La Junta de Castilla y León abre la consulta para crear un impuesto a Garoña sobre el depósito de residuos nucleares

Se pueden realizar aportaciones hasta las 14 horas del próximo 7 de marzo.

Afirma que cumple el mandato de las Cortes y que la recaudación se destinará a inversiones en la comarca, tras el cierre de la planta

Este impuesto no lo puso cuando los residuos dependian de ENDESA e Iberdola pero si ahora que dependerán de la empresa pública ENRESA

La Junta somete a consulta previa el procedimiento para la elaboración de una ley que establezca un impuesto que grave el almacenamiento de los elementos combustibles gastados en las instalaciones de la central nuclear de Garoña y cuya recaudación sirva para financiar actuaciones de reindustrialización e inversión en los municipios de la comarca situada en el entorno de la planta.

En concreto, la Junta ha colgado en el Portal del Gobierno Abierto el procedimiento para la elaboración de la Ley de modificación del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos para incluir un impuesto sobre el depósito de residuos nucleares.

Con esta medida, explica el Ejecutivo se pretende solucionar el problema que el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña ha supuesto en una pérdida de actividad económica y empleo en los municipios de la comarca situada en el entorno de la instalación.

Para afrontar esta situación, se recuerda en la consulta previa, las Cortes de Castilla y León aprobaron en su sesión de 6 de septiembre de 2017 una proposición no de ley en la instan a la Junta de Castilla y León a estudiar la implantación de un tributo medio ambiental con el compromiso de que la posible recaudación se destine a la reindustrialización e inversión en la zona.

Así, centra la necesidad y oportunidad de este tributo en que la central nuclear ha iniciado un proceso de desmantelamiento en el cual se prevé que los elementos combustibles gastados derivados de su actividad se mantengan almacenados en las instalaciones de la planta. Por ello, subraya que resulta «oportuno» establecer un impuesto basado en el impacto medioambiental del depósito de estos elementos combustibles.

Fuente:  burgosconecta

La comarca de Garoña abandonada a su suerte.

Ningún plan económico, ni ayudas de la Junta de Castilla y León o Madrid.

Ecologistas exigen vigilar el cauce del Ebro.

La central sigue 5 años después en la fase previa a su desmantelamiento.

ENDESA e Iberdrola se han lucrado durante 45 años mientras el norte de España ha dispuesto de energía eléctrica para su desarrollo a un coste competitivo.

Ahora la comarca de Garoña recoge su herencia en forma de una despoblación y un abandono económico casi completos.

Sobre el Valle de Tobalina, rodeado por 2 Parques Naturales, atravesado por el rio Ebro y colindante a la ciudad medieval de Frias, han planeado varias amenazas en los últimos 10 años. Sólo la tenacidad de sus habitantes y veraneantes han conseguido parar la autopista AP69, una incineradora de neumáticos, un permiso de fracking … y esperemos que tambien una cantera que pretende establecer la empresa Yarritu de Miranda de Ebro.

El reactor central de Garoña fué detenido hace cinco años. A las 22.57 horas del 16 de diciembre de 2012, en concreto. Después de 42 años se desenganchaba de la red eléctrica, aunque hasta agosto de este año no se ha apagado el espíritu de esta planta nuclear levantada a 5 kilómetros de suelo vasco. Un lustro en el que estas instalaciones localizadas en el valle burgalés de Tobalina continúan estancadas en la fase previa a su desmantelamiento que según algunas voces expertas, no arrancará hasta 2020;y eso si los plazos son respetados. Y que, como mínimo, se extenderá durante cerca de siete años.

Al finalizar todo el proceso, allá por 2033, los terrenos ocupados a orillas del Ebro deberían quedar completamente liberados de cualquier fuente contaminante y ser destinados “a cualquier uso sin restricciones derivadas de la presencia de radiaciones ionizantes debidas a la operación de la central” ilustra Fernando Legarda, jefe del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la UPV/EHU. A juicio de este experto, ese horizonte de 2033 “es coherente” con lo realizado en el desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera [más conocida como Zoritapor estar ubicada en Almonacid de Zorita, en Guadalajara, al paso del río Tajo] “donde no ha habido paradas en el proceso”.

Los grupos ecologistas no han quitado ojo a todo lo ocurrido en la central en las cuatro últimas décadas. Por eso, como subrayaban desde el Foro contra Garoña, una vez ganada la primera batalla [el cierre] viene la segunda “que es larga y también difícil”: el desmantelamiento. En este sentido, reclaman que tanto la Diputación Foral de Araba como el Gobierno vasco “hagan directamente controles periódicos en el Ebro para asegurar que no haya ningún escape radiactivo”. Además, solicitan que en la web del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se informe debidamente y en tiempo de los procesos del trabajo a realizar: datos técnicos, plazos, periodicidad de los informes de control y tipo de mediciones…

La ‘basura nuclear’Y, por supuesto, que no se deje ningún residuo en las instalaciones de Santa María de Garoña. Los trabajos previos al desmantelamiento de esta planta, que ha visto reducida su plantilla a base de prejubilaciones (50) y recolocaciones (68), siguen su curso antes de que en 2020 la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) tome el testigo de los trabajos, un proceso que incluirá la custodia de la popularmente llamada basura nuclear. Residuos que, al menos en parte, habrían comenzado a ser trasladados en los últimos tiempos al cementerio nuclear de El Cabril, ubicado en la localidad cordobesa de Hornachuelos, lo que ha derivado en la solicitud de una investigación a la Comisión Europea por parte de Izquierda Unida-Andalucía.

El coste del predesmantelamiento que realizará Nuclenor los próximos tres años se calcula que tendrá un coste de unos 150 millones de euros, a los que se sumarán otros 200 más para el desmantelamiento definitivo si se tiene en cuenta como referencia el coste de las nucleares ya desmanteladas. En paralelo, se encuentra en el aire el futuro de la zona de influencia de Garoña, pendiente de un plan de reactivación que viene demandándose ya desde hace años. El Parlamento Vasco exigía a finales de octubre que el Ministerio de Energía y las empresas propietarias de Garoña comiencen “sin más demora, el procedimiento administrativo y técnico para las labores de desmantelamiento” de esta central.

La Cámara Vasca quiere que el proceso de desmantelamiento se lleve a cabo garantizando la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente. Además ha reclamado al Ejecutivo de Rajoy que ejecute un plan de reactivación económica en la comarca que incluya también a los municipios vascos afectados, en el que participen el Gobierno vasco y la institución foral alavesa. Precisamente la Diputación gobernada por el PNV aprobaba hace un par de meses un texto que instaba a que el desmantelamiento de la central “transcurra con transparencia tanto en la descontaminación de la zona y en la gestión de los residuos radiactivos”.

El ATC importaEl combustible gastado, describía Legarda, será retirado de la piscina de Garoña para ser ubicado “en contenedores en seco” que se alojarán en el Almacén Temporal Individual (ATI) de la central hasta que sea trasladado al Almacén Temporal Centralizado (ATC) que se construye en Villar de Cañas, Cuenca. Los residuos de media, baja y muy baja actividad serán, en principio, remitidos al almacén que Enresa dispone en El Cabril. Eso sí, el retraso acumulado en el proyecto del ATC corre en contra del desmantelamiento de Garoña. En opinión del docente de la UPV/EHU, “que se prolongue la estancia del combustible gastado y residuos de alta actividad en el ATI de la central”.

Desde la plataforma Foro contra Garoña insisten en la necesidad de controlar el proceso de desarme de la planta nuclear a fin de evitar vertidos al Ebro y “eliminar todo riesgo de fuga radiactiva”. “No es un tema que permita márgenes de riesgo alguno ya que lo que se juega es la salud de población y de nuestros recursos naturales”, entonan al tiempo que añaden a su lista de requerimiento: “Ni que los residuos se queden ahí para siempre”.

La cifra 119

El trabajo y actividad en el interior de Garoña continúa después de que el Ministerio certificara que la central nuclear no volverá a entrar en funcionamiento y marcara el comienzo de la fase previa al largo y costoso desmantelamiento del recinto. Como consecuencia de esa decisión, para los 226 trabajadores de Garoña (no los miles que decían las empresas), el reglamento de funcionamiento, aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), establece que “el número mínimo de trabajadores que deben permanecer en el recinto en la fase de predesmantelamiento son 108 personas”. “Se ha optado por situar la cifra en 119 trabajadores en la actualidad y contar con un colchón de once más de los que marca la normativa por temas organizativos”, indicaban.

Fuente: deia.com

IU pedirá a la UE que “vigile” a España en el traslado de los residuos nucleares de Garoña

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado hoy en Córdoba que pedirá a la Unión Europea (UE) que “vigile” al Gobierno de España en el traslado de residuos nucleares desde Garoña (Burgos) hasta el almacén de El Cabril (Hornachuelos, Córdoba).

“Tenemos que tomar medidas urgentes” ha declarado en conferencia de prensa Maíllo, quien ha indicado que “Andalucía no puede consentir convertirse en el vertedero nuclear de toda la Península Ibérica” por lo que ya que el Ejecutivo mantiene una postura de “oscurantismo y opacidad”, es necesario “hacer una envolvente a través de Bruselas para conocer qué está pasando”.

IU forma parte junto a Ecologistas en Acción, Equo, Podemos y otras organizaciones de una plataforma antinuclear constituida el 16 de noviembre, cuando se reunieron en el I Encuentro contra el cementerio Nuclear El Cabril y acordaron movilizaciones y medidas para frenar la ampliación del almacén de Enresa en Córdoba, algo que llevan demandando “desde hace 30 años, el desmatelamiento de los cementerios nucleares” ha recordado Maíllo.

La hoja de ruta es la petición de explicaciones a la Comisión de Medio Ambiente de la CE y la invitación del comisario de Energía y Cambio Climático, el español Manuel Arias Cañete, a que visite las instalaciones del almacén de residuos de baja y media intensidad de El Cabril, donde “se está produciendo una sutil estrategia de traslado de material radiactivo de la recién cerrada central nuclear de Garoña”.

Maíllo ha indicado que va a solicitar una visita de la plataforma antinuclear constituida en Córdoba el mes pasado y que integra a activistas de Extremadura y Andalucía para que “también puedan explicar en el Parlamento Europeo la situación que se está viviendo en España” y que, a juicio del coordinador general de IU en Andalucía “trasciende al cumplimiento de directivas europeas que prevalecen en las políticas medioambientales”.

“Necesitamos saber qué está pasando y qué planes tiene el Gobierno de España”, ha insistido Maíllo, que también ha criticado la posición de Enresa, a quien ha acusado de “no facilitar información por escrito más allá de las reuniones que mantiene con los alcaldes de los municipios colindantes a El Cabril”.

A su juicio, “también se ha evidenciado que la Junta de Andalucía no se mueve” pues ha sido tras la constitución de la plataforma antinuclear en la reunión del 16 de noviembre en la localidad cordobesa de Peñarroya, cuando el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal López ha pedido explicaciones al Gobierno Central.

Es algo que Maíllo “celebra” pero que, como temen que “no van a decir nada”, acuden directamente a la Unión Europea para confirmar el traslado de residuos de una central a otra, informar de la ampliación prevista en El Cabril y saber cómo se van a gestionar todos los residuos que se emiten en España y Portugal.

Fuente: eldiario.es

Denuncian el almacenamiento de residuos no autorizados de la planta de Juzbado en Córdoba

Área de contenedores de la fábrica de Enusa en Juzbado.

Se trata de material radiactivo de la fábrica de Enusa de una vida radiactiva mayor de lo que debe para ese cementerio nuclear

La Asociación de Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear han denunciado en un comunicado que el almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad de El Cabril (Hornachuelos) “ha recibido óxidos de uranio de la fábrica de Enusa en Juzbado que no está autorizado para almacenar”, y sospechan que este hecho busca justificar una “posible ampliación sin sentido” de la instalación.

Para estos colectivos, se ha vulnerado la limitación de aceptar exclusivamente residuos que no superen hasta 300 años de vida radiactiva. Y el óxido de uranio tiene “una vida de millones de años”, señalan.

Además, recuerdan que “el cementerio nuclear de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril se encuentra al 70 por ciento de su capacidad, cuando quedan por desmantelar ocho de las diez centrales nucleares que se construyeron en España”.

Esta llegada de residuos no autorizados, según los ecologistas, se ha dado a conocer tras la publicación del Informe al Congreso del Consejo de Seguridad Nuclear de 2015. “Enresa depositó durante ese año en El Cabril algo más de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca). Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear, que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años, y no admite emisores de partículas alfa”, indican los ecologistas.

La presencia de estos residuos dificultará el desmantelamiento de El Cabril, que debería producirse 300 años después de su clausura. Al recibir esos residuos de la planta de Juzbado podría utilizarse como “justificación para ampliar este cementerio nuclear, en lugar de buscar otro emplazamiento más adecuado para el necesario almacenamiento de este tipo de residuos radiactivos. La ampliación evitaría así el necesario traslado de esos residuos, que incumplen las normas de seguridad de un cementerio para residuos de media y baja actividad”, señalan los ecologistas.

Fuente:  lacronicadesalamanca.com/183918-denuncian-el-almacenamiento-de-residuos-no-autorizados-de-la-planta-de-juzbado-en-cordoba/

Una inspección en Garoña halla un vertido de cesio

El material radiactivo fue localizado el 20 de junio bajo unos contenedores que no habían sido movidos desde 2009
Pudo haberse producido “hace muchos años”

Nada hacía suponer que la retirada de tres contenedores de hormigón emplazados desde 2009 junto al almacén temporal de bidones y residuos destaparía una huella sospechosa en el suelo. Apenas era una superficie de dos metros cuadrados en un suelo “irregular”, pero el rastro advertido por el inspector del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que este pasado mes de junio cursaba la inspección habitual impuso la necesidad de hacer una cata sobre el terreno: era cesio-137, un material radiactivo que, según queda reflejado en la última acta del organismo regulador, podría haber sido derramado hace varios años.

Ninguna de las periódicas rondas y pases de revista de las instalaciones pudo comprobar en este tiempo la existencia de este vertido y sus posibles consecuencias. De hecho, no hay nada claro sobre los restos hallados. El documento oficial levantado por el inspector detalla que una vez confirmada la presencia de cesio-137, primero con contaminómetros portátiles y luego con el correspondiente análisis por espectometría, procedió a revisar los resultados de la vigilancia radiológica del emplazamiento correspondientes a 2009.

Fue entonces cuando comprobó que ese año fue detectada “actividad en tres puntos” cerca del lugar donde el pasado 20 de junio saltaron las alarmas. En aquel entonces tampoco fue posible acceder a esa zona al encontrarse ya “cubierto por los contenedores de hormigón” movidos hace unos meses. No obstante, esta última acta de inspección aclara que “aunque cercanos al punto detectado actualmente, no es posible establecer que los puntos detectados en el año 2009 tuviesen el mismo origen”. En cualquier caso, tal y como aparece escrito en el informe, el rastro de contaminación no podía proceder de esos contenedores de hormigón situados encima, sin tocar el suelo directamente.

Sin constancia documental “Aparentemente -describe el inspector- se trata del rastro dejado por un incidente de derrame de residuo producido hace muchos años del que no queda constancia documental, antes de que los contenedores de hormigón se colocaran encima del lugar. Su magnitud tuvo que ser reducida, a juzgar por la superficie contaminada, aunque la presencia de contaminación fija indica que el derrame o filtración no se detectó en su momento o no se descontaminó adecuadamente”. En 2009, el informe atribuyó la actividad radiactiva de ese punto a la “resuspensión de contaminación que se ha depositado en el suelo”.

Asimismo, deja constancia de las acciones correctoras acometidas para la eliminación de la contaminación. “Se escarificaron [agujerearon] unos cinco centímetros de profundidad de asfalto” y “la verificación posterior” arrojó unos valores dentro de los permitidos. Esta vez, en 2017, también se siguió el protocolo previsto: “Se optó por escariar [perforar] unos cinco centímetros del asfalto buscando dónde cesaba la contaminación; llegaron a extraerse unos dos bidones de tierra. Se han rellenado los huecos con tierra y se ha asfaltado encima”, ilustra el acta del inspector del CSN.

El diputado de Unidos-Podemos por Araba, Juantxo López de Uralde, señaló que el cesio es un elemento radiactivo “muy peligroso” y que el CSN alegó en su momento “que el material radiactivo encontrado estaba confinado y sin ningún tipo de salida al exterior”. De hecho, en junio pasado, la formación ecologista Equo de la que es portavoz, presentó una pregunta parlamentaria al Gobierno español para saber si tenía conocimiento de este suceso debido a que, al parecer, no había sido notificado al consejo regulador.

Según Uralde, el CSN contestó que lo tenía todo “bajo control” cuando, a su juicio, el tema estaba bastante oculto: “Esta actuación pone de manifiesto la situación de abandono y dejadez” que rodea a Garoña y que, una vez decidido el cierre de la central nuclear ubicada a pocos kilómetros de la geografía vasca, la situación puede revertir en una relajación de las políticas de seguridad, algo que tildó de “peligroso”.

Fuente: Deia.com

Más info: Garoña mala praxis y desinformación

Nuevo vertido en menos de 3 meses

1989: 60.00 litros de agua radiactiva al Ebro

Vertidos varios

El próximo problema de la central nuclear de Garoña: no hay almacén para tanto uranio

La construcción del Almacén Temporal Individualizado de la planta burgalesa no ha concluido, pero cuando lo haga tampoco será suficiente para tantas toneladas de residuos.

El ministro Álvaro Nadal zanjó ayer el debate sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña anunciando que no renovará la autorización. Ahora comienza otro debate, el de qué hacer con las toneladas de residuos radiactivos que ahora duermen en las piscinas de la planta burgalesa.

Desmantelar por completo una central nuclear es un proceso lento que, en el caso de Garoña, se prolongará entre 13 y 16 años. El ejemplo más cercano -y único- que tenemos del proceso de cierre de una central nuclear completa es la José Cabrera (Zorita, Guadalajara), que comenzó a ser desmontada en 2006 y será definitivamente clausurada en 2019.

El gran problema ahora para Nuclenor, gestores de la planta de Garoña, será que hacer con los residuos de la central, que incluyen el combustible ya empleado en el reactor y que, en total, superan los varios miles de toneladas.

 

Según el Plan de Gestión del Combustible Gastado de C.N. Santa María de Garoña, un documento interno de la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) obtenido por El Confidencial mediante una petición al Portal de Transparencia, la empresa valoraba a finales de 2011 cuatro alternativas sobre qué hacer con el uranio consumido para producir electricidad, todas ellas condicionadas a la construcción del Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas (Cuenca).

Las cuatro opciones

Aunque Enresa se negó a facilitar a este periódico información acerca de la disposición de la piscina o el inventario de combustible gastado, sí que reveló las opciones que en aquel momento -meses antes de que Endesa e Iberdrola decretaran el cese de operaciones- barajaban como vías de gestión: esperar hasta que el ATC estuviera operativo y trasladar allí los residuos directamente desde la piscina, almacenar los residuos en un Almacén Temporal Individualizado, bien parcialmente o en su totalidad, o reprocesar el combustible y enviarlo al emplazamiento de Villar de Cañas.

Aunque la piscina es, en sí misma, un almacén, el propio informe descarta mantener el combustible allí durante un tiempo prolongado: “La solución de utilizar infraestructuras existentes es de viabilidad dudosa“, indica este análisis.

Maqueta del futuro ATI de Garoña (Idom)

A día de hoy, y con la construcción del ATC paralizada, la única opción viable para el uranio de Garoña está en el ATI que lleva construyéndose desde 2012. Fuentes de Nuclenor y de la compañía Idom, empresa encargada de la construcción de esta infraestructura, confirmaban ayer a Teknautas que las obras, cuya finalización estaba prevista para marzo de este año, no han concluido aún. “No puedo precisar una fecha concreta, pero les falta poco”, explicaban desde Idom.

Los problemas del ATI de Garoña

Inicialmente, se contaba con que el ATC de Villar de Cañas estuviera listo para 2017 ó 2018, por lo que el almacén de Garoña estaba previsto para cobijar de forma provisional el combustible de la central. Pese a esto, en el plan de gestión Enresa recomendaba que se solicitara una licencia “para la totalidad del combustible, teniendo en cuenta que el elemento más costoso, que es el propio contenedor, es por principio modular y el esfuerzo de licenciamiento y coste de la infraestructura no varía mucho con el tamaño”.

En septiembre de 2015, el BOE detallaba la declaración de impacto ambiental del ATI de Garoña, uno de los requisitos legales para llevar a cabo el proyecto. En esta disposición se describían las características del futuro almacén: 32 contenedores cilíndricos ENUN 52B con un peso -una vez cargados de combustible- de unas 70 toneladas cada uno. Esto daría una capacidad total de alrededor de 2.256 toneladas, insuficientes ante las 6.079 toneladas de residuos radiactivos previstas por Enresa.

En comparación, la central de Trillo dispone de un ATI con capacidad para 80 contenedores.

Existe además otro problema. Los contenedores ENUN 52B están diseñados para usarse con dos tipos específicos de combustible (GE-6 y GE-7), pero no se indica qué ocurrirá con los otros tipos (GE-4, GE-5, GE-8, GE-10, GE-11 y GE-14) presentes en el reactor. En el caso de Garoña, hay un total de 2.505 elementos de los que solamente 594 son aptos para estos contenedores.

El último acta de inspección realizada por los inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear a la central, del 24 de mayo de 2017, explicaba que el titular de Santa María de Garoña tenía previsto comenzar a cargar en el ATI los primeros cinco contenedores con combustible gastado en el primer semestre de 2018, algo que parece impracticable a fecha de hoy.

Desde el CSN advierten que la historia está lejos de terminar. “Nosotros ni aprobamos ni desaprobamos, sólo somos asesores del gobierno sobre ese ATI”, explican a Teknautas fuentes del consejo. En 2013, el CSN ya emitió un informe favorable a la construcción del almacén, denominado Informe de Ejecución y Montaje, “pero aún nos falta por emitir un segundo documento, que está en fase de evaluación y por tanto no se puede comunicar nada aún sobre el mismo”.

“Informe Preceptivo y Vinculante para la Autorización de la Modificación de la Autorización, así se llama”, indican estas fuentes. De este análisis, de farragoso título y seguro que apasionante contenido, dependerá que en los próximos meses pueda desbloquearse la situación de un desmantelamiento que, según el ministro Nadal, comenzará “inmediatamente”.

A día de hoy, en Santa María de Garoña, no hay almacén para tantos residuos radiactivos.

Fuente: elconfidencial

“El desmantelamiento es un proceso con riesgos”

Juantxo López de Uralde, coportavoz y diputado de EQUO Berdeak ha mostrado su satisfacción por el anuncio del cierre.

Ha expresado su convencimiento de que las demás centrales también se van a clausurar.

La decisión de cerrar la planta nuclear de Garoña, comunicada esta martes por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha dibujado sonrisas entre los miembros de Equo, que llevaban mucho tiempo luchando por ello. Su coportavoz y diputado por Unidos Podemos Juantxo López de Uralde, exlíder de Greenpeace, se mostraba muy satisfecho de que por fin llegara la noticia. “Hoy, por fin, es día de celebración”, comentaba en la Cadena Ser tras conocer la información.

López de Uralde ha considerado la resolución un gran éxito del movimiento nuclear. “Garoña se cierra porque no podía ser de otra manera, la decisión contraria no se habría entendido ni habría sido aceptada por la sociedad”, ha asegurado. Del mismo modo, comentaba que la planta no cumplía las condiciones de seguridad requeridas: “Mantenerla abierta, aunque se cumpliesen las condiciones impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear, era un riesgo para las personas y el medioambiente”.

En sus declaraciones, López de Uralde ha lamentado la demora en el cierre de la central. “Debería haberse cerrado hace mucho tiempo, en la era Zapatero, ya que por aquel entonces estaba ya claro que Garoña no podría funcionar en condiciones seguras”, ha manifestado el portavoz. Sin embargo, no ha limitado la responsabilidad al expresidente socialista: “Por un lado, el miedo de Zapatero a las eléctricas y, por otro, la obsesión por lo nuclear del PP han llevado a que el culebrón se alargue sin sentido”, lamentaba. En su opinión, el hecho de que las eléctricas no considerasen la planta rentable ha sido más importante que la acción gubernamental para el cierre.

El portavoz es consciente de que el cierre da paso a otro proceso que también se presenta largo. “Hay que esperar unos años a que el reactor vaya adquiriendo las condiciones óptimas para comenzar con su desmantelamiento”, explicaba. Además, destaca la necesidad de gestionar de manera segura los residuos. “El problema de la energía nuclear —proseguía— es que el riesgo continúa aun después del cierre de la central. Es un proceso con riesgos y hay que estar alerta”.

“Fin de la pesadilla”

Equo Berdeak plantea el cierre progresivo y más ordenado de las centrales nucleares que se encuentran aún activas. “Las centrales nucleares se van a cerrar sí o sí; se puede hacer de manera ordenada, buscando alternativas energéticas a esas plantas, o, de lo contrario, será por accidentes, de una forma que sería mucho más desgraciada”, ha asegurado. Y ha recalcado la necesidad de aprender de lo ocurrido con Garoña: “Esperamos que este triste episodio sirva de lección para que cuando llegue el momento de cerrar plantas se cierren”.

Ha mostrado también su descontento por la forma en la que se ha gestionado hasta el momento la situación: “Lo de Garoña ha sido un viacrucis, sobre todo para la ciudadanía y los trabajadores, que han estado instalados en la incertidumbre durante un proceso innecesariamente largo y trabajoso”. Aun así, ha advertido un cambio de tendencia: “Con Garoña querían convencernos de que había que alargar la vida de las centrales nucleares, pero han conseguido lo contrario: nos han convencido de que las centrales se van a cerrar y, por lo tanto, hay que planificar ese cierre para que no haya problemas”.

El  portavoz del grupo ecologista, asimismo, se ha mostrado seguro de que esta es la definitiva. “Ha sido un proceso muy largo, con el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, procesos de consultas del Ministerio de Industria, pero esta vez Garoña se cierra, fin de la pesadilla”, ha asegurado.