IU pedirá a la UE que “vigile” a España en el traslado de los residuos nucleares de Garoña

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado hoy en Córdoba que pedirá a la Unión Europea (UE) que “vigile” al Gobierno de España en el traslado de residuos nucleares desde Garoña (Burgos) hasta el almacén de El Cabril (Hornachuelos, Córdoba).

“Tenemos que tomar medidas urgentes” ha declarado en conferencia de prensa Maíllo, quien ha indicado que “Andalucía no puede consentir convertirse en el vertedero nuclear de toda la Península Ibérica” por lo que ya que el Ejecutivo mantiene una postura de “oscurantismo y opacidad”, es necesario “hacer una envolvente a través de Bruselas para conocer qué está pasando”.

IU forma parte junto a Ecologistas en Acción, Equo, Podemos y otras organizaciones de una plataforma antinuclear constituida el 16 de noviembre, cuando se reunieron en el I Encuentro contra el cementerio Nuclear El Cabril y acordaron movilizaciones y medidas para frenar la ampliación del almacén de Enresa en Córdoba, algo que llevan demandando “desde hace 30 años, el desmatelamiento de los cementerios nucleares” ha recordado Maíllo.

La hoja de ruta es la petición de explicaciones a la Comisión de Medio Ambiente de la CE y la invitación del comisario de Energía y Cambio Climático, el español Manuel Arias Cañete, a que visite las instalaciones del almacén de residuos de baja y media intensidad de El Cabril, donde “se está produciendo una sutil estrategia de traslado de material radiactivo de la recién cerrada central nuclear de Garoña”.

Maíllo ha indicado que va a solicitar una visita de la plataforma antinuclear constituida en Córdoba el mes pasado y que integra a activistas de Extremadura y Andalucía para que “también puedan explicar en el Parlamento Europeo la situación que se está viviendo en España” y que, a juicio del coordinador general de IU en Andalucía “trasciende al cumplimiento de directivas europeas que prevalecen en las políticas medioambientales”.

“Necesitamos saber qué está pasando y qué planes tiene el Gobierno de España”, ha insistido Maíllo, que también ha criticado la posición de Enresa, a quien ha acusado de “no facilitar información por escrito más allá de las reuniones que mantiene con los alcaldes de los municipios colindantes a El Cabril”.

A su juicio, “también se ha evidenciado que la Junta de Andalucía no se mueve” pues ha sido tras la constitución de la plataforma antinuclear en la reunión del 16 de noviembre en la localidad cordobesa de Peñarroya, cuando el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal López ha pedido explicaciones al Gobierno Central.

Es algo que Maíllo “celebra” pero que, como temen que “no van a decir nada”, acuden directamente a la Unión Europea para confirmar el traslado de residuos de una central a otra, informar de la ampliación prevista en El Cabril y saber cómo se van a gestionar todos los residuos que se emiten en España y Portugal.

Fuente: eldiario.es

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Denuncian el almacenamiento de residuos no autorizados de la planta de Juzbado en Córdoba

Área de contenedores de la fábrica de Enusa en Juzbado.

Se trata de material radiactivo de la fábrica de Enusa de una vida radiactiva mayor de lo que debe para ese cementerio nuclear

La Asociación de Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear han denunciado en un comunicado que el almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad de El Cabril (Hornachuelos) “ha recibido óxidos de uranio de la fábrica de Enusa en Juzbado que no está autorizado para almacenar”, y sospechan que este hecho busca justificar una “posible ampliación sin sentido” de la instalación.

Para estos colectivos, se ha vulnerado la limitación de aceptar exclusivamente residuos que no superen hasta 300 años de vida radiactiva. Y el óxido de uranio tiene “una vida de millones de años”, señalan.

Además, recuerdan que “el cementerio nuclear de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril se encuentra al 70 por ciento de su capacidad, cuando quedan por desmantelar ocho de las diez centrales nucleares que se construyeron en España”.

Esta llegada de residuos no autorizados, según los ecologistas, se ha dado a conocer tras la publicación del Informe al Congreso del Consejo de Seguridad Nuclear de 2015. “Enresa depositó durante ese año en El Cabril algo más de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca). Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear, que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años, y no admite emisores de partículas alfa”, indican los ecologistas.

La presencia de estos residuos dificultará el desmantelamiento de El Cabril, que debería producirse 300 años después de su clausura. Al recibir esos residuos de la planta de Juzbado podría utilizarse como “justificación para ampliar este cementerio nuclear, en lugar de buscar otro emplazamiento más adecuado para el necesario almacenamiento de este tipo de residuos radiactivos. La ampliación evitaría así el necesario traslado de esos residuos, que incumplen las normas de seguridad de un cementerio para residuos de media y baja actividad”, señalan los ecologistas.

Fuente:  lacronicadesalamanca.com/183918-denuncian-el-almacenamiento-de-residuos-no-autorizados-de-la-planta-de-juzbado-en-cordoba/

Una inspección en Garoña halla un vertido de cesio

El material radiactivo fue localizado el 20 de junio bajo unos contenedores que no habían sido movidos desde 2009
Pudo haberse producido “hace muchos años”

Nada hacía suponer que la retirada de tres contenedores de hormigón emplazados desde 2009 junto al almacén temporal de bidones y residuos destaparía una huella sospechosa en el suelo. Apenas era una superficie de dos metros cuadrados en un suelo “irregular”, pero el rastro advertido por el inspector del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que este pasado mes de junio cursaba la inspección habitual impuso la necesidad de hacer una cata sobre el terreno: era cesio-137, un material radiactivo que, según queda reflejado en la última acta del organismo regulador, podría haber sido derramado hace varios años.

Ninguna de las periódicas rondas y pases de revista de las instalaciones pudo comprobar en este tiempo la existencia de este vertido y sus posibles consecuencias. De hecho, no hay nada claro sobre los restos hallados. El documento oficial levantado por el inspector detalla que una vez confirmada la presencia de cesio-137, primero con contaminómetros portátiles y luego con el correspondiente análisis por espectometría, procedió a revisar los resultados de la vigilancia radiológica del emplazamiento correspondientes a 2009.

Fue entonces cuando comprobó que ese año fue detectada “actividad en tres puntos” cerca del lugar donde el pasado 20 de junio saltaron las alarmas. En aquel entonces tampoco fue posible acceder a esa zona al encontrarse ya “cubierto por los contenedores de hormigón” movidos hace unos meses. No obstante, esta última acta de inspección aclara que “aunque cercanos al punto detectado actualmente, no es posible establecer que los puntos detectados en el año 2009 tuviesen el mismo origen”. En cualquier caso, tal y como aparece escrito en el informe, el rastro de contaminación no podía proceder de esos contenedores de hormigón situados encima, sin tocar el suelo directamente.

Sin constancia documental “Aparentemente -describe el inspector- se trata del rastro dejado por un incidente de derrame de residuo producido hace muchos años del que no queda constancia documental, antes de que los contenedores de hormigón se colocaran encima del lugar. Su magnitud tuvo que ser reducida, a juzgar por la superficie contaminada, aunque la presencia de contaminación fija indica que el derrame o filtración no se detectó en su momento o no se descontaminó adecuadamente”. En 2009, el informe atribuyó la actividad radiactiva de ese punto a la “resuspensión de contaminación que se ha depositado en el suelo”.

Asimismo, deja constancia de las acciones correctoras acometidas para la eliminación de la contaminación. “Se escarificaron [agujerearon] unos cinco centímetros de profundidad de asfalto” y “la verificación posterior” arrojó unos valores dentro de los permitidos. Esta vez, en 2017, también se siguió el protocolo previsto: “Se optó por escariar [perforar] unos cinco centímetros del asfalto buscando dónde cesaba la contaminación; llegaron a extraerse unos dos bidones de tierra. Se han rellenado los huecos con tierra y se ha asfaltado encima”, ilustra el acta del inspector del CSN.

El diputado de Unidos-Podemos por Araba, Juantxo López de Uralde, señaló que el cesio es un elemento radiactivo “muy peligroso” y que el CSN alegó en su momento “que el material radiactivo encontrado estaba confinado y sin ningún tipo de salida al exterior”. De hecho, en junio pasado, la formación ecologista Equo de la que es portavoz, presentó una pregunta parlamentaria al Gobierno español para saber si tenía conocimiento de este suceso debido a que, al parecer, no había sido notificado al consejo regulador.

Según Uralde, el CSN contestó que lo tenía todo “bajo control” cuando, a su juicio, el tema estaba bastante oculto: “Esta actuación pone de manifiesto la situación de abandono y dejadez” que rodea a Garoña y que, una vez decidido el cierre de la central nuclear ubicada a pocos kilómetros de la geografía vasca, la situación puede revertir en una relajación de las políticas de seguridad, algo que tildó de “peligroso”.

Fuente: Deia.com

Más info: Garoña mala praxis y desinformación

Nuevo vertido en menos de 3 meses

1989: 60.00 litros de agua radiactiva al Ebro

Vertidos varios

El próximo problema de la central nuclear de Garoña: no hay almacén para tanto uranio

La construcción del Almacén Temporal Individualizado de la planta burgalesa no ha concluido, pero cuando lo haga tampoco será suficiente para tantas toneladas de residuos.

El ministro Álvaro Nadal zanjó ayer el debate sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña anunciando que no renovará la autorización. Ahora comienza otro debate, el de qué hacer con las toneladas de residuos radiactivos que ahora duermen en las piscinas de la planta burgalesa.

Desmantelar por completo una central nuclear es un proceso lento que, en el caso de Garoña, se prolongará entre 13 y 16 años. El ejemplo más cercano -y único- que tenemos del proceso de cierre de una central nuclear completa es la José Cabrera (Zorita, Guadalajara), que comenzó a ser desmontada en 2006 y será definitivamente clausurada en 2019.

El gran problema ahora para Nuclenor, gestores de la planta de Garoña, será que hacer con los residuos de la central, que incluyen el combustible ya empleado en el reactor y que, en total, superan los varios miles de toneladas.

 

Según el Plan de Gestión del Combustible Gastado de C.N. Santa María de Garoña, un documento interno de la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) obtenido por El Confidencial mediante una petición al Portal de Transparencia, la empresa valoraba a finales de 2011 cuatro alternativas sobre qué hacer con el uranio consumido para producir electricidad, todas ellas condicionadas a la construcción del Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas (Cuenca).

Las cuatro opciones

Aunque Enresa se negó a facilitar a este periódico información acerca de la disposición de la piscina o el inventario de combustible gastado, sí que reveló las opciones que en aquel momento -meses antes de que Endesa e Iberdrola decretaran el cese de operaciones- barajaban como vías de gestión: esperar hasta que el ATC estuviera operativo y trasladar allí los residuos directamente desde la piscina, almacenar los residuos en un Almacén Temporal Individualizado, bien parcialmente o en su totalidad, o reprocesar el combustible y enviarlo al emplazamiento de Villar de Cañas.

Aunque la piscina es, en sí misma, un almacén, el propio informe descarta mantener el combustible allí durante un tiempo prolongado: “La solución de utilizar infraestructuras existentes es de viabilidad dudosa“, indica este análisis.

Maqueta del futuro ATI de Garoña (Idom)

A día de hoy, y con la construcción del ATC paralizada, la única opción viable para el uranio de Garoña está en el ATI que lleva construyéndose desde 2012. Fuentes de Nuclenor y de la compañía Idom, empresa encargada de la construcción de esta infraestructura, confirmaban ayer a Teknautas que las obras, cuya finalización estaba prevista para marzo de este año, no han concluido aún. “No puedo precisar una fecha concreta, pero les falta poco”, explicaban desde Idom.

Los problemas del ATI de Garoña

Inicialmente, se contaba con que el ATC de Villar de Cañas estuviera listo para 2017 ó 2018, por lo que el almacén de Garoña estaba previsto para cobijar de forma provisional el combustible de la central. Pese a esto, en el plan de gestión Enresa recomendaba que se solicitara una licencia “para la totalidad del combustible, teniendo en cuenta que el elemento más costoso, que es el propio contenedor, es por principio modular y el esfuerzo de licenciamiento y coste de la infraestructura no varía mucho con el tamaño”.

En septiembre de 2015, el BOE detallaba la declaración de impacto ambiental del ATI de Garoña, uno de los requisitos legales para llevar a cabo el proyecto. En esta disposición se describían las características del futuro almacén: 32 contenedores cilíndricos ENUN 52B con un peso -una vez cargados de combustible- de unas 70 toneladas cada uno. Esto daría una capacidad total de alrededor de 2.256 toneladas, insuficientes ante las 6.079 toneladas de residuos radiactivos previstas por Enresa.

En comparación, la central de Trillo dispone de un ATI con capacidad para 80 contenedores.

Existe además otro problema. Los contenedores ENUN 52B están diseñados para usarse con dos tipos específicos de combustible (GE-6 y GE-7), pero no se indica qué ocurrirá con los otros tipos (GE-4, GE-5, GE-8, GE-10, GE-11 y GE-14) presentes en el reactor. En el caso de Garoña, hay un total de 2.505 elementos de los que solamente 594 son aptos para estos contenedores.

El último acta de inspección realizada por los inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear a la central, del 24 de mayo de 2017, explicaba que el titular de Santa María de Garoña tenía previsto comenzar a cargar en el ATI los primeros cinco contenedores con combustible gastado en el primer semestre de 2018, algo que parece impracticable a fecha de hoy.

Desde el CSN advierten que la historia está lejos de terminar. “Nosotros ni aprobamos ni desaprobamos, sólo somos asesores del gobierno sobre ese ATI”, explican a Teknautas fuentes del consejo. En 2013, el CSN ya emitió un informe favorable a la construcción del almacén, denominado Informe de Ejecución y Montaje, “pero aún nos falta por emitir un segundo documento, que está en fase de evaluación y por tanto no se puede comunicar nada aún sobre el mismo”.

“Informe Preceptivo y Vinculante para la Autorización de la Modificación de la Autorización, así se llama”, indican estas fuentes. De este análisis, de farragoso título y seguro que apasionante contenido, dependerá que en los próximos meses pueda desbloquearse la situación de un desmantelamiento que, según el ministro Nadal, comenzará “inmediatamente”.

A día de hoy, en Santa María de Garoña, no hay almacén para tantos residuos radiactivos.

Fuente: elconfidencial

“El desmantelamiento es un proceso con riesgos”

Juantxo López de Uralde, coportavoz y diputado de EQUO Berdeak ha mostrado su satisfacción por el anuncio del cierre.

Ha expresado su convencimiento de que las demás centrales también se van a clausurar.

La decisión de cerrar la planta nuclear de Garoña, comunicada esta martes por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha dibujado sonrisas entre los miembros de Equo, que llevaban mucho tiempo luchando por ello. Su coportavoz y diputado por Unidos Podemos Juantxo López de Uralde, exlíder de Greenpeace, se mostraba muy satisfecho de que por fin llegara la noticia. “Hoy, por fin, es día de celebración”, comentaba en la Cadena Ser tras conocer la información.

López de Uralde ha considerado la resolución un gran éxito del movimiento nuclear. “Garoña se cierra porque no podía ser de otra manera, la decisión contraria no se habría entendido ni habría sido aceptada por la sociedad”, ha asegurado. Del mismo modo, comentaba que la planta no cumplía las condiciones de seguridad requeridas: “Mantenerla abierta, aunque se cumpliesen las condiciones impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear, era un riesgo para las personas y el medioambiente”.

En sus declaraciones, López de Uralde ha lamentado la demora en el cierre de la central. “Debería haberse cerrado hace mucho tiempo, en la era Zapatero, ya que por aquel entonces estaba ya claro que Garoña no podría funcionar en condiciones seguras”, ha manifestado el portavoz. Sin embargo, no ha limitado la responsabilidad al expresidente socialista: “Por un lado, el miedo de Zapatero a las eléctricas y, por otro, la obsesión por lo nuclear del PP han llevado a que el culebrón se alargue sin sentido”, lamentaba. En su opinión, el hecho de que las eléctricas no considerasen la planta rentable ha sido más importante que la acción gubernamental para el cierre.

El portavoz es consciente de que el cierre da paso a otro proceso que también se presenta largo. “Hay que esperar unos años a que el reactor vaya adquiriendo las condiciones óptimas para comenzar con su desmantelamiento”, explicaba. Además, destaca la necesidad de gestionar de manera segura los residuos. “El problema de la energía nuclear —proseguía— es que el riesgo continúa aun después del cierre de la central. Es un proceso con riesgos y hay que estar alerta”.

“Fin de la pesadilla”

Equo Berdeak plantea el cierre progresivo y más ordenado de las centrales nucleares que se encuentran aún activas. “Las centrales nucleares se van a cerrar sí o sí; se puede hacer de manera ordenada, buscando alternativas energéticas a esas plantas, o, de lo contrario, será por accidentes, de una forma que sería mucho más desgraciada”, ha asegurado. Y ha recalcado la necesidad de aprender de lo ocurrido con Garoña: “Esperamos que este triste episodio sirva de lección para que cuando llegue el momento de cerrar plantas se cierren”.

Ha mostrado también su descontento por la forma en la que se ha gestionado hasta el momento la situación: “Lo de Garoña ha sido un viacrucis, sobre todo para la ciudadanía y los trabajadores, que han estado instalados en la incertidumbre durante un proceso innecesariamente largo y trabajoso”. Aun así, ha advertido un cambio de tendencia: “Con Garoña querían convencernos de que había que alargar la vida de las centrales nucleares, pero han conseguido lo contrario: nos han convencido de que las centrales se van a cerrar y, por lo tanto, hay que planificar ese cierre para que no haya problemas”.

El  portavoz del grupo ecologista, asimismo, se ha mostrado seguro de que esta es la definitiva. “Ha sido un proceso muy largo, con el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, procesos de consultas del Ministerio de Industria, pero esta vez Garoña se cierra, fin de la pesadilla”, ha asegurado.

Iberdrola y Endesa no alcanzan un acuerdo en Nuclenor sobre el futuro de Garoña

El consejo de administración de Nuclenor, celebrado el pasado miércoles, volvió a vivir un nuevo episodio de bloqueo respecto a la posibilidad de adoptar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña ante la falta de acuerdo entre Iberdrola y Endesa, los propietarios al 50% de la sociedad dueña de la planta.

El órgano gestor de Nuclenor había convocado una nueva reunión con el objetivo de consensuar una posición que presentar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, dentro del periodo de alegaciones abierto por el Gobierno español que expira la próxima semana, pero, una vez más, fue imposible el acuerdo entre sus dos accionistas.

En concreto, Iberdrola, en el primer punto del orden del día del consejo, propuso la presentación inmediata del desestimiento de la autorización de reapeartura de Garoña, al considerar que «no cabe ninguna otra alternativa a la viabilidad económica de Nuclenor que el desestimiento», según fuentes empresariales citadas por Europa Press.

Esta propuesta de presentar el desestimiento inmediato al Ministerio de Energía surge de un escrito consensuado entre ambas compañías basado en esta «inviabilidad económica» de Nuclenor, indican las mismas fuentes.

Sin embargo, Endesa planteó, en un segundo punto del orden del día, la presentación de alegaciones, dentro del proceso abierto por el Ministerio de Energía, una propuesta que Iberdrola consideró que no resultaba «jurídicamente viable», ya que puede abocar a que el Ejecutivo conceda la renovación de la central nuclear.

De todas maneras, Nuclenor tendrá siempre el veredicto final sobre el futuro de Garoña sea cual sea la decisión de Madrid. En todo caso, no podrá desviarse del informe aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 8 de febrero, que permitía la continuidad de la central nuclear con una serie de condiciones, que supondría unas inversiones calculadas en unos 200 millones, según informó este viernes el diario ‘Cinco Días’.

Diferencias en Nuclenor

Este no es el primer distanciamiento en el seno de Nuclenor entre ambas compañías. Ya el pasado mes de abril, la sociedad celebró un consejo y una junta general en la que Iberdrola planteó desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación, sin que se llegara a un acuerdo.

El distanciamiento entre Iberdrola y Endesa ha quedado más que manifiesto en los últimos tiempos en las figuras de sus respectivos presidentes, Ignacio Sánchez Galán y Borja Prado.

Así, en la pasada junta general de accionistas de Iberdrola, Galán ya denunció que en las actuales condiciones el negocio nuclear no era viable.

Por su parte, Prado también ha dejado clara la posición de Endesa respecto a Garoña al insistir en que esperarían a conocer la postura del Gobierno tras el periodo de consultas abierto antes de tomar una decisión definitiva sobre la central nuclear.

Alegaciones del Parlamento

Por su parte, el Parlamento de Gasteiz ha presentado sus alegaciones a la resolución del CSN que posibilita la reapertura de la central, según ha informado EH Bildu en un comunicado.

La coalición ha recordado que el pleno de la Cámara aprobó el pasado 6 de abril una proposición no de Ley sobre la necesidad de interponer recurso ante la resolución del CSN que posibilita la reapertura de la central nuclear de Garoña y los acuerdos y órdenes del Ministerio que puedan derivarse en este sentido.

Según ha detallado, el segundo punto de este acuerdo recogía el compromiso del Parlamento de «emplear todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura de la central nuclear de Garoña».

En este sentido, acordó interponer recurso a la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear de 8 de febrero de 2017 que posibilita la reapertura de Garoña.

«Con ese fin los servicios jurídicos de la Cámara presentarán tal recurso en el órgano correspondiente, para anular la citada resolución», señalaba el texto aprobado.

EH Bildu ha anunciado que este viernes 21 de julio, al finalizar el plazo, el Parlamento ha presentado sus alegaciones a la resolución del CSN.

Castilla y León

Por otro lado, la Junta de Castilla y León ha pedido en sus alegaciones al Ministerio la continuidad de Garoña y que sea hasta el 2031, para que se puedan amortizar las inversiones que exige el CSN para su puesta en marcha.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha detallado en declaraciones a los periodistas que con la premisa de la seguridad avalada en el informe del CSN, su apuesta es la continuidad de una central que hoy por hoy «no tiene alternativa» en la zona y que además de cerrarse permanentemente supondría «un lastre grande» en la economía regional y estatal.

Del Olmo ha recordado que la central genera seiscientos empleos directos y en momentos puntuales, en recargas de combustible y revisiones llega hasta el millar, y no tiene «un plan alternativo» en la zona del valle burgalés de Tobalina.

También ha esgrimido la Junta en sus alegaciones razones de competitividad tanto estatal como regional, ya que la energía nuclear es más barata que la de ciclo combinado de gas, y dejar de disponer de ese recurso puede hacer que «suba el precio del mercado de la electricidad».

La consejera de Economía y Hacienda ha sostenido que la división dentro de los dos propietarios de Nuclenor sobre la continuidad o no de la actividad de la central es algo «ajeno» a la Junta, ya que es el Ministerio el que debe decidir sobre el asunto.

Fuente:  naiz.eus

La Junta de Castilla y León y ENDESA las únicas que quieren Garoña

La Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones en defensa de la continuidad de la central Nuclear de Santa María de Garoña hasta 2031 porque, como ha manifestado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha garantizado su seguridad y hasta esa fecha que amortizarían las inversiones exigidas por este organismo.

Estos argumentos centran las alegaciones que la Junta ha remitido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, quien abrió el pasado 11 de julio el plazo para que once administraciones pudieran remitir sus argumentos para decidir el futuro de la central. Dichas entidades son el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Navarra, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno de La Rioja, la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Ecologistas en Acción Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.

Del Olmo ha aclarado que la Junta ha remitido sus alegaciones ayer mismo con su “posición favorable” a la continuidad de la explotación de la central, ya que, como ha defendido en declaraciones recogidas por Europa Press, de no ser así “la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles”.

La seguridad de Garoña siempre ha sido cuestionada

De este modo, la consejera ha detallado que uno de los argumentos esgrimido a través de estas alegaciones es la carencia de un plan alternativo económico a la central que abarque todo su área de influencia, a lo que se suma las conclusiones extraídas del informe del Consejo de Seguridad Nuclear que garantiza la seguridad del centro siempre que se haga una serie de inversiones adicionales que, según los cálculos de la Consejería, estarían amortizadas en 2031.

Del Olmo ha asegurado que en el documento remitido por la Junta al Ministerio se detalla también la importancia de este tipo de energía para la economía nacional y ha recordado que su cierre supondría además daños a otras fuentes energéticas autóctonas como el uranio que sirve de combustible para la central.

Asimismo, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta ha aprovechado sus alegaciones para defender también la energía producida a través del carbón autóctono, alternativa energética “más barata” junto a la nuclear, con lo que la supresión de ambas supondría un “lastre grande a la economía nacional”. “Defendemos el mantenimiento de la central siempre que haya seguridad para las personas”, ha concluido Del Olmo, quien ha insistido en que es la principal fuente de empleo en el valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, ya que en la central trabajan unas 600 personas que pueden llegar a 1.000 cuando está a pleno rendimiento.

GAROÑA PROVOCA PARO

Lo que Del Olmo no explica es que Garoña es el principal lastre de la comarca. El colegio de Economistas de Burgos ya señaló que la comarca afectada por Garoña tenía la mayor tasa de paro de todo Burgos.

Fuente:   20minutos.es

Los vertidos de garoña y las grietas cuestionan sus pretendida seguridad.

Técnicos del CSN denuncian el oscurantismo para reabrir Garoña

Garoña auyenta el resto de inversiones