Así se “entierran” los residuos radiactivos: cómo son los cementerios nucleares por dentro

Nadie los quiere, pero son necesarios para mantener este sistema demencial. Los cementerios nucleares son aquellos refugios donde almacenar y guardar residuos radiactivos, aquellos compuestos que por su naturaleza o por haber estado expuestos a una alta radiación siguen siendo peligrosos durante una gran cantidad de años. ¿Qué hacer entonces con estos residuos radiactivos? Esconderlos y guardarlos, bien hasta que se desintegren o hasta que se encuentre una mejor solución.

Los distintos cementerios nucleares se dividen en distintas categoría, en función de sus niveles de radiactividad. Y es que dentro de esos bidones amarillos que todos solemos relacionar con la energía nuclear, puede haber desde material relacionado con la fisión como uranio o plutonio, pero también cualquier material contaminado, sea ropa, ordenadores o simplemente agua.

Qué se hace con los residuos radiactivos para que no contaminen

     Mapa de un cementerio nuclear de bajo nivel.

Algunos residuos de baja y media actividad, como la ropa y las herramientas utilizadas en el mantenimiento de las centrales, se diluyen y eliminan con el tiempo. Otros son sometidos a tratamientos para intentar separar los elementos radiactivos. El resto se introducen en bidones de acero y se solidifican con alquitrán o cemento para ser almacenados hasta que el periodo radiactivo finaliza. Habitualmente menos de 30 años.

Sin embargo también hay residuos de alta actividad, normalmente aquellos generados con el combustible gastado. En este caso se intentan almacenar en la propia central hasta ser transportados en contenedores de metal resistentes a la corrosión. Es aquí donde entran los cementerios nucleares, que no dejan de ser refugios aislados donde guardar estos desechos.

Podemos diferenciar los cementerios nucleares en dos tipos: los temporales, ubicados en almacenes e instalaciones y los que se conocen como repositorios geológicos profundos, ubicados en zonas estables, aisladas de terremotos y lejos de la superficie. Auténticas galerías selladas para que estos residuos no estén en contacto con el hombre.

El Cabril, el único cementerio nuclear en España

Contenedores de hormigón fabricados a prueba de terremotos. Imagen de Xataka Ciencia.

El único cementerio nuclear español está preparado para materiales de baja y media actividad. Se trata de El Cabril, ubicado en Hornachuelos. El contenido es básicamente bidones de las centrales nucleares, con un tercio de material radiactivo y dos tercios de cemento. Todo este material se ubica en el complejo, que anteriormente era una vieja mina de uranio.

Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) es la encargada de su funcionamiento. El Cabril dispone además de oficinas, laboratorios, una incineradora, una piscina de agua y un depósito ciego para posibles filtraciones. Se trata de un centro muy preparado, pero hoy en día está cerca del máximo de su capacidad.

Sin embargo hay bastante polémica con la ampliación del recinto. “El cementerio nuclear del Cabril nunca debería haberse construido porque está en el sur de la Península Ibérica. Está muy alejado de la mayoría de instalaciones nucleares y radiactivas”, afirma Paco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción. En su lugar, desde finales de 2011 se eligió el municipio de Villar de Cañas para albergar un nuevo ATC (Almacén Temporal Centralizado). Sin embargo las reticencias de la población y la poca determinación del Gobierno ha provocado que se estén barajando otras opciones.

 Interior de celda de almacenamiento. Imagen de Enresa.

La zona de almacenamiento de residuos está formada por dos plataformas: la zona norte con 16 celdas y la sur con 12. Estas celdas se alinean en dos plataformas con sendos pasillos interiores. Los camiones que contienen los desechos se detienen a la entrada y con un sistema de grúas se colocan los residuos encima de cada celda.

Una vez completas, cada celda es capaz de almacenar 320 contenedores, se recubren de hormigón. Y una vez se complete el conjunto, se recubrirá de una capa de material impermeable de dos metros de grosor. El resultado final acabará siendo una pequeña colina sobre la que se plantará vegetación.

Un profundo cementerio nuclear para los residuos militares de los EE.UU

Poco o nada tiene que ver el diseño de WIPP, la Planta Piloto para Aislamiento de Residuos que el departamento de energía de los EE.UU construyó a 32 kilómetros de Carlsbad, Nuevo México. Tras el cierre del cementerio de Yucca Mountain, estamos ante uno de los mayores cementerios nucleares y un perfecto ejemplo de lo que supone un repositorio geológico profundo.

WIPP, en Nuevo México, ha sido construido sobre un terreno estable durante los últimos 200 millones de años.

Se trata de un complejo de galerías ubicado en un terreno salino y entre 500 y 1000 metros de profundidad, en una zona que geológicamente se ha mantenido estable durante mucho tiempo. El repositorio comenzó a recibir desechos en 1999 y se prevé que continúe recibiendo residuos hasta 2070.

Esta solución, la de almacenar los residuos en profundas galerías, constituye la solución más segura para el ser humano, ya que se aprovecha la estabilidad de las formaciones geológicas. Porque dentro de mucho tiempo la instalación puede dejar de funcionar, pero los residuos seguirían bien almacenados sin poner en peligro al exterior.

Otros cementerios nucleares por todo el mundo

 Contenedores en las instalaciones de Zwilag, en Würenlingen (Suiza).

Países como Francia o Bélgica poseen también sus propios cementerios nucleares, en este caso almacenes temporales para mantener aislados los residuos hasta 300 años. También Suiza cuenta con su almacén, ubicado en Würenlingen y construido en 2004 para guardar residuos de bajo y medio nivel, como en el caso de España. A diferencia de El Cabril, la de Suiza es bastante más grande y tiene espacio para hasta 200 celdas.

Finlandia también tiene su cementerio nuclear, en este caso uno para residuos de gran actividad. Se trata de la construcción de Onkalo, cueva en finés, una galería a la que se accede a través de un túnel de 420 metros de profundidad. Hasta 1996, en Finlandia se enviaba a Rusia el material radiactivo, seguidamente se utilizaron dos almacenes temporales, pero a partir de 2020 se enviará a Onkalo, situado en la península de Olkiluoto. Y allí deberían quedarse durante 100.000 años.

 Entrada al túnel de acceso del cementerio de residuos, en Finlandia. Imagen de Posiva Ltd.

La antigüedad de la cueva es su principal arma. Se trata de una de las formaciones geológicas más antiguas de Europa, un lecho de roca, rodeada de arcilla de bentonita dentro de un pozo perforado en granito. Una barrera natural resistente al agua y que no reacciona a las oscilaciones de temperatura. El coste total estimado de la instalación es de 3.000 millones de euros.

Fuente: Xataka

Instan a limpiar “cuanto antes” la radioactividad en Palomares

La Audiencia Nacional ha admitido el informe de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear

La Audiencia Nacional (AN) ha aceptado como prueba el informe remitido al Congreso de los Diputados por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que se insta a que se “analice, y, en su caso, se rehabilite cuanto antes” la zona contaminada con radioactividad de Palomares, pedanía de Cuevas del Almanzora, para evitar “efectos inaceptables en las personas y en medio ambiente”.

Así, en su auto, la Sección Séptima admite, en contra del criterio de la Abogacía del Estado, la documental procedente de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (Astecsn); propuesta por Ecologistas en Acción en el marco del procedimiento impulsado para obligar al CSN a que fije un plazo para ejecutar el Plan de Rehabilitación de Palomares que se aprobó en 2010.

La Abogacía del Estado se opuso a que se ampliasen los hechos objetos de la demanda con este informe, algo a lo que se aviene la AN, que lo admite como prueba documental al considerar que “no dejan de ser manifestaciones de una asociación en un ámbito parlamentario, que carecen de relevancia para la decisión del pleito”. Asimismo, también se negó, en otro recurso anterior, a que se investigara el envío de 1,5 toneladas de material radioactivo a la zona en 2016 procedente del Ciemat, pero la sala se negó y la práctica de prueba al respecto ha revelado que fueron casi seis toneladas de material radioactivo trasladado desde 2011 y depositado en contenedores y en un almacen del laboratorio que el Ciemat tiene en la zona 3 bajo vigilancia radiológica, en el núcleo urbano de Palomares.

No obstante, después pidió la práctica de prueba sobre el asunto y la Audiencia Nacional la admite en este auto, de 27 de marzo, en el que incorpora a la causa el informe de los técnicos del CSN.

El informe

Los técnicos, en su informe, entienden “que siempre será mejor tener los residuos embidonados y almacenados, aunque sea allí mismo, que dispersos por el medio ambiente como llevan más de 50 años”. Y añaden que la limpieza de estos terrenos, que abarcan unas 50 hectáreas, “debe realizarse sin estar subordinada a la existencia o no de un acuerdo con terceros para que EEUU se haga cargo o no de los residuos”. Al hilo de esto, indican que la “evolución” de los “radionucleidos Pu-239, Pu-240, Pu-241, así como la aparición de Am-241, generado a partir del Pu-241”, tiene como consecuencia la “modificación del efecto radiológico, tanto en las personas como en el medio ambiente, debido a un comportamiento más dispersable a medida que van pasando los años”.

De este modo, con fecha de 17 de diciembre y realizado en respuesta a varias preguntas que se formularon por parte de miembros de la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear del Congreso, critican que en Palomares se hayan tomado “medidas sin la debida transparencia y sin sustentarse en informes públicos” y afirman que, si estos “existen, se mantienen en secreto, lo cual crea desconfianza e inseguridad en la población afectada”.

Asimismo, los técnicos señalan que resulta “significativo” que el CSN “conozca” los análisis de contaminación y dosimetría interna efectuados en la población de Palomares en los últimos 50 años y que sus resultados generales “que han debido tenerse en cuenta en las evaluaciones efectuadas por el regulador, se mantengan secretos y no disponibles cuando son la base para la toma de decisiones y justificación de cualquier medida que se quiera adoptar, tales como trabajos de limpieza y almacenamiento de residuos”.

Apuntan, en esta línea, que el CSN “debe de poner sobre aviso a las autoridades competentes acerca de los riesgos radiológicos e instar y recomendar las acciones pertinentes” y que el Estado “debe proteger a su población en consecuencia y almacenar temporal o definitivamente los residuos”. Para ello, ponen como ejemplo de actuación sobre terrenos contaminados con población el realizado en las Islas Marshall motivado por los ensayos nucleares llevados a cabo allí por EEUU, y donde las actuaciones de restauración y limpieza “se realizaron con transparencia y participación activa de la población afectada”.

Y es que, “cuanto mayor sea la transparencia, más obligadas estarán todas las partes a tomar una decisión cuanto antes. Los informes y los datos que soportan las decisiones y las medidas a adoptar deben ser públicos y sometidos a una revisión científica. El papel del CSN, como único organismo competente en protección radiológica, resulta fundamental para liderar y garantizar dicho proceso de forma pública, abierta y transparente”, remarcan en su informe.

 

Page exige “disculpas” por la ubicación del ATC, tras otro seísmo en la zona

Terremoto de 2,7 en Villarejo de Fuentes (Cuenca), a 15 km. del ATC de Villar de Cañas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este miércoles que deberían pedir disculpas por ubicar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), tras el nuevo terremoto registrado en la zona, a pesar de que el Gobierno regional advirtió de que había riesgo sísmico.,”Alguien tendría que pedir disculpas y exigir responsabilidad por la decisión mal tomada y cabezonamente ejecutada de instalar un basurero nuclear

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este miércoles que deberían pedir disculpas por ubicar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), tras el nuevo terremoto registrado en la zona, a pesar de que el Gobierno regional advirtió de que había riesgo sísmico.

“Alguien tendría que pedir disculpas y exigir responsabilidad por la decisión mal tomada y cabezonamente ejecutada de instalar un basurero nuclear en Villar de Cañas”, ha afirmado García-Page a los medios de comunicación en Cuenca, un día después de que ayer se registrara un terremoto de magnitud 2,7 en Villarejo de Fuentes, pueblo situado a pocos kilómetros del municipio donde está proyectado el ATC.

En concreto ha señalado que Villarejo de Fuentes dista 15,5 kilómetros de Villar de Cañas, aunque el Instituto Geográfico Nacional situó el epicentro del seísmo en un punto de su término municipal situado a unos 10 kilómetros en línea recta de los terrenos en los que se prevé construir el almacén de residuos nucleares.

García-Page ha recordado que el Gobierno castellanomanchego advirtió del riesgo sísmico que existía en la zona, así como del “interés de la empresa pública por las adjudicaciones, del interés de otros por hacerse con ella y del procedimiento chapucero con el que se llevó a cabo el proceso”.

En el desarrollo del proyecto “se saltó incluso la legislación urbanística, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Villar de Cañas carece de Plan de Ordenación Territorial”, ha añadido García-Page, que ha apuntado que todas estas cuestiones, “al igual que el riesgo de que la zona registre un terremoto, están aflorando ya”.

Por ello, ha exigido a los actuales dirigentes del PP en Castilla-La Mancha “que expliquen a qué lotería se referían” la expresidenta regional María Dolores de Cospedal y el exministro de Industria, Comercio y Turismo José Manuel Soria “cuando aseguraron que Castilla-La Mancha había sido agraciada con la lotería”.

Ha considerado además que “intentar engañar y tomar el pelo a todo un pueblo es una ofensa importante”.

Terremoto en febrero de 2018

Un terremoto de 3,2 grados de magnitud en la escala de Richter se ha registrado este martes, 6 de febrero, en la localidad conquense de La Alberca de Záncara.

El lugar del epicentro está situado a poco más de 39 kilómetros de Villar de Cañas, lugar designado para albergar el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

El terremoto ha tenido lugar sobre las 15:26 horas y ha llegado a tener una profundidad de 11 kilómetros, según publica la web del Instituto Geográfico Nacional.

Este seísmo llega apenas 50 días después de otro de 3,7 grados de magnitud registrado el 20 de diciembre en la localidad alcarreña de Yebra, otra de las localidades que pugnaron por hacerse con el proyecto.

Terremoto en 2017

Un terremoto  situado a menos de 24 kilómetros en línea recta de la futura ubicación del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) que se queria construir en otro municipio conquense, Villar de Cañas.

 

Fuente: COPE, 

eldiario.es

Fraga no se bañó en Palomares, la playa de Almería sigue radiactiva y los reyes son los padres

Podian haber titulado la noticia con “Medios de comunicación engañan a los y las españolas”, pero no, la cosa no ha ido a mayores.

Los cronistas de la época no pudieron contar la verdad, pero cualquier taxista de Almería te resume lo que realmente pasó en el año 1966 con el baño de Manuel Fraga Iribarne y el embajador de EEUU en Palomares: Que la famosa inmersión en el mar que también popularizó el NO-DO se grabó en otra playa de Almería donde no se encontraban los restos radiactivos de un avión americano.

La historia del baño en la playa de Manuel Fraga, que se mantiene en la memoria de cualquier español mayor de 60 años, es un claro ejemplo del marketing del franquismo: repetir una mentira muchas veces, en los medidos adecuados, puede convertirse en una realidad que pasará a la historia.

Pero hay quien no se rinde y se enfrenta a la “falsa historia”. Así, Ecologistas en Acción ha continuado luchando para conocer realmente qué hay tras esos restos radiactivos hasta llegar a los tribunales.La organización ecologista ha conseguido que la Audiencia Nacional pida informes al Consejo de Seguridad Nuclear sobre estos residuos de 1966.

Historia

La realidad es que en el accidente en pleno vuelo -y que llevó a la caída de material radiactivo a la playa de Palomares,  se vieron implicados un bombardero estratégico estadounidense B-52 y un KC-135 de reaprovisionamiento en vuelo (cargado con 110.000 litros de combustible) que colisionaron a 10.000 metros sobre la costa del Mediterráneo, en el espacio aéreo de Palomares. El B-52 volvía de la frontera turco-soviética hacia la Base Aérea de Seymour Johnson en Goldsboro, Carolina del Norte, y el KC-135 provenía de la Base Aérea de Morón. La maniobra era de rutina: los B-52 se reaprovisionaban de combustible a la ida, desde la Base Aérea de Zaragoza, y a la vuelta desde Morón.

El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares Mark 28 (modelo B28RI) de 1,5 megatones cada una, de 1,5 metros de largo por 0,5 metros de ancho, con un peso de 800 kg. Dos de ellas quedaron intactas, una en tierra (cerca de la desembocadura del río Almanzora) y la otra en el mar. Las otras cayeron sin paracaídas, una en un solar del pueblo, la otra en sierra Almagrera. Se produjo la detonación del explosivo convencional que contenían, lo que sumado al choque violento con el suelo, hizo que ambas bombas se rompieran en pedazos. Las tres que cayeron en tierra fueron localizadas en cuestión de horas; la que cayó en el mar pudo ser recuperada 80 días después, las bombas tenían una potencia superior a 75 veces las de Hiroshima.

Por tanto, la playa de Palomares es un almacén de residuos rediactivos clandestino desde 1966, con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada .En el escrito de Ecologistas en Acción al tribunal se especifica que “Palomares es un almacén de residuos rediactivos clandestino desde 1966, con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada a 30 centímetros, en tres zonas diferentes sobre 103 hectáreas de terrenos y con dos fosas donde también se enterraron 4.000 metros cúbicos de material radiactivo”.

Fuente: diario16

Más noticias sobre la contaminación en Almeria (la huerta de Europa según dicen): almacennuclear.wordpress.com/?s=palomares

 

González Mantero la vuelve a liar: La Junta de Castilla y León eludió estudiar el impacto que tendría la mina de uranio en Salamanca sobre tierras portuguesas.

El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha indicado que los permisos que faltan “son exclusivamente ya para la parte relacionada con la planta de beneficio, que son de competencia estatal”.

Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) han conocido que fue la Junta de Castilla y León quien eludió estudiar el impacto que tendría la mina de Retortillo (Salamanca) sobre tierras portuguesas, sin realizar estudio radiológico alguno.

Según ha podido saber Ecologistas en Acción, el Gobierno ha reconocido en una respuesta parlamentaria que ha sido la Junta de Castilla y León (JCL) quien omitió realizar estudios de impacto ambiental transfronterizos, y ello sin contar con la asesoría del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, por tanto, sin realizar estudio radiológico alguno.

Este hecho es grave por varios motivos.

En primer lugar, porque la Declaración de Impacto Ambiental realizada por la Junta de CyL es escandalosa al minusvalorar los impactos que la mina y la fábrica de concentrados de uranio tendrían sobre el medio ambiente y la salud. En particular, permite la instalación de una enorme cinta transportadora de mineral sobre el río Yeltes, que aporta sus aguas al río Duero, no realiza una buena clasificación de los residuos radiactivos y no contempla el peligro que supone la dispersión de polvo radiactivo y del gas radón en el medio ambiente.

En segundo lugar, la decisión de que no hacía falta contactar con Portugal debería haberse tomado al más alto nivel del Estado español y no por un gobierno autonómico que no tiene competencia alguna en relaciones internacionales. Aunque la Junta de CyL debiera haber elevado el expediente o haber hecho consultas al ministerio correspondiente.

Y en tercer lugar, esta decisión debería haberse tomado tras la realización de un estudio radiológico que excluyera toda posibilidad de que la contaminación radiactiva alcanzara las tierras portuguesas. Este estudio debería haber corrido a cargo del CSN, que es la máxima autoridad en seguridad nuclear y protección radiológica en nuestro país. Sin embargo, el Gobierno de Castilla y León no consultó al CSN para excluir el impacto transfronterizo, aceptando de forma inexplicable que dicho impacto no existía.

Para Ecologistas en Acción y el MIA resulta obvio que ese impacto existe puesto que el polvo producido en las actividades de minería y los vertidos que se produzcan por el lavado de mineral van a alcanzar el río Yeltes llegando finalmente al río Duero, que baña tierras portuguesas y que pasa por zonas de gran riqueza vinícola, como los vinos Dao o los vinos do Porto. Asimismo, la contaminación de la mina podrá alcanzar también Portugal, dependiendo de la fuerza y dirección del viento.

Por todo ello, para Ecologistas en Acción resulta inaceptable que el Gobierno portugués no haya sido consultado antes de poner en marcha el proceso de licenciamiento de la mina, así como que el Gobierno español mantenga este proyecto. Lo ocurrido en Retortillo se asemeja a lo que pasó con el cementerio nuclear (Almacén Temporal Individual, ATI) de la central nuclear de Almaraz, que se puso en marcha también sin consultar al Gobierno portugués. Esta consulta se produjo a posteriori, evitando que se hicieran sugerencias y alegaciones en el estudio de impacto ambiental.

Con Ricardo González Mantero cualquier actividad perjudicial tiene el pase

El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha indicado, sobre los trámites para la nueva explotación de uranio en Retortillo (Salamanca), que los permisos que faltan “son exclusivamente ya para la parte relacionada con la planta de beneficio, que son de competencia estatal”.

En su visita a Salamanca, para intervenir en la inauguración del XIV Congreso Anual de la Asociación Nacional de Compañías Distribuidoras y Productoras de Energía Eléctrica (CIDE), González Mantero, como responsable de minas en el Gobierno autonómico, ha dicho: “Apoyo la minería y apoyo también esa mina”.

En cuanto a los opositores, ha remarcado que el proyecto de Berkeley en Retortillo está recibiendo “todos los permisos” dentro de “una tramitación sujeta a actos debidos y con una regulación, además, que exige tener multitud de autorizaciones” y “todas ellas se están obteniendo”.

Respecto a si se está informando convenientemente a la Comisión Europea, ha señalado: “tengo entendido que sí”. Y, sobre los efectos en la salud de los vecinos, ha reseñado que son estudios que competen al Consejo de Seguridad Nuclear, y “así se ha hecho en sucesivos informes al respecto”.

Una mina de uranio atravesará un área protegida en Salamanca

La explotación está ubicada apenas a un kilómetro del balneario, en medio de un bosque mediterráneo de gran valor ecológico y ambiental. De hecho, existen dos directivas europeas que protegen la zona dentro de las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). Pero estas no han sido obstáculo para que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitiese, el 25 de septiembre de 2013, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto.

Una “decisión precipitada e incomprensible”, según José Luis Moreno, presidente de la plataforma Stop Uranio; y que choca, además, con la prudencia que sí ha tenido la Comisión Europea al conocer el proyecto, que ha decidido abrir un expediente informativo en respuesta a la denuncia interpuesta, el pasado 30 de agosto, por Stop Uranio.

Esta plataforma denuncia que Berkerley “incumple el Programa General de Medio Ambiente de la UE de horizonte 2020”, por el que se pretende “que el capital natural esté protegido y mejorado, además de que se salvaguarden la salud y el bienestar de los ciudadanos”. La Comisión aún está recabando datos y no ha decidido si llevará el expediente adelante.

SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMENTO DE URGENCIA DE BERKELEY EN RETORTILLO.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, se abre un periodo de información pública de quince días, publicando este anuncio en el <>, en el << BOP de Salamanca>>, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia de Salamanca, en este caso en la Gaceta de Salamanca, para que cualquier persona pueda aportar por escrito datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada y oponerse, por razones de fondo y forma, a la necesidad de ocupación, según dispone el artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa.
A estos efectos el expediente se exhibirá, para su examen en la Dirección General de Energía y Minas ubicada en la Avda. Reyes Leoneses n.º 11 de León y en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Salamanca, en C/ Príncipe de Vergara, 53-71 de Salamanca.
León, 2 de octubre de 2017.–El Director General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.

El alcalde de Retortillo del PP tuvo que dimitir por intereses personales

Los dos concejales del PP, Andrés Matías y Eustaquio Martín, trabajan para Berkeley, y el anterior alcalde, Javier Santamartina, también del PP, vendió en 2012 una finca de su propiedad a la compañía aminera por 197.000 euros, el doble de su precio de mercado para instalar allí sus oficinas. Esta operación se cerró meses después de que la minera iniciara la tramitación de los permisos ante la Junta y ante el propio Ayuntamiento.  (seguir leyendo)

 

Fuentes:   ecologistasenaccion.org

Mñas información sobre esta mina de uranio

Leer sobre la expropiación de tierras

¿Que es el chiringuito financiero Berkeley?

“¡Ni en tu pueblo ni en el mío!”: se intensifican las protestas contra el cementerio nuclear

Cientos de ciudadanos marchan por novena vez a Villar de Cañas, localidad donde pretende construir el basurero nuclear el Gobierno de Rajoy, que para este año quiere conceder los permisos y multiplicar su presupuesto. En los próximos meses, más movilizaciones.

“¡Ni en tu pueblo ni en el mío!”, es el grito unánime de las más de 300 personas que este domingo participaban en la IX Marcha a Villar de Cañas para protestar contra el cementerio nuclear que pretende construir el Ejecutivo central en esta localidad conquense.

Una marcha contra el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que partía, como en sus ocho ediciones anteriores, de la urbanización Casalonga, para desde allí pasar por los terrenos elegidos para albergar el basurero nuclear y dirigirse desde allí hacia Villar de Cañas, donde se daba lectura al manifiesto.

Bajo el lema “No al cementerio nuclear. Ni en tu pueblo ni en el mío” volvían a unir sus pasos y sus voces en esta marcha, que sin perder su ambiente lúdico y acompañados del son de las dulzainas, acortaba este año ligeramente su recorrido.

Movilización con la que manifiestan, una vez más, el rechazo a la construcción del ATC en la zona, defendiendo así la “dignidad” de los vecinos de los pequeños municipios del entorno de Villar de Cañas. Y es que, como recordaban en una de sus pancartas, “la vida digna no cabe con el cementerio nuclear”.

Vecinos que ven que, a la amenaza de la despoblación, se suma la del basurero radiactivo, la cual condiciona más aún sus esperanzas de futuro.

En este sentido, desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca recuerdan cómo hace tan solo un mes se confirmaba la presencia de radionucleidos en las aguas subterráneas cercanas a la central nuclear de Ascó. Una situación que ha puesto en primer plano la posibilidad de un accidente similar en caso de que el ATC se construya finalmente en Villar de Cañas, al ser conocida y contrastada su vulnerabilidad geológica.

Posible accidente que es el punto de partida de la trama del corto titulado ‘La Fuga’, actualmente en elaboración. Una escena que recrearon los participantes en la marcha celebrada este domingo al final de la misma. Paraguas negros, maletas y mascarillas para recrear esa marcha forzada de sus pueblos que los vecinos de esta zona de la provincia de Cuenca esperan que nunca se tenga que hacer realidad.

Sin embargo, el proyecto podría estar a punto de dar un paso más hacia delante, puesto que a pesar de que los terrenos elegidos no son aptos, a finales del próximo mes de julio el ATC podría tener el segundo informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Un “empecinamiento” del Gobierno de Mariano Rajoy, respecto a la construcción del ATC, que sus detractores rechazan, “puesto no es necesario al existir ya almacenamiento temporal seguro para los residuos nucleares”.

Desde el colectivo consideran que para la gestión de los residuos nucleares el primer paso debe ser no generarlos, para lo cual sería preciso proceder al cierre progresivo de las centrales nucleares. A partir de ese momento, y una vez conocido el volumen de residuos, consideran que se debería abrir el debate sobre cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde el punto de vista económico, social y ambiental, pensando fundamentalmente en un almacenamiento definitivo.

Un debate que desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear consideran debe ser “público y transparente”, y mantenerse “el tiempo necesario que requiere una decisión de tal calibre”.

Junto a los vecinos “anónimos” que volvían a sumarse a esta marcha en defensa de la dignidad y el futuro de sus pueblos, también participaban en esta novena edición numerosos representantes del ámbito político y social.

Entre ellos representantes del Gobierno regional, que mantiene su férrea oposición del ATC al considerar que Cuenca no necesita un cementerio nuclear y sostener que seguirán trabajando para evitar su instalación. Un mensaje que trasladaban con su presencia el delegado de la Junta de Comunidades en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, y el director provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado.

Una representación que a nivel de partido encabezaba la diputada autonómica Carmen Torralba, acompañada de numerosos compañeros del PSOE conquense, algunos de ellos concejales de la zona.

También entre los políticos marcharon junto a los vecinos el parlamentario y portavoz de Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, el líder castellano‑manchego de IU, Juan Ramón Crespo, y el presidente nacional del Partido Castellano, Pedro Manuel Soriano.

Junto a todos ellos, representantes de colectivos antinucleares de Madrid y Castilla-La Mancha, pertenecientes al Movimiento Ibérico Antinuclear, así como miembros de varios grupos de Ecologistas en Acción de toda la región y de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Guadalajara.

Una amplia participación que era valorada por los convocantes, que destacaban la gran presencia de personas no adscritas a ninguna organización, especialmente de la comarca de Villar de Cañas.

EL ÚNICO INTERÉS DE RAJOY EN LA REGIÓN

A esta oposición a la construcción del cementerio nuclear se contrapone el nuevo impulso que se pretende dar al proyecto desde el Gobierno central. Un Ejecutivo de Mariano Rajoy para el que el ATC de Villar de Cañas se ha convertido en su principal interés.

Así se deduce de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, que de los 589 millones de inversión que anuncian para la región, casi 145 van destinados únicamente al cementerio nuclear, es decir, el 24,5 por ciento del total.

Se trata de más del 70 por ciento de la inversión prevista para la provincia de Cuenca, a la que proponen destinar 205 millones en su conjunto, de los cuales 144,5 irán al silo nuclear. Una muestra del ‘impulso’ que desde el Ejecutivo, del que forman parte la expresidenta autonómica María Dolores de Cospedal y el diputado por Cuenca Rafael Catalá, pretenden dar al ATC tras haber quedado reducida a 10 millones en los presupuestos de 2017.

Cifra con la que se compensa el ‘recorte’ del ejercicio pasado, y se supera la previsión planteada en 2015 que estimaba para este 2018 una inversión de 69,7 millones.

Una ‘apuesta’ por la instalación del cementerio nuclear en la provincia de Cuenca contra la que desde la Plataforma están dispuestos a seguir luchando. Movilizaciones contra el ATC que tendrán continuación y se intensificarán en los próximos meses.

Fuente: periodicoclm.es

ENRESA gasta 148.000€ en táxis para transportes de directivos.

El Cabril, en Córdoba

Entre 2012 y 2017, El Cabril, la instalación de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad, ha gastado un total de 147.837,31 euros en taxis. El Cabril está situado en la Sierra Albarrana, dentro del término municipal de Hornachuelos, en Córdoba, y aunque dispone de 16 vehículos de diferente tipo para trabajos internos, nunca ha dispuesto de coches oficiales para desplazamientos de trabajadores, directivos o visitas oficiales. Increíblemente, todo se realiza por taxi, incluido el correo.

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), presidida por Juan José Zaballa, de la que depende el almacenamiento subterráneo de El Cabril, viene contratando un servicio de taxis para desplazar personal y objetos hasta la instalación, en el término cordobés de Hornachuelos. Ese servicio de taxis es utilizado tanto para atender a visitas institucionales como a las necesidades de desplazamiento del personal de ENRESA; es decir, que cualquier directivo, visita oficial o trabajador que vaya a El Cabril, lo hará en taxi.

El servicio de taxis se contrata siempre que operarios en comisión de servicio desde otros centros de trabajo de la empresa tienen que viajar a El Cabril, principalmente para los desplazamientos desde la estación del AVE de Córdoba hasta la instalación subterránea, un trayecto de 120 kilómetros. Pero también para la recogida y entrega de documentación o pequeños envíos de mensajería desde la localidad próxima de Hornachuelos, así como para la entrega de documentación en organismos e instituciones de Córdoba. La empresa argumenta para justificar estos taxis que no existe servicio postal en las proximidades de El Cabril.

Extraconfidencial.com ha podido constatar la existencia de este servicio, del que ENRESA dispone desde el inicio de su actividad en El Cabril, pero del que no se tenía conocimiento. Hasta 2014, el servicio de taxis era discrecional, pero a partir de ese año, el servicio fue contratado mediante proceso de licitación pública. El criterio de adjudicación fue el precio, sin que concurrieran criterios de valoración que dependieran de un juicio de valor.

El presupuesto máximo de licitación para este contrato, sin incluir el IVA, asciende a la cantidad de 75.435 euros (a añadir el importe del IVA, otros 15.841,35 euros), que se divide en dos lotes: Lote 1. Servicio de taxi desde Córdoba, por 29.910 €, y Lote 2, Servicio de taxi desde Hornachuelos por 45.525 euros.

El plazo de ejecución es de 3 años, desde su inicio el pasado 1 de enero de 2018, y la distribución por anualidades sería, sobre el papel, de 25.145 euros por año hasta su finalización en 2020.

Los vehículos existentes en El Cabril

ENRESA argumenta que no existen coches de carácter oficial asignados de forma permanente al traslado del personal del Centro, incluido el personal de Dirección. Sin embargo, El Cabril sí cuenta con una flota de vehículos para servicio interno, los cuales son propiedad de ENRESA y están ligados a las necesidades operativas de la instalación: actividades industriales, movimientos internos de materiales y personas y, ocasionalmente, para desplazamiento del personal del Centro a su domicilio cuando por necesidades del trabajo existen variaciones en el horario de su jornada laboral (el conductor es el propio trabajador) y, en consecuencia, no resulta posible el uso de los medios de transporte colectivo.

En ese sentido, según los datos a los que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, la flota con la que cuenta El Cabril es de nueve furgonetas, cuatro vehículos todoterreno y tres turismos, cuya utilización y control está regulado por procedimiento interno de ENRESA.

En definitiva, que entre 2012 hasta septiembre de 2017, ENRESA se ha gastado en taxis para El Cabril un total de 147.837,31 euros; unos 30.000 euros anuales.

Jorge Ventura

Fuente: extraconfidencial.com