El CSN detecta irregularidades en las dosis de radiación recibida por los trabajadores de Garoña

Según los últimos datos del CSN, referidos a una inspección en la central burgalesa realizada el pasado marzo para comprobar la aplicación de medidas de protección radiológicas, se desprenden irregularidades en las dosis de radiación recibidas, tanto a nivel individual como colectivas, de los trabajadores.

Parece que Garoña nos puede seguir dando sustos después de cerrada.

Estos graves hechos unidos a los vertidos de Cesio de 2017 y a la ocultación de los mismos, indican que es necesario un control exhaustivo de esta central nuclear.

Parece que al no estar el PP en el gobierno de Madrid, el control de los sistemas nucleares se realiza con más libertad y profesionalidad.

La inspección apunta que el “indicador dosis oficial máxima individual no es coherente con el valor de nivel administrativo de dosis”.

Ante esta situación, “se exigen reestimaciones contantes de los objetivos de dosis de trabajo y de los anuales operacionales de la instalación”.

El acta del regulador atómico relativa a la “Inspección para comprobar la aplicación de medidas para la protección ocupacional (…) en la situación actual de cese definitivo de la explotación de la central”, señala que, para establecer los criterios de garantía radiológicos, desde la última inspección el titular ha realizado diez reuniones extraordinarias: cuatro en 2017, tres en 2018 y otras tres en 2019 hasta auditoría del pasado marzo.

En las actas del comité “Alara” -donde se aprueban o revisan los objetivos de dosis- “no se recogen objetivos para la dosis máxima individual anual y no hay aprobación del objetivo de dosis individual por parte del director”.

ALARA es el acrónimo en inglés de “As Low As Reasonably Achievable”, es decir, “tan bajo como sea razonablemente alcanzable”, uno de los principios básicos para establecer cualquier medida de seguridad radiológica.

El acta del CSN incide también en la “necesidad de renovación de la señalización de zona controlada de permanencia limitada, debido a que es difícil distinguir los riesgos de contaminación y/o radiación“.

La central burgalesa de Garoña no tiene actividad desde diciembre del año 2012 y su clausura definitiva se produjo el 1 de agosto de 2017, desde esa fecha se encuentra en fase de pre-desmantelamiento hasta que arranque, previsiblemente en 2021, la fase de demolición.

Fuente: estrelladigital.es

Vertido de Cesio en 2017

Así trajo Franco a España las centrales nucleares. ¿Se llevará también sus resíduos?

El reactor nuclear camino de la central nuclear de Zorita, en 1968 - ABC

El reactor nuclear camino de la central nuclear de Zorita, en 1968 – ABC

La medida fue anunciada por el ministro de Industria Joaquín Planell en 1957, cuatro meses antes de que se produjera el primer accidente nuclear grave de la historia en la URSS

Tan solo faltaban cuatro meses para que se produjera el primer accidente nuclear grave de la historia –el de la central soviética de Mayak, en los Urales, en septiembre de 1957–, cuando el ministro de Industria franquista, Joaquín Planell, anunció que «el Gobierno español va a acometer sin vacilaciones el establecimiento de centrales eléctricas nucleares para completar de manera paulatina a las hidráulicas y térmicas de tipo convencional». La noticia se publicaba en ABC el 23 de mayo, en un momento todavía delicado de cara a la opinión pública, puesto que este tipo de energía aún se asociaba a las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945.

El Caudillo jamás llegaría a tener noticia de dicho accidente cerca de la población de Kyshtym. Se produjo al explosionar un tanque subterráneo de almacenamiento lleno de residuos de plutonio en la planta de Mayak, considerado todavía hoy el tercer peor desastre nuclear de la historia, después de Chernóbil (1986) y Fukushima (2011). Quién sabe si el Gobierno español habría cambiado de opinión con respecto a nuestro desarrollo nuclear si hubiera trascendido aquella catástrofe que provocó una enorme nube radioactiva que se extendió cientos de kilómetros, que afectó a más de 250.000 personas y que provocó evacuaciones de población a gran escala. Sin embargo, el régimen comunista consiguió mantenerlo oculto hasta mediados de la década de los 70, cuando Franco ya había muerto.

Es probable que todo hubiera seguido su curso tal y como lo hizo, porque ya en 1952 se había producido otro accidente en la planta de Chalk River, en Ottawa (Canadá), tras fundirse parcialmente el núcleo, sin que se produjeran daños personales. Como prueba, baste mencionar que un joven Jimmy Carter participó en la limpieza de este y vivió durante décadas hasta convertirse en el presidente de Estados Unidos en 1977.

Como todavía no se conocían las malas noticias (ni las buenas) con respecto a la energía nuclear, en febrero de 1957, tres meses antes del anuncio de Planell, Franco creó la Dirección General de Energía Nuclear dependiente del Ministerio de Industria. «Durante 1958 se habrá adquirido suficiente experiencia para decidir, con seguridad, el tipo de reactores más convenientes para España. Y es muy probable que en 1959 se suscriban los contratos para la construcción de las primeras centrales, las cuales entrarán en servicio en 1952», informaba también este periódico.

Desde 1948

Esta idea se venía fraguando en el régimen franquista desde una década antes. El objetivo era solucionar los problemas energéticos que padecía España desde hacía tiempo, sobre todo, tras los estragos que había sufrido el país durante la Guerra Civil y, más tarde, para hacer frente al suministro que necesitaba debido al crecimiento de la población después de la posguerra. Una tendencia que iba en consonancia con la de las principales potencias del mundo, que tras la Segunda Guerra Mundial se lanzaron a la búsqueda del aprovechamiento de la energía nuclear e inauguraron las primeras centrales: Óbninsk, en la URSS (1954), Calder Hall, en Gran Bretaña (1956), y Shippingport, en Estados Unidos (1957). La primera piedra de esta última fue colocada por el presidente Dwight D. Eisenhower.

El proyecto en España partió concretamente del científico José María Otero de Navascués, que en 1948 presentó un informe al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el que aconsejaba que se iniciaran las investigaciones sobre la energía nuclear. Muy lejos quedaban todavía los terribles accidentes de Three Mile Island (Pensilvania, Estados Unidos), en 1979 y Chernóbil, convertido estos días en todo un fenómeno cultural gracias a la serie de HBO. Como recordaría años más tarde el mismo Navascués en el diario «Arriba», Franco tuvo «la previsión de comprender el enorme potencial del empleo pacífico de la energía nuclear y lo que esto podía representar en la solución de los problemas energéticos de nuestro país».

Como consecuencia de ello, ese mismo año de 1948 se creó una Comisión de Estudios. Era la primera semilla para la construcción de centrales nucleares en España, que comenzaría en 1965 con la de Zorita (en servicio desde 1968), en Guadalajara. Después continuó con otras nueve, de las cuales actualmente solo funcionan siete: Garoña (en servicio desde 1971), Almaraz I (1981), Ascó I (1983), Almaraz II (1983), Cofrentes (1984), Ascó II (1985), Valdellós (1987) y Trillo (1988). Las mismas cuya seguridad fue puesta en duda a raíz de la fuga radiactiva de Fukushima, en 2011, tras el terremoto y posterior tsunami que azotó Japón: «El debate siempre está vigente en el caso de la utilización de la energía nuclear y ahora es más necesario», declaró la entonces ministra de Economía, Elena Salgado.

«Átomos para la paz»

Hasta llegar aquí, el camino no fue nada fácil. España tardó dos décadas desde que Navascues presentó la idea hasta que Zorita se puso en funcionamiento. Y es que, durante esos años, la energía nuclear estuvo asociada a la destrucción de Hiroshima y Nagasaki y a los programas armamentísticos de las principales potencias. Aquel fue su pecado original y su maldición, y en el Pardo no estaban dispuestos a despertar los fantasmas de la guerra de nuevo, aunque fuera solo por los daños que podía provocar la energía atómica, tal y como habían visto en Japón.

Franco esperó a 1951 para crear también la Junta de Energía Nuclear (JEN), que se se encargaría de investigar y asesorar al Gobierno en todo lo relacionado con este campo tan polémico. Y, además, se convirtió en la responsable de la seguridad, la protección radiológica y la formación del personal que trabajaría en las futuras centrales.

La fecha clave en este proceso fue, sin duda, el 8 de diciembre de 1953. Ese fue el día en que Eisenhower pronunció su histórico discurso « Átomos para la paz», en el que defendía el uso de la energía atómica con fines pacíficos y no militares. «El fin sería ayudar a solucionar el espantoso dilema atómico, a dedicarse en cuerpo y alma a encontrar el camino por el cual la milagrosa inventiva humana no sea dedicada a la muerte, si no a consagrar la vida», explicó el presidente de Estados Unidos.

Como gesto de buena voluntad, la Casa Blanca desclasificaba poco después gran parte de la información científica y tecnológica recabada por Estados Unidos. Hasta ese momento había sido empleada, únicamente, con fines militares. Y en 1955 firmaba un acuerdo de cooperación nuclear con España, según el cual Franco recibiría su primer reactor, el mismo que formaría parte de la central de Zorita [en la imagen], así como uranio enriquecido imprescindible para el funcionamiento de la planta.

Zorita, nuestra primera central

Para España el desarrollo nuclear se convirtió en ese momento en una posibilidad real. Tanto que, en 1958, conseguimos desintegrar por primera vez un átomo. «Lo hemos hecho a pocos metros de la Puerta del Sol: en el reactor atómico experimental de la Moncloa», contaba este diario, que calificó el logro como «la culminación de la estrecha colaboración existente entre la Junta de Energía Nuclear y la General Electric Company con el programa “Átomos para la paz”».

España inauguró la central de Zorita, llamada José Cabrera, en plena época del desarrollismo franquista. Comenzó a funcionar 14 años después de que lo hiciera la central de Obninsk. «Esto abre las puertas a una nueva época de continuado y creciente suministro de energía […]. Se encuentra en plenas condiciones de eficiencia y seguridad […]. Los técnicos y empleados viven con sus familiares, en un confortable poblado y una hermosa residencia, a pocos centenares de metros», contaba ABC el día de su puesta en funcionamiento, el 13 de diciembre de 1968. Un acto en el que el entonces ministro de Industria, Gregorio López Bravo, y Franco informaron, además, del avanzado estado de construcción de otras dos centrales: Santa María de la Garoña (Burgos) y Vandellós (Tarragona).

El dictador pronto tuvo que intercalar durante un tiempo la inauguración de todas estas centrales nucleares con la puesta en funcionamiento de otras presas y centrales térmicas. El régimen fue, efectivamente, solventando poco a poco la creciente demanda de electricidad. En 1975, España ya era en la séptima potencia nuclear del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania Federal, Unión Soviética y Francia. Un año en el que también comenzaban las primeras protestas de los movimientos antinucleares, bajo el argumento de que esa energía era muy peligrosa, cara y, sobre todo, contaminante.

Un ejemplo de esta disconformidad se produjo tras la catástrofe de Chernóbil, que tuvo consecuencias en el campo de la ciencia, la tecnología, la medicina, el medioambiente y la política para todo el mundo. En España tuvieron más repercusión aún cuando se produjo el accidente en la central tarraconense de Vandellós I, en octubre de 1989, tras el incendio que ocasionó importantes disfunciones en diversos sistemas necesarios para garantizar la refrigeración del reactor. Un noche horrible que llevó a muchos vecinos de las poblaciones cercanas a abandonar sus casas. «¿Son las centrales nucleares un peligro, como se afirma a veces… o es un estado de psicosis colectiva por falta de una información adecuada?», se preguntaba el diario «Informaciones», el 20 de junio de 1975.

 

Fuente: ABC

El Consejo de Seguridad Nuclear eleva la gravedad de una avería de la nuclear Vandellòs II

El CSN reclasifica a nivel 1 un suceso de abril debido a la “reiteración de fallos consecutivos por la misma causa”

Un juzgado de Reus mantiene abiertas diligencias por una fuga similar del año pasado

Greenpeace y Ecologistas en Acción han sostenido en los últimos meses que la reiteración de este tipo de averías podría revelar la existencia de «algún problema estructural» debido al envecimiento de los sistemas nucleares del reactor que debería abordarse.

La central nuclear de Vandellós II ha sufrido dos fugas de agua que han obligado a parar el reactor en un lapso de tiempo muy corto, tan solo tres meses y medio, lo que ha llevado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a reclasificar a nivel 1 de la escala Ines el último de los sucesos, ocurrido el pasado 6 de abril. Inicialmente fue calificado de nivel cero pero ahora se ha elevado al 1 por «la reiteración de fallos consecutivos por la misma causa» y en la misma zona de la barrera de presión.

Aunque el CSN no lo hace constar en la nota hecha pública, las dos fugas se suman a otra localizada también en la barrera de presión en febrero del año pasado. Sobre ésta pesa, además, una denuncia interpuesta por la organización ecologista Sociedad Humana que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Reus (Tarragona).

Imprudencia grave

La entidad acusa a los gestores de la central de haberla mantenido en marcha pese a que se sospechaba que el goteo procedía de las barras de presión, lo que obligaba a la parada inmediata. No la detuvieron hasta que el 3 de marzo se comprobó que, efectivamente, procedía de ese punto. El juez abrió diligencias el pasado abril para determinar si existen indicios de que los gestores cometieran una «imprudencia muy grave» por la vulneración de los protocolos de seguridad, como sostienen los demandantes.

Fuentes del CSN han precisado que «no se pueden vincular» a efectos de clasificación del suceso, los fallos detectados en lo súltimos meses con el del año pasado dado que se han producido en «lugares y por causas distintas». El del año pasado afectó al generador de vapor A de la barrera de presión y los más recientes al generador de vapor B. En diciembre el goteo se produjo en una soldadura aguas arriba de la válvula de drenaje del generador B y el de abril en otra soldadura aguas abajo del mismo .

En la barrera de presión se encuentran el conjunto de todos los componentes sometidos a la presión del reactor y que forman parte de su sistema de refrigeración o que están conectados a él.

Envejecimiento

Greenpeace y Ecologistas en Acción han sostenido en los últimos meses que la reiteración de este tipo de averías podría revelar la existencia de «algún problema estructural» debido al envejecimiento de los sistemas nucleares del reactor que debería abordarse.

La Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (Ines) abarca desde el nivel 0 (sin ninguna significación para la seguridad), hasta el 7 (accidente grave). El nivel 1 se considera una «anomalía» sin repercusión ni dentro ni fuera del emplazamiento. En los últimos años se detectó una en Cofrentes (2017) y dos en Almaraz I y II (2015).

Abierta hasta el 2033

A excepción del de Trillo (Guadalajara), el de Vandellós II es el más moderno del parque nuclear español. Se puso en marcha en agosto de 1987, por lo que los 40 años de vida útil para los que fue diseñado expiran en el 2027, aunque el acuerdo firmado por el Gobierno y las compañías eléctricas prevé que se prolongue unos seis años más. El pacto se firmó en el marco del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que el Gobierno ha mandado a Bruselas y que prevé alargar unos años la vida de todas las centrales para garantizar el suministro y por falta de medios técnicos y recursos económicos para gestionar un cierre casi simultáneo de los siete reactores que siguen en funcionamiento.

Imagen de portada: La central nuclear de Vandellòs II. / JOAN PUIG

Fuente: kaosenlared.net

Original

Abogado UE: normas europeas no se aplican al impuesto español de residuos nucleares

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó este miércoles que la normativa europea no es aplicable a los impuestos españoles sobre la gestión de combustible nuclear gastado, respondiendo así a una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo.

El abogado general Gerard Hogan, cuyas conclusiones no son vinculantes pero suelen orientar la decisión de la corte, considera que la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad no es aplicable a los tributos españoles sobre la producción de combustible nuclear gastado, los residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de dichos combustible y residuos.

El jurista sostiene que el ámbito de aplicación de la Directiva se limita a la generación, al transporte, a la distribución y al suministro de electricidad.

El Tribunal Supremo había remitido inicialmente sus dudas sobre los impuestos nucleares al Constitucional, por ser potencialmente contrarios al principio de capacidad económica establecido en la Constitución, en un contencioso que afecta a la Asociación Española de la Industria Eléctrica, Endesa Generació e Iberdrola, y, por otro lado, la Administración General del Estado.

Las eléctricas argumentaban que los modelos de autoliquidación y pago de los citados impuestos sobre combustible nuclear gastado constituyen una suerte de impuesto especial sobre los productores de energía nuclear que distorsiona el mercado español de la electricidad, lo cual debe considerarse ilícito.

El Supremo entendía que el objetivo de los impuestos es incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica, para que los productores de energía nuclear asuman una parte de la financiación del “déficit tarifario” (diferencia entre los ingresos que las compañías eléctricas españolas reciben de los consumidores y el coste del suministro de la electricidad reconocido por la normativa nacional) mayor que la de otros productores de energía.

Consideraba también que la libre competencia en el mercado de la electricidad se ve falseada si determinadas empresas se someten a una tributación por su forma de producción sin una justificación objetiva.

Pero el Tribunal Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad indicando que, al haber expresado el Tribunal Supremo sus dudas también acerca de la compatibilidad de la legislación nacional con el Derecho de la Unión, debía plantear primero una cuestión prejudicial al TJUE, cuyo abogado general no ve aplicable la legislación comunitaria.

No obstante, el jurista añade que, en caso de que el Tribunal europeo no comparta su opinión, aporta una solución alternativa.

En ella considera que la Directiva no se opone, en principio, a la normativa española, ya que la situación de las empresas eléctricas que utilizan energía nuclear no es comparable a la de otros productores de energía en cuanto a la protección del medio ambiente y de la seguridad.

No obstante, el jurista comunitario añade que el Tribunal Supremo deberá valorar, en su caso, si el objetivo de dicha normativa está realmente relacionado con la protección del medio ambiente y la seguridad y, si es preciso, determinar si la diferencia de trato fiscal deparado a los distintos tipos de productores de electricidad está objetivamente justificada por tales razones medioambientales.

Fuente : La Vanguadia

Instan a limpiar “cuanto antes” la radioactividad en Palomares

La Audiencia Nacional ha admitido el informe de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear

La Audiencia Nacional (AN) ha aceptado como prueba el informe remitido al Congreso de los Diputados por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que se insta a que se “analice, y, en su caso, se rehabilite cuanto antes” la zona contaminada con radioactividad de Palomares, pedanía de Cuevas del Almanzora, para evitar “efectos inaceptables en las personas y en medio ambiente”.

Así, en su auto, la Sección Séptima admite, en contra del criterio de la Abogacía del Estado, la documental procedente de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (Astecsn); propuesta por Ecologistas en Acción en el marco del procedimiento impulsado para obligar al CSN a que fije un plazo para ejecutar el Plan de Rehabilitación de Palomares que se aprobó en 2010.

La Abogacía del Estado se opuso a que se ampliasen los hechos objetos de la demanda con este informe, algo a lo que se aviene la AN, que lo admite como prueba documental al considerar que “no dejan de ser manifestaciones de una asociación en un ámbito parlamentario, que carecen de relevancia para la decisión del pleito”. Asimismo, también se negó, en otro recurso anterior, a que se investigara el envío de 1,5 toneladas de material radioactivo a la zona en 2016 procedente del Ciemat, pero la sala se negó y la práctica de prueba al respecto ha revelado que fueron casi seis toneladas de material radioactivo trasladado desde 2011 y depositado en contenedores y en un almacen del laboratorio que el Ciemat tiene en la zona 3 bajo vigilancia radiológica, en el núcleo urbano de Palomares.

No obstante, después pidió la práctica de prueba sobre el asunto y la Audiencia Nacional la admite en este auto, de 27 de marzo, en el que incorpora a la causa el informe de los técnicos del CSN.

El informe

Los técnicos, en su informe, entienden “que siempre será mejor tener los residuos embidonados y almacenados, aunque sea allí mismo, que dispersos por el medio ambiente como llevan más de 50 años”. Y añaden que la limpieza de estos terrenos, que abarcan unas 50 hectáreas, “debe realizarse sin estar subordinada a la existencia o no de un acuerdo con terceros para que EEUU se haga cargo o no de los residuos”. Al hilo de esto, indican que la “evolución” de los “radionucleidos Pu-239, Pu-240, Pu-241, así como la aparición de Am-241, generado a partir del Pu-241”, tiene como consecuencia la “modificación del efecto radiológico, tanto en las personas como en el medio ambiente, debido a un comportamiento más dispersable a medida que van pasando los años”.

De este modo, con fecha de 17 de diciembre y realizado en respuesta a varias preguntas que se formularon por parte de miembros de la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear del Congreso, critican que en Palomares se hayan tomado “medidas sin la debida transparencia y sin sustentarse en informes públicos” y afirman que, si estos “existen, se mantienen en secreto, lo cual crea desconfianza e inseguridad en la población afectada”.

Asimismo, los técnicos señalan que resulta “significativo” que el CSN “conozca” los análisis de contaminación y dosimetría interna efectuados en la población de Palomares en los últimos 50 años y que sus resultados generales “que han debido tenerse en cuenta en las evaluaciones efectuadas por el regulador, se mantengan secretos y no disponibles cuando son la base para la toma de decisiones y justificación de cualquier medida que se quiera adoptar, tales como trabajos de limpieza y almacenamiento de residuos”.

Apuntan, en esta línea, que el CSN “debe de poner sobre aviso a las autoridades competentes acerca de los riesgos radiológicos e instar y recomendar las acciones pertinentes” y que el Estado “debe proteger a su población en consecuencia y almacenar temporal o definitivamente los residuos”. Para ello, ponen como ejemplo de actuación sobre terrenos contaminados con población el realizado en las Islas Marshall motivado por los ensayos nucleares llevados a cabo allí por EEUU, y donde las actuaciones de restauración y limpieza “se realizaron con transparencia y participación activa de la población afectada”.

Y es que, “cuanto mayor sea la transparencia, más obligadas estarán todas las partes a tomar una decisión cuanto antes. Los informes y los datos que soportan las decisiones y las medidas a adoptar deben ser públicos y sometidos a una revisión científica. El papel del CSN, como único organismo competente en protección radiológica, resulta fundamental para liderar y garantizar dicho proceso de forma pública, abierta y transparente”, remarcan en su informe.

 

EH Bildu denuncia tres vertidos de material radiactivo en Garoña el pasado verano

EH Bildu ha solicitado explicaciones acerca de tres accidentes en la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) sucedidos el pasado verano en los que, ha asegurado, se ha vertido material radiactivo.

Los accidentes, según ha explicado el parlamentario vasco Mikel Otero, se han producido durante labores de desmantelamiento de la central y han sido «ocultados hasta ahora, en una grave falta de transparencia que pone en solfa la labor de la comisión interinstitucional» que hace seguimiento de dicho proceso.

Concretamente, según la información del Consejo de Seguridad Nuclear citada por el grupo parlamentario, el primer accidente tuvo lugar el 20 de julio de 2018, cuando una fuente radiactiva que estaba siendo transportada se cayó al suelo y la cápsula de cesio-137, que estaba dentro, se salió del envase de plomo y el 2 de agosto hubo un vertido de 50 litros de lodo radiactivo, que también se volvió a verter quince días después en el tercer accidente.

Otero ha solicitado que comparezca en el Parlamento Vasco la comisión interinstitucional constituida en 2017 por el Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y administraciones locales para hacer seguimiento del proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. «Ese órgano fue creado a propuesta de EH Bildu, pero su trabajo está en cuestión porque hasta ahora no hemos sabido que durante el pasado verano en Garoña hubo tres accidentes en los que se vertió material radiactivo», ha recalcado.

El parlamentario ha añadido que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no ha dado a conocer «hasta hace pocos días ninguna información al respecto» y es muy grave que la comisión integrada por las instituciones vascas tampoco supiera nada de esos accidentes.

En opinión del parlamentario de EH Bildu, «es muy preocupante la nula transparencia con que se está desmantelando Garoña y está claro que la actividad de la comisión interinstitucional no está sirviendo para acabar con la opacidad».

fuente: Burgosconecta

Page exige “disculpas” por la ubicación del ATC, tras otro seísmo en la zona

Terremoto de 2,7 en Villarejo de Fuentes (Cuenca), a 15 km. del ATC de Villar de Cañas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este miércoles que deberían pedir disculpas por ubicar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), tras el nuevo terremoto registrado en la zona, a pesar de que el Gobierno regional advirtió de que había riesgo sísmico.,”Alguien tendría que pedir disculpas y exigir responsabilidad por la decisión mal tomada y cabezonamente ejecutada de instalar un basurero nuclear

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este miércoles que deberían pedir disculpas por ubicar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), tras el nuevo terremoto registrado en la zona, a pesar de que el Gobierno regional advirtió de que había riesgo sísmico.

“Alguien tendría que pedir disculpas y exigir responsabilidad por la decisión mal tomada y cabezonamente ejecutada de instalar un basurero nuclear en Villar de Cañas”, ha afirmado García-Page a los medios de comunicación en Cuenca, un día después de que ayer se registrara un terremoto de magnitud 2,7 en Villarejo de Fuentes, pueblo situado a pocos kilómetros del municipio donde está proyectado el ATC.

En concreto ha señalado que Villarejo de Fuentes dista 15,5 kilómetros de Villar de Cañas, aunque el Instituto Geográfico Nacional situó el epicentro del seísmo en un punto de su término municipal situado a unos 10 kilómetros en línea recta de los terrenos en los que se prevé construir el almacén de residuos nucleares.

García-Page ha recordado que el Gobierno castellanomanchego advirtió del riesgo sísmico que existía en la zona, así como del “interés de la empresa pública por las adjudicaciones, del interés de otros por hacerse con ella y del procedimiento chapucero con el que se llevó a cabo el proceso”.

En el desarrollo del proyecto “se saltó incluso la legislación urbanística, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Villar de Cañas carece de Plan de Ordenación Territorial”, ha añadido García-Page, que ha apuntado que todas estas cuestiones, “al igual que el riesgo de que la zona registre un terremoto, están aflorando ya”.

Por ello, ha exigido a los actuales dirigentes del PP en Castilla-La Mancha “que expliquen a qué lotería se referían” la expresidenta regional María Dolores de Cospedal y el exministro de Industria, Comercio y Turismo José Manuel Soria “cuando aseguraron que Castilla-La Mancha había sido agraciada con la lotería”.

Ha considerado además que “intentar engañar y tomar el pelo a todo un pueblo es una ofensa importante”.

Terremoto en febrero de 2018

Un terremoto de 3,2 grados de magnitud en la escala de Richter se ha registrado este martes, 6 de febrero, en la localidad conquense de La Alberca de Záncara.

El lugar del epicentro está situado a poco más de 39 kilómetros de Villar de Cañas, lugar designado para albergar el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

El terremoto ha tenido lugar sobre las 15:26 horas y ha llegado a tener una profundidad de 11 kilómetros, según publica la web del Instituto Geográfico Nacional.

Este seísmo llega apenas 50 días después de otro de 3,7 grados de magnitud registrado el 20 de diciembre en la localidad alcarreña de Yebra, otra de las localidades que pugnaron por hacerse con el proyecto.

Terremoto en 2017

Un terremoto  situado a menos de 24 kilómetros en línea recta de la futura ubicación del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) que se queria construir en otro municipio conquense, Villar de Cañas.

 

Fuente: COPE, 

eldiario.es