Portugal se quejará ante la UE por el almacén nuclear en Almaraz

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El Parlamento portugués aprobó por unanimidad el pasado viernes un voto de condena sobre la posibilidad de que se construya el almacén de residuos, un rechazo que ahora, opinó, se debe trasladar a instancias europeas.

“No estamos diciendo que haya necesariamente un impacto en Portugal, pero cualquier eventual impacto tiene que ser debidamente estudiado, lo que no se ha hecho”, dijo Fernandes.

El ministerio de Energía español no hizo comentarios, mientras que el de Medio Ambiente no respondió de manera inmediata.

La central se encuentra a 100 kilómetros de la frontera con el país luso y la directiva europea contempla que también deben estudiarse los impactos un proyecto así tendría en el país vecino. Este es el argumento que el ministro luso de Medio Ambiente puso encima de la mesa en una reunión en Madrid con el Gobierno para abordar el proyecto del almacén por la cercanía de la instalación con la frontera. El encuentro terminó sin acuerdo, y Portugal anuncia que el caso lo dirimirá la Unión Europa.

Impacto ambiental transfronterizo

Ante la falta de consenso el ministro Joao Matos Fernándes anunció que pedirán a la Comisión Europea que intervenga para que se haga una declaración de impacto ambiental transfronteriza del almacén de residuos nucleares que de la central nuclear de Almaraz.

Las obras de construcción del proyecto eran inminentes tras la declaración de impacto favorable del Ejecutivo de Rajoy, pero la situación puede dar un giro después de que Portugal reclame participar en el correspondiente periodo de información pública para poder hacer alegaciones.

“La directiva europea es muy clara, cuando hay un proyecto con impactos transfronterizos el estudio de impacto ambiental del mismo debe incluir a los dos países implicados y esto no ha ocurrido con el ATI de Almaraz”, informa Efe.

Respaldo unánime de la Asamblea de Portugal

El representante del Ejecutivo luso fue claro ante la prensa y trasladó que la DIA favorable del Ejecutivo de Rajoy, sin la inclusión de Portugal, ha causado “malestar” entre países amigos y vecinos.

Cuenta con el respaldo unánime de la Asamblea de la República, que dio luz verde a una resolución que condena la posibilidad de la construcción del ATI de Almaraz. Según los siete partidos políticos de ese Parlamento la decisión supone impactos y riesgos transfronterizos, y sin embargo el Gobierno español ha “ignorado” al Ejecutivo y al pueblo lusos.

Los diputados de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén y Obed Santos, en la protesta de Lisboa / Podemos
Los diputados de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén y Obed Santos, en la protesta de Lisboa / Podemos

Detrás del ATI se encuentra el debate de la ampliación del periodo de vida útil de las instalaciones, que el Parlamento de Portugal ha definido como “obsoleta”, la más antigua de todas las que operan en la actualidad en España.

La resolución aprobada en Portugal se queja de que la construcción de un nuevo almacén puede ser la puerta para ampliar la capacidad de combustible gastado es un indicio de que quieren ampliar la vida de Almaraz.

Concentraciones en Madrid y Lisboa

La repulsa ciudadana a la construcción del almacén de residuos nucleares también llegó este jueves a las calles de Madrid y Lisboa. Activistas de la plataforma Movimiento Ibérico Antinuclear se manifestaron a las puertas de del ministerio de Medio Ambiente mientras tenía lugar la reunión entre los gobiernos de España y Portugal.

Allí mostraron su repulsa al ATI de Almaraz y advirtieron, en consonancia con el gobierno luso, que el proyecto nace con la intención de extender su vida útil hasta los 60 años, con el consiguiente aumento de residuos nucleares que esta ampliación produciría.

Concentración ahora mismo frente al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para exigir el cierre de Almaraz /  ‏@ecologistas
Concentración frente al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para exigir el cierre de Almaraz / ‏@ecologistas

Mientras, en Lisboa se celebró una concentración a las puertas del Consulado de España para pedir al Gobierno español el cierre de la central y contra del cementerio nuclear temporal.

El acto fue convocado también por el Movimiento Ibérico Antinuclear, que agrupa a unas 50 organizaciones ecologistas y ciudadanas, entre ellas Ecologistas en Acción y partidos políticos españoles y portugueses. Contó con la presencia de Podemos Extremadura -liderado por su secretario general, Álvaro Jaén- y colectivos sociales como Marea Granate.

Entre otras reivindicaciones piden a las autoridades portuguesas “que se posicionen a favor de una fecha de cierre definida de la central, que debería coincidir con su permiso de explotación”, en 2020.

Los antinucleares afirman que la central “pone en riesgo no solo el territorio español sino también el portugués a través de la posible dispersión de radiactividad por la atmósfera y por el río Tajo en caso de accidente con escape radiactivo”.

“Un sumidero de residuos tóxicos”

El secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, señaló en Lisboa que su formación planteará propuestas en España para cerrar la central nuclear, que acabará a su juicio por convertir la comunidad autónoma “en un sumidero de residuos tóxicos”.

A la protesta también acudió la coordinadora del marxista Bloque de Izquierda (BE) luso, Catarina Martins, quien recordó que Almaraz está a apenas 100 kilómetros de la frontera española con Portugal, país que puede resultar “víctima” en caso de que se produzca un accidente.

“No es comprensible ni aceptable, en ningún país europeo, que centrales nucleares puedan funcionar después de su periodo de vida. Almaraz es una central peligrosa, ya debía haber sido cerrada, ya ha llegado al fin de su ciclo de vida y por tanto es doblemente peligrosa y doblemente inaceptable la actuación del Gobierno español”, informa Efe.

Martins recordó además que el Parlamento portugués aprobó por unanimidad el pasado viernes un voto de condena sobre la posibilidad de que se construya el almacén de residuos, un rechazo que ahora, opinó, se debe trasladar a instancias europeas.

Los portugueses que acudieron a la convocatoria, en su mayoría pertenecientes a ONG, expresaron su confianza en que esta situación se resuelva lo antes posible, como expuso a Efe Andreia Pereira, de la Asociación Portuguesa de Agricultura Biológica (AGROBIO).

“Si hay un acuerdo de cerrar la central tiene que ser cumplido, y esa decisión de no cerrar no puede simplemente tomarse de esta forma. Seguramente España llegará a esa conclusión”, dijo Pereira.

Fuente: reuters

eldiario.es

El ministro de Medio Ambiente portugués dará plantón a García Tejerina por el almacen nuclear de Cáceres

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“Hubo contaminación radioactiva en las aguas del Tajo de las que solo nos dimos cuenta porque nuestras estaciones de medición en territorio portugués indicaban niveles crecientes de radioactividad. España ocultó esa información”.

Una crisis diplomática entre países vecinos es rara en el contexto de la Unión Europea. Pero la de España y Portugal por el cementerio nuclear de Almaraz está servida y podría llegar a niveles de otra similar con el país vecino en 1986.

A pesar de que en España apenas se haya hablado sobre el tema, en Portugal están muy enfadados con la decisión unilateral española de construir el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la Central Nuclear de Almaraz (CNA), tal y como Pressdigital adelantó el pasado 30 de diciembre.

De hecho, su ministro de Medio Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, ha asegurado que no asistirá a la reunión con su homóloga española, Isabel García Tejerina, si se confirma la decisión del Gobierno español.

“No tiene ningún sentido asistir a esa reunión; no iré para confirmar una decisión que España ha tomado incumpliendo una directiva comunitaria”, ha afirmado el ministro luso.

Para el mandatario portugués, la reunión con García Tejerina carece de sentido, puesto que “la decisión por parte de España parece ya está tomada”.

Matos Fernandes ha reconocido haber tenido “dos contactos” con su homóloga española y que quedó de confirmarle o no su asistencia a la reunión del próximo día 12 “a lo largo de esta semana”.

Una reunión que se acordó precisamente por la cuestión de Almaraz, aunque en ella se tratarían otros temas, como “la Convención de Albufeira, que trata sobre la forma en que son gestionados los ríos internacionales entre España y Portugal”.

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El ministro de Medio Ambiente de Portugal, João Pedro Matos Fernandes

DECISIÓN UNILATERAL DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Como Pressdigital informó el pasado 30 de diciembre, España dio su visto bueno a la construcción de un almacén de residuos nucleares en la central de Almaraz, a 100 kilómetros de la frontera con Portugal.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 28 de diciembre, se publicaba la resolución de 14 de diciembre de 2016, en la que se “autoriza la ejecución y montaje de la modificación de diseño correspondiente al Almacén Temporal Individualizado de la Central Nuclear Almaraz, Unidades I y II”.

Una decisión que Portugal acogió con sorpresa y preocupación. El ministerio de Medio Ambiente portugués señaló que “solicitaron aclaraciones a las autoridades españolas, teniendo en cuenta la carta enviada por el ministro de Medio Ambiente a su homóloga española a principios de diciembre”.

Portugal presentará una queja formal ante la Comisión Europea, en la que alegará que España ha autorizado un proyecto de ampliación de la central nuclear sin haber hecho una evaluación previa del impacto ambiental transfronterizo, tal y como el reglamento europeo exige.

“Madrid (aseguró) no tomaría ninguna decisión sin hablar antes con Lisboa”, señalaba el ministro de Asuntos Exteriores portugués, Augusto Santos Silva, en relación a las conversaciones previas con García Tejerina.

El incidente diplomático sorprende, puesto que se produce tras una intensa agenda de contactos entre ambos países por este almacén nuclear. Una serie de encuentros que se produjeron a raíz de nada menos que siete incidentes en dicha central.

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OBRA INNECESARIA

Tanto para la Junta de Extremadura como para Ecologistas en Acción y Foro Extremeño Antinuclear, se trata de un proyecto innecesario que solo busca para mantener otros 20 años más la central en funcionamiento, puesto que la vigencia del permiso de explotación finaliza el 8 de junio de 2020.

En este sentido, Izquierda Unida registró en el Congreso el pasado jueves una pregunta en el Congreso de los Diputados, en la que interroga al Gobierno central sobre la construcción de este almacén nuclear.

 

YA HUBO UN PROBLEMA SIMILAR CON PORTUGAL EN 1986

Esta sería la segunda vez que España decide construir un almacén de residuos nucleares en la zona transfronteriza con Portugal.

En 1986, el país vecino presentó una queja en Bruselas que terminó provocando que Madrid detuviera la construcción de un cementerio nuclear en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) por no haber consultado a Lisboa.

Aquel choque diplomático tensó la relación entre Portugal y España y sorprendió a la opinión pública española, puesto que el Gobierno de aquel entonces actuó de forma muy poco transparente no solo con sus vecinos portugueses, sino también con la población y el Gobierno autonómico de Castilla y León.

Por aquel entonces, el secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de Cavaco Silva, Carlos Pimenta, logró movilizar a la opinión pública portuguesa sobre los riesgos de la contaminación radioactiva en el Duero.

Algo que incomodó muchísimo al Gobierno de Felipe González, que se encontró con un frente de oposición al proyecto incluso dentro de España.

Las decenas de manifestaciones a ambos lados de la frontera junto a la fuerte presión diplomática de Portugal y la de Bruselas hicieron que el Gobierno español diese marcha atrás.

MOVILIZACIÓN PÚBLICA

Y esta es la estrategia que volverán a usar en Portugal, movilizar a la opinión pública. Carlos Pimenta está convencido de que la Comisión Europea tiene capacidad de obligar a España a recular.

En declaraciones al diario portugués Público, Pimenta recuerda que también en 1986, se vio forzado a suspender el suministro de agua a toda el área de Lisboa porque había sucedido un accidente en Almaraz que España intentó silenciar.

“Hubo contaminación radioactiva de las aguas del Tajo de las que solo nos dimos cuenta porque nuestras estaciones de medición en territorio portugués indicaban niveles crecientes de radioactividad. España ocultó esa información”.

 

Fuente:  pressdigital.es

Los inspectores del CSN alertan de los fallos de refrigeración en Almaraz

Algunas nucleares tendrán en 2017 un centro alternativo para la gestión de emergencias (CAGE)

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Las nuevas exigencias de seguridad impuestas tras la catástrofe de Fukushima incluían la obligación de construir antes de diciembre de 2015 un centro alternativo de emergencias desde el que dirigir las centrales en caso de accidente. Ninguna de las plantas nucleares españolas lo hizo. El CSN amplió el plazo hasta el 30 de junio a Almaraz, Trillo y Cofrentes, y hasta el 30 de noviembre a Ascó y Vandellós. Las tres primeras centrales han vuelto a incumplir el plazo y el CSN se limita otra vez a concederles una nueva prórroga también hasta el 30 de noviembre, porque el diseño que han realizado las compañías no se ajusta a los requisitos obligatorios.

Después del proyecto piloto desarrollado este año en la central nuclear de Trillo, en 2017 llegará a Cataluña la primera unidad especial de respuesta de la Guardia Civil con 70 agentes,- 35 por turno-, instalados de forma permanente en un cuartel construido específicamente para ellos en el interior de los recintos de seguridad de Vandellòs II o Ascó. La decisión final sobre el emplazamiento no se ha tomado, aunque el despliegue en todas las nucleares españolas finalizará en 2018.

Con un coste aproximado de 4,5 millones de euros, sin contar las dependencias policiales, la industria nuclear catalana acata así el mandato del Ministerio del Interior para reducir el riesgo de posibles ataques terroristas, tal y como confirmó José Antonio Gago, director general de la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs II (Anav), encargada de la explotación de las dos plantas tarraconenses.

«Dos de estas unidades de la Guardia Civil, preparadas para responder ante situaciones que no estamos autorizados a revelar, se desplegarán el año próximo, y con toda probabilidad una en Cataluña», informó Gago, quien subrayó que la llegada de la Guardia Civil no sustituye el engranaje de seguridad privada contratada para los procesos habituales en las centrales de Anav.

El despliegue de estas unidades especiales tampoco debe confundirse con el Plan de Refuerzo de la Seguridad ante situaciones extremas -inconcebibles en el momento de diseñar las plantas-, iniciado en 2011 después del accidente de Fukushima y que finaliza este mes de diciembre con una inversión total de 100 millones de euros. «Está todo terminado -puntualizó Gago- a excepción de una operación puntual que debe esperar a la parada de Ascó por recarga el año que viene».

En 2016 han finalizado las intervenciones técnicas más complejas para mejorar las zonas de contención del reactor, con sistemas para evitar deflagraciones por hidrógeno o fugas radioactivas graves, y también el nuevo búnker para gestionar situaciones graves de crisis, bautizado como Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE), presentado esta semana a los medios. El CAGE de Vandellòs está diseñado para resistir todo tipo de contingencias y funcionar autónomamente con 70 personas dentro -120 en el caso de Ascó- sin ayuda del exterior durante 72 horas.

Como en el último lustro, las centrales catalanas sostendrán en 2017 una inversión anual de unos 120 millones de euros con la idea de continuar su proceso de modernización. Anav iniciará en julio del año próximo los trámites para renovar, en principio por 10 años, la autorización que les permite explotar Vandellòs, que expira en 2020. Un año después hará lo propio con Ascó, cuya licencia se agota en 2021. «Las plantas se han mantenido en perfecto estado y se han mejorado, por lo que aspiramos a una explotación a largo plazo, en los mismos términos que otras centrales idénticas en Europa o Estados Unidos», explicó el director general.

Por el momento, ante la indefinida demora del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radioactivos de Villar de Cañas, la única ecuación que deben resolver para poder alargar la vida útil de Vandellòs es la ampliación de la piscina de combustible, cuya capacidad se agota en 2020. En el caso de Ascó, que dispone de un almacén individual (ATI), la acumulación de desechos nucleares puede aguantar hasta 2023.

Fuente:  elmundo.es

La factura de la luz es hoy un 70% más cara que hace diez años

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El recibo se ha inflado en nada menos que 33 euros de media.

La factura de la luz del usuario medio es hoy un 69,8% más cara que hace diez años, según revela un análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción. El recibo se ha inflado en nada menos que 33 euros mensuales de media.

Así, en diciembre de 2006, una familia con un consumo mensual de 366 kWh y una potencia de 4,4 kW pagaba 47,27 euros al mes. Hoy, la factura representa 80,25 euros, partiendo del mismo consumo y potencia contratada y tomando como referencia las tarifas vigentes en los primeros 20 días de diciembre.

Hace justo diez años, el precio del kWh estaba en 10,66 céntimos (impuestos indirectos incluidos), mientras que en la actualidad se sitúa en 13,16 céntimos, un 23,5% más caro. En cuanto al término fijo de la factura, la subida ha sido tan injustificada como descomunal: el kW de potencia contratada estaba en diciembre de 2006 en 1,88 euros mensuales, mientras que hoy alcanza los 4,46 euros, un 137,2% más.

FACUA reclama al Gobierno que ponga fin a las prácticas oligopolísticas que provocan las desproporcionadas tarifas que pagan los usuarios en España. La asociación exige la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos.

Se trata, advierte FACUA, de un sector donde nunca ha existido la competencia que se prometió engañosamente a los consumidores cuando se inició su liberalización, por lo que la única solución es emprender medidas similares a las adoptadas hace años en la UE con las tarifas móviles de roaming, de manera que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos.

Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, impropio de un servicio esencial. En este sentido, reclama al Gobierno que baje el IVA de la luz al tipo mínimo permitido por la normativa europea, legislación que también debe ser modificada para facilitar una bajada mayor.

FACUA llama a los usuarios a acudir este miércoles a las movilizaciones convocadas en más de 60 ciudades (consúltalas aquí) y sumarse al apagón de una hora a partir de las 19h. Se trata de una iniciativa que promueve junto a otras 25 organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que apoyan el manifiesto nomascortesdeluz.org, así como numerosos colectivos locales.

El manifiesto reivindica la paralización de los cortes de electricidad a familias sin recursos y medidas gubernamentales contra los abusos tarifarios de las eléctricas. A través de seis reivindicaciones, reclaman que se ponga fin a los abusos que afectan a un servicio esencial, por lo que exigen también al Gobierno de España que regule una tarifa asequible a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos y una auténtica tarifa social para familias con bajos niveles de renta.

Factura mensual del usuario medio (datos con las tarifas vigentes en diciembre de cada año):

2006: 47,27 euros

2007: 48,59 euros

2008: 55,31 euros

2009: 60,19 euros

2010: 66,20 euros

2011: 78,64 euros

2012: 77,98 euros

2013: 77,37 euros

2014: 76,61 euros

2015: 76,81 euros

2016: 80,25 euros

Fuente: www.facua.org/es/noticia.php?Id=10997

El Ministro de Energia no tiene entre sus prioridades el almacén nuclear de alta intensidad

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Por lo que vemos el ministro de Energia Alvaro Nadal no viene a solucionar los problemas de los gobiernos anteriores: deficit de tarifa eléctrica, Impuesto al Sol , almacen nuclear de alta intensidad, fracking, penalizaciones por residuos nucleares en Francia etc.

El ATC de Villar de Cañas (Cuenca) permanece bloqueado por la ampliación de la ZEPA de la laguna de El Hito aprobada por Castilla-La Mancha

Se cuestionan las  decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear tras el ‘choque’ entre  opiniones de técnicos y de políticos sobre el ATC. No hay unanimidad sobre la seguridad de los terrenos para guardar residuos radiactivos

El Almacén Temporal Centralizado (ATC) para los residuos de las centrales nucleares españolas debía estar terminado a principios de 2018 pero se cierra 2016 y aún no se ha puesto ni un solo ladrillo. Sigue sin haber solución a los residuos radiactivos tras un largo periodo que va desde el año 2004 –cuando el Congreso instó al Gobierno a construir el silo nuclear- pasando por 2011 -fecha en la que se eligió su lugar de ubicación en Villar de Cañas (Cuenca)- hasta este 2016 en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha bloqueado la posibilidad de que se construya ampliando la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito (Cuenca), que incluye los terrenos del ATC.

España se encuentra en tiempo de descuento porque en junio de 2017 tendrá que empezar a pagar una penalización de 70.000 euros diarios a la empresa francesa Areva que custodia los residuos de la antigua nuclear Vandellòs I. Unos residuos que debían ser trasladados al ATC. El resto de centrales nucleares españolas han comenzado a construir almacenes temporales individualizados (ATI’s) ante la incertidumbre.

El año 2016 arrancaba con la presentación de un escrito (el tercero ya) ante la Fiscalía Anticorrupción en el que la Plataforma contra el ATC de Villar de Cañas aportaba nuevos documentos ampliando su denuncia de 18 de diciembre de 2015 contra el silo nuclear. Su objetivo: demostrar que Enresa habría gastado 16 millones de euros en “comprar voluntades realizando un enorme derroche de dinero público para congratularse con los vecinos y favorecer la posición política de Cospedal y Benjamín Prieto”.

Las dudas sobre la idoneidad de los terrenos

Pero si hay algo que ha caracterizado este año han sido los informes que ponen en duda la idoneidad de la ubicación del ATC.  En marzo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) accedía -obligado eso sí-  a hacer públicos los documentos que apuntan esa dirección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a petición de Transparencia Internacional España, lo hizo posible. Pero no todos se publicaron.

Transparencia Internacional no logró sacar a la luz pública el informe de adjudicación del emplazamiento, el presentado por los geólogos sobre las condiciones de los terrenos o el documento que da su aprobación al emplazamiento elegido. Tampoco se aceptó  la petición de  información acerca de la cuantía del proyecto, argumentando que el ámbito económico del proyecto no es competencia del Consejo de Seguridad Nuclear.

Terrenos para el ATC en Villar de Cañas (Cuenca)

Terrenos para el ATC en Villar de Cañas (Cuenca) Europa Press

Sí que se hicieron públicos, en cambio,  los detalles del estudio que llevó a cabo la consultora URS sobre la calidad de los suelos en los que se ubicaría el ATC. Esta empresa señalaba que el emplazamiento previsto para el cementerio nuclear es “inadecuado”, por presentar condiciones que no podían asegurar la estabilidad de los edificios que se pretenden construir en el terreno. Sin embargo,  algunos párrafos del informe aparecieron censurados, según denunció Transparencia Internacional. Más de 20 páginas en negro con información “tachada” parcialmente o borrada en su totalidad.

De forma más reciente, en noviembre, un nuevo estudio de la empresa Ingema -encargado por Ecologistas en Acción- reforzaba la tesis de que Villar de Cañas no es idóneo para el ATC. Un geólogo de esta empresa analizaba los informes internos del Área de Ciencias de la Tierra (CITI) y del Servicio de Ingeniería (SIN) del propio CSN así como el emitido por la consultora URS para concluir que las condiciones geológicas del terreno no son las adecuadas.

Ecologistas en Acción ha pedido la dimisión del presidente del regulador atómico, Fernando Martí. “Lo más grave es que el Pleno del CSN conocía los riesgos de los terrenos en base a la información de sus propios técnicos y por tanto, dio el visto bueno (excepto una de sus consejeras) a sabiendas de que con su decisión, ponían en enorme riesgo a toda una comarca”, señalaron.

La organización ecologista recuerda que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aún no ha emitido la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA). En un  ‘cara a cara’ organizado por eldiarioclm.es entre el portavoz nacional de Equo, Juan López de Uralde  y el consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, este último explicaba que la Junta se planteó ampliar la  zona ZEPA de la Laguna de El Hito (próxima a la instalación del cementerio nuclear) no solo “porque realmente hay elementos de singularidad vegetal y animal que nos indican que es interesante proteger ese espacio” sino porque está previsto que el ATC se construya  “sobre un suelo de yeso que se hunde, con problemas que encarecen el proyecto y el propio CSN ha tenido que reconocer que ni siquiera tiene los estudios preceptivos para hacer la obra. Es una auténtica aberración”.

La tesis del PP es muy distinta. El pasado verano el presidente del PP en Cuenca, Benjamín Prieto recordaba que el proyecto del silo nuclear fue apoyado “en las urnas” en Cuenca, al ganar los populares las elecciones en esta provincia. Y defendía el silo nuclear como un proyecto “ilusionante” que “ya ha beneficiado” a la provincia. En agosto, el Gobierno central expropiaba varias fincas en el entorno de Villar de Cañas y el  ministro de Justicia, Rafael Catalá, diputado nacional por Cuenca, defiende que el proyecto creará “desarrollo y empleo”.

Trabas legales: la estrategia de García-Page

La estrategia del Gobierno de Emiliano García-Page durante este año ha sido poner todas las trabas legales y burocráticas posibles a la puesta en marcha del ATC. Desde anular el POM de Villar de Cañas, pasando por exigir la Evaluación de Impacto Ambiental al proyecto ‘depósito de tierras y piedras limpias asociado a la obra del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y Centro Tecnológico Asociado’, cuyo promotor es Enresa.  Pero la gran ‘estrella’ de su acción ha sido la ampliación de la ZEPA de la laguna de El Hito que finalmente ha sido aprobada a pesar de los intentos del Gobierno de Mariano Rajoy por evitarlo ante los tribunales.

Mientras, el alcalde de Villar de Cañas,  José María Saiz, del Partido Popular, no se ha quedado parado. El Ayuntamiento anunció un recurso  ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la Resolución de la Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal de la localidad.

También ha interpuesto otro recurso contra la Junta de Comunidades tras la aprobación en Consejo de Gobierno de la ampliación de la Zona Especial de Protección de Aves. “Traigo un proyecto de mil millones de euros a mi pueblo, la comarca y la provincia, que falta hace, y el presidente de Castilla-La Mancha, en vez de echarte una mano, te echa un pie al cuello”, lamentaba. Una postura que defiende la Plataforma de afectados por la ampliación de la ZEPA.

El PP hizo el ‘penúltimo’ intento en su apuesta por el ATC en un Pleno celebrado en las Cortes regionales el pasado 1 de diciembre. Presentó una resolución que pedía “aparcar” los planes de gestión de las Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) para realizar “un estudio serio y concienzudo”. Fue defendida por el  diputado Francisco Núñez quien admitía que los planes de gestión de zonas ZEPA hay que hacerlos pero solicitada “rigor” para hacerlos  compatibles con la actividad agrícola y ganadera y de forma consensuada.

En este sentido lamentaba que ninguno de estos principios se cumple, ya que los planes de gestión se basan en estudios de 2003 y el Gobierno “juega con las ZEPA cuando les viene en gana”, como pasó con el aeropuerto de Ciudad Real o con la zona cercana al Almacén Temporal Centralizado (ATC). Y lo calificaba de “expropiación encubierta”.

El Gobierno central tiene la opción de declarar la construcción con la categoría de ‘excepcional interés público’ para seguir adelante con el proyecto. Ecologistas en Acción recuerda que el Ejecutivo central no podría tomar la decisión en solitario y se necesitaría la intervención de la Unión Europea.

Enresa y su oscilante política de adjudicaciones y contratos

A pesar de las trabas legales, las adjudicaciones no han cesado ni tampoco el intento de Enresa para contratar personal, 40 personas, a comienzos de año. Algo que finalmente paralizó. En noviembre anunciaba recortes de sueldo por exceso de contrataciones. “Quieren quitar un 5% de la paga de objetivos de 2015, dos meses de ayuda de comida y una parte de las ayudas de estudios”, explicaba una fuente interna, que cifra el recorte en un mínimo de 1.800 euros anuales por persona y relaciona esta decisión con “las continuas contrataciones” de los últimos meses, pese a que el principal proyecto de Enresa, el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, está congelado por las dudas sobre los terrenos elegidos debido al empeño de la entonces presidenta castellano-manchega y hoy ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Actualmente la plantilla de la empresa que gestiona los residuos nucleares es de unos 326 empleados, frente a los 305 que tenía al cierre de 2011, según sus cuentas de ese ejercicio.

Las “alternativas” del PSOE al ATC

En el intento de poner todas las trabas posibles al ATC, el PSOE también ayuda. Lo hacen alcaldes socialistas como el de Tarancón. José Manuel López Carrizo lanzó en mayo una propuesta para construir una planta solar fotovoltaica que produciría 200 megavatios. En definitiva, un proyecto de energías renovables que pretende demostrar que “hay alternativas” al ATC como inversión en la zona.

Una idea similar es que se quiere trasladar desde el PSOE  con la puesta en marcha de la llamada Inversión Territorial Integrada (ITI) como instrumento de desarrollo en la provincia de Cuenca, con ayuda de fondos europeos.  El ATC “no es compatible” con el desarrollo de Cuenca, aseguraba el delegado de la Junta, Ángel Tomás Godoy, en una entrevista con eldiarioclm.es, que en su opinión pasan por potenciar la actividad agraria, ganadera, aprovechar recursos forestales para  la biomasa y la actividad turística.

 El ATC puede impedir el desarrollo de empresas turísticas y agroalimentarias”, sostiene. “Ojala tuviésemos el dinero, casi 1.000 millones, que cuesta el ATC para frenar la despoblación de Cuenca”, lamenta el delegado. Y el propio Gobierno castellano-manchego apuesta por potenciar las energías renovables en el llamado ‘Pacto por la Recuperación’ de Castilla-La Mancha con horizonte 2020 y en particular  quiere regular el uso de la biomasa como fuente de energía.

En este 2016 también asistimos al debate sobre la conveniencia o no de ampliar la vida de las nucleares de los 40 a los 60 años, lo que generaría aún más residuos nucleares a los que habría que dar solución. No hay que olvidar  que Castilla-La Mancha tiene en su territorio dos centrales nucleares.  Ambas en la provincia de Guadalajara. La ‘José Cabrera’ en Almonacid de Zorita -en proceso de desmantelamiento- y la central nuclear de Trillo. En el caso de esta última, a su Almacén Temporal Individualizado aún le queda una vida de 22 años para seguir albergando residuos.

Fuente: eldiario.es

 

Enresa adjudica sin anuncio previo otro contrato para el almacén nuclear por 2,3 millones

Juan José ZaballaPresidente de Enresa Juan José Zaballa

El contrato se adjudicó en septiembre, con el Gobierno todavía en funciones, a la francesa Areva

El ministro Álvaro Nadal evita referirse en el Congreso al futuro del basurero, que no figura entre las “líneas maestras” de su departamento

Desde el veto del Gobierno de Castilla-La Mancha en julio de 2015, la empresa estatal ha adjudicado más de 8 millones en contratos vinculados al silo

Pese a las dudas sobre el futuro del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos proyectado por el Gobierno en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca), la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) sigue adelante con las millonarias adjudicaciones vinculadas al polémico proyecto.

La empresa estatal ha adjudicado un contrato de “Servicios de ingeniería de detalle de la celda de descarga de elementos combustible de la instalación nuclear del ATC y apoyo a su licenciamiento” por 2.353.450 euros, según consta en el Diario Oficial de la Unión Europea de este martes. La adjudicataria y único ofertante ha sido el gigante estatal francés de tecnología nuclear Areva, del que fue vicepresidenta la exministra del PP Ana Palacio.

  El resultado de la adjudicación se ha publicado por ahora únicamente en el diario europeo, pero no consta anuncio previo en este soporte, ni en la web de Enresa, ni en la plataforma de contratación del Estado, ni en el BOE. Enresa ha optado por el procedimiento “negociado sin publicación de un anuncio de contrato/convocatoria de licitación” debido a que los servicios contratados “únicamente puede proporcionarlos determinado licitador”, Areva, por razones “técnicas”.

El contrato se adjudicó el pasado 19 de septiembre, con el Gobierno todavía en funciones. También ese mes, semanas antes de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno a finales de octubre, Enresa adjudicó la “Evaluación estructural y térmica” de unos contenedores para el ATC a la empresa Holtec por 658.825,12 euros (más IVA), como informó El Independiente.

Un veto y 8 millones

Desde que el Gobierno regional de Castilla-La Mancha paralizó formalmente el proyecto en julio del año pasado, Enresa ha adjudicado ya contratos por valor de cerca de 8 millones de euros vinculados al silo nuclear.

La tutela de Enresa corresponde al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que este martes, en su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados para explicar las prioridades de su departamento para esta legislatura, evitó pronunciarse sobre el futuro del ATC pese a las preguntas del diputado de Podemos Francesc Vendrell. La instalación no aparece mencionada entre las “ líneas maestras” de Energía para los próximos años

La instalación del ATC de Villar de Cañas fue una apuesta personal de la entonces presidenta castellano-manchega y hoy ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Pero el proyecto lleva más de un año en punto muerto.

Pese a la autorización previa que le concedió en julio de 2015 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), tres meses después, en septiembre de 2015, el entonces secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal (hermano gemelo del nuevo ministro del ramo), reconoció la “incertidumbre” sobre el futuro del basurero ante la declaración como espacio protegido de la zona del basurero por parte del Gobierno del socialista Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha.

El ATC todavía está pendiente de la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Agricultura y de la autorización de construcción del CSN, entre otros trámites. Ante la saturación de las piscinas en las que se custodian provisionalmente los residuos, las compañías eléctricas están promoviendo almacenes temporales individualizados (ATIs) junto a las propias centrales nucleares.

Fuente: eldiario.es

BBVA y Banco Santander invierten más de 4.000 millones de euros en empresas relacionadas con armamento nuclear

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Un nuevo informe desvela que cinco entidades financieras han invertido alrededor de 6.500 millones de euros en 27 empresas productoras de armas nucleares desde 2013.

La ONG holandesa PAX, en colaboración con el Centro Delàs de Estudios por la Paz, ha publicado su nuevo informe “Don’t Bank on te Bomb” en el que se analiza las inversiones por parte de las entidades financieras europeas en la industria armamentística.

Tal y como ya publicamos hace un año, BBVA, Banco Santander y Banco Sabadell, vuelven a repetir las tres primeras posiciones en inversiones a la industria productora de armas nucleares. Las cinco instituciones financieras españolas que aparecen en el estudio han invertido alrededor de 6.500 millones de euros en 27 empresas productoras de armas nucleares desde 2013.

El BBVA es quien más financia las empresas de armamento nuclear, y puso a disposición de estas 2.837 millones de euros y otorgó préstamos de más de 2.000 millones de euros.

En el caso del Banco Santander la cifra de inversiones ronda los 1.575 millones de euros, otorgando préstamos por una suma de 1.250 millones de euros a las compañías de armas nucleares.

El Banco Sabadell, invirtió 27 millones de euros en empresas productoras de material militar nuclear y otorgó préstamos por la misma cantidad.

Bestinver puso a disposición de las empresas 147 millones de euros. Además, posee y gestiona acciones de las compañías productoras de armas nucleares por un valor de más de 145 millones de euros.

Finalmente, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha puesto a disposición de las empresas de armamento nuclear 1.916 millones de euros, y posee o administra acciones de estas por una cantidad aproximada de 1.883 millones de euros.

Las empresas fabricantes de armas nucleares a las que financian estas cinco entidades españolas son: Aecom (USA), Aerojet Rocketdyne (USA), Airbus Group (The Netherlands), BAE Systems (United Kingdom), Bechtel (USA), Boeing (USA), BWX Technologies (USA) ,Charles Stark Draper Laboratory (USA), CH2M Hill (USA), Engility Holdings (USA), Fluor (USA), General Dynamics (USA), Honeywell International (USA), Huntington Ingalls Industries (USA), Jacobs Engineering (USA), Larsen & Toubro (India), Leonardo – Finmeccanica (Italy), Lockheed Martin (USA), MOOG (USA), Northrop Grumman (USA), Orbital ATK (USA), Raytheon (USA), Safran (France), Serco (United Kingdom), Textron (USA), Thales (France) i Walchandnagar Industries (India).

Fuente:  elsalmoncontracorriente.es