El Gobierno paraliza el permiso de construcción del almacén de residuos nucleares

El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido paralizar el permiso de construcción del almacén para residuos nucleares, ideado hace casi dos décadas y que acumula un enorme retraso.

El Almacén Temporal Centralizado (ATC), previsto por el Gobierno del PP en Villar de Cañas (Cuenca) para guardar los residuos de todas las nucleares, cuenta con el rechazo del Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha. El ministerio ha enviado un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que suspenda la tramitación del permiso de construcción. Quiere tener diseñada su política energética antes de que se dé vía libre a este polémico proyecto.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que la semana pasada el departamento de Teresa Ribera envió el escrito al CSN, el supervisor encargado de analizar y avalar el permiso de construcción del silo para desechos nucleares. En la misiva se instaba a suspender la tramitación de ese expediente. Las mismas fuentes señalan que en breve el CSN celebrará un pleno en el que está previsto que se apruebe la paralización del permiso de construcción a instancias del ministerio.

 

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Francia eleva a 74.603,14 euros diarios la multa que cobra a España por guardar residuos nucleares

Despropósito nacional: la política energética del PP ha sido totalmete desastrosa para los españoles

Hace un año, el entonces Ministerio de Energía cifró esa penalización que Enresa paga a la francesa Orano en 73.000 euros

Empezó a abonarse en julio de 2017 por la custodia de los residuos de Vandellòs I que no han podido volver a España por el retraso del almacén nuclear

El insuficiente fondo que debe pagar el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos alcanza una dotación de 5.326 millones

 

Francia ha elevado a 74.603,14 euros diarios la penalización que cobra a España  desde el 1 de julio de 2017 por custodiar en La Hague (Normandía) los residuos de la central nuclear Vandellòs I (Tarragona) que no han podido regresar a suelo español por el retraso en la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad.

La cifra, recogida en la última memoria anual de la empresa estatal Enresa, ha sido revisada al alza “como resultado de aplicar determinados índices de actualización previstos en el acuerdo” suscrito entre España y Francia en 2011 y supera en más de un 2%  los 73.000 euros diarios a los que, según dijo hace un año el entonces Ministerio de Energía, iba a ascender esa penalización.

Con la calculadora en la mano, esos 74.603,14 euros diarios implican que en agosto España habrá pagado a Francia más de 30 millones en poco más de un año por el retraso del ATC que el anterior Gobierno decidió ubicar en Villar de Cañas (Cuenca) a finales de 2011. El presidente de Enresa, Juan José Zaballa, explica en la memoria de la empresa que la multa es “el efecto más evidente” del retraso en la construcción del almacén, “aunque no el más relevante desde un punto de vista económico”.

Zaballa, que previsiblemente será cesado en breve por el nuevo Gobierno, subraya que “estas penalizaciones finalizarán con la llegada del último transporte de estos residuos radiactivos a España, tras lo cual serán reembolsadas a Enresa, descontándose los costes de almacenamiento incurridos” desde el 1 de octubre de 2015.

El problema es que hoy por hoy no hay ATC, ni se le espera, y todas las centrales tienen ya (o están construyendo) sus propios almacenes temporales ante la próxima saturación de las piscinas que los custodian. Empantanado en los tribunales, el almacén no ha empezado ni a construirse, ni tiene los permisos necesarios del Consejo de Seguridad Nuclear y Medio Ambiente (ahora Ministerio para la Transición Ecológica).

Con un nuevo Ejecutivo que  apuesta por cerrar las nucleares cuando cumplan 40 años (la última se clausuraría, en principio, en 2028), España tiene numerosos deberes en esta materia: debe actualizar un plan de gestión de residuos radiactivos que data de 2006, lo que ha motivado un expediente de infracción en Bruselas que puede acarrear una sanción millonaria.

Ante el posible apagón nuclear,  la ministra Teresa Ribera resumía así la situación esta semana en su debut en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso: “Si no sabemos cuánto cuesta almacenarlos, cómo y donde se gestionan [los residuos], es un poco simplista pensar en una estimación razonable del coste de cerrar las centrales”.

Más de 530 millones

Desde la clausura en 1989 de Vandellòs I por un incendio, España ha tenido que abonar a Francia más de 530 millones por quedarse con la basura radiactiva de esa central. Tras su cierre, firmó un primer acuerdo con Cogema (a la postre Areva, hoy Orano), fabricante del reactor, para la custodia y reprocesamiento del combustible (uranio enriquecido) a cambio de unos 250 millones que sufragaron los consumidores mediante un recargo en el recibo de la luz del 0,7%.

Ese primer acuerdo fijaba como primer plazo para traer los residuos el 31 de diciembre de 2010. Se incumplió y Enresa empezó a abonar una penalización de unos 65.000 euros diarios hasta que en octubre de 2012 suscribió una adenda al convenio original. A cambio de retrasar la devolución hasta junio de 2017 y recuperar las penalizaciones diarias devengadas hasta entonces, se comprometió a abonar 213 millones más que incluían el encargo a Areva de cuatro contenedores para el transporte y almacenamiento de los residuos hasta Villar de Cañas.

Tareas todas a cargo del insuficiente Fondo para la Financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos que gestiona Enresa, que debe sufragar también el ATC, el desmantelamiento de las nucleares y la gestión de sus residuos y que a cierre de 2017 alcanzaba una dotación de 5.326 millones, un 6,1% más.

En 2016, el Tribunal de Cuentas cuestionó el sistema de financiación de este fondo, al que en el sector hay quien define como “un esquema Ponzi”, y advertía de un “déficit” de 1.486 millones a junio de 2014. Denunciaba el tribunal que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010, cuando empezó a ser financiado por las eléctricas, no se habían actualizado pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones.

En enero, el entonces ministro Álvaro Nadal llegó a anunciar en el Congreso la intención del Gobierno de tramitar una proposición de ley (que no llegó a ver la luz) para traspasar a las eléctricas la responsabilidad de las actividades de desmantelamiento de las centrales nucleares.

En 2017, los ingresos de Enresa (fundamentalmente la tasa que recibe por el kWh nuclear producido por las eléctricas) fueron de 390,4 millones, frente a 395,4 millones de un año antes, y su resultado de explotación cayó hasta 180,7 millones (257,4 millones en 2016).

La tasa que pagan las eléctricas está ligada a la producción de energía de cada central: dejan de pagarla desde el momento en que no generan electricidad. Y en el sector creen que bajo la actual regulación, esas desviaciones correrán a cargo del Estado o el consumidor de electricidad.

El coste de desmantelar las nucleares es en buena medida una incógnita. Como dice Enresa en su memoria, Garoña “consolidará” a esta sociedad estatal “como una de las empresas con mayor experiencia en este campo en el mundo”. Y la experiencia de Zorita invita a pensar que habrá desviaciones al alza.

Fuente:  eldiario

Bruselas abre un proceso de infracción a España por las normas de seguridad nuclear

La Unión Europea enmendó su directiva sobre esta materia en 2014 para reforzar la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, aumentar el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos.

Ahora se empieza a sentir la gestión del gobierno del  PP-Rajot sobre los pufos con la energia solar y la nuclear.

La Comisión Europea (CE) ha abierto este jueves un procedimiento de infracción a España y Polonia para instarles a que completen la introducción en sus legislaciones nacionales de la Directiva europea en materia de seguridad nuclear.

Estos países tienen dos meses para responder a la carta de emplazamiento que les ha enviado el Ejecutivo comunitario y, si no lo hacen o sus explicaciones no satisfacen a Bruselas, el procedimiento podría avanzar con una petición formal para que presenten medidas concretas y, eventualmente, terminar en los tribunales europeos.

La Unión Europea enmendó su directiva sobre seguridad nuclear en 2014 tras haber efectuado pruebas de estrés en los países, a raíz del accidente Nuclear de Fukushima y para cumplir con las exigencias de organismos internacionales, y los países debían introducir los cambios en su legislación a más tardar en agosto de 2017.

Estas normas reforzaron la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, obligan a hacer una reevaluación de la seguridad de todas las plantas nucleares al menos una vez cada diez años, refuerzan el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos y permiten a unos Estados evaluar lo que hacen otros.

Además de España y Polonia, la Comisión ya había abierto en diciembre un procedimiento de infracción a Bélgica por este motivo, pero las medidas notificadas por el país para implementar las normas europeas no cumplen con las exigencias de Bruselas.

Por este motivo, la CE ha dado este jueves un paso más en el procedimiento pidiéndole nuevas medidas en un máximo de dos meses o la llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Fuente: publico.es

 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha activado el proceso de cierre del parque nuclear

Lo hizo en su primera comparecencia en el Congreso, al confirmar que su hoja de ruta consiste en mantener como referencia la vida tecnológica útil de las centrales, que es de 40 años. El RIP final -teórico- debería tener lugar en 2027 en  Trillo (Guadalajara), aunque es posible que para no solapar procesos, los cierres se extiendan más allá de 2030.

El apagón nuclear se enfrenta, entre otros, a dos problemas serios: la incertidumbre sobre la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Guadalajara) y la ausencia de un Plan de Gestión de Residuos que sustituya al vigente, que tiene una antigüedad de 12 años y que le ha costado a España la apertura de un expediente de infracción por parte de Bruselas.

La ausencia de algo tan básico como un lugar para almacenar residuos peligrosos es lo que ha llevado a Ribera a matizar que el apagón puede ir más allá de 2030; porque habrá que estudiar múltiples factores de cada instalación, como el coste financiero, las necesidades técnicas y de ingeniería o la gestión de los desechos.

Tras el cambio de Gobierno, pocos creen que el ATC de Cuenca pueda llegar a buen fin. Ni entre las empresas, ni entre los “sabios” que han preparado los planes de transición energética hay quien crea que el ATC pueda estar construido en 2024. En el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en la empresa pública de residuos Enresa los trámites administrativos en torno al ATC siguen por inercia. “Nadie nos ha indicado lo contrario” sostienen fuentes del organismo que preside Fernando Marti.

No solo derogar el impuesto al sol: el PSOE quiere tumbar la política energética del PP

La intención que mostró Pedro Sánchez el pasado jueves de derogar el impuesto al sol en su discurso de moción de censura es solo la punta del iceberg respecto a las intenciones que tiene el nuevo Ejecutivo socialista en materia energética. Fuentes próximas al nuevo presidente del Gobierno se muestran partidarias de dar un giro de 180 grados a las iniciativas impulsadas en los últimos años por los hermanos Alberto y Álvaro Nadal, principales responsables de la política energética durante el mandato de Mariano Rajoy.

El nuevo equipo de gobierno tendrá que empezar a tomar decisiones importantes de manera inmediata. El responsable del ramo —aún por nombrar— deberá estar presente en el consejo de la Unión Europea el próximo 11 de junio para aprobar los puntos más controvertidos que se están discutiendo en la directiva de renovables.

Fuentes presentes en las negociaciones comunitarias, conocidas como trílogos, aseguran que el Parlamento Europeo se congratula de que España ya no esté representada por Nadal. Y es que la postura de la Eurocámara en materia de renovables, defendida por el eurodiputado José Blanco, aboga por extender al 34% el objetivo de penetración de energías limpias en 2030, una cifra que dista mucho del 30% al que estaba dispuesto a llegar Nadal. La presencia en el consejo de un nuevo responsable socialista por España se entiende como un apoyo más a las tesis del Parlamento y uno menos para los más conservadores y defensores del carbón, como Polonia o la propia España hasta ahora.

Ruth Ugalde

Estructura de Gobierno

Precisamente la configuración comunitaria del paquete europeo sobre clima y energía lleva a las fuentes consultadas a pensar que Pedro Sánchez podría optar por unir el Ministerio de Energía con el de Medioambiente, hoy empotrado en Agricultura. Esta es una opción mucho más plausible de la que reividica un responsable de la era Zapatero, que cree que Industria, hoy en Economía, debería ir de nuevo con Energía.

El propio Sánchez reivindicó el jueves en el Congreso de los Diputados “la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que incentive la inversión en renovables”. La manera de enfocar esta, hasta ahora, desde dos ministerios diferentes ha llevado a que se cuestionara en muchos momentos si Tejerina y Nadal estaban alineados a la hora de sacar adelante esta trascendental ley.

El Gobierno del PP pretendía tener preparada la misma, al menos en borradores, a finales de año. Ahora, fuentes del PSOE señalan que habrán de esperar a entrar en los ministerios para ver en qué punto de elaboración se encontraba la misma y en función de ello valorar los plazos de ejecución.

Foto de archivo de la exministra española de Medio Ambiente Rosa Aguilar (d) y la exsecretaria de Cambio Climático Teresa Ribera (i). (EFE)
Foto de archivo de la exministra española de Medio Ambiente Rosa Aguilar (d) y la exsecretaria de Cambio Climático Teresa Ribera (i). (EFE)

Las quinielas para tomar el mando en este ramo apuntan directamente hacia Teresa Ribera. La exsecretaria de Estado de Cambio Climático con Zapatero fue rescatada por Pedro Sánchez para su equipo de expertos. Otro nombre que suena es el de Cristina Narbona. La exministra y exconsejera del CSN es uno de los pesos pesados del PSOE de Sánchez.

También apuntan el nombre de Natalia Fabra, hija del expresidente de Red Eléctrica y hoy consejero del CSN, Jorge Fabra, como candidata a participar en esta área de Gobierno. Tampoco se descarta la posibilidad de que tome algún cargo el expresidente de REE y exministro Luis Atienza.

En este punto, cabe destacar que Podemos, el principal apoyo de la moción de Sánchez, pidió esta misma semana un Ministerio de Transición Energética y la creación de una vicepresidencia de Transición Ecológica, dada la importancia que constituye este ramo. Curiosamente, uno de los pocos que han reclamado que se dé rango de vicepresidencia a esta materia es la Fundación FAES de José María Aznar. El expresidente proponía en marzo una vicepresidencia económica para coordinar la transición energética.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), acompañado por la presidenta del partido, Cristina Narbona (i), y la vicepresidenta, Adriana Lastra (d). (EFE)
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), acompañado por la presidenta del partido, Cristina Narbona (i), y la vicepresidenta, Adriana Lastra (d). (EFE)

Cierre de las nucleares

La importancia de Narbona tiene un peso específico sobre cuestiones clave energéticas corroboradas en el 39º Congreso del partido. Así, la ejecutiva de Sánchez tiene una idea radicalmente opuesta a la de Nadal respecto a nucleares y carbón. Los socialistas abogan por el cierre de las nucleares al término de su vida útil, con 40 años. Al mismo tiempo, la polémica que mantenía el ya exministro con Iberdrola por el cierre de sus dos plantas de carbón decaería. Los socialistas no han apoyado el encaje legal que buscaba el PP para impedir el cierre de centrales.

Entre las razones de la caída de Rajoy, hay quien incluye la influencia de Iberdrola, por su proximidad al PNV. Para los Presupuestos, los ‘jeltzales’ ya consiguieron que el PP guardara en el cajón cualquier reforma que pudiera afectar a los intereses de la eléctrica con sede en Bilbao.

Juan Cruz Peña

No obstante, una cosa es hablar y otra dar trigo. El cierre de las nucleares tiene un importante impacto a día de hoy en el precio de la luz, como se ha demostrado este mes de mayo, en el que tres centrales han estado cerradas. Además, la no prolongación de la vida útil de las plantas atómicas deja sin resolver el multimillonario agujero de Enresa.

Redes y renovables

Otro de los puntos de conflicto entre las empresas energéticas y el Gobierno de Rajoy ha sido la manera de abordar la retribución de las redes y las renovables a partir de 2020, cuando hay que revisar la “rentabilidad razonable”. El ministro enterró cualquier posibilidad de subir esta del bono más 300 puntos básicos, lo que en la práctica supone una caída de en torno el 30% de los ingresos de las renovables en régimen específico.

En este sentido, hay que recordar el capítulo de enero, en el que el PP quiso adelantar algunos ajustes tanto en electricidad como en gas. La iniciativa no prosperó, ya que se encontró con el ‘no es no’ del PSOE. El responsable en la ejecutiva socialista para esta cuestión, Hugo Morán, se negó a apoyar al exministro por lo que pensaba era una flagrante ruptura de la seguridad jurídica en un sector intensivo en inversión extranjera.

Juan Cruz Peña

Arbitrajes internacionales

Precisamente, el PSOE cree que es necesario reunirse con todos los agentes para recuperar esa confianza inversora. El nuevo Ejecutivo de Sánchez tratará de buscar una solución con los inversores para no tener que enfrentar los casi 40 arbitrajes internacionales que pesan sobre el Reino de España, por los que se reclaman más de 7.500 millones de euros, según las fuentes consultadas.

El exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal. (EFE)
El exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal. (EFE)

Esta fue una de las consecuencias de la reforma del sistema eléctrico de 2013. Pocos días antes de que cayera el Ejecutivo de Rajoy, como si supiera que eran sus palabras de despedida, Álvaro Nadal intentaba poner en valor su gran aportación política, que se firmó con su hermano en el puesto de secretario de Estado de Energía: “Hemos ahorrado a los españoles 175.000 millones en energía […] sin la reforma, el precio de la energía habría subido un 42% en España […], es difícil no percibir el daño no realizado”.

El informe de los expertos

De su legado queda el informe del comité de expertos sobre energía. Un informe del que el PSOE utilizará justo lo que había desechado el PP. Mientras a Nadal lo que le gustaba era lo relacionado con el cierre de centrales y las conclusiones respecto al impuesto al sol, al PSOE le parece que lo que tiene más valor es la propuesta fiscal. Esta tiene sensibles implicaciones, como la subida al gasóleo del 28% y la bajada de la electricidad del 7%.

Juan Cruz Peña

‘Fracking’, Castor, gasolineras ‘low cost’

Por si todo esto fuera poco, también hay algunos temas menos visibles en los que habrá un cambio total en la postura adoptada por la Administración central. El polémico ‘fracking‘, la técnica de extracción del ‘shale gas’ que se exploró en diversos lugares de España durante el mandato de José Manuel Soria, tendrá ahora aún más difícil conseguir seguir adelante.

El senador burgalés Ander Gil, uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez que también suenan como ministrable, ha sido uno de los políticos más beligerantes contra los partidarios de implantar esta controvertida técnica de extracción de gas de esquisto.

Juan Cruz Peña

Más difícil es saber qué hará el nuevo Gobierno con temas espinosos como la indemnización por el almacén de gas Castor, hoy sumida en la incertidumbre judicial, o la regulación de las gasolineras ‘low cost’.

No obstante, toda esta declaración de intenciones hay que tomarla con cautela. La arquitectura de apoyos que necesitará el PSOE en el Congreso pone en duda que, más allá del impuesto al sol, Pedro Sánchez pueda darle la vuelta al legado energético de Rajoy.

Fuente: elconfidencial

El Gobierno nombra secretario de Estado de Energía a un expresidente de Abengoa

José Domínguez Abascal fue directivo de la multinacional andaluza de renovables desde 2008 y 2016 y llegó a presidirla durante unos meses tras la caída de Felipe Benjumea

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha nombrado secretario de Estado de Energía al catedrático de Estructuras de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla José Domínguez Abascal, ex alto directivo de Abengoa y fugaz expresidente (no ejecutivo) de la multinacional de ingeniería y energías renovables entre septiembre de 2015 y febrero de 2016.

El nuevo secretario de Estado de Energía, nacido en Sevilla en 1953, fue uno de los expertos que asesoró al Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía que creó el PSOE para abordar la transición a una economía descarbonizada y que presidió la propia Ribera.

Como secretario de Energía, va a tener que abordar la apuesta del Gobierno por las renovables para alcanzar el nuevo objetivo europeo de que estas fuentes alcancen el 32% de la energía primaria en 2030, y sobre la mesa va a tener otras importantes cuestiones como el futuro del carbón, las centrales nucleares, el almacén de residuos radiactivos o la derogación del denominado impuesto al sol.

La ministra ha avanzado esta semana, en una  entrevista en eldiario.es, una posible reforma del mercado mayorista de electricidad, cuyo diseño data de hace 20 años, y una “respuesta” para los pequeños inversores que se quedaron atrapados en el sector de las renovables durante la etapa de Mariano Rajoy. Una agenda apretada para un Gobierno en minoría y un máximo de dos años de legislatura por delante que deberá prestar atención, como es norma, al siempre delicado asunto de la factura eléctrica.

Doctor ingeniero industrial (1977) por la Universidad de Sevilla, José Domínguez Abascal fue secretario general técnico de Abengoa entre 2008 y 2015. En 2014 fue imputado por la juez Mercedes Alaya en el caso ERE, pero en 2016 la misma jueza retiró la imputación

Domínguez Abascal accedió a la presidencia del grupo sevillano en plena reestructuración de la compañía, tras la estrepitosa caída de Felipe Benjumea, del que fue asesor personal en materia de I+D.  A Abengoa también estuvo vinculado como consejero y presidente de su fundación durante años el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

Previamente, entre 2004 y 2008, Domínguez Abascal fue responsable del sistema universitario y de I+D en la Junta de Andalucía como secretario general de Investigación y Tecnología.

El nuevo secretario de Estado de Energía fue investigador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts entre 1978 y 1979 y ha sido vicerrector de la Universidad de Sevilla (1990-1992) y director de su Escuela de Ingenieros (1993-1998).

Fuente:

Despoblación es el segundo nombre del almacén nuclear de Córdoba

Almacen de El Cabril (Córdoba)

El almacén de El Cambril alberga materiales radioactivos con una vida de más de trescientos años. La falta de transparencia sobre el transporte sin medidas de seguridad por vía terrestre y los residuos de centrales nucleares como Garoña ha llevado al grupo de IU Andalucía a pedir una visita “urgente” de la Comisión Europea a estas instalaciones.

En Hornachuelos, un municipio de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Córdoba, se ubica el único cementerio de residuos radioactivos que existe en España. Sus instalaciones, conocidas como El Cabril, se mantienen en la comarca cordobesa del Guadiato. A tan solo cincuenta kilómetros del área de población.

La lucha de ecologistas y partidos políticos de la zona como Izquierda Unida se centra en el conocimiento de los materiales que se almacenan en él. Son de alta, media, baja y muy baja intensidad procedentes, en un amplio porcentaje, de restos de centrales nucleares españolas. La descomposición de estos compuestos tiene una duración media que supera los 300 años.

Las instalaciones de El Cabril, gestionadas desde los años ochenta por la empresa pública Enresa, prometían bienestar económico a la zona y un bajo índice de paro. Hoy esta comarca con posible irradiación ha provocado un 50% de desempleo. Pero so no es lo único. El despoblamiento es otro grave problema, que se visualiza en municipios como Peñarroya Pueblonuevo, centro neurálgico de la comarca. En medio siglo casi 20.000 habitantes han salido del censo.

Si llegan los últimos restos de centrales como Garoña se superaría con creces la capacidad del cementerio nuclear

Paco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción, narra a Público que “el 95% de los residuos que llegan al Cabril proceden de las centrales nucleares”. Un dato desconocido para los alcaldes y habitantes de la zona que creían que albergaba en su mayoría material hospitalario. Y calcula que “el volumen total de este tipo de residuos será de más de 25.000 metros cúbicos” si llegan los últimos restos de centrales como Garoña, lo que superaría con creces la capacidad del cementerio nuclear.

Castejón habla junto a otros compañeros ecologistas como Alberto Ruiz Peña, del Movimiento Ibérico Antinuclear . “Cada año se producen decenas de transportes por carretera de residuos de todas las instalaciones a El Cabril sin medidas de seguridad”. El riesgo de accidente y posible fuga es demasiado elevado para la población colindante con un “grave incumplimiento de las directivas europeas” en esta materia.

El cementerio nuclear de El Cabril, en la provincia de Córdoba.

El cementerio nuclear de El Cabril, en la provincia de Córdoba.

“El cementerio nuclear del Cabril nunca debería haberse construido porque está en el sur de la Península Ibérica”, afirma Castejón. Muy alejado de la mayoría de instalaciones nucleares y radiactivas. En estas condiciones, añade que no tiene ningún sentido “la ampliación de este almacén”.

El incumplimiento de las directivas europeas

La preocupación de los riesgos del traslado de restos radioactivos es cada vez más alarmante entre colectivos como la Plataforma Antinuclear de Córdoba. Pepa Beiras recuerda a Público que “este cementerio está es un sitio equivocado, en plena sierra de Hornachuelos, a las puertas de un parque natural, con un grave riesgo sísmico. Y encima ha generado nulo desarrollo de la zona” que no solo afecta al Guadiato. También a zonas de la Campiña Sur de Badajoz y la Sierra Norte de Sevilla.

“Este cementerio ha generado nulo desarrollo de la zona”

Alberto Ruiz Peña, miembro de Ecologistas en Acción y de IU en Extremadura reclama la fragilidad de los suelos graníticos en la comarca que “de por sí son suelos radiactivos”. De la descomposición del material de estos suelos se desprendería gases como el radón, “altamente cancerígeno para la población”. A pesar de los intentos de peticiones para la realización de estudios oncológicos por parte de la Consejería de Salud de la Junta, los ecologistas no han conseguido dar una respuesta sobre la cifras de muertes por cáncer que hay en la zona de afectación del Cabril.

Encuentro de ecologistas en Acción por el desmantelamiento de El Cabril.

Encuentro de ecologistas en Acción por el desmantelamiento de El Cabril.

La falta de transparencia sobre el tipo de material radioactivo que se ubica en el Cabril han llevado al grupo Izquierda Unida Andalucía a presentar una solicitud de respuesta ante la Comisión Europea para investigar el posible traslado de ‘basura radiactiva’ con total opacidad al cementerio nuclear de El Cabril, procedente en los últimos meses de la central nuclear de Garoña.

La falta de transparencia de El Cabril hace temer lo peor, explica Maíllo, coordinador de IU

El coordinador de IU, Antonio Maíllo ha destacado que este “silencio” hace temer lo peor. “Se antoja urgente presentar iniciativas ante la Comisión Europea porque no podemos permitir que Andalucía sea un cementerio que amplia instalaciones para asumir la basura radioactiva” del norte de España.

Maíllo considera indispensable “solicitar la visita de una misión de investigación de la Comisión Europea y Europarlamento a Hornachuelos” para que las instalaciones de El Cabril sean realmente “transparentes”. El traslado de residuos radiactivos sin medidas de seguridad por transporte terrestre supondría una grave “violación de las Directivas sobre participación pública, Habitas y Aves y gestión de residuos radioactivos”.

Una lucha por el desmantelamiento desde los años 80

Pedro Cabrera es vecino del pueblo de Peñarroya y portavoz de IU en el municipio. Como conocedor de la situación habla de un claro “despropósito” con una población envejecida por el despoblamiento. “Sabemos que nuestros jóvenes se van, que hay paro, que nadie se quiere quedar aquí y encima la Junta que cobra el impuesto del Gobierno Central por tener este tipo de instalaciones no lo revierte en la zona”.

“La Junta, que cobra el impuesto del Gobierno Central por tener este tipo de instalaciones, no lo revierte en la zona”, denuncian los vecinos

Cabrera habla de varios planes fallidos para los vecinos que se encuentran en el entorno del Cabril. “Aún nos deben millones de euros del Plan Miner de Europa de hace cinco años. La Ecotasa que cobra la Junta por albergar este tipo de instalaciones con materiales radioactivos no se invierte con fondos. Tampoco llegan a los vecinos con planes de empleo ni ayudas”. La partida presupuestaria de esta tasa asciende a los ocho millones de euros en 2016 desde el Gobierno central.

Pedro Cabrera no puede olvidar las primeras movilizaciones en torno a la actividad de la empresa Enresa en el año 1984. “Los vecinos aún luchaban y se manifestaban. Pedían ayudas públicas y un puesto fijo para dar crecimiento a una zona que había tenido minas de uranio en los años 30”. Enresa empieza su actividad como empresa pública sin dar crecimiento a la zona. “Los jóvenes se iban a Córdoba a estudiar, los más mayores son los que se han ido quedando pero sabemos que ese era el objetivo de la empresa, iniciar una actividad de alta peligrosidad en zonas despobladas” sin mediar con los vecinos.

Residuos almacenados sin autorización

Aedenat inició hace más de dos décadas una lucha legal que, tras varias sentencias en contra de Enresa y sus consiguientes recursos, consiguió una sentencia firme del Tribunal Supremo en contra de esta empresa pública. En el año 2002 se declaraba la ilegalidad del cementerio nuclear. En la actualidad las instalaciones solo han tenido el propósito de continuar en crecimiento. La sentencia no ha trascendido para cesar el almacenamiento de material que siempre se había creído con procedencia única de residuos de hospitales.

El Supremo declaró ilegal el cementerio en el año 2002

El almacenamiento en el Cabril se encuentra actualmente a un 70% de su capacidad. La industria nuclear española apuesta por duplicar la capacidad de almacenamiento para permitir el alargamiento del parque nuclear.

Ante esta situación, el Movimiento Ibérico Antinuclear recalca que la mayor opacidad en este asunto fue el traslado en 2015 de más de de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca) al Cabril. Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años. “Este material sería mucho más peligroso con una vida de millones de años de radiación y que no permitirían estar dentro de estas instalaciones”, afirma Alberto Ruiz Peña.

Un transporte de residuos radioactivos condestino al cementerio nuclear de El Cabril, en la provincia de Córdoba.

Un transporte de residuos radioactivos condestino al cementerio nuclear de El Cabril, en la provincia de Córdoba.

A la espera de una respuesta por parte de la Comisión Europea, las movilizaciones de en las zonas del Cabril pretenden mover con más fuerza la conciencia de los ciudadanos. La paralización en Villar de Cañas de otro almacén nuclear no augura una vida corta para el Cabril. “Ya saben la experiencia de Hornachuelos y los vecinos de Villar de Cañas no quieren vivir cerca de estos materiales que solo traen despoblamiento”.

El Movimiento Ibérico Antinuclear ha exigido en un reciente comunicado el “cierre escalonado” de todas las centrales nucleares para no seguir aumentando el problema irresoluble de los residuos radiactivos, y buscar otro emplazamiento para evacuar los residuos para los que el Cabril no tiene autorización. “Buscamos que no haya traslados ni riesgos para una población que tampoco tiene beneficios por un riesgo de vivir en una zona con peligro de radiación”.