La basura nuclear rebosa y el Gobierno no se entera (o sí)

Tenemos un problema. Los residuos generados por la actividad de los siete grupos nucleares que funcionan en España rebosan. No es polvo que se pueda meter debajo de la alfombra. España carece de una instalación segura en la que almacenar todos los residuos acumulados en los últimos 40 años y cada central ha tenido que asumir el almacenamiento del combustible que gasta. A la espera de que se construya el polémico almacén previsto en Villar de Cañas (Cuenca), cada nuclear mantiene los residuos en piscinas y almacenes que están casi saturados.

Las últimas cifras del Foro Nuclear dibujan una realidad preocupante. La capacidad de almacenamiento se agota: la central en mejor situación es Vandellós II y está saturada en un 84%; Ascó I, por su parte, supera el 97%. Con todo, lo más grave es la falta de previsión. El Plan de Gestión de Residuos Radiactivos en vigor fue aprobado en 2006. Desde entonces…la nada. En 2014, ENRESA, la empresa pública encargada de gestionar los residuos, informó a la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de que todo estaba bajo control: existía un nuevo plan de residuos en marcha –el séptimo- y el Gobierno lo iba a aprobar. Cuatro años después, ni hay nuevo plan ni se le espera.

Lo que sí hay es una gran falta de transparencia. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) publicó el único informe favorable con el que hasta ahora cuenta el almacén de Cuenca a regañadientes. Tuvo que intervenir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Todo alrededor de la energía nuclear, desde sus costes hasta su gestión, pasando por su propiedad, ha estado y está rodeado de secreto y confusión. Tanta que ni siquiera el ministro del ramo, Álvaro Nadal, se cree las cuentas que presentan las compañías: “Las nucleares ganan más de lo que dicen. Hacen mucha ingeniería contable” aseguró Nadal hace un año.

“La discusión en torno al negocio nuclear discurre sotto voce; es subterránea y también enconada”, recordaba esta semana un buen conocedor del sector. Eso es malo para el conjunto de la sociedad, a la que se priva de un debate serio sobre una energía muy cuestionada. Es malo también para el usuario de la electricidad que, al fin, es quien paga toda la fiesta. El ocultismo afecta, sobre todo, al prestigio del órgano encargado de supervisar al sector: el Consejo de Seguridad Nuclear.

Durante mucho tiempo y hasta principios de siglo, el organismo, constituido en 1980 tras la escisión de la Junta de Energía Nuclear (JEN) tuvo un gran prestigio. La base fundamental para elegir a sus consejeros era el conocimiento del sector, su funcionamiento y sus riesgos. La política no era determinante para la elección. Todo eso cambió. Aunque el CSN siempre estuvo más cerca de la industria nuclear que de las reclamaciones de buena parte de la sociedad, nunca lo estuvo tanto como con el nombramiento, en 2001, de Teresa Estevan Bolea como presidenta a instancias del PP. Apenas un mes después de llegar a cargo, en una entrevista en EL PAÍS , Estevan Bolea abogó por ampliar la vida útil de las centrales a 60 años y por construir nuevas instalaciones.

 

Como en la novela de Vargas Llosa, “el Perú se había jodido en algún momento”. El CSN se convirtió en escenario de juego y batalla política, con consejeros nombrados por el dedo de los partidos y con intensas batallas como las protagonizadas por la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que denunció en sus votos particulares las maniobras que se han sucedido para facilitar, al fin, lo que Estevan Bolea reclamaba hace 17 años.

La política de nombramientos y las batallas ideológicas internas han desgastado la imagen del CSN. Donde únicamente deberían contar argumentos técnicos y de seguridad se entrometen con demasiada frecuencia los intereses políticos y empresariales. Todo en un país cuyo Gobierno es, junto con el que encabeza en EE UU Donald Trump, el único entre las grandes economías de la OCDE que defiende las centrales de carbón y las nucleares.

Conviene tomar nota. En España están saliendo a la luz datos que revelan un más que regular caos en la gestión de la basura nuclear. Tanto que hasta la patronal del sector, Foro Nuclear, lo ha utilizado para argumentar por qué es imposible cerrar las nucleares a corto plazo, ni siquiera de forma escalonada. Los siete reactores nucleares operativos  cumplen los 40 años desde su construcción entre 2024 y 2028. Mantenerlos cerrados es caro y demantelarlos, sostiene Foro Nuclear, imposible. Simplemente, no hay donde meter la basura.

Fuente:   lainformacion.com

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El desmantelamiento de la central de Garoña costará 480 millones y durará hasta 2034

Almacen nuclear en superficie que dejará Garoña como herencia junto a la despoblación y el paro.

El cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, arrancó formalmente el pasado 1 de agosto de 2018. Fue entonces cuando se firmaba la orden del Ministerio de Energía denegando la renovación de la autorización de la planta que habían solicitado sus dueñas, Endesa e Iberdrola (que se reparten a partes iguales las acciones de Nuclenor, la sociedad titular de la central).

Terminaba así un largo culebrón de cinco años: desde que las eléctricas pararon a finales de 2012 voluntariamente la central en un órdago al Gobierno por la reforma energética, pasando por cambios legislativos ad hoc para poder reabrirla, y hasta la decisión del Gobierno de echar el cierre definitivo ante la certeza de que ni siquiera las eléctricas propietarias querían ya reabrir la planta por no ser rentable.

Y arrancaba también ese 1 de agosto el aún más largo proceso que permitirá el desmantelamiento de la vieja central nuclear burgalesa. En total, los trabajos para desmontar la planta se alargarán durante 17 años, hasta plantarse en 2034, y requerirán de un presupuesto total de 480 millones de euros en todo ese tiempo, según las estimaciones que maneja Enresa –la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares- y a las que ha tenido acceso El Independiente.

17 años para desmontar la central por completo

Durante los primeros tres años, hasta septiembre de 2020 previsiblemente, Iberdrola y Endesa seguirán siendo las titulares de Garoña y desarrollarán durante ese plazo las actividades preparatorias para del desmontaje futuro. A partir de ese momento la central nuclear pasará a manos directamente de Enresa: la sociedad pública pasará a ser el dueño de la planta hasta su desmantelamiento total, cuando devolverá los terrenos a las eléctricas.

Enresa se encargará entre 2020 hasta mediados de 2024 del proceso de licenciamiento y de la obtención de autorizaciones y permisos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Gobierno. Los trabajos delicados, el desmantelamiento propiamente dicho del reactor y del resto de instalaciones de la central, se desarrollarán entre 2024 y hasta 2034. Para entonces el terreno tendría que quedar como si allí no hubiese habido nunca una instalación nuclear. Ese el objetivo.

El presupuesto total de todas estas labores, según prevé Enresa, se situará en los 480 millones de euros. De ellos, 220 millones se destinarán a las labores de desmontaje de los equipos de la central; 130 millones serán para la gestión del combustible nuclear gastado (incluida la reforma para adaptar el almacén temporal individualizado –ATI- en que se guardarán durante un tiempo los residuos); y otros 130 millones más para los servicios subcontratados de ayuda al desmantelamiento.

¿Quién pagará el desmantelamiento?

El  Ministerio de Energía ultima una nueva norma para trasladar a las eléctricas más costes derivados del desmantelamiento de sus centrales, como fórmula para desincentivar la amenaza de Iberdrola  de no pedir la renovación de la autorización de sus nucleares por estar acumulando pérdidas con ellas por los altos impuestos que se les aplica (Endesa también critica la fiscalidad nuclear, pero apuesta por alargar la vida de todas sus plantas).

Hasta ahora, es la sociedad pública Enresa la que se encarga del desmantelamiento de las centrales, financiándolo con un fondo que son las propias eléctricas las que van alimentado mediante el pago de tasas. Ese fondo actualmente cuenta con cerca de 5.000 millones de euros.

La reforma que propone el Ministerio de Álvaro Nadal es que sean las eléctricas las que asuman directamente del desmantelamiento de las centrales y también su coste. Enresa les devolvería la parte destinada a la demolición de centrales (que no cubriría todos los gastos) y el resto de gastos lo tendría que cubrir la compañía eléctrica de su bolsillo.

Las estimaciones que maneja Endesa apuntan a que la parte destinada al desmantelamiento sería de entorno a un 22 o un 24% de lo aportado por las eléctricas. Endesa ha aportado de momento 2.400 millones del total de 5.000 millones con que cuenta el fondo público, así que hoy recibiría entre 530 y 580 millones si cerrase ahora sus centrales. Las magnitudes de lo aportado y lo que recibiría Iberdrola serían similares.

Vista del ATI de Garoña

Cuando las eléctricas la desenchufaron

Las dos eléctricas cerraron voluntariamente Garoña en diciembre de 2012 en un órdago al Gobierno por las medidas incluidas en la reforma eléctrica (entre ellas, nuevos impuestos al combustible nuclear y a los residuos radioactivos). Desde entonces la central estuvo desconectada de la red, sin producir electricidad, pero sin iniciar su desmantelamiento porque las compañías -tras cambios legislativos ad hoc del Gobierno para hacerlo posible- acabaron solicitando un año y medio después su reapertura. Sólo costes y nada de ingresos.

Endesa e Iberdrola solicitaron la renovación de la licencia de explotación de Garoña hasta 2031, justo cuando la central cumpliría 60 años desde su construcción. Las compañías acabaron chocando sobre la estrategia a seguir: ambas habían descartado ya reabrir la central por no ser rentable, pero Endesa quería esperar a recibir el permiso del Gobierno e Iberdrola quería retirar la solicitud de reactivación.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el aval técnico a la reapertura de la central burgalesa, a pesar de que las eléctricas no habían realizado las reformas y las inversiones que el propio organismo había marcado como una exigencia previa ineludible. El Gobierno finalmente optó por no conceder la renovación de licencia y decretó su clausura definitiva.

Herencia: paro, despoblación, residuos, Internet a pedales y carreteras africanas

Según un análisis sobre el primer año de vida del olvidado Plan Garoña,  el paro en el área de la central de Garoña era superior al que se registra en la provincia de Burgos y  la media estatal. De este modo, el economista Carlos Alonso de Linaje  insistió en que las iniciativas empresariales generadas a través del Plan Garoña no han mitigado la situación adversa del empleo en la zona. (seguir leyendo).

A dia de hoy no hay ningún tipo de Plan para dinamizar Tobalina ni sus alrededores.

Una zona con 3 saltos de agua de Iberdrola y una central nuclear que no tiene fibra óptica en los pueblos y los accesos por carretera tienen infinidad de curvas peligrosas, como lo atestiguan la gran cantidad de flores que llenan los guardarailes de los arcenes.

Algunos reportajes televisivos

Veamos un pequeño reportaje sin edulcorar de la cadena Cuatro en el que se puede ver Garoña por dentro tras darle una buena mano de pintura, asi como varias opiniones de vecinos.

Aqui podemos ver un reportaje sobre el ATC .

El almacén nuclear que divide a los vecinos de los pueblos a cambio de poner una instalaciones que lejos de traer riqueza traerá despoblación y pobreza para los vecinos.


En Television Española han hecho un reportaje para mostrar la opinión de los vecinos.

La idea general es que nadie sabe nada, pero los maletines correrán a base de bien, eso seguro.

 

Como siempre el hostelero y los albañiles a favor, los vecinos que no sacan nada en contra.

¿Cuantos puestos de trabajo creará el almacen?.

¿Cuantos para la población local después de la construcción?

La desinformación es un arma cuando lo que hay que informar no es bueno o no es cierto.

 

 

Informe semanal sobre Garoña (4/09/2009)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-cierre-garona-momento-no/537894/

Fuente:  elindependiente.com

Energía tiene un agujero de 3.000 millones para desmantelar las centrales nucleares

Juan José Zaballa. Director de ENRESA

Un ¿fallo de previsión? hace que a la empresa pública Enresa no le basten los 5.000 millones acumulados desde 1985. El Ministerio de Energía quiere cargarlo a las eléctricas y éstas, al erario público

Las nucleares son las nuevas radiales. La empresa pública Enresa, encargada de desmantelar las centrales nucleares y dependiente de Energía, necesita más dinero. Mucho más. Dinero público. Enresa ha transmitido al Ministerio de Energía que si las nucleares cierran a los 40 años de vida, cosa que ocurrirá a lo largo de los próximos 10 años, necesitará unos 3.000 millones más para acometer los trabajos de cierre. Y eso, a pesar de que el plan de residuos vigente establece que el fondo acumulado por Enresa desde 1985 —unos 5.000 millones, que primero aportaron los consumidores y luego las eléctricas— debía ser suficiente. El Gobierno acaba de caer en el roto que supone el que las eléctricas hayan aportado de menos e intenta alargar la vida de las nucleares al menos 10 años o que sean ellas las que carguen con el desmantelamiento. No es la primera vez que las malas previsiones en el sector nuclear acaban cayendo sobre el contribuyente, y esa partida está en la trastienda de la guerra de Nadal con las eléctricas.

El pasado 31 de enero el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció en el Congreso su intención de que las eléctricas pagasen el desmantelamiento de las nucleares. Respondía así a la decisión de las eléctricas, que ya hablan abiertamente de cerrar las plantas cuando cumplan los 40 años de vida útil, plazo que vence entre 2023 (Almaraz I) y 2028 (Trillo). “España es el único país del mundo en el que el desmantelamiento de una central nuclear —no del resto, el resto sí es responsabilidad de la propia empresa— es responsabilidad de todos, a través de la empresa pública Enresa. […] ¿Qué ocurre? Que cuando se decide el cierre de una central, el propietario quiere abandonarla y dejársela a Enresa cuanto antes, y no acometer una serie de inversiones de predesmantelamiento que están obligados a hacer”. Y añadía que el resultado era que “ahora mismo el cierre de cualquier central —y estamos en el proceso del cierre de la central de Santa María de Garoña— supone una aportación adicional por parte del sector público”.

Asumía así que Enresa no tiene dinero para pagar el desmantelamiento de todas las centrales nucleares. Eso choca frontalmente con el Plan General de Residuos Radiactivos vigente, aprobado en 2006 —y no renovado desde entonces, pese a que estaba prevista su revisión a los cinco años—. El agujero tumba todo el sistema español de gestión de residuos nucleares. Desde los años ochenta, una parte del recibo de la luz iba destinada a un fondo de Enresa. Esta empresa pública debía encargarse del cierre de las nucleares y de la gestión de los residuos, y así lo hizo con Vandellòs I, cerrada tras un incendio en 1989, y con Zorita, clausurada en 2006 por un acuerdo político. En 2005, el Gobierno del PSOE cambió la ley para que ese fondo se nutriera de una tasa que pagaban las eléctricas en función de la producción nuclear. Así se cumplía el principio de que quien contamina paga.

El sistema tenía importantes lagunas, como considerar pasados 70 años la gestión de los residuos nucleares, activos durante miles de años, ya no iban a costar nada al Estado. Pero era una forma de ir tirando que se vendía como idónea. El Estado acumulaba un fondo y no dependía de las eléctricas para algo tan sensible como desmantelar el parque nuclear. Estas a su vez descontaban ante sus inversores riesgos futuros de los residuos. En teoría, el sistema cuadraba. Así lo dice el plan de residuos: “Las dotaciones al Fondo solo se pueden destinar a costear las actuaciones previstas en el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), y al concluir el periodo de gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las instalaciones contempladas en el PGRR, las cantidades totales ingresadas en el Fondo, a través de las distintas vías de financiación, deberán cubrir los costes incurridos de tal manera que el saldo final resultante sea cero“.

Sin embargo, antes de empezar, el sistema hace agua. Los plazos del cierre nuclear no pueden ser una sorpresa porque el “escenario de referencia” del plan de residuos ya preveía el cierre de centrales a los 40 años de vida. Sin embargo, fuentes del sector explican que Enresa ha trasladado al ministerio que necesitaría unos 3.000 millones si las centrales cierran al cumplir los 40 años. En realidad, es solo una estimación del orden de magnitud del agujero, ya que es un coste previsto hasta más allá de 2080 y puede variar enormemente en función de los tipos de interés, por lo que podrían ser 2.000 o 4.000. La cifra coincide con la estimación que hizo JP Morgan y que adelantó ‘El Independiente’.

El viernes pasado, ni Enresa ni Energía contestaron a las peticiones de información de este diario. En su comparecencia, Nadal apuntó que el desfase se debía a los bajos tipos de interés, que han hecho que el fondo de Enresa, que durante años han codiciado distintas administraciones, apenas rinda. “Es verdad que el fondo de Enresa depende enormemente de la evolución financiera del mismo. Es decir, en función de qué tipos de interés se están pagando —llevamos una etapa de bajísimos tipos de interés— el fondo Enresa está teniendo menores ingresos, menores intereses de los que inicialmente se habían previsto”, dijo el ministro.

Enresa puede alegar que ha habido imprevistos, ya que el almacén temporal centralizado de residuos debía estar listo en 2015 y aún está empantanado en los tribunales. Debido a ese retraso, ha tenido que construir almacenes temporales (básicamente, una losa de hormigón sobre la que van bidones con las barras de combustible gastado) en varias centrales. Eso explicaría un desfase, pero nunca de 3.000 millones sobre un fondo de 5.000. Como tampoco se explica únicamente con los bajos tipos de interés que ya llevan años. Además, el plan de residuos permitía al Gobierno revisar las tasas al alza mediante real decreto si veía que los ingresos no llegaban.

Distintos informes dejan pistas de cómo se ha formado bajo la alfombra el agujero para el erario público. En junio de 2012, nada más llegar el nuevo presidente de Enresa, la empresa hizo una revisión de costes y ahí ya afloraron 7.746 millones de sobrecoste en el tratamiento del combustible gastado sobre lo que preveía el sexto plan de residuos. A pesar de eso, las tasas que pagan las eléctricas no se actualizaron, por lo que el agujero siguió creciendo. En 2015, el Tribunal de Cuentas cifró el desfase en 1.500 millones y advirtió a Enresa de que debía revisar año a año las tasas nucleares para evitar estos desajustes, lo que habría supuesto elevar las tasas a las nucleares. En 2012, el Gobierno creó un nuevo impuesto a la producción nuclear, pero lo recaudado no se destinó a Enresa.

Enresa incluye en su última memoria un aviso a las eléctricas sobre el desfase: “Las necesidades de financiación futuras por las posibles desviaciones de las hipótesis del PGRR están plenamente garantizadas mediante la posibilidad de modificación de los tipos de gravamen que la ley prevé que se lleve a cabo mediante real decreto”. Fuentes del sector explican que las eléctricas han entendido perfectamente el mensaje y que ante un tasazo que les suponga pagar 3.000 millones más, prefieren cerrar como ya hicieron con Garoña.

La solución del ministerio es la intermedia. Alargar la vida de las nucleares al menos 10 años más para que siga fluyendo dinero hacia la hucha de Enresa y así paliar el agujero —y que se lo encuentren otros ministros—. Tras el cierre de Garoña, en España hay siete reactores nucleares que el año pasado produjeron el 21% de la electricidad, lo que la situó como la primera fuente de electricidad. Nadal asegura que su cierre encarecería el precio de la luz.

Es relevante que la cifra de 3.000 millones de agujero salga antes incluso de empezar a desmantelar las centrales (con los sobrecostes que se producen como norma en la obra pública) y suponiendo que después de 2070 el coste para el erario público será nulo. Nadie descarta que la factura crezca. Enresa ha reconocido “la dificultad que presenta la estimación de determinados costes sobre los que no hay experiencia previa, como es el caso del desmantelamiento de la central José Cabrera“. Esa es la nuclear de Zorita, un pequeño reactor semiexperimental en Guadalajara en desmantelamiento. Enresa además ha elegido unos terrenos con yesos para el almacén temporal, lo que puede disparar sus costes.

El agujero de Enresa no es el primero que el sector nuclear deja al erario público. Cuando en 1982 el PSOE llegó al Gobierno, las eléctricas estaban inmersas en un ambicioso plan nuclear que amenazaba con llevarlas a la quiebra. El Gobierno dictó entonces una moratoria nuclear que en realidad fue un rescate al sector. A cambio de compensaciones milmillonarias que se pagaron en el recibo durante 30 años, estas dejaron de construir Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II. El pasado nos alcanza.

Fuente: elconfidencial

La comarca de Garoña abandonada a su suerte.

Ningún plan económico, ni ayudas de la Junta de Castilla y León o Madrid.

Ecologistas exigen vigilar el cauce del Ebro.

La central sigue 5 años después en la fase previa a su desmantelamiento.

ENDESA e Iberdrola se han lucrado durante 45 años mientras el norte de España ha dispuesto de energía eléctrica para su desarrollo a un coste competitivo.

Ahora la comarca de Garoña recoge su herencia en forma de una despoblación y un abandono económico casi completos.

Sobre el Valle de Tobalina, rodeado por 2 Parques Naturales, atravesado por el rio Ebro y colindante a la ciudad medieval de Frias, han planeado varias amenazas en los últimos 10 años. Sólo la tenacidad de sus habitantes y veraneantes han conseguido parar la autopista AP69, una incineradora de neumáticos, un permiso de fracking … y esperemos que tambien una cantera que pretende establecer la empresa Yarritu de Miranda de Ebro.

El reactor central de Garoña fué detenido hace cinco años. A las 22.57 horas del 16 de diciembre de 2012, en concreto. Después de 42 años se desenganchaba de la red eléctrica, aunque hasta agosto de este año no se ha apagado el espíritu de esta planta nuclear levantada a 5 kilómetros de suelo vasco. Un lustro en el que estas instalaciones localizadas en el valle burgalés de Tobalina continúan estancadas en la fase previa a su desmantelamiento que según algunas voces expertas, no arrancará hasta 2020;y eso si los plazos son respetados. Y que, como mínimo, se extenderá durante cerca de siete años.

Al finalizar todo el proceso, allá por 2033, los terrenos ocupados a orillas del Ebro deberían quedar completamente liberados de cualquier fuente contaminante y ser destinados “a cualquier uso sin restricciones derivadas de la presencia de radiaciones ionizantes debidas a la operación de la central” ilustra Fernando Legarda, jefe del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la UPV/EHU. A juicio de este experto, ese horizonte de 2033 “es coherente” con lo realizado en el desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera [más conocida como Zoritapor estar ubicada en Almonacid de Zorita, en Guadalajara, al paso del río Tajo] “donde no ha habido paradas en el proceso”.

Los grupos ecologistas no han quitado ojo a todo lo ocurrido en la central en las cuatro últimas décadas. Por eso, como subrayaban desde el Foro contra Garoña, una vez ganada la primera batalla [el cierre] viene la segunda “que es larga y también difícil”: el desmantelamiento. En este sentido, reclaman que tanto la Diputación Foral de Araba como el Gobierno vasco “hagan directamente controles periódicos en el Ebro para asegurar que no haya ningún escape radiactivo”. Además, solicitan que en la web del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se informe debidamente y en tiempo de los procesos del trabajo a realizar: datos técnicos, plazos, periodicidad de los informes de control y tipo de mediciones…

La ‘basura nuclear’Y, por supuesto, que no se deje ningún residuo en las instalaciones de Santa María de Garoña. Los trabajos previos al desmantelamiento de esta planta, que ha visto reducida su plantilla a base de prejubilaciones (50) y recolocaciones (68), siguen su curso antes de que en 2020 la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) tome el testigo de los trabajos, un proceso que incluirá la custodia de la popularmente llamada basura nuclear. Residuos que, al menos en parte, habrían comenzado a ser trasladados en los últimos tiempos al cementerio nuclear de El Cabril, ubicado en la localidad cordobesa de Hornachuelos, lo que ha derivado en la solicitud de una investigación a la Comisión Europea por parte de Izquierda Unida-Andalucía.

El coste del predesmantelamiento que realizará Nuclenor los próximos tres años se calcula que tendrá un coste de unos 150 millones de euros, a los que se sumarán otros 200 más para el desmantelamiento definitivo si se tiene en cuenta como referencia el coste de las nucleares ya desmanteladas. En paralelo, se encuentra en el aire el futuro de la zona de influencia de Garoña, pendiente de un plan de reactivación que viene demandándose ya desde hace años. El Parlamento Vasco exigía a finales de octubre que el Ministerio de Energía y las empresas propietarias de Garoña comiencen “sin más demora, el procedimiento administrativo y técnico para las labores de desmantelamiento” de esta central.

La Cámara Vasca quiere que el proceso de desmantelamiento se lleve a cabo garantizando la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente. Además ha reclamado al Ejecutivo de Rajoy que ejecute un plan de reactivación económica en la comarca que incluya también a los municipios vascos afectados, en el que participen el Gobierno vasco y la institución foral alavesa. Precisamente la Diputación gobernada por el PNV aprobaba hace un par de meses un texto que instaba a que el desmantelamiento de la central “transcurra con transparencia tanto en la descontaminación de la zona y en la gestión de los residuos radiactivos”.

El ATC importaEl combustible gastado, describía Legarda, será retirado de la piscina de Garoña para ser ubicado “en contenedores en seco” que se alojarán en el Almacén Temporal Individual (ATI) de la central hasta que sea trasladado al Almacén Temporal Centralizado (ATC) que se construye en Villar de Cañas, Cuenca. Los residuos de media, baja y muy baja actividad serán, en principio, remitidos al almacén que Enresa dispone en El Cabril. Eso sí, el retraso acumulado en el proyecto del ATC corre en contra del desmantelamiento de Garoña. En opinión del docente de la UPV/EHU, “que se prolongue la estancia del combustible gastado y residuos de alta actividad en el ATI de la central”.

Desde la plataforma Foro contra Garoña insisten en la necesidad de controlar el proceso de desarme de la planta nuclear a fin de evitar vertidos al Ebro y “eliminar todo riesgo de fuga radiactiva”. “No es un tema que permita márgenes de riesgo alguno ya que lo que se juega es la salud de población y de nuestros recursos naturales”, entonan al tiempo que añaden a su lista de requerimiento: “Ni que los residuos se queden ahí para siempre”.

La cifra 119

El trabajo y actividad en el interior de Garoña continúa después de que el Ministerio certificara que la central nuclear no volverá a entrar en funcionamiento y marcara el comienzo de la fase previa al largo y costoso desmantelamiento del recinto. Como consecuencia de esa decisión, para los 226 trabajadores de Garoña (no los miles que decían las empresas), el reglamento de funcionamiento, aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), establece que “el número mínimo de trabajadores que deben permanecer en el recinto en la fase de predesmantelamiento son 108 personas”. “Se ha optado por situar la cifra en 119 trabajadores en la actualidad y contar con un colchón de once más de los que marca la normativa por temas organizativos”, indicaban.

Fuente: deia.com

Vivir a media hora del (de momento) único cementerio nuclear de España

Almacen nuclear en Ornachuelos (Granada)

El almacén de El Cambril alberga materiales radioactivos con una vida de más de trescientos años. La falta de transparencia sobre el transporte sin medidas de seguridad por vía terrestre y los residuos de centrales nucleares como Garoña ha llevado al grupo de IU Andalucía a pedir una visita “urgente” de la Comisión Europea a estas instalaciones.

En Hornachuelos, un municipio de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Córdoba, se ubica el único cementerio de residuos radioactivos que existe en España. Sus instalaciones, conocidas como El Cabril, se mantienen en la comarca cordobesa del Guadiato. A tan solo cincuenta kilómetros del área de población.

La lucha de ecologistas y partidos políticos de la zona como Izquierda Unida se centra en el conocimiento de los materiales que se almacenan en él. Son de alta, media, baja y muy baja intensidad procedentes, en un amplio porcentaje, de restos de centrales nucleares españolas. La descomposición de estos compuestos tiene una duración media que supera los 300 años.

Las instalaciones de El Cabril, gestionadas desde los años ochenta por la empresa pública Enresa, prometían bienestar económico a la zona y un bajo índice de paro. Hoy esta comarca con posible irradiación ha provocado un 50% de desempleo. Pero so no es lo único. El despoblamiento es otro grave problema, que se visualiza en municipios como Peñarroya Pueblonuevo, centro neurálgico de la comarca. En medio siglo casi 20.000 habitantes han salido del censo

aco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción, narra a Público que “el 95% de los residuos que llegan al Cabril proceden de las centrales nucleares”. Un dato desconocido para los alcaldes y habitantes de la zona que creían que albergaba en su mayoría material hospitalario. Y calcula que “el volumen total de este tipo de residuos será de más de 25.000 metros cúbicos” si llegan los últimos restos de centrales como Garoña, lo que superaría con creces la capacidad del cementerio nuclear.

Castejón habla junto a otros compañeros ecologistas como Alberto Ruiz Peña, del Movimiento Ibérico Antinuclear . “Cada año se producen decenas de transportes por carretera de residuos de todas las instalaciones a El Cabril sin medidas de seguridad”. El riesgo de accidente y posible fuga es demasiado elevado para la población colindante con un “grave incumplimiento de las directivas europeas” en esta materia.

aco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción, narra a Público que “el 95% de los residuos que llegan al Cabril proceden de las centrales nucleares”. Un dato desconocido para los alcaldes y habitantes de la zona que creían que albergaba en su mayoría material hospitalario. Y calcula que “el volumen total de este tipo de residuos será de más de 25.000 metros cúbicos” si llegan los últimos restos de centrales como Garoña, lo que superaría con creces la capacidad del cementerio nuclear.

Castejón habla junto a otros compañeros ecologistas como Alberto Ruiz Peña, del Movimiento Ibérico Antinuclear . “Cada año se producen decenas de transportes por carretera de residuos de todas las instalaciones a El Cabril sin medidas de seguridad”. El riesgo de accidente y posible fuga es demasiado elevado para la población colindante con un “grave incumplimiento de las directivas europeas” en esta materia.

El incumplimiento de las directivas europeas

La preocupación de los riesgos del traslado de restos radioactivos es cada vez más alarmante entre colectivos como la Plataforma Antinuclear de Córdoba. Pepa Beiras recuerda a Público que “este cementerio está es un sitio equivocado, en plena sierra de Hornachuelos, a las puertas de un parque natural, con un grave riesgo sísmico. Y encima ha generado nulo desarrollo de la zona” que no solo afecta al Guadiato. También a zonas de la Campiña Sur de Badajoz y la Sierra Norte de Sevilla.

Alberto Ruiz Peña, miembro de Ecologistas en Acción y de IU en Extremadura reclama la fragilidad de los suelos graníticos en la comarca que “de por sí son suelos radiactivos”. De la descomposición del material de estos suelos se desprendería gases como el radón, “altamente cancerígeno para la población”. A pesar de los intentos de peticiones para la realización de estudios oncológicos por parte de la Consejería de Salud de la Junta, los ecologistas no han conseguido dar una respuesta sobre la cifras de muertes por cáncer que hay en la zona de afectación del Cabril.

La falta de transparencia sobre el tipo de material radioactivo que se ubica en el Cabril han llevado al grupo Izquierda Unida Andalucía a presentar una solicitud de respuesta ante la Comisión Europea para investigar el posible traslado de ‘basura radiactiva’ con total opacidad al cementerio nuclear de El Cabril, procedente en los últimos meses de la central nuclear de Garoña.

El coordinador de IU, Antonio Maíllo ha destacado que este “silencio” hace temer lo peor. “Se antoja urgente presentar iniciativas ante la Comisión Europea porque no podemos permitir que Andalucía sea un cementerio que amplia instalaciones para asumir la basura radioactiva” del norte de España.

Maíllo considera indispensable “solicitar la visita de una misión de investigación de la Comisión Europea y Europarlamento a Hornachuelos” para que las instalaciones de El Cabril sean realmente “transparentes”. El traslado de residuos radiactivos sin medidas de seguridad por transporte terrestre supondría una grave “violación de las Directivas sobre participación pública, Habitas y Aves y gestión de residuos radioactivos”.

Una lucha por el desmantelamiento desde los años 80

Pedro Cabrera es vecino del pueblo de Peñarroya y portavoz de IU en el municipio. Como conocedor de la situación habla de un claro “despropósito” con una población envejecida por el despoblamiento. “Sabemos que nuestros jóvenes se van, que hay paro, que nadie se quiere quedar aquí y encima la Junta que cobra el impuesto del Gobierno Central por tener este tipo de instalaciones no lo revierte en la zona”.

Cabrera habla de varios planes fallidos para los vecinos que se encuentran en el entorno del Cabril. “Aún nos deben millones de euros del Plan Miner de Europa de hace cinco años. La Ecotasa que cobra la Junta por albergar este tipo de instalaciones con materiales radioactivos no se invierte con fondos. Tampoco llegan a los vecinos con planes de empleo ni ayudas”. La partida presupuestaria de esta tasa asciende a los ocho millones de euros en 2016 desde el Gobierno central.

Pedro Cabrera no puede olvidar las primeras movilizaciones en torno a la actividad de la empresa Enresa en el año 1984. “Los vecinos aún luchaban y se manifestaban. Pedían ayudas públicas y un puesto fijo para dar crecimiento a una zona que había tenido minas de uranio en los años 30”. Enresa empieza su actividad como empresa pública sin dar crecimiento a la zona. “Los jóvenes se iban a Córdoba a estudiar, los más mayores son los que se han ido quedando pero sabemos que ese era el objetivo de la empresa, iniciar una actividad de alta peligrosidad en zonas despobladas” sin mediar con los vecinos.

Residuos almacenados sin autorización

Aedenat inició hace más de dos décadas una lucha legal que, tras varias sentencias en contra de Enresa y sus consiguientes recursos, consiguió una sentencia firme del Tribunal Supremo en contra de esta empresa pública. En el año 2002 se declaraba la ilegalidad del cementerio nuclear. En la actualidad las instalaciones solo han tenido el propósito de continuar en crecimiento. La sentencia no ha trascendido para cesar el almacenamiento de material que siempre se había creído con procedencia única de residuos de hospitales.

El Supremo declaró ilegal el cementerio en el año 2002

El almacenamiento en el Cabril se encuentra actualmente a un 70% de su capacidad. La industria nuclear española apuesta por duplicar la capacidad de almacenamiento para permitir el alargamiento del parque nuclear.

Ante esta situación, el Movimiento Ibérico Antinuclear recalca que la mayor opacidad en este asunto fue el traslado en 2015 de más de de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca) al Cabril. Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años. “Este material sería mucho más peligroso con una vida de millones de años de radiación y que no permitirían estar dentro de estas instalaciones”, afirma Alberto Ruiz Peña.

A la espera de una respuesta por parte de la Comisión Europea, las movilizaciones de en las zonas del Cabril pretenden mover con más fuerza la conciencia de los ciudadanos. La paralización en Villar de Cañas de otro almacén nuclear no augura una vida corta para el Cabril. “Ya saben la experiencia de Hornachuelos y los vecinos de Villar de Cañas no quieren vivir cerca de estos materiales que solo traen despoblamiento”.

El Movimiento Ibérico Antinuclear ha exigido en un reciente comunicado el “cierre escalonado” de todas las centrales nucleares para no seguir aumentando el problema irresoluble de los residuos radiactivos, y buscar otro emplazamiento para evacuar los residuos para los que el Cabril no tiene autorización. “Buscamos que no haya traslados ni riesgos para una población que tampoco tiene beneficios por un riesgo de vivir en una zona con peligro de radiación”.

Fuente: publico.es

Más (2010): El almacen nuclear que arruinó una comarca

IU pedirá a la UE que “vigile” a España en el traslado de los residuos nucleares de Garoña

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado hoy en Córdoba que pedirá a la Unión Europea (UE) que “vigile” al Gobierno de España en el traslado de residuos nucleares desde Garoña (Burgos) hasta el almacén de El Cabril (Hornachuelos, Córdoba).

“Tenemos que tomar medidas urgentes” ha declarado en conferencia de prensa Maíllo, quien ha indicado que “Andalucía no puede consentir convertirse en el vertedero nuclear de toda la Península Ibérica” por lo que ya que el Ejecutivo mantiene una postura de “oscurantismo y opacidad”, es necesario “hacer una envolvente a través de Bruselas para conocer qué está pasando”.

IU forma parte junto a Ecologistas en Acción, Equo, Podemos y otras organizaciones de una plataforma antinuclear constituida el 16 de noviembre, cuando se reunieron en el I Encuentro contra el cementerio Nuclear El Cabril y acordaron movilizaciones y medidas para frenar la ampliación del almacén de Enresa en Córdoba, algo que llevan demandando “desde hace 30 años, el desmatelamiento de los cementerios nucleares” ha recordado Maíllo.

La hoja de ruta es la petición de explicaciones a la Comisión de Medio Ambiente de la CE y la invitación del comisario de Energía y Cambio Climático, el español Manuel Arias Cañete, a que visite las instalaciones del almacén de residuos de baja y media intensidad de El Cabril, donde “se está produciendo una sutil estrategia de traslado de material radiactivo de la recién cerrada central nuclear de Garoña”.

Maíllo ha indicado que va a solicitar una visita de la plataforma antinuclear constituida en Córdoba el mes pasado y que integra a activistas de Extremadura y Andalucía para que “también puedan explicar en el Parlamento Europeo la situación que se está viviendo en España” y que, a juicio del coordinador general de IU en Andalucía “trasciende al cumplimiento de directivas europeas que prevalecen en las políticas medioambientales”.

“Necesitamos saber qué está pasando y qué planes tiene el Gobierno de España”, ha insistido Maíllo, que también ha criticado la posición de Enresa, a quien ha acusado de “no facilitar información por escrito más allá de las reuniones que mantiene con los alcaldes de los municipios colindantes a El Cabril”.

A su juicio, “también se ha evidenciado que la Junta de Andalucía no se mueve” pues ha sido tras la constitución de la plataforma antinuclear en la reunión del 16 de noviembre en la localidad cordobesa de Peñarroya, cuando el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal López ha pedido explicaciones al Gobierno Central.

Es algo que Maíllo “celebra” pero que, como temen que “no van a decir nada”, acuden directamente a la Unión Europea para confirmar el traslado de residuos de una central a otra, informar de la ampliación prevista en El Cabril y saber cómo se van a gestionar todos los residuos que se emiten en España y Portugal.

Fuente: eldiario.es

Alcalde de Villavieja de Yeltes (Salamanca) denuncia cercanía de mina uranio

 El alcalde del Ayuntamiento salmantino de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, ha denunciado hoy que la excavación para la construcción de una mina de uranio del proyecto de la empresa australiana Berkeley en Castilla y León, está a cien metros de distancia del patio del centro escolar de la localidad.

Rodríguez ha explicado en entrevista con la Agencia EFE que Berkeley ha solicitado la autorización para la concesión de permiso de explotación de las Reservas (de uranio) Estatales de la zona 7 donde se encuentra el municipio.

Berkeley, ha asegurado el alcalde, “no es una empresa minera, hasta el momento no ha obtenido uranio en ninguna de las explotaciones que tienen”, y ha añadido que según la información que maneja, el proyecto tiene “irregularidades desde el inicio del proceso”.

Achaca a la Junta de Castilla y León su empeño de optar por la “actividad extractiva de minerales” en vez de buscar otras opciones para la supervivencia de los pueblos de la región y su población.

El proyecto de explotación de uranio de la empresa Berkeley “afectaría a 35 pueblos” de la provincia de Salamanca.

Todos los regidores de esas localidades, menos el de Retortillo -donde estarían ubicadas excavaciones, una balsa de agua e instalaciones para el lavado del uranio- se han manifestado en contra en mayo pasado a través de la firma de un documento en el que solicitaron la declaración desfavorable de utilidad del proyecto.

Rodríguez ha explicado que Berkeley prevé transportar el uranio desde Villavieja de Yeltes a Retortillo para su lavado y devolverlo nuevamente a su pueblo donde probable se ubique un almacén de residuos radiactivos.

Este traslado se haría por medio de una cinta transportadora en un tramo de diez kilómetros aproximadamente, actividad que “causaría contaminación radiactiva del aire, del agua del río y de zonas declaradas de especial interés de la Red Natura 2000” durante años, según el regidor.

Rodríguez ha manifestado que la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) en un informe de 2012 declaró desfavorable la puesta en marcha del proyecto tras analizar los cuatro estudios de viabilidad (julio de 2010, noviembre de 2010, febrero de 2011 y noviembre de 2011) presentados por Berkeley.

Según la documentación facilitada por el regidor, el informe de Enusa, publicado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dice que con fecha 30 de marzo de 2012, la Empresa Nacional comunicó a Berkeley Minera España, S.A. que “no se dan los requisitos necesarios para acometer la explotación del Dominio Minero del Estado en la provincia de Salamanca, por lo que no procede, en consecuencia, la constitución de la nueva sociedad, debido a que ésta venía condicionada a la previa acreditación de la viabilidad de la explotación en el plazo acordado”.

Rodríguez ha explicado además que Portugal ha manifestado su preocupación por la contaminación de uranio que podría llegar a su territorio.

Según Rodríguez y la documentación aportada, la empresa Berkeley es asesorada por las mismas empresas que llevaron al escándalo de la empresa Uranim y la francesa Areva.

20 municipios reclaman la paralización de la mina de uranio de Salamanca

Aseguran que las instalaciones mineras pretenden instalarse en un lugar protegido ambientalmente por la Red Natura 2000

Una veintena de alcaldes de localidades cercanas a la futura mina de uranio de Berkeley Minera en la provincia de Salamanca piden el informe desfavorable de utilidad pública del proyecto. (sigue)

Fuente: Lavanguardia