El Gobierno calcula que el desmantelamiento de Garoña tardará “unos 8 o 10 años”

El almacén para guardar el combustible radiactivo ha conseguido la licencia y está a la espera de ponerse en marcha

Es la primera vez que el Gobierno de España se pronuncia oficialmente sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. Lo ha hecho algo más de un año después de que se anunciara su cierre y después de filtraciones que apuntan a que ese desmantelamiento arrancará en 2019. Y en esa primera información oficial -a través de una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos- el Gobierno augura que el proceso de desmantelamiento tardará “unos 8 o 10 años”, aunque matiza que “hay que tener en cuenta que cada central es diferente”.

Esto significa que, si se cumplen las previsiones y el desmantelamiento arranca en 2019, el final definitivo de Garoña no habrá llegado antes de 2026. Aunque los residuos radiactivos se quedarán allí y no se sabe por cuánto tiempo.

En la información enviada al Congreso de los Diputados, el Gobierno confirma que Garoña ha conseguido ya la licencia del Almacén Temporal Individualizado en el que se van a depositar el combustible nuclear utilizado hasta ahora. Son las famosas barras de de combustible que ahora mismo están en la piscina de la central y que se trasladarán a ese almacén a cielo abierto.

“Se trata de una instalación al aire libre, similar a la existente en Zorita que albergará en contenedores especiales todo el combustible gastado durante los años de la operación de la central”, explica el Gobierno. Este almacén está “a la espera de iniciar su explotación”. Iberdrola y Endesa, propietarias de la central, anunciaron que ese traslado de residuos podría iniciarse en el segundo semestre de 2019.

Es decir, Garoña pasará de ser una central nuclear a un almacén de residuos radiactivos. Al menos mientras no se consiga poner en marcha un almacén centralizado para toda España. El Gobierno aprobó en 2011 abrir esa instalación en Villar de Cañas (Cuenca) pero en julio paralizó los permisos

El combustible nuclear, por tanto, se quedará en Garoña pero otros residuos menos radiactivos -los de muy baja a media de actividad, aquellos en los que la contaminación dura menos de 30 años- “se trasladarán al centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba”.

El Gobierno aclara además que desde el momento en el que la central paró su actividad, “los técnicos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y los de la instalación iniciaron los contactos tendentes a conocer las condiciones en que se abordaría el desmantelamiento”.

Fuente: cadenaser

Existen retrasos e improvisación en el desmantelamiento de Garoña, según Equo

El partido ecologista Equo ha denunciado retrasos e improvisación en el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña (Burgos) y ha criticado la ausencia de un plan de gestión y tratamiento de los residuos.

Desmantelamiento de Garoña

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde ha censurado en un comunicado la lentitud con la que se desarrolla el desmantelamiento de la planta, la improvisación en la toma de decisiones y la posible permanencia en Garoña de los residuos radiactivos durante los ocho a diez años que se alargue el proceso.

La nota recuerda que, según una comunicación oficial de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), el Almacén de Residuos ATI de Garoña ha obtenido la licencia pertinente para albergar el combustible gastado durante los años de operación de la central.

El comunicado añade que, una vez activado el ATI, las barras de combustible que actualmente continúan en la piscina de la central pasarán al almacén, que alojará el combustible en contenedores especiales a cielo abierto.

Residuos radiactivos

López de Uralde ha mostrado su preocupación por el hecho de que residuos radiactivos de elevada peligrosidad se acumulen en la planta burgalesa de forma indefinida, “con grave peligro para la salud de la población y el medio ambiente”.

“Garoña ha cesado su actividad nuclear, pero los residuos siguen y seguirán allí ni se sabe hasta cuándo, así que el riesgo continúa”, ha señalado, lo que “evidencia de nuevo el gravísimo problema de unos residuos que no sabemos qué hacer con ellos”.

Para el diputado, la falta de fondos para emprender los cierres de las nucleares es uno de los principales problemas que debe abordar el Gobierno una vez que se ha asegurado que no se alargará su vida útil.

Y ha denunciado la falta de transparencia del proceso, ya que, “además de que desconocemos qué se va a hacer con los residuos a la larga, tampoco sabemos cómo se va a pagar todo el proceso de desmantelamiento de las nucleares”.

 

Fuente: EFE

La basura nuclear rebosa y el Gobierno no se entera (o sí)

Tenemos un problema. Los residuos generados por la actividad de los siete grupos nucleares que funcionan en España rebosan. No es polvo que se pueda meter debajo de la alfombra. España carece de una instalación segura en la que almacenar todos los residuos acumulados en los últimos 40 años y cada central ha tenido que asumir el almacenamiento del combustible que gasta. A la espera de que se construya el polémico almacén previsto en Villar de Cañas (Cuenca), cada nuclear mantiene los residuos en piscinas y almacenes que están casi saturados.

Las últimas cifras del Foro Nuclear dibujan una realidad preocupante. La capacidad de almacenamiento se agota: la central en mejor situación es Vandellós II y está saturada en un 84%; Ascó I, por su parte, supera el 97%. Con todo, lo más grave es la falta de previsión. El Plan de Gestión de Residuos Radiactivos en vigor fue aprobado en 2006. Desde entonces…la nada. En 2014, ENRESA, la empresa pública encargada de gestionar los residuos, informó a la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de que todo estaba bajo control: existía un nuevo plan de residuos en marcha –el séptimo- y el Gobierno lo iba a aprobar. Cuatro años después, ni hay nuevo plan ni se le espera.

Lo que sí hay es una gran falta de transparencia. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) publicó el único informe favorable con el que hasta ahora cuenta el almacén de Cuenca a regañadientes. Tuvo que intervenir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Todo alrededor de la energía nuclear, desde sus costes hasta su gestión, pasando por su propiedad, ha estado y está rodeado de secreto y confusión. Tanta que ni siquiera el ministro del ramo, Álvaro Nadal, se cree las cuentas que presentan las compañías: “Las nucleares ganan más de lo que dicen. Hacen mucha ingeniería contable” aseguró Nadal hace un año.

“La discusión en torno al negocio nuclear discurre sotto voce; es subterránea y también enconada”, recordaba esta semana un buen conocedor del sector. Eso es malo para el conjunto de la sociedad, a la que se priva de un debate serio sobre una energía muy cuestionada. Es malo también para el usuario de la electricidad que, al fin, es quien paga toda la fiesta. El ocultismo afecta, sobre todo, al prestigio del órgano encargado de supervisar al sector: el Consejo de Seguridad Nuclear.

Durante mucho tiempo y hasta principios de siglo, el organismo, constituido en 1980 tras la escisión de la Junta de Energía Nuclear (JEN) tuvo un gran prestigio. La base fundamental para elegir a sus consejeros era el conocimiento del sector, su funcionamiento y sus riesgos. La política no era determinante para la elección. Todo eso cambió. Aunque el CSN siempre estuvo más cerca de la industria nuclear que de las reclamaciones de buena parte de la sociedad, nunca lo estuvo tanto como con el nombramiento, en 2001, de Teresa Estevan Bolea como presidenta a instancias del PP. Apenas un mes después de llegar a cargo, en una entrevista en EL PAÍS , Estevan Bolea abogó por ampliar la vida útil de las centrales a 60 años y por construir nuevas instalaciones.

 

Como en la novela de Vargas Llosa, “el Perú se había jodido en algún momento”. El CSN se convirtió en escenario de juego y batalla política, con consejeros nombrados por el dedo de los partidos y con intensas batallas como las protagonizadas por la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que denunció en sus votos particulares las maniobras que se han sucedido para facilitar, al fin, lo que Estevan Bolea reclamaba hace 17 años.

La política de nombramientos y las batallas ideológicas internas han desgastado la imagen del CSN. Donde únicamente deberían contar argumentos técnicos y de seguridad se entrometen con demasiada frecuencia los intereses políticos y empresariales. Todo en un país cuyo Gobierno es, junto con el que encabeza en EE UU Donald Trump, el único entre las grandes economías de la OCDE que defiende las centrales de carbón y las nucleares.

Conviene tomar nota. En España están saliendo a la luz datos que revelan un más que regular caos en la gestión de la basura nuclear. Tanto que hasta la patronal del sector, Foro Nuclear, lo ha utilizado para argumentar por qué es imposible cerrar las nucleares a corto plazo, ni siquiera de forma escalonada. Los siete reactores nucleares operativos  cumplen los 40 años desde su construcción entre 2024 y 2028. Mantenerlos cerrados es caro y demantelarlos, sostiene Foro Nuclear, imposible. Simplemente, no hay donde meter la basura.

Fuente:   lainformacion.com

El desmantelamiento de la central de Garoña costará 480 millones y durará hasta 2034

Almacen nuclear en superficie que dejará Garoña como herencia junto a la despoblación y el paro.

El cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, arrancó formalmente el pasado 1 de agosto de 2018. Fue entonces cuando se firmaba la orden del Ministerio de Energía denegando la renovación de la autorización de la planta que habían solicitado sus dueñas, Endesa e Iberdrola (que se reparten a partes iguales las acciones de Nuclenor, la sociedad titular de la central).

Terminaba así un largo culebrón de cinco años: desde que las eléctricas pararon a finales de 2012 voluntariamente la central en un órdago al Gobierno por la reforma energética, pasando por cambios legislativos ad hoc para poder reabrirla, y hasta la decisión del Gobierno de echar el cierre definitivo ante la certeza de que ni siquiera las eléctricas propietarias querían ya reabrir la planta por no ser rentable.

Y arrancaba también ese 1 de agosto el aún más largo proceso que permitirá el desmantelamiento de la vieja central nuclear burgalesa. En total, los trabajos para desmontar la planta se alargarán durante 17 años, hasta plantarse en 2034, y requerirán de un presupuesto total de 480 millones de euros en todo ese tiempo, según las estimaciones que maneja Enresa –la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares- y a las que ha tenido acceso El Independiente.

17 años para desmontar la central por completo

Durante los primeros tres años, hasta septiembre de 2020 previsiblemente, Iberdrola y Endesa seguirán siendo las titulares de Garoña y desarrollarán durante ese plazo las actividades preparatorias para del desmontaje futuro. A partir de ese momento la central nuclear pasará a manos directamente de Enresa: la sociedad pública pasará a ser el dueño de la planta hasta su desmantelamiento total, cuando devolverá los terrenos a las eléctricas.

Enresa se encargará entre 2020 hasta mediados de 2024 del proceso de licenciamiento y de la obtención de autorizaciones y permisos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Gobierno. Los trabajos delicados, el desmantelamiento propiamente dicho del reactor y del resto de instalaciones de la central, se desarrollarán entre 2024 y hasta 2034. Para entonces el terreno tendría que quedar como si allí no hubiese habido nunca una instalación nuclear. Ese el objetivo.

El presupuesto total de todas estas labores, según prevé Enresa, se situará en los 480 millones de euros. De ellos, 220 millones se destinarán a las labores de desmontaje de los equipos de la central; 130 millones serán para la gestión del combustible nuclear gastado (incluida la reforma para adaptar el almacén temporal individualizado –ATI- en que se guardarán durante un tiempo los residuos); y otros 130 millones más para los servicios subcontratados de ayuda al desmantelamiento.

¿Quién pagará el desmantelamiento?

El  Ministerio de Energía ultima una nueva norma para trasladar a las eléctricas más costes derivados del desmantelamiento de sus centrales, como fórmula para desincentivar la amenaza de Iberdrola  de no pedir la renovación de la autorización de sus nucleares por estar acumulando pérdidas con ellas por los altos impuestos que se les aplica (Endesa también critica la fiscalidad nuclear, pero apuesta por alargar la vida de todas sus plantas).

Hasta ahora, es la sociedad pública Enresa la que se encarga del desmantelamiento de las centrales, financiándolo con un fondo que son las propias eléctricas las que van alimentado mediante el pago de tasas. Ese fondo actualmente cuenta con cerca de 5.000 millones de euros.

La reforma que propone el Ministerio de Álvaro Nadal es que sean las eléctricas las que asuman directamente del desmantelamiento de las centrales y también su coste. Enresa les devolvería la parte destinada a la demolición de centrales (que no cubriría todos los gastos) y el resto de gastos lo tendría que cubrir la compañía eléctrica de su bolsillo.

Las estimaciones que maneja Endesa apuntan a que la parte destinada al desmantelamiento sería de entorno a un 22 o un 24% de lo aportado por las eléctricas. Endesa ha aportado de momento 2.400 millones del total de 5.000 millones con que cuenta el fondo público, así que hoy recibiría entre 530 y 580 millones si cerrase ahora sus centrales. Las magnitudes de lo aportado y lo que recibiría Iberdrola serían similares.

Vista del ATI de Garoña

Cuando las eléctricas la desenchufaron

Las dos eléctricas cerraron voluntariamente Garoña en diciembre de 2012 en un órdago al Gobierno por las medidas incluidas en la reforma eléctrica (entre ellas, nuevos impuestos al combustible nuclear y a los residuos radioactivos). Desde entonces la central estuvo desconectada de la red, sin producir electricidad, pero sin iniciar su desmantelamiento porque las compañías -tras cambios legislativos ad hoc del Gobierno para hacerlo posible- acabaron solicitando un año y medio después su reapertura. Sólo costes y nada de ingresos.

Endesa e Iberdrola solicitaron la renovación de la licencia de explotación de Garoña hasta 2031, justo cuando la central cumpliría 60 años desde su construcción. Las compañías acabaron chocando sobre la estrategia a seguir: ambas habían descartado ya reabrir la central por no ser rentable, pero Endesa quería esperar a recibir el permiso del Gobierno e Iberdrola quería retirar la solicitud de reactivación.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el aval técnico a la reapertura de la central burgalesa, a pesar de que las eléctricas no habían realizado las reformas y las inversiones que el propio organismo había marcado como una exigencia previa ineludible. El Gobierno finalmente optó por no conceder la renovación de licencia y decretó su clausura definitiva.

Herencia: paro, despoblación, residuos, Internet a pedales y carreteras africanas

Según un análisis sobre el primer año de vida del olvidado Plan Garoña,  el paro en el área de la central de Garoña era superior al que se registra en la provincia de Burgos y  la media estatal. De este modo, el economista Carlos Alonso de Linaje  insistió en que las iniciativas empresariales generadas a través del Plan Garoña no han mitigado la situación adversa del empleo en la zona. (seguir leyendo).

A dia de hoy no hay ningún tipo de Plan para dinamizar Tobalina ni sus alrededores.

Una zona con 3 saltos de agua de Iberdrola y una central nuclear que no tiene fibra óptica en los pueblos y los accesos por carretera tienen infinidad de curvas peligrosas, como lo atestiguan la gran cantidad de flores que llenan los guardarailes de los arcenes.

Algunos reportajes televisivos

Veamos un pequeño reportaje sin edulcorar de la cadena Cuatro en el que se puede ver Garoña por dentro tras darle una buena mano de pintura, asi como varias opiniones de vecinos.

Aqui podemos ver un reportaje sobre el ATC .

El almacén nuclear que divide a los vecinos de los pueblos a cambio de poner una instalaciones que lejos de traer riqueza traerá despoblación y pobreza para los vecinos.


En Television Española han hecho un reportaje para mostrar la opinión de los vecinos.

La idea general es que nadie sabe nada, pero los maletines correrán a base de bien, eso seguro.

 

Como siempre el hostelero y los albañiles a favor, los vecinos que no sacan nada en contra.

¿Cuantos puestos de trabajo creará el almacen?.

¿Cuantos para la población local después de la construcción?

La desinformación es un arma cuando lo que hay que informar no es bueno o no es cierto.

 

 

Informe semanal sobre Garoña (4/09/2009)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-cierre-garona-momento-no/537894/

Fuente:  elindependiente.com

El Almacen Nuclear de Garoña puede provocar una nueva aberración de la Dirección General de Minas de Castilla y León

Vista del Monte Umión. Cuadrículas aproximadas en que ASFIBUSA y la Junta de Castilla y León podrían montar una cantera

El permiso Garoña pretende buscar áridos, es decir, gravas, arenas calizas o silícicas y materiales similares.

Incluye los pueblos de Barcina del Barco, Cuezva, Garoña, Santa Maria de Garoña y Pangusión.

Actualizado el 10/04/2018

La  Consejería competente de la Junta de Castilla y León no ha tenido en cuenta las alegaciones que presentaron desde el Valle de Tobalina, una pedanía y una asociación cultural.

González Mantero, funcionario que aparece mencionado en diferentes casos de corrupción  investigados en Castilla y León, firma el permiso de esta cantera. Más abajo se dan unas pinceladas sobre este oscuro personaje y los casos de corrupción en los que ha declarado.

Por si fuera poco han rechazado algunos de  los recursos de alzada presentados señalando que se hicieron fuera de plazo y la solicitud del Plan de Labores que es público y debiera incluso estar accesible desde Internet.

Varias de las cuadrículas mineras se encuentran dentro de zonas protegidas como: el parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil, rio Ebro y el embalse de Sobrón. Todas afectan a zonas de siembra de diferentes especies.

Cuadrículas mineras del permiso Garoña de la empresa ASFIBUSA (filial de YARRITU)

La persona que firma la contestación de la empresa ASFIBUSA es  Francisco Javier Piron Meaza, persona que aparece como apoderado de varias empresas constructora con sede en Alava y Burgos.
Son constructoras y fabricantes de hormigón y materiales de construcción:
“Construcción de edificios residenciales”, “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y AUTOPISTAS”, “FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN” y “CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.O.P.”

Aunque el ATI de Garoña dependa del Ministerio de Industria de Madrid, los funcionarios de la Junta de Castilla y León tienen su responsabilidad al dar el pase a esta mina, como hacen prácticamente con cualquier industria o mineria contaminante o destructiva que quiera implantarse en Castilla y León.  Hay una larga lista de ejemplo:  incineradoras de neumáticos, fracking, todo tipo de minas.

En su momento la Consejeria de Industria y Hacienda quiso apoyar e incluso subvencionar la extracción de  “gas no convencional” en su borrador del Plan de Industria de CyL, cuando hasta el más desinformado sabía que el fracking era una burbuja financiera.

Recientemente una vecina de Salamanca ha tenido que abrir los ojos a los funcionarios de la Junta de Castilla y León que tantos títulos parecen tener en sus curriculums (esperemos que no como el de Cifuentes).

Una de las últimas hazañas de la Dirección de Minas es el Permiso de Exploración Garoña en el norte de la provincia de Burgos, a menos de un kilómetro de la central nuclear de Garoña, que afectaria al parque natural Montes Obarenes- San Zadornil, al rio Ebro y al Embalse de Sobrón.

El parque Obarenes  es ZEPA y LIC, el Ebro zona IBA y todo el área es zona protegida para el aguila perdicera por la Unión Europea.

Para los funcionarios de Minas y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León “los recursos y el lucro personal está por encima de 4 aldeanos”.

¿Porque no se enteran en las consejerias presuntamente competentes? ¿Funcionan por presiones o intereses de terceros?

Tanta culpa tienen los funcionarios como los que les mantienen en sus puestos tras despoblar y envejecer Castilla y León y dejarla como un erial industrial, a la vez que permiten todo tipo de industrias extractivas, contaminantes y sin futuro

  • Carlos Martín Tobalina. Presidente  de la empresa  SIEMCALSA. Director General de Industria y Competitividad.

Se le ha mencionado en el pelotazo urbanístico del edificio de la ADE en Arroyo de la Encomienda conocido como ‘la Perla Negra’  (leer)

  • Ricardo González Mantero, es el vicepresidente y consejero-delegado de SIEMCALSA. Director General de Energía y Minas. Director del Ente Regional de Energía.

Mantero, estaba incluido en la lista de 43 nombres que debian comparecer en la comisión parlamentaria de investigación que intenta esclarecer la “trama eólica” y los pelotazos de la Perla Negra y Portillo.  (leer 1)   (leer 2)

El director de Energía de la Junta Gonzalez Mantero declaró ante el juez por el caso de los parques eólicos en CyL y señaló que la concesión a empresas locales de las autorizaciones de parques eólicos es decisión “política” que partía del difunto consejero Villanueva. (leer más)

González Mantero parece ser un peón clave en muchos de los casos de corrupción de Castilla y León con presuntas ramificaciones en la mineria del carbón, adjudicación de parques eólicos, cobro de dietas injustificadas y otras industrias extractivas que iremos comentando.

Atentos que SIEMCALSA tiene como objetivos:

– Desarrollar la minería y fomentar la investigación y explotación de yacimientos, principalmente de Castilla y León.

– Participación en proyectos, estudios o actividades relacionadas con los recursos energéticos.

  • José Ángel Arranz Sanz. Director General del Medio Natural. Tiene en su mano permitir o no la extracción en zonas protegidas.

Director de Espacios Naturales en 2003, José Ángel Arranz, hizo un nuevo informe en el que justificaba  la urbanización de un bosque en que criaba la cigüña negra y afectaba al lince y al águila imperial. Corregía al jefe de Ávila, contrario a la urbanización (leer).

El Tribunal Superior de Castilla y León  sentenció que esa decisión “vulnera frontalmente” el decreto de recuperación de la cigüeña de la propia Junta.

 

Varios funcionarios de la Junta de CyL están en el punto de mira de diferentes corruptelas inmobiliarias, mineras, eólicas, etc. siendo González Mantero uno de los más nombrados (ver algunos casos más abajo)

El fallecido exconsejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, expresó su «plena confianza» en los altos cargos imputados en el caso. «Las cosas se han hecho correctamente», bajo su dirección política, manifestó ayer en declaraciones recogidas por Ical durante la presentación de su balance de mandato en la Cámara de Comercio de Valladolid. (leer)

Villanueva cínicamente recalcó que si hubiera conocido alguna irregularidad la habría comunicado a la Justicia y aseguró que el Gobierno desea que se «aclare» lo ocurrido y recordó que ya tienen «experiencia» sobre otras investigaciones judiciales que posteriormente se han archivado.

AFECCIONES

Es de sobra conocido el efecto que una cantera puede tener en su entorno, el polvo, ruido de maquinaria, explosivos, transporte pesado de camiones y hormigoneras no deja lugar a la duda.

Afectará a las carreteras, árboles frutales, los sembrados y los cotos de caza de la comarca, que son la base de la economia de las pedanías arriba mencionadas.

Las  cantera afeará  el emblemático monte Umión con un impacto paisajístico similar a la cantera de Villalaín (Villarcayo).

Vista de la cantera de Villalain. Es visible desde más de 20 km. Ejemplo de lo que pretende hacer ASFIBUSA en Tobalina

El parque natural Montes Obarenes-San Zadornil 

Parques Naturales de Burgos. La UE paga la Junta de CyL no protege

El parque desempeña, un papel destacado en la conservación de numerosas especies amenazadas, vulnerables o raras, como el visón europeo, el cangrejo de río autóctono o el águila-azor perdicera, y contribuye también a asegurar la supervivencia y continuidad de los procesos migratorios de otras especies, como las aves acuáticas y la paloma torcaz, que la utilizan como zona de paso e invernada.

En virtud de esta excepcional riqueza ambiental, la zona fue propuesta como Lugar de Interés Comunitario por la Comunidad de Castilla y León, el 18 de marzo de 1999, y designada como Zona de Especial Protección para las Aves por la Unión Europea, el 31 de agosto de 2000.  Formó parte del Plan de conservación del águila perdicera en Castilla y León para el periodo 2008-2011.

Los Montes Obarenes constituyen las últimas y más meridionales estribaciones de la Cordillera Cantábrica y se alzan como un gran murallón natural sobre las llanas tierras de La Bureba, en Burgos. Presentan un modélico relieve estructural de estilo jurásico y sus máxima altura es el Pan Perdido, con 1.237 metros de altura. Limitado al norte por el río Ebro, en su interior comprende las sierras de Oña, La Llana, Pancorbo, Arcena y los propiamente llamados Montes Obarenes.

El Programa de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) incluye la zona del Proyecto Garoña de Yarritu que la Junta de CyL ha permitido explorar (ver mapa)

Una serie de bellos y profundos desfiladeros son los protagonistas principales de su paisaje. Las hoces excavadas por el Ebro en Sobrón, el angosto desfiladero tallado por el río Oca en las proximidades de Oña y la garganta abierta por el río Purón en la sierra de Arcena son los más bellos ejemplos.

La riqueza de especies arbóreas y arbustivas que crecen en la zona viene dada por su privilegiada situación, a caballo entre las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea. En los abundantes cortados rocosos de este paisaje protegido, en especial en la Hoz de Sobrón, tienen instalados sus nidos un gran número de aves rapaces.

Pico Umión y zona donde pretenden hacer una cantera

Pocos espacios naturales pueden presumir de contener en su interior tanta riqueza cultural como el de los Montes Obarenes. Desde la historia y el arte que atesora la villa de Oña, con su excepcional monasterio medieval de San Salvador, hasta la pintoresca estampa de la ciudad de Frías, presidida por la desafiante silueta de su castillo y con sus casas colgantes y su no menos famoso puente fortificado sobre el río Ebro.

Comportamientos de ciertos funcionarios de la Junta de Castilla y León.

  • Ciudadanos pide la dimisión del leonés González Mantero por su implicación en la Trama Eólica (leer)
  • La mujer de González Mantero ( María Fe Alvárez Fortes)  trabajaba para el empresario minero de Carbones Viloria como administrativa entre enero de 2005 y junio de 2013 (leer). González Mantero fue nombrado director general de Minas en 2014, un año después de que su esposa entrara a trabajar a sueldo de Viloria.
  • Mujer de González Mantero (en régimen de gananciales) y cuñada montan una empresa solar y la Junta les da el permiso (leer).
  • González Mantero encargado del mamoneo de la adjudicación de los parques eólicos en Castilla y León (leer)
  • Facturas presuntamente achacadas al director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, en Bruselas cuando se negocia las adjudicacines de la  “Trama Eólica” (leer)
  • Martin Tobalina formaba parte del listado los integrantes del consejo de administración que autorizaron la compra de ‘la Perla Negra’. Empresarios procesados y con deudas millonarias con la Junta, tras el escándalo de ‘la Perla Negra’.  (leer)
  • El TSJCyL anula la autorizacion ambiental a una planta de incineracion de neumaticos, disolventes y otros residuos peligrosos. (leer)
  • El exgerente de GESTURCAL  asegura al juez que hubo ‘pelotazo’ en Portillo (leer)
  • Hacienda denuncia que políticos cobraron comisión por instalar parques eólicos. (leer)
  • La mesa de contratación expresó sus «dudas» sobre el edificio de Arroyo a la directiva de ADE (leer)
  • El 11 de noviembre de 2003, el director de Especies Protegidas de Valladolid, José Ignacio Molina, y el de Espacios Naturales, José Ángel Arranz, hicieron un nuevo informe en el que justificaban la urbanización y corregían al jefe de Ávila, contrario a la urbanización. La zona era crítica para la cria de la cigüeña negra y afectaba al lince y al águila imperial, nada menos (leer).

La empresa SIEMCALSA

Constituida en 1988 con el objetivo de promover la explotación de nuevos yacimientos mineros, SIEMCALSA (Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León S.A.) es una de esos chiringuitos que ha sobrevivido al “lifting” aplicado en el Sector Público de Castilla y León, donde coexiste con el Ente Nacional de la Energía (EREN).

El maravillos equipo de SIEMCALSA Avda. Rodrigo Zamorano, 6 Cp. 47151 Parque Tecnológico de Boecillo Boecillo (Valladolid)

En la Web de SIEMCALSA podemos echar un vistazo de la gente que trabaja desarrollando la mineria y los recursos geológicos en Castilla y León

Begoña Hernández ex viceconsejera de Política Económica de la Junta, y exasesora de Presidencia.

Según la “web” de la consultora KPMG  a fecha de de 2016 la ex viceconsejera de Política Económica de la Junta de CyL y “ex-asesora” de la consejería de la Presidencia presidia el consejo de Administración de SIEMCALSA  , empresa pública participada y controlada por la Junta de Castilla y León, mientras trabajaba en la empresa privada KPMG.

El fichaje de Hernández por la auditora KPMG  no supuso  su desvinculación total de la Junta, donde a lo largo de los 15 años anteriores fue encadenando numerosos cargos, entre ellos ¡¡ las presidencias de  GESTURCAL y ADE Parques, las empresas públicas investigadas por la Fiscalía Anticorrupción y un Juzgado de Valladolid !!  en relación con los sobrecostes abonados en las compras de la Perla Negra y los terrenos del inexistente parque empresarial de Portillo. Casualmente la trama en la que declaraban los funcionarios de la Junta de CyL arriba mencionados.

En 2016  figuraba como consejera de SIEMCALSA  la anterior directora general de la ADE, Mar Sancho, desde julio de 2015 directora general de Políticas Culturales de la consejería de Cultura, cargo que lleva implícito el de vicepresidenta segunda de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.

El exdirector de ADE Internacional Excal, Alberto Esgueva, declaró que los 47,1 millones de beneficio que obtuvo tras una inversión de 24.000 euros, son “lícitos”.

El parque solar de la mujer y la cuñada de González Mantero

La Junta de Castilla y León adjudicó en 2007 una planta fotovoltaica a Hispano Noruega de Energías, una empresa de las esposa y cuñada del director general de Energía del Gobierno castellano-leonés, Ricardo González Mantero. González Mantero y su esposa están casados en régimen de gananciales.

Esta adjudicación fué  un nuevo capítulo del conocido como caso de los huertos solares, que provocó el cese de 13 funcionarios, acusados de intervenir en la concesión de licencias de instalaciones fotovoltaicas en su propio beneficio. El Gobierno regional de Juan Vicente Herrera (PP) intentó dar carpetazo al escándalo el 2 de septiembre de 2008, al negarse a seguir investigando en las Cortes de Castilla y León. El PP ha argumentado hasta ahora que el caso no afectaba a cargos políticos.

Accionariado familiar

La empresa adjudicataria del huerto solar Hispano Noruega de Energías, fué creada el 23 de junio de 2006 con domicilio social en Madrid. El capital se repartió, al 50%, entre María Fe Álvarez Fortes, mujer del director general de Energía, y Silje Grotle Nilssen, cuñada de dicho alto cargo. Ambas fueron designadas administradoras solidarias.

Hispano Noruega de Energías, cuyo objeto social es “la explotación de energía solar y eólica”, solicitó en septiembre de 2006 una autorización a la Junta para proyectar una instalación fotovoltaica en un huerto solar de Torrecilla de la Abadesa .

En septiembre de 2006, la empresa solicitó una autorización a la Junta de CyL para un planta solar en la localidad de Torrecilla de la Abadesa (Valladolid). La licencia fue concedida el 22 de agosto de 2007. Al día siguiente, María Fe vendió a Silje sus acciones por el valor nominal (esto es, sin incremento de ningún tipo) por 1.500 euros.

En ese momento, González Mantero era director general del Ente Público Regional de la Energía (EREN). Pocos meses más tarde, el 19 de junio de 2007, sumó a dicho cargo el nombramiento como director general de Energía y Minas, convirtiéndose así en el principal responsable en materia energética del Gobierno regional, subordinado únicamente al consejero y viceconsejero de Economía y Empleo.

María Fe Alvárez Fortes también trabajó como administrativa para el empresario minero de Carbones Viloria entre enero de 2005 y junio de 2013 (leer)

La familia de González Mantero como vemos  parece muy ligada al sector energético y extracctivo tanto desde el ámbito público como desde el privado.

Programa de Conservación de las IBA

El Programa de IBA es probablemente el programa de conservación más importante llevado a cabo en España ya que ha supuesto la protección legal de más de 10 millones de hectáreas como espacios protegidos red Natura 2000 en España. Este programa ha sido galardonado con el premio BBVA a la conservación de la biodiversidad.

El Programa de Conservación de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves, desarrollado por la red de socios de BirdLife International, tiene carácter mundial, y como objetivo principal la identificación, conservación y gestión de los lugares esenciales para las aves a escala mundial.

El anexo 3 de la directiva de Pajaros:  overall, activities that directly threaten birds, such as their deliberate killing, capture or trade, or the destruction of their nests, are banned. With certain restrictions, Member States can allow some of these activities for 26 species listed here.

Amenazas para las IBA

Las canteras, graveras y minas a cielo abierto han sido una gran amenaza para las IBA. Hay decenas de ejemplos en las que estas actividades han afectado a especies muy amenazadas en las IBA. Por ejemplo, la mina a cielo abierto autorizada en Zilbeti, Navarra, y que se encuentra recurrida por SEO/BirdLife ante los tribunales, destruirá 4 territorios de pico dorsiblanco, un 6% de su población española.

Otro ejemplo es la sentencia de 2011 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenó a España porque la Junta de Castilla y León autorizó minas a cielo abierto que afectaban al urogallo y al oso.

 

Fuentes: noticiascyl.com

eldiario.es

ileon.com

trama eolica

salamancartvaldia.es

Mantero, mujer y Viloria

González Mantero el peón clave de la trama eólica en CyL

La mujer y la cuñada de González Mantero en los parques solares

El Tribunal de la UE condena a España por las minas a cielo abierto de León noviembre de 2011

¿La política se une con los delincuentes señor Mantero?    Tsobudelaciana.blogspot.com.

Filón Verde critica ante Herrera las declaraciones del director general de Energía y Minas en favor de Victorino Alonso

Sobre las minas de carbón a cielo abierto en León

De la ilegalidad de las minas a cielo abierto en Laciana (SOS Laciana)

Trabajadora del Balneario de Retortillo sabe más que los funcionarios de minas de la Junta de CyL

Consulta:

Zonas Important Bird Area (Área Importante para Conservación de las Aves)Web de SEO Birdlife

Ficha de la zona Red Natura 2000 del Parque Montes Obarenes-San Zadornil  Web de la Junta de CyL

Directiva 92/43/CEE de protección de la Red Natura 2000 (leer)

Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo  de 24/11/2011 contra España por vulnerar la Directiva 85/337/CEE . En realidad fué la Junta de González Mantera la causante de querer extraer carbón en la zona ZEPA y LIC del «Alto Sil», situado en el noroeste de la Comunidad Autónoma de Castilla y León  (leer)

El Parque Montes Obarenes-San Zadornil es Zona de Especial Protección de las Aves y Lugar de Interés Comunitario. El rio Ebro, el emblase de Sobrón zona IBA.

 

Bonus Track:

Visita La Tertulia Ricardo González Mantero,

Director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León. 7 mar. 2018

Coordinador general EREN· De 2003 a 2005 · León (España)

Director EREN· Desde el 2005 hasta la fecha · León (España)

Director General de Energía y Minas Junta CyL· Desde el 2007 hasta la fecha · León (España)

La prohibición de arrojar residuos radiactivos al mar, a punto de expirar

Hace 50 años la sociedad gallega ya mostraba su preocupación por estos vertidos

Es fácil imaginar que si en pleno 2018 unos barcos empezaran a tirar bidones radiactivos en el Atlántico habría una reacción social de un tamaño incalculable. Precisamente este año en curso marca el punto final -o seguido- para la moratoria que entró en vigor en febrero de 1994 con el objeto de prohibir durante 25 años el vertido sistemático de residuos radiactivos, supuestamente de baja intensidad, en las zonas más profundas de este océano, muchas de ellas próximas a Galicia. Nada menos que 115.000 toneladas.

 

Entonces se decidió que se haría, antes de febrero del 2019 -cuando termina de forma efectiva la prohibición-, un amplio estudio científico para calibrar las consecuencias de aquellos vertidos masivos, que hoy, cuando la conciencia ecológica ha impregnado a casi todos los sectores sociales, serían impensables. A la luz de ese estudio, que deberían liderar los países que firmaron la enmienda a la Convención de Londres -que prohibía los vertidos- y la Organización Marítima Internacional, se decidiría si a partir del 2019 se continuaría con la prohibición. Pero no hay que preocuparse. No se van a gastar un duro en el estudio porque saben de sobra que en el momento actual jamás podrían permitir tal barbaridad. Y el informe estaba pensado para actuar de bálsamo tranquilizador sobre el efecto radiactivo de los vertidos, con el objetivo no confesado de tener una ventana para poder volver a legalizarlos. Ahora, además, hay sistemas de almacenamiento mucho más fiables.

Vertidos nucleares de diferentes paises

Volveremos más tarde sobre este asunto. Antes habría que recordar que los bidones radiactivos ya suponían una preocupación para la sociedad de finales de los años sesenta. En una noticia publicada en La Voz tal día como hoy de 1968 se aseguraba lo siguiente: «No existen riesgos de contaminación radiactiva de nuestras costas pesqueras». Este era el mensaje oficial en referencia al fondeo de residuos nucleares en una fosa oceánica situada a 450 kilómetros de la costa. En esta información se explicaba que estos restos, las primeras tandas que se decidió que fueran sumergidas en el mar a un mínimo de 4.000 metros de profundidad, «fueron colocados en recipientes especiales, de manera que soportasen perfectamente cerrados por lo menos diez años». Se daba por hecho entonces que los materiales guardados en estos compartimentos terminarían siendo liberados, aunque siempre se mantendrían, supuestamente, en unos niveles de contaminación que entonces se consideraban tolerables.

Poco o nada se ha preocupado la comunidad internacional y en concreto España por vigilar los efectos de estos vertidos desde el 2005, cuando se efectuó una amplia monitorización amparada por la Organización Internacional de la Energía Atómica. Hubo un intento de Alemania para realizar otra campaña amparada por la Convención sobre la Protección del Medio Marino del Atlántico Nordeste, pero finalmente se demoró la decisión.

Ahora la Organización Marítima Internacional, que debe velar por el cumplimiento de la Convención de Londres, no tendrá más remedio que prorrogar el veto de forma casi automática en febrero del 2019, pues la enmienda de la moratoria se decidió en 1993, pero entró en vigor en febrero de 1994 por un período de 25 años. «Sería escandaloso que no se continúe con la prohibición. No se puede controlar lo que depositas en el mar». Esta es la opinión al respecto de Jordi Bruno, una de las mayores autoridades españolas en residuos nucleares.

 

Durante este año debería estar ultimándose el estudio científico que prescribía la enmienda. Pero recientemente se decidió que se sustituiría por un dosier con la literatura científica acumulada sobre este asunto en los últimos años. A la luz de este informe se resolvió que no había razones para emprender otra monitorización radiológica de los vertidos, pues no darían lugar a conclusiones diferentes de las que habían sustentado la prohibición.

Fuente: lavozdegalicia.es

La Junta de Castilla y León abre la consulta para crear un impuesto a Garoña sobre el depósito de residuos nucleares

Se pueden realizar aportaciones hasta las 14 horas del próximo 7 de marzo.

Afirma que cumple el mandato de las Cortes y que la recaudación se destinará a inversiones en la comarca, tras el cierre de la planta

Este impuesto no lo puso cuando los residuos dependian de ENDESA e Iberdola pero si ahora que dependerán de la empresa pública ENRESA

La Junta somete a consulta previa el procedimiento para la elaboración de una ley que establezca un impuesto que grave el almacenamiento de los elementos combustibles gastados en las instalaciones de la central nuclear de Garoña y cuya recaudación sirva para financiar actuaciones de reindustrialización e inversión en los municipios de la comarca situada en el entorno de la planta.

En concreto, la Junta ha colgado en el Portal del Gobierno Abierto el procedimiento para la elaboración de la Ley de modificación del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos para incluir un impuesto sobre el depósito de residuos nucleares.

Con esta medida, explica el Ejecutivo se pretende solucionar el problema que el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña ha supuesto en una pérdida de actividad económica y empleo en los municipios de la comarca situada en el entorno de la instalación.

Para afrontar esta situación, se recuerda en la consulta previa, las Cortes de Castilla y León aprobaron en su sesión de 6 de septiembre de 2017 una proposición no de ley en la instan a la Junta de Castilla y León a estudiar la implantación de un tributo medio ambiental con el compromiso de que la posible recaudación se destine a la reindustrialización e inversión en la zona.

Así, centra la necesidad y oportunidad de este tributo en que la central nuclear ha iniciado un proceso de desmantelamiento en el cual se prevé que los elementos combustibles gastados derivados de su actividad se mantengan almacenados en las instalaciones de la planta. Por ello, subraya que resulta «oportuno» establecer un impuesto basado en el impacto medioambiental del depósito de estos elementos combustibles.

Fuente:  burgosconecta