Las nuevas exigencias de seguridad impuestas tras la catástrofe de Fukushima incluían la obligación de construir antes de diciembre de 2015 un centro alternativo de emergencias desde el que dirigir las centrales en caso de accidente. Ninguna de las plantas nucleares españolas lo hizo. El CSN amplió el plazo hasta el 30 de junio a Almaraz, Trillo y Cofrentes, y hasta el 30 de noviembre a Ascó y Vandellós. Las tres primeras centrales han vuelto a incumplir el plazo y el CSN se limita otra vez a concederles una nueva prórroga también hasta el 30 de noviembre, porque el diseño que han realizado las compañías no se ajusta a los requisitos obligatorios.
Después del proyecto piloto desarrollado este año en la central nuclear de Trillo, en 2017 llegará a Cataluña la primera unidad especial de respuesta de la Guardia Civil con 70 agentes,- 35 por turno-, instalados de forma permanente en un cuartel construido específicamente para ellos en el interior de los recintos de seguridad de Vandellòs II o Ascó. La decisión final sobre el emplazamiento no se ha tomado, aunque el despliegue en todas las nucleares españolas finalizará en 2018.
Con un coste aproximado de 4,5 millones de euros, sin contar las dependencias policiales, la industria nuclear catalana acata así el mandato del Ministerio del Interior para reducir el riesgo de posibles ataques terroristas, tal y como confirmó José Antonio Gago, director general de la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs II (Anav), encargada de la explotación de las dos plantas tarraconenses.
«Dos de estas unidades de la Guardia Civil, preparadas para responder ante situaciones que no estamos autorizados a revelar, se desplegarán el año próximo, y con toda probabilidad una en Cataluña», informó Gago, quien subrayó que la llegada de la Guardia Civil no sustituye el engranaje de seguridad privada contratada para los procesos habituales en las centrales de Anav.
El despliegue de estas unidades especiales tampoco debe confundirse con el Plan de Refuerzo de la Seguridad ante situaciones extremas -inconcebibles en el momento de diseñar las plantas-, iniciado en 2011 después del accidente de Fukushima y que finaliza este mes de diciembre con una inversión total de 100 millones de euros. «Está todo terminado -puntualizó Gago- a excepción de una operación puntual que debe esperar a la parada de Ascó por recarga el año que viene».
En 2016 han finalizado las intervenciones técnicas más complejas para mejorar las zonas de contención del reactor, con sistemas para evitar deflagraciones por hidrógeno o fugas radioactivas graves, y también el nuevo búnker para gestionar situaciones graves de crisis, bautizado como Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE), presentado esta semana a los medios. El CAGE de Vandellòs está diseñado para resistir todo tipo de contingencias y funcionar autónomamente con 70 personas dentro -120 en el caso de Ascó- sin ayuda del exterior durante 72 horas.
Como en el último lustro, las centrales catalanas sostendrán en 2017 una inversión anual de unos 120 millones de euros con la idea de continuar su proceso de modernización. Anav iniciará en julio del año próximo los trámites para renovar, en principio por 10 años, la autorización que les permite explotar Vandellòs, que expira en 2020. Un año después hará lo propio con Ascó, cuya licencia se agota en 2021. «Las plantas se han mantenido en perfecto estado y se han mejorado, por lo que aspiramos a una explotación a largo plazo, en los mismos términos que otras centrales idénticas en Europa o Estados Unidos», explicó el director general.
Por el momento, ante la indefinida demora del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radioactivos de Villar de Cañas, la única ecuación que deben resolver para poder alargar la vida útil de Vandellòs es la ampliación de la piscina de combustible, cuya capacidad se agota en 2020. En el caso de Ascó, que dispone de un almacén individual (ATI), la acumulación de desechos nucleares puede aguantar hasta 2023.
Fuente: elmundo.es
La energia nuclear en España 