González Mantero la vuelve a liar: La Junta de Castilla y León eludió estudiar el impacto que tendría la mina de uranio en Salamanca sobre tierras portuguesas.

El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha indicado que los permisos que faltan “son exclusivamente ya para la parte relacionada con la planta de beneficio, que son de competencia estatal”.

Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) han conocido que fue la Junta de Castilla y León quien eludió estudiar el impacto que tendría la mina de Retortillo (Salamanca) sobre tierras portuguesas, sin realizar estudio radiológico alguno.

Según ha podido saber Ecologistas en Acción, el Gobierno ha reconocido en una respuesta parlamentaria que ha sido la Junta de Castilla y León (JCL) quien omitió realizar estudios de impacto ambiental transfronterizos, y ello sin contar con la asesoría del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, por tanto, sin realizar estudio radiológico alguno.

Este hecho es grave por varios motivos.

En primer lugar, porque la Declaración de Impacto Ambiental realizada por la Junta de CyL es escandalosa al minusvalorar los impactos que la mina y la fábrica de concentrados de uranio tendrían sobre el medio ambiente y la salud. En particular, permite la instalación de una enorme cinta transportadora de mineral sobre el río Yeltes, que aporta sus aguas al río Duero, no realiza una buena clasificación de los residuos radiactivos y no contempla el peligro que supone la dispersión de polvo radiactivo y del gas radón en el medio ambiente.

En segundo lugar, la decisión de que no hacía falta contactar con Portugal debería haberse tomado al más alto nivel del Estado español y no por un gobierno autonómico que no tiene competencia alguna en relaciones internacionales. Aunque la Junta de CyL debiera haber elevado el expediente o haber hecho consultas al ministerio correspondiente.

Y en tercer lugar, esta decisión debería haberse tomado tras la realización de un estudio radiológico que excluyera toda posibilidad de que la contaminación radiactiva alcanzara las tierras portuguesas. Este estudio debería haber corrido a cargo del CSN, que es la máxima autoridad en seguridad nuclear y protección radiológica en nuestro país. Sin embargo, el Gobierno de Castilla y León no consultó al CSN para excluir el impacto transfronterizo, aceptando de forma inexplicable que dicho impacto no existía.

Para Ecologistas en Acción y el MIA resulta obvio que ese impacto existe puesto que el polvo producido en las actividades de minería y los vertidos que se produzcan por el lavado de mineral van a alcanzar el río Yeltes llegando finalmente al río Duero, que baña tierras portuguesas y que pasa por zonas de gran riqueza vinícola, como los vinos Dao o los vinos do Porto. Asimismo, la contaminación de la mina podrá alcanzar también Portugal, dependiendo de la fuerza y dirección del viento.

Por todo ello, para Ecologistas en Acción resulta inaceptable que el Gobierno portugués no haya sido consultado antes de poner en marcha el proceso de licenciamiento de la mina, así como que el Gobierno español mantenga este proyecto. Lo ocurrido en Retortillo se asemeja a lo que pasó con el cementerio nuclear (Almacén Temporal Individual, ATI) de la central nuclear de Almaraz, que se puso en marcha también sin consultar al Gobierno portugués. Esta consulta se produjo a posteriori, evitando que se hicieran sugerencias y alegaciones en el estudio de impacto ambiental.

Con Ricardo González Mantero cualquier actividad perjudicial tiene el pase

El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha indicado, sobre los trámites para la nueva explotación de uranio en Retortillo (Salamanca), que los permisos que faltan “son exclusivamente ya para la parte relacionada con la planta de beneficio, que son de competencia estatal”.

En su visita a Salamanca, para intervenir en la inauguración del XIV Congreso Anual de la Asociación Nacional de Compañías Distribuidoras y Productoras de Energía Eléctrica (CIDE), González Mantero, como responsable de minas en el Gobierno autonómico, ha dicho: “Apoyo la minería y apoyo también esa mina”.

En cuanto a los opositores, ha remarcado que el proyecto de Berkeley en Retortillo está recibiendo “todos los permisos” dentro de “una tramitación sujeta a actos debidos y con una regulación, además, que exige tener multitud de autorizaciones” y “todas ellas se están obteniendo”.

Respecto a si se está informando convenientemente a la Comisión Europea, ha señalado: “tengo entendido que sí”. Y, sobre los efectos en la salud de los vecinos, ha reseñado que son estudios que competen al Consejo de Seguridad Nuclear, y “así se ha hecho en sucesivos informes al respecto”.

Una mina de uranio atravesará un área protegida en Salamanca

La explotación está ubicada apenas a un kilómetro del balneario, en medio de un bosque mediterráneo de gran valor ecológico y ambiental. De hecho, existen dos directivas europeas que protegen la zona dentro de las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). Pero estas no han sido obstáculo para que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitiese, el 25 de septiembre de 2013, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto.

Una “decisión precipitada e incomprensible”, según José Luis Moreno, presidente de la plataforma Stop Uranio; y que choca, además, con la prudencia que sí ha tenido la Comisión Europea al conocer el proyecto, que ha decidido abrir un expediente informativo en respuesta a la denuncia interpuesta, el pasado 30 de agosto, por Stop Uranio.

Esta plataforma denuncia que Berkerley “incumple el Programa General de Medio Ambiente de la UE de horizonte 2020”, por el que se pretende “que el capital natural esté protegido y mejorado, además de que se salvaguarden la salud y el bienestar de los ciudadanos”. La Comisión aún está recabando datos y no ha decidido si llevará el expediente adelante.

SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMENTO DE URGENCIA DE BERKELEY EN RETORTILLO.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, se abre un periodo de información pública de quince días, publicando este anuncio en el <>, en el << BOP de Salamanca>>, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia de Salamanca, en este caso en la Gaceta de Salamanca, para que cualquier persona pueda aportar por escrito datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada y oponerse, por razones de fondo y forma, a la necesidad de ocupación, según dispone el artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa.
A estos efectos el expediente se exhibirá, para su examen en la Dirección General de Energía y Minas ubicada en la Avda. Reyes Leoneses n.º 11 de León y en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Salamanca, en C/ Príncipe de Vergara, 53-71 de Salamanca.
León, 2 de octubre de 2017.–El Director General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.

El alcalde de Retortillo del PP tuvo que dimitir por intereses personales

Los dos concejales del PP, Andrés Matías y Eustaquio Martín, trabajan para Berkeley, y el anterior alcalde, Javier Santamartina, también del PP, vendió en 2012 una finca de su propiedad a la compañía aminera por 197.000 euros, el doble de su precio de mercado para instalar allí sus oficinas. Esta operación se cerró meses después de que la minera iniciara la tramitación de los permisos ante la Junta y ante el propio Ayuntamiento.  (seguir leyendo)

 

Fuentes:   ecologistasenaccion.org

Mñas información sobre esta mina de uranio

Leer sobre la expropiación de tierras

¿Que es el chiringuito financiero Berkeley?

“¡Ni en tu pueblo ni en el mío!”: se intensifican las protestas contra el cementerio nuclear

Cientos de ciudadanos marchan por novena vez a Villar de Cañas, localidad donde pretende construir el basurero nuclear el Gobierno de Rajoy, que para este año quiere conceder los permisos y multiplicar su presupuesto. En los próximos meses, más movilizaciones.

“¡Ni en tu pueblo ni en el mío!”, es el grito unánime de las más de 300 personas que este domingo participaban en la IX Marcha a Villar de Cañas para protestar contra el cementerio nuclear que pretende construir el Ejecutivo central en esta localidad conquense.

Una marcha contra el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que partía, como en sus ocho ediciones anteriores, de la urbanización Casalonga, para desde allí pasar por los terrenos elegidos para albergar el basurero nuclear y dirigirse desde allí hacia Villar de Cañas, donde se daba lectura al manifiesto.

Bajo el lema “No al cementerio nuclear. Ni en tu pueblo ni en el mío” volvían a unir sus pasos y sus voces en esta marcha, que sin perder su ambiente lúdico y acompañados del son de las dulzainas, acortaba este año ligeramente su recorrido.

Movilización con la que manifiestan, una vez más, el rechazo a la construcción del ATC en la zona, defendiendo así la “dignidad” de los vecinos de los pequeños municipios del entorno de Villar de Cañas. Y es que, como recordaban en una de sus pancartas, “la vida digna no cabe con el cementerio nuclear”.

Vecinos que ven que, a la amenaza de la despoblación, se suma la del basurero radiactivo, la cual condiciona más aún sus esperanzas de futuro.

En este sentido, desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca recuerdan cómo hace tan solo un mes se confirmaba la presencia de radionucleidos en las aguas subterráneas cercanas a la central nuclear de Ascó. Una situación que ha puesto en primer plano la posibilidad de un accidente similar en caso de que el ATC se construya finalmente en Villar de Cañas, al ser conocida y contrastada su vulnerabilidad geológica.

Posible accidente que es el punto de partida de la trama del corto titulado ‘La Fuga’, actualmente en elaboración. Una escena que recrearon los participantes en la marcha celebrada este domingo al final de la misma. Paraguas negros, maletas y mascarillas para recrear esa marcha forzada de sus pueblos que los vecinos de esta zona de la provincia de Cuenca esperan que nunca se tenga que hacer realidad.

Sin embargo, el proyecto podría estar a punto de dar un paso más hacia delante, puesto que a pesar de que los terrenos elegidos no son aptos, a finales del próximo mes de julio el ATC podría tener el segundo informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Un “empecinamiento” del Gobierno de Mariano Rajoy, respecto a la construcción del ATC, que sus detractores rechazan, “puesto no es necesario al existir ya almacenamiento temporal seguro para los residuos nucleares”.

Desde el colectivo consideran que para la gestión de los residuos nucleares el primer paso debe ser no generarlos, para lo cual sería preciso proceder al cierre progresivo de las centrales nucleares. A partir de ese momento, y una vez conocido el volumen de residuos, consideran que se debería abrir el debate sobre cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde el punto de vista económico, social y ambiental, pensando fundamentalmente en un almacenamiento definitivo.

Un debate que desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear consideran debe ser “público y transparente”, y mantenerse “el tiempo necesario que requiere una decisión de tal calibre”.

Junto a los vecinos “anónimos” que volvían a sumarse a esta marcha en defensa de la dignidad y el futuro de sus pueblos, también participaban en esta novena edición numerosos representantes del ámbito político y social.

Entre ellos representantes del Gobierno regional, que mantiene su férrea oposición del ATC al considerar que Cuenca no necesita un cementerio nuclear y sostener que seguirán trabajando para evitar su instalación. Un mensaje que trasladaban con su presencia el delegado de la Junta de Comunidades en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, y el director provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado.

Una representación que a nivel de partido encabezaba la diputada autonómica Carmen Torralba, acompañada de numerosos compañeros del PSOE conquense, algunos de ellos concejales de la zona.

También entre los políticos marcharon junto a los vecinos el parlamentario y portavoz de Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, el líder castellano‑manchego de IU, Juan Ramón Crespo, y el presidente nacional del Partido Castellano, Pedro Manuel Soriano.

Junto a todos ellos, representantes de colectivos antinucleares de Madrid y Castilla-La Mancha, pertenecientes al Movimiento Ibérico Antinuclear, así como miembros de varios grupos de Ecologistas en Acción de toda la región y de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Guadalajara.

Una amplia participación que era valorada por los convocantes, que destacaban la gran presencia de personas no adscritas a ninguna organización, especialmente de la comarca de Villar de Cañas.

EL ÚNICO INTERÉS DE RAJOY EN LA REGIÓN

A esta oposición a la construcción del cementerio nuclear se contrapone el nuevo impulso que se pretende dar al proyecto desde el Gobierno central. Un Ejecutivo de Mariano Rajoy para el que el ATC de Villar de Cañas se ha convertido en su principal interés.

Así se deduce de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, que de los 589 millones de inversión que anuncian para la región, casi 145 van destinados únicamente al cementerio nuclear, es decir, el 24,5 por ciento del total.

Se trata de más del 70 por ciento de la inversión prevista para la provincia de Cuenca, a la que proponen destinar 205 millones en su conjunto, de los cuales 144,5 irán al silo nuclear. Una muestra del ‘impulso’ que desde el Ejecutivo, del que forman parte la expresidenta autonómica María Dolores de Cospedal y el diputado por Cuenca Rafael Catalá, pretenden dar al ATC tras haber quedado reducida a 10 millones en los presupuestos de 2017.

Cifra con la que se compensa el ‘recorte’ del ejercicio pasado, y se supera la previsión planteada en 2015 que estimaba para este 2018 una inversión de 69,7 millones.

Una ‘apuesta’ por la instalación del cementerio nuclear en la provincia de Cuenca contra la que desde la Plataforma están dispuestos a seguir luchando. Movilizaciones contra el ATC que tendrán continuación y se intensificarán en los próximos meses.

Fuente: periodicoclm.es

ENRESA gasta 148.000€ en táxis para transportes de directivos.

El Cabril, en Córdoba

Entre 2012 y 2017, El Cabril, la instalación de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad, ha gastado un total de 147.837,31 euros en taxis. El Cabril está situado en la Sierra Albarrana, dentro del término municipal de Hornachuelos, en Córdoba, y aunque dispone de 16 vehículos de diferente tipo para trabajos internos, nunca ha dispuesto de coches oficiales para desplazamientos de trabajadores, directivos o visitas oficiales. Increíblemente, todo se realiza por taxi, incluido el correo.

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), presidida por Juan José Zaballa, de la que depende el almacenamiento subterráneo de El Cabril, viene contratando un servicio de taxis para desplazar personal y objetos hasta la instalación, en el término cordobés de Hornachuelos. Ese servicio de taxis es utilizado tanto para atender a visitas institucionales como a las necesidades de desplazamiento del personal de ENRESA; es decir, que cualquier directivo, visita oficial o trabajador que vaya a El Cabril, lo hará en taxi.

El servicio de taxis se contrata siempre que operarios en comisión de servicio desde otros centros de trabajo de la empresa tienen que viajar a El Cabril, principalmente para los desplazamientos desde la estación del AVE de Córdoba hasta la instalación subterránea, un trayecto de 120 kilómetros. Pero también para la recogida y entrega de documentación o pequeños envíos de mensajería desde la localidad próxima de Hornachuelos, así como para la entrega de documentación en organismos e instituciones de Córdoba. La empresa argumenta para justificar estos taxis que no existe servicio postal en las proximidades de El Cabril.

Extraconfidencial.com ha podido constatar la existencia de este servicio, del que ENRESA dispone desde el inicio de su actividad en El Cabril, pero del que no se tenía conocimiento. Hasta 2014, el servicio de taxis era discrecional, pero a partir de ese año, el servicio fue contratado mediante proceso de licitación pública. El criterio de adjudicación fue el precio, sin que concurrieran criterios de valoración que dependieran de un juicio de valor.

El presupuesto máximo de licitación para este contrato, sin incluir el IVA, asciende a la cantidad de 75.435 euros (a añadir el importe del IVA, otros 15.841,35 euros), que se divide en dos lotes: Lote 1. Servicio de taxi desde Córdoba, por 29.910 €, y Lote 2, Servicio de taxi desde Hornachuelos por 45.525 euros.

El plazo de ejecución es de 3 años, desde su inicio el pasado 1 de enero de 2018, y la distribución por anualidades sería, sobre el papel, de 25.145 euros por año hasta su finalización en 2020.

Los vehículos existentes en El Cabril

ENRESA argumenta que no existen coches de carácter oficial asignados de forma permanente al traslado del personal del Centro, incluido el personal de Dirección. Sin embargo, El Cabril sí cuenta con una flota de vehículos para servicio interno, los cuales son propiedad de ENRESA y están ligados a las necesidades operativas de la instalación: actividades industriales, movimientos internos de materiales y personas y, ocasionalmente, para desplazamiento del personal del Centro a su domicilio cuando por necesidades del trabajo existen variaciones en el horario de su jornada laboral (el conductor es el propio trabajador) y, en consecuencia, no resulta posible el uso de los medios de transporte colectivo.

En ese sentido, según los datos a los que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, la flota con la que cuenta El Cabril es de nueve furgonetas, cuatro vehículos todoterreno y tres turismos, cuya utilización y control está regulado por procedimiento interno de ENRESA.

En definitiva, que entre 2012 hasta septiembre de 2017, ENRESA se ha gastado en taxis para El Cabril un total de 147.837,31 euros; unos 30.000 euros anuales.

Jorge Ventura

Fuente: extraconfidencial.com

El CSN no informó de la contaminación subterránea en la central nuclear de Ascó

El Presidente del CSN comparece en el Congreso y le pregunta por las sustancias radiactivas halladas en el subsuelo de la central nuclear de Ascó. La claridad de su respuesta te deslumbrará y te quedarás muy tranquilo al saber que estamos en buenas manos. (Spoiler: NO)

Recambolesca explicación del presidente del CSN sobre contaminación no declarada en Ascó

 

Breve historia y planes para el cementerio nuclear de El Cabril, Córdoba

Población del municipio de Hornachuelos que alberga El Cabril

Algo más del 10% de los bidones provenientes de las centrales nucleares están clasificados como “irradiantes”, es decir, con una “dosis media de irradiación de 3 rad/hora en superficie y un máximo de 5 rad/hora.

Esto supone en el mejor de los casos que, si solo hablamos de radiaciones beta y gamma, un trabajador de instalaciones nucleares que estuviese una hora junto a uno de estos bidones habría recibido la dosis máxima permisible para un año y la mitad de la permitida en cinco años. En el caso de cualquier otra persona bastarían dos minutos para alcanzar el límite permisible.

El Cementerio Nuclear de El Cabril, Córdoba, es el único almacenamiento de basura radiactiva en nuestro país. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, ENRESA, proyecta la creación de las actuales instalaciones en el I Plan de Residuos Radiactivos, I PGRR, aprobado en noviembre de 1987. La memoria del proyecto recogía que la instalación estaba concebida para almacenar bultos de residuos radiactivos de media y baja actividad y vida corta: es decir, peligrosos para las personas y medio ambiente durante unos trescientos años.

El Cementerio Nuclear de El Cabril situado en la Sierra de Albarrana, junto al río Bembézar, afluente del Guadalquivir, territorio limitante con el Parque Natural de Hornachuelos y perteneciente al municipio del mismo nombre, Córdoba, es el único almacenamiento de basura radiactiva en nuestro país. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, ENRESA, proyecta la creación de las actuales instalaciones en el I Plan de Residuos Radiactivos, I PGRR, aprobado en noviembre de 1987. La memoria del proyecto recogía que la instalación estaba concebida para almacenar bultos de residuos radiactivos de media y baja actividad y vida corta: es decir, peligrosos para las personas y medio ambiente durante unos trescientos años. En consecuencia, las barreras de protección, si se comportan adecuadamente, deberán soportar 300 años el paso del tiempo.

Este cementerio nuclear se construyó en ese emplazamiento siguiendo una política de hechos consumados, basándose en un cementerio previo que recibió de forma ilegal residuos nucleares. Estos comenzaron a ser depositados inicialmente en 1961 en secreto y bajo autoridad militar, en una mina de uranio abandonada y posteriormente en tres módulos en superficie construidos por la Junta de Energía Nuclear, hasta octubre de 1992. En diciembre de 1988, la asociación ecologista Aedenat, en la actualidad Ecologistas en Acción, iniciaría una larga lucha legal que fructificó el 5 de junio de 1996, al conseguir la sentencia favorable de la sala novena de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se recoge la obligación del desmantelamiento de El Cabril. El Ministerio de Industria y Energía recurriría la sentencia pero Aedenat consiguió la sentencia firme del Tribunal Supremo en contra de ENRESA en 2002, declarando ilegal el cementerio nuclear. Mientras tanto, en pleno proceso legal, se ejecuta la construcción de nuevas instalaciones que ocupan 20 hectáreas. La sentencia firme en contra de ENRESA a tiempo habría impedido esa ampliación.

El Cabril alberga también una Planta de Acondicionamiento de residuos con unidades de compactación, donde los bidones se comprimirán con una prensa para disminuir su volumen formando las denominadas galletas que después se reembidonarán. Los residuos líquidos se utilizarán para hacer mortero que posteriormente se introduce en bidones y por último un incinerador en la que se queman residuos líquidos y sólidos de Pequeños Productores y centrales nucleares que emite a la atmósfera residuos radiactivos y añade a las instalaciones más posibilidades de accidentes.

A 31 de diciembre de 2016, el número total de unidades de almacenamiento de baja y media actividad almacenados en las plataformas norte y sur era de 6.680, que supone el 74,45% de la capacidad total. El Cabril añade un riesgo adicional al que supone el almacenamiento y transporte de residuos. ENRESA, en su revista Estratos, calcula un flujo de doce camiones con destino a El Cabril, esto es, en cualquier momento habrá por las carreteras españolas una media de doce camiones con unos 45 bidones de basura radiactiva con destino a El Cabril, camiones al año que recorren 40.000 Km al estar el cementerio lejos de todas las centrales nucleares.

Algo más del 10% de los bidones provenientes de las centrales nucleares están clasificados como “irradiantes”, es decir, con una “dosis media de irradiación de 3 rad/hora en superficie y un máximo de 5 rad/hora. Esto supone en el mejor de los casos que, si solo hablamos de radiaciones beta y gamma, un trabajador de instalaciones nucleares que estuviese una hora junto a uno de estos bidones habría recibido la dosis máxima permisible para un año y la mitad de la permitida en cinco años. En el caso de cualquier otra persona bastarían dos minutos para alcanzar el límite permisible.

Adicionalmente a El Cabril, se están transportando y almacenando sustancias que componen el combustible de las centrales nucleares, dióxido de uranio, UO2, procedentes de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca) de la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA). Según los informes del Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, entre 2013 y 2016 se han almacenado unos 600 kg de “uranio en forma de UO2 no recuperable con destino a Enresa (El Cabril –Córdoba – España), procedentes de la Fábrica de Combustible de Juzbado, Salamanca”
El UO2 es una sustancia clasificada como muy tóxica, cancerígena y peligrosa para el medio ambiente por la Unión Europea y tiene como componente U235, sustancia con una vida media de cientos de millones de años.

La base para este almacenamiento es el acuerdo que adopta el CSN ante el problema creado por la falta de almacenamiento de las fuentes radiactivas de los pararrayos radiactivos que contenían Ra-226 y Am-241. Tras el fallido intento de cementerio en Domeño, el CSN cambió la definición de residuos radiactivos de media y baja actividad, y sin publicidad alguna para el público en general ni para los habitantes del entorno de El Cabril. Esta modificación se recoge textualmente en el Informe Semestral de 1990, CSN/IS/19/90, donde los residuos de media y baja actividad son “los bultos de residuos sólidos o solidificados no generadores de calor y específicamente los siguientes”. Es decir, suprimió de un plumazo el requisito del periodo de tiempo que deben estar aislados de la población y los ecosistemas sin modificar las características de El Cabril, diseñado para soportar 300 años de aislamiento de la basura radiactiva.

Hay que recordar también que El Cabril, si no se impide, albergará los materiales radiactivos procedentes del desmantelamiento de las centrales nucleares españolas, para lo que tendrá que multiplicar por cuatro la capacidad actual. Según los documentos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, ENRESA, El Cabril estaba dimensionado para albergar 58.000 m3 de basura radiactiva, mientras que los residuos de media y baja actividad, según el VI Plan General de Residuos Radiactivos aprobado en 2006, serán de 176.300 m3, para una actividad de las centrales nucleares de 40 años.

Está claro el regalo envenenado que quienes decidieron construir para beneficio propio están dejando para las futuras generaciones; dejando a las claras que la energía nuclear, además de peligrosa, es escandalosamente inmoral. Por ello es urgente el cierre del origen de los residuos, las centrales nucleares y el Cementerio Nuclear de El Cabril.

Almacen Nuclear de El Cabril o la imposición que arruinó a una comarca.

Obtenido del diario Público 03/02/2010 07:30

Escrito por  Ángel Muñarriz- Hornachuelos  (Córdoba) –

Aquí Ascó da envidia. Y Yebra también. No porque opten al Almacén Temporal Centralizado (ATC), sino porque, simplemente, pueden elegir. Aquí no. En el entorno de El Cabril, los residuos fueron una imposición. “Nadie nos preguntó. El almacén se puso y punto. Y al que no le guste, que se… En fin, lo de siempre”, dice Antonio Velasco. A su lado, bajo el mismo sol de media mañana en la plaza principal de Alanís (Sevilla), le replica Miguel Valero, otro jubilado setentón: “A mí, si me preguntan ahora, voto que no”.

Alanís es uno de los cuatro pueblos que Industria reconoce en el área de influencia del centro de almacenamiento de residuos de El Cabril, además de Las Navas de la Concepción (también en Sevilla), Hornachuelos y Fuente Obejuna (ambos en Córdoba). El almacén, en el corazón de la sierra de Albarrana, sin pueblos habitados a menos de diez kilómetros, custodia todos los residuos de media, baja y muy baja actividad de España. El centro, que funciona desde 1992 y es heredero de instalaciones usadas en el franquismo, utiliza ya el 60% de su capacidad.

El silo custodia los residuos de actividad media y baja de toda España

No es, obviamente, comparable al ATC, donde se almacenará basura nuclear de alta actividad. “Si El Cabril se cierra y se tapa, tardaría entre 300 y 500 años en dejar de haber radiación. El ATC es para decenas de miles de años”, pondera Carlos Bravo, responsable de Energía Nuclear de Greenpeace. Pero los ingredientes de la tensión social son los mismos: pueblos divididos entre el miedo a un accidente y el miedo al paro, autoridades que prometen trabajo y seguridad.

“¿Empleo? ¡Aquí nos íbamos a hacer todos ricos, nos decían! Y fíjate, esto ahuyenta a nuevas industrias y es malo para el producto alimentario”, protesta Fernando Porras, apicultor de 60 años en Hornachuelos, en cuyo término municipal está El Cabril. Su opinión no es unánime. También abunda la indiferencia, sobre todo entre los jóvenes. Y la resignación. Entusiasmo, poco.

El Cabril no es ni de lejos un motor de desarrollo de la zona, que ha perdido población desde 1992. Su plantilla es de 118 trabajadores, a los que se suman 196 contratos externos. El paro castiga a estos pueblos tanto o más que a sus vecinos.

POBLACIÓN DE HORNACHUELOS DESDE 1900 HASTA 2016


Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2016 el numero de habitantes en Hornachuelos es de 4.598, 44 habitantes menos que el en el año 2015. En el grafico siguiente se puede ver la evolucion demografica que ha habido en el municipio a lo largo de los años, para ver cuantos habitantes tiene Hornachuelos segun su edad podemos verlo en la piramide de poblacion.
Si lo que interesa es saber cual es la poblacion de Hornachuelos segun el lugar donde han nacido los habitantes (Continente, Pais, Comunidad Autonoma, Provincia, o Municipio) puede verlo en nuestro estudio demografico de poblacion segun lugar de nacimiento.

La gestión de Enresa

Tan cierto es que El Cabril no ha sido palanca de progreso como que no constan accidentes graves, si bien los ecologistas critican la opacidad de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos de España. Tampoco hay estudios alarmantes sobre salud o medio ambiente. El rechazo reside más en la sospecha que en la certeza. Y muchos insisten en que da mala imagen.

“A nadie le gusta tener ahí eso, por si pasa algo, pero qué le vamos a hacer”, explica, al otro lado de un torno que oculta su rostro, la hermana Laura, que vive enclaustrada en el convento de las carmelitas descalzas, en la aldea de San Calixto, de Hornachuelos, a 15 kilómetros de El Cabril. Un lugar ideal para ejercer la resignación.

Entre finales de los años cincuenta del siglo pasado y principios de los sesenta, el régimen comenzó a almacenar de tapadillo en El Cabril, en una mina de uranio abandonada, los residuos resultantes de las pruebas que debían incorporar a España al club de la bomba atómica. Con la creación de Enresa en 1984, las obras de lo que hoy es El Cabril comenzaron en 1990 tras obtener las licencias.

Los vecinos se quejan de que no ha servido para desarrollar la zona

Antes, en los ochenta, miles de personas se opusieron a asumir esa herencia. Hubo cortes de carreteras, manifestaciones y hasta una huelga general en 1986. “Todos sabían que era una imposición injusta. Pero el dinero frenó las protestas”, recuerda José Larios, líder de aquella movilización ya olvidada, que dio su primera charla contra los planes del Estado en 1979.

El dinero, claro, ayuda a digerirlo todo. “Esto ya está aquí y no podemos evitarlo, pero que nos compensen”, reivindica el andalucista Cecilio Fuentes, alcalde de Alanís. Todos los alcaldes han advertido, al hilo de la polémica del ATC, que les saben a poco los menos de dos millones de euros anuales que reciben de Industria. “Las compensaciones por el ATC que oíamos son escandalosas. Merecemos más”, dice el independiente Julián López, alcalde de Hornachuelos.

“Es el gran éxito de Enresa, haber hecho reinar la resignación”, afirma Manuel Raya, de la asociación ecologista Hornasol. Raya reclama una explicación en detalle de la actividad en la zona que lleva a cabo la Fundación Enresa, que canaliza fondos para desplegar una intensa actividad de relaciones públicas que garantiza más apoyo al almacén.

Pero la movilización de los ochenta dejó su huella. Quedó demostrado cuando, a principios de los noventa, una simple filtración que apuntaba a que el Valle de los Pedroches cordobés podía ser el destino del Almacén Geológico Profundo (AGP) movilizó a toda la comarca, con sus ayuntamientos al frente. No todo va a ser resignación.

 

Fuentes:       elsaltodiario.com

almacennuclear.wordpress.com

Consejero de agricultura de CyLM critica la inversión descomunal en el almacen nuclear de Cuenca

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha expresado hoy su sorpresa por la “inversión descomunal” que prevé el Gobierno central en el almacén nuclear (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), que solo garantizan el beneficio de las empresas que van a realizarlas.

A preguntas de los periodistas, Martínez Arroyo, ha criticado que el Gobierno central “siga empeñándose” en hacer obra pública en este proyecto “que no garantiza en ningún caso” que vaya a haber un almacén nuclear en Villar de Cañas, debido a las dudas que genera.

Lo que si garantizan estas inversiones “es el beneficio para las empresas que van a hacer esa obra pública”, ha aseverado Martínez Arroyo, que ha admitido que al Gobierno de Castilla-La Mancha le ha sorprendido mucho “la inversión descomunal en las infraestructuras del almacén nuclear en Villar de Cañas” que se prevé en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

A Martínez Arroyo le “parece mentira” que el Gobierno prevea esta inversión, “con la oposición de una comunidad autónoma y con la oposición de todos los ciudadanos de toda la comunidad autónoma, en un proyecto absolutamente inviable, insostenible, sobre el que hay permanente dudas de todo tipo”.

Los tribunales están en este momento evaluando esas dudas y desde el punto de vista técnico, “los técnicos ya han aconsejado que no se haga un almacén nuclear allí”, ha añadido Martínez Arroyo.

“En Castilla-La Mancha queremos obra pública que garantice el futuro de la agricultura, para garantizar el acceso al agua de todos los ciudadanos y lamentablemente nos hemos encontrado con que esas inversiones no aparecen y sí aparece la del almacén nuclear”, ha aseverado el titular de Agricultura y Medio Ambiente.

En este sentido, ha apuntado que los PGE llevan pocos recursos en materia hídrica en Castilla-La Mancha y que hay, incluso, una reducción en las inversiones del Estado en infraestructuras de la demarcación de la cuenca hidrológica del Tajo

Según Martínez Arroyo, parece un contrasentido “que en una cuenta en la que hasta hace muy poco los regantes han tenido que sufrir restricciones en el uso del agua, al mismo tiempo que se están garantizando trasvases al Segura desde Entrepeñas y Buendía no se invierta en infraestructuras de sequía en la cuenca del Tajo para garantizar el agua a los regantes del Tajo”.

A su juicio, los regantes del Tajo deberían de tener prioridad sobre los regantes del Levante, “porque esto es sencillamente resolver una ecuación muy sencilla, que lo que nos dice como establece la ley que la cuenca cedente tiene prioridad sobre la cuenca receptora”.

Es decir, “que los agricultores de la cuenca cedente deben de tener prioridad sobre los de la cuenca receptora y esto no sucede”, ha advertido Martínez Arroyo.

Fuente: agencias.abc.es

Piden al PP que destine los 144 millones del almacén nuclear a inversiones reales que necesita Castilla-La Macha

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha lanzado un mensaje a los diputados nacionales del PP de la región desde Talavera de la Reina, “que apoyen las enmiendas que vamos a presentar a los Presupuestos Generales del Estado por el mismo importe que la partida que destina el gobierno de Rajoy al ATC, 144 millones de euros, pero en otras inversiones que son las que necesita la región para ser competitiva”.

En un encuentro en Talavera de la Reina con parlamentarios del PSOE de la región, tanto diputados nacionales y regionales, además de senadores y cargos de la ejecutiva del PSCMPSOE, el número dos del partido ha asegurado que lo que los PGE traen para la región y para la Ciudad de la Cerámica “es sólo papel, pero nunca traen cemento; engañan un año tras año a los castellano-manchegos con inversiones que soporta el papel pero que nunca se traducen en realidades” sentencia.

Por eso, ha sido muy claro “queremos inversiones reales y no las buenas voluntades que además no son tales, porque tanto las cuentas de 2017 como las de 2018, son las peores de la historia para nuestra región”.

Y en ese intento de corregir las mentiras que soportan el papel pero que luego no se traducen en realidades, y de corregir el hecho de que la inversión más fuerte se destina de nuevo al basurero nuclear, Gutiérrez les ha pedido el voto a favor de la enmiendas que va a preparar el PSOE por ese mismo importe pero para otras partidas y poder así, “hacer un trueque, el basurero nuclear que sólo quiere Cospedal y su entorno, por las inversiones que quieren los ciudadanos para poder competir en el resto del país”.

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