inspección, se había incumplido una de las condiciones que impuso el CSN en su autorización previa, la obligación de “disponer de un cuaderno de obra, en el que se reflejen las actividades diarias asociadas a la ejecución de actividades autorizadas. Enresa manifestó que no había abierto cuaderno de obra alguno”.

Tampoco se ha planificado la instalación de estaciones de aforo en el río Záncara, cercano al emplazamiento, “ya que no se han obtenido los permisos de obra necesarios de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La Inspección destacó que estas estaciones pueden resultar de gran utilidad en la calibración del modelo hidrogeológico, al aportar información básica para la estimación del balance de entradas y salidas de agua en el sistema”.

La empresa estatal, que ha rechazado comentar este asunto, trató de rebatir las críticas de los técnicos con un amplio escrito de catorce páginas remitido en julio. Los inspectores rechazaron la mayoría de sus comentarios. El ATC está pendiente de la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, que según los críticos con el proyecto es “inminente”. Posteriormente, el CSN deberá otorgarle la autorización de construcción.

Fuente: eldiario.es

Terremotos, inundaciones en los terrenos del ATC en Cuenca

Una inspección en Garoña halla un vertido de cesio

El material radiactivo fue localizado el 20 de junio bajo unos contenedores que no habían sido movidos desde 2009
Pudo haberse producido “hace muchos años”

Nada hacía suponer que la retirada de tres contenedores de hormigón emplazados desde 2009 junto al almacén temporal de bidones y residuos destaparía una huella sospechosa en el suelo. Apenas era una superficie de dos metros cuadrados en un suelo “irregular”, pero el rastro advertido por el inspector del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que este pasado mes de junio cursaba la inspección habitual impuso la necesidad de hacer una cata sobre el terreno: era cesio-137, un material radiactivo que, según queda reflejado en la última acta del organismo regulador, podría haber sido derramado hace varios años.

Ninguna de las periódicas rondas y pases de revista de las instalaciones pudo comprobar en este tiempo la existencia de este vertido y sus posibles consecuencias. De hecho, no hay nada claro sobre los restos hallados. El documento oficial levantado por el inspector detalla que una vez confirmada la presencia de cesio-137, primero con contaminómetros portátiles y luego con el correspondiente análisis por espectometría, procedió a revisar los resultados de la vigilancia radiológica del emplazamiento correspondientes a 2009.

Fue entonces cuando comprobó que ese año fue detectada “actividad en tres puntos” cerca del lugar donde el pasado 20 de junio saltaron las alarmas. En aquel entonces tampoco fue posible acceder a esa zona al encontrarse ya “cubierto por los contenedores de hormigón” movidos hace unos meses. No obstante, esta última acta de inspección aclara que “aunque cercanos al punto detectado actualmente, no es posible establecer que los puntos detectados en el año 2009 tuviesen el mismo origen”. En cualquier caso, tal y como aparece escrito en el informe, el rastro de contaminación no podía proceder de esos contenedores de hormigón situados encima, sin tocar el suelo directamente.

Sin constancia documental “Aparentemente -describe el inspector- se trata del rastro dejado por un incidente de derrame de residuo producido hace muchos años del que no queda constancia documental, antes de que los contenedores de hormigón se colocaran encima del lugar. Su magnitud tuvo que ser reducida, a juzgar por la superficie contaminada, aunque la presencia de contaminación fija indica que el derrame o filtración no se detectó en su momento o no se descontaminó adecuadamente”. En 2009, el informe atribuyó la actividad radiactiva de ese punto a la “resuspensión de contaminación que se ha depositado en el suelo”.

Asimismo, deja constancia de las acciones correctoras acometidas para la eliminación de la contaminación. “Se escarificaron [agujerearon] unos cinco centímetros de profundidad de asfalto” y “la verificación posterior” arrojó unos valores dentro de los permitidos. Esta vez, en 2017, también se siguió el protocolo previsto: “Se optó por escariar [perforar] unos cinco centímetros del asfalto buscando dónde cesaba la contaminación; llegaron a extraerse unos dos bidones de tierra. Se han rellenado los huecos con tierra y se ha asfaltado encima”, ilustra el acta del inspector del CSN.

El diputado de Unidos-Podemos por Araba, Juantxo López de Uralde, señaló que el cesio es un elemento radiactivo “muy peligroso” y que el CSN alegó en su momento “que el material radiactivo encontrado estaba confinado y sin ningún tipo de salida al exterior”. De hecho, en junio pasado, la formación ecologista Equo de la que es portavoz, presentó una pregunta parlamentaria al Gobierno español para saber si tenía conocimiento de este suceso debido a que, al parecer, no había sido notificado al consejo regulador.

Según Uralde, el CSN contestó que lo tenía todo “bajo control” cuando, a su juicio, el tema estaba bastante oculto: “Esta actuación pone de manifiesto la situación de abandono y dejadez” que rodea a Garoña y que, una vez decidido el cierre de la central nuclear ubicada a pocos kilómetros de la geografía vasca, la situación puede revertir en una relajación de las políticas de seguridad, algo que tildó de “peligroso”.

Fuente: Deia.com

Más info: Garoña mala praxis y desinformación

Nuevo vertido en menos de 3 meses

1989: 60.00 litros de agua radiactiva al Ebro

Vertidos varios

Los residuos radioactivos alargarán casi dos décadas el cierre de la central nuclear de Garoña

 

Enresa autorizó trasladar junto a la central 2.240 toneladas que están en la piscina del complejo

La central nuclear de Garoña requerirá de un largo proceso de desmantelamiento que se alargará por un periodo cercano a los 20 años y en el que una de las claves residirá en la solución que se adopte sobre el destino de las miles de toneladas de residuos radioactivos que ha estado consumiendo la planta desde que se puso en marcha el 2 de marzo de 1971, Después de 40 años y 10 meses de actividad -Nuclenor paralizó la actividad en diciembre de 2012- no está claro cuál es la cantidad exacta de los residuos del combustible de uranio que prácticamente llena la piscina interior en la que se encuentra almacenada. Según los datos recogidos por Enresa, Garoña almacenaba 947 metros cúbicos de residuos de baja y media actividad en 2005 y un total de 311 toneladas de uranio que ya entonces ocupaban el 79% de la capacidad de almacenamiento de la piscina. Ante las dificultades para gestionar esta enorme cantidad de estos dos tipos de residuos y los retrasos para activar un cementerio nuclear en España, Nuclenor consiguió la autorización para construir Almacén Temporal Individualizado (ATI) que aún no está finalizado y que tendría una capacidad de almacenamiento de 2.240 toneladas de material radioactivo.

La central de Santa María de Garoña no volverá a producir energía eléctrica pero el cierre definitivo de la central y su desmantelamiento se alargarán durante dos décadas sin que a día de hoy quede claro cómo se gestionarán las miles de toneladas de elementos radioactivos de esta instalación. La gestión de este material cuenta con una normativa muy definida pero la realidad dista mucho de lo recogido en los manuales. Nuclenor, que a día de ayer aún esperaba una comunicación oficial del Gobierno central para posicionarse, es la encargada ahora de trasladar el combustible de uranio que ha utilizado durante cuarenta años desde la piscina hasta un ATI que, según informó ayer Elconfidencial.es aún no se encuentra terminado pese a que la previsión para su puesta en marcha era el pasado mes de marzo. Este almacenamiento en superficie cuenta con una capacidad de unas 2.240 toneladas aunque los datos oficiales de Enresa que forman parte de su sexto plan de residuos radioactivos publicado en 2006 tampoco aclara la cantidad exacta del material más peligroso que se encuentra en el interior de esta instalación nuclear.

La normativa establece que tras vaciar la piscina y con el combustible ya en el ATI se procederá a su traslado al denominado ‘cementerio nuclear’ español o Almacén Temporal Centralizado que el Gobierno pretende poner en marcha en la localidad de Villar de Cañas pero que ha sido objeto de un enfrentamiento institucional con el Gobierno de Castilla La Mancha que se trasladó hasta el Tribunal Supremo.

Enresa tendrá que decidir si el complicadísimo proceso de gestión de los residuos más contaminantes paraliza o no la realización de un primer informe en el que, con la colaboración de Nuclenor, tendrá que catalogarse el grado de radioactividad de toda la instalación ya que elementos fundamentales como el núcleo del reactor también deberán ser objeto de un tratamiento específico muy distinto al del resto de la central. El informe formará parte de un estudio básico sobre el desmantelamiento que ya dará pie a la elaboración de un plan de desmantelamiento que necesitará de informes específicos por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y de un estudio de impacto medioambiental.

De esta manera, como ayer reconoció el cooportavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, el periodo para proceder al desmantelamiento de la central se extenderá durante unos 20 años. La referencia más próxima al lento proceso que vivirá Garoña es el desmantelamiento de la central José Cabrera situada en Almonacid de Zorita (Guadalajara) que cesó en su actividad en 2006 y que tiene previsto que culmine su proceso de desmantelamiento en 2019. Uralde advirtió que su formación estará muy atenta al proceso en la central burgalesa al tratarse de material «altamente peligroso» pero se felicitó porque el cierre de Garoña signica «el principio del fin de las nucleares en España».

Fuente: elmundo

Garoña cierra ¿y ahora que? Experiencia de otros municipios con centrales cerradas

Localidades del burgalés Valle de Tobalina miran el turismo como una de las alternativas de desarrollo de la zona tras el anuncio de cierre de Garoña, una situación que han tenido que afrontar anteriormente otros municipios con nucleares: Almonacid de Zorita (Guadalajara) y Vandellós (Taragona).

Catorce son los municipios de este valle de Castilla y León que buscan ahora revitalizar su economía tras la clausura de la central, aunque el área de influencia de la actividad de Garoña abarque también localidades del País Vasco, La Rioja y Cantabria al encontrarse algunas de ellas a menos de 80 kilómetros de la instalación. .

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció este martes un plan de reactivación para las localidades afectadas, sin detallarlo.

Y aunque la actividad de la central creó puestos de trabajo directos o por subcontratas, tampoco significó una solución a la despoblación para muchos de ellos.

Así, la alcaldesa de Trespaderne, Ana Isabel López, prefiere ver el cierre de Garoña como “una oportunidad” para el entorno, mientras otros regidores ponen ahora su vista en el desarrollo del turismo y el sector hortofrutícola como alternativa a su economía.

En España dos instalaciones, la José Cabrera, más conocida como Zorita, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), y la de Vandellós I (Tarragona), se encuentran en el proceso de cierre con experiencias muy distintas.

Zorita, abierta en 1968 y cuyo desmantelamiento se inició en 2006, ha sufrido el despoblamiento y envejecimiento de la población, según ha explicado a la Agencia Efe su alcaldesa Elena Gordón Altares.

Además, la población de la localidad “está desanimada” ante la falta de salidas económicas para la zona, ha asegurado la regidora, quien trabaja junto a otros 200 trabajadores aproximadamente en el desmantelamiento de las instalaciones.

En su día, el Gobierno anunció el desarrollo de un plan de compensación al cierre de la planta, sin embargo, “nadie nos resuelve problemas como el mal acondicionamiento de las carreteras”, factor que ha alejado a los inversores, ha aseverado la alcaldesa de los 750 habitantes de Almonacid de Zorita.

“Nadie nos hace caso, es la pescadilla que se muerde la cola”, ha asegurado Gordón, a pesar de haber puesto en marcha proyectos como un vivero de empresas, el desarrollo del turismo, la construcción de un camping, “pero los emprendedores no vienen por el estado de la vía”.

La central “no hizo daño a la zona, hemos vivido tranquilos durante su funcionamiento”, ha manifestado la alcaldesa, quien ha añadido que “poca gente en el pueblo dirá que estaba a disgusto” con la nuclear, porque “estamos perfectamente informados”.

“Es más el miedo de la gente de fuera, que los que vivimos en primera persona”, ha indicado.

Muy diferente es la situación de la localidad de Vandellós (Tarragona), según ha explicado a Efe su alcalde, Alfonso García, quien ha aclarado que hay dos factores distintos que influyeron en el cierre de esa central.

El primero, el accidente que se produjo en 1989, el más relevante ocurrido en España, y el segundo el proceso sociopolítico de la localidad de 6.200 habitantes.

Ha manifestado, además, que el cierre de Vandellós I coincidió con la apertura de Vandellós II -de mayor potencia-, lo que facilitó que un buen número de trabajadores pasaran a las nuevas instalaciones, mientras otros se acogían a la jubilación anticipada.

Asimismo ayudó, según García, la ubicación geográfica de la localidad cercana al litoral, lo que facilitó que otras personas se vincularan a actividades relacionadas con el turismo o con un polígono industrial cercano.

En el proceso de desmantelamiento “hay picos de trabajo”, ha dicho el alcalde, en los que se necesita “potenciar la formación de las personas para diversificar la economía local”.

“La energía nuclear es de transición”, ha sostenido García, por ello hace falta un plan de desarrollo con “recursos endógenos y exógenos” para la creación de alternativas, la planificación y diversificación, y que el territorio no empobrezca.

El gerente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), Mariano Vila d’Abadal, ha manifestado a Efe que con el anuncio del cierre de Garoña “nos tememos lo peor”.

“Han dicho que van a mantener unas ayudas que existen y han existido desde 1990, que son compensaciones a los municipios por tener residuos de las nucleares, pero no son fondos por el cierre”, ha asegurado.

Ha anunciado que este viernes AMAC se reunirá con los alcaldes de los municipios del Valle de Tobalina afectados.

Esta mañana, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha dicho tras la reunión del Consejo de Gobierno Foral, que la Diputación Foral mantendrá “pleno contacto” con el Gobierno central sobre el proceso de desmantelamiento de Garoña y para la revitalización de los municipios de la zona.

Ha asegurado que es necesaria la puesta en marcha de un plan de revitalización de la zona afectada por la central.

El político ha añadido que en este plan deben estar presentes los municipios de la zona de Añana, que, ha recordado, quedaron fuera del primer plan de revitalización planteado en el momento de la primera parada de Garoña en 2012.

Ha añadido que el principal problema de la Cuadrilla de Añana es la elevada edad de sus habitantes y que el objetivo primero es “fijar” población en la zona, para lo que es necesario dotarla de servicios.

Fuente: eldiario.es

El Gobierno se rinde y rechaza la prórroga de la central nuclear de Garoña

Razones políticas, y económicas para justificar el cierre definitivo de Garoña.

La realidad: sus múltiples averias y el alto coste de reparación y mantenimiento.

Deja una comarca en coma, envejecida y con la mayor tasa de paro de todo Burgos.

El “contexto político” es el elemento que más ha pesado en la decisión, según el ministro de Energía

La central se ha convertido en un “símbolo”, según Álvaro Nadal, que asegura que “esto no es lo que va a ocurrir con el resto del parque nuclear”: “Espero que no haya más Garoñas”

El Gobierno se ha tenido que envainar su apoyo a la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha anunciado este martes, 1 de agosto, el rechazo del Gobierno a la prórroga de la autorización de explotación de la central nuclear más vieja y pequeña de España, desconectada por decisión de sus propietarias, Endesa e Iberdrola, en diciembre de 2012.

En una comparecencia convocada en la sede del ministerio una semana antes de que se cumpliese el plazo de seis meses para adoptar la decisión tras el dictamen favorable que otorgó en febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el ministro ha señalado que el “contexto político”, el rechazo de todos los grupos salvo el PP a la continuidad de la planta, es el elemento que más ha pesado en la decisión sobre una central, que se había convertido en un “símbolo de discusión política”. 

Sin citarla, Nadal ha recordado que una de las propietarias de Garoña, Iberdrola, quería cerrar la central porque, tras haber pedido la prórroga en 2014, ahora “se desdice” y asegura que no es rentable por los impuestos que soporta el sector nuclear. Según Nadal, la tasa nuclear impuesta a los reactores no va a tocarse: “Se queda como está” porque “está bien calculada”.

Según el ministro, esta decisión no anticipa “lo que va a ocurrir con el resto del parque nuclear”, que el Gobierno es partidario de mantener. “Espero que no haya más Garoñas”, ha señalado el titular de Energía, que ha subrayado que el impacto de la no reapertura de Garoña es “nulo” para los precios de la energía.

En su comparecencia, Nadal ha lamentado la falta de un debate “sosegado” en los últimos meses y ha recordado las “características tan específicas que tiene esta central”, una planta “casi experimental” que es “de las más pequeñas que existen en Europa” y cuya aportación al sistema eléctrico, cuando estaba conectada, “ha sido relativamente pequeña”.

Se trata de una planta de primera generación, gemela de la de Fukushima, que tras la catástrofe de la central nipona requería “fuertes inversiones” que el sector cifra en más de 200 millones de euros para poder volver a conectarse.

La historia no será magnanima con una central de primera generación. Los habitantes de su entorno han sufrido la imposición de una central franquista, con un reactor de 2ª mano y cuyos accidentes se han ocultado.

 

Fuente: eldiario.es

HEMEROTECA

Garoña debería cerrar por problemas de seguridad

Garoña: ejemplo de mala praxis y desinformación

La lista de “incidentes” o accidentes es larga y en los últimos años fué in crescendo

Vertido radioactivo 1 en marzo de 2017 (estando ya parada)

Vertido radioactivo 2 en junio de 2017 (3 meses después)

1989: La rotura de la tuberia de Garoña dejó escapar más de 60.000 litros de agua radioactiva