“Investigación comprada: cómo Monsanto ha influenciado a los científicos”.


Un toxicólogo publica un ensayo sobre los riegos del glifosato, que provocó cartas críticas de los lectores.
Posteriormente se descubrió que la acción de protesta fue aparentemente planeada por la empresa.
Más tarde el artículo fue retirado.

Primero llegó una carta, después una segunda y finalmente hasta 25. Los remitentes procedían de 14 países, y después de todo (como se puede deducir de los documentos de un proeso judicial en California), aterrizaron las 25 cartas sobre la mesa de la revista especializada “Food and Chemical Toxicology” (FCT), y no por accidente. Al contrario: detrás de las cartas estaba aparentemente Monsanto, con el objetivo de confundir el estudio de un científico, en el cual se hablaba de los riesgos de Roundup, un fitosanitario de Monsanto que contiene sobre todo Glifosato.

Esta investigación crítica fue elaborada por el toxicólogo francés Gilles-Eric Séralini. Mediante estudios alimenticios con ratas descubrió algo preocupante: los animales que consumían maíz rociado con Roundup enfermaban antes y con mayor probabilidad de cáncer que los animales sin Roundup en la comida. El trabajo de Séralinis se publicó el 19 de Septiembre de 2012, antes de que el trabajo siguiera el proceso de evaluación usual a través de otros científicos (el proceso llamado “Peer Review”). Pero justo antes de la publicación, científicos afines al glifosato desataron una tormenta.

Indudablemente el estudio tenía algunos defectos, pero la magnitud de la indignación no era proporcional a los mismos. Y aparentemente no fue por accidente, como se demuestra en unos documentos desconocidos hasta ahora del proceso judicial: Monsanto había impulsado una iniciativa coordinada de cartas de lectores con auda de Wallace Hayes, el redactor jefe de la revista por aquel entonces. “Wally”, como se nombraba a Hayes en los e-mails de Monsanto, necesitaba inmediatamente reacciones concretas de los lectores para poder hacer algo al respecto, de acuerdo a un e-mail del empleado de Monsanto David Saltmiras del 26 de Septiembre de 2012. Más de un año después, Hayes retiró el documento de Séralini, distanciando también a la revista de la publicación. Hayes argumentó el hecho en la marea de cartas y las críticas en ellas descritas acerca de la metodología.

Los documentos que demuestran todo esto han llegado al Süddeutsche Zeitung y al canal de televisión WDR. Proceden del mayor proceso judicial que se ha abierto contra Monsanto por el glifosato: 3.500 afectados han interpuesto demandas conjuntas contra la empresa al considerarse víctimas del glifosato. Entre los demandantes se encuentran muchos agricultores que han desarrollado un “linfoma No Hodgkin”, lo que implica que tienen o han tenido cáncer linfático.

El proceso judicial gira en torno a una pregunta: ¿Tiene la empresa Monsanto (a la cual quiere comprar el grupo Bayer) indicios de riesgos críticos acerca de Roundup que hayan sido ignorados o escondidos? Monsanto rechaza las acusaciones. “Cualquiera que mantenga esas afirmaciones está mal informado o se está dando información falsa a sabiendas”, dice Scott Partridge, vicepresidente de Estrategia Global.

“Todos nuestros productos y sus componentes han sido totalmente evaluados y son seguros para el uso”. Enfatiza que ningún organismo regulatorio ha demostrado que el glifosato produzca cáncer, incluyendo IARC, el gremio de investigadores sobre el cáncer de la OMS. Este gremio había elevado el nivel del glifosato a “posiblemente cancerígeno” a principios de 2015. El gremio está reconocido mundialmente como la instancia más importante en investigación acerca del cáncer. Partridge opina sin embargo que el IARC no es fiable.

El abogado Michael Baum, cuyo despacho representa a unos 500 demandantes en California, lo ve de otra manera. Acusa a Monsanto de “influencia injustificable en artículos científicos y de investigación” y habla en este sentido de “fraude” y “ocultación de riesgos”. Un reproche que Monsanto niega.

En cualquier caso, el hecho es que en las actas judiciales de California hay un papel que procede del expediente personal de Saltmiras, empleado de Monsanto. En él reclama su parte en el hecho de que la revista FCT haya retirado el artículo del toxicólogo francés: “Durante la publicación de Séralini y la campaña en los medios preparé una conexión con el editor”, escribe Saltmiras. “He dado soporte con éxito a incontables cartas de terceros dirigidas al editor, que fueron después publicadas”.

En los documentos del juicio hay además un borrador de un contrato con el redactor-jefe Hayes. Hayes habría ganado 400 dólares por hora por sus “servicios de consultoría” para Monsanto. Hayes no ha reaccionado ante las preguntas acerca de este asunto. La empresa Elsevier, que edita FCT, ha comentado que está aún investigando el asunto.

Otras consultas más concretas no han tenido aún respuesta. Cessare Gessler, profesor durante muchos años de patología vegetal en ETH Zúrich, describe la retirada del artículo de Séralini como “excepcional”, ya que a muchos otros estudios con fundamentos de la misma o menor solidez no se les ha criticado de esta forma. También el profesor de derecho Wolfgang Löwer, durante muchos años mediador de la Sociedad Alemana e Investigación, menciona que “condiciones metodológicas” no son un motivo para retirar un estudio. Éstas pueden ser abordadas en opiniones o dictámenes.

Los mails de 2008 muestran también lo buena que resultó la colaboración con las revistas. Por aquel entonces, otro artículo sobre los riesgos del glifosato y el Roundup en mamíferos no pudo ser publicado en la revista “Cell Biology and Toxicology” (CBT). Durante el proceso de Peer Review no había solo científicos independientes proporcionando su valoración, sino también el empleado de Monsanto Charles Healy. Su voto fue, tal y como se podría prever, negativo: El estudio “debería de rechazarse inmediatamente”, escribió al por entonces redactor-jefe de CBT John Masters. Puesto que también hubo valoraciones positivas a la publicación, Masters solicitó a Monsanto el voto decisivo. “Parece ser que tenemos la decisión sobre si el estudio será o no publicado”, escribió Healy a sus colegas de Monsanto.

A día de hoy, Masters dice que finalmente Healy no tomó la decisión. Sus comentarios solo fueron solicitados debido a su “enorme experiencia”. La editorial Springer, que publica CBT, tampoco ve ningún problema con el proceso: “No puede observarse automáticamente un conflicto de intereses por el hecho de que un experto participe en un proceso de revisión”, dice una portavoz.

El mediador Löwer tiene otra opinión: “Yo podría quizá preguntar a los empleados de la empresa si están de acuerdo con todos los datos publicados en un artículo, pero no puedoobviamente preguntarles si un estudio debe o no ser publicado. Aquí son válidas las reglas generales para evitar conflictos de intereses”. Cuando éstas se eluden, según Löwer, “se rompe por completo el sistema científico”.

 

Fuente: www.sueddeutsche.de

Detectadas plagas resistentes al insecticida de un maíz transgénico

Dejando a un lado las reticencias de la población hacia los alimentos transgénicos, los expertos llevan tiempo advirtiendo de que estos cultivos sí presentan un riesgo real fundamentado en el conocimiento científico. Los plaguicidas biológicos que llevan incorporados estas semillas, del mismo modo que cualquier otro insecticida, pueden seleccionar variantes de las plagas que sean inmunes a estos productos, lo que anula el propósito original de la modificación genética y dificulta aún más la lucha contra las plagas. Y según acaba de revelar un informe de la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU (EPA), parece que esto ya está ocurriendo.

El documento de la EPA analiza “múltiples informes de daño inesperado en maíz CryBb1”. Este galimatías es el nombre de una proteína bacteriana con efecto insecticida cuyo gen está insertado en el maíz MON 863 del gigante agrobiotecnológico Monsanto. La planta utiliza este gen implantado para producir la proteína bacteriana que es letal para el gusano del maíz, una larva de escarabajo que se alimenta de las raíces de este cultivo.

Los expertos de la EPA examinaron las alertas de cultivos dañados y concluyeron que “se sospecha resistencia en al menos algunas regiones de cuatro estados”, concretamente en Iowa, Illinois, Minne-sota y Nebraska. La EPA recomienda que se implemente un “plan adecuado de remediación”, consistente en emplear “insecticidas convencionales” y “métodos alternativos de control para impedir el establecimiento de insectos resistentes”. La agencia federal propina un serio zurriagazo a la compañía biotecnológica al afirmar que “el programa de monitorización de resistencias [de Monsanto] es inadecuado […], incluyendo las respuestas a revisiones previas realizadas por la agencia [EPA]”.

Vender la solución

La compañía ha replicado poniendo en duda las conclusiones de la EPA. El portavoz de Monsanto en St. Louis, Lee Quarles, dijo a Bloomberg que toman el informe de la agencia “en serio”, pero que no hay confirmación científica de las resistencias. Entre las medidas que recomienda Monsanto para “llevar la delantera al insecto” está rotar los cultivos de maíz con soja, pero también otra solución para engrosar aún más las arcas de la empresa: cambiar al maíz SmartStax, otra variedad de Monsanto que lleva no una, sino dos toxinas contra el gusano.

Por su parte, la EPA juzga que SmartStax puede perder eficacia en cultivos donde se han instalado gusanos resistentes. Propone, en cambio, plantar maíz no transgénico, ya que así los insectos inmunes podrán aparearse con otros que no lo son y producir nuevas generaciones de insectos susceptibles.

Fuente: publico.es