12 razones para la desconexión nuclear

Un mes antes de la huelga feminista, las mujeres que de una u otra forma (profesional o activista) nos movemos en torno a la energía, nos dimos cita en Bilbao para reflexionar juntas y una de las cosas que sacamos en claro fue que desde un planteamiento ecofeminista la energía debe ser un derecho y no un bien de consumo. Teniendo siempre claros los límites del planeta en el uso que hagamos de la misma. Obviamente desde esta perspectiva sólo las energías limpias tienen cabida, sin embargo te traigo aquí algunos argumentos que pueden resultar útiles en un debate convencional entre personas que no tengan tan claros los principios de la ecodependencia y la interdependencia.

El pasado 8 de marzo vivimos una huelga sin precedentes, algo que muchas de nosotras no hubiéramos imaginado ni en nuestros mejores sueños. Y vimos como las calles se llenaban de mujeres, y de hombres, que pedían un cambio en la forma de entender la vida y las relaciones. El manifiesto feminista decía: “Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas”.

Una de las formas de gritar bien fuerte es gritar pidiendo el cierre de las centrales nucleares, porque no podemos decir que queremos cuidar el planeta y a la vez producir/consumir una energía que pone en peligro la biodiversidad cada segundo que pasa.Un mes antes de la huelga feminista, las mujeres que de una u otra forma (profesional o activista) nos movemos en torno a la energía, nos dimos cita en Bilbao en el I encuentro Género y energía para reflexionar juntas y una de las cosas que sacamos en claro fue que desde un planteamiento ecofeminista la energía debe ser un derecho.

Teniendo siempre claros, por supuesto, los límites del planeta en el uso que hagamos de la misma. Obviamente desde esta perspectiva sólo las energías limpias tienen cabida, sin embargo te traigo aquí algunos argumentos que pueden resultar útiles en un debate convencional, entre personas que no tengan tan claros los principios de la ecodependencia y la interdependencia.

Estas son doce razones argumentadas para exigir la desconexión nuclear. Comencemos por el principio:1.- La extracción del uranio
Cuando abres una mina encuentran rocas con un gran cantidad de este mineral que puede contaminar el aire, el agua y la tierra. Bruno Chareyron

Aproximadamente, por tonelada de uranio, se generan 3.700 litros de residuos líquidos. A lo que añadimos los residuos sólidos de radio (elemento que da el nombre a la radioactividad) y otros elementos, que suponen unas cien veces el peso del material obtenido; una mezcla donde hay restos de ácido sulfúrico, bióxido de manganeso, carbonato e hidróxido de sodio, cromo, cobalto, cobre, hierro, isodecanol, molibdeno, níquel, radio 226, radio 222, vanadio, y algo de uranio aún. Los compuestos radiactivos poseen una vida media que, en algunos casos, se cuenta en miles de años.

Para extraer el uranio se dinamitan cientos de hectáreas para poder acceder al mineral que de forma natural se encuentra diseminado. Una vez reunido se muele y se realiza la lixiviación para lo que es necesario el ácido sulfúrico que ayuda a decantarlo. En el proceso de decantamiento ya tenemos emisiones de radiaciones ionizantes alfa, beta y gamma, y metales pesados solubles en ácido y gas radón 222. Pero ya hemos obtenido el uranio y algunos otros elementos como el torio, radio, protactinio, plomo, polonio.

Todas sabemos que el uranio obtenido en este proceso es altamente cancerígeno, lo sabemos de forma natural al observar a las personas que viven cerca de estas minas y a quienes las trabajan. También lo sabemos por las pruebas realizadas en animales. Sin embargo, no se ha descrito ningún tipo de cáncer en seres vivos como resultado de la exposición al uranio natural o empobrecido.

Aunque sabemos que el uranio empobrecido (U-238) se utiliza en la industria armamentistica. Este tipo de uranio que tiene una vida media de 4.500 millones de años.

2.- Los reactores nucleares liberan radiactividad en el aire y en el agua de forma continua para su correcto funcionamiento
Sin necesidad de accidentes, aunque nos hacen creer lo contrario, las centrales nucleares mantiene un flujo pequeño pero constante de fluido que expone a todas las criaturas vivas a las radioactividad que pasa por la tierra, por el agua y por el aire.

Para su correcto funcionamiento deben liberar isótopos radiactivos en pequeñas cantidades.

3.- Los residuos nucleares se mueven de un lugar a otro.
Mover los residuos nucleares es un actividad de alto riesgo y sin embargo es algo que se hace de forma continuada porque los tratamientos necesarios para su almacenaje rara vez pueden realizarse en el mismo lugar en que se producen. Los residuos generados en España deben viajar a Francia, y regresar, antes de poder ser almacenados

4.- Almacenar residuos durante miles de años de forma permanente
Vamos por la cuarta razón para la desconexión nuclear y seguimos hablando de residuos. La verdad es que desconocemos aún cuál puede ser el método seguro que permita almacenar residuos nucleares. Por supuesto, no tenemos ni idea de como eliminarlos o al menos neutralizarlos de forma segura. Ya en 1977 el presidente estadounidense Jimmy Carter tomo medidas para detener la producción y en un artículo del periódico El País de octubre de 1985 se cita el Informe Flowers (sexto informe de la Comisión Real del Reino Unido sobre Contaminación Ambiental, septiembre 1976) concluía emitiendo un veredicto crucial: “No debería permitirse un compromiso con un amplio programa de energía nuclear (sería irresponsable y moralmente equivocado) hasta que no haya sido demostrado, por encima de cualquier duda razonable, que existe al menos un método que garantice la seguridad del almacenamiento de los residuos altamente radiactivos para el futuro indefinido”.
Estas cuestiones continúan sin respuesta.

5.- Nuestra salud o la de cualquier ser vivo
Los problemas de cáncer son la parte más visible de la cercanía a minas, centrales nucleares o cementerios de residuos. La leucemia es una de las enfermedades que suelen estar asociadas a la contaminación del cuerpo con uranio enriquecido (diferenciar del natural o empobrecido). La ingestión de la manera que sea, de grandes cantidades de uranio daña los riñones e impide su funcionamiento. También el cáncer de la glándula tiroides (uno de los órganos del cuerpo más sensibles a la radiación), es habitual.

Las radiaciones ionizantes no controladas provocan alteraciones en el ADN.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de forma normal una persona recibe unos 3 milisieverts (unidad que mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva) en un año normal, el 80% a través de fuentes naturales de radiación y el resto a través de procedimientos y pruebas médicas.

No debemos olvidar que la radiación reduce el número de glóbulos blancos y eso nos hace más vulnerables a las infecciones.

6.- DDHH
Las normas sobre la seguridad en lo relativo al contacto con la radiación se están relajando de forma permanente. Cada nueva regulación es más laxa que la anterior, lo que significa que cada vez estamos más expuestas.
Los residuos siempre se llevan para su almacenamiento a zonas económicamente empobrecidas, lo que hace que sean las poblaciones más vulnerables las que, por una compensación económica, se arriesgan a vivir cerca de una fuente de radiación que va a durar miles de años. Si le sumamos lo anterior, parece que en lo que respecta a la energía nuclear, las clases sociales existen y los DDHH son continuamente vulnerados.

7.- Derechos medioambientales
En 1972 se comenzó a hablar de los derechos medioambientales durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo. Se habla de la necesidad de un entorno humano saludable. Y puede parecer que Naciones Unidas tiene bonitas palabras que nunca se pueden llevar a la práctica, pero en estos días en que la Constitución Española de 1978 está tan de moda, es bueno recordar que en su artículo 45, establece que tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, y que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

8.- Derechos Animales
Los animales no humanos con quienes compartimos el planeta tienen derechos, aunque no exista un documento que lo ponga por escrito. Los animales silvestres necesitan un entorno adecuado para el digno desarrollo de su vida. Las minas a cielo abierto, o el sobrecalentamiento constante del agua en la que viven o de la que beben, son aspectos que perturban gravemente el desarrollo de sus vidas.

Durante milenios el pensamiento occidental ha justificado la intervención en el medio natural y las consecuencias negativas para el resto de seres vivos, amparándose en una supuesta superioridad basada en una jerarquización de la vida. Cualquier acción humana realizada para nuestro propio interés, estaba por encima del interés de animales y plantas. Ya no podemos continuar amparándonos en este tipo de excusas, nuestra naturaleza biológica deja en claro que somos animales y nuestra ética debe ponernos en nuestro lugar, osea en un plano de igualdad respecto al resto de la vida en el planeta.

9.- Económicas 
Donde se produce un accidente nuclear no hay otra opción que abandonar el lugar. Tenemos el ejemplo de Chernobyl, actualmente un paraje abandonado, pero que significa un elevado coste monetario de más de 350 mil millones de dólares.

A partir de los 30 años de funcionamiento, cuando se amortizan la centrales nucleares, los propietarios de éstas pagan 1,5 € por kWh producido, mientras que lo venden a unos 5,5 € al mercado de la electricidad. Una empresa así es el sueño de cualquier capitalista, pero está fuera de cualquier otro análisis económico donde además del capital se ponga en el balance el coste en el bienestar de las personas, de los animales y del equilibrio ecológico.
Además, la obtención de kilovatios a través de centrales nucleares requiere la importación de uranio, que según datos del Foro Nuclear procede de Rusia en un 45%,Australia 22%, Níger en un 20% y el resto se reparte entre Kazajistán, Canadá, Sudafrica y Ucrania.

Según el Foro Nuclear , el uranio para alimentar a las centrales nucleares está garantizado durante los próximos 100 años, lo que desde el punto de vista de la economía feminista, significa que se acaba en tres generaciones. Osea, mañana mismo.

10.- La solidaridad intergeneracional
Creo que queda claro que la energía nuclear, desde su comienzo hasta su no-final, puesto que los residuos permanecen radiactivos durante miles de años, es uno de los mejores ejemplos de todo lo que de perverso hay en nuestra sociedad. Mantener la energía nuclear, cuando no sabemos manejar de forma segura los residuos que produce, delega en las generaciones futuras el riesgo, las consecuencias y la responsabilidad de gestionarlos.

11 .- Falta de transparencia
La desinformación es la norma en las zonas donde existe minería de uranio, centrales nucleares o puntos de almacenaje. La información que nos llega es gracias a filtraciones y lo más habitual es que los máximos responsables no acuden cuando son citados.

Aunque el CSN se define como un ente independiente de la Administración General del Estado que rinde cuentas al Congreso y al Senado, la verdad es que dilatan los periodos entre sus apariciones, a veces hasta dos años completos, y han ido relajando la normativa para la seguridad, dando así más facilidades a las grandes empresas energeticas, de las que también deberían ser independientes.

12.- Frena el desarrollo de las energías renovables
Uno de cada tres kilovatios utilizados en 2017 fue producido por el viento, el agua, el sol o la biomasa del territorio que compartimos. Sin embargo, esto no es una buena noticia, deberíamos producir más de esta energía limpia y a la vez replantearnos nuestro consumo, ya que nuestra dependencia energética está 20 puntos por encima de la media europea. Esta situación es la causa de que una buena parte de nosotras estemos expuestas al fenómeno llamado “pobreza energética”, dado que los precios que pagamos por la energía vienen impuestos por el mercado internacional.

En el estado español las importaciones han crecido un 18% en 2017 y el déficit energético ha aumentado un 30,4%, lo que nos aleja del objetivo con el que comenzábamos este artículo, entender la energía como un derecho.
Y quiero terminar con unas palabras en memoria de las casi dos mil encinas muertas en Retortillo. La vida de un árbol también debe ser defendida, un árbol tiene derecho a cumplir su ciclo y estas casi dos mil encinas perecieron en un acto de soberbia comercial, cuando Berkeley decidió darnos la impresión de que la mina a cielo abierto era un hecho incuestionable. Víctimas inocentes del marketing mal entendido, victimas inocentes de la prepotencia de unos animales que han olvidado que son solo una parte más en el delicado equilibrio de la vida: nosotros.

“No creo que llegue a ver jamás
un poema tan bello como un árbol”
Joyce Kilmer

Fuente:   elsaltodiario.com

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La prohibición de arrojar residuos radiactivos al mar, a punto de expirar

Hace 50 años la sociedad gallega ya mostraba su preocupación por estos vertidos

Es fácil imaginar que si en pleno 2018 unos barcos empezaran a tirar bidones radiactivos en el Atlántico habría una reacción social de un tamaño incalculable. Precisamente este año en curso marca el punto final -o seguido- para la moratoria que entró en vigor en febrero de 1994 con el objeto de prohibir durante 25 años el vertido sistemático de residuos radiactivos, supuestamente de baja intensidad, en las zonas más profundas de este océano, muchas de ellas próximas a Galicia. Nada menos que 115.000 toneladas.

 

Entonces se decidió que se haría, antes de febrero del 2019 -cuando termina de forma efectiva la prohibición-, un amplio estudio científico para calibrar las consecuencias de aquellos vertidos masivos, que hoy, cuando la conciencia ecológica ha impregnado a casi todos los sectores sociales, serían impensables. A la luz de ese estudio, que deberían liderar los países que firmaron la enmienda a la Convención de Londres -que prohibía los vertidos- y la Organización Marítima Internacional, se decidiría si a partir del 2019 se continuaría con la prohibición. Pero no hay que preocuparse. No se van a gastar un duro en el estudio porque saben de sobra que en el momento actual jamás podrían permitir tal barbaridad. Y el informe estaba pensado para actuar de bálsamo tranquilizador sobre el efecto radiactivo de los vertidos, con el objetivo no confesado de tener una ventana para poder volver a legalizarlos. Ahora, además, hay sistemas de almacenamiento mucho más fiables.

Vertidos nucleares de diferentes paises

Volveremos más tarde sobre este asunto. Antes habría que recordar que los bidones radiactivos ya suponían una preocupación para la sociedad de finales de los años sesenta. En una noticia publicada en La Voz tal día como hoy de 1968 se aseguraba lo siguiente: «No existen riesgos de contaminación radiactiva de nuestras costas pesqueras». Este era el mensaje oficial en referencia al fondeo de residuos nucleares en una fosa oceánica situada a 450 kilómetros de la costa. En esta información se explicaba que estos restos, las primeras tandas que se decidió que fueran sumergidas en el mar a un mínimo de 4.000 metros de profundidad, «fueron colocados en recipientes especiales, de manera que soportasen perfectamente cerrados por lo menos diez años». Se daba por hecho entonces que los materiales guardados en estos compartimentos terminarían siendo liberados, aunque siempre se mantendrían, supuestamente, en unos niveles de contaminación que entonces se consideraban tolerables.

Poco o nada se ha preocupado la comunidad internacional y en concreto España por vigilar los efectos de estos vertidos desde el 2005, cuando se efectuó una amplia monitorización amparada por la Organización Internacional de la Energía Atómica. Hubo un intento de Alemania para realizar otra campaña amparada por la Convención sobre la Protección del Medio Marino del Atlántico Nordeste, pero finalmente se demoró la decisión.

Ahora la Organización Marítima Internacional, que debe velar por el cumplimiento de la Convención de Londres, no tendrá más remedio que prorrogar el veto de forma casi automática en febrero del 2019, pues la enmienda de la moratoria se decidió en 1993, pero entró en vigor en febrero de 1994 por un período de 25 años. «Sería escandaloso que no se continúe con la prohibición. No se puede controlar lo que depositas en el mar». Esta es la opinión al respecto de Jordi Bruno, una de las mayores autoridades españolas en residuos nucleares.

 

Durante este año debería estar ultimándose el estudio científico que prescribía la enmienda. Pero recientemente se decidió que se sustituiría por un dosier con la literatura científica acumulada sobre este asunto en los últimos años. A la luz de este informe se resolvió que no había razones para emprender otra monitorización radiológica de los vertidos, pues no darían lugar a conclusiones diferentes de las que habían sustentado la prohibición.

Fuente: lavozdegalicia.es

El cáncer extermina a la plantilla que manipuló uranio en una fábrica de Andújar

La fábrica de uranio de Andújar fue desmantelada en 1995

De la plantilla inicial, compuesta por 126 empleados, apenas quedan 20 vivos.

El cáncer ha exterminado a la mayoría de los que manipularon durante años el metal sin apenas medidas de protección: gastaban mascarillas de papel, depositaban la comida sobre los bidones de residuos radiactivos y lavaban en casa la ropa de faena. La supervivientes piden que se les reconozca la enfermedad profesional antes de que la metástasis acabe con todos.

A José Soto se le murió el 4 de septiembre otro amigo, Gabino, con quien trabajó en la fábrica de uranio de Andújar (FUA), de titularidad pública.

01/10/2017

El goteo de fallecidos es continuo. Soto, presidente de la asociación de ex trabajadores de la FUA, aclara que es prácticamente la única persona del colectivo a la que todavía le quedan fuerzas para denunciar los hechos. El vicepresidente ha fallecido y el tesorero está muy enfermo. Él mismo toma diariamente una docena de fármacos para combatir diversas dolencias. Admite que al menos puede contarlo. Gran parte de sus compañeros murieron jóvenes. Muchos no habían cumplido siquiera 40 años cuando se los llevó el cáncer. Previamente, habían compartido espacio con el uranio en unas dependencias que, según la asociación, no estaban convenientemente habilitadas para la labor que se desarrollaba en ellas.

La FUA se inauguró en 1959 y fue cerrada en 1981. Ese año a los trabajadores les ofrecieron un puesto de trabajo en la fábrica de uranio de Don Benito. Fue un mal trato. Ninguno de los que aceptaron vive hoy, aclara este superviviente, que expresa su indignación por la insensibilidad de las formaciones políticas respecto al problema. «Ni la dictadura ni la democracia han hecho nada por nosotros». Habría bastado con que la administración central hubiera accedido a relacionar las patologías con la actividad desarrollada, pero, lejos de hacerlo, los sucesivos gobiernos se negaron a validar los informes médicos que vinculaban el cáncer con el uranio, si bien otros, como el realizado por el Consejo de Seguridad Nuclear, descartaron la relación.

«Hubo una mano negra», asegura el abogado Manuel Ángel Vázquez, contratado a principio de los 90 para litigar por los derechos de una plantilla ya entonces diezmada. Aunque un estudio de la Junta de Andalucía avalaba la tesis de que la manipulación del uranio sin las medidas de protección pertinentes estaba detrás de las enfermedades, juzgados de lo social decretaron el archivó la causa, ratificado después por las instancias superiores. El letrado está convencido de que no se investigó hasta el final. De haberlo hecho, señala, se habría determinado la causalidad. Y, en consecuencia, los ex trabajadores habrían cobrado una pensión digna en lugar de los 440 euros que percibe José Soto tras 22 años de trabajo expuesto a la radiación. O las 5.000 pesetas mensuales que cobraron algunos de los obreros que se prejubilaron en los ochenta.

El dinero lo reciben ahora las viudas que quedan en pie, que tampoco son muchas. El fallecimiento de los dos cónyuges es una constante entre las parejas relacionadas laboralmente con la FUA. De nuevo, hay que hacer mención al uranio como causa probable, ya que, asegura el presidente, se introdujo en los hogares a través de la indumentaria. No sólo la de trabajo, sino también la ropa utilizada por los empleados tras su jornada laboral, que guardaban en las taquillas de la fábrica. De resultas de la falta de control la radiación afectó, según la asociación, hasta la tercera generación: nietos de los empleados han fallecido también de cáncer.

La exposición al uranio a la que estuvieron expuestos los trabajadores de la FUA es de libro, en opinión del profesor e historiador Juan Antonio Muñoz, que realiza un estudio sobre los lugares del sur de España en los que ha habido, y hay, contaminación nuclear. Según este experto, persiste una considerable actividad radiactiva en Andújar. Muñoz destaca la proximidad del Guadalquivir de la zona en la que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) enterró el uranio tras el desmantelamiento de la fábrica en 1995. Y advierte de que el subsuelo permeable facilita la filtración del uranio al cauce público del principal río andaluz.

Inspecciones

El Consejo de Seguridad Nuclear asegura que de las 2 inspecciones llevadas a cabo en 2016 para verificar las condiciones generales e hidrológicas impuestas en el plan de vigilancia y mantenimiento no se desprenden repercusiones radiológicas ni sobre los trabajadores ni sobre el medio ambiente. Puntualiza, no obstante, que en el emplazamiento restaurado de la antigua fábrica, debidamente vallado y señalizado por Enresa, aún no se han alcanzado los valores requeridos como para dar por finalizado el período de cumplimiento. En la traducción de este lenguaje burocrático coinciden Manuel Vázquez, José Soto y Juan Antonio Muñoz: «El Estado admite que la radiactividad aún sigue en Andújar».

Fuente: ABC

La cerrazón del Gobierno con las renovables encarece el recibo de la luz

 

Los Nadal serán recordados por su “servicio” a los Oligopolios

 El pool roza este martes los 70 euros, el nivel más alto desde el pasado 31 de enero, en vísperas de la llegada de una masa de aire frío para el miércoles

La producción hidroeléctrica se ha hundido un 50% mientras se dispara la producción con centrales de gas, las más caras

“2017 ha sido un año especialmente malo en cuanto a las condiciones meteorológicas y al comportamiento de los precios del petróleo”, dice el ministro de Energía

Viene el frío, sigue sin llover, la luz sube. El precio mayorista de la electricidad va a marcar este martes el precio más alto de los últimos diez meses al situarse en una media de 69,57 euros por megavatio hora (MWh), según los datos publicados el lunes por el operador del mercado ibérico, Omie.

Con una demanda prevista para el sistema peninsular de unos 753 gigavatios hora (GWh), un 3,1% superior, el precio del conocido como ‘pool’ para este martes es un 4,9% superior al del lunes. Es el más alto desde los 73,27 euros del pasado 31 de enero, en los últimos estertores de una escalada de precios que obligó al ministro de Energía, Álvaro Nadal, a salir a escena y anunciar una intervención del mercado del gas que no se ha hecho efectiva hasta hace unas semanas. En ese pico de precios, en plena ola de frío invernal, el pool llegó a marcar (el 25 de enero) un máximo diario de 91,88 euros.

La subida de este martes se produce tras un mes de noviembre inusualmente cálido en el que la grave sequía y la ausencia de lluvias en España han propiciado un desplome del 48,7% en la generación eléctrica, la más barata, hasta suponer apenas el 7,5% del total. Mientras, las tecnologías más caras, el carbón y, especialmente, el ciclo combinado, han aumentado en lo que va de año su aportación un 28% y un 37,5%, respectivamente, y la eólica ha retrocedido casi un 7%, según Red Eléctrica.

Todo ello, en un contexto de incremento de las exportaciones de electricidad a Francia por la parada y revisión de varios de sus reactores nucleares en ese país.

La subida de este martes llega en vísperas de la primera ola de frío de este otoño inusualmente cálido. Este miércoles llegará a España una masa de aire ártico que permanecerá sobre la Península Ibérica hasta el domingo y conllevará una bajada importante de las temperaturas que puede estimular la demanda de electricidad.

Año “especialmente malo”

El lunes, en una entrevista concedida a  El País para proclamar su defensa de las centrales de carbón ante la pretensión de Iberdrola de cerrar sus dos últimas plantas con esta tecnología, cuyas ayudas públicas acaba de poner en solfa la Comisión Europea, el ministro de Energía señalaba que “2017 ha sido un año especialmente malo en cuanto a las condiciones meteorológicas y al comportamiento de los precios del petróleo”, que incide en la cotización del gas natural.

A falta de un mes para que acabe el año, y teniendo en cuenta la factura media como la que utiliza Energía en sus estimaciones (4,4 kilovatios de potencia y un consumo anual de 3.900 kilovatios hora, equivalente a una familia con dos hijos), un hogar tipo habría pagado por la luz en lo que va de año y hasta el pasado viernes (último dato disponible) unos 738 euros. Suponen unos 78 euros más que en el mismo periodo de 2016, según un cálculo basado en el simulador de facturas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El precio mayorista de la electricidad que ahora está en máximos de diez meses tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final. Alrededor del 40% corresponde a los peajes o costes regulados con los que se retribuyen partidas como las redes, los incentivos a las renovables y la deuda acumulada por las eléctricas y que el Gobierno ha confirmado que va a congelar por cuarto año consecutivo. Cerca del 25% restante del precio final que pagan los usuarios en su recibo corresponde al IVA y al Impuesto de Electricidad.

Los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía. El ‘pool’ funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última que participa, la más cara (suele ser el gas), marca el precio para el conjunto.

El precio del pool se repercute directamente en la tarifa regulada conocida como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (el PVPC), la opción más barata según el ministro de Energía y la propia CNMC, pese a que está en retroceso, hasta el punto de que las eléctricas han conseguido que el 56% de los usuarios domésticos estén en el mercado libre, con márgenes superiores para las empresas.

El PVPC (el precio final) tocó el pasado 23 de octubre el precio más alto del año, pero entonces ese pico puntual estuvo relacionado con los servicios de ajuste y no con el pool, que en ese momento era un 12,6% inferior al de este martes.

Fuente: eldiario.es

La barata energia nuclear: España paga 50 millones a Reino Unido para que se quede el plutonio de Garoña

España firmó hace 14 años un acuerdo con las autoridades británicas para evitar el regreso de la basura nuclear.

La capacidad de almacenamiento de las instalaciones nucleares es muy limitada, a la espera de que se construya el ATC.

La central nuclear de Santa María de Garoña ya es historia. El Gobierno anunció su cierre definitivo el 1 de agosto. Pero las centrales pasan y sus residuos permanecen. Sobre los generados en Garoña, el Gobierno ha tomado una decisión: transferir la titularidad del plutonio generado en el tratamiento de la basura nuclear de la central burgalesa a la empresa pública británica International Nuclear Services (INS), heredera de la antigua British Nuclear Fuels(BNFL).

El Ejecutivo español alcanzó un acuerdo con BNFL hace 14 años para evitar la vuelta de los residuos reprocesados de Garoña a cambio de 34,5 millones de euros. Ahora ha dado un paso más, con un coste “en el ejercicio 2017” de 50,4 millones de euros, según detalla la memoria de la empresa pública Enresa.

Ni la empresa pública que gestiona los residuos, ni la sociedad propietaria de la central nuclear, Nuclenor (50% de Endesa y 50% de Iberdrola), han dado detalles de la operación. Nuclenor se limitó a señalar que las cláusulas del contrato están sujetas a confidencialidad.

Un hecho destacado

La operación ha quedado reflejada en una mención del presidente de Enresa, Juan José Zaballa, en el informe de la compañía de 2016. Zaballa califica de “destacado” el hecho de que el Ministerio de Energía haya refrendado la transferencia de la titularidad del plutonio a la británica INS.

Físicamente, el sensible material siempre estuvo en Reino Unido. La central de Garoña envió entre 1971 y 1983 casi 100 toneladas de combustible nuclear gastado (uranio) para su reprocesamiento. El problema está en el resultado de ese proceso, el plutonio, un residuo muy peligroso por su larga vida y posible uso militar. El plutonio, en principio, no estaba incluido en el acuerdo entre España y Reino Unido.

Si las 100 toneladas de uranio no podían volver en 2004 por falta de instalaciones de almacenamiento, menos aún un derivado más peligroso. España no puede gestionarlos. Por eso los ha enviado a otros países como también han hecho Japón, Alemania o Italia. Según explica el sexto Plan General de Residuos Radiactivos, hay residuos almacenados de la central Vandellós I en Francia y de Garoña en Reino Unido.

El plan recoge que los compromisos contractuales con Francia “contemplan que deben volver a España entre los años 2010 y 2015”, mientras que en el caso de Reino Unido los contratos cubrían hasta el año 2011 para el uranio y sólo hasta 2008 para el plutonio. Los contratos con la empresa estatal francesa Areva, por importe de 194 millones de euros, fueron modificados para extender los plazos.

Fuentes del Ministerio de Energía confirman que Enresa, en uso de sus competencias, tomó la decisión de negociar y modificar el contrato con la empresa pública británica para solucionar el problema de la posible devolución de material altamente radiactivo. El Ministerio respaldó la decisión de Enresa-Nuclenor en la etapa en la que Alberto Nadal estaba al frente de la Secretaría de Estado de Energía, señalan las mismas fuentes.

Un problema menos

Con la transferencia, Endesa e Iberdrola (Nuclenor) se quitan un problema de encima. Si desmantelar una central nuclear es un proceso lento y costoso, que en el caso de Garoña puede durar hasta 16 años, gestionar los residuos de miles de toneladas puede ser una pesadilla. El ejemplo más cercano -y único- de proceso de cierre de una nuclear completa es la de Zorita (Guadalajara), que comenzó a ser desmontada en 2006 y será clausurada, si nada se tuerce, en 2019.

En España, hay poca capacidad de almacenamiento. El polémico Almacén Temporal Centralizado (ATC) todavía está en trámites. Los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. Pero rebosan. Gestionar ese material ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones.

Esa cifra, que el informe contempla desde 2010 supone un 30% de exceso sobre lo contemplado en el plan de residuos que está vigente. En el Plan Nacional de residuos, aprobado en junio de 2006, el coste total de la gestión integral de todo el proceso de gestión de residuos, hasta su almacenamiento final, es de 13.000 millones de euros (valor 2006) y hasta el año 2070.

Mientras se parchea el problema, las piscinas están ocupadas en casi un 89% de media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40% (ver gráfico).

Fuente:  lainformacion.com

 

Los inspectores del CSN critican que Enresa aporte datos contradictorios sobre los terrenos del almacén nuclear


Enresa reenvía al regulador estudios subcontratados “sin cuestionar o matizar su calidad técnica”; en unos documentos “opta por una conclusión y en otros por otra distinta, sin disponer de una valoración final integrada y justificada”

Tras una inspección, los técnicos dicen que la empresa estatal prefiere desechar estudios recientes para defender que la caracterización de los terrenos que aportó en mayo de 2015 sigue siendo válida

También se descartan datos que no tienen “la calidad adecuada”, según Enresa, sin informar al CSN, “lo que ha supuesto una pérdida de tiempo y un trabajo innecesario” para los inspectores

Casi seis años después, sigue el culebrón sobre la calidad de los terrenos de Villar de Cañas (Cuenca) en los que el Gobierno quiere construir el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad.

Cinco inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han dejado constancia de “dudas sobre las explicaciones aportadas” por Enresa sobre algunos sondeos de humedad en la zona nuclear del emplazamiento; “comportamientos anómalos” que Enresa “no puede aclarar” en los datos recogidos por algunos piezómetros (aparatos para medir los cambios de presión en el subsuelo); “baja fiabilidad de los nuevos ensayos realizados”; informes que se omiten sin explicación previa; “evidencias” que se descartan en favor de la teoría y, en suma, críticas a la inconsistencia de parte de la información aportada por la empresa estatal que debe construir el ATC.

Durante la visita de cinco inspectores del CSN al emplazamiento, los pasados 10 y 11 de mayo, Enresa defendió que los estudios realizados en los últimos años sobre el terreno “no modifican las bases de diseño” de la instalación “ni la caracterización del emplazamiento” que aportó en mayo de 2015, dos meses de que el pleno del CSN otorgara su autorización previa al ATC. “Sin embargo, la inspección constató que, de los trabajos de campo complementarios acabados en 2016, no todos sus resultados habían sido considerados en las conclusiones de Enresa”.

“Así, no se han incluido datos de piezometría” con posterioridad a marzo de 2016 “y no se han considerado válidos la mayoría de resultados de ensayos hidráulicos realizados en 2016; tampoco se ha aclarado cómo se han considerado los nuevos resultados de hinchamiento” del subsuelo “en algunas muestras que aportan valores significativamente más altos que la media”, dicen los inspectores.

El acta critica que Enresa acepte informes de sus subcontratas y los reenvíe al CSN “sin cuestionar o matizar su calidad técnica. Esto ha dado lugar a recibir en el CSN documentos aportados por Enresa con conclusiones sobre la misma materia, sin clarificar cuál resulta válido para Enresa, o bien con información luego considerada no válida por Enresa y sin indicación al respecto en el documento remitido, lo que origina un trabajo de revisión innecesario”.

En el caso de los ensayos hidrogeológicos, Enresa ha desechado estudios por considerar que “no tenían la calidad adecuada” sin informar al regulador: “La Inspección destacó que la invalidez de estos datos no estaba documentada en los informes aportados por Enresa, y que tampoco se había comunicado al CSN esta situación, lo que ha supuesto una pérdida de tiempo y un trabajo innecesario”.

Enresa lleva enterrados millones de euros en estudios de los suelos de Villar de Cañas. En enero de 2013, un informe “sugería la existencia de cavidades en el subsuelo” y la posibilidad de un “colapso” de los terrenos. Ahora Enresa lo descarta. Asegura que tiene “más información sobre la materia” y “no se han identificado estructuras en las trincheras que justifiquen posibles colapsos ni flexiones en las rocas, ni tampoco se han encontrado huecos o karstificaciones”.

Sin embargo, la inspección preguntó “sobre la consideración a otorgar a documentos oficiales remitidos por Enresa al CSN y cuyas conclusiones, como es el caso de la génesis de las zonas endorreicas en el emplazamiento”, ahora la empresa estatal no asume. “Se da la circunstancia de contar en el CSN con documentos aportados por Enresa, en unos de los cuales se opta por una conclusión y en otros por otra distinta sobre la misma materia, sin disponer de una valoración final integrada y justificada por parte de Enresa, o de una revisión del documento original que corresponda y en la que los autores maticen sus conclusiones con arreglo a la nueva información disponible”.

Enresa también descarta ahora “ninguna afección a la estabilidad del terreno” porque “los procesos derivados de la interacción agua-roca en la zona del ATC están en equilibrio con el agua que la atraviesa” y “los procesos de disolución-precipitación observados no afectan a la seguridad del emplazamiento”.

Los inspectores destacaron que esas conclusiones “responden al equilibrio de la situación actual en el emplazamiento” y recordaron que la zona “está en contacto con unos materiales con alta capacidad para ser disueltos”, como una vaguada al este de la zona nuclear “donde hay una evidente pérdida de masa no cuantificada en los estudios realizados por Enresa”.

Teoría frente a evidencias

El acta destacaa que Enresa prefiere en ocasiones los modelos teóricos a las “evidencias”. En los estudios sobre el nivel freático del acuífero que surca el emplazamiento, “parámetro esencial para la correcta caracterización del mismo por las implicaciones que tiene en el proyecto”, esta cuestión “es resuelta por Endesa adoptando una cota teórica de nivel, en la superficie topográfica, que resulta incoherente con las evidencias registradas en los trabajos de campo documentados por el titular”, dice el acta.

Lo mismo ocurre para el cálculo del espesor de la capa activa del subsuelo, fundamental para medir la expansividad de las arcillas subterráneas. Basarse sólo en métodos teóricos, como pretende Enresa, “podría resultar poco realista para su aplicación práctica y genérica al proyecto, especialmente en el caso de las cimentaciones de los distintos edificios”, avisa la inspección.

Respecto al grado de utilidad del modelo hidrogeológico numérico actual, los inspectores observaron que “todavía no resulta suficientemente robusto para permitir hacer predicciones” porque hay “aspectos clave que no han sido cubiertos en su totalidad”. “A la vista de la situación actual, no pueden considerarse suficientemente justificadas las predicciones realizadas con los modelos 2D/3D”, dicen. Enresa contestó “que analizaría la necesidad de realizar nuevos sondeos y nuevas campañas de obtención de datos hidráulicos”, cosa que hizo en julio pasado al encargar  nuevos estudios.

El acta refleja que a la fecha de la inspección, se había incumplido una de las condiciones que impuso el CSN en su autorización previa, la obligación de “disponer de un cuaderno de obra, en el que se reflejen las actividades diarias asociadas a la ejecución de actividades autorizadas. Enresa manifestó que no había abierto cuaderno de obra alguno”.

Tampoco se ha planificado la instalación de estaciones de aforo en el río Záncara, cercano al emplazamiento, “ya que no se han obtenido los permisos de obra necesarios de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La Inspección destacó que estas estaciones pueden resultar de gran utilidad en la calibración del modelo hidrogeológico, al aportar información básica para la estimación del balance de entradas y salidas de agua en el sistema”.

La empresa estatal, que ha rechazado comentar este asunto, trató de rebatir las críticas de los técnicos con un amplio escrito de catorce páginas remitido en julio. Los inspectores rechazaron la mayoría de sus comentarios. El ATC está pendiente de la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, que según los críticos con el proyecto es “inminente”. Posteriormente, el CSN deberá otorgarle la autorización de construcción.

Fuente: eldiario.es

Terremotos, inundaciones en los terrenos del ATC en Cuenca

El entorno de Montoro devuelve el golpe a Soria: “Estará acorralado por algún tema raro”

Allegados al ministro de Hacienda señalan que la acusación del exministro ‘panameño’ puede responder a una maniobra “por algo que le pueda estallar”

El cruce de acusaciones entre el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria y el titular de la cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro, parece que ha alcanzado el punto de no retorno. Este lunes el diario El Mundo publicaba que Soria tiene preparadas sus memorias -que aún no ha decidido si publicará- y que en ellas señala a Montoro como el culpable de su dimisión. A su juicio, el ministro de Hacienda provocó su salida del Gobierno chivando a Mariano Rajoy la existencia de una cuenta de su madre en Suiza, y Soria no quería tener que dar explicaciones sobre ese asunto en el Parlamento. Montoro eludió el cuerpo a cuerpo, pero según publica este martes El Independiente, el entorno del ministro ha disparado contra Soria: “Estará acorralado por algún tema raro”.

El artículo, firmado por la periodista Cristina de la Hoz, asegura que personas cercanas a Montoro justifican la acusación del exministro como una maniobra por “algo que le pueda estallar”. Además, añaden que la información que ahora aporta Soria es “lo que dice un señor que ha mentido más veces”, y aventuran que puede deberse también a una “puesta en marcha” del denominado G-8, el núcleo duro de críticos con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. “Ahora la versión es otra, toda llena de incoherencias, como que todo se debió a un supuesto chivatazo de una cuenta corriente de la madre en el extranjero”, mantuvieron allegados a Montoro según el artículo.

La lucha por el poder

Montoro se defendió destacando que “yo no puedo dar ninguna información sobre ningún contribuyente”, desdiciendo así la versión de Soria.

Así es Soria

El Independiente señala también que el entorno de Soria le describe como una persona con “ambición, ganas y capacidad para crecer en política” y que cosechó “importantes adversarios en lo mediático”. La carrera de Soria se vio frustrada por los Papeles de Panamá, sus negocios familiares offshore y sus mentiras, lo que puede explicar fiasco y la rebeldía del exministro. Sin embargo, cercanos a Soria aseguran que no haría nada que pudiera perjudicar a Rajoy.

Fuente: elplural.es

Soria, un ministro de Industria y Energía para no olvidar