Ciemat: el material trasladado a Palomares “no aumenta el riesgo radiológico”

Destaca que “proviene exclusivamente de muestreos y sondeos” realizados a lo largo de los años

Las casi seis toneladas de material radioactivo trasladadas en cuatro envíos desde 2011 al área contaminada de Palomares, en Cuevas del Almanzora, «no supone un incremento del riesgo radiológico», ya que supone un 0,0000378 por ciento del total de la actividad radiológica que ya se registra en la zona.

Así lo ha trasladado a la Audiencia Nacional (AN) el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) en una ampliación de informe elaborada a petición de la Abogacía del Estado en la que también se precisa que el citado material «proviene exclusivamente de muestreos y sondeos» realizados en Palomares a lo largo de los años.

En el primer informe, el Ciemat reveló que no era 1.500 kilos de material radioactivo como se sostuvo en un principio sino casi 6.000 los que se han trasladado a Palomares. No en 2016 en dos ocasiones, sino en cuatro envíos desde 2011. También admitió que 5.152 kilos estabam almacenados en dos contenedores marítimos ubicados junto a dos balsas de riego mientras que otros 670 kilos permanecían en un laboratorio ubicado en la llamada zona 3, ubicada entre las calles Paraje Guardicas y Diseminado La Punta.

Estos datos se conocen en el marco del procedimiento contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción para que la Audiencia Nacional obligue al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) activar en Plan de Rehabilitación de la zona que se aprobó en 2010.

En la ampliación de informe, consultada por Europa Press, el Ciemat precisa que el material trasladado a Palomares en 2016 está compuesto de muestras y no de residuos radioactivos, al tiempo que indica que, en términos de la actividad y de la cantidad de material trasladado, «no provoca alteración en el inventario».

Sostiene que supone un 0,0000378 por ciento de la actividad radiológica existente en la zona y un 0,012 por ciento sobre el total de terreno afectado, más de 40 hectáreas, por lo que, según remarca, «su presencia en Palomares no supone un riesgo radiológico en la zona».

«No se comunicaron los traslados al CSN»

Sobre si el transporte que se realizó concretamente en el año 2016 se hizo por empresa autorizada y cumpliendo con la normativa, se afirma que sí aunque se matiza que no se solicitó informe al CSN ya que, según el acuerdo europeo sobre transporte internacional de cargas peligrosas, se realizó «como bultos exceptuados». «Por este motivo, al no ser preceptivo , no se comunicaron los traslados», apuntilla el Ciemat.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional (AN) ha rechazado instar a la Fiscalía a que investigue si el traslado fue «irregular» y emplazó a principios de abril a Ecologistas en Acción a que sea la propia asociación la que ponga denuncia ante el Ministerio Público «si entiende que puede ser constitutivo de delito».

En su escrito, el colectivo conservacionista señalaba al hecho de que el Ciemat haya reconocido en un informe que un envío que realizó el 29 de noviembre de 2016 «no se depositó como el resto del material en un contenedor marítimo sino que se depositó en el almacén del laboratorio que el organismo tiene en la zona 3, entre las calles Diseminado la Punta y Paraje Guardicas».

«Se han almacenado allí 77 cajas de material radiactivo con un peso total de 670 kilos, sin señalización, ni vigilancia alguna, a pocos metros de las viviendas, en el centro del pueblo», indicaba Ecologistas en Acción.

Añadía el colectivo que este almacenamiento «clandestino» de material radiactivo se ha realizado «sin informe favorable, ni autorización alguna, es decir, sin expediente» y que podría, por tanto, ser constitutivo de un presunto delito sobre la energía nuclear y las radiaciones ionizantes, previsto y penado en el artículo 345 del Código Penal.

En el primer informe remitido por el Ciemat al tribunal, consultado por Europa Press, el organismo precisaba se optó por el almacén del laboratorio de la zona 3 al no poder acceder al contenedor marítimo por encharcamiento de la zona 2 debido a las lluvias torrenciales». «Desde entonces todos los materiales que constituyeron este envío permanecen almacenados en dicho lugar», apuntilla.

Ecologistas en Acción también señalaba que podría apreciarse «irregularidad» de acuerdo a lo contemplado en el capítulo XIV, sobre infracciones y sanciones en materia nuclear, de la Ley 25/64 de 29 de abril de energía nuclear ya que, según remarcaba, el CSN, al tener conocimiento del traslado, en un escrito de fecha 31 de octubre de 2018, «se limitó a manifestar que el CSN no tiene comentarios» al respecto.

Tras analizar la prueba remitida por el Ciemat a requerimiento de la Audiencia Nacional, el colectivo criticaba con dureza el comunicado que hicieron público de forma conjunta el organismo y el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora el 26 de octubre de 2018 a raíz de la «información periodística» que revelaba la existencia de dos traslados desde Madrid en 2016, que a la postre han terminado siendo cuatro desde 2011.

«No se han realizado dos traslados de material radiactivo, como afirmaron, sino cuatro, y el peso del material radiactivo trasladado y almacenado en Palomares no ha sido de tonelada y media sino de 5,8 toneladas», remarcaba para añadir que la actividad radiológica del material es de un total de «274 millones 340 mil Bequereles, muy alejados de los 13 millones de Bequereles que inicialmente reconocieron».

Concluía para pedir que se dedujera testimonio y se diese traslado al Ministerio Fiscal para investigación que el material radiactivo se ha trasladado «desde la Instalación Radiactiva de 2a clase, la IR-17, sita en Madrid, a Palomares» y que, tanto el transporte como el posterior almacenamiento «se ha realizado sin conocimiento del CSN, ni de Enresa».

«Relevante» para decidir sobre la limpieza

La sala de lo Contencioso-administrativo ya rechazó la oposición de la Abogacía del Estado a que la Audiencia Nacional indagase sobre este traslado. Esta argumentó que este traslado «no tenía relación» con la decisión sobre el plan de rehabilitación de la zona.

«Si la pretensión es que se descontamine Palomares y se pide la retirada de la tierra contaminada, tiene relación con la pretensión y es un hecho relevante que se produzca un nuevo almacenamiento en dicho lugar», indicó en su auto la Sección Séptima, que subrayó el hecho de que ya que se supone que se «trata de tierras extraídas de ese lugar» para su análisis que «ahora vuelven al mismo, es algo sobre lo que debe versar la prueba».

Ecologistas en Acción pidió una ampliación de hechos en la causa impulsada para que la AN obligue al CSN a ejecutar el Plan de Rehabilitación de la zona aprobado en 2010 tras la «información periodística» que reveló parcialmente el transporte de este material.

Fuente: lavozdealemeria

Page exige «disculpas» por la ubicación del ATC, tras otro seísmo en la zona

Terremoto de 2,7 en Villarejo de Fuentes (Cuenca), a 15 km. del ATC de Villar de Cañas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este miércoles que deberían pedir disculpas por ubicar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), tras el nuevo terremoto registrado en la zona, a pesar de que el Gobierno regional advirtió de que había riesgo sísmico.,»Alguien tendría que pedir disculpas y exigir responsabilidad por la decisión mal tomada y cabezonamente ejecutada de instalar un basurero nuclear

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este miércoles que deberían pedir disculpas por ubicar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), tras el nuevo terremoto registrado en la zona, a pesar de que el Gobierno regional advirtió de que había riesgo sísmico.

«Alguien tendría que pedir disculpas y exigir responsabilidad por la decisión mal tomada y cabezonamente ejecutada de instalar un basurero nuclear en Villar de Cañas», ha afirmado García-Page a los medios de comunicación en Cuenca, un día después de que ayer se registrara un terremoto de magnitud 2,7 en Villarejo de Fuentes, pueblo situado a pocos kilómetros del municipio donde está proyectado el ATC.

En concreto ha señalado que Villarejo de Fuentes dista 15,5 kilómetros de Villar de Cañas, aunque el Instituto Geográfico Nacional situó el epicentro del seísmo en un punto de su término municipal situado a unos 10 kilómetros en línea recta de los terrenos en los que se prevé construir el almacén de residuos nucleares.

García-Page ha recordado que el Gobierno castellanomanchego advirtió del riesgo sísmico que existía en la zona, así como del «interés de la empresa pública por las adjudicaciones, del interés de otros por hacerse con ella y del procedimiento chapucero con el que se llevó a cabo el proceso».

En el desarrollo del proyecto «se saltó incluso la legislación urbanística, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Villar de Cañas carece de Plan de Ordenación Territorial», ha añadido García-Page, que ha apuntado que todas estas cuestiones, «al igual que el riesgo de que la zona registre un terremoto, están aflorando ya».

Por ello, ha exigido a los actuales dirigentes del PP en Castilla-La Mancha «que expliquen a qué lotería se referían» la expresidenta regional María Dolores de Cospedal y el exministro de Industria, Comercio y Turismo José Manuel Soria «cuando aseguraron que Castilla-La Mancha había sido agraciada con la lotería».

Ha considerado además que «intentar engañar y tomar el pelo a todo un pueblo es una ofensa importante».

Terremoto en febrero de 2018

Un terremoto de 3,2 grados de magnitud en la escala de Richter se ha registrado este martes, 6 de febrero, en la localidad conquense de La Alberca de Záncara.

El lugar del epicentro está situado a poco más de 39 kilómetros de Villar de Cañas, lugar designado para albergar el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

El terremoto ha tenido lugar sobre las 15:26 horas y ha llegado a tener una profundidad de 11 kilómetros, según publica la web del Instituto Geográfico Nacional.

Este seísmo llega apenas 50 días después de otro de 3,7 grados de magnitud registrado el 20 de diciembre en la localidad alcarreña de Yebra, otra de las localidades que pugnaron por hacerse con el proyecto.

Terremoto en 2017

Un terremoto  situado a menos de 24 kilómetros en línea recta de la futura ubicación del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) que se queria construir en otro municipio conquense, Villar de Cañas.

 

Fuente: COPE, 

eldiario.es

El Gobierno calcula que el desmantelamiento de Garoña tardará «unos 8 o 10 años»

El almacén para guardar el combustible radiactivo ha conseguido la licencia y está a la espera de ponerse en marcha

Es la primera vez que el Gobierno de España se pronuncia oficialmente sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. Lo ha hecho algo más de un año después de que se anunciara su cierre y después de filtraciones que apuntan a que ese desmantelamiento arrancará en 2019. Y en esa primera información oficial -a través de una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos- el Gobierno augura que el proceso de desmantelamiento tardará «unos 8 o 10 años», aunque matiza que «hay que tener en cuenta que cada central es diferente».

Esto significa que, si se cumplen las previsiones y el desmantelamiento arranca en 2019, el final definitivo de Garoña no habrá llegado antes de 2026. Aunque los residuos radiactivos se quedarán allí y no se sabe por cuánto tiempo.

En la información enviada al Congreso de los Diputados, el Gobierno confirma que Garoña ha conseguido ya la licencia del Almacén Temporal Individualizado en el que se van a depositar el combustible nuclear utilizado hasta ahora. Son las famosas barras de de combustible que ahora mismo están en la piscina de la central y que se trasladarán a ese almacén a cielo abierto.

«Se trata de una instalación al aire libre, similar a la existente en Zorita que albergará en contenedores especiales todo el combustible gastado durante los años de la operación de la central», explica el Gobierno. Este almacén está «a la espera de iniciar su explotación». Iberdrola y Endesa, propietarias de la central, anunciaron que ese traslado de residuos podría iniciarse en el segundo semestre de 2019.

Es decir, Garoña pasará de ser una central nuclear a un almacén de residuos radiactivos. Al menos mientras no se consiga poner en marcha un almacén centralizado para toda España. El Gobierno aprobó en 2011 abrir esa instalación en Villar de Cañas (Cuenca) pero en julio paralizó los permisos. 

El combustible nuclear, por tanto, se quedará en Garoña pero otros residuos menos radiactivos -los de muy baja a media de actividad, aquellos en los que la contaminación dura menos de 30 años- «se trasladarán al centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba».

El Gobierno aclara además que desde el momento en el que la central paró su actividad, «los técnicos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y los de la instalación iniciaron los contactos tendentes a conocer las condiciones en que se abordaría el desmantelamiento».

Fuente: cadenaser

7.200 toneladas de residuos de Zorita. Ahora vas, y lo cascas.

 

Zorita con sus residuos de alta intensidad

El desmantelamiento de la José Cabrera ha generado hasta la fecha 7.200 toneladas de residuos radioactivos

Enresa ya ha ejecutado el 86 por ciento de los trabajos de desmantelamiento de la central José Cabrera, en Zorita de los Canes (Guadalajara). Una de las pruebas del avanzado estado de la actuación ha sido la desaparición de la icónica chimenea de la central, uno de sus elementos más reconocibles. Primero fue troceada en 12 piezas de 30 toneladas. Después, en 25 segmentos que han sido tratados como material convencional. Ahora, “el riesgo radiológico ya es muy limitado” y la mayor parte de los trabajos que aún quedan por ejecutar afectan a materiales convencionales, sin carga radioactiva. “Quedan las demoliciones de los edificios, que son convencionales, pero tienen dificultad por la envergadura de las instalaciones”, indicó el director de Operaciones, Juan Luis Santiago Albarrán.

Precisamente, uno de los grandes éxitos del proceso está siendo la notable reducción del material radioactivo gracias a los tratamientos que está aplicando la empresa. “Hemos reducido un 50 por ciento la previsiones iniciales”, explicó el Director de Desmantelamiento, Manuel Ondaro. Además, de los elementos radioactivos, se calculaba que en torno 70 por ciento sería clasificado como de media y baja actividad, mientras que el 30 restante lo sería de muy baja, proporciones que finalmente se han invertido. El 70 por ciento de los residuos han sido catalogados como de muy baja intensidad y el 30 de media y baja.

Desde que Enresa asumiera los trabajos, en febrero de 2010, hasta el 30 de septiembre de 2018, se han generado 16.879 toneladas de materiales. De ellos, 9.600 toneladas se tratarán con normalidad al no tener carga radioactiva, ya que 6.200 eran de material convencional y 3.400 de materias desclasificado (nombre con el que se conoce al material al que se le ha eliminado la carga radiológica). En cuanto al resto, 5.800 toneladas han sido clasificadas de muy baja actividad y 1.433 como de baja y media actividad, siendo estas 7.200 toneladas trasladadas a El Cabril, en Cordoba, donde se encargarán de su gestión.

Uno de los mejores ejemplos del trabajo que se está realizando para reducir el material radioactivo es la planta de lavado de tierra, con la que se ha logrado reducir de 18.000 a 9.000 las toneladas de tierra con carga radioactiva.

Aunque los trabajos se encuentran en un punto muy adelantado, con los equipos desmontados y las instalaciones descontaminadas, el trabajo no estará exento de complejidad, ya que pasa por la demolición de todos los edificios aún existentes. Al final, Ondaro calcula que se tendrán que gestionar más de 100.000 toneladas de materiales, aunque solo entre un 5 y un 10 por ciento de esta cantidad será material radioactivo.

En 2019, por lo tanto, comenzará la demolición de los principales edificios: el Edificio del Evaporador el Almacén de Residuos 1, el Edificio Eléctrico en el que estaba la Sala de Control y el Edificio de Contención y Auxiliar. Después llegará el momento de devolver los terrenos a su propietario. “Al final del proyecto, Enresa será de las pocas empresas en el ámbito internacional que tenga experiencia en todo el proceso de desmantelamiento”, indicó Albarrán, quien también recordó que, de hecho ésta es la primera vez que se hace una restauración del emplazamiento en España. Actualmente, en la central trabajar una media de 175 personas pertenecientes a 25 empresas. El 66 por ciento de estos trabajadores provienen de la provincia de Guadalajara.

Si todo transcurre según lo previsto, los trabajos terminarán en 2020. Después de esa fecha, la única prueba de la existencia de la central José Cabrera será el Almacén Temporal Individualizado (ATI), en el que hay 12 contenedores con 377 elementos de combustible gastado y algunos segmentos de la vasija. Todos ellos permanecerán en el ATI mientras no se dé una ubicación al Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Fuente:  nuevalalcarria.com

Existen retrasos e improvisación en el desmantelamiento de Garoña, según Equo

El partido ecologista Equo ha denunciado retrasos e improvisación en el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña (Burgos) y ha criticado la ausencia de un plan de gestión y tratamiento de los residuos.

Desmantelamiento de Garoña

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde ha censurado en un comunicado la lentitud con la que se desarrolla el desmantelamiento de la planta, la improvisación en la toma de decisiones y la posible permanencia en Garoña de los residuos radiactivos durante los ocho a diez años que se alargue el proceso.

La nota recuerda que, según una comunicación oficial de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), el Almacén de Residuos ATI de Garoña ha obtenido la licencia pertinente para albergar el combustible gastado durante los años de operación de la central.

El comunicado añade que, una vez activado el ATI, las barras de combustible que actualmente continúan en la piscina de la central pasarán al almacén, que alojará el combustible en contenedores especiales a cielo abierto.

Residuos radiactivos

López de Uralde ha mostrado su preocupación por el hecho de que residuos radiactivos de elevada peligrosidad se acumulen en la planta burgalesa de forma indefinida, “con grave peligro para la salud de la población y el medio ambiente”.

“Garoña ha cesado su actividad nuclear, pero los residuos siguen y seguirán allí ni se sabe hasta cuándo, así que el riesgo continúa”, ha señalado, lo que “evidencia de nuevo el gravísimo problema de unos residuos que no sabemos qué hacer con ellos”.

Para el diputado, la falta de fondos para emprender los cierres de las nucleares es uno de los principales problemas que debe abordar el Gobierno una vez que se ha asegurado que no se alargará su vida útil.

Y ha denunciado la falta de transparencia del proceso, ya que, “además de que desconocemos qué se va a hacer con los residuos a la larga, tampoco sabemos cómo se va a pagar todo el proceso de desmantelamiento de las nucleares”.

 

Fuente: EFE

La central nuclear de Garoña comenzará su desmantelamiento en 2019

El proceso de desmantelamiento de la planta durará entre 13 y 16 años: hasta 2034

 La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) comenzará su desmantelamiento durante el segundo semestre de 2019, fecha en la que se cargará el primero de los cinco contenedores de combustible gastados en la piscina de la planta. De este modo, Nuclenor prepará el recinto para facilitar la labor de Enresa –la empresa estatal que deshabilitará los residuos radioactivos–, según señaló este viernes Europa Press.

Fuentes propias de Nuclenor explicaron que estas tareas previas se están realizando «según lo previsto», de modo que el acondicionamiento de los residuos operacionales y el vaciado de la piscina de combustible podrán lograrse en los plazos acordados y que, según sus propias previsiones, en el segundo semestre de 2019 se empezará a cargar material hasta el almacén temporal individualizado (ATI) situado en la propia central, para lo que la empresa ENSA (Empresas Nucleares S.A.) ha construido un puente grúa específico.

Por otro lado, Nuclenor añadió que –de momento– Enresa tiene comprados cinco contenedores para este proceso y que se encargarán del plan estratégico para el desmantelamiento de la planta, cuyo permiso para seguir operando –hasta 2031– fue denegado por el Gobierno en agosto de 2017.

Cierre de la central

El entonces ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció la denegación del permiso y el cierre de la planta porque las «circunstancias» no garantizaban la certidumbre suficiente, después de la oposición de todos los grupos políticos –excepto el PP– y las discrepancias expresadas también por los titulares al 50% de la planta, Iberdrola y Endesa.

Nadal lamentó entonces la falta de certidumbre y de un debate «sosegado», así como la utilización de Garoña como un «símbolo de discusión política» que se convirtió en «una batalla» con posicionamiento de antemano. Así, una vez expiró el permiso de la planta para seguir operando, Enresa empezó a preparar toda la documentación necesaria para solicitar la autorización de desmantelamiento y realizar las actividades preparatorias del mismo de acuerdo con el titular, Nuclenor.

Estas tareas del titular incluyen la descarga de todo el combustible gastado de la piscina a los contenedores para su disposición al ATI –proceso que en la actualidad está detenido–. Una vez terminadas las tareas preparatorias –cuando Enresa sea titular de Garoña– comenzará el proceso de desmantelamiento de la central nuclear que más años ha operado en España.

Los pasos a seguir antes de llegar a ese momento pasan por presentar un estudio básico de estrategias para el desmantelamiento al ministerio para la Transición Ecológica; presentar el plan de desmantelamiento al mismo departamento para su aprobación y solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la autorización para desmantelar la planta. Posteriormente, el proceso administrativo terminará con la autorización a Enresa para que asuma la titularidad de Garoña; momento en el que se iniciará la fase de desmontaje y desmantelamiento.

El exministro Nadal indicó en el anuncio de la decisión del Gobierno que el proceso de desmantelamiento de Garoña tendrá una duración de entre 13 y 16 años, por lo que el proceso terminará en torno a 2034. En la actualidad, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) no fija un plazo determinado para acometer el predesmantelamiento, pero Enresa calcula que el proceso podría comenzar unos seis años después de la parada definitiva del reactor y que podría durar aproximadamente diez años.

El permiso minero «Garoña» está concedido dentro del perímetro de seguridad de la central nuclear

Garoña era un zoombie nuclear extremadamente peligroso, pese al ocultismo del CSN y los sucesivos gobiernos

 

Fuente: infolibre

Sobre uno de los casos de contaminación más ocultados en Garoña

El secreto de los ciudadanos-cobaya de Palomares

En la mañana del 17 de enero de 1966 un bombardero B-52 de la USAF intentó aproximarse a un avión cisterna KC-135 para reabastecerse en vuelo sobre el cielo de Palomares (Almería).

El B-52 había despegado de la Base de Seymour Johnson, en Carolina del Norte, a las 17.11, hora local. El accidente se produjo cuando en la costa este de los EEUU eran las 04.22. La fatiga ocasionada por más de once horas de vuelo con fallos en el piloto automático y con el ritmo circadiano adaptado a las cuatro de la madrugada, los tripulantes del B-52 no percibieron que la velocidad de aproximación al avión cisterna era excesiva y colisionaron con él.

Tras el choque, el B-52 soltó las cuatro bombas termonucleares que portaba. A dos de ellas no les funcionó el paracaídas e impactaron violentamente contra el suelo liberando los aproximadamente cuatro kilos y medio de plutonio que portaba cada una.

El viento esparció los nueve kilos de partículas radiactivas de oxido de plutonio por los municipios de Vera y Cuevas del Almanzora. Los norteamericanos, en vez de limpiar la zona se limitaron a cubrir con tierra 103,6 hectáreas contaminadas. También depositaron residuos radiactivos en dos fosas de 1.000 m3 y 3.000 m3 de capacidad. Únicamente se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur) 1.000 metros cúbicos de residuos radiactivos que contenían unos 270 gramos de plutonio. Los aproximadamente 8 kilos y 700 gramos restantes los dejaron en Palomares.

El Gobierno de Franco y el de EEUU se pusieron de acuerdo en guardar el secreto y afirmaron con rotundidad que los terrenos habían quedado perfectamente limpios de radiactividad. Recordemos las declaraciones del Ministro Manuel Fraga Iribarne al periódico Arriba de fecha 13 de febrero de 1966: “Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación”. Las autoridades del momento repartieron certificados a los propietarios garantizando que los terrenos contaminados estaban limpios de radiactividad.

Con este engaño a la opinión pública se puso en marcha el Proyecto Indalo que tenía como principal objetivo analizar las consecuencias de la radiactividad en los seres humanos. El proyecto no pretendía limpiar Palomares de radiactividad, lo que se buscaba en secreto era exclusivamente estudiar científicamente los efectos de la radiactividad en la población, el ganado, los alimentos, la fauna silvestre y el medio ambiente en general.

Para poner en marcha este enorme laboratorio con seres vivos se desplazó a España el famoso Dr. Wright Langham, al que varios autores le han atribuido haber inyectado plutonio a dieciocho ciudadanos de EEUU sin su consentimiento. De este modo, la Junta de Energía Nuclear y posteriormente el organismo que la sustituyó, el actual CIEMAT, en colaboración con los EEUU dispusieron durante muchos lustros de un laboratorio de cobayas humanas sin ellas saberlo.

Algunos científicos de la Junta de Energía Nuclear y del CIEMAT, estaban muy orgullosos de ser los únicos en el mundo que experimentaban con una población de seres vivos. Su vanidad no les permitió guardar el secreto delante de la comunidad científica y en alguna conferencia pronunciada en el extranjero dieron datos sobre lo que realmente estaba ocurriendo en Palomares.

Las filtraciones provenientes del extranjero y la desclasificación de algunos documentos en EEUU hicieron que la opinión pública y los habitantes de Palomares empezaran a sospechar que había radiactividad en la zona. El 4 de octubre de 1985, los habitantes de Palomares hartos de tanto secreto se negaron a volver a Madrid para ser analizados si no les entregaban los resultados de las pruebas.

La Junta de Energía Nuclear y los norteamericanos se echaron a temblar ante el riesgo de perder un laboratorio tan valioso para sus experimentos y el 29 de octubre de 1985 mandaron una carta a los afectados, con los resultados de los análisis, pero los informes no iban completos, por ejemplo faltaba y falta la prueba de dosimetría biológica, que consiste en analizar el daño causado por el plutonio en las cadenas de ADN.

Los científicos del CIEMAT siguieron filtrando involuntariamente datos en el extranjero. Esto le sucedió por ejemplo a Emilio Iranzo, responsable de Palomares en el CIEMAT  cuando publicó en 1987 un artículo en Health Physics con el título “Air Concentrations and Potencial Radiation Doses to People Living Near Contaminated Areas in Palomares (Spain)». También dio datos desconocidos hasta entonces en la conferencia pronunciada en Orlando (Florida) el 31 de octubre de 1988. A pesar del secreto, a finales de los años ochenta los investigadores privados no tenían ninguna duda de que en Palomares había mucha radiactividad, aunque todavía no sabían la cantidad, ni la ubicación exacta.

Desde 1966 hasta mediada la década de los ochenta la actividad agrícola se desenvolvió a pequeña escala. Fue a partir de 1986 cuando la agricultura adquirió un alto nivel de desarrollo y comenzaron a cultivarse masivamente productos hortícolas sobre las tierras contaminadas.

Entre el 12 de abril de 1986 y el 14 de junio del mismo año se construyó una gran balsa junto al cementerio, en una zona con muy altos niveles de radiactividad. Los trabajadores-cobaya lanzaron al aire las partículas de  plutonio allí depositadas. El CIEMAT aprovechó para medir el aumento de la radiactividad en el aire, en las personas, el ganado y los alimentos  pero no advirtió a los trabajadores-cobaya de que estaban metidos en una nube de polvo radiactivo, que el viento se encargaba de extender a varios kilómetros de distancia.

En el informe periódico que Emilio Iranzo envió el 16 de febrero de 1987 a Chester Richmon, su alter ego en EEUU, le explicó cómo se había propagado la radiactividad durante la construcción de la balsa e incluso narró el detalle  de que las tierras radiactivas habían sido transportadas en camiones a cielo abierto que iban soltando polvo radiactivo por donde pasaban. Iranzo no dedicó ni una sola palabra a tomar medidas para evitar la extensión de la radiactividad. En el informe secreto, sólo se mostró preocupado por la creciente inquietud de los habitantes de Palomares respecto a la verdadera situación radiológica de la población, lo que podía provocar un plante similar al del 4 de octubre de 1985.

En enero de 1988 se volvió a repetir la historia, los trabajadores-cobaya volvieron a construir otra enorme balsa junto a la anterior con la consiguiente dispersión de las partículas radiactivas por efecto del viento. El CIEMAT tampoco adoptó ninguna medida para evitarlo se limitó a cumplir con la misión del Proyecto Indalo, investigar con seres vivos.

Durante los seis meses que duró la construcción de la segunda balsa, el CIEMAT únicamente midió el aumento de la radiactividad. Con los datos obtenidos, tres científicos del CIEMAT: J. Martínez, A. Espinosa y A. Aragón elaboraron un estudio cuyo objeto era “Determinar experimentalmente la variación de partículas de polvo en suspensión debido a la realización de diferentes labores agrícolas”.

Los datos obtenidos en Palomares los compararon con los producidos por los mismos trabajos agrícolas efectuados en Chernóbil y llegaron a la conclusión de que la concentración  de partículas de plutonio en el aire aumentaban en mayor medida en Palomares que en Chernóbil.

La comparación entre Palomares y Chernóbil se volvió a repetir en 2012. Científicos alemanes contratados por la cadena pública ZDF, compararon  la radiactividad existente en ambas poblaciones y concluyeron que en Palomares hay puntos calientes de plutonio con dieciséis veces más radiactividad que en la zona de exclusión de Chernóbil.

La gran diferencia entre las pruebas agrícolas realizadas en 1988 por el CIEMAT en Palomares y Chernóbil para comparar ambos escenarios, es que en Palomares dispusieron de trabajadores vivos para sus experimentos y en Chernóbil tuvieron que recurrir a pruebas de laboratorio porque allí está prohibido experimentar los efectos de la radiactividad en seres humanos sin contar con su consentimiento.

El CIEMAT siguió permitiendo durante muchos años que se cultivaran y se comercializaran productos agrícolas procedentes de tierras altísimamente contaminadas sin tomar absolutamente ninguna medida de protección, hasta que surgió la burbuja inmobiliaria y el Gobierno decidió limpiar la zona.

Los planes urbanísticos de los ayuntamientos de Vera y Cuevas del Almanzora pretendían urbanizar los terrenos contaminados para lo cual era preciso limpiarlos antes de construir los adosados porque nadie compra un chalet con plutonio y americio en el garaje. El interés urbanístico fue tan desaforado que los constructores no esperaron a la limpieza y metieron las máquinas en los terrenos radiactivos liberando así el plutonio que los norteamericanos habían tapado con tierra en 1966. Los desmontes llegaron a escasos metros de una de las fosas secretas, la de 3.000 m3. Este lanzamiento del plutonio a la atmósfera aumentó la contaminación del aire y de las personas que desconocedoras del peligro trabajaron en el movimiento de tierras.

Fue entonces cuando el Gobierno empezó a tomar medidas de protección expropiando las zonas contaminadas y vallándolas en base a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 62/2003 que aprobó el Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica, PIEM-VR. Eligieron ese extraño nombre para seguir ocultando a la opinión pública que los terrenos a expropiar estaban en Palomares.

En el periódico El País de fecha 18 de noviembre de 2004, el alcalde pedáneo de Palomares y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, D. Juan José Pérez, manifestó la intención del Ayuntamiento de urbanizar los terrenos contaminados. En la actualidad, todos los terrenos contaminados están clasificados como urbanizables o de uso agrícola, así aparecieron clasificados en el BOJA de fecha 24 de marzo de 2009 que publicó el POTLA, Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense.

El 5 de mayo de 2010 el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó el Plan de Rehabilitación de Palomares elaborado por el CIEMAT, que consiste en limpiar 50.000 m3 de tierra contaminada para reducirlos a 6.000 m3 y trasladarlos a Estados Unidos, pero los americanos consideraron que 6.000 m3 era mucha cantidad a almacenar y presionaron al Gobierno español para que en vez de limpiar 50.000 m3 limpiasen sólo 28.000 m3, dejando el resto esparcido por el terreno.

Para reducir  el volumen de las tierras a almacenar, el US Department of Energy, DOE, envió al Ministerio de Asuntos Exteriores español el documento titulado Evaluation of Alternatives for Remediation of Soil of Contamination at de Palomares Accident Site (DOE/NV-1536) donde el DOE propone modificar los criterios radiactivos aprobados por el CSN el 5 de mayo de 2010 para así poder dejar casi la mitad del plutonio en Palomares. De esta forma conseguirán dos objetivos: de un lado reducirán los costes de almacenamiento de los residuos, y de otro, continuarán disponiendo de un laboratorio en vivo, sobre todo entre los trabajadores de la construcción, que será la población con más riesgo, según anunció el CSN en el informe remitido al Congreso de los Diputados el 22 de marzo de 2017. Esperemos que cuando estos operarios finalicen las obras, el CIEMAT tenga la deferencia de informarles de la situación en que han quedado sus cadenas de ADN.

El Gobierno español se plegó a las presiones del DOE, y el CSN en la reunión celebrada el 22 de julio de 2015 aprobó limpiar sólo 28.000 m3. Fue entonces cuando se firmó el acuerdo Kerry-Margallo el 19 de octubre de 2015.

Si limpian solo 28.000 m3 no se solucionará el problema y habrá que dejar zonas con restricciones de uso, como ya ha reconocido el CSN. A pesar de rebajar los 50.000 m3 a sólo 28.000 m3, la nueva Administración norteamericana no tiene la menor intención de llevarse el plutonio, ni mucho, ni poco.

En la actual situación lo lógico es que el CSN ordene al CIEMAT que ponga en práctica el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en 2010, sin tener en cuenta la modificación de los criterios radiológicos acordada en 2015, y que los 6.000 m3 de tierra contaminada sean almacenados provisionalmente en donde decida ENRESA, a la espera de encontrarles un almacén definitivo que no tiene porqué estar en EEUU.

El anterior Ministro de Asuntos Exteriores español, Sr. Margallo, declaró confidencial el documento del US DOE que presionaba para reducir el volumen de las tierras a tratar. El CSN hizo lo mismo con el acuerdo de 22 de julio de 2015. De este modo el Gobierno pudo presentar en vísperas electorales el acuerdo Kerry-Margallo como un triunfo, cuando en realidad fue una claudicación ante el Consejo de Seguridad Nacional de los EE.UU. que es quien dirige el asunto de Palomares.

Hace más de dos meses, el coordinador nacional de Ecologistas en Acción pidió al actual Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Borrell, que desclasifique el documento del DOE para que podamos saber en qué criterios “científicos” se basan para querer dejar casi la mitad del plutonio esparcido por Palomares. Esperamos que diga algo, aunque sólo sea por educación.

La tragedia de Palomares ha estado sometida desde casi sus comienzos a la Ley de Secretos Oficiales 9/1968 de 5 de abril. Se está utilizando, una vez más, la Ley franquista de Secretos Oficiales para ocultar comportamientos inconfesables por parte de los sucesivos gobiernos de la “democracia”.

Fuente: infolibre

Más sobre la contaminación en Palomares (Almeria)

ENRESA investiga cómo se filtró agua de lluvia en una celda de El Cabril

 

Enresa asegura que el agua filtrada en una celda de El Cabril no requiere actuar

El hallazgo de esta anomalía se produjo en una comprobación periódica de la cantidad de agua acumulada en los depósitos de agua de lixiviados de la celda 29, hecha en diciembre de 2017.

Enresa, la empresa nacional que gestiona el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad de El Cabril, ha asegurado que el agua filtrada en una celda (la 29) no requiere ninguna actuación y que los análisis efectuados han descartado «totalmente cualquier riesgo radiológico».

En un comunicado, Enresa explica que el diseño de las celdas destinadas al almacenamiento de residuos de muy baja actividad «contempla la posible entrada y recogida de aguas procedentes de infiltraciones, lluvias o condensaciones producidas en las propias celdas». Por este motivo, añade la empresa, «cada celda incorpora una red de recogida de lixiviados que conduce dichas aguas hasta un depósito final de control, permitiendo de esta forma la vigilancia y control de las mismas».

La empresa recuerda que la filtración se produjo en diciembre del 2017, durante las obras de cierre de la sección en la que se encuentra la celda 29, cuando las cubiertas de protección se habían desmontado para iniciar el proceso de cierre definitivo. En las labores de vigilancia se observó que el agua recogida en los depósitos de control «era superior a la cantidad media establecida», y por ello se analizó para conocer su origen, estableciéndose que procedía de la lluvia y que no existía riesgo.

En marzo pasado se finalizó el proceso de cierre, «sin que desde entonces se hayan detectado cantidades de agua superiores a la media especificada», concluye el comunicado.

Información sobre la filtración de agua

El coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, ha informado hoy de que pedirá a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía información sobre la filtración de agua de lluvia en una de las celdas de almacenamiento del cementerio de El Cabril en Hornachuelos (Córdoba), según refleja un informa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde se ha reunido con trabajadores del Infoca, Maíllo ha mostrado su “preocupación” por el informe del CSN y su contenido, y ha adelantado que IU pedirá información sobre “cómo se ha podido producir esa filtración y cómo no se han activado mecanismos de seguridad y de prevención, sobre un hecho que ocurrió en diciembre de 2017”.

A su juicio, el hecho de que se haya producido una filtración en una celda que se supone debe estar “absolutamente blindada”, lanza un mensaje de falta “de previsión o de blindaje”.

Filtración no contemplada en el protocolo de seguridad

“Si se produce una filtración hacia dentro, también se puede producir hacia afuera”, ha sugerido el coordinador andaluz de IU, quien ha considerado este hecho como “muy grave” al ser una “filtración que no se contemplaba” en el protocolo de seguridad.

El informe del CSN que se entrega anualmente al Congreso de los Diputados refleja que los análisis realizados hasta el momento descartan el riesgo, dado que “los resultados obtenidos son inferiores al límite inferior de detección”.

Panorámica del ATC de El Cabril, en CórdobaEvolución de la población de Hornachelos (Córdoba)

Fuente: EFEverde y diariocordoba

 

La trama nuclear de Cuenca. ¿A quién le interesa el basurero radiactivo?

El PP es el único partido que apoya la construcción del ATC en Villar de Cañas

Construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar los residuos radiactivos de toda España (y algo de Europa) en la localidad conquense de Villar de Cañas costaría cerca de 3.000 millones de euros (proyecto, 1.000; explotación, 1.000; clausura, 150; impuesto ecológico, 400; asignaciones ayuntamientos, 300 millones de euros…), mientras que los Almacenes Temporales Individuales (ATI) no llegarían a los 2.800, con la salvedad de que éstos son ya un hecho. Ya hay tres construidos (Trillo, Zorita y Ascó) y en breve se edificarán el resto, con la ventaja de que se ubican en el mismo lugar donde se encuentran las centrales nucleares existentes, evitando, lo que es más importante, el peligro del transporte por carretera que supondría desplazar toda esa basura nuclear desde Cataluña, Valencia o Extremadura a Castilla-La Mancha. ¿Para qué sirve un ATC teniendo los ATI?

¿A quién, entonces, le interesa construir un basurero radiactivo, que nadie quiere y que todas las comunidades autónomas rechazan porque no aportaría ninguna riqueza añadida a la zona, salvo las compensaciones que recibirían los ayuntamientos próximos a la instalación? La respuesta es clara, sólo al Partido Popular y, concretamente, a los “populares” de Castilla-La Mancha liderados por María Dolores de Cospedal, responsable directa de que el Gobierno de Mariano Rajoy eligiera la localidad conquense de Villar de Cañas para situar el estercolero nuclear.

Y fue en su primer Consejo de Ministros, diciembre de 2011, cuando el recién nombrado Ejecutivo presidido por Rajoy eligió Villar de Cañas para el ATC. La sorpresa fue mayúscula: la cuarta opción barajada era finalmente la elegida, máxime si meses antes la entonces presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había dicho que “ni en ningún pueblo, ni en ninguna provincia” quería el ATC, porque esta comunidad “ya había sido muy solidaria en materia nuclear (sic)”. ¿Qué le hizo cambiar de idea?

Un negocio de mil millones controlado por Cospedal

Para la Plataforma contra el ATC de Villar de Cañas está claro: Sólo la construcción del basurero radiactivo movía cerca de mil millones de euros, que el ministro de Industria de aquel entonces, José Manuel Soria, prometió a Cospedal su control directo. Tanto es así, que la exsecretaria general del PP colocó en la presidencia de Enresa, organismo para la gestión de los residuos radiactivos, a una de las personas menos conocedora de la energía nuclear, pero de su confianza máxima, Francisco Gil-Ortega, que para desgracia de Cospedal meses más tarde tuvo que dimitir de la presidencia de  esta empresa pública por ciertas anomalías contables y dudosas facturas.

Las “desgracias” de Cospedal se sucedieron cuando su valedor en el basurero nuclear e íntimo amigo José Manuel Soria también tuvo que dimitir acuciado por el escándalo de los “Papeles de Panamá”, aunque siendo alcalde de Las Palmas otros casos de supuesta corrupción urbanística lo tuvieron en el disparadero político.

Por otra parte, y como no podía ser menos, algunas de las empresas que hicieron negocio con Enresa contaban con el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, en su consejo de administración, como es el caso de Iberinco, que se llevó decenas de millones de euros en contratos, como denunció en su día la Plataforma anti ATC.

El alcalde y la secretaria

Pero dentro de toda esta trama nuclear conquense destacan dos extraños personajes que han defendido con uñas y dientes el ATC, incluso uno de ellos con graves insultos contra los detractores del basurero nuclear, como son el alcalde del PP de Villar de Cañas, José María Saiz, y la secretaria del ayuntamiento, Carmen Barco, verdadera artífice de que la localidad optara a la triste candidatura de convertirse en el basurero radiactivo de Europa. Eso sí, el alcalde habló rápidamente de que al pueblo “le había tocado la lotería”. ¿A quién le tocó la lotería? Eso queda todavía por investigar, puesto que el regidor Saiz tiene todavía muchas cosas que aclarar sobre el urbanismo del pueblo y las licencias de construcción.

Sin embargo  “la sombra alargada” de Carmen Barco, erigida en “portavoz” pro cementerio nuclear que, incluso, hacía callar al alcalde e insultaba a la oposición en las sesiones plenarias (ver video), como publicó ELPLURAL.COM en noviembre de 2014, tuteló hasta hace unos meses todo el proceso y ahora, según fuentes del PP consultadas por esta redacción, “está muy preocupada, yo diría que deprimida, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya paralizado temporalmente la ATC”, dicen.

A estos dos personas se une un tercero no menos extraño, como es el presidente del PP de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, que tras ser abandonado por Cospedal, ya que el “negocio de los átomos” no depende ahora del PP, aseguran fuentes socialistas, arremete con virulencia, como si le fuera la vida ello, contra el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, “enemigo” declarado del Almacén Temporal Centralizado, que desde que llegó al poder, en julio de 2015, no ha dejado de llevar a cabo iniciativas políticas que han conseguido paralizar las obras del cementerio nuclear.

Pedro Sánchez: la última palabra

Iniciativas que dieron su fruto con la arribada de Pedro Sánchez a La Moncloa. El Ministerio para la Transición Ecológica pedía (ver carta) al Consejo de Seguridad Nuclear la suspensión del expediente para dar el visto bueno a la construcción del cementerio nuclear. Page y las 50 asociaciones que forman parte de la Plataforma expresaban su satisfacción por esta noticia. Todos, salvo las derechas, PP y Ciudadanos.

Pero hace unos días, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacía unas declaraciones a ABC que daban aliento a las reivindicaciones del PP, asegurando que el ATC era necesario, aunque no mencionó el nombre de Villar de Cañas. Rápidamente, la portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes castellano-manchegas, Blanca Fernández, aseguraba que el PSOE de Castilla-La Mancha hará “lo que tenga que hacer” para impedir la construcción del basurero nuclear, “esté quien esté en Moncloa”, dijo.

¡Ojo! porque Pedro Sánchez no puede hacer lo mismo que Mariano Rajoy con Castilla-La Mancha: expoliar el Tajo a través del trasvase Tajo-Segura para beneficiar la huerta murciana en detrimento del desarrollo agrícola castellano-manchego y, además, situar en estas tierras el cementerio nuclear que nadie quiere en la región, salvo el PP y sus ocultos intereses, hoy por hoy, bajo la lupa de Moncloa.

El presidente Sánchez sabe que su compañero de partido, Emiliano García-Page, además de jugarse la Presidencia de la Comunidad, ha apostado fuerte por alejar de la región este basurero inservible, cuando ya existen, como hemos dicho, varios Almacenes Temporales Individuales en cada una de las centrales nucleares de España.

Fuente: elplural.com

El Gobierno paraliza el permiso de construcción del almacén de residuos nucleares

El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido paralizar el permiso de construcción del almacén para residuos nucleares, ideado hace casi dos décadas y que acumula un enorme retraso.

El Almacén Temporal Centralizado (ATC), previsto por el Gobierno del PP en Villar de Cañas (Cuenca) para guardar los residuos de todas las nucleares, cuenta con el rechazo del Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha. El ministerio ha enviado un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que suspenda la tramitación del permiso de construcción. Quiere tener diseñada su política energética antes de que se dé vía libre a este polémico proyecto.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que la semana pasada el departamento de Teresa Ribera envió el escrito al CSN, el supervisor encargado de analizar y avalar el permiso de construcción del silo para desechos nucleares. En la misiva se instaba a suspender la tramitación de ese expediente. Las mismas fuentes señalan que en breve el CSN celebrará un pleno en el que está previsto que se apruebe la paralización del permiso de construcción a instancias del ministerio.

 

Leer más: elpais