Minas de uranio y fracking. Dos caras de la misma especulación en Castilla y León.

Después de estafar por valor de 2.500 millones a la empresa pública francesa del uranio, los tres ejecutivos responsables del fraude se instalaron en Berkeley, una compañía que pretende abrir en Salamanca la mina de uranio a cielo abierto más grande de Europa. Estos tres empresarios, que repitieron la operación con la estatal del uranio española, ya están fuera de Berkeley, pero pervivió su estilo de hacer negocios, más enfocado en la especulación en bolsa que en la extracción minera.

En una concentración en contra de la minera Berkeley, Rosa M. terminó hablando con un veterano del sector, un hombre que llevaba décadas trabajando en diferentes empresas mineras. Le arrojó tres nombres y un dato inquietante que ella, al igual que la mayoría de los asistentes, ignoraba: la minera Berkeley estaba íntimamente relacionada con UraMin, una empresa que había estafado al Estado francés unos años antes causándole pérdidas de 2.500 millones de euros.

Rosa M. apuntó los nombres en un papel: Ian Stalker, Stephen Dattels y James Mellon. Semanas después tropezó con el apunte y decidió darle una oportunidad.

Lo que encontró era mucho más grande de lo que podía esperar. Una trama de fraudes, estudios de viabilidad amañados, sobornos y movimientos especulativos que trazaban líneas desde el desierto de Namibia al Campo Charro de Salamanca, de Australia a Canadá, de Bruselas a París, de la Ciudad de Panamá a León, pasando por Ciudad del Cabo y Madrid, líneas que unían a la minera con altos cargos de la Junta de Castilla y León, con Miguel Arias Cañete o con el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela.

Los responsables de la estafa a Francia intentaron repetir la operación con la empresa estatal española de uranio, quedándose “en una especie de privatización encubierta” con reservas estratégicas de uranio del Estado

Rosa M. comenzó a sistematizar la información, la montaña de documentos y una avalancha de nombres cruzados, fechas y posibles líneas de investigación. Durante un año, utilizó las mañanas libres que le dejaba su trabajo vespertino para llegar finalmente a una conclusión: los mismos ejecutivos mineros australianos y canadienses que habían estafado a Areva, la empresa estatal de uranio francesa, desembarcaron poco después en Salamanca, donde intentaron repetir la operación con la empresa estatal española de uranio, Enusa, quedándose “en una especie de privatización encubierta” con reservas estratégicas de uranio del Estado.

Todo ello, según cuenta Rosa M. a El Salto, siendo “una pequeña empresa financieramente débil, sin experiencia en uranio ni en extracción minera en general, cuyo único objetivo declarado era cotizar y generar ganancias en la bolsa”.

Para organizar todo el material del que disponía —memorias anuales de la Berkeley, comunicados de bolsa, notas y artículos de prensa, informes de diversas compañías— tuvo que elaborar una cronología detallada de 33 páginas, con cientos de links. No hicieron falta filtraciones. Toda la información es de dominio público, está a disposición de quien quiera mirar y atar cabos. Lo que hizo Rosa M. es unir las líneas y darle sentido a todo lo que había detrás del Proyecto Salamanca.

Los orígenes

Antes de lanzarnos al inicio de esta historia, nos quedamos unos instantes más en el presente para comprender la dimensión de este escándalo. Si miramos hacia el distrito financiero de París podremos ver cómo el 28 de noviembre de 2017 la policía francesa allanaba la sede de la empresa estatal de uranio, Areva, una compañía en graves problemas económicos después de pagar un precio desorbitado por unas minas de uranio en África que no tenían ningún valor.

En Francia, el caso lleva años acaparando titulares, se han escrito libros y centenares de artículos en todos los medios. También en Canadá. En España, la trama apenas ha trascendido. Mucho menos se conoce que en el caso de Salamanca se repiten no solo los responsables sino también el modelo de negocio.

En Francia, el caso lleva años acaparando titulares, se han escrito libros y centenares de artículos en todos los medios. También en Canadá. En España, la trama apenas ha trascendido

La primera parada de esta historia es una reunión en un bar de Notting Hill en 2005. En este local londinense, el banquero canadiense Stephen Dattels y su amigo James Mellon decidieron iniciar una nueva aventura: invertir 50.000 dólares cada uno y comprar concesiones de uranio en África, según relató el propio Mellon en una entrevista. Como directivo y socio, se unió Ian Stalker, “otro conocido de las empresas mineras junior: las que compran y venden concesiones pero no explotan las minas”, según explica Rosa M. Así nació UraMin Inc.

Su concesión más valiosa era la mina de Trekkopje, situada en pleno desierto de Namibia. Un terreno rocoso explotado durante más de 40 años por diversas multinacionales, abandonado por su escasa concentración de uranio y los altísimos costes de extracción. Las negociaciones entre UraMin y la francesa Areva comenzaron en 2005 y se intensificaron en 2006.

Las contínuas buenas noticias —nuevos hallazgos que supuestamente triplicaban el uranio extraíble, avances en los permisos, estudios de viabilidad favorables— hicieron que el valor de las acciones de UraMin, que entonces tenía más direcciones fiscales que empleados —algunas de ellas en paraísos fiscales— se multiplicara por seis.

Cuando en 2007 la empresa francesa de uranio Areva compró el 100% de las acciones de UraMin por 1.800 millones de euros, defendía públicamente que Trekkopje se convertiría en la mina de combustible nuclear “más grande del mundo”. De hecho, llegó a pagar cinco veces más de lo hablado un año antes. James Mellon, personificado en la entrevista como un millonario de éxito, excéntrico y rockero, cuenta que lo celebró junto a sus socios a 123 metros de altura en el restaurante de la Torre Eiffel de París. No era para menos.

Cuando se dieron cuenta de que habían sido estafados y que la mina comprada en Namibia no tenía ningún, la compañía francesa se había gastado cerca de 2.500 millones de euros

Para poder extraer el uranio de la mina de Namibia, Areva construyó una desaladora y una tubería para llevar agua desde el Atlántico a través de 50 km de desierto. Para cuando se dieron cuenta de que habían sido estafados, la compañía francesa se había gastado cerca de 2.500 millones de euros.

El 12 de diciembre de 2011, la dirección de Areva anunció que se retiraba del proyecto: las minas de UraMin contenían menos de la mitad del uranio esperado, los costes de explotación habían sido infravalorados y los estudios de viabilidad realizados por la consultora minera SRK estaban amañados. El diputado del Partido Socialista francés Marc Goua, miembro de la comisión de investigación creada para el caso, expresó su sorpresa por que Areva se hubiera fiado exclusivamente de un informe elaborado por SKR y pagado por la propia empresa UraMin. ¿Que qué tiene que ver todo esto con la Berkeley y el Campo Charro? La misma empresa, la consultora SRK, participó en la elaboración del estudio de viabilidad del Proyecto Salamanca cuando los mismos directivos que timaron a Francia intentaban repetir la misma jugada en España al frente de Berkeley. Pero no nos adelantemos.

“Es una historia fantástica. Nunca nos hubiéramos imaginado semejante recorrido. Empezamos en 400 millones [dólares de valor bursátil], y terminamos en 2.500 millones”, se jactaba Mellon

Después de conocerse que la mina de Trekkopje no era rentable, la cotización de la recién adquirida UraMin se descalabró en un 80% y el Estado francés se vio obligado a rescatar a Areva, por supuesto, con dinero público. Por parte de la compañía francesa, la investigación señala a la entonces directora, Anne Lauvergeon, por una posible connivencia. El hecho de que las acciones de UraMin duplicaran su precio días antes del anuncio de la compra aumentó las sospechas por parte de la comisión de que había una complicidad y un enriquecimiento ilícito también en la cúpula de Areva.

Los responsables de la venta fraudulenta y de preparar los informes todavía no han sido imputados. El medio francés Mediapart recogía la expresión eufórica de Stephen Dattels: “Es una historia fantástica. Nunca nos hubiéramos imaginado semejante recorrido. Empezamos en 400 millones [dólares de valor bursátil], y terminamos en 2.500 millones”. El modelo de negocio de estos tres ejecutivos se ha repetido en España en el Proyecto Salamanca.

El desembarco en españa

En 2006, la minera Berkeley había llegado a España buscando alianzas y comprando concesiones. En julio de 2008 firmó un preacuerdo con la empresa estatal de uranio, Enusa, el equivalente español de Areva, para hacer prospecciones en Salamanca y Cáceres en las reservas de uranio del Estado. La propia Enusa había abandonado esas minas en el año 2000 por su falta de rentabilidad.

Berkeley era una empresa desconocida, sin experiencia en minas de uranio, que contaba con un único aval: una pequeña participación de Areva, la gran empresa francesa, que poseía el 3% de las acciones de Berkeley, una participación de la que no tardó en deshacerse sin explicaciones cuando comenzó a conocerse el escándalo UraMin y que los responsables del fraude estaban instalados en la Berkeley.

Desde noviembre de 2008 hasta abril de 2009, cuando el Consejo de Ministros español aprobó el acuerdo definitivo entre la minera y Enusa, los rumores y noticias en medios hicieron crecer su valor en bolsa un 700%. Al igual que en el caso de UraMin, se produjo una “revalorización especialmente aguda” en los días previos a la firma del acuerdo con la estatal española, algo que llevó a los reguladores bursátiles a pedir explicaciones a Berkeley, según contó entonces el periódico económico Expansión.

Los tres ideólogos de la operación que vació la empresa pública francesa se hicieron con el control de la minera Berkeley en marzo de 2009 a través de Polo Resources

Aunque ya tenían una pequeña participación en Berkeley, los tres ideólogos de la operación que vació la empresa pública francesa —Stehen Dattels, James Mellon y Ian Stalker— se hicieron con el control de la minera en marzo de 2009 a través de Polo Resources. El 15 de mayo de 2009, Dattels se convirtió en director de Berkeley. Unos meses después, en noviembre de ese año, cedió su puesto en la cúpula de la compañía a su socio Ian Stalker, quien había dirigido UraMin hasta su venta a la empresa estatal francesa.

Desde un principio, remarca Rosa M., el acuerdo entre Enusa y Berkeley fue “desfavorable” para España: “Estamos en la misma época en la que se firmó el Proyecto Castor, cuando regalaban todo. Teníamos a Miguel Sebastián en el Ministerio, con una posición muy pronuclear y querían volver a abrir las reservas del Estado”.

Los estudios encargados por la propia empresa duplicaban las reservas de uranio con respecto a los estudios propios de esta sociedad española, todo gracias a “nuevas técnicas de exploración”

Fueron años de intensa actividad para Ian Stalker. Noticias de compras y acuerdos inminentes con Kepco, la principal compañía eléctrica de Corea del Sur, o con la minera rusa Severstal hicieron que las acciones siguieran su camino ascendente, pese a que todos estos supuestos acuerdos se quedaron en nada. La tarea de realizar el plan de viabilidad del proyecto recayó, al igual que en la mina de Namibia, en Ian Stalker. Para ello contó con una serie de empresas con las que ya había trabajado en la mina de Trekkopje: la consultoría SRK, Mintek y Turgis/Bara Consulting. Este plan sirvió de base para el informe de viabilidad definitivo, lanzado en 2016. Según cuenta Rosa M., este último informe réplica “casi en su totalidad” el esquema del trabajo coordinado por Stalker.

Los estudios encargados por la propia empresa duplicaban las reservas de uranio con respecto a los estudios propios de esta sociedad española, todo gracias a “nuevas técnicas de exploración”. Y afirmaban que los costes de extracción del uranio de Salamanca “era de los más bajos del mundo”.

La meta de los exsocios de Uramin, afirma esta activista, “era llevar a cabo una operación parecida a la de UraMin con Berkeley que culminara en una venta increíblemente ventajosa para los directores y accionistas”.

Pero esta vez no sería tan fácil. En marzo de 2011, el accidente de Fukushima enterraba toda posibilidad de que el uranio fuera a remontar su precio. Y a principios de 2012, Enusa anunciaba que rompía al acuerdo al no considerar creíbles los planes de viabilidad de Berkeley.

“Tras analizar el último estudio de viabilidad presentado por Berkeley, Enusa concluye que no se ha acreditado que la explotación del Dominio Minero del Estado en la provincia de Salamanca resulte viable y sostenible en el tiempo”, decía la empresa estatal en su comunicado del 17 de abril. La empresa encargada de suministrar uranio a las nucleares españolas añadía que había encontrado en las cuatro versiones del plan “deficiencias en la mayoría de los parámetros requeridos para los estudios de viabilidad según estándares generalmente aceptados por expertos internacionales en minería”.

Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente y actual presidenta del PSOE, se opuso a la mina de Salamanca desde su cargo de consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En declaraciones para El Salto, explica que Enusa renunció al proyecto en 2012 “porque el precio del uranio era tan bajo que no había posibilidad de hacer rentables las inversiones”. “Cuando repuntó el precio de este mineral, la empresa australiana Berkeley, especializada en comprar y vender derechos mineros más que en explotarlos, decidió reactivar el proyecto”, apunta.

Leer la entrevista completa a Cristina Narbona: “El proyecto de la mina de uranio podría acabar provocando otro conflicto con Portugal”

Según un artículo publicado entonces por El Confidencial se trataba de una relación “viciada de origen, cuando la compañía pública tuvo que avenirse a reabrir una explotación por mandato gubernamental, pero contra su voluntad”, en referencia a la política pronuclear del entonces ministro de Economía, Miguel Sebastián, “de la mano de una compañía recién nacida cuyo único aval era estar participada por el gigante francés Areva”.

Pese a las malas noticias, los tres ejecutivos que venían de UraMin consiguieron vender más de la mitad de sus acciones cuando todavía no se había roto el acuerdo con Enusa asegurándose enormes ganancias.

Un acuerdo a puerta cerrada

Después de la ruptura con Enusa, “el proyecto quedó muerto entre 2011 y 2012”, cuenta a El Salto este veterano del sector minero. Berkeley cambió de estrategia. Con el nuevo Gobierno, unas buenas relaciones con el PP podían ser de gran ayuda, sobre todo si se acompañaban con una buena demanda judicial.

Uno de los directores de la Berkeley en esa época fue un viejo conocido del PP, José Ramón Esteruelas, el exconsejero delegado de la estatal de tabaco Cetarsa en fase de privatización, cargo que compatibilizó con la presidencia de Minas de Almadén y Arrayanes. Esteruelas también estuvo envuelto en un caso de corrupción en su época de director de Correos. Este empresario tenía una fluida relación con la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI), entidad pública que aún hoy es accionista mayoritario de la empresa estatal de uranio Enusa, Cetarsa y Correos.

El nuevo equipo se completó con Javier Colilla Peletero, al igual que Esteruelas, muy bien relacionado con el PP, según cuenta este conocedor del sector, y con experiencia en demandas multimillonarias.

“Javier Colilla tenía experiencia en esta clase de negocios: abrir minas ruinosas, con estudios de viabilidad amañados, y cuando les deniegan los permisos, pedir indemnización”, resume Rosa M.

Colilla Peletero, abogado y economista, ejercía desde 1994 como alto ejecutivo de Río Narcea Gold Mines, una minera canadiense que pretendió explotar oro sin mucho éxito —al menos en lo que se refiere a producción de lingotes— en la zona de Salave, Asturias, y demandó al Estado español por 100 millones de euros. Río Narcea es propiedad de la compañía Edgewater, que en un caso similar demandó a la Xunta gallega por 20 millones. Solo en costas judiciales, la Xunta ya ha tenido que gastar hasta la fecha 440.000 euros.

En 2012, Berkeley anunció una demanda a Enusa por valor de 150 millones de euros en un tribunal de arbitraje privado de París por una supuesta violación del contrato

En el caso de Salamanca, el resultado del trabajo de Colilla, “el conseguidor”, fue un acuerdo entre Enusa y Berkeley por el que la minera consiguió “darle la vuelta a la tortilla y recuperar la situación lamentable en la que estaba la empresa”.

En esos meses de 2012, Berkeley anunció una demanda a Enusa por valor de 150 millones de euros en un tribunal de arbitraje privado de París por una supuesta violación del contrato. En una operación que este conocedor del sector califica de “chantaje”, la minera consiguió firmar un acuerdo a puerta cerrada: a cambio de retirar la demanda, Berkeley consiguió una “privatización encubierta” de las reservas del Estado sin pasar por ningún tipo de concurso ni licitación, afirma este técnico.

Tras este acuerdo a puerta cerrada, la concesión pasaba de 30 a 90 años y Berkeley se quedaba con el 100% de consorcio y una serie de minas no explotadas anteriormente por Enusa. A cambio, Berkeley retiraba la demanda y renunciaba a la planta de concentrados que utilizaba Enusa, fundamental para poder abrir la mina.

El acuerdo, pese a sufrir notables cambios, nunca volvió a pasar por un Consejo de Ministros, algo que es ilegal según denuncia Podemos Castilla y León. “Enusa se va pero les cede lo que ellos querían”, resume este técnico que lleva décadas en el sector de la minería.

La conexión local y europea

El cambio de estrategia se completó con un amplio trabajo de cabildeo en las instituciones europeas, pero también entre las administraciones de Castilla y León. Según cuenta a El Salto el portavoz de Stop Uranio, José Ramón Barrueco, “el que cortaba el bacalao” era el exvicepresidente de la Junta Tomás Villanueva. Este político del PP que facilitó los permisos autonómicos para la mina desde su Consejería de Economía y Empleo falleció en septiembre de 2017, un mes antes de que tuviera que declarar como imputado en el caso Perla Negra por prevaricación, cohecho, revelación de secretos, malversación y blanqueo de capitales; y dos meses antes de que tuviera que presentarse en los juzgados también como imputado por la Trama Eólica.

Berkeley se ganó el favor de los medios locales con la contratación de espacios publicitarios. También recabó apoyos de determinados sectores de la población cercana y de muchas de las administraciones locales con promesas de cientos de empleos y con todo tipo de aportaciones económicas: desde subvenciones a equipos de fútbol a patrocinios de eventos; desde contribuciones a pabellones deportivos a dinero destinado a los ayuntamientos “para facilitar la instalación de Berkeley en el municipio”, explica Barrueco. Según este portavoz de Stop Uranio, Villares del Yeltes, donde este activista ejerce como concejal, recibió 19.000 euros. Villavieja, 80.000 y Retortillo, 200.000.

La compra de terrenos fue otra de las técnicas utilizadas por la minera para ganarse favores. En el caso de un terreno de la madre del entonces alcalde de Retortillo (PP), Javier Santamartina, Berkeley pagó el doble de su precio, según denunció la Cadena Ser. De hecho, las oficinas de la empresa minera se han instalado en la finca que antes pertenecía a este alcalde del PP.

El 26 de diciembre de 2014, Manuel Lamela, exconsejero de la Sanidad madrileña, fue contratado como lobbista de la Berkeley en Bruselas. Su misión: convencer a Arias Cañete, comisario de Energía, para que dé luz verde al proyecto, algo que consiguió en pocos meses

“Trajeron a personas que establecieron unas relaciones sorprendentemente cordiales con las administraciones públicas, sobre todo con la Junta de Castilla y León. Se ha demostrado que esta gente contrató gente del PP, que está mediando, haciendo de lobby”, dice esta fuente del sector minero. El trabajo de lobby también llegó hasta lo más alto de las instituciones europeas.

El 26 de diciembre de 2014, Manuel Lamela —exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, imputado por su plan de privatización y segundo hombre de Miguel Arias Cañete en el ministerio de Agricultura— fue registrado como lobbista en Bruselas con un único pagador. ¿Ya os lo imagináis? Pues sí, la Berkeley. ¿Y la persona a la que tenía que convencer de que el Proyecto Salamanca era una buena idea? Parece una pesadilla, pero no lo es: nada menos que el mismísimo Miguel Arias Cañete, que había asumido como comisario de Energía un mes antes, según publicó entonces Infolibre y la Cadena Ser.

En mayo de 2015, la Comisión de Energía daba luz verde al proyecto con un dictamen que fue mutilado “a petición de la propia empresa”, según informó la Cadena Ser. Miguel Arias Cañete defendió que el proyecto minero respondía a la “estrategia energética de la Unión Europea” y alabó los “progresos realizados por la empresa”.

La validación de la mina Berkeley se suma a los numerosos casos de irregularidades que rodean la gestión de Cañete. Entre ellos, los conflictos de intereses por su participación en empresas petroleras y por haber aprobado, cuando era ministro, una amnistía fiscal que terminó favoreciendo a su esposa, regularizando la actividad de una empresa offshore que figuraba en los papeles de Panamá. Entre las tantas empresas que utilizaban el despacho de abogados de Mossack Fonseca en la capital panameña para evadir impuestos figuraba, dicho sea de paso, la propia Berkeley.

Por el acuerdo a puerta cerrada con Enusa, la minera se quedó con los derechos sobre una serie de reservas del Estado no explotadas en una zona cercana al complejo de Saelices el Chico. Entre ellas, las que tienen una mayor concentración de uranio son las minas de Alameda de Gardón y el Villar, según explica este conocedor del sector. El Proyecto Salamanca se completó con una serie de minas “liberadas”, que ya no pertenecen al Estado, como es el caso de las de Retortillo-Santidad.

Un modelo de negocio, un método que se repite

Pasaron los años de la primera legislatura de Mariano Rajoy, los exejecutivos de UraMin vendieron sus acciones obteniendo grandes beneficios, cambió la directiva de la Berkeley, Javier Colilla Peletero se convirtió en vicepresidente de la filial española, pero lo que no cambió fue “la filosofía de los exdirectivos de UraMin”, denuncia Rosa M.

“Hay que crear ilusión y dar buenas noticias, aunque sean de dudosa veracidad, subir las cotizaciones y buscar compradores”, según describe Rosa M. el modus operandi de la empresa: “Las buenas noticias y los estudios de viabilidad positivos van de la mano y abren la puerta a los permisos de las administraciones, que en el caso de Berkeley se han ido obteniendo con una facilidad sorprendente y condiciones más que favorables”.

“Las ganancias de los directivos es y ha sido desde un principio la principal razón de ser de la Berkeley; todo un ejemplo del daño social y ecológico que produce la economía de casino”

Cuando más permisos obtenga la compañía, continúa Rosa M. “más cotiza en bolsa”. Para esta activista convertida en investigadora, “las ganancias de los directivos es y ha sido desde un principio la principal razón de ser de la Berkeley; todo un ejemplo del daño social y ecológico que produce la economía de casino”.

Ya a finales de 2012, Berkeley había anunciado su intención de explotar la mina de Retortillo-Santidad y en los siguientes años desplegó un intenso trabajo de relaciones públicas. Las “buenas noticias” que volvían a darle aire a las acciones de la compañía no se hicieron esperar. En julio de 2013, consiguió un informe positivo del CSN. En octubre de ese año, una declaración de impacto ambiental favorable. Y el 25 de abril de 2014, la Concesión de Explotación para la mina de Retortillo. La junta de Castilla y León hablaba en las bases de la concesión de explotación de la “demostrada experiencia minera en varios países” de la empresa Berkeley.

El 25 de septiembre de 2015, el Ministerio de Industria a través de la Secretaría de Estado de Energía daba la autorización para comenzar el proyecto minero.

Una vuelta más de tuerca

Pese a que los creadores de UraMin se alejaron de Berkeley en 2012, pervivieron los lazos entre ambas experiencias.

El plan de viabilidad definitivo, presentado en 2016, estaba basado en gran parte en el realizado por Ian Stalker —director de UraMin hasta su venta a Areva— y defendía que los costes de producción de las minas de Salamanca eran “de los más bajos del mundo”.

En la realización de este estudio participaron otros dos viejos conocidos de la estafa al Estado francés. Jim Pooley y Pat Willis habían sido los encargados al frente de Turgis Consulting de ejecutar el plan de impacto ambiental de la mina Trekkopje de Namibia. En 2013, la empresa pasó a llamarse Bara Consulting y participó desde octubre de 2015 en el plan de viabilidad de la mina de uranio de Salamanca, según se puede leer en su propia página web. También estuvo presente en ambos proyectos la sudafricana Mintek, tanto en la mina de la discordia en Namibia, como en el Proyecto Salamanca.

No fue hasta mediados de 2015, cuando las acciones de la filial española de la Berkeley comenzaron a recuperarse tras el batacazo de 2011. Las “buenas noticias” acumuladas resucitaron el interés y las expectativas del “sueño nuclear español” de la Berkeley.

La fórmula de dar “buenas noticias” y espolear el valor en bolsa de la compañía siguió dando buenos resultados. A finales de 2016 y principios de 2017, Berkeley anunció que había firmado un acuerdo con Curzon Resources por el cual esta empresa le compraría parte de la futura producción de uranio. La cotización en bolsa experimentó una gran subida y alcanzó uno de los puntos más altos en la historia de la compañía.

La historia vuelve a repetirse: buenas noticias con el efecto de subir las acciones y facilitar el acceso a financiación y conseguir más permisos que retroalimentan su valor en bolsa

Sin embargo, pasados los titulares eufóricos, pocos llegaron a enterarse de que Curzon Resources y su predecesora Interalloys apenas tenían capital y arrastraban desde 2014 pérdidas millonarias. Menos que su matriz, Salkeld Investment Limited, estaba en quiebra y que fue cerrada por las autoridades británicas el 5 de diciembre de 2017.

Para Rosa M. la historia vuelve a repetirse: buenas noticias con el efecto de subir las acciones y facilitar el acceso a financiación y conseguir más permisos que retroalimentan su valor en bolsa.

Cuando parecía ya claro que había sido “otro engaño”, cuenta Rosa M., un nuevo acuerdo milagroso que salvaba a la compañía y al “sueño nuclear español” volvía a darle fuelle a las acciones en bolsa de la Berkeley. En agosto de 2017, la minera anunciaba que había llegado a un acuerdo con el Sultanato de Omán que entraría en vigor el 31 de enero de 2018.

El acuerdo consiste en una inversión de 100 millones de euros que convierte a Omán en propietario del 37% de los derechos de explotación y de la futura producción de estas reservas de uranio del Estado español, con derecho preferente de compra de un millón de libras de uranio.

La inversión podría servir para salvar uno de los últimos obstáculos que tiene la Berkeley para empezar a producir, si es que esa es su intención: construir una planta de procesado del uranio, sin la cual de nada le serviría abrir la mina, cuenta a El Salto Paco Castejón, del Movimiento Ibérico Antinuclear. ¿Se trata de un nuevo movimiento especulativo o esta vez pretenden comenzar a extraer uranio con las implicaciones para el entorno y para la salud de los pueblos y ciudades cercanas?

¿Estafa o desastre medioambiental?

Según cuenta Castejón, la Berkeley tiene actualmente todos los permisos para abrir la mina “mañana mismo si quisiera”. Pero la mina, matiza, no puede operar sin otras dos instalaciones indispensables que no cuentan con permisos de las administraciones: una fábrica de concentrados para procesar las miles de toneladas de tierra que movería la mina y un cementerio para los residuos, altamente tóxicos. Berkeley no solo no tiene estos permisos sino que no ha adoptado las medidas necesarias para obtenerlos, señala Castejón.

“¿De qué depende que pongan a trabajar la mina?”, se pregunta Castejón, para dar inmediatamente después la respuesta: “De que sea rentable”. Según el documento emitido por la Consejería europea de Arias Cañete, la mina no sería rentable con un precio del uranio inferior a 56 dólares la libra (0,45kg). Lo que nadie duda es que con el precio actual, de unos 20 dólares la libra, extraer el uranio de las minas de Salamanca es una ruina.

“Incluso el primer país minero de uranio en el mundo, Kazajistán”, relata Cristina Narbona a El Salto, “tuvo que detener gran parte de su producción de este metal radiactivo” por los bajos precios después del accidente de Fukushima. Pero, recuerda, se trata de un mercado de “precios volátiles” en los que en pocos días podría duplicar su precio por una mayor demanda o caer en picado tras un nuevo accidente.

Se calcula que unas 2.500 encinas ya han sido cortadas, pero según el proyecto de Berkeley, se prevé que desaparezcan 30.000 arboles en la zona. Sergi Rugrand

¿Por qué entonces el Sultanato de Omán se mete en unas minas cuya rentabilidad ha desestimado quien mejor las conoce, en asociación con una empresa minera de dudoso pasado cuyos anteriores directivos han engañado ya a dos países europeos?

Rosa M. recurrió a software relacionales para encontrar una de las posibles explicaciones: el responsable de inversión minera por parte de Omán, Timothy (Tim) Keating fue directivo en la misma compañía australiana de exploración minera, Kore Potash, que nuestro viejo conocido Ian Stalker, el exdirector de operaciones de UraMin y Berkeley. ¿Casualidad? Es pronto para saberlo.

¿Se trata de otro movimiento especulativo o el capital que aportaría Omán permitiría construir la fábrica de concentrados que necesita la Berkeley? La intención de China, recuerda Narbona, de llegar a tener 232 reactores operativos en 2030, frente a los 35 que tiene ahora mismo, podría cambiar la situación. Lo único seguro es que con los precios actuales la mina no es viable.

“Una mina de uranio a cielo abierto es una brutalidad. Estás tratando con materiales radioactivos. Todo el polvo que se libera se distribuye por el medio ambiente”, explica Castejón

Si esta supuesta inversión del Sultanato supone el inicio de la explotación de uranio en medio del Campo Charro, se pasaría de un operación especulativa a un auténtico “desastre ambiental”, advierte Paco Castejón.

“Una mina de uranio a cielo abierto es una brutalidad. Estás tratando con materiales radioactivos. Todo el polvo que se libera se distribuye por el medio ambiente. En el caso de Retortillo contaminaría el río Yeltes, y el río Yeltes desemboca en el Duero… y toda la ribera del Duero recibiría la contaminación de la mina”, explica este físico nuclear. Castejón habla de las pruebas realizadas recientemente en los alrededores de las minas francesas de uranio de Níger donde “se ha visto contaminación de uranio a decenas de kilómetros, incluso a 100 kilómetros, en parte movida por el viento y en parte por la acción humana”.

¿Estafa o desastre ambiental? Quizá sea las dos cosas. Ya lo decía en 2012 un artículo publicado en El Confidencial sobre el “sueño nuclear español”: “En cualquier caso, sólo cabía esperar un final extraño para una historia donde todo fue demasiado raro desde el principio”. Solo se equivocaba en una cosa: no fue ese el final de la historia, todavía no sabemos cómo termina este “sueño” convertido en pesadilla.

¿Dinero de ida y vuelta?

 En agosto de 2017, el Fondo soberano del Sultanato de Omán (SGRF por sus siglas en inglés) acordó invertir 120 millones de dólares (unos 100 millones de euros) en Berkeley. En el marco de la operación, SGRF se reserva la opción de adquirir el 37% de Berkeley Energía, al tiempo que tendrá derecho al suministro de uranio de estas reservas.

El 2 de enero de 2018, la empresa española pública de inversión Cofides inició el proceso de selección de una gestora para el fondo de capital riesgo creado en colaboración con el Fondo de Reserva General del Sultanato de Omán.

Cofides aportará un millón de euros con cargo a sus recursos propios y 99 millones de euros con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior, que Cofides gestiona en exclusiva por cuenta de la Secretaría de Estado de Comercio, adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Este fondo promoverá inversiones temporales y minoritarias en empresas españolas o accionistas domiciliados en España que contemplen planes de proyección internacional. Las áreas de interés geográfico de destino del fondo serán preferentemente Omán, países del Consejo de Cooperación del Golfo, África Oriental (especialmente Tanzania, Kenia, Mozambique, Uganda y Ruanda), Sur Asiático (con especial atención en India), Sudeste Asiático (Indonesia, Malasia y Vietnam) e Iberoamérica, si bien también podrá financiar proyectos en otros países.

Los principales sectores objeto del fondo serán los de materiales de construcción, manufacturas, minería, turismo, logística, salud, infraestructuras, energía y agroalimentación.

Copiado de:  elsaltodiario.com

La oposición se une en el Congreso para pedir el cese del presidente del CSN

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MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) –

Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, van a pedir en la última sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo de esta legislatura el cese del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, quien no ha comparecido en la Cámara antes de la previsible disolución de las Cortes la próxima semana, pese a la petición de los parlamentarios de la semana pasada.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias y antes de que tenga lugar el inicio de la citada comisión, donde tienen pensado debatir un escrito introducido a última hora en el orden del día, en el que instan al Gobierno a cesar a Fernando Martí por no comparecer en el Parlamento.

En concreto, los grupos le solicitaron la semana pasada que adelantara su comparecencia prevista para el día 5 de mayo, ante la previsible disolución de las Cortes el día 3 de mayo. Fue el propio Martí el que solicitó comparecer a petición propia ese 5 de mayo, y no antes, por “motivos de trabajo”.

 EL CONTROL DEL PARLAMENTO

Según argumentan los diputados, la Ley de creación del CSN establece que el órgano regulador mantendrá “puntualmente informado al Gobierno” y al Congreso de los Diputados y al Senado de cualquier circunstancia o suceso que afecte a su competencia.

Además, indica que la ponencia de relaciones con el CSN o la Comisión parlamentaria de Industria podrá solicitar “cuantas comparecencias de responsables del CSN crea oportunas” y es por ello por lo que reclamaron su comparecencia para este miércoles o jueves.

“El presidente del CSN, aunque la ley le obliga a mantener puntualmente informado al Congreso de los Diputados y al Senado, no comparece ante las Cortes Generales desde el 3 de diciembre de 2014, habiendo sido solicitada su comparecencia en varias ocasiones por parte de la Comisión, y sin haber presentado aún el informe anual del Consejo correspondiente a 2014, a pesar de los numerosos temas que afectan a su gestión”, lamentan, apuntando entre otros a la reapertura de Garoña o el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC).

Asimismo, destacan que la Ley de creación del CSN establece que el Congreso de los Diputados, a través de la comisión competente y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros (que ya cumplen si se suman todos los grupos parlamentarios menos el PP), podrá instar en cualquier momento al Gobierno el cese del presidente y consejeros. Es por ello por lo que van a solicitar este jueves el cese de Martí.

EL CSN PIDIÓ COMPARECER EN FEBRERO

Desde el CSN recuerdan a Europa Press que fue el propio órgano regulador el que ya el pasado 11 de febrero pidió comparecer a petición propia ante la Comisión de Industria del Congreso.

En todo caso, especifican que no recibió respuesta por parte del Parlamento hasta el 18 de abril, cinco días después de que se constituyera dicha ponencia, momento en el que fijó como “primera fecha disponible” para acudir a la Cámara el próximo 5 de mayo.

Fuente: europapress

Los residuos nucleares tirados en frente de España están sin controlar.

vertidos

Reportaje publicado en esmateria.com en 2013

Los 223.000 bidones con residuos nucleares lanzados en alta mar hasta 1982 no se controlan desde hace dos décadas, pese a las evidencias de fugas. ¿Hacia donde los llevarán las mareas?

A pocos kilómetros de la costa francesa y a sólo 124 metros de profundidad, un submarino dirigido por control remoto enviado por periodistas alemanes encontraron dos bidones con residuos radiactivos lanzados al Canal de la Mancha en la década de 1950. Los contenedores, de origen belga o británico, confirman que bajo el Atlántico hay una bomba de relojería.

Hubo un tiempo en el que a las autoridades de los países con instalaciones nucleares les pareció una excelente idea deshacerse de sus residuos radiactivos arrojándolos en alta mar. Entre 1949 y 1982, ocho países europeos tiraron por la borda unos 223.000 bidones con 115.000 toneladas de basura nuclear en el Atlántico Nordeste, en ocasiones a sólo 200 kilómetros de las costas españolas. Eran desechos radiactivos de baja actividad procedentes de reactores atómicos, de instalaciones médicas y de la industria. Tres décadas después, los países responsables se desentienden de aquella barbaridad medioambiental. Los bidones siguen bajo el océano, sin prácticamente ningún control.

“Aunque el vertido de residuos al mar ha cesado, el material todavía puede fugarse de sus contenedores”, alertaba un grupo de científicos en 2010. La vida media de los bidones de hierro que encierran los residuos radiactivos oscila entre los 15 y los 150 años, aunque los que disponían también de una cubierta de hormigón podrían durar hasta un milenio. “La estrategia de eliminación de los residuos de baja actividad fue más de dispersión y dilución que de contención”, resumían lacónicamente los expertos, dirigidos por Tim Le Bas, del Centro Nacional de Oceanografía de Southampton (Reino Unido).

Peces y crustáceos contaminados

En otras palabras, los gobiernos de algunos países nucleares —Reino Unido, Bélgica, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia— pensaban que unas pocas decenas de miles de toneladas de basura radiactiva no se notarían en los 1.386.000.000 billones de litros de agua que hay en los océanos. La expedición de los periodistas alemanes, sin embargo, muestra que la basura sigue debajo de la alfombra.

No es la primera vez. A finales de la década de 1990, científicos franceses de la Universidad de Aix-Marsella viajaron a uno de los últimos lugares del Atlántico Nordeste empleados como cementerio nuclear. Allí tomaron ejemplares de Coryphaenoides armatus, un pez de aguas profundas de hasta un metro de longitud, y de Eurythenes gryllus, un pequeño crustáceo que se alimenta de animales muertos. Los investigadores se toparon con restos de plutonio-239 y plutonio-240, generados en los reactores nucleares a partir del uranio. Sus análisis “sugieren una influencia de los residuos vertidos y subrayan el posible papel desempeñado por estos organismos necrófagos en la dispersión de elementos radiactivos procedentes de los residuos vertidos en el Atlántico Nordeste”, según publicó en 1998 la oceanógrafa Sabine Charmasson.

Dos años después, los expertos del Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste (Ospar), que agrupa a los países de la UE, identificaron como una “prioridad” la investigación de “la importancia de posibles fugas en los antiguos vertederos y, si es necesario, el desarrollo y la implementación de una política adecuada para prevenir la contaminación”.

Sin embargo, esos estudios no se han llevado a cabo. En 1995, la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE finalizó su programa de vigilancia de los residuos radiactivos lanzados al agua en el Atlántico Nordeste. “Los análisis mostraron aumentos de la actividad radiológica en los puntos de vertido, sugiriendo fugas medibles pero con un impacto radiológico despreciable”, concluía su informe final. Desde entonces, nada.

Bidones débiles

“Actualmente no hay planes dentro de la Agencia de la Energía Nuclear para llevar a cabo más seguimiento de los residuos vertidos en el Atlántico. Y, hasta donde yo sé, no hay ningún seguimiento [de otros organismos] actual ni planificado para vigilar estos vertederos” del Atlántico Nordeste, reconoce el ingeniero nuclear Ted Lazo, el principal especialista en la materia dentro de la agencia. Rusia sí que ha anunciado este año una campaña para buscar posibles fugas radiactivas en el mar de Kara, una masa de agua al norte de Siberia que fue usada durante décadas como cubo de basura para el programa nuclear ruso. Allí descansan submarinos nucleares soviéticos e incluso 14 reactores atómicos completos.

En 1992, los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) navegaron por última vez sobre los cementerios nucleares submarinos para medir la radiactividad. “Los análisis mostraron elevadas concentraciones de plutonio-238 en muestras de agua recogidas en los puntos de vertido, indicando fugas de los contenedores”, según los expertos de la Convención Ospar. “Hay que destacar que el diseño de los contenedores para el vertido de residuos no estaba destinado a confinar los elementos radiactivos durante décadas, sino más bien para asegurarse de que los residuos llegaran intactos al fondo marino”, subrayaban en un documento oficial en 2010.

Un portavoz del OIEA, Peter Rickwood, explica que “en todos los casos en los que el OIEA estuvo implicado” los estudios radiométricos indicaron que “los niveles de elementos radiactivos observados eran bajos”. La mayor cantidad de radionucleidos en el Atlántico no procedía de los vertidos desde barcos, sino de los ensayos con bombas nucleares en la atmósfera o directamente en el mar, destaca Rickwood. “En general, los estudios no detectaron ninguna radiactividad pero, en algunos casos, se registraron pequeños aumentos de la actividad [radiológica] muy cerca de los bidones”, añade.

El PP, en contra de las inspecciones

Sin embargo, aquello fue en 1992. Más de dos décadas después, con los bidones bajo cientos de metros de agua salada, la situación puede ser muy distinta. No obstante, el OIEA no tiene autoridad para volver a realizar mediciones. Sólo ofrece asistencia técnica a petición de sus países miembros. “Generalmente los programas de vigilancia se inician porque se plantea la necesidad por algún país, y según nuestra información no ha sido el caso en la OIEA”, apunta la española Luisa Rodríguez Lucas, subsecretaria del Convenio Ospar.

En 2011, el Bloque Nacionalista Galego solicitó en el Congreso de los Diputados español una inspección de los residuos radiactivos lanzados al Atlántico Nordeste. El Partido Popular rechazó la propuesta. “No hay ni un solo elemento que nos lleve a desconfiar de la seguridad de los residuos radiactivos en la Fosa Atlántica”, aseguró entonces el diputado Guillermo Collarte.

Los especialistas del Convenio Ospar no lo tienen tan claro. El OIEA está actualizando sus inventarios de basura nuclear en el Atlántico elaborados en la década de 1990. No han llevado a cabo nuevas expediciones, pero han recopilado datos desconocidos salidos a la luz en los últimos años. Su informe estará listo a finales de 2013. “Sobre la base de la información proporcionada principalmente por el OIEA en su inventario actualizado de 2013, el Comité de Sustancias Radiactivas del Convenio Ospar discutirá el año que viene los siguientes pasos a dar, incluyendo el desarrollo de una propuesta para un programa de vigilancia rentable, si es necesario”, explica Rodríguez Lucas.

Fuente: esmateria.com

El CSN difundirá los informes que cuestionan el almacén nuclear

sondeo cañas
Los análisis de los suelos fueron declarados confidenciales por el Consejo de Seguridad Nuclear

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha accedido a difundir los informes que había declarado confidenciales y que ponían en duda la calidad de los terrenos elegidos para levantar el almacén para residuos radiactivos de Villar de Cañas (Cuenca). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno emitió el 24 de febrero una resolución en la que instaba al supervisor a levantar el secreto sobre estos documentos. El CSN tenía 15 días para contestar y, si no quería hacer caso a esa resolución, podría haber pleiteado, algo que no hará finalmente.

Para desbloquear estos informes será necesario que se pronuncie el pleno del CSN, que está formado por cinco miembros (tres del PP y dos del PSOE). Un portavoz oficial no ha aclarado este martes si este asunto se abordará durante la reunión ordinaria del pleno que se celebra este miércoles o se dejará para la siguiente. Dentro de este órgano de decisión la mayoría de los miembros se inclina por hacer caso al Consejo de Transparencia y difundir los informes sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Tras conocerse la resolución en la que se instaba al supervisor a difundir estos informes críticos con el emplazamiento, la presidencia del CSN se puso en contacto con el responsable en España de la asociación Transparencia Internacional, Jesús Lizcano. Esta asociación ha sido la que ha forzado al CSN a hacer públicos los estudios. Se trata de los informes sobre la geotecnia y la hidrogeología del emplazamiento designado en Villar de Cañas y el análisis realizado por la consultora externa URS sobre las condiciones de los suelos. Esta consultora indicaba en uno de sus escritos que “el emplazamiento previsto” para el ATC “es inadecuado”.

La resolución del Consejo de Transparencia obligaba al CSN a trasladar esos estudios a la asociación que preside Lizcano, que primero intentó que este organismo le facilitara esos informes. Ante la negativa del CSN, acudió al Consejo de Transparencia, encargado de fiscalizar el cumplimiento de la reciente ley de Transparencia. Finalmente, este consejo dio la razón en parte a la asociación de Lizcano (hay otros informes que no se desbloquearán).

Contenido

Lizcano ha señalado a EL PAÍS que la presidencia del CSN ya le ha informado de que se le facilitarán los estudios a los que hace referencia la resolución del 24 de febrero. “Pero tenemos que ver cuándo se nos dan y el contenido exacto”, ha añadido el presidente de la asociación Transparencia Internacional.

La dirección del CSN decidió en su día declarar confidencial todo el expediente del ATC, un almacén ideado para albergar en un solo lugar todos los residuos de las nucleares de España, que ahora guarda cada central en sus instalaciones. Pero cuando se empezaron a analizar los suelos elegidos —una parcela a las afueras del municipio conquense de Villar de Cañas—, surgieron dudas sobre la calidad de los terrenos entre algunos técnicos del CSN y de URS, la empresa externa contratada por este organismo. Pero el pleno del CSN decidió conceder la autorización de emplazamiento a pesar de esas interrogantes al entender que pueden solucionarse durante la construcción. Esa autorización es el primero de los permisos que debe recibir esta infraestructura millonaria, que no ha comenzado a construirse.

Villar de Cañas fue la elegida a finales de 2011, cuando el PP controlaba el Gobierno central y el Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Cuando el PSOE ha vuelto a gobernar la Junta ha ampliado un espacio natural cercano para bloquear la construcción del ATC, que permanece ahora en el limbo.

En su resolución, el Consejo de Transparencia mostraba su sorpresa ante que el emplazamiento para el silo fuera elegido sin que estén concluidos todos los análisis sobre de los terrenos de Villar de Cañas.

Sobrecostes por los terrenos

Durante el proceso de análisis del emplazamiento, el Colegio Oficial de Geólogos alertó ya de que las carencias de los suelos podrían producir “grandes sobrecostes en las obras de construcción del ATC”. Y criticó que se eligiera el lugar por criterios “fundamentalmente políticos”.

Las mismas dudas expresaron los técnicos del área de geología del CSN, que en una nota interna apuntaron a que las “características desfavorables” del lugar podrían hacer que se incrementaran los recursos necesarios para construir el ATC.

El PSE acusa al PP de mantener una apuesta por la energía nuclear «sin precedentes»

El PSE de Álava acusó ayer al PP de protagonizar una apuesta «firme y clara por la energía nuclear en nuestro país sin precedentes en Europa». Se apoya para ello en la postura que mantiene el Gabinete Rajoy favorable a la reapertura de Garoña, planta a la que utiliza como «punta de lanza para prolongar la vida útil del parque nuclear estatal de los 40 a los 60 años».

Así, denunció «las prisas» de los populares para construir el almacén de residuos radiactivos en Villar de Cañas sin tener en cuenta los cambios normativos así como la intención de prorrogar la vida de la central burgalesa con «urgencias». Según el secretario de Política Ambiental y Energía del PSE, Daniel Senderos, «el PP nada a contracorriente en materia energética». Recuerda que el resto de países de la UE defiende un nuevo modelo energético y pone como ejemplo a Alemania y su apuesta por el apagón nuclear o a Francia con la ley de transición energética que bajará del 75% a 50% la producción de electricidad procedente de las nucleares antes de 2025.

El Consejo de Seguridad Nuclear autoriza una explotación de uranio en un pueblo de 200 habitantes de Salamanca

El cerco sobre Retortillo, un pueblo de Salamanca, de 240 habitantes, del oeste salmantino, en una zona desfavorecida, y sin grandes ayudas institucionales, se hace cada vez más infranqueable. Todo lleva a pensar que la empresa australiana Berkeley instalará en este municipio una explotación de uranio.El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado el visto bueno a que se construya en Retortillo una instalación para fabricar concentrados de uranio, aunque ha impuesto algunas exigencias, como que la empresa Berkeley Minera España –filial de Berkeley Resources- no podrá realizar alguna actividad que altere de manera significativa “el fondo radiológico natural del emplazamiento”.marti2

Ante esta decisión, Podemos Salamanca ha comenzado a dar pasos para llevar este conflicto a las Cortes de Castilla y León. De hecho, la procuradora de esta organización política por la provincia de Salamanca, Isabel Muñoz, se ha reunido con miembros de la Plataforma Ciudadana ‘Stop Uranio’, quien se ha comprometido a analizar y preparar con esta entidad y con los vecinos una interpelación para presentar en el Parlamento regional.Incluso, Isabel Muñoz ha censurado el comportamiento de la Junta de Castilla y León, y de forma concreta el de Juan Vicente Herrera, al no haber atendido las peticiones ciudadanas para entrevistarse con los principales dirigentes del Gobierno de esta Comunidad Autónoma.La realidad es que Berkeley Minera España ya tiene en marcha los trámites administrativos para explotar los yacimientos de uranio Retortillo-Santidad, que están ubicados en los municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes, con una gran base granítica en la zona, aunque la instalación todavía está pendiente de recibir otras autorizaciones administrativas.

Desde el principio, esta empresa se ha marcado como objetivo aprovechar los yacimientos de óxido de uranio que, según dice, hay en la zona, a través de una explotación minera a cielo abierto. Con ello se quiere fabricar compuestos con uranio para ser utilizados como combustible en las centrales nucleares.

El CSN, aunque autorizó la explotación, también estableció diversos límites que se aplicarán a la autorización previa de esta instalación radiactiva de primera categoría. Entre ellos, figura que es obligatorio “tener nuevas autorizaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el caso de que se pretenda tratar minerales procedentes de otros yacimientos”.Además, se le exige un estudio preliminar de seguridad, que deberá describir el diseño definitivo de las estructuras dedicadas para la recogida, tratamiento y vías de evacuación de los efluentes de todo el emplazamiento y que se prevean verter al medio ambiente, junto a los medios establecidos para su vigilancia y control.

Berkeley tendrá que enviar en un mes al CSN una edición definitiva del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental pre-operacional, que “deberá llevarse a cabo como mínimo durante un año con carácter previo al inicio de las actividades mineras”. Según el informe de este Consejo, los resultados “deberán ser remitidos para su apreciación favorable, no pudiendo realizarse con anterioridad ninguna actividad que altere de forma significativa el fondo radiológico natural del emplazamiento”.

Sin embargo, no se tiene en cuenta la oposición de la población, que, además, a través de una campaña de recogida de firmas, puesta en marcha por la Plataforma ciudadana ‘Stop Uranio’ en Change.org, se lograron 112.000 firmas y otras 3.000 a través de las mesas de información que se colocaron en las localidades afectadas en contra de esta explotación minera.Se da la circunstancia de que en Retortillo, uno de los municipios que podrían quedar perjudicados, está uno de los balnearios con más historia en Salamanca y que, según los detractores de las minas, podría verse abocado al cierre.Por su parte, los opositores al proyecto minero afirman que la concesión minera está atravesada por el río Yeltes, paraje sobre el que se han definido dos espacios de especial protección a nivel europeo (Red Natura 2000): la Zona de Especial Protección para las Aves de las Riberas de los ríos Huebra y Yeltes (ZEPA ES0000247) y el Lugar de Interés Comunitario de las Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes.

Fuente: diario.es

La debacle electoral del PP aniquila el ‘fracking’, deja en vilo el almacén nuclear y mete miedo a las eléctricas

La derrota de Cospedal en Castilla-La Mancha puede suponer la puntilla para el almacén nuclear de Cuenca

Fuentes empresariales califican de “convulsión” el resultado de las elecciones autonómicas y municipales

Las propuestas contra la “pobreza energética” en varios programas ganadores inquietan a las grandes suministradoras

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“En las empresas energéticas estarán nerviosos”, resumía este lunes un analista del sector, que pide el anonimato, ante el batacazo electoral que se ha pegado el PP en las elecciones autonómicas y municipales y los cambios que puede implicar el nuevo juego de mayorías para el negocio de eléctricas y petroleras, un escenario político que fuentes próximas a las empresas califican de “convulsión”.

Las propuestas energéticas lanzadas por las candidaturas de unidad popular para las municipales, por un lado, y las incluidas en los programas electorales para las autonómicas de los dos partidos que parecen condenados a entenderse en ese ámbito, Podemos y el PSOE, por otro, permiten dibujar un escenario muy diferente al actual en este ámbito (en materia energética, las propuestas de esas dos formaciones iban muy a la par). “Si nos creemos que los partidos cumplen sus programas electorales, sin duda, van a cambiar cosas”, corrobora Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables.

Estos son sólo algunos de los aspectos candentes del sector para los que el 24-M puede tener consecuencias:

‘Fracking’: el incipiente ‘boom’ de la fractura hidráulica lleva tiempo parado en seco, aunque el Gobierno central no renuncia, ni mucho menos, a esta técnica. Siguiendo las directrices de FAES, el ‘think tank’ del PP, ha intentado impulsarla a través de la nueva Ley de Hidrocarburos, en vigor desde la víspera de las elecciones. Sin embargo, a escala autonómica, el PP ha perdido la mayoría absoluta en Castilla y León y no gobernará (o tiene muy difícil hacerlo) en otros territorios en los que se supone que hay bolsas de gas de esquisto, como Aragón, Cantabria o Asturias. Con este escenario, “el fracking está KO si obviamos la cuestión de que en España no parece que haya recursos de este tipo”, resume un experto. En el ámbito de las prospecciones (como las de Baleares), el Gobierno se ha asegurado la competencia estatal para autorizarlas, pero en las declaraciones de impacto ambiental (DIA) las autonomías tienen mucho que decir.

Garoña: el futuro de la central nuclear más antigua de España pasa por lo que dictamine el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) pero el calendario corre en contra de sus propietarias, Endesa e Iberdrola. La reapertura de la planta es una apuesta del Gobierno de Rajoy que cuenta con la oposición de Podemos y del PSOE, que no se atrevió a clausurarla en su momento durante la era Zapatero y ahora aboga por su cierre definitivo. A más largo plazo, los socialistas son partidarios de un plan para el cierre progresivo del resto de centrales nucleares, coincidiendo con el final de la vida útil años de los reactores, que el actual Gobierno ha planteado alargar de los actuales 40 años a los 60.

Almacén nuclear: la amarga victoria de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, sin mayoría suficiente para gobernar, puede suponer la puntilla para el almacén temporal centralizado de residuos nucleares (ATC) de alta actividad que el Gobierno central decidió construir, a instancias de la secretaria general del PP, en Villar de Cañas (Cuenca). El proyecto está en stand-by y la dupla formada por PSOE y Podemos, que pueden gobernar la región en coalición, está en contra de llevarlo a cabo. Si finalmente no hay ATC, surgirá el problema de dónde meter los residuos, porque las piscinas de las centrales que los almacenan provisionalmente están muy cerca de saturarse.

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Pobreza energética: uno de los pilares del “Plan de Rescate Ciudadano” del programa de Podemos era un “rescate energético” que garantizase “un mínimo vital de subsistencia de los suministros de luz y gas”, cuyo “carácter de servicio público” prometía recuperar. El programa del partido de Pablo Iglesias abría la puerta a que las comunidades autónomas creen incluso sus propias comercializadoras de energía eléctrica, de titularidad pública, “para asegurar, entre otras políticas, el «rescate energético» de las personas aquejadas de pobreza energética”. En Barcelona, la futura alcaldesa, Ada Colau, ha propuesto crear un operador energético municipal que, entre otras cosas, subvencione a aquellos que no puedan pagar la factura de la luz, y en Madrid, Manuela Carmena también ha prometido “tomar medidas” contra un problema que afecta a entre cuatro y siete millones de personas, según las estimaciones.

Eficiencia energética: otra cuestión arrinconada por el Gobierno central que puede retomar el brío ante el previsible cambio político. Prácticamente toda la oposición al PP se ha adherido a un manifiesto por los municipios sostenibles presentado a principios de abril por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables por el que se comprometen a llevar a cabo políticas energéticas social y ambientalmente sostenibles, entre otras propuestas.

Energías renovables: el PSOE ha hecho una enmienda a la totalidad a la política de recortes a las renovables de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, mientras a España le llueven las demandas de inversores internacionales contra esas decisiones y las que luego ha tomado (corregidas y aumentadas) el Gobierno de Rajoy, los socialistas han prometido recuperar el impulso a las energías limpias, una propuesta que comparten con Podemos.

Autoconsumo: supuestamente, el Ministerio de Industria va a aprobar en junio el polémico decreto que impondrá a los autoproductores un peaje de respaldo (obligar a cada pequeño productor a pagar por verter o consumir energía de la red eléctrica) que, en la práctica, aniquilaría esta alternativa energética antes de nacer. Pero hay quien tiene serias dudas de que José Manuel Soria se atreva a abrir un nuevo incendio a escasos meses de las generales, sobre todo tras los resultados electorales de este domingo.

Mercado eléctrico: es una competencia del Ministerio de Industria, pero la reforma del mercado mayorista para poner fin a la sobrerretribución en forma de ‘beneficios caídos del cielo’ que, supuestamente, cada año se embolsan nucleares e hidroeléctricas (unos 2.000 millones de euros para instalaciones que, según los defensores de esta tesis, están sobradamente amortizadas), es una cuestión clave sobre la que parece haber consenso en la izquierda. Supondría una convulsión para el sector.

Proyecto gasista de Gas Natural en Doñana: tras las elecciones andaluzas, la Junta ha vetado el proyecto de la eléctrica para convertir el subsuelo del Espacio Natural de Doñana en un almacén permanente de gas, al autorizarlo sólo fuera de los límites del parque. Una decisión que puede leerse en clave de posible alianza entre Susana Díaz y Podemos, que ha rechazado esta infraestructura.

Fuente: eldiario.es