Existen retrasos e improvisación en el desmantelamiento de Garoña, según Equo

El partido ecologista Equo ha denunciado retrasos e improvisación en el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña (Burgos) y ha criticado la ausencia de un plan de gestión y tratamiento de los residuos.

Desmantelamiento de Garoña

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde ha censurado en un comunicado la lentitud con la que se desarrolla el desmantelamiento de la planta, la improvisación en la toma de decisiones y la posible permanencia en Garoña de los residuos radiactivos durante los ocho a diez años que se alargue el proceso.

La nota recuerda que, según una comunicación oficial de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), el Almacén de Residuos ATI de Garoña ha obtenido la licencia pertinente para albergar el combustible gastado durante los años de operación de la central.

El comunicado añade que, una vez activado el ATI, las barras de combustible que actualmente continúan en la piscina de la central pasarán al almacén, que alojará el combustible en contenedores especiales a cielo abierto.

Residuos radiactivos

López de Uralde ha mostrado su preocupación por el hecho de que residuos radiactivos de elevada peligrosidad se acumulen en la planta burgalesa de forma indefinida, “con grave peligro para la salud de la población y el medio ambiente”.

“Garoña ha cesado su actividad nuclear, pero los residuos siguen y seguirán allí ni se sabe hasta cuándo, así que el riesgo continúa”, ha señalado, lo que “evidencia de nuevo el gravísimo problema de unos residuos que no sabemos qué hacer con ellos”.

Para el diputado, la falta de fondos para emprender los cierres de las nucleares es uno de los principales problemas que debe abordar el Gobierno una vez que se ha asegurado que no se alargará su vida útil.

Y ha denunciado la falta de transparencia del proceso, ya que, “además de que desconocemos qué se va a hacer con los residuos a la larga, tampoco sabemos cómo se va a pagar todo el proceso de desmantelamiento de las nucleares”.

 

Fuente: EFE

Los residuos radiactivos olvidados de la fosa atlántica

Silencio en torno a lo que esconde el fondo de la parte nororiental del océano Atlántico. A 400 kilómetros de la costa gallega y a 200 km de la de Asturias se arrojaron dentro de bidones metálicos toneladas deresiduos radiactivos solidificados con hormigón o betún. Esta basura nuclear que fue lanzada al mar de manera periódica, entre 1949 y 1982, por Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda, Suiza y Suecia. Y, en muchos casos, está olvidada a más de 4.000 metros de profundidad mientras que está sometida a la presión y a la corrosión del mar.

En un proceso oculto y lento, con el trascurso de los años las aguas quedaron afectadas por los vertidos nucleares. Desde 1977 y durante las décadas de los años 80 y 90 se llevaron a cabo inspecciones periódicas para medir los niveles de radiactividad de esta parte del océano. Sin embargo, al no haberse realizado ningún tipo de control reciente, se desconocen los niveles actuales de contaminación nuclear de estas aguas. Si los vertidos siguen alterando la biodiversidad del ecosistema marino, si puede afectar o no al ser humano. Tampoco se sabe nada sobre las circunstancias del origen del problema: No se conoce el estado actualde los bidones que contienen la basura radiactiva.

«El diseño de los paquetes para los desechos vertidos no tenían por objeto garantizar el aislamiento de los radionucleidos (o elementos radiactivos) dentro de los bidones, sino más bien asegurar que se transportaran intactos al fondo marino; posteriormente se esperaba que ocurriera un proceso de dispersión lenta en el agua circundante», explica en uno de sus informes la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), conexa a Naciones Unidas.

Se estima que hay más de 112.000 toneladas de residuos nucleares dentro de 225.586 bidones aislados, según datos publicados en 2010 en un artículo de investigación de la revista científica PLOS ONE. Todo esto que esconde las profundidades de la Fosa Atlántica ha sido clasificado por la OIEA como desechos radiactivos de «baja e intermedia actividad» procedentes de operaciones de plantas de energía nuclear, de ciclos de combustibles nucleares o de la descontaminación y desmantelamiento de plantas.

Pero esta organización descubre un dato más en su informe: «Los grandes componentes de instalaciones nucleares, como los generadores de vapor o los principales circuitos de bombas, se vertieron intactos». Así es el estado en el que se encuentran, también en el Atlántico, seis submarinos nucleares cuya recuperación ha resultado imposible, a excepción del Kursk: el Komsomolets y el K-219 soviéticos, y los estadounidenses Thresher y Scorpion permanecen en el fondo marino. El más cercano a España es el submarino nuclear K-8, localizado a 4.000 metros de profundidad tras el aparatoso incendio que provocó su hundimiento en 1970. Tras este accidente a 490 kilómetros de la costa de La Coruña, dos reactores y una cabeza nuclear quedaron sumergidos mientras que la radiación procedente estimada por la misma organización es de 9250 terabequerelios (TBq), una radiactividad 200 veces menor que la de Chernóbil si se adopta el límite inferior de liberación estimada.

Este no es el único dato sobre los niveles radiactivos de la zona. Desde 1977, los países involucrados en la eliminación de los desechos nucleares, junto con la OIEA, realizaron inspecciones periódicas sobre los vertederos de la fosa atlántica. «En general, estas prospecciones no detectaron ninguna radiactividad asociada con las operaciones de vertido en las muestras de agua, pero en la de 1992 se hallaron concentraciones elevadas de plutonio, lo que indicaba fugas en los bidones», señala la organización en su inventario de material radiactivo.

La radiación existente en la parte nororiental del océano Atlántico se estima que es de 42320,7 TBq, según la base de datos publicada por la OIEA en la que engloban únicamente los relativos a los vertidos nucleares. La contaminación de la zona podría compararse con los niveles de radiactividad que se liberaron tras laexplosión del tanque de almacenamiento de residuos de alto nivel radiactivo de Mayak, el complejo nuclear más grande del mundo, ubicado en Rusia. Según el informe de Greenpeace, en esta zona de los Montes Urales quedaron esparcidos 74.000 TBq de radiactividad, lo que comparado con los niveles registrados, en la parte nororiental del Atlántico habría más de la mitad de radiación de la que se produjo tras esta catástrofe nuclear sobre suelo ruso.

Cada uno de los ocho países vertieron diferentes cantidades de basura nuclear con una actividad nuclear diferente, por lo que los niveles de radiación que provocaron sobre las aguas fueron diferentes con independencia a las toneladas arrojadas.

Silencio y desconocimiento de las autoridades españolas

En España los residuos de baja y media actividad, también llamados de vida corta y media, son aquellos cuyos principales radionucleidos (o elementos radiactivos) tienen un «periodo de semi-desintegración inferior a 30 años», tal y como está clasificado por la Convención Conjunta sobre la Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad de Residuos Radiactivos. Sin embargo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) apunta que «su radiactividad dentro de algunos cientos de años habrá decaído y podría ser comparable a los niveles de la radiactividad natural existente en la superficie de la tierra».

A pesar de ser una zona de altamar sobre la que no legisla ninguna nación, por cercanía al litoral gallego y asturiano, España debería ser el país más preocupado por la situación. Sin embargo, los organismos consultados de nivel estatal no se posicionan ni ofrecen información al respecto.

La Subdirección general de Energía nuclear del Ministerio para la Transición Ecológica señala al Consejo de Seguridad Nuclear al ser un «organismo independiente y con competencias en materia de seguridad nuclear», mientras que de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar no ofrecen respuesta. Desde Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), dependiente del Ministerio citado anteriormente, tampoco se pronuncian. El Instituto Español de Oceanografía (IEO), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tampoco respondió las preguntas de ABC al considerar este asunto competencia del CSN. Y el Consejo de Seguridad Nuclear dice que este tema «está bajo competencia del Ministerio para la Transición Ecológica».

Aunque la Organización Internacional de Energía Atómica sea un organismo de Naciones Unidas, la potestad sobre las aguas internacionales, como las de la Fosa Atlántica, recae sobre la Organización Internacional para las Naciones Unidas (ONU): «La vigilancia sobre los vertidos no forma parte de nuestro mandato, tampoco realizamos controles relacionados con los desechos radiactivos pero podemos ayudar a los Estados Miembros por encargo», responde un portavoz de la OIEA.

Sin embargo, el Gobierno de España no cree que sea necesario controlar los vertidos nucleares de la zona aunque se desconozca el estado actual de los mismos. De esta manera quedó reflejado en una de las respuestas de la Comisión Europea ante las preguntas del eurodiputado José Blanco referentes a los vertidos nucleares de la fosa atlántica: «Las autoridades españolas no han planteado a la Comisión la necesidad de tales estudios».

El vacío legislativo de las aguas internacionales

Que no hubiera ningún tipo de legislación internacional común sobre las aguas internacionales hasta el Convenio de Londres de 1993 explica la libertad con la que ciertos países actuaron en altamar, contaminando con desechos u otros materiales radiactivos. «Venimos de una cultura en la que hasta hace bien poco se pensaba que el mar era inmenso, que todo lo depuraba y podía absorber», explica Eneko Aierbe Sarasola, coordinador del Área Marina de Ecologistas en Acción. «Pensábamos que nosotros éramos muy pequeños y no le podíamos hacer nada al océano, pero las investigaciones han demostrado que esto no es así».

El mes que viene la situación puede empezar a cambiar. En septiembre se inicia la primera ronda de negociaciones para la creación de la Constitución de los Océanos. «El hecho de que Naciones Unidas esté intentando proteger las aguas internacionales de todos los océanos es un indicador de que cada vez miramos más al mar», afirma Pilar Marcos, coordinadora del Área de Biodiversidad de Greenpeace España. High Seas Alliance, una asociación compuesta por más de 37 organizaciones no gubernamentales, explica en un comunicado que, de aprobarse este tratado multilateral, las aguas internacionales quedarían legalmente protegidas y las actividades sobre las mismas reguladas. Se desarrollará en cuatro sesiones y su finalización tendrá lugar en la primera mitad del año 2020. Hasta entonces solo queda esperar.

Fuente: ABC

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha activado el proceso de cierre del parque nuclear

Lo hizo en su primera comparecencia en el Congreso, al confirmar que su hoja de ruta consiste en mantener como referencia la vida tecnológica útil de las centrales, que es de 40 años. El RIP final -teórico- debería tener lugar en 2027 en  Trillo (Guadalajara), aunque es posible que para no solapar procesos, los cierres se extiendan más allá de 2030.

El apagón nuclear se enfrenta, entre otros, a dos problemas serios: la incertidumbre sobre la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Guadalajara) y la ausencia de un Plan de Gestión de Residuos que sustituya al vigente, que tiene una antigüedad de 12 años y que le ha costado a España la apertura de un expediente de infracción por parte de Bruselas.

La ausencia de algo tan básico como un lugar para almacenar residuos peligrosos es lo que ha llevado a Ribera a matizar que el apagón puede ir más allá de 2030; porque habrá que estudiar múltiples factores de cada instalación, como el coste financiero, las necesidades técnicas y de ingeniería o la gestión de los desechos.

Tras el cambio de Gobierno, pocos creen que el ATC de Cuenca pueda llegar a buen fin. Ni entre las empresas, ni entre los “sabios” que han preparado los planes de transición energética hay quien crea que el ATC pueda estar construido en 2024. En el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en la empresa pública de residuos Enresa los trámites administrativos en torno al ATC siguen por inercia. “Nadie nos ha indicado lo contrario” sostienen fuentes del organismo que preside Fernando Marti.

González Mantero la vuelve a liar: La Junta de Castilla y León eludió estudiar el impacto que tendría la mina de uranio en Salamanca sobre tierras portuguesas.

El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha indicado que los permisos que faltan “son exclusivamente ya para la parte relacionada con la planta de beneficio, que son de competencia estatal”.

Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) han conocido que fue la Junta de Castilla y León quien eludió estudiar el impacto que tendría la mina de Retortillo (Salamanca) sobre tierras portuguesas, sin realizar estudio radiológico alguno.

Según ha podido saber Ecologistas en Acción, el Gobierno ha reconocido en una respuesta parlamentaria que ha sido la Junta de Castilla y León (JCL) quien omitió realizar estudios de impacto ambiental transfronterizos, y ello sin contar con la asesoría del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, por tanto, sin realizar estudio radiológico alguno.

Este hecho es grave por varios motivos.

En primer lugar, porque la Declaración de Impacto Ambiental realizada por la Junta de CyL es escandalosa al minusvalorar los impactos que la mina y la fábrica de concentrados de uranio tendrían sobre el medio ambiente y la salud. En particular, permite la instalación de una enorme cinta transportadora de mineral sobre el río Yeltes, que aporta sus aguas al río Duero, no realiza una buena clasificación de los residuos radiactivos y no contempla el peligro que supone la dispersión de polvo radiactivo y del gas radón en el medio ambiente.

En segundo lugar, la decisión de que no hacía falta contactar con Portugal debería haberse tomado al más alto nivel del Estado español y no por un gobierno autonómico que no tiene competencia alguna en relaciones internacionales. Aunque la Junta de CyL debiera haber elevado el expediente o haber hecho consultas al ministerio correspondiente.

Y en tercer lugar, esta decisión debería haberse tomado tras la realización de un estudio radiológico que excluyera toda posibilidad de que la contaminación radiactiva alcanzara las tierras portuguesas. Este estudio debería haber corrido a cargo del CSN, que es la máxima autoridad en seguridad nuclear y protección radiológica en nuestro país. Sin embargo, el Gobierno de Castilla y León no consultó al CSN para excluir el impacto transfronterizo, aceptando de forma inexplicable que dicho impacto no existía.

Para Ecologistas en Acción y el MIA resulta obvio que ese impacto existe puesto que el polvo producido en las actividades de minería y los vertidos que se produzcan por el lavado de mineral van a alcanzar el río Yeltes llegando finalmente al río Duero, que baña tierras portuguesas y que pasa por zonas de gran riqueza vinícola, como los vinos Dao o los vinos do Porto. Asimismo, la contaminación de la mina podrá alcanzar también Portugal, dependiendo de la fuerza y dirección del viento.

Por todo ello, para Ecologistas en Acción resulta inaceptable que el Gobierno portugués no haya sido consultado antes de poner en marcha el proceso de licenciamiento de la mina, así como que el Gobierno español mantenga este proyecto. Lo ocurrido en Retortillo se asemeja a lo que pasó con el cementerio nuclear (Almacén Temporal Individual, ATI) de la central nuclear de Almaraz, que se puso en marcha también sin consultar al Gobierno portugués. Esta consulta se produjo a posteriori, evitando que se hicieran sugerencias y alegaciones en el estudio de impacto ambiental.

Con Ricardo González Mantero cualquier actividad perjudicial tiene el pase

El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha indicado, sobre los trámites para la nueva explotación de uranio en Retortillo (Salamanca), que los permisos que faltan “son exclusivamente ya para la parte relacionada con la planta de beneficio, que son de competencia estatal”.

En su visita a Salamanca, para intervenir en la inauguración del XIV Congreso Anual de la Asociación Nacional de Compañías Distribuidoras y Productoras de Energía Eléctrica (CIDE), González Mantero, como responsable de minas en el Gobierno autonómico, ha dicho: “Apoyo la minería y apoyo también esa mina”.

En cuanto a los opositores, ha remarcado que el proyecto de Berkeley en Retortillo está recibiendo “todos los permisos” dentro de “una tramitación sujeta a actos debidos y con una regulación, además, que exige tener multitud de autorizaciones” y “todas ellas se están obteniendo”.

Respecto a si se está informando convenientemente a la Comisión Europea, ha señalado: “tengo entendido que sí”. Y, sobre los efectos en la salud de los vecinos, ha reseñado que son estudios que competen al Consejo de Seguridad Nuclear, y “así se ha hecho en sucesivos informes al respecto”.

Una mina de uranio atravesará un área protegida en Salamanca

La explotación está ubicada apenas a un kilómetro del balneario, en medio de un bosque mediterráneo de gran valor ecológico y ambiental. De hecho, existen dos directivas europeas que protegen la zona dentro de las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). Pero estas no han sido obstáculo para que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitiese, el 25 de septiembre de 2013, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto.

Una “decisión precipitada e incomprensible”, según José Luis Moreno, presidente de la plataforma Stop Uranio; y que choca, además, con la prudencia que sí ha tenido la Comisión Europea al conocer el proyecto, que ha decidido abrir un expediente informativo en respuesta a la denuncia interpuesta, el pasado 30 de agosto, por Stop Uranio.

Esta plataforma denuncia que Berkerley “incumple el Programa General de Medio Ambiente de la UE de horizonte 2020”, por el que se pretende “que el capital natural esté protegido y mejorado, además de que se salvaguarden la salud y el bienestar de los ciudadanos”. La Comisión aún está recabando datos y no ha decidido si llevará el expediente adelante.

SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMENTO DE URGENCIA DE BERKELEY EN RETORTILLO.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, se abre un periodo de información pública de quince días, publicando este anuncio en el <>, en el << BOP de Salamanca>>, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia de Salamanca, en este caso en la Gaceta de Salamanca, para que cualquier persona pueda aportar por escrito datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada y oponerse, por razones de fondo y forma, a la necesidad de ocupación, según dispone el artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa.
A estos efectos el expediente se exhibirá, para su examen en la Dirección General de Energía y Minas ubicada en la Avda. Reyes Leoneses n.º 11 de León y en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Salamanca, en C/ Príncipe de Vergara, 53-71 de Salamanca.
León, 2 de octubre de 2017.–El Director General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.

El alcalde de Retortillo del PP tuvo que dimitir por intereses personales

Los dos concejales del PP, Andrés Matías y Eustaquio Martín, trabajan para Berkeley, y el anterior alcalde, Javier Santamartina, también del PP, vendió en 2012 una finca de su propiedad a la compañía aminera por 197.000 euros, el doble de su precio de mercado para instalar allí sus oficinas. Esta operación se cerró meses después de que la minera iniciara la tramitación de los permisos ante la Junta y ante el propio Ayuntamiento.  (seguir leyendo)

 

Fuentes:   ecologistasenaccion.org

Mñas información sobre esta mina de uranio

Leer sobre la expropiación de tierras

¿Que es el chiringuito financiero Berkeley?

La basura nuclear rebosa y el Gobierno no se entera (o sí)

Tenemos un problema. Los residuos generados por la actividad de los siete grupos nucleares que funcionan en España rebosan. No es polvo que se pueda meter debajo de la alfombra. España carece de una instalación segura en la que almacenar todos los residuos acumulados en los últimos 40 años y cada central ha tenido que asumir el almacenamiento del combustible que gasta. A la espera de que se construya el polémico almacén previsto en Villar de Cañas (Cuenca), cada nuclear mantiene los residuos en piscinas y almacenes que están casi saturados.

Las últimas cifras del Foro Nuclear dibujan una realidad preocupante. La capacidad de almacenamiento se agota: la central en mejor situación es Vandellós II y está saturada en un 84%; Ascó I, por su parte, supera el 97%. Con todo, lo más grave es la falta de previsión. El Plan de Gestión de Residuos Radiactivos en vigor fue aprobado en 2006. Desde entonces…la nada. En 2014, ENRESA, la empresa pública encargada de gestionar los residuos, informó a la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de que todo estaba bajo control: existía un nuevo plan de residuos en marcha –el séptimo- y el Gobierno lo iba a aprobar. Cuatro años después, ni hay nuevo plan ni se le espera.

Lo que sí hay es una gran falta de transparencia. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) publicó el único informe favorable con el que hasta ahora cuenta el almacén de Cuenca a regañadientes. Tuvo que intervenir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Todo alrededor de la energía nuclear, desde sus costes hasta su gestión, pasando por su propiedad, ha estado y está rodeado de secreto y confusión. Tanta que ni siquiera el ministro del ramo, Álvaro Nadal, se cree las cuentas que presentan las compañías: “Las nucleares ganan más de lo que dicen. Hacen mucha ingeniería contable” aseguró Nadal hace un año.

“La discusión en torno al negocio nuclear discurre sotto voce; es subterránea y también enconada”, recordaba esta semana un buen conocedor del sector. Eso es malo para el conjunto de la sociedad, a la que se priva de un debate serio sobre una energía muy cuestionada. Es malo también para el usuario de la electricidad que, al fin, es quien paga toda la fiesta. El ocultismo afecta, sobre todo, al prestigio del órgano encargado de supervisar al sector: el Consejo de Seguridad Nuclear.

Durante mucho tiempo y hasta principios de siglo, el organismo, constituido en 1980 tras la escisión de la Junta de Energía Nuclear (JEN) tuvo un gran prestigio. La base fundamental para elegir a sus consejeros era el conocimiento del sector, su funcionamiento y sus riesgos. La política no era determinante para la elección. Todo eso cambió. Aunque el CSN siempre estuvo más cerca de la industria nuclear que de las reclamaciones de buena parte de la sociedad, nunca lo estuvo tanto como con el nombramiento, en 2001, de Teresa Estevan Bolea como presidenta a instancias del PP. Apenas un mes después de llegar a cargo, en una entrevista en EL PAÍS , Estevan Bolea abogó por ampliar la vida útil de las centrales a 60 años y por construir nuevas instalaciones.

 

Como en la novela de Vargas Llosa, “el Perú se había jodido en algún momento”. El CSN se convirtió en escenario de juego y batalla política, con consejeros nombrados por el dedo de los partidos y con intensas batallas como las protagonizadas por la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que denunció en sus votos particulares las maniobras que se han sucedido para facilitar, al fin, lo que Estevan Bolea reclamaba hace 17 años.

La política de nombramientos y las batallas ideológicas internas han desgastado la imagen del CSN. Donde únicamente deberían contar argumentos técnicos y de seguridad se entrometen con demasiada frecuencia los intereses políticos y empresariales. Todo en un país cuyo Gobierno es, junto con el que encabeza en EE UU Donald Trump, el único entre las grandes economías de la OCDE que defiende las centrales de carbón y las nucleares.

Conviene tomar nota. En España están saliendo a la luz datos que revelan un más que regular caos en la gestión de la basura nuclear. Tanto que hasta la patronal del sector, Foro Nuclear, lo ha utilizado para argumentar por qué es imposible cerrar las nucleares a corto plazo, ni siquiera de forma escalonada. Los siete reactores nucleares operativos  cumplen los 40 años desde su construcción entre 2024 y 2028. Mantenerlos cerrados es caro y demantelarlos, sostiene Foro Nuclear, imposible. Simplemente, no hay donde meter la basura.

Fuente:   lainformacion.com

“¡Ni en tu pueblo ni en el mío!”: se intensifican las protestas contra el cementerio nuclear

Cientos de ciudadanos marchan por novena vez a Villar de Cañas, localidad donde pretende construir el basurero nuclear el Gobierno de Rajoy, que para este año quiere conceder los permisos y multiplicar su presupuesto. En los próximos meses, más movilizaciones.

“¡Ni en tu pueblo ni en el mío!”, es el grito unánime de las más de 300 personas que este domingo participaban en la IX Marcha a Villar de Cañas para protestar contra el cementerio nuclear que pretende construir el Ejecutivo central en esta localidad conquense.

Una marcha contra el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que partía, como en sus ocho ediciones anteriores, de la urbanización Casalonga, para desde allí pasar por los terrenos elegidos para albergar el basurero nuclear y dirigirse desde allí hacia Villar de Cañas, donde se daba lectura al manifiesto.

Bajo el lema “No al cementerio nuclear. Ni en tu pueblo ni en el mío” volvían a unir sus pasos y sus voces en esta marcha, que sin perder su ambiente lúdico y acompañados del son de las dulzainas, acortaba este año ligeramente su recorrido.

Movilización con la que manifiestan, una vez más, el rechazo a la construcción del ATC en la zona, defendiendo así la “dignidad” de los vecinos de los pequeños municipios del entorno de Villar de Cañas. Y es que, como recordaban en una de sus pancartas, “la vida digna no cabe con el cementerio nuclear”.

Vecinos que ven que, a la amenaza de la despoblación, se suma la del basurero radiactivo, la cual condiciona más aún sus esperanzas de futuro.

En este sentido, desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca recuerdan cómo hace tan solo un mes se confirmaba la presencia de radionucleidos en las aguas subterráneas cercanas a la central nuclear de Ascó. Una situación que ha puesto en primer plano la posibilidad de un accidente similar en caso de que el ATC se construya finalmente en Villar de Cañas, al ser conocida y contrastada su vulnerabilidad geológica.

Posible accidente que es el punto de partida de la trama del corto titulado ‘La Fuga’, actualmente en elaboración. Una escena que recrearon los participantes en la marcha celebrada este domingo al final de la misma. Paraguas negros, maletas y mascarillas para recrear esa marcha forzada de sus pueblos que los vecinos de esta zona de la provincia de Cuenca esperan que nunca se tenga que hacer realidad.

Sin embargo, el proyecto podría estar a punto de dar un paso más hacia delante, puesto que a pesar de que los terrenos elegidos no son aptos, a finales del próximo mes de julio el ATC podría tener el segundo informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Un “empecinamiento” del Gobierno de Mariano Rajoy, respecto a la construcción del ATC, que sus detractores rechazan, “puesto no es necesario al existir ya almacenamiento temporal seguro para los residuos nucleares”.

Desde el colectivo consideran que para la gestión de los residuos nucleares el primer paso debe ser no generarlos, para lo cual sería preciso proceder al cierre progresivo de las centrales nucleares. A partir de ese momento, y una vez conocido el volumen de residuos, consideran que se debería abrir el debate sobre cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde el punto de vista económico, social y ambiental, pensando fundamentalmente en un almacenamiento definitivo.

Un debate que desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear consideran debe ser “público y transparente”, y mantenerse “el tiempo necesario que requiere una decisión de tal calibre”.

Junto a los vecinos “anónimos” que volvían a sumarse a esta marcha en defensa de la dignidad y el futuro de sus pueblos, también participaban en esta novena edición numerosos representantes del ámbito político y social.

Entre ellos representantes del Gobierno regional, que mantiene su férrea oposición del ATC al considerar que Cuenca no necesita un cementerio nuclear y sostener que seguirán trabajando para evitar su instalación. Un mensaje que trasladaban con su presencia el delegado de la Junta de Comunidades en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, y el director provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado.

Una representación que a nivel de partido encabezaba la diputada autonómica Carmen Torralba, acompañada de numerosos compañeros del PSOE conquense, algunos de ellos concejales de la zona.

También entre los políticos marcharon junto a los vecinos el parlamentario y portavoz de Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, el líder castellano‑manchego de IU, Juan Ramón Crespo, y el presidente nacional del Partido Castellano, Pedro Manuel Soriano.

Junto a todos ellos, representantes de colectivos antinucleares de Madrid y Castilla-La Mancha, pertenecientes al Movimiento Ibérico Antinuclear, así como miembros de varios grupos de Ecologistas en Acción de toda la región y de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Guadalajara.

Una amplia participación que era valorada por los convocantes, que destacaban la gran presencia de personas no adscritas a ninguna organización, especialmente de la comarca de Villar de Cañas.

EL ÚNICO INTERÉS DE RAJOY EN LA REGIÓN

A esta oposición a la construcción del cementerio nuclear se contrapone el nuevo impulso que se pretende dar al proyecto desde el Gobierno central. Un Ejecutivo de Mariano Rajoy para el que el ATC de Villar de Cañas se ha convertido en su principal interés.

Así se deduce de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, que de los 589 millones de inversión que anuncian para la región, casi 145 van destinados únicamente al cementerio nuclear, es decir, el 24,5 por ciento del total.

Se trata de más del 70 por ciento de la inversión prevista para la provincia de Cuenca, a la que proponen destinar 205 millones en su conjunto, de los cuales 144,5 irán al silo nuclear. Una muestra del ‘impulso’ que desde el Ejecutivo, del que forman parte la expresidenta autonómica María Dolores de Cospedal y el diputado por Cuenca Rafael Catalá, pretenden dar al ATC tras haber quedado reducida a 10 millones en los presupuestos de 2017.

Cifra con la que se compensa el ‘recorte’ del ejercicio pasado, y se supera la previsión planteada en 2015 que estimaba para este 2018 una inversión de 69,7 millones.

Una ‘apuesta’ por la instalación del cementerio nuclear en la provincia de Cuenca contra la que desde la Plataforma están dispuestos a seguir luchando. Movilizaciones contra el ATC que tendrán continuación y se intensificarán en los próximos meses.

Fuente: periodicoclm.es

ENRESA gasta 148.000€ en táxis para transportes de directivos.

El Cabril, en Córdoba

Entre 2012 y 2017, El Cabril, la instalación de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad, ha gastado un total de 147.837,31 euros en taxis. El Cabril está situado en la Sierra Albarrana, dentro del término municipal de Hornachuelos, en Córdoba, y aunque dispone de 16 vehículos de diferente tipo para trabajos internos, nunca ha dispuesto de coches oficiales para desplazamientos de trabajadores, directivos o visitas oficiales. Increíblemente, todo se realiza por taxi, incluido el correo.

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), presidida por Juan José Zaballa, de la que depende el almacenamiento subterráneo de El Cabril, viene contratando un servicio de taxis para desplazar personal y objetos hasta la instalación, en el término cordobés de Hornachuelos. Ese servicio de taxis es utilizado tanto para atender a visitas institucionales como a las necesidades de desplazamiento del personal de ENRESA; es decir, que cualquier directivo, visita oficial o trabajador que vaya a El Cabril, lo hará en taxi.

El servicio de taxis se contrata siempre que operarios en comisión de servicio desde otros centros de trabajo de la empresa tienen que viajar a El Cabril, principalmente para los desplazamientos desde la estación del AVE de Córdoba hasta la instalación subterránea, un trayecto de 120 kilómetros. Pero también para la recogida y entrega de documentación o pequeños envíos de mensajería desde la localidad próxima de Hornachuelos, así como para la entrega de documentación en organismos e instituciones de Córdoba. La empresa argumenta para justificar estos taxis que no existe servicio postal en las proximidades de El Cabril.

Extraconfidencial.com ha podido constatar la existencia de este servicio, del que ENRESA dispone desde el inicio de su actividad en El Cabril, pero del que no se tenía conocimiento. Hasta 2014, el servicio de taxis era discrecional, pero a partir de ese año, el servicio fue contratado mediante proceso de licitación pública. El criterio de adjudicación fue el precio, sin que concurrieran criterios de valoración que dependieran de un juicio de valor.

El presupuesto máximo de licitación para este contrato, sin incluir el IVA, asciende a la cantidad de 75.435 euros (a añadir el importe del IVA, otros 15.841,35 euros), que se divide en dos lotes: Lote 1. Servicio de taxi desde Córdoba, por 29.910 €, y Lote 2, Servicio de taxi desde Hornachuelos por 45.525 euros.

El plazo de ejecución es de 3 años, desde su inicio el pasado 1 de enero de 2018, y la distribución por anualidades sería, sobre el papel, de 25.145 euros por año hasta su finalización en 2020.

Los vehículos existentes en El Cabril

ENRESA argumenta que no existen coches de carácter oficial asignados de forma permanente al traslado del personal del Centro, incluido el personal de Dirección. Sin embargo, El Cabril sí cuenta con una flota de vehículos para servicio interno, los cuales son propiedad de ENRESA y están ligados a las necesidades operativas de la instalación: actividades industriales, movimientos internos de materiales y personas y, ocasionalmente, para desplazamiento del personal del Centro a su domicilio cuando por necesidades del trabajo existen variaciones en el horario de su jornada laboral (el conductor es el propio trabajador) y, en consecuencia, no resulta posible el uso de los medios de transporte colectivo.

En ese sentido, según los datos a los que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, la flota con la que cuenta El Cabril es de nueve furgonetas, cuatro vehículos todoterreno y tres turismos, cuya utilización y control está regulado por procedimiento interno de ENRESA.

En definitiva, que entre 2012 hasta septiembre de 2017, ENRESA se ha gastado en taxis para El Cabril un total de 147.837,31 euros; unos 30.000 euros anuales.

Jorge Ventura

Fuente: extraconfidencial.com