El Gobierno se rinde y rechaza la prórroga de la central nuclear de Garoña

Razones políticas, y económicas para justificar el cierre definitivo de Garoña.

La realidad: sus múltiples averias y el alto coste de reparación y mantenimiento.

Deja una comarca en coma, envejecida y con la mayor tasa de paro de todo Burgos.

El “contexto político” es el elemento que más ha pesado en la decisión, según el ministro de Energía

La central se ha convertido en un “símbolo”, según Álvaro Nadal, que asegura que “esto no es lo que va a ocurrir con el resto del parque nuclear”: “Espero que no haya más Garoñas”

El Gobierno se ha tenido que envainar su apoyo a la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha anunciado este martes, 1 de agosto, el rechazo del Gobierno a la prórroga de la autorización de explotación de la central nuclear más vieja y pequeña de España, desconectada por decisión de sus propietarias, Endesa e Iberdrola, en diciembre de 2012.

En una comparecencia convocada en la sede del ministerio una semana antes de que se cumpliese el plazo de seis meses para adoptar la decisión tras el dictamen favorable que otorgó en febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el ministro ha señalado que el “contexto político”, el rechazo de todos los grupos salvo el PP a la continuidad de la planta, es el elemento que más ha pesado en la decisión sobre una central, que se había convertido en un “símbolo de discusión política”. 

Sin citarla, Nadal ha recordado que una de las propietarias de Garoña, Iberdrola, quería cerrar la central porque, tras haber pedido la prórroga en 2014, ahora “se desdice” y asegura que no es rentable por los impuestos que soporta el sector nuclear. Según Nadal, la tasa nuclear impuesta a los reactores no va a tocarse: “Se queda como está” porque “está bien calculada”.

Según el ministro, esta decisión no anticipa “lo que va a ocurrir con el resto del parque nuclear”, que el Gobierno es partidario de mantener. “Espero que no haya más Garoñas”, ha señalado el titular de Energía, que ha subrayado que el impacto de la no reapertura de Garoña es “nulo” para los precios de la energía.

En su comparecencia, Nadal ha lamentado la falta de un debate “sosegado” en los últimos meses y ha recordado las “características tan específicas que tiene esta central”, una planta “casi experimental” que es “de las más pequeñas que existen en Europa” y cuya aportación al sistema eléctrico, cuando estaba conectada, “ha sido relativamente pequeña”.

Se trata de una planta de primera generación, gemela de la de Fukushima, que tras la catástrofe de la central nipona requería “fuertes inversiones” que el sector cifra en más de 200 millones de euros para poder volver a conectarse.

La historia no será magnanima con una central de primera generación. Los habitantes de su entorno han sufrido la imposición de una central franquista, con un reactor de 2ª mano y cuyos accidentes se han ocultado.

 

Fuente: eldiario.es

HEMEROTECA

Garoña debería cerrar por problemas de seguridad

Garoña: ejemplo de mala praxis y desinformación

La lista de “incidentes” o accidentes es larga y en los últimos años fué in crescendo

Vertido radioactivo 1 en marzo de 2017 (estando ya parada)

Vertido radioactivo 2 en junio de 2017 (3 meses después)

1989: La rotura de la tuberia de Garoña dejó escapar más de 60.000 litros de agua radioactiva

 

 

Enresa estudiará el acuífero sito en los terrenos donde pretende ubicar el ATC

Deberá analizar si habría capacidad de reacción ante una posible fuga de material radioactivo y evitar que llegue a El Záncara.

Enresa sigue estudiando los terrenos del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas. Se prevé que en breve analice el comportamiento del acuífero que se situaría debajo de la construcción del silo nuclear conquense. Se trata de una información adicional que el CSN solicitó a la empresa, y una de las cuestiones más sensibles del proyecto.

Enresa está pendiente de adjudicar el contrato por el que, durante dos años, se comprobarán los valores pizométricos en los terrenos donde se pretende construir en ATC y sus alrededores. Con esto, se controlará al detalle cuál es el movimiento de las aguas subterráneas.

Informes anteriores hablan de un “movimiento moderado” de las aguas del acuífero, asegurando que hay “riesgo potencial” de contaminación del cauce más cercano, El Záncara y, por tanto, podría afectar al agua de riego y agua de uso de boca en la zona e, incluso, podría expandirse hacia las Tablas de Daimiel.

Ahora quieren que los estudios sean más precisos. Así las cosas, la captura de los datos que de ahí se obtengan serán determinantes para determinar cómo actuar y dónde en caso de fuga, según explica a la SER Carlos Villeta, responsable de comunicación de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca.

Mientras, la Plataforma ha vuelto a acudir al Consejo de Transparencia tras haber solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear el Informe de Construcción y haber recibido información parcial del documento, como ya ocurriera con el Informe de Ubicación. Pasados tres meses, el colectivo se plantea acudir a instancias superiores. Temen que el CSN vuelva a seguir adelante con el proyecto a pesar de que los estudios determinen que los riesgos superan los umbrales permitidos.

Desde la Plataforma calculan que en seis meses el CSN podría dar el visto bueno al segundo de los tres permisos necesarios para construir del ATC.

Fuente: cadenaser.com

Soria no quiere pasar por el responsable único del recorte a las Renovables españolas

El exministro de Industria tira de los ‘papeles de Tafira’ y revela un correo electrónico de 2012 que compromete a Cristóbal Montoro durante los preparativos del recorte a las Renovables

El titular de Hacienda habría reenviado a José Manuel Soria las exigencias de Abengoa, cliente del despacho de influencias Equipo Económico que coloca a Montoro de nuevo en la picota

Según ‘El Mundo’, ni Soria ni ningún miembro de su equipo denunció entonces aquella maniobra, ¿por qué ahora?

Apenas han pasado quince meses de su forzada dimisión y José Manuel Soria ya ha perdido la paciencia. El poder y el dinero lo mantuvieron más de veinte años en la cresta de la ola y no soporta lo segundo sin lo primero. ¿Para qué el dinero sin poder? Durante más de dos décadas combinó a su modo las tareas públicas con los negocios privados y logró situarse siempre en el epicentro de los intereses de las empresas que tenían que ver con los destinos políticos que desempeñaba. Perder el poder no formaba parte en absoluto de sus planes en abril de 2016 y mucho menos perderlo del modo cruel en que lo perdió. Por eso pidió al Gobierno que lo recolocara, que no lo dejara tirado en la cuneta tras tantos servicios prestados a la causa. Falló lo del Banco Mundial y los nuevos tiempos del Partido Popular hacen imposible recolocarlo.

En febrero de 2017 renunció a su paga de exministro y montó su propia empresa, Sorben Partners, con la que hacer valer sus viejas influencias y cobrarse de alguna manera los favores concedidos durante sus cinco años de ejercicio ministerial. Se le ha visto ir y venir constantemente a Madrid, viajar al extranjero, reunirse con empresarios en reservados de lujosos restaurantes… Pero sin poder, nada es lo mismo.

Hace ya más de dos meses que la Secretaría de Estado de Seguridad ordenó retirarle el último vínculo con el poder que le quedaba, el último signo público de grandeza: la escolta y la protección policial de la que disfrutó un año de modo más que discutible. Soria tiró de inmediato de amistades y convenció al subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, para que se la mantuviera alegando no se sabe muy bien qué riesgos sobre su integridad personal y la de su familia. La excusa ha sido el robo que sufrió la Nochebuena de 2016, un asalto a su casa de Tafira Alta cuyo expediente sigue durmiendo en algún cajón de la décima planta de la Jefatura Superior de Policía de Canarias por desconocerse quién o quiénes pudieron haber sido los autores de la acción. O quizás por todo lo contrario, por conocerse de sobra y ser inconveniente su revelación.

En aquella caja fuerte desvalijada en el dormitorio del matrimonio Soria Benítez (los apellidos que componen el logo Sorben Partners) podría haber documentos trascendentales de la larga trayectoria política del ex presidente del PP de Canarias. Y entre ellos es muy probable que se encuentre un correo electrónico que comprometería gravemente al todavía ministro de Hacienda, un correo que demostraría que Cristóbal Montoro trató de influir sobre José Manuel Soria en beneficio de la empresa Abengoa, por entonces cliente del despacho de influencias Equipo Económico, fundado por el recientemente reprobado ministro.

Lo ha contado este domingo el periodista de El Mundo Carlos Segovia, uno de los que mejor conoció las entrañas del ministerio de Soria: “Desde el Gabinete del ministro de Hacienda llegó una propuesta con el membrete de Abengoa, que era un gran cliente de Equipo Económico. Planteaba, por supuesto, una reforma que ya sabíamos que era la que le interesaba a esta empresa”, afirman asistentes a aquella reunión en el despacho del ministro de Industria”, dice la pieza firmada por Segovia.

Y añade que Soria “no llegó a exhibir el correo en la Comisión Delegada [de Asuntos Económicos] ni en el Consejo de Ministros, pero informó de su contenido a un amplio número de ministros”.

¿Por qué motivo no denunció tales prácticas el ministro Soria? Según la versión que recoge El Mundo, “por lo que habría supuesto para el Gobierno en aquella época en que España estaba al borde del rescate”, dice el periodista citando “fuentes de Industria de aquella época”.

Las “fuentes de Industria de aquella época” no pueden ser otras que el propio Soria porque en toda la pieza solo se cita a otro alto cargo, el por entonces secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, presunto receptor de aquel correo, que en la actualidad ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que no iba el hombre a meterse ahora en berenjenales tales como comprometer al ministro de Hacienda en defensa del defenestrado ex de Industria.

La información de Carlos Segovia deja algunas otras pistas de la autoría de la filtración. Hay una expresión inequívocamente soriana: cuando el periodista da cuenta de que en el Ministerio de Hacienda niegan que ni Montoro ni su entonces jefe de gabinete enviaran documentos de Abengoa a Industria, la respuesta de la fuente es que el correo llegó, “vaya si llegó”. Una fórmula marca de la casa, similar a la que José Manuel Soria empleó en la comisión de investigación formada en el Parlamento de Canarias para investigar el concurso eólico en la época en la que él era presidente del Cabildo de Gran Canaria y su hermano Luis consejero de Industria del Gobierno de Canarias. “Vaya si lo sabré yo”, espetó altanero cuando fue requerido para que contestara si estaba o no presente en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el que se decidió abrir el camino a la concesión de un suelo público al empresario Javier Esquivel para la instalación de un campo de vientos en el muelle de Arinaga. Aquel empresario fue el que, por las mismas fechas, le prestó al menos durante diecinueve meses un chalet de su propiedad para que residiera la familia Soria sin pagar renta de ningún tipo mientras le construían la mansión de Tafira Alta donde en diciembre le abrieron la caja fuerte y donde desde febrero tiene sede su empresa familiar de asesoramiento internacional.

La filtración de esta información a El Mundo, el periódico que tradicionalmente ha utilizado Soria para sus vendettas personales y políticas, es algo más que un simple aviso del exministro de Industria al Gobierno y a su partido. A finales de la misma semana en la que Mariano Rajoy ha mostrado su apoyo absoluto a Cristóbal Montoro en pleno fulgor del caso Equipo Económico, es un ataque frontal al presidente del Gobierno, una muestra inequívoca de que a Soria se le ha agotado la paciencia y amenaza con sacar más papeles. En su entorno siempre han sostenido que acostumbraba a grabar todas las conversaciones en su despacho y que ha guardado minuciosamente horas y horas de confidencias y una ingente cantidad de documentación. Por eso una de las teorías más alentadas por él mismo sobre el robo en su caja fuerte apuntaron desde el primer momento al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría para que los servicios de inteligencia se hicieran con esa documentación.

Soria pretende que le hagan caso, que no se olviden de él, que no lo obliguen a regresar a su plaza de funcionario… Para ello ha tirado de los papeles de Tafira y de paso ha pasado factura al ministro que el mismo día de su dolorosa dimisión dijo aquello de que no puede estar en el Gobierno alguien que haya operado en paraísos fiscales.

Fuente: eldiario.es

Soria, un ministro de Industria y Energía para no olvidar

El Banco Mundial condena a España por el recorte de los incentivos a las renovables

Obliga al Gobierno a compensar con 128 millones a una empresa británica; otras 30 denuncias esperan fallo

Ya comentamos en su día que Soria era un ministro para no olvidar (leer)

 6 de Mayo de 2017

El tijeretazo a las ayudas a las energías renovables empieza a pasar factura a España y la cantidad final a pagar puede ser muy elevada. El Estado ha perdido el primero de los numerosos arbitrajes internacionales a los que se enfrenta por cambiar el marco regulatorio después de utilizarlo como señuelo para captar inversiones. El Ciadi, la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, ha dado la razón a la británica Eiser y condena a España a compensar con 128 millones a la compañía, que invirtió 935 millones en tres plantas termosolares junto con otros dos socios.

Las operaciones se acometieron en 2007, el año en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el decreto con el que pretendía acelerar el despegue de la energía verde en el Estado. Aprovechando los incentivos y el precio al que se pagaba el kilovatio, Eiser, asociado con Elecnor -con orígenes vascos pero con sede en Madrid- y la ingeniería Aries, impulsó dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Ciudad Real y otra de las mismas características en Badajoz.

Poco después se produjo el estallido de la crisis y, en 2010, dentro de los primeros recortes, los socialistas decidieron suprimir gran parte de los incentivos y bajar las retribuciones. Tras su llegada al poder el Partido Popular dio otra vuelta de tuerca con la aprobación de una reforma eléctrica que cambio de arriba abajo el terreno de juego penalizando sobre todo a los productores de energía renovable. El escenario cambio radicalmente y las compañías chocaron con un muro donde antes había oportunidades de negocio. Muchas de ellas han buscado una compensación en la mediación internacional y el fallo de Ciadi conocido ayer supone el primer revés para el Ejecutivo popular. En el anterior, que data de enero 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo se pronunció a favor del Reino de España ante la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico.

El escenario que se abre tras la condena en el ámbito termosolar es incierto. Por ello, el Ministerio de Energía se apresuró ayer a afirmar que el laudo “no puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante” a otras denuncias.

El Gobierno central estima que la decisión de Ciadi se ciñe “única y exclusivamente” a las tres plantas termosolares de las que eran socios Eiser y su filial Energia Solar Luxembourg, “en atención a sus particulares circunstancias”. Además, sostiene que es “excesivo” considerar que la reforma eléctrica “ha causado daño” a las compañías.

El objetivo ahora es que no se genere una avalancha de reclamaciones y el Ministerio aseguró que está estudiando la posibilidad de recurrir, a pesar de que Ciadi remarcó que su laudo es “definitivo y obligatorio” y no cabe ningún tipo de recurso.

Por su parte, Anpier, la asociación de pequeños productores fotovoltaicos, exigió el mismo tratamiento que reciben los inversores extranjeros, porque en su caso no cae la mediación internacionales. En España, las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional han avalado los recortes aplicados por el Gobierno central. España acumula ante el Ciadi casi una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes aplicados a las energías renovables.

Más allá de las consecuencias económicas derivadas del cambio regulatorio, que podrían elevarse por encima de los 1.000 millones de euros, la retirada de los incentivos ha dejado una huella muy profunda en el sector. Tras el cambio regulatorio muchas instalaciones dejaron de ser rentables, lo que unido a los efectos directos de la recesión supuso un duro golpe para las empresas.

En 2008 la energía renovable daba empleo a casi 143.000 personas y hoy apenas se superan los 75.000 trabajadores. En el caso de la energía solar térmica se ha pasado de 13.542 empleos a poco más de 6.000, y es el único área en el que no ha repuntado la contratación de personal con la recuperación económica.

Fuente: deia.com

Soria, un ministro de Industria y Energía para no olvidar

El Congreso pide el cierre de Garoña y exige al CSN cambiar su normativa interna para mejorar en transparencia

Unidos Podemos ha conseguido apoyo mayoritario para reprobar al presidente del regulador y exigir al Ejecutivo su cese.

En Marzo se aprobó una proposición no de ley pidiendo el cierre definitivo de Garoña.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital ha pedido al Gobierno que decrete el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), se prepare su desmantelamiento y ponga en marcha un plan de desarrollo de las zonas que se vean afectadas económicamente por el cierre de la planta.

Así se recoge en el dictamen de la ponencia encargada en la Cámara Baja de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sobre los informes de actividad realizada por el organismo durante 2014 y 2015, aprobado este miércoles junto a las propuestas de resolución planteadas por los partidos políticos.

Entre ellas, destaca el texto acordado por todas las formaciones, excepto el PP, en el que se llama al CSN a modernizar su normativa y el estatuto que regulan su funcionamiento interno y, de este modo, garantizar su credibilidad ante la sociedad y su independencia. Unas características que, para la mayoría de partidos, el consejo perdió tras permitir la reapertura de Garoña a pesar del informe de sus técnicos, que la condicionaban a una inversión en sus instalaciones.

En este sentido, el portavoz de Energía del PSOE, Javier Lasarte, ha defendido la necesidad de que el consejo publique todos sus documentos más relevantes, que el presidente presente un informe al final del mandato, que se hagan públicos sus plenos y que se haga un registro de lobbys, entre otros. Para Lasarte, el CSN también debería reforzar la independencia de sus consejeros cambiando su sistema de elección, basada y que ésta esté basada en su capacidad.

Fernando Martí recién nombrado por el exministro Soria

También el representante de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha cuestionado la imagen de independencia del consejo que, a su juicio, se ha ido debilitando coincidiendo con la llegada del actual presidente, Fernando Martí. “Las decisiones que ha tomando nos llevan a plantear su reprobación e instar al Gobierno a su cese en beneficio de la independencia del CSN”, ha declarado el diputado de En Comú.

C’S DENUNCIA FALTA DE RIGUROSIDAD

La formación morada ha conseguido para esta reprobación el apoyo del PSOE que, junto a las abstenciones de Ciudadanos, PNV, ERC y PDeCAT, ha permitido que esta propuesta de resolución salga adelante.

La formación naranja también ha tenido palabras críticas para el trabajo del organismo regulador. Su portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, ha reconocido que en las comparecencias escuchadas a lo largo de los últimos meses en la ponencia, se ha encontrado con discursos “vacíos de contenido” y “faltos de rigurosidad”, algo que, a su juicio, demuestra esa actitud de falta de transparencia que se ha denunciado.

Sólo el PP se ha mostrado contrario a estas acusaciones y, a través de su portavoz, Teodoro García, ha reprochado su actitud a quienes “pretenden sustituir al presidente del regulador” para que el CSN tome las decisiones en el sentido que ellos quieren, es decir, en contra de las nucleares. En este sentido, ha apuntado que “el 90 por ciento de las decisiones del consejo se han tomado por unanimidad”, una cifra que, a su juicio, no refleja lo escuchado sobre el regulador.

UN INFORME SOBRE LA UBICACIÓN DEL ATC

La oposición también se ha unido en un texto transaccional para pedir al CSN un informe detallado sobre el estado del proyecto del Almacén nuclear Temporal Centralizado (ATC), que está previsto que se construya en Villar de Cañas (Cuenca), aunque lleva tiempo paralizado.

Tanto Lasarte como el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, han recordado que existen informes que determinan que la localización no es la más adecuada, una denuncia a la que se ha unido la diputada de Ciudadanos.

En este sentido, también se ha pedido al Gobierno un nuevo plan de residuos radioactivos. López de Uralde ha recordado que estas resoluciones lo que buscan es que España solucione las “incertidumbres” en las que se encuentra ahora ante un “escenario nuevo” como es el del cierre de las nucleares.

El Ministro de Energia Alvaro Nadal está siguiendo los despropósitos de Jose Manuel Soria

En Marzo el Congreso aprobó una proposición no de ley contra Garoña

El pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley de su diputado Óscar Matute (Bildu) para reclamar al Gobierno que no reabra la central nuclear de Santa María de Garoña, futurible que avaló el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hace un mes. El CSN emitió el 8 de febrero un dictamen favorable a la reapertura de la central -paralizada desde 2012- bajo ciertas condiciones de seguridad. El ministerio de Energía está dilatando el proceso definitivo cuando se han producido en menos de 3 meses 2 vertidos descontrolados, uno de ellos de Cesio (leer)

Fuente: eleconomista.es

Se aprueba la moción contra la construcción de un almacén de residuos radioactivos en Cofrentes

La concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano, y el concejal de Energías Renovables y Cambio Climático, Jordi Peris, han presentado una moción para oponerse a la construcción de un almacén de residuos radioactivos en la localidad de Cofrentes, así como el cierre de la Central Nuclear para 2021. Dicha moción se ha aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Grupo Popular.

La moción presentada por el Govern de la Nau, defendida por Soriano y Peris, se basa en que la “peligrosidad de las centrales nucleares está fuera de toda duda, así como el riesgo de la construcción de un almacén de residuos”. En el caso de que hubiera “una fuga radiactiva importante, afectaría a la salud de millones de valencianos y valencianas, además de contaminar la tierra y arruinar la producción agrícola”.

El debate ha comenzado con la intervención de Salvador Moncayo, de la Plataforma Tanquem Cofrents, quien ha reclamado el cierre de la actividad en la central nuclear argumentado que “hay alternativas” y que no sólo lo pide una plataforma, “sino la ciudadanía, y además, otros países europeos, como Bélgica y Suiza, ya están planificando sus alternativas”.

Por parte del grupo Ciudadanos, Santiago Benlliure, ha defendido que las políticas energéticas no deben utilizarse como estrategia política y ha pedido también alternativas. “No se puede improvisar en materia energética”, ha explicado, si bien reconoce que las energías nucleares se “acercan al final de su vida útil”. Así mismo, ha hecho hincapié en que “cualquier decisión debe tener un plan alternativo, que contemple, entre otras cosas, la pérdida de puestos de trabajo”.

Por el Grupo Popular, Mª Ángeles Ramón-Llin ha presentado una propuesta que plantea el incremento de las energías renovables y que tiene en cuenta las repercusiones del cierre, principalmente en lo que al empleo se refiere. “Queremos saber sus planes y cuáles serán las consecuencias. No hagan demagogia, sino parques eólicos, porque el acuerdo es inviable aunque se apruebe, a menos que se ofrezcan soluciones”. Su propuesta ha sido rechazada con los votos en contra del equipo de Gobierno y la abstención de Ciudadanos.

El concejal de Energías Renovables y Cambio Climático, Jordi Peris, ha defendido un “cambio de modelo energético que comprende el cierre de la central y la reconversión laboral”. “Se trata –ha explicado Peris- de una moción sobre una central nuclear obsoleta, con una energía obsoleta”, y ha recordado que para su cierre tendrá ya 35 años, cuando en Europa se fija en 25 años la vida útil de las centrales.

“Un nuevo modelo energético” ha sido también la reivindicación de la concejala Pilar Soriano. Ha recordado la “peligrosidad de los residuos que genera” y la necesidad de una “revolución energética que pase por reducir las energías no renovables en favor de las renovables”. También ha mencionado que en Europa son 25 los años de vida útil, y en España la media es de 30.

Fuente:

Vertido de líquido radioactivo en Garoña, retiran parte del suelo donde cayó

El incidente se produjo hace 2 meses, el 24 de marzo de 2017.

El acta trimestral del Consejo de Seguridad Nuclear certifica un “suceso no notificable” en Garoña tras la caída de un bidón y el vertido de tres litros de material radioactivo

El derrame se produjo en una zona controlada y se limpió ese mismo día

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha certificado un “suceso no notificable” registrado el pasado 24 de marzo en la central nuclear de Santa María de Garoña motivado por la caída de un bidón y el vertido de unos tres litros de material radioactivo al suelo. Según expone el acta trimestral de la inspección de la planta nuclear del Valle de Tobalina, el suceso tuvo lugar en torno a las 10:15 horas de la mañana, al caer un contenedor que había sido extraído del Almacén Temporal de Residuos (ATR) y estaba siendo transportado en una grúa.

El inspector del CSN constató la inexistencia de un protocolo de actuación ante sucesos como este

El contenedor, según relata el técnico que firma el acta, transportaba en su interior un bidón que se había extraído sin tapa y al que se le había puesto un cierre provisional de aluminio. En un momento dado, relata el informe, “se rompió el arco metálico que sujeta la tapa al contenedor y este cayó al suelo desde una altura de 3 metros, quedando la tapa del contenedor suspendida de la pinza”. Al impactar contra el suelo, el contenedor volcó y la tapa de aluminio del bidón cedió, desparramando parte del contenido, que el titular de la planta estimó en “unos tres litros”.

Como consecuencia del suceso, los técnicos de la planta se vieron obligados a tapar toda la zona con plásticos y adaptar un espacio de trabajo en condiciones de seguridad para poder limpiar el vertido. Según explica el informe, los trabajos finalizaron a las 18:30 horas de ese mismo día tras la retirada de entre 2 y 3 centímetros de asfalto potencialmente contaminado.

En este sentido, desde el CSN se ha valorado el suceso como no notificable, toda vez que se trató de un vertido relativamente menor acontecido en una zona controlada que no implicó en ningún caso un riesgo para la salud. De hecho, el ATR se encuentra en una zona debidamente aislada cuyo acceso se encuentra restringido y controlado.

No había protocolo de actuación después de 46 años

Sin embargo, el inspector también certificó la inexistencia de un protocolo en el ATR que contemple cómo actuar en situaciones como esta. Asimismo, el inspector dio cuenta de que “no se estaban tomando medidas ambientales en torno al lugar del suceso”, una cuestión justificada por parte de los técnicos en el hecho de que “no se había detectado contaminación superficial fuera del área tapada con los plásticos”.

Fuente:  burgosconecta.es