La barata energia nuclear: España paga 50 millones a Reino Unido para que se quede el plutonio de Garoña

España firmó hace 14 años un acuerdo con las autoridades británicas para evitar el regreso de la basura nuclear.

La capacidad de almacenamiento de las instalaciones nucleares es muy limitada, a la espera de que se construya el ATC.

La central nuclear de Santa María de Garoña ya es historia. El Gobierno anunció su cierre definitivo el 1 de agosto. Pero las centrales pasan y sus residuos permanecen. Sobre los generados en Garoña, el Gobierno ha tomado una decisión: transferir la titularidad del plutonio generado en el tratamiento de la basura nuclear de la central burgalesa a la empresa pública británica International Nuclear Services (INS), heredera de la antigua British Nuclear Fuels(BNFL).

El Ejecutivo español alcanzó un acuerdo con BNFL hace 14 años para evitar la vuelta de los residuos reprocesados de Garoña a cambio de 34,5 millones de euros. Ahora ha dado un paso más, con un coste “en el ejercicio 2017” de 50,4 millones de euros, según detalla la memoria de la empresa pública Enresa.

Ni la empresa pública que gestiona los residuos, ni la sociedad propietaria de la central nuclear, Nuclenor (50% de Endesa y 50% de Iberdrola), han dado detalles de la operación. Nuclenor se limitó a señalar que las cláusulas del contrato están sujetas a confidencialidad.

Un hecho destacado

La operación ha quedado reflejada en una mención del presidente de Enresa, Juan José Zaballa, en el informe de la compañía de 2016. Zaballa califica de “destacado” el hecho de que el Ministerio de Energía haya refrendado la transferencia de la titularidad del plutonio a la británica INS.

Físicamente, el sensible material siempre estuvo en Reino Unido. La central de Garoña envió entre 1971 y 1983 casi 100 toneladas de combustible nuclear gastado (uranio) para su reprocesamiento. El problema está en el resultado de ese proceso, el plutonio, un residuo muy peligroso por su larga vida y posible uso militar. El plutonio, en principio, no estaba incluido en el acuerdo entre España y Reino Unido.

Si las 100 toneladas de uranio no podían volver en 2004 por falta de instalaciones de almacenamiento, menos aún un derivado más peligroso. España no puede gestionarlos. Por eso los ha enviado a otros países como también han hecho Japón, Alemania o Italia. Según explica el sexto Plan General de Residuos Radiactivos, hay residuos almacenados de la central Vandellós I en Francia y de Garoña en Reino Unido.

El plan recoge que los compromisos contractuales con Francia “contemplan que deben volver a España entre los años 2010 y 2015”, mientras que en el caso de Reino Unido los contratos cubrían hasta el año 2011 para el uranio y sólo hasta 2008 para el plutonio. Los contratos con la empresa estatal francesa Areva, por importe de 194 millones de euros, fueron modificados para extender los plazos.

Fuentes del Ministerio de Energía confirman que Enresa, en uso de sus competencias, tomó la decisión de negociar y modificar el contrato con la empresa pública británica para solucionar el problema de la posible devolución de material altamente radiactivo. El Ministerio respaldó la decisión de Enresa-Nuclenor en la etapa en la que Alberto Nadal estaba al frente de la Secretaría de Estado de Energía, señalan las mismas fuentes.

Un problema menos

Con la transferencia, Endesa e Iberdrola (Nuclenor) se quitan un problema de encima. Si desmantelar una central nuclear es un proceso lento y costoso, que en el caso de Garoña puede durar hasta 16 años, gestionar los residuos de miles de toneladas puede ser una pesadilla. El ejemplo más cercano -y único- de proceso de cierre de una nuclear completa es la de Zorita (Guadalajara), que comenzó a ser desmontada en 2006 y será clausurada, si nada se tuerce, en 2019.

En España, hay poca capacidad de almacenamiento. El polémico Almacén Temporal Centralizado (ATC) todavía está en trámites. Los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. Pero rebosan. Gestionar ese material ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones.

Esa cifra, que el informe contempla desde 2010 supone un 30% de exceso sobre lo contemplado en el plan de residuos que está vigente. En el Plan Nacional de residuos, aprobado en junio de 2006, el coste total de la gestión integral de todo el proceso de gestión de residuos, hasta su almacenamiento final, es de 13.000 millones de euros (valor 2006) y hasta el año 2070.

Mientras se parchea el problema, las piscinas están ocupadas en casi un 89% de media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40% (ver gráfico).

Fuente:  lainformacion.com

 

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Madrid, (y las ciudades) sumideros de energía del resto de España

“Si España fuera un donut, Madrid no existiría”. ‘Galicia calidade’, Mártires del compás.

En Strambotic ya sabemos que existe una relación inequívoca y lineal entre las puertas giratorias y esa factura de la luz que usted está pagando al doble que el año pasado. Gracias a este mapa ahora también sabemos lo que ya sospechábamos: Madrid y, en menor medida, Barcelona, son dos gigantescos “agujeros negros” de la electricidad que se produce en el resto del territorio español, con especial querencia de Madrid por Galicia y de Barcelona por su vecina Tarragona, donde se ubican no una ni dos, sino tres centrales nucleares.

Elaborado a partir de datos de Red Eléctrica Española. Gracias a Álvaro Gómez Vieites por el chivatazo.

 

Fuente: PUBLICO.ES

El próximo problema de la central nuclear de Garoña: no hay almacén para tanto uranio

La construcción del Almacén Temporal Individualizado de la planta burgalesa no ha concluido, pero cuando lo haga tampoco será suficiente para tantas toneladas de residuos.

El ministro Álvaro Nadal zanjó ayer el debate sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña anunciando que no renovará la autorización. Ahora comienza otro debate, el de qué hacer con las toneladas de residuos radiactivos que ahora duermen en las piscinas de la planta burgalesa.

Desmantelar por completo una central nuclear es un proceso lento que, en el caso de Garoña, se prolongará entre 13 y 16 años. El ejemplo más cercano -y único- que tenemos del proceso de cierre de una central nuclear completa es la José Cabrera (Zorita, Guadalajara), que comenzó a ser desmontada en 2006 y será definitivamente clausurada en 2019.

El gran problema ahora para Nuclenor, gestores de la planta de Garoña, será que hacer con los residuos de la central, que incluyen el combustible ya empleado en el reactor y que, en total, superan los varios miles de toneladas.

 

Según el Plan de Gestión del Combustible Gastado de C.N. Santa María de Garoña, un documento interno de la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) obtenido por El Confidencial mediante una petición al Portal de Transparencia, la empresa valoraba a finales de 2011 cuatro alternativas sobre qué hacer con el uranio consumido para producir electricidad, todas ellas condicionadas a la construcción del Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas (Cuenca).

Las cuatro opciones

Aunque Enresa se negó a facilitar a este periódico información acerca de la disposición de la piscina o el inventario de combustible gastado, sí que reveló las opciones que en aquel momento -meses antes de que Endesa e Iberdrola decretaran el cese de operaciones- barajaban como vías de gestión: esperar hasta que el ATC estuviera operativo y trasladar allí los residuos directamente desde la piscina, almacenar los residuos en un Almacén Temporal Individualizado, bien parcialmente o en su totalidad, o reprocesar el combustible y enviarlo al emplazamiento de Villar de Cañas.

Aunque la piscina es, en sí misma, un almacén, el propio informe descarta mantener el combustible allí durante un tiempo prolongado: “La solución de utilizar infraestructuras existentes es de viabilidad dudosa“, indica este análisis.

Maqueta del futuro ATI de Garoña (Idom)

A día de hoy, y con la construcción del ATC paralizada, la única opción viable para el uranio de Garoña está en el ATI que lleva construyéndose desde 2012. Fuentes de Nuclenor y de la compañía Idom, empresa encargada de la construcción de esta infraestructura, confirmaban ayer a Teknautas que las obras, cuya finalización estaba prevista para marzo de este año, no han concluido aún. “No puedo precisar una fecha concreta, pero les falta poco”, explicaban desde Idom.

Los problemas del ATI de Garoña

Inicialmente, se contaba con que el ATC de Villar de Cañas estuviera listo para 2017 ó 2018, por lo que el almacén de Garoña estaba previsto para cobijar de forma provisional el combustible de la central. Pese a esto, en el plan de gestión Enresa recomendaba que se solicitara una licencia “para la totalidad del combustible, teniendo en cuenta que el elemento más costoso, que es el propio contenedor, es por principio modular y el esfuerzo de licenciamiento y coste de la infraestructura no varía mucho con el tamaño”.

En septiembre de 2015, el BOE detallaba la declaración de impacto ambiental del ATI de Garoña, uno de los requisitos legales para llevar a cabo el proyecto. En esta disposición se describían las características del futuro almacén: 32 contenedores cilíndricos ENUN 52B con un peso -una vez cargados de combustible- de unas 70 toneladas cada uno. Esto daría una capacidad total de alrededor de 2.256 toneladas, insuficientes ante las 6.079 toneladas de residuos radiactivos previstas por Enresa.

En comparación, la central de Trillo dispone de un ATI con capacidad para 80 contenedores.

Existe además otro problema. Los contenedores ENUN 52B están diseñados para usarse con dos tipos específicos de combustible (GE-6 y GE-7), pero no se indica qué ocurrirá con los otros tipos (GE-4, GE-5, GE-8, GE-10, GE-11 y GE-14) presentes en el reactor. En el caso de Garoña, hay un total de 2.505 elementos de los que solamente 594 son aptos para estos contenedores.

El último acta de inspección realizada por los inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear a la central, del 24 de mayo de 2017, explicaba que el titular de Santa María de Garoña tenía previsto comenzar a cargar en el ATI los primeros cinco contenedores con combustible gastado en el primer semestre de 2018, algo que parece impracticable a fecha de hoy.

Desde el CSN advierten que la historia está lejos de terminar. “Nosotros ni aprobamos ni desaprobamos, sólo somos asesores del gobierno sobre ese ATI”, explican a Teknautas fuentes del consejo. En 2013, el CSN ya emitió un informe favorable a la construcción del almacén, denominado Informe de Ejecución y Montaje, “pero aún nos falta por emitir un segundo documento, que está en fase de evaluación y por tanto no se puede comunicar nada aún sobre el mismo”.

“Informe Preceptivo y Vinculante para la Autorización de la Modificación de la Autorización, así se llama”, indican estas fuentes. De este análisis, de farragoso título y seguro que apasionante contenido, dependerá que en los próximos meses pueda desbloquearse la situación de un desmantelamiento que, según el ministro Nadal, comenzará “inmediatamente”.

A día de hoy, en Santa María de Garoña, no hay almacén para tantos residuos radiactivos.

Fuente: elconfidencial

El Gobierno se rinde y rechaza la prórroga de la central nuclear de Garoña

Razones políticas, y económicas para justificar el cierre definitivo de Garoña.

La realidad: sus múltiples averias y el alto coste de reparación y mantenimiento.

Deja una comarca en coma, envejecida y con la mayor tasa de paro de todo Burgos.

El “contexto político” es el elemento que más ha pesado en la decisión, según el ministro de Energía

La central se ha convertido en un “símbolo”, según Álvaro Nadal, que asegura que “esto no es lo que va a ocurrir con el resto del parque nuclear”: “Espero que no haya más Garoñas”

El Gobierno se ha tenido que envainar su apoyo a la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha anunciado este martes, 1 de agosto, el rechazo del Gobierno a la prórroga de la autorización de explotación de la central nuclear más vieja y pequeña de España, desconectada por decisión de sus propietarias, Endesa e Iberdrola, en diciembre de 2012.

En una comparecencia convocada en la sede del ministerio una semana antes de que se cumpliese el plazo de seis meses para adoptar la decisión tras el dictamen favorable que otorgó en febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el ministro ha señalado que el “contexto político”, el rechazo de todos los grupos salvo el PP a la continuidad de la planta, es el elemento que más ha pesado en la decisión sobre una central, que se había convertido en un “símbolo de discusión política”. 

Sin citarla, Nadal ha recordado que una de las propietarias de Garoña, Iberdrola, quería cerrar la central porque, tras haber pedido la prórroga en 2014, ahora “se desdice” y asegura que no es rentable por los impuestos que soporta el sector nuclear. Según Nadal, la tasa nuclear impuesta a los reactores no va a tocarse: “Se queda como está” porque “está bien calculada”.

Según el ministro, esta decisión no anticipa “lo que va a ocurrir con el resto del parque nuclear”, que el Gobierno es partidario de mantener. “Espero que no haya más Garoñas”, ha señalado el titular de Energía, que ha subrayado que el impacto de la no reapertura de Garoña es “nulo” para los precios de la energía.

En su comparecencia, Nadal ha lamentado la falta de un debate “sosegado” en los últimos meses y ha recordado las “características tan específicas que tiene esta central”, una planta “casi experimental” que es “de las más pequeñas que existen en Europa” y cuya aportación al sistema eléctrico, cuando estaba conectada, “ha sido relativamente pequeña”.

Se trata de una planta de primera generación, gemela de la de Fukushima, que tras la catástrofe de la central nipona requería “fuertes inversiones” que el sector cifra en más de 200 millones de euros para poder volver a conectarse.

La historia no será magnanima con una central de primera generación. Los habitantes de su entorno han sufrido la imposición de una central franquista, con un reactor de 2ª mano y cuyos accidentes se han ocultado.

 

Fuente: eldiario.es

HEMEROTECA

Garoña debería cerrar por problemas de seguridad

Garoña: ejemplo de mala praxis y desinformación

La lista de “incidentes” o accidentes es larga y en los últimos años fué in crescendo

Vertido radioactivo 1 en marzo de 2017 (estando ya parada)

Vertido radioactivo 2 en junio de 2017 (3 meses después)

1989: La rotura de la tuberia de Garoña dejó escapar más de 60.000 litros de agua radioactiva

 

 

Enresa estudiará el acuífero sito en los terrenos donde pretende ubicar el ATC

Deberá analizar si habría capacidad de reacción ante una posible fuga de material radioactivo y evitar que llegue a El Záncara.

Enresa sigue estudiando los terrenos del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas. Se prevé que en breve analice el comportamiento del acuífero que se situaría debajo de la construcción del silo nuclear conquense. Se trata de una información adicional que el CSN solicitó a la empresa, y una de las cuestiones más sensibles del proyecto.

Enresa está pendiente de adjudicar el contrato por el que, durante dos años, se comprobarán los valores pizométricos en los terrenos donde se pretende construir en ATC y sus alrededores. Con esto, se controlará al detalle cuál es el movimiento de las aguas subterráneas.

Informes anteriores hablan de un “movimiento moderado” de las aguas del acuífero, asegurando que hay “riesgo potencial” de contaminación del cauce más cercano, El Záncara y, por tanto, podría afectar al agua de riego y agua de uso de boca en la zona e, incluso, podría expandirse hacia las Tablas de Daimiel.

Ahora quieren que los estudios sean más precisos. Así las cosas, la captura de los datos que de ahí se obtengan serán determinantes para determinar cómo actuar y dónde en caso de fuga, según explica a la SER Carlos Villeta, responsable de comunicación de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca.

Mientras, la Plataforma ha vuelto a acudir al Consejo de Transparencia tras haber solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear el Informe de Construcción y haber recibido información parcial del documento, como ya ocurriera con el Informe de Ubicación. Pasados tres meses, el colectivo se plantea acudir a instancias superiores. Temen que el CSN vuelva a seguir adelante con el proyecto a pesar de que los estudios determinen que los riesgos superan los umbrales permitidos.

Desde la Plataforma calculan que en seis meses el CSN podría dar el visto bueno al segundo de los tres permisos necesarios para construir del ATC.

Fuente: cadenaser.com

Soria no quiere pasar por el responsable único del recorte a las Renovables españolas

El exministro de Industria tira de los ‘papeles de Tafira’ y revela un correo electrónico de 2012 que compromete a Cristóbal Montoro durante los preparativos del recorte a las Renovables

El titular de Hacienda habría reenviado a José Manuel Soria las exigencias de Abengoa, cliente del despacho de influencias Equipo Económico que coloca a Montoro de nuevo en la picota

Según ‘El Mundo’, ni Soria ni ningún miembro de su equipo denunció entonces aquella maniobra, ¿por qué ahora?

Apenas han pasado quince meses de su forzada dimisión y José Manuel Soria ya ha perdido la paciencia. El poder y el dinero lo mantuvieron más de veinte años en la cresta de la ola y no soporta lo segundo sin lo primero. ¿Para qué el dinero sin poder? Durante más de dos décadas combinó a su modo las tareas públicas con los negocios privados y logró situarse siempre en el epicentro de los intereses de las empresas que tenían que ver con los destinos políticos que desempeñaba. Perder el poder no formaba parte en absoluto de sus planes en abril de 2016 y mucho menos perderlo del modo cruel en que lo perdió. Por eso pidió al Gobierno que lo recolocara, que no lo dejara tirado en la cuneta tras tantos servicios prestados a la causa. Falló lo del Banco Mundial y los nuevos tiempos del Partido Popular hacen imposible recolocarlo.

En febrero de 2017 renunció a su paga de exministro y montó su propia empresa, Sorben Partners, con la que hacer valer sus viejas influencias y cobrarse de alguna manera los favores concedidos durante sus cinco años de ejercicio ministerial. Se le ha visto ir y venir constantemente a Madrid, viajar al extranjero, reunirse con empresarios en reservados de lujosos restaurantes… Pero sin poder, nada es lo mismo.

Hace ya más de dos meses que la Secretaría de Estado de Seguridad ordenó retirarle el último vínculo con el poder que le quedaba, el último signo público de grandeza: la escolta y la protección policial de la que disfrutó un año de modo más que discutible. Soria tiró de inmediato de amistades y convenció al subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, para que se la mantuviera alegando no se sabe muy bien qué riesgos sobre su integridad personal y la de su familia. La excusa ha sido el robo que sufrió la Nochebuena de 2016, un asalto a su casa de Tafira Alta cuyo expediente sigue durmiendo en algún cajón de la décima planta de la Jefatura Superior de Policía de Canarias por desconocerse quién o quiénes pudieron haber sido los autores de la acción. O quizás por todo lo contrario, por conocerse de sobra y ser inconveniente su revelación.

En aquella caja fuerte desvalijada en el dormitorio del matrimonio Soria Benítez (los apellidos que componen el logo Sorben Partners) podría haber documentos trascendentales de la larga trayectoria política del ex presidente del PP de Canarias. Y entre ellos es muy probable que se encuentre un correo electrónico que comprometería gravemente al todavía ministro de Hacienda, un correo que demostraría que Cristóbal Montoro trató de influir sobre José Manuel Soria en beneficio de la empresa Abengoa, por entonces cliente del despacho de influencias Equipo Económico, fundado por el recientemente reprobado ministro.

Lo ha contado este domingo el periodista de El Mundo Carlos Segovia, uno de los que mejor conoció las entrañas del ministerio de Soria: “Desde el Gabinete del ministro de Hacienda llegó una propuesta con el membrete de Abengoa, que era un gran cliente de Equipo Económico. Planteaba, por supuesto, una reforma que ya sabíamos que era la que le interesaba a esta empresa”, afirman asistentes a aquella reunión en el despacho del ministro de Industria”, dice la pieza firmada por Segovia.

Y añade que Soria “no llegó a exhibir el correo en la Comisión Delegada [de Asuntos Económicos] ni en el Consejo de Ministros, pero informó de su contenido a un amplio número de ministros”.

¿Por qué motivo no denunció tales prácticas el ministro Soria? Según la versión que recoge El Mundo, “por lo que habría supuesto para el Gobierno en aquella época en que España estaba al borde del rescate”, dice el periodista citando “fuentes de Industria de aquella época”.

Las “fuentes de Industria de aquella época” no pueden ser otras que el propio Soria porque en toda la pieza solo se cita a otro alto cargo, el por entonces secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, presunto receptor de aquel correo, que en la actualidad ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que no iba el hombre a meterse ahora en berenjenales tales como comprometer al ministro de Hacienda en defensa del defenestrado ex de Industria.

La información de Carlos Segovia deja algunas otras pistas de la autoría de la filtración. Hay una expresión inequívocamente soriana: cuando el periodista da cuenta de que en el Ministerio de Hacienda niegan que ni Montoro ni su entonces jefe de gabinete enviaran documentos de Abengoa a Industria, la respuesta de la fuente es que el correo llegó, “vaya si llegó”. Una fórmula marca de la casa, similar a la que José Manuel Soria empleó en la comisión de investigación formada en el Parlamento de Canarias para investigar el concurso eólico en la época en la que él era presidente del Cabildo de Gran Canaria y su hermano Luis consejero de Industria del Gobierno de Canarias. “Vaya si lo sabré yo”, espetó altanero cuando fue requerido para que contestara si estaba o no presente en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el que se decidió abrir el camino a la concesión de un suelo público al empresario Javier Esquivel para la instalación de un campo de vientos en el muelle de Arinaga. Aquel empresario fue el que, por las mismas fechas, le prestó al menos durante diecinueve meses un chalet de su propiedad para que residiera la familia Soria sin pagar renta de ningún tipo mientras le construían la mansión de Tafira Alta donde en diciembre le abrieron la caja fuerte y donde desde febrero tiene sede su empresa familiar de asesoramiento internacional.

La filtración de esta información a El Mundo, el periódico que tradicionalmente ha utilizado Soria para sus vendettas personales y políticas, es algo más que un simple aviso del exministro de Industria al Gobierno y a su partido. A finales de la misma semana en la que Mariano Rajoy ha mostrado su apoyo absoluto a Cristóbal Montoro en pleno fulgor del caso Equipo Económico, es un ataque frontal al presidente del Gobierno, una muestra inequívoca de que a Soria se le ha agotado la paciencia y amenaza con sacar más papeles. En su entorno siempre han sostenido que acostumbraba a grabar todas las conversaciones en su despacho y que ha guardado minuciosamente horas y horas de confidencias y una ingente cantidad de documentación. Por eso una de las teorías más alentadas por él mismo sobre el robo en su caja fuerte apuntaron desde el primer momento al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría para que los servicios de inteligencia se hicieran con esa documentación.

Soria pretende que le hagan caso, que no se olviden de él, que no lo obliguen a regresar a su plaza de funcionario… Para ello ha tirado de los papeles de Tafira y de paso ha pasado factura al ministro que el mismo día de su dolorosa dimisión dijo aquello de que no puede estar en el Gobierno alguien que haya operado en paraísos fiscales.

Fuente: eldiario.es

Soria, un ministro de Industria y Energía para no olvidar

El Banco Mundial condena a España por el recorte de los incentivos a las renovables

Obliga al Gobierno a compensar con 128 millones a una empresa británica; otras 30 denuncias esperan fallo

Ya comentamos en su día que Soria era un ministro para no olvidar (leer)

 6 de Mayo de 2017

El tijeretazo a las ayudas a las energías renovables empieza a pasar factura a España y la cantidad final a pagar puede ser muy elevada. El Estado ha perdido el primero de los numerosos arbitrajes internacionales a los que se enfrenta por cambiar el marco regulatorio después de utilizarlo como señuelo para captar inversiones. El Ciadi, la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, ha dado la razón a la británica Eiser y condena a España a compensar con 128 millones a la compañía, que invirtió 935 millones en tres plantas termosolares junto con otros dos socios.

Las operaciones se acometieron en 2007, el año en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el decreto con el que pretendía acelerar el despegue de la energía verde en el Estado. Aprovechando los incentivos y el precio al que se pagaba el kilovatio, Eiser, asociado con Elecnor -con orígenes vascos pero con sede en Madrid- y la ingeniería Aries, impulsó dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Ciudad Real y otra de las mismas características en Badajoz.

Poco después se produjo el estallido de la crisis y, en 2010, dentro de los primeros recortes, los socialistas decidieron suprimir gran parte de los incentivos y bajar las retribuciones. Tras su llegada al poder el Partido Popular dio otra vuelta de tuerca con la aprobación de una reforma eléctrica que cambio de arriba abajo el terreno de juego penalizando sobre todo a los productores de energía renovable. El escenario cambio radicalmente y las compañías chocaron con un muro donde antes había oportunidades de negocio. Muchas de ellas han buscado una compensación en la mediación internacional y el fallo de Ciadi conocido ayer supone el primer revés para el Ejecutivo popular. En el anterior, que data de enero 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo se pronunció a favor del Reino de España ante la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico.

El escenario que se abre tras la condena en el ámbito termosolar es incierto. Por ello, el Ministerio de Energía se apresuró ayer a afirmar que el laudo “no puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante” a otras denuncias.

El Gobierno central estima que la decisión de Ciadi se ciñe “única y exclusivamente” a las tres plantas termosolares de las que eran socios Eiser y su filial Energia Solar Luxembourg, “en atención a sus particulares circunstancias”. Además, sostiene que es “excesivo” considerar que la reforma eléctrica “ha causado daño” a las compañías.

El objetivo ahora es que no se genere una avalancha de reclamaciones y el Ministerio aseguró que está estudiando la posibilidad de recurrir, a pesar de que Ciadi remarcó que su laudo es “definitivo y obligatorio” y no cabe ningún tipo de recurso.

Por su parte, Anpier, la asociación de pequeños productores fotovoltaicos, exigió el mismo tratamiento que reciben los inversores extranjeros, porque en su caso no cae la mediación internacionales. En España, las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional han avalado los recortes aplicados por el Gobierno central. España acumula ante el Ciadi casi una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes aplicados a las energías renovables.

Más allá de las consecuencias económicas derivadas del cambio regulatorio, que podrían elevarse por encima de los 1.000 millones de euros, la retirada de los incentivos ha dejado una huella muy profunda en el sector. Tras el cambio regulatorio muchas instalaciones dejaron de ser rentables, lo que unido a los efectos directos de la recesión supuso un duro golpe para las empresas.

En 2008 la energía renovable daba empleo a casi 143.000 personas y hoy apenas se superan los 75.000 trabajadores. En el caso de la energía solar térmica se ha pasado de 13.542 empleos a poco más de 6.000, y es el único área en el que no ha repuntado la contratación de personal con la recuperación económica.

Fuente: deia.com

Soria, un ministro de Industria y Energía para no olvidar