El entorno de Montoro devuelve el golpe a Soria: “Estará acorralado por algún tema raro”

Allegados al ministro de Hacienda señalan que la acusación del exministro ‘panameño’ puede responder a una maniobra “por algo que le pueda estallar”

El cruce de acusaciones entre el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria y el titular de la cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro, parece que ha alcanzado el punto de no retorno. Este lunes el diario El Mundo publicaba que Soria tiene preparadas sus memorias -que aún no ha decidido si publicará- y que en ellas señala a Montoro como el culpable de su dimisión. A su juicio, el ministro de Hacienda provocó su salida del Gobierno chivando a Mariano Rajoy la existencia de una cuenta de su madre en Suiza, y Soria no quería tener que dar explicaciones sobre ese asunto en el Parlamento. Montoro eludió el cuerpo a cuerpo, pero según publica este martes El Independiente, el entorno del ministro ha disparado contra Soria: “Estará acorralado por algún tema raro”.

El artículo, firmado por la periodista Cristina de la Hoz, asegura que personas cercanas a Montoro justifican la acusación del exministro como una maniobra por “algo que le pueda estallar”. Además, añaden que la información que ahora aporta Soria es “lo que dice un señor que ha mentido más veces”, y aventuran que puede deberse también a una “puesta en marcha” del denominado G-8, el núcleo duro de críticos con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. “Ahora la versión es otra, toda llena de incoherencias, como que todo se debió a un supuesto chivatazo de una cuenta corriente de la madre en el extranjero”, mantuvieron allegados a Montoro según el artículo.

La lucha por el poder

Montoro se defendió destacando que “yo no puedo dar ninguna información sobre ningún contribuyente”, desdiciendo así la versión de Soria.

Así es Soria

El Independiente señala también que el entorno de Soria le describe como una persona con “ambición, ganas y capacidad para crecer en política” y que cosechó “importantes adversarios en lo mediático”. La carrera de Soria se vio frustrada por los Papeles de Panamá, sus negocios familiares offshore y sus mentiras, lo que puede explicar fiasco y la rebeldía del exministro. Sin embargo, cercanos a Soria aseguran que no haría nada que pudiera perjudicar a Rajoy.

Fuente: elplural.es

Soria, un ministro de Industria y Energía para no olvidar

Soria no quiere pasar por el responsable único del recorte a las Renovables españolas

El exministro de Industria tira de los ‘papeles de Tafira’ y revela un correo electrónico de 2012 que compromete a Cristóbal Montoro durante los preparativos del recorte a las Renovables

El titular de Hacienda habría reenviado a José Manuel Soria las exigencias de Abengoa, cliente del despacho de influencias Equipo Económico que coloca a Montoro de nuevo en la picota

Según ‘El Mundo’, ni Soria ni ningún miembro de su equipo denunció entonces aquella maniobra, ¿por qué ahora?

Apenas han pasado quince meses de su forzada dimisión y José Manuel Soria ya ha perdido la paciencia. El poder y el dinero lo mantuvieron más de veinte años en la cresta de la ola y no soporta lo segundo sin lo primero. ¿Para qué el dinero sin poder? Durante más de dos décadas combinó a su modo las tareas públicas con los negocios privados y logró situarse siempre en el epicentro de los intereses de las empresas que tenían que ver con los destinos políticos que desempeñaba. Perder el poder no formaba parte en absoluto de sus planes en abril de 2016 y mucho menos perderlo del modo cruel en que lo perdió. Por eso pidió al Gobierno que lo recolocara, que no lo dejara tirado en la cuneta tras tantos servicios prestados a la causa. Falló lo del Banco Mundial y los nuevos tiempos del Partido Popular hacen imposible recolocarlo.

En febrero de 2017 renunció a su paga de exministro y montó su propia empresa, Sorben Partners, con la que hacer valer sus viejas influencias y cobrarse de alguna manera los favores concedidos durante sus cinco años de ejercicio ministerial. Se le ha visto ir y venir constantemente a Madrid, viajar al extranjero, reunirse con empresarios en reservados de lujosos restaurantes… Pero sin poder, nada es lo mismo.

Hace ya más de dos meses que la Secretaría de Estado de Seguridad ordenó retirarle el último vínculo con el poder que le quedaba, el último signo público de grandeza: la escolta y la protección policial de la que disfrutó un año de modo más que discutible. Soria tiró de inmediato de amistades y convenció al subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, para que se la mantuviera alegando no se sabe muy bien qué riesgos sobre su integridad personal y la de su familia. La excusa ha sido el robo que sufrió la Nochebuena de 2016, un asalto a su casa de Tafira Alta cuyo expediente sigue durmiendo en algún cajón de la décima planta de la Jefatura Superior de Policía de Canarias por desconocerse quién o quiénes pudieron haber sido los autores de la acción. O quizás por todo lo contrario, por conocerse de sobra y ser inconveniente su revelación.

En aquella caja fuerte desvalijada en el dormitorio del matrimonio Soria Benítez (los apellidos que componen el logo Sorben Partners) podría haber documentos trascendentales de la larga trayectoria política del ex presidente del PP de Canarias. Y entre ellos es muy probable que se encuentre un correo electrónico que comprometería gravemente al todavía ministro de Hacienda, un correo que demostraría que Cristóbal Montoro trató de influir sobre José Manuel Soria en beneficio de la empresa Abengoa, por entonces cliente del despacho de influencias Equipo Económico, fundado por el recientemente reprobado ministro.

Lo ha contado este domingo el periodista de El Mundo Carlos Segovia, uno de los que mejor conoció las entrañas del ministerio de Soria: “Desde el Gabinete del ministro de Hacienda llegó una propuesta con el membrete de Abengoa, que era un gran cliente de Equipo Económico. Planteaba, por supuesto, una reforma que ya sabíamos que era la que le interesaba a esta empresa”, afirman asistentes a aquella reunión en el despacho del ministro de Industria”, dice la pieza firmada por Segovia.

Y añade que Soria “no llegó a exhibir el correo en la Comisión Delegada [de Asuntos Económicos] ni en el Consejo de Ministros, pero informó de su contenido a un amplio número de ministros”.

¿Por qué motivo no denunció tales prácticas el ministro Soria? Según la versión que recoge El Mundo, “por lo que habría supuesto para el Gobierno en aquella época en que España estaba al borde del rescate”, dice el periodista citando “fuentes de Industria de aquella época”.

Las “fuentes de Industria de aquella época” no pueden ser otras que el propio Soria porque en toda la pieza solo se cita a otro alto cargo, el por entonces secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, presunto receptor de aquel correo, que en la actualidad ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que no iba el hombre a meterse ahora en berenjenales tales como comprometer al ministro de Hacienda en defensa del defenestrado ex de Industria.

La información de Carlos Segovia deja algunas otras pistas de la autoría de la filtración. Hay una expresión inequívocamente soriana: cuando el periodista da cuenta de que en el Ministerio de Hacienda niegan que ni Montoro ni su entonces jefe de gabinete enviaran documentos de Abengoa a Industria, la respuesta de la fuente es que el correo llegó, “vaya si llegó”. Una fórmula marca de la casa, similar a la que José Manuel Soria empleó en la comisión de investigación formada en el Parlamento de Canarias para investigar el concurso eólico en la época en la que él era presidente del Cabildo de Gran Canaria y su hermano Luis consejero de Industria del Gobierno de Canarias. “Vaya si lo sabré yo”, espetó altanero cuando fue requerido para que contestara si estaba o no presente en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el que se decidió abrir el camino a la concesión de un suelo público al empresario Javier Esquivel para la instalación de un campo de vientos en el muelle de Arinaga. Aquel empresario fue el que, por las mismas fechas, le prestó al menos durante diecinueve meses un chalet de su propiedad para que residiera la familia Soria sin pagar renta de ningún tipo mientras le construían la mansión de Tafira Alta donde en diciembre le abrieron la caja fuerte y donde desde febrero tiene sede su empresa familiar de asesoramiento internacional.

La filtración de esta información a El Mundo, el periódico que tradicionalmente ha utilizado Soria para sus vendettas personales y políticas, es algo más que un simple aviso del exministro de Industria al Gobierno y a su partido. A finales de la misma semana en la que Mariano Rajoy ha mostrado su apoyo absoluto a Cristóbal Montoro en pleno fulgor del caso Equipo Económico, es un ataque frontal al presidente del Gobierno, una muestra inequívoca de que a Soria se le ha agotado la paciencia y amenaza con sacar más papeles. En su entorno siempre han sostenido que acostumbraba a grabar todas las conversaciones en su despacho y que ha guardado minuciosamente horas y horas de confidencias y una ingente cantidad de documentación. Por eso una de las teorías más alentadas por él mismo sobre el robo en su caja fuerte apuntaron desde el primer momento al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría para que los servicios de inteligencia se hicieran con esa documentación.

Soria pretende que le hagan caso, que no se olviden de él, que no lo obliguen a regresar a su plaza de funcionario… Para ello ha tirado de los papeles de Tafira y de paso ha pasado factura al ministro que el mismo día de su dolorosa dimisión dijo aquello de que no puede estar en el Gobierno alguien que haya operado en paraísos fiscales.

Fuente: eldiario.es

Soria, un ministro de Industria y Energía para no olvidar

Soraya, Montoro y las eléctricas echaron al ministro Soria de la política

En este “confidencial” de 2016 escriben que es Montoro el que se cabrea con Soria por el recorte a las Renovables. Actualmente es Soria el que achaca a Montoro el recorte a las Renovables.

Hoy día varias sentencias han condenado a España por el recorte de Soria-Montoro a las energias Renovables.

La vicepresidenta en funciones Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro Montoro, en alianza con las poderosas compañías eléctricas, han logrado echar de la política a José Manuel Soria.

No obstante no olvidaremos las mentiras y lo que hizo Soria con el precio de la electricidad en España, aparte de sus chanchullos en Panama y la empresa petrolera de su hermano (leer).

El ministro de Industria y presidente del PP de Canarias se había distinguido por acabar con el negocio de las subvenciones a las energías renovables, oponerse a las fusiones de las cadenas de televisión y seguir bajando el recibo de la luz. La filtración de que administró una sociedad en el paraíso fiscal de Jersey ha permitido a Soraya deshacerse de un competidor por la Presidencia y a las eléctricas pasar “factura” al ministro que no se plegó a sus dictados.

No ha sido un único motivo el que ha determinado la liquidación fulminante de José Manuel Soria de la política, sino el pacto de poderosos enemigos para deshacerse de un ministro que desde el propio centro derecha había plantado cara a las elites económicas españolas. La filtración de que Soria fue administrador de la empresa Mechanical Trading Limited, una sociedad registrada en la isla de Jersey (paraíso fiscal en el Canal), ha sido la carga de profundidad para liquidarle. El diario “El Mundo” publicó el 14 de abril el documento que precipitó la dimisión de todos los cargos: ministro, presidente del PP canario y diputado.

Soria se enfrentó a la Vicepresidenta por la fusión de Antena3 y La Sexta, y el reparto de licencias de TDT

Dedicarse a la política de forma honesta y transparente es incompatible con actividades en paraísos fiscales, y el ministro Soria ocultó ante la opinión pública sus negocios por lo que la única solución que le quedaba era dimitir de todos sus cargos. Pero también hay que preguntarse quienes han salido beneficiados de la filtración que ha acabado con su carrera.

La respuesta habría que buscarla en cuatro escenarios:

Soria, un ministro incómodo para Soraya

Nadie duda a estas alturas de que la Vicepresidenta en funciones Soraya Sáenz de Santamaría -en el PP la apodan “S3”, como los nombres en clave que reciben los agentes de los servicios secretos por aquello de ser la responsable política del CNI-, aspira a sustituir a Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno, si como todo apunta se repiten las elecciones el 26 de junio. Desde mediados de legislatura han ido cayendo, uno a uno, los “candidatos” que se postulaban para ocupar el puesto del amortizado registrador de la propiedad gallego. Primero fue Alberto Ruiz-Gallardón, quien en septiembre de 2014 se retiró de la política con la excusa de la fallida reforma de la ley del aborto que apadrinaba, y del que enigmáticamente no se ha vuelto a saber nada.

Después vino la dimisión de Esperanza Aguirre el pasado febrero, acosada por la corrupción en el PP de Madrid. Y hace pocas semanas Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, decidió atrincherarse en su feudo y no postularse como sustituto de Rajoy para evitar el rayo exterminador de S3. Ahora el siguiente objetivo en la lista de “candidatos” es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que el aparato del PP la ve como un valor en alza ante el páramo de líderes populares.

José Manuel Soria pasaba como un gestor eficaz y discreto, que estaba en el “banquillo” junto al ministro García-Margallo, como posible sustituto de Rajoy. Fuentes bien informadas de Moncloa explican a mil21 que la publicación por parte de “El Mundo” de la vinculación Soria-Jersey recibió la luz verde de S3. Las ayudas del Gobierno del PP a la Prensa escrita mediante publicidad institucional, son fundamentales para la supervivencia de los medios impresos ante el retroceso de la publicidad convencional y, sobre todo, el desplome de las ventas debido al auge de internet.

Intentó frenar las componendas televisivas de S3

No solo era un obstáculo como posible candidato a La Moncloa, Soria se había enfrentado repetidamente con S3 a causa de los medios de comunicación. El ministro quería aplicar criterios transparentes en beneficio del mercado y de los usuarios, y la vicepresidenta métodos que le permitan contar con el apoyo de buena parte de la prensa en su carrera por la presidencia del Gobierno. El primer enfrentamiento se produjo por el apoyo de S3 a la creación del grupo Atresmedia, propietario de Antena3 y La Sexta.

El ministro estaba en contra de la concentración de cadenas de televisión amparándose en las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Competencia, condiciones que Soraya le obligó a cambiar para hacer posible la fusión. El último desencuentro tuvo lugar en el reparto de licencias de TDT de Alta Definición (HD), cuando Soria se manifestó partidario de excluir a Atresmedia que tras la fusión mantenía una posición de dominio del mercado. La vicepresidenta salió en defensa del grupo que obtuvo una licencia de HD.

Montoro se la tenía jurada a Soria

Eran compañeros de partido y ministros de gabinete, pero Montoro profesaba un “odio africano” a Soria desde que el ministro de Industria eliminó en 2012 las subvenciones a las energías renovables con objeto de reducir al déficit tarifario que en aquellas fechas ascendía a 24.000 millones de euros. El titular de Hacienda defendió a las empresas del sector con las mismas palabras que las utilizadas en un informe elaborado por la empresa de renovables Abengoa. Daba la casualidad que la empresa había fichado a Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Hacienda y exsocio y amigo de Cristóbal Montoro en el despacho de influencias “Equipo Económico”, nombre con el que al llegar al Gobierno rebautizó el despacho “Montoro y Asociados” fundado en 2006. Aquel incidente sembró las dudas sobre Montoro.

La retirada de las subvenciones a las renovables decidida por Soria afectó a la empresa Abengoa, para la que trabajan exsocios de Montoro

El recorte a las renovables, avalado por el Tribunal Constitucional después de que el Supremo lo declarase inconstitucional, provocó el enfado de las eléctricas que con la boca pequeña criticaban a las renovables, pero bajo cuerda recibían primas a las plantas de generación si se utilizaban o no en función de la demanda energética.

Objetivo de las eléctricas: acabar con Soria

A José Manuel Soria se la tenían jurada las compañías eléctricas. Días antes de las elecciones del 20D, el ministro anunció que en 2016 volvería a bajar el recibo de la luz que consumimos los españoles. Antes había aprobado un cambio en la tarifa eléctrica, que pasó a denominarse precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), para vincularla directamente al mercado mayorista con objeto de evitar los costes asociados a los intermediarios financieros.

Esto suponía que el componente energético del recibo de la luz, que constituye algo más de un tercio del total, dependa directamente del precio de cotización de la electricidad en el mercado mayorista en cada momento. La medida, según los expertos, fue un jarro de agua fría para eléctricas y bancos. La aplicación de este sistema permite al consumidor que disponga de un contador inteligente distribuir su consumo de electricidad en los tramos horarios que es más barata.

Epílogo

La desaparición de José Manuel Soria de la escena política permite a S3 reforzar su imagen ante las compañías eléctricas y la Banca vinculada al sector de la energía, lo que en medios políticos se interpreta como “poderosos aliados” en la carrera de la vicepresidenta por sustituir a Mariano Rajoy como cartel electoral del PP en las elecciones del 26 de junio. Asimismo, Sáenz de Santamaría cuenta con el apoyo del influyente grupo televisivo Atresmedia a la hora de defender su candidatura ante la opinión pública.

Soria, un ministro de Industria y Energía para no olvidar

Soria: “Las eléctricas venían al Ministerio con los Reales Decretos ya redactados”

Este lunes el diario El Mundo saca en portada una exclusiva que levantará ampollas en el sector eléctrico español. El ex ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha escrito una especie de memorias donde no deja títere con cabeza.

Una de sus graves acusaciones va dirigida a las grandes eléctricas españolas. El mito de que las compañías han redactado toda la vida las normativas que regulan el sector eléctrico parece ser una realidad.

Según el ex ministro, las eléctricas se presentaban en el Ministerio de Industria con “los Reales Decretos ya redactados” para su aprobación.

Es cierto que en la época franquista, Unesa firmaba algunas de las normativas, pero que ahora lo hiciesen las eléctricas parecía más un mito que realidad.

Pero claro, una cosa es que presenten con el texto redactado y otra cosa muy distinta es que el Ministerio se lo aprobase al gusto de ellas. Para eso habría que probarlo con documentos.

Se trata, pues, de una acusación sin pruebas que suena más a pataleta que a otra cosa. ¿Será porque su puerta no ha girado lo suficiente?

Fuente:  elperiodicodelaenergia.com

Soria: un ministro para no olvidar

Acusan al Gobierno de Rajoy de “mentir” en los pagos a Francia por residuos nucleares

La Plataforma contra el ATC en Villar de Cañas denuncia que se ha “manipulado” a la sociedad para construir un silo nuclear “ahora inútil”

Esta instalación, añade, “ya ha dejado de ser necesaria” puesto que las centrales nucleares tienen almacenes individuales en seco o están a punto de tenerlos

La Plataforma contra la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad conquense de Villar de Cañas ha pedido explicaciones tanto al Gobierno estatal como al alcalde del municipio, José María Sáiz, al considerar que “se ha mentido” al respecto de que España pagaba 65.000 euros diarios a Francia por albergar los residuos nucleares españoles, como justificación para defender la necesidad de poner en marcha este cementerio nuclear.

Según la portavoz de la Plataforma, María Andrés, es “indignante” que durante años el Gobierno de Rajoy y el alcalde Villar de Cañas dijeran que se estaban pagando 65.000 euros diarios de penalización por la custodia de los residuos nucleares, y ahora, que se ha publicado que se empezará a contabilizar desde el 1 de julio, “no reconocen que han mentido a sabiendas para manipular a la opinión pública a favor de construir un ATC ahora inútil”.

Insiste la portavoz en que la realidad es que, 11 años después de la aprobación del sexto Plan general de residuos radiactivos, el ATC “ya ha dejado de ser necesario”, puesto que las centrales nucleares tienen almacenes individuales en seco o están a punto de tenerlos.

Asimismo, la Plataforma indica que según fuentes del Ministerio de Energía y Enresa las cantidades a pagar se devolverán una vez vuelvan los residuos a España descontando los gastos de almacenaje. Añade que estos residuos provenientes de la Central nuclear de Vandellós I son, junto con los 500 elementos combustibles de Garoña en el centro de reprocesamiento de Sellafield, “los únicos residuos nucleares de alta actividad que están fuera de nuestras fronteras”, apunta María Andrés.

Silencio de Nadal y el presidente del CSN

La multa por el retraso del ATC fue, según fuentes parlamentarias, una de las cuestiones sobre esta instalación que evitó contestar el presidente del CSN, Fernando Marti, en la comparecencia a puerta cerrada que realizó el pasado 6 de junio ante los diputados de la Comisión de Energía del Congreso. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, también ha evitado desde su llegada al cargo en noviembre aventurar plazos sobre la puesta en marcha de la instalación. La ubicación fue decidida cuando la secretaria general del PP y hoy ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, era presidenta de Castilla-La Mancha.

En enero pasado, el ATC recibió un espaldarazo cuando el Tribunal Supremo anuló la ampliación de un espacio natural protegido que había decretado el Gobierno de Castilla-La Mancha, del socialista Emiliano García-Page, para bloquear el proyecto. Las dudas sobre la idoneidad de los terrenos elegidos no están todavía resueltas.

Fuente: eldiario.es

El Banco Mundial condena a España por el recorte de los incentivos a las renovables

Obliga al Gobierno a compensar con 128 millones a una empresa británica; otras 30 denuncias esperan fallo

Ya comentamos en su día que Soria era un ministro para no olvidar (leer)

 6 de Mayo de 2017

El tijeretazo a las ayudas a las energías renovables empieza a pasar factura a España y la cantidad final a pagar puede ser muy elevada. El Estado ha perdido el primero de los numerosos arbitrajes internacionales a los que se enfrenta por cambiar el marco regulatorio después de utilizarlo como señuelo para captar inversiones. El Ciadi, la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, ha dado la razón a la británica Eiser y condena a España a compensar con 128 millones a la compañía, que invirtió 935 millones en tres plantas termosolares junto con otros dos socios.

Las operaciones se acometieron en 2007, el año en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el decreto con el que pretendía acelerar el despegue de la energía verde en el Estado. Aprovechando los incentivos y el precio al que se pagaba el kilovatio, Eiser, asociado con Elecnor -con orígenes vascos pero con sede en Madrid- y la ingeniería Aries, impulsó dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Ciudad Real y otra de las mismas características en Badajoz.

Poco después se produjo el estallido de la crisis y, en 2010, dentro de los primeros recortes, los socialistas decidieron suprimir gran parte de los incentivos y bajar las retribuciones. Tras su llegada al poder el Partido Popular dio otra vuelta de tuerca con la aprobación de una reforma eléctrica que cambio de arriba abajo el terreno de juego penalizando sobre todo a los productores de energía renovable. El escenario cambio radicalmente y las compañías chocaron con un muro donde antes había oportunidades de negocio. Muchas de ellas han buscado una compensación en la mediación internacional y el fallo de Ciadi conocido ayer supone el primer revés para el Ejecutivo popular. En el anterior, que data de enero 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo se pronunció a favor del Reino de España ante la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico.

El escenario que se abre tras la condena en el ámbito termosolar es incierto. Por ello, el Ministerio de Energía se apresuró ayer a afirmar que el laudo “no puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante” a otras denuncias.

El Gobierno central estima que la decisión de Ciadi se ciñe “única y exclusivamente” a las tres plantas termosolares de las que eran socios Eiser y su filial Energia Solar Luxembourg, “en atención a sus particulares circunstancias”. Además, sostiene que es “excesivo” considerar que la reforma eléctrica “ha causado daño” a las compañías.

El objetivo ahora es que no se genere una avalancha de reclamaciones y el Ministerio aseguró que está estudiando la posibilidad de recurrir, a pesar de que Ciadi remarcó que su laudo es “definitivo y obligatorio” y no cabe ningún tipo de recurso.

Por su parte, Anpier, la asociación de pequeños productores fotovoltaicos, exigió el mismo tratamiento que reciben los inversores extranjeros, porque en su caso no cae la mediación internacionales. En España, las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional han avalado los recortes aplicados por el Gobierno central. España acumula ante el Ciadi casi una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes aplicados a las energías renovables.

Más allá de las consecuencias económicas derivadas del cambio regulatorio, que podrían elevarse por encima de los 1.000 millones de euros, la retirada de los incentivos ha dejado una huella muy profunda en el sector. Tras el cambio regulatorio muchas instalaciones dejaron de ser rentables, lo que unido a los efectos directos de la recesión supuso un duro golpe para las empresas.

En 2008 la energía renovable daba empleo a casi 143.000 personas y hoy apenas se superan los 75.000 trabajadores. En el caso de la energía solar térmica se ha pasado de 13.542 empleos a poco más de 6.000, y es el único área en el que no ha repuntado la contratación de personal con la recuperación económica.

Fuente: deia.com

Soria, un ministro de Industria y Energía para no olvidar

El IDAE desmonta ante el CIADI la teoría de Soria sobre los informes con los que asestó el ‘hachazo’ a las renovables

En julio de 2013, el Gobierno aprobó una reforma energética en la que, entre otras cuestiones, cambiaba el sistema retributivo de las renovables y la cogeneración, que pasaba de cobrar primas a la producción a una rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida útil de la planta.

Para calcular esta rentabilidad razonable, Industria utilizó un informe elaborado por el IDAE en el que se definían centenares de parámetros de inversión en los que se encuadraban las plantas, en función de su antigüedad, su ubicación o su tecnología.

Supuestamente, ese informe se plasmó en la orden ministerial de parámetros de retribución a las renovables en junio de 2014. El hachazo se llevó a cabo y a partir de ahí, se inició la lluvia de recursos ante el Tribunal Supremo y las distintas cortes de arbitraje. Nadie se fiaba del Gobierno, y no era para menos. El recorte asestado a las instalaciones de renovables fue descomunal. Además, la orden de parámetros no la entendía prácticamente ningún mortal.

En febrero de 2015, el Gobierno envió al Supremo el archiconocido pendrive de 20 GB con más de 400 informes con los que se llevó a cabo el recorte. Lo más llamativo de todo ello, fue que uno de los informes esperados de una de las consultoras contratadas no estaba. Fue el de Boston Consulting y que según el Gobierno fue “por no cumplir el pliego de condiciones del contrato”. La otra gran sorpresa fue que Roland Berger entregó su informe en octubre de 2014, cuando la normativa se aprobó en junio. Algo inaudito. Además, este tuvo que hacer tres versiones hasta que se lo aprobó el Gobierno.

El Ministerio, con José Manuel Soria a la cabeza, tuvo que tirar de artimañas para hacer creer su versión. Los informes de las consultoras se pidieron para contrastar. “No se ha encargado a ninguna empresa externa la elaboración” de los estándares renovables, sino que esta tarea ha correspondido “exclusivamente por los servicios del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en particular el Idae”, explicó el departamento de Energía.

Pasaron unos meses, y en septiembre de ese año, el diario El Mundo, contó que “El informe que diseñó el ‘hachazo’ a las renovables, fechado un año después de la reforma eléctrica”. Se refería la información a que el informe del IDAE con el que supuestamente se hizo el recorte estaba fechado en junio de 2015, un año después de aprobarse la orden de parámetros.

Todo parecía increíble. Nadie explicaba cómo se hicieron los cálculos. Ya daba igual quien los hiciera. El caso de los informes de las consultoras se esfumó y se perdió en la vorágine informativa.

Pero casi dos años después, el laudo que acaba de perder España contra el fondo Eiser Infrastructure a la que tendrá que indemnizar con 128 millones de euros, ha esclarecido todo, o buena parte de este caso.

Según el laudo, que hizo público el diario Cinco Días, el propio IDAE desmontó la teoría del Gobierno. Dejó en muy mal lugar al por entonces Ministerio de Industria y ahora de Energía.

Carlos Montoya, director del departamento solar del IDAE, fue llamado a declarar como testigo por parte del Estado español. Fue el autor de la orden de parámetros. Montoya, ante la sorpresa de la Audiencia (los tres árbitros) señaló que los costos aproximados de la instalación tipo hipotética se basaron en un análisis de estudios y publicaciones disponibles.

Sin embargo, en la Audiencia agregó que también se valió de sus conocimientos personales basados en un proyecto o proyectos que había supervisado. “El Sr. Montoya admitió en su testimonio que el proceso no se basó en un análisis matemático de datos riguroso, al afirmar que “si usted busca […] una media o una fórmula matemática, no la hay”.

es decir, que el Gobierno aprobó un recorte de ese calibre sin “un análisis matemático de datos riguroso”. Lo único que utilizaron fueron unas publicaciones y su conocimiento. Un conocimiento, que según el laudo, deja bastante que desear.

“Hay un análisis de información de documentación y un conocimiento propio por haber desarrollado plantas reales y haber conocido realmente lo que cuestan estas inversiones”, dijo Montoya a los árbitros del Ciadi.

Por su parte, el laudo señala que “el Sr. Montoya declaró en este sentido que no creyó que cambiar la ubicación de una planta causaría una mayor variabilidad en los costos”.

Es decir, que el experto del Gobierno en materia de renovables que hizo la orden de parámetros con la que se aplicó un recorte retroactivo a decenas de miles de instalaciones no sabe que una termosolar o una fotovoltaica varía sus costos si se construye en Sevilla o lo hace en Galicia. No hace falta muchos más comentarios.

Lo que no explica el laudo es cuando hizo realmente estas declaraciones, ya que según el documento Montoya fue a declarar en abril de 2015, es decir antes de firmar el informe con el que se hizo el recorte, y otra en noviembre de ese mismo año. Ya con el informe hecho y firmado por el mismo. Si lo hizo en abril es de entender sus declaraciones porque todavía no había hecho el informe.

Otro de los testigos que llevó la Abogacía del Estado fue Santiago Caravantes, subdirector general de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía. Lo llamativo, es que la Abogacía del Estado pidió que su declaración no se tuviese en cuenta. El tribunal lo aceptó y por eso se desconocen sus palabras.

De dos testigos, uno dejó en mal lugar al Gobierno y el otro prefirió no contar al final con su declaración. A saber lo que dijo el subdirector de Energía. Una pena no saberlo.

Fuente: elperiodicodelaenergia.com

Soria: Un ministro para no olvidar