Denuncian “nuevos retrasos” en el desmantelamiento de Garoña

El cabeza de lista al Congreso de Unidas Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, cree que estos nuevos plazos “están vinculados al hecho de que se pretende alargar la vida del resto de centrales nucleares”

El cabeza de lista al Congreso de Unidas Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, ha denunciado este viernes “nuevos retrasos” en el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y cree que estos nuevos plazos “están vinculados al hecho de que se pretende alargar la vida del resto de centrales nucleares, poniendo así en grave peligro la seguridad de las mismas”.
Tras participar en Vitoria en una mesa informativa de la formación, el candidato ha criticado que “más de 2 años después del cierre de la central nuclear de Garoña, los trabajos para su desmantelamiento ni siquiera han comenzado”.
Asimismo, ha explicado que según las informaciones que a las que ha tenido acceso, “todo parece indicar” que los trabajos de desmantelamiento “no empezarán hasta 2022”. “Se nos antoja demasiado tarde para desmantelar una central que es urgente quitar de en medio por el riesgo que supone para el medio ambiente y para la salud pública”, ha señalado.
En este sentido, ha explicado que “el desmantelamiento de Garoña marca la agenda de cierre y desmantelamiento futuro del resto de las centrales nucleares españolas”, y cree que este retraso “está vinculado al hecho de que se pretende alargar la vida del resto de centrales nucleares poniendo así en grave peligro la seguridad de las mismas”.

Los ayuntamientos próximos a las nucleares intentan mantener los apoyos de la Administración que ha pagado 580 millones de subvenciones desde 1989.


Los municipios nucleares eligen nueva dirección en pleno cierre de centrales

En España hay 60 municipios situados a menos de 10 kilómetros de una central nuclear. Desde 1990, están agrupados en la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC). Los municipios, con una población de unos 40.000 habitantes, viven uno de sus momentos más delicados. El Gobierno y las eléctricas han pactado el cierre escalonado de las siete plantas nucleares en funcionamiento hasta 2035 y los ayuntamientos temen por su futuro. En ese contexto, AMAC va a abrir el 1 de septiembre el proceso de renovación de su dirección, lo que incluye el cambio en la presidencia y la vicepresidencia y la ratificación de 22 miembros de la directiva en una asamblea prevista para el 18 de septiembre en Madrid.

La renovación afectará, después de cuatro años de mandato, a la actual presidenta de AMAC, Raquel González (PP), alcaldesa del Valle de Tobalina (Burgos, zona de la central de Garoña) y a la vicepresidenta y alcaldesa de Hornachuelos (Córdoba), Maria del Pilar Hinojosa, independiente. Fuentes de la asociación destacan que no se trata de un proceso de renovación marcado por la política, sino por los intereses comunes.

El fundamental de esos intereses es gestionar de la mejor manera posible el proceso de cierre de instalaciones y, sobre todo, asegurar que el flujo de las ayudas hacia los ayuntamientos no se interrumpe de forma abrupta. Los ánimos están encendidos porque la combinación de anuncios de cierres de nucleares, proyectos que sólo existen en el papel y ausencia de un Gobierno capaz de llevar las promesas al BOE alimenta la desconfianza.

25 años de ayudas

Los municipios no lo ven claro. Quieren que el flujo de fondos que han recibido desde hace 25 años no se corte. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha pagado al centenar de ayuntamientos cercanos a las centrales nucleares (los situados en torno a 20 kilómetros) más de 580 millones de euros entre 1989 y 2018, según datos oficiales de la empresa pública. Quieren atarlos con planes alternativos de desarrollo económico rubricados por el Gobierno. Y eso es lo que está en el aire.

El Ejecutivo, ahora en funciones, ha ofrecido una vía para facilitar la llegada de renovables a los emplazamientos de las nucleares. Lo hizo en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Según el documento, las grandes compañías que cierren centrales contaminantes -ya sea de carbón, de gas o nucleares- tendrán derecho a conservar los derechos de acceso a la red eléctrica para sustituirlas por energías renovables. El problema es que el anteproyecto sólo es una declaración de intenciones. El exgerente y asesor de AMAC Mariano Vila sostiene que en la relación con el Gobierno “está todo parado, hasta tal punto que reuniones previstas en julio no se han celebrado“.

La inquietud de los ayuntamientos es lógica porque muchos de ellos dependen de las ayudas que reciben de la empresa pública Enresa para mantener sus presupuestos. Todos los municipios que reciben ayudas temen acabar como el de Almonacid de Zorita (750 habitantes, a 70 kilómetros de Guadalajara), que albergó la primera central nuclear española -José Cabrera- en proceso de desmantelamiento desde 2010. Según AMAC, “ninguna administración pública, ni el Estado, ni la Comunidad Autónoma, ni la Diputación provincial se han preocupado ni implicado en el futuro de los ciudadanos de los municipios de la zona“.

La Orden Ministerial más reciente sobre las ayudas a los municipios nucleares es del 11 de marzo de 2015. Sustituyó a la más antigua de julio de 1998 y regula las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos que data de 2006. la Orden recogió un somero examen de lo logrado con el dinero entregado a los ayuntamientos desde el inicio, a finales de los años 80. No es muy optimista.

Según recoge la norma “transcurridos 25 años desde el origen de este tipo de ayudas”, Industria constata que los municipios “aún mantienen una marcada dependencia económica de las nucleares”, debido “a la baja incidencia” que estas ayudas han tenido en su desarrollo por su “escasa” aplicación a proyectos de inversión para generar economías alternativas. El apagón nuclear no supondrá el fin inmediato de las subvenciones -cobran por aceptar los residuos en sus proximidades y los residuos seguirán ahí durante tiempo-, pero sí exigirá un examen de los conceptos y los resultados obtenidos.

Los municipios no cobran todos lo mismo, pero para todos, las ayudas que reciben cada año de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y de otras áreas de la Administración como el Ministerio de Interior, son más que una tabla de salvación del presupuesto anual. En muchos casos, permiten a sus habitantes disponer de servicios y atenciones impensables en otras localidades.

Fuente:   lainformacion.com

En Garoña habia un mapa con chinchetas negras de pueblos y asociaciones no favorables a la central

El responsable de Comunicación de Garoña durante 30 años dice que nunca oculto ni mintió sobre ningún incidente.

A continuación le vamos a poner varios ejemplos de que si no fué él quien mintió u ocultó, en cualquier caso lo hizo NUCLENOR (Iberdrola y Endesa)

Su despacho en Garoña, recuerda, contaba con un gran mapa de la zona de influencia de la central.  En el mismo había clavadas chinchetas de colores: las negras localizaban los municipios donde se habían firmado pronunciamientos en contra de la energía nuclear; las rojas, donde se celebraban manifestaciones; y las verdes localizaban las entidades o personas que apoyaban nuestra actividad. Eran muy pocas…”.

Para quien no le ponga cara, Antonio Cornadó ha sido durante casi 30 años el rostro público y la voz autorizada de la central nuclear de Santa María de Garoña, tiempo más que suficiente para curtirse en todas las crisis de comunicación habidas y por haber, abrazar a políticos de todos los colores y ecologistas radicales, lidiar con sindicalistas, vecinos y periodistas como él y hacer    -sin distinción- amigos en todos los bandos.

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Antonio Cornadó puso toda la carne en el asador para la celebración del 40 aniversario. Se apoyó en tres actos, el primero de ellos, una gran fiesta en la central con los trabajadores en activo y jubilados y los directivos de Iberdrola y Endesa. Estamos en el 11 de marzo de 2011, el día en el que reventó la central de Fukushima en Japón. “Cuando salíamos de la fiesta llegaron las primeras noticias de tsunami…”. Todo se complicó: “Garoña era igual que Fukushima y la pregunta recurrente fue: ¿lo que pasa en Japón puede ocurrir en Burgos? Insistimos en el ‘no’”. La fiesta prevista con toda la sociedad burgalesa y regional en el Fórum Evolución para el día 17 se canceló bajo la excusa de la solidaridad con los fallecidos -la Junta siempre abogó por su aplazamiento, estrategia que no compartía Nuclenor por la lectura negativa que se pudiese hacer-. Lo mismo ocurrió con la fiesta en Madrid.

“No sé si Fukushima fue nuestra puntilla, luego vino el tema de la fiscalidad, que supuso un golpe en nuestra línea de flotación porque disparaba nuestros costes”. Cornadó abandonó Garoña a principios de 2013 para presidir el Foro Nuclear -“la primera vez que un no-ingeniero presidía el lobby nuclear”- hasta otoño de 2017.

“El cierre definitivo anunciado  el 1 de agosto de 2017 me dio mucha pena, aunque se veía venir. Se agolpan muchos recuerdos y esfuerzos pero nuestro trabajo mereció la pena”. En diciembre de 2018 se desvinculó de Nuclenor. “Hay vida tras el cierre pero nunca será la misma. El movimiento tractor que genera una nuclear no lo tiene ninguna otra industria. Nuclenor debería formar parte de la solución y potenciar los valores de la zona”.

Pues mira Cornadó:

Garoña cierra por problemas de seguridad

 

Toda la experiencia acumulada durante estos 30 años, su capacidad de interlocución y relación, la ha apuesto al servicio de las empresas, instituciones privadas o particulares. Cornadó&Asociados es una consultoría que trabaja con una red de especialistas y que centra su actividad en el posicionamiento de las empresas, la reputación corporativa, la diplomacia empresarial (los lobbies) y las crisis. “Aunque está mal que lo diga, en esto soy un especialista…”.

20 años pagando los impuestos en Cantabria con el riesgo para Burgos, Pais Vasco y La Rioja

…Nos conocieron, se fiaron y nos aceptaron”. Garoña se hizo burgalesa y trasladó su sede social desde Cantabria, atendiendo a una vieja demanda de la provincia.

 

Antonio Cornadó Quibus, periodista #BlowinInTheWind #ConversacionesSobreBurgos (XXIX)

Leer completo : Diario de Burgos

 

EH Bildu denuncia tres vertidos de material radiactivo en Garoña el pasado verano

EH Bildu ha solicitado explicaciones acerca de tres accidentes en la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) sucedidos el pasado verano en los que, ha asegurado, se ha vertido material radiactivo.

Los accidentes, según ha explicado el parlamentario vasco Mikel Otero, se han producido durante labores de desmantelamiento de la central y han sido «ocultados hasta ahora, en una grave falta de transparencia que pone en solfa la labor de la comisión interinstitucional» que hace seguimiento de dicho proceso.

Concretamente, según la información del Consejo de Seguridad Nuclear citada por el grupo parlamentario, el primer accidente tuvo lugar el 20 de julio de 2018, cuando una fuente radiactiva que estaba siendo transportada se cayó al suelo y la cápsula de cesio-137, que estaba dentro, se salió del envase de plomo y el 2 de agosto hubo un vertido de 50 litros de lodo radiactivo, que también se volvió a verter quince días después en el tercer accidente.

Otero ha solicitado que comparezca en el Parlamento Vasco la comisión interinstitucional constituida en 2017 por el Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y administraciones locales para hacer seguimiento del proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. «Ese órgano fue creado a propuesta de EH Bildu, pero su trabajo está en cuestión porque hasta ahora no hemos sabido que durante el pasado verano en Garoña hubo tres accidentes en los que se vertió material radiactivo», ha recalcado.

El parlamentario ha añadido que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no ha dado a conocer «hasta hace pocos días ninguna información al respecto» y es muy grave que la comisión integrada por las instituciones vascas tampoco supiera nada de esos accidentes.

En opinión del parlamentario de EH Bildu, «es muy preocupante la nula transparencia con que se está desmantelando Garoña y está claro que la actividad de la comisión interinstitucional no está sirviendo para acabar con la opacidad».

fuente: Burgosconecta

El Gobierno calcula que el desmantelamiento de Garoña tardará “unos 8 o 10 años”

El almacén para guardar el combustible radiactivo ha conseguido la licencia y está a la espera de ponerse en marcha

Es la primera vez que el Gobierno de España se pronuncia oficialmente sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. Lo ha hecho algo más de un año después de que se anunciara su cierre y después de filtraciones que apuntan a que ese desmantelamiento arrancará en 2019. Y en esa primera información oficial -a través de una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos- el Gobierno augura que el proceso de desmantelamiento tardará “unos 8 o 10 años”, aunque matiza que “hay que tener en cuenta que cada central es diferente”.

Esto significa que, si se cumplen las previsiones y el desmantelamiento arranca en 2019, el final definitivo de Garoña no habrá llegado antes de 2026. Aunque los residuos radiactivos se quedarán allí y no se sabe por cuánto tiempo.

En la información enviada al Congreso de los Diputados, el Gobierno confirma que Garoña ha conseguido ya la licencia del Almacén Temporal Individualizado en el que se van a depositar el combustible nuclear utilizado hasta ahora. Son las famosas barras de de combustible que ahora mismo están en la piscina de la central y que se trasladarán a ese almacén a cielo abierto.

“Se trata de una instalación al aire libre, similar a la existente en Zorita que albergará en contenedores especiales todo el combustible gastado durante los años de la operación de la central”, explica el Gobierno. Este almacén está “a la espera de iniciar su explotación”. Iberdrola y Endesa, propietarias de la central, anunciaron que ese traslado de residuos podría iniciarse en el segundo semestre de 2019.

Es decir, Garoña pasará de ser una central nuclear a un almacén de residuos radiactivos. Al menos mientras no se consiga poner en marcha un almacén centralizado para toda España. El Gobierno aprobó en 2011 abrir esa instalación en Villar de Cañas (Cuenca) pero en julio paralizó los permisos

El combustible nuclear, por tanto, se quedará en Garoña pero otros residuos menos radiactivos -los de muy baja a media de actividad, aquellos en los que la contaminación dura menos de 30 años- “se trasladarán al centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba”.

El Gobierno aclara además que desde el momento en el que la central paró su actividad, “los técnicos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y los de la instalación iniciaron los contactos tendentes a conocer las condiciones en que se abordaría el desmantelamiento”.

Fuente: cadenaser

Existen retrasos e improvisación en el desmantelamiento de Garoña, según Equo

El partido ecologista Equo ha denunciado retrasos e improvisación en el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña (Burgos) y ha criticado la ausencia de un plan de gestión y tratamiento de los residuos.

Desmantelamiento de Garoña

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde ha censurado en un comunicado la lentitud con la que se desarrolla el desmantelamiento de la planta, la improvisación en la toma de decisiones y la posible permanencia en Garoña de los residuos radiactivos durante los ocho a diez años que se alargue el proceso.

La nota recuerda que, según una comunicación oficial de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), el Almacén de Residuos ATI de Garoña ha obtenido la licencia pertinente para albergar el combustible gastado durante los años de operación de la central.

El comunicado añade que, una vez activado el ATI, las barras de combustible que actualmente continúan en la piscina de la central pasarán al almacén, que alojará el combustible en contenedores especiales a cielo abierto.

Residuos radiactivos

López de Uralde ha mostrado su preocupación por el hecho de que residuos radiactivos de elevada peligrosidad se acumulen en la planta burgalesa de forma indefinida, “con grave peligro para la salud de la población y el medio ambiente”.

“Garoña ha cesado su actividad nuclear, pero los residuos siguen y seguirán allí ni se sabe hasta cuándo, así que el riesgo continúa”, ha señalado, lo que “evidencia de nuevo el gravísimo problema de unos residuos que no sabemos qué hacer con ellos”.

Para el diputado, la falta de fondos para emprender los cierres de las nucleares es uno de los principales problemas que debe abordar el Gobierno una vez que se ha asegurado que no se alargará su vida útil.

Y ha denunciado la falta de transparencia del proceso, ya que, “además de que desconocemos qué se va a hacer con los residuos a la larga, tampoco sabemos cómo se va a pagar todo el proceso de desmantelamiento de las nucleares”.

 

Fuente: EFE

La basura nuclear rebosa y el Gobierno no se entera (o sí)

Tenemos un problema. Los residuos generados por la actividad de los siete grupos nucleares que funcionan en España rebosan. No es polvo que se pueda meter debajo de la alfombra. España carece de una instalación segura en la que almacenar todos los residuos acumulados en los últimos 40 años y cada central ha tenido que asumir el almacenamiento del combustible que gasta. A la espera de que se construya el polémico almacén previsto en Villar de Cañas (Cuenca), cada nuclear mantiene los residuos en piscinas y almacenes que están casi saturados.

Las últimas cifras del Foro Nuclear dibujan una realidad preocupante. La capacidad de almacenamiento se agota: la central en mejor situación es Vandellós II y está saturada en un 84%; Ascó I, por su parte, supera el 97%. Con todo, lo más grave es la falta de previsión. El Plan de Gestión de Residuos Radiactivos en vigor fue aprobado en 2006. Desde entonces…la nada. En 2014, ENRESA, la empresa pública encargada de gestionar los residuos, informó a la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de que todo estaba bajo control: existía un nuevo plan de residuos en marcha –el séptimo- y el Gobierno lo iba a aprobar. Cuatro años después, ni hay nuevo plan ni se le espera.

Lo que sí hay es una gran falta de transparencia. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) publicó el único informe favorable con el que hasta ahora cuenta el almacén de Cuenca a regañadientes. Tuvo que intervenir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Todo alrededor de la energía nuclear, desde sus costes hasta su gestión, pasando por su propiedad, ha estado y está rodeado de secreto y confusión. Tanta que ni siquiera el ministro del ramo, Álvaro Nadal, se cree las cuentas que presentan las compañías: “Las nucleares ganan más de lo que dicen. Hacen mucha ingeniería contable” aseguró Nadal hace un año.

“La discusión en torno al negocio nuclear discurre sotto voce; es subterránea y también enconada”, recordaba esta semana un buen conocedor del sector. Eso es malo para el conjunto de la sociedad, a la que se priva de un debate serio sobre una energía muy cuestionada. Es malo también para el usuario de la electricidad que, al fin, es quien paga toda la fiesta. El ocultismo afecta, sobre todo, al prestigio del órgano encargado de supervisar al sector: el Consejo de Seguridad Nuclear.

Durante mucho tiempo y hasta principios de siglo, el organismo, constituido en 1980 tras la escisión de la Junta de Energía Nuclear (JEN) tuvo un gran prestigio. La base fundamental para elegir a sus consejeros era el conocimiento del sector, su funcionamiento y sus riesgos. La política no era determinante para la elección. Todo eso cambió. Aunque el CSN siempre estuvo más cerca de la industria nuclear que de las reclamaciones de buena parte de la sociedad, nunca lo estuvo tanto como con el nombramiento, en 2001, de Teresa Estevan Bolea como presidenta a instancias del PP. Apenas un mes después de llegar a cargo, en una entrevista en EL PAÍS , Estevan Bolea abogó por ampliar la vida útil de las centrales a 60 años y por construir nuevas instalaciones.

 

Como en la novela de Vargas Llosa, “el Perú se había jodido en algún momento”. El CSN se convirtió en escenario de juego y batalla política, con consejeros nombrados por el dedo de los partidos y con intensas batallas como las protagonizadas por la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que denunció en sus votos particulares las maniobras que se han sucedido para facilitar, al fin, lo que Estevan Bolea reclamaba hace 17 años.

La política de nombramientos y las batallas ideológicas internas han desgastado la imagen del CSN. Donde únicamente deberían contar argumentos técnicos y de seguridad se entrometen con demasiada frecuencia los intereses políticos y empresariales. Todo en un país cuyo Gobierno es, junto con el que encabeza en EE UU Donald Trump, el único entre las grandes economías de la OCDE que defiende las centrales de carbón y las nucleares.

Conviene tomar nota. En España están saliendo a la luz datos que revelan un más que regular caos en la gestión de la basura nuclear. Tanto que hasta la patronal del sector, Foro Nuclear, lo ha utilizado para argumentar por qué es imposible cerrar las nucleares a corto plazo, ni siquiera de forma escalonada. Los siete reactores nucleares operativos  cumplen los 40 años desde su construcción entre 2024 y 2028. Mantenerlos cerrados es caro y demantelarlos, sostiene Foro Nuclear, imposible. Simplemente, no hay donde meter la basura.

Fuente:   lainformacion.com