La barata energia nuclear: España paga 50 millones a Reino Unido para que se quede el plutonio de Garoña

España firmó hace 14 años un acuerdo con las autoridades británicas para evitar el regreso de la basura nuclear.

La capacidad de almacenamiento de las instalaciones nucleares es muy limitada, a la espera de que se construya el ATC.

La central nuclear de Santa María de Garoña ya es historia. El Gobierno anunció su cierre definitivo el 1 de agosto. Pero las centrales pasan y sus residuos permanecen. Sobre los generados en Garoña, el Gobierno ha tomado una decisión: transferir la titularidad del plutonio generado en el tratamiento de la basura nuclear de la central burgalesa a la empresa pública británica International Nuclear Services (INS), heredera de la antigua British Nuclear Fuels(BNFL).

El Ejecutivo español alcanzó un acuerdo con BNFL hace 14 años para evitar la vuelta de los residuos reprocesados de Garoña a cambio de 34,5 millones de euros. Ahora ha dado un paso más, con un coste “en el ejercicio 2017” de 50,4 millones de euros, según detalla la memoria de la empresa pública Enresa.

Ni la empresa pública que gestiona los residuos, ni la sociedad propietaria de la central nuclear, Nuclenor (50% de Endesa y 50% de Iberdrola), han dado detalles de la operación. Nuclenor se limitó a señalar que las cláusulas del contrato están sujetas a confidencialidad.

Un hecho destacado

La operación ha quedado reflejada en una mención del presidente de Enresa, Juan José Zaballa, en el informe de la compañía de 2016. Zaballa califica de “destacado” el hecho de que el Ministerio de Energía haya refrendado la transferencia de la titularidad del plutonio a la británica INS.

Físicamente, el sensible material siempre estuvo en Reino Unido. La central de Garoña envió entre 1971 y 1983 casi 100 toneladas de combustible nuclear gastado (uranio) para su reprocesamiento. El problema está en el resultado de ese proceso, el plutonio, un residuo muy peligroso por su larga vida y posible uso militar. El plutonio, en principio, no estaba incluido en el acuerdo entre España y Reino Unido.

Si las 100 toneladas de uranio no podían volver en 2004 por falta de instalaciones de almacenamiento, menos aún un derivado más peligroso. España no puede gestionarlos. Por eso los ha enviado a otros países como también han hecho Japón, Alemania o Italia. Según explica el sexto Plan General de Residuos Radiactivos, hay residuos almacenados de la central Vandellós I en Francia y de Garoña en Reino Unido.

El plan recoge que los compromisos contractuales con Francia “contemplan que deben volver a España entre los años 2010 y 2015”, mientras que en el caso de Reino Unido los contratos cubrían hasta el año 2011 para el uranio y sólo hasta 2008 para el plutonio. Los contratos con la empresa estatal francesa Areva, por importe de 194 millones de euros, fueron modificados para extender los plazos.

Fuentes del Ministerio de Energía confirman que Enresa, en uso de sus competencias, tomó la decisión de negociar y modificar el contrato con la empresa pública británica para solucionar el problema de la posible devolución de material altamente radiactivo. El Ministerio respaldó la decisión de Enresa-Nuclenor en la etapa en la que Alberto Nadal estaba al frente de la Secretaría de Estado de Energía, señalan las mismas fuentes.

Un problema menos

Con la transferencia, Endesa e Iberdrola (Nuclenor) se quitan un problema de encima. Si desmantelar una central nuclear es un proceso lento y costoso, que en el caso de Garoña puede durar hasta 16 años, gestionar los residuos de miles de toneladas puede ser una pesadilla. El ejemplo más cercano -y único- de proceso de cierre de una nuclear completa es la de Zorita (Guadalajara), que comenzó a ser desmontada en 2006 y será clausurada, si nada se tuerce, en 2019.

En España, hay poca capacidad de almacenamiento. El polémico Almacén Temporal Centralizado (ATC) todavía está en trámites. Los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. Pero rebosan. Gestionar ese material ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones.

Esa cifra, que el informe contempla desde 2010 supone un 30% de exceso sobre lo contemplado en el plan de residuos que está vigente. En el Plan Nacional de residuos, aprobado en junio de 2006, el coste total de la gestión integral de todo el proceso de gestión de residuos, hasta su almacenamiento final, es de 13.000 millones de euros (valor 2006) y hasta el año 2070.

Mientras se parchea el problema, las piscinas están ocupadas en casi un 89% de media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40% (ver gráfico).

Fuente:  lainformacion.com

 

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Los inspectores del CSN critican que Enresa aporte datos contradictorios sobre los terrenos del almacén nuclear


Enresa reenvía al regulador estudios subcontratados “sin cuestionar o matizar su calidad técnica”; en unos documentos “opta por una conclusión y en otros por otra distinta, sin disponer de una valoración final integrada y justificada”

Tras una inspección, los técnicos dicen que la empresa estatal prefiere desechar estudios recientes para defender que la caracterización de los terrenos que aportó en mayo de 2015 sigue siendo válida

También se descartan datos que no tienen “la calidad adecuada”, según Enresa, sin informar al CSN, “lo que ha supuesto una pérdida de tiempo y un trabajo innecesario” para los inspectores

Casi seis años después, sigue el culebrón sobre la calidad de los terrenos de Villar de Cañas (Cuenca) en los que el Gobierno quiere construir el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad.

Cinco inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han dejado constancia de “dudas sobre las explicaciones aportadas” por Enresa sobre algunos sondeos de humedad en la zona nuclear del emplazamiento; “comportamientos anómalos” que Enresa “no puede aclarar” en los datos recogidos por algunos piezómetros (aparatos para medir los cambios de presión en el subsuelo); “baja fiabilidad de los nuevos ensayos realizados”; informes que se omiten sin explicación previa; “evidencias” que se descartan en favor de la teoría y, en suma, críticas a la inconsistencia de parte de la información aportada por la empresa estatal que debe construir el ATC.

Durante la visita de cinco inspectores del CSN al emplazamiento, los pasados 10 y 11 de mayo, Enresa defendió que los estudios realizados en los últimos años sobre el terreno “no modifican las bases de diseño” de la instalación “ni la caracterización del emplazamiento” que aportó en mayo de 2015, dos meses de que el pleno del CSN otorgara su autorización previa al ATC. “Sin embargo, la inspección constató que, de los trabajos de campo complementarios acabados en 2016, no todos sus resultados habían sido considerados en las conclusiones de Enresa”.

“Así, no se han incluido datos de piezometría” con posterioridad a marzo de 2016 “y no se han considerado válidos la mayoría de resultados de ensayos hidráulicos realizados en 2016; tampoco se ha aclarado cómo se han considerado los nuevos resultados de hinchamiento” del subsuelo “en algunas muestras que aportan valores significativamente más altos que la media”, dicen los inspectores.

El acta critica que Enresa acepte informes de sus subcontratas y los reenvíe al CSN “sin cuestionar o matizar su calidad técnica. Esto ha dado lugar a recibir en el CSN documentos aportados por Enresa con conclusiones sobre la misma materia, sin clarificar cuál resulta válido para Enresa, o bien con información luego considerada no válida por Enresa y sin indicación al respecto en el documento remitido, lo que origina un trabajo de revisión innecesario”.

En el caso de los ensayos hidrogeológicos, Enresa ha desechado estudios por considerar que “no tenían la calidad adecuada” sin informar al regulador: “La Inspección destacó que la invalidez de estos datos no estaba documentada en los informes aportados por Enresa, y que tampoco se había comunicado al CSN esta situación, lo que ha supuesto una pérdida de tiempo y un trabajo innecesario”.

Enresa lleva enterrados millones de euros en estudios de los suelos de Villar de Cañas. En enero de 2013, un informe “sugería la existencia de cavidades en el subsuelo” y la posibilidad de un “colapso” de los terrenos. Ahora Enresa lo descarta. Asegura que tiene “más información sobre la materia” y “no se han identificado estructuras en las trincheras que justifiquen posibles colapsos ni flexiones en las rocas, ni tampoco se han encontrado huecos o karstificaciones”.

Sin embargo, la inspección preguntó “sobre la consideración a otorgar a documentos oficiales remitidos por Enresa al CSN y cuyas conclusiones, como es el caso de la génesis de las zonas endorreicas en el emplazamiento”, ahora la empresa estatal no asume. “Se da la circunstancia de contar en el CSN con documentos aportados por Enresa, en unos de los cuales se opta por una conclusión y en otros por otra distinta sobre la misma materia, sin disponer de una valoración final integrada y justificada por parte de Enresa, o de una revisión del documento original que corresponda y en la que los autores maticen sus conclusiones con arreglo a la nueva información disponible”.

Enresa también descarta ahora “ninguna afección a la estabilidad del terreno” porque “los procesos derivados de la interacción agua-roca en la zona del ATC están en equilibrio con el agua que la atraviesa” y “los procesos de disolución-precipitación observados no afectan a la seguridad del emplazamiento”.

Los inspectores destacaron que esas conclusiones “responden al equilibrio de la situación actual en el emplazamiento” y recordaron que la zona “está en contacto con unos materiales con alta capacidad para ser disueltos”, como una vaguada al este de la zona nuclear “donde hay una evidente pérdida de masa no cuantificada en los estudios realizados por Enresa”.

Teoría frente a evidencias

El acta destacaa que Enresa prefiere en ocasiones los modelos teóricos a las “evidencias”. En los estudios sobre el nivel freático del acuífero que surca el emplazamiento, “parámetro esencial para la correcta caracterización del mismo por las implicaciones que tiene en el proyecto”, esta cuestión “es resuelta por Endesa adoptando una cota teórica de nivel, en la superficie topográfica, que resulta incoherente con las evidencias registradas en los trabajos de campo documentados por el titular”, dice el acta.

Lo mismo ocurre para el cálculo del espesor de la capa activa del subsuelo, fundamental para medir la expansividad de las arcillas subterráneas. Basarse sólo en métodos teóricos, como pretende Enresa, “podría resultar poco realista para su aplicación práctica y genérica al proyecto, especialmente en el caso de las cimentaciones de los distintos edificios”, avisa la inspección.

Respecto al grado de utilidad del modelo hidrogeológico numérico actual, los inspectores observaron que “todavía no resulta suficientemente robusto para permitir hacer predicciones” porque hay “aspectos clave que no han sido cubiertos en su totalidad”. “A la vista de la situación actual, no pueden considerarse suficientemente justificadas las predicciones realizadas con los modelos 2D/3D”, dicen. Enresa contestó “que analizaría la necesidad de realizar nuevos sondeos y nuevas campañas de obtención de datos hidráulicos”, cosa que hizo en julio pasado al encargar  nuevos estudios.

El acta refleja que a la fecha de la inspección, se había incumplido una de las condiciones que impuso el CSN en su autorización previa, la obligación de “disponer de un cuaderno de obra, en el que se reflejen las actividades diarias asociadas a la ejecución de actividades autorizadas. Enresa manifestó que no había abierto cuaderno de obra alguno”.

Tampoco se ha planificado la instalación de estaciones de aforo en el río Záncara, cercano al emplazamiento, “ya que no se han obtenido los permisos de obra necesarios de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La Inspección destacó que estas estaciones pueden resultar de gran utilidad en la calibración del modelo hidrogeológico, al aportar información básica para la estimación del balance de entradas y salidas de agua en el sistema”.

La empresa estatal, que ha rechazado comentar este asunto, trató de rebatir las críticas de los técnicos con un amplio escrito de catorce páginas remitido en julio. Los inspectores rechazaron la mayoría de sus comentarios. El ATC está pendiente de la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, que según los críticos con el proyecto es “inminente”. Posteriormente, el CSN deberá otorgarle la autorización de construcción.

Fuente: eldiario.es

Terremotos, inundaciones en los terrenos del ATC en Cuenca

El entorno de Montoro devuelve el golpe a Soria: “Estará acorralado por algún tema raro”

Allegados al ministro de Hacienda señalan que la acusación del exministro ‘panameño’ puede responder a una maniobra “por algo que le pueda estallar”

El cruce de acusaciones entre el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria y el titular de la cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro, parece que ha alcanzado el punto de no retorno. Este lunes el diario El Mundo publicaba que Soria tiene preparadas sus memorias -que aún no ha decidido si publicará- y que en ellas señala a Montoro como el culpable de su dimisión. A su juicio, el ministro de Hacienda provocó su salida del Gobierno chivando a Mariano Rajoy la existencia de una cuenta de su madre en Suiza, y Soria no quería tener que dar explicaciones sobre ese asunto en el Parlamento. Montoro eludió el cuerpo a cuerpo, pero según publica este martes El Independiente, el entorno del ministro ha disparado contra Soria: “Estará acorralado por algún tema raro”.

El artículo, firmado por la periodista Cristina de la Hoz, asegura que personas cercanas a Montoro justifican la acusación del exministro como una maniobra por “algo que le pueda estallar”. Además, añaden que la información que ahora aporta Soria es “lo que dice un señor que ha mentido más veces”, y aventuran que puede deberse también a una “puesta en marcha” del denominado G-8, el núcleo duro de críticos con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. “Ahora la versión es otra, toda llena de incoherencias, como que todo se debió a un supuesto chivatazo de una cuenta corriente de la madre en el extranjero”, mantuvieron allegados a Montoro según el artículo.

La lucha por el poder

Montoro se defendió destacando que “yo no puedo dar ninguna información sobre ningún contribuyente”, desdiciendo así la versión de Soria.

Así es Soria

El Independiente señala también que el entorno de Soria le describe como una persona con “ambición, ganas y capacidad para crecer en política” y que cosechó “importantes adversarios en lo mediático”. La carrera de Soria se vio frustrada por los Papeles de Panamá, sus negocios familiares offshore y sus mentiras, lo que puede explicar fiasco y la rebeldía del exministro. Sin embargo, cercanos a Soria aseguran que no haría nada que pudiera perjudicar a Rajoy.

Fuente: elplural.es

Soria, un ministro de Industria y Energía para no olvidar

Soria no quiere pasar por el responsable único del recorte a las Renovables españolas

El exministro de Industria tira de los ‘papeles de Tafira’ y revela un correo electrónico de 2012 que compromete a Cristóbal Montoro durante los preparativos del recorte a las Renovables

El titular de Hacienda habría reenviado a José Manuel Soria las exigencias de Abengoa, cliente del despacho de influencias Equipo Económico que coloca a Montoro de nuevo en la picota

Según ‘El Mundo’, ni Soria ni ningún miembro de su equipo denunció entonces aquella maniobra, ¿por qué ahora?

Apenas han pasado quince meses de su forzada dimisión y José Manuel Soria ya ha perdido la paciencia. El poder y el dinero lo mantuvieron más de veinte años en la cresta de la ola y no soporta lo segundo sin lo primero. ¿Para qué el dinero sin poder? Durante más de dos décadas combinó a su modo las tareas públicas con los negocios privados y logró situarse siempre en el epicentro de los intereses de las empresas que tenían que ver con los destinos políticos que desempeñaba. Perder el poder no formaba parte en absoluto de sus planes en abril de 2016 y mucho menos perderlo del modo cruel en que lo perdió. Por eso pidió al Gobierno que lo recolocara, que no lo dejara tirado en la cuneta tras tantos servicios prestados a la causa. Falló lo del Banco Mundial y los nuevos tiempos del Partido Popular hacen imposible recolocarlo.

En febrero de 2017 renunció a su paga de exministro y montó su propia empresa, Sorben Partners, con la que hacer valer sus viejas influencias y cobrarse de alguna manera los favores concedidos durante sus cinco años de ejercicio ministerial. Se le ha visto ir y venir constantemente a Madrid, viajar al extranjero, reunirse con empresarios en reservados de lujosos restaurantes… Pero sin poder, nada es lo mismo.

Hace ya más de dos meses que la Secretaría de Estado de Seguridad ordenó retirarle el último vínculo con el poder que le quedaba, el último signo público de grandeza: la escolta y la protección policial de la que disfrutó un año de modo más que discutible. Soria tiró de inmediato de amistades y convenció al subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, para que se la mantuviera alegando no se sabe muy bien qué riesgos sobre su integridad personal y la de su familia. La excusa ha sido el robo que sufrió la Nochebuena de 2016, un asalto a su casa de Tafira Alta cuyo expediente sigue durmiendo en algún cajón de la décima planta de la Jefatura Superior de Policía de Canarias por desconocerse quién o quiénes pudieron haber sido los autores de la acción. O quizás por todo lo contrario, por conocerse de sobra y ser inconveniente su revelación.

En aquella caja fuerte desvalijada en el dormitorio del matrimonio Soria Benítez (los apellidos que componen el logo Sorben Partners) podría haber documentos trascendentales de la larga trayectoria política del ex presidente del PP de Canarias. Y entre ellos es muy probable que se encuentre un correo electrónico que comprometería gravemente al todavía ministro de Hacienda, un correo que demostraría que Cristóbal Montoro trató de influir sobre José Manuel Soria en beneficio de la empresa Abengoa, por entonces cliente del despacho de influencias Equipo Económico, fundado por el recientemente reprobado ministro.

Lo ha contado este domingo el periodista de El Mundo Carlos Segovia, uno de los que mejor conoció las entrañas del ministerio de Soria: “Desde el Gabinete del ministro de Hacienda llegó una propuesta con el membrete de Abengoa, que era un gran cliente de Equipo Económico. Planteaba, por supuesto, una reforma que ya sabíamos que era la que le interesaba a esta empresa”, afirman asistentes a aquella reunión en el despacho del ministro de Industria”, dice la pieza firmada por Segovia.

Y añade que Soria “no llegó a exhibir el correo en la Comisión Delegada [de Asuntos Económicos] ni en el Consejo de Ministros, pero informó de su contenido a un amplio número de ministros”.

¿Por qué motivo no denunció tales prácticas el ministro Soria? Según la versión que recoge El Mundo, “por lo que habría supuesto para el Gobierno en aquella época en que España estaba al borde del rescate”, dice el periodista citando “fuentes de Industria de aquella época”.

Las “fuentes de Industria de aquella época” no pueden ser otras que el propio Soria porque en toda la pieza solo se cita a otro alto cargo, el por entonces secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, presunto receptor de aquel correo, que en la actualidad ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que no iba el hombre a meterse ahora en berenjenales tales como comprometer al ministro de Hacienda en defensa del defenestrado ex de Industria.

La información de Carlos Segovia deja algunas otras pistas de la autoría de la filtración. Hay una expresión inequívocamente soriana: cuando el periodista da cuenta de que en el Ministerio de Hacienda niegan que ni Montoro ni su entonces jefe de gabinete enviaran documentos de Abengoa a Industria, la respuesta de la fuente es que el correo llegó, “vaya si llegó”. Una fórmula marca de la casa, similar a la que José Manuel Soria empleó en la comisión de investigación formada en el Parlamento de Canarias para investigar el concurso eólico en la época en la que él era presidente del Cabildo de Gran Canaria y su hermano Luis consejero de Industria del Gobierno de Canarias. “Vaya si lo sabré yo”, espetó altanero cuando fue requerido para que contestara si estaba o no presente en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el que se decidió abrir el camino a la concesión de un suelo público al empresario Javier Esquivel para la instalación de un campo de vientos en el muelle de Arinaga. Aquel empresario fue el que, por las mismas fechas, le prestó al menos durante diecinueve meses un chalet de su propiedad para que residiera la familia Soria sin pagar renta de ningún tipo mientras le construían la mansión de Tafira Alta donde en diciembre le abrieron la caja fuerte y donde desde febrero tiene sede su empresa familiar de asesoramiento internacional.

La filtración de esta información a El Mundo, el periódico que tradicionalmente ha utilizado Soria para sus vendettas personales y políticas, es algo más que un simple aviso del exministro de Industria al Gobierno y a su partido. A finales de la misma semana en la que Mariano Rajoy ha mostrado su apoyo absoluto a Cristóbal Montoro en pleno fulgor del caso Equipo Económico, es un ataque frontal al presidente del Gobierno, una muestra inequívoca de que a Soria se le ha agotado la paciencia y amenaza con sacar más papeles. En su entorno siempre han sostenido que acostumbraba a grabar todas las conversaciones en su despacho y que ha guardado minuciosamente horas y horas de confidencias y una ingente cantidad de documentación. Por eso una de las teorías más alentadas por él mismo sobre el robo en su caja fuerte apuntaron desde el primer momento al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría para que los servicios de inteligencia se hicieran con esa documentación.

Soria pretende que le hagan caso, que no se olviden de él, que no lo obliguen a regresar a su plaza de funcionario… Para ello ha tirado de los papeles de Tafira y de paso ha pasado factura al ministro que el mismo día de su dolorosa dimisión dijo aquello de que no puede estar en el Gobierno alguien que haya operado en paraísos fiscales.

Fuente: eldiario.es

Soria, un ministro de Industria y Energía para no olvidar

Soraya, Montoro y las eléctricas echaron al ministro Soria de la política

En este “confidencial” de 2016 escriben que es Montoro el que se cabrea con Soria por el recorte a las Renovables. Actualmente es Soria el que achaca a Montoro el recorte a las Renovables.

Hoy día varias sentencias han condenado a España por el recorte de Soria-Montoro a las energias Renovables.

La vicepresidenta en funciones Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro Montoro, en alianza con las poderosas compañías eléctricas, han logrado echar de la política a José Manuel Soria.

No obstante no olvidaremos las mentiras y lo que hizo Soria con el precio de la electricidad en España, aparte de sus chanchullos en Panama y la empresa petrolera de su hermano (leer).

El ministro de Industria y presidente del PP de Canarias se había distinguido por acabar con el negocio de las subvenciones a las energías renovables, oponerse a las fusiones de las cadenas de televisión y seguir bajando el recibo de la luz. La filtración de que administró una sociedad en el paraíso fiscal de Jersey ha permitido a Soraya deshacerse de un competidor por la Presidencia y a las eléctricas pasar “factura” al ministro que no se plegó a sus dictados.

No ha sido un único motivo el que ha determinado la liquidación fulminante de José Manuel Soria de la política, sino el pacto de poderosos enemigos para deshacerse de un ministro que desde el propio centro derecha había plantado cara a las elites económicas españolas. La filtración de que Soria fue administrador de la empresa Mechanical Trading Limited, una sociedad registrada en la isla de Jersey (paraíso fiscal en el Canal), ha sido la carga de profundidad para liquidarle. El diario “El Mundo” publicó el 14 de abril el documento que precipitó la dimisión de todos los cargos: ministro, presidente del PP canario y diputado.

Soria se enfrentó a la Vicepresidenta por la fusión de Antena3 y La Sexta, y el reparto de licencias de TDT

Dedicarse a la política de forma honesta y transparente es incompatible con actividades en paraísos fiscales, y el ministro Soria ocultó ante la opinión pública sus negocios por lo que la única solución que le quedaba era dimitir de todos sus cargos. Pero también hay que preguntarse quienes han salido beneficiados de la filtración que ha acabado con su carrera.

La respuesta habría que buscarla en cuatro escenarios:

Soria, un ministro incómodo para Soraya

Nadie duda a estas alturas de que la Vicepresidenta en funciones Soraya Sáenz de Santamaría -en el PP la apodan “S3”, como los nombres en clave que reciben los agentes de los servicios secretos por aquello de ser la responsable política del CNI-, aspira a sustituir a Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno, si como todo apunta se repiten las elecciones el 26 de junio. Desde mediados de legislatura han ido cayendo, uno a uno, los “candidatos” que se postulaban para ocupar el puesto del amortizado registrador de la propiedad gallego. Primero fue Alberto Ruiz-Gallardón, quien en septiembre de 2014 se retiró de la política con la excusa de la fallida reforma de la ley del aborto que apadrinaba, y del que enigmáticamente no se ha vuelto a saber nada.

Después vino la dimisión de Esperanza Aguirre el pasado febrero, acosada por la corrupción en el PP de Madrid. Y hace pocas semanas Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, decidió atrincherarse en su feudo y no postularse como sustituto de Rajoy para evitar el rayo exterminador de S3. Ahora el siguiente objetivo en la lista de “candidatos” es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que el aparato del PP la ve como un valor en alza ante el páramo de líderes populares.

José Manuel Soria pasaba como un gestor eficaz y discreto, que estaba en el “banquillo” junto al ministro García-Margallo, como posible sustituto de Rajoy. Fuentes bien informadas de Moncloa explican a mil21 que la publicación por parte de “El Mundo” de la vinculación Soria-Jersey recibió la luz verde de S3. Las ayudas del Gobierno del PP a la Prensa escrita mediante publicidad institucional, son fundamentales para la supervivencia de los medios impresos ante el retroceso de la publicidad convencional y, sobre todo, el desplome de las ventas debido al auge de internet.

Intentó frenar las componendas televisivas de S3

No solo era un obstáculo como posible candidato a La Moncloa, Soria se había enfrentado repetidamente con S3 a causa de los medios de comunicación. El ministro quería aplicar criterios transparentes en beneficio del mercado y de los usuarios, y la vicepresidenta métodos que le permitan contar con el apoyo de buena parte de la prensa en su carrera por la presidencia del Gobierno. El primer enfrentamiento se produjo por el apoyo de S3 a la creación del grupo Atresmedia, propietario de Antena3 y La Sexta.

El ministro estaba en contra de la concentración de cadenas de televisión amparándose en las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Competencia, condiciones que Soraya le obligó a cambiar para hacer posible la fusión. El último desencuentro tuvo lugar en el reparto de licencias de TDT de Alta Definición (HD), cuando Soria se manifestó partidario de excluir a Atresmedia que tras la fusión mantenía una posición de dominio del mercado. La vicepresidenta salió en defensa del grupo que obtuvo una licencia de HD.

Montoro se la tenía jurada a Soria

Eran compañeros de partido y ministros de gabinete, pero Montoro profesaba un “odio africano” a Soria desde que el ministro de Industria eliminó en 2012 las subvenciones a las energías renovables con objeto de reducir al déficit tarifario que en aquellas fechas ascendía a 24.000 millones de euros. El titular de Hacienda defendió a las empresas del sector con las mismas palabras que las utilizadas en un informe elaborado por la empresa de renovables Abengoa. Daba la casualidad que la empresa había fichado a Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Hacienda y exsocio y amigo de Cristóbal Montoro en el despacho de influencias “Equipo Económico”, nombre con el que al llegar al Gobierno rebautizó el despacho “Montoro y Asociados” fundado en 2006. Aquel incidente sembró las dudas sobre Montoro.

La retirada de las subvenciones a las renovables decidida por Soria afectó a la empresa Abengoa, para la que trabajan exsocios de Montoro

El recorte a las renovables, avalado por el Tribunal Constitucional después de que el Supremo lo declarase inconstitucional, provocó el enfado de las eléctricas que con la boca pequeña criticaban a las renovables, pero bajo cuerda recibían primas a las plantas de generación si se utilizaban o no en función de la demanda energética.

Objetivo de las eléctricas: acabar con Soria

A José Manuel Soria se la tenían jurada las compañías eléctricas. Días antes de las elecciones del 20D, el ministro anunció que en 2016 volvería a bajar el recibo de la luz que consumimos los españoles. Antes había aprobado un cambio en la tarifa eléctrica, que pasó a denominarse precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), para vincularla directamente al mercado mayorista con objeto de evitar los costes asociados a los intermediarios financieros.

Esto suponía que el componente energético del recibo de la luz, que constituye algo más de un tercio del total, dependa directamente del precio de cotización de la electricidad en el mercado mayorista en cada momento. La medida, según los expertos, fue un jarro de agua fría para eléctricas y bancos. La aplicación de este sistema permite al consumidor que disponga de un contador inteligente distribuir su consumo de electricidad en los tramos horarios que es más barata.

Epílogo

La desaparición de José Manuel Soria de la escena política permite a S3 reforzar su imagen ante las compañías eléctricas y la Banca vinculada al sector de la energía, lo que en medios políticos se interpreta como “poderosos aliados” en la carrera de la vicepresidenta por sustituir a Mariano Rajoy como cartel electoral del PP en las elecciones del 26 de junio. Asimismo, Sáenz de Santamaría cuenta con el apoyo del influyente grupo televisivo Atresmedia a la hora de defender su candidatura ante la opinión pública.

Soria, un ministro de Industria y Energía para no olvidar

Soria: “Las eléctricas venían al Ministerio con los Reales Decretos ya redactados”

Este lunes el diario El Mundo saca en portada una exclusiva que levantará ampollas en el sector eléctrico español. El ex ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha escrito una especie de memorias donde no deja títere con cabeza.

Una de sus graves acusaciones va dirigida a las grandes eléctricas españolas. El mito de que las compañías han redactado toda la vida las normativas que regulan el sector eléctrico parece ser una realidad.

Según el ex ministro, las eléctricas se presentaban en el Ministerio de Industria con “los Reales Decretos ya redactados” para su aprobación.

Es cierto que en la época franquista, Unesa firmaba algunas de las normativas, pero que ahora lo hiciesen las eléctricas parecía más un mito que realidad.

Pero claro, una cosa es que presenten con el texto redactado y otra cosa muy distinta es que el Ministerio se lo aprobase al gusto de ellas. Para eso habría que probarlo con documentos.

Se trata, pues, de una acusación sin pruebas que suena más a pataleta que a otra cosa. ¿Será porque su puerta no ha girado lo suficiente?

Fuente:  elperiodicodelaenergia.com

Soria: un ministro para no olvidar

Acusan al Gobierno de Rajoy de “mentir” en los pagos a Francia por residuos nucleares

La Plataforma contra el ATC en Villar de Cañas denuncia que se ha “manipulado” a la sociedad para construir un silo nuclear “ahora inútil”

Esta instalación, añade, “ya ha dejado de ser necesaria” puesto que las centrales nucleares tienen almacenes individuales en seco o están a punto de tenerlos

La Plataforma contra la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad conquense de Villar de Cañas ha pedido explicaciones tanto al Gobierno estatal como al alcalde del municipio, José María Sáiz, al considerar que “se ha mentido” al respecto de que España pagaba 65.000 euros diarios a Francia por albergar los residuos nucleares españoles, como justificación para defender la necesidad de poner en marcha este cementerio nuclear.

Según la portavoz de la Plataforma, María Andrés, es “indignante” que durante años el Gobierno de Rajoy y el alcalde Villar de Cañas dijeran que se estaban pagando 65.000 euros diarios de penalización por la custodia de los residuos nucleares, y ahora, que se ha publicado que se empezará a contabilizar desde el 1 de julio, “no reconocen que han mentido a sabiendas para manipular a la opinión pública a favor de construir un ATC ahora inútil”.

Insiste la portavoz en que la realidad es que, 11 años después de la aprobación del sexto Plan general de residuos radiactivos, el ATC “ya ha dejado de ser necesario”, puesto que las centrales nucleares tienen almacenes individuales en seco o están a punto de tenerlos.

Asimismo, la Plataforma indica que según fuentes del Ministerio de Energía y Enresa las cantidades a pagar se devolverán una vez vuelvan los residuos a España descontando los gastos de almacenaje. Añade que estos residuos provenientes de la Central nuclear de Vandellós I son, junto con los 500 elementos combustibles de Garoña en el centro de reprocesamiento de Sellafield, “los únicos residuos nucleares de alta actividad que están fuera de nuestras fronteras”, apunta María Andrés.

Silencio de Nadal y el presidente del CSN

La multa por el retraso del ATC fue, según fuentes parlamentarias, una de las cuestiones sobre esta instalación que evitó contestar el presidente del CSN, Fernando Marti, en la comparecencia a puerta cerrada que realizó el pasado 6 de junio ante los diputados de la Comisión de Energía del Congreso. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, también ha evitado desde su llegada al cargo en noviembre aventurar plazos sobre la puesta en marcha de la instalación. La ubicación fue decidida cuando la secretaria general del PP y hoy ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, era presidenta de Castilla-La Mancha.

En enero pasado, el ATC recibió un espaldarazo cuando el Tribunal Supremo anuló la ampliación de un espacio natural protegido que había decretado el Gobierno de Castilla-La Mancha, del socialista Emiliano García-Page, para bloquear el proyecto. Las dudas sobre la idoneidad de los terrenos elegidos no están todavía resueltas.

Fuente: eldiario.es