Se aprueba la moción contra la construcción de un almacén de residuos radioactivos en Cofrentes

La concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano, y el concejal de Energías Renovables y Cambio Climático, Jordi Peris, han presentado una moción para oponerse a la construcción de un almacén de residuos radioactivos en la localidad de Cofrentes, así como el cierre de la Central Nuclear para 2021. Dicha moción se ha aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Grupo Popular.

La moción presentada por el Govern de la Nau, defendida por Soriano y Peris, se basa en que la “peligrosidad de las centrales nucleares está fuera de toda duda, así como el riesgo de la construcción de un almacén de residuos”. En el caso de que hubiera “una fuga radiactiva importante, afectaría a la salud de millones de valencianos y valencianas, además de contaminar la tierra y arruinar la producción agrícola”.

El debate ha comenzado con la intervención de Salvador Moncayo, de la Plataforma Tanquem Cofrents, quien ha reclamado el cierre de la actividad en la central nuclear argumentado que “hay alternativas” y que no sólo lo pide una plataforma, “sino la ciudadanía, y además, otros países europeos, como Bélgica y Suiza, ya están planificando sus alternativas”.

Por parte del grupo Ciudadanos, Santiago Benlliure, ha defendido que las políticas energéticas no deben utilizarse como estrategia política y ha pedido también alternativas. “No se puede improvisar en materia energética”, ha explicado, si bien reconoce que las energías nucleares se “acercan al final de su vida útil”. Así mismo, ha hecho hincapié en que “cualquier decisión debe tener un plan alternativo, que contemple, entre otras cosas, la pérdida de puestos de trabajo”.

Por el Grupo Popular, Mª Ángeles Ramón-Llin ha presentado una propuesta que plantea el incremento de las energías renovables y que tiene en cuenta las repercusiones del cierre, principalmente en lo que al empleo se refiere. “Queremos saber sus planes y cuáles serán las consecuencias. No hagan demagogia, sino parques eólicos, porque el acuerdo es inviable aunque se apruebe, a menos que se ofrezcan soluciones”. Su propuesta ha sido rechazada con los votos en contra del equipo de Gobierno y la abstención de Ciudadanos.

El concejal de Energías Renovables y Cambio Climático, Jordi Peris, ha defendido un “cambio de modelo energético que comprende el cierre de la central y la reconversión laboral”. “Se trata –ha explicado Peris- de una moción sobre una central nuclear obsoleta, con una energía obsoleta”, y ha recordado que para su cierre tendrá ya 35 años, cuando en Europa se fija en 25 años la vida útil de las centrales.

“Un nuevo modelo energético” ha sido también la reivindicación de la concejala Pilar Soriano. Ha recordado la “peligrosidad de los residuos que genera” y la necesidad de una “revolución energética que pase por reducir las energías no renovables en favor de las renovables”. También ha mencionado que en Europa son 25 los años de vida útil, y en España la media es de 30.

Fuente:

Tres Universidades Europeas desmontan el fraude de las lecturas de los Contadores “Inteligentes”

Los Contadores Inteligentes fueron conectados a través de un cuadro eléctrico, a una gama de aparatos que consumen energía, tales como bombillas de ahorro de energía, calentadores, bombillas LED y pequeños electrodomésticos.

Los investigadores compararon después el consumo real del sistema con las lecturas del medidor electrónico de energía.

En los experimentos, 5 de los 9 contadores inteligentes dieron lecturas que eran mucho más altas que la cantidad real de energía consumida. De hecho, en algunas configuraciones, éstas eran hasta 582 % más altas.

Las observaciones de un consumidor que fueron reportadas son consistentes con los resultados contenidos en este documento:
un pequeño circuito electrónico consumió sólo una cantidad muy pequeña de corriente de pico, pero hizo que el medidor leyera 500 W,
resultando en una Consumo anual de energía adicional de 4380 kWh.

A esto se le debe de añadir que en España no se ha transpuesto la Directiva Europea de Eficiencia Energética 2012/27/UE  en cuyo artículo 9 se desarrollan las características de los nuevos Contadores Inteligentes, así como la Norma Internacional IEC 61000-4-19 la cual desarrolla la compatibilidad electromagnética (EMC).

 

Técnicas de ensayo y medición – Prueba de inmunidad a Las perturbaciones del modo diferencial y la señalización en la gama de  frecuencias 2 kHz a 150 kHz a a.c. Puertos de alimentación.

Las lecturas inexactas se atribuyen al diseño del medidor de energía, junto con el uso cada vez mayor de dispositivos de conmutación modernos (a menudo eficientes desde el punto de vista energético).

Aquí, la electricidad consumida ya no tiene una forma de onda perfecta, sino que adquiere un patrón errático.Los diseñadores de los medidores de energía modernos no han hecho suficiente tolerancia para los dispositivos de conmutación de este tipo.

Cuando desmantelaron los medidores de energía probados, los investigadores encontraron que los que estaban asociados con lecturas excesivamente altas contenían una “Bobina de Rogowski”, mientras que aquellos asociados con lecturas excesivamente bajas contenían un “Sensor Hall”. Frank Leferink señala que “Los medidores de energía que probamos cumplen con todos los requisitos legales y están certificados. Estos requisitos, sin embargo, no han hecho suficiente tolerancia para los dispositivos de conmutación modernos.

Fuente: https://plataforma.quieroauditoriaenergetica.org

Escrito en inglés

Iberdrola cifra en 916 millones las pérdidas por reabrir Garoña y pide “desistir” y desmantelar la central

La italiana Endesa desconfía de las cifras y prefiere esperar a que el Gobierno español resuelva para tomar una decisión sobre el futuro de la instalación.

Traducido: que el gobierno baje los impuestos para que ganen más.

Iberdrola tiene muchas centrales térmicas de gas medio paradas y el reactor de Garoña no está en condiciones  técnicas adecuadas; ni siquiera con las invesiones previstas se garantizaría su correcto funcionamiento.

La pretendida tensión en torno a la central nuclear ubicada en Santa María de Garoña (Burgos) no para de aumentar. Al insólito consejo de Nuclenor -la sociedad participada por Iberdrola y Endesa que gestiona la instalación- celebrado la pasada semana, en el que ambas eléctricas chocaron al votar sobre el futuro de la central, se ha sumado en los últimos días un cruce de informes encargados a consultoras internacionales donde se trata la rentabilidad o irrentabilidad, según se mire, de Garoña y del resto del parque nuclear del país.

Las dos eléctricas no se ponen de acuerdo en la forma de actuar en torno a la central burgalesa y la falta de entendimiento entre ambas ha desatado una nueva guerra en el sector eléctrico. Garoña, parada desde el año 2012, recibió el pasado mes de febrero la luz verde del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para retomar su actividad y ampliar sine die su operación siempre y cuando sus propietarios realizaran unas inversiones que las empresas cifran en torno a los 300 millones de euros. El veredicto del regulador nuclear no es vinculante y ahora la decisión sobre la reapertura la tiene que tomar el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que se ha dado de plazo hasta agosto para escuchar a todas las partes interesadas y resolver.

En el sector energético cada día que pasa se tiene más claro que Garoña nunca va a reabrirse. La central lleva cuatro años parada y esta situación no ha supuesto ningún tipo de tensión para el sistema eléctrico, dotado de una enorme sobrecapacidad por la entrada masiva de centrales térmicas de gas y renovables en la primera década del siglo.

Informe de la consultora PriceWaterhouseCoopers

Por si fuera poco, Iberdrola ha puesto cifras a su tesis de que Garoña no tiene futuro. La eléctrica que preside Ignacio Galán presentó en el último consejo de Nuclenor un «informe estrictamente privado y confidencial» elaborado por la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) en el que se ponen cifras al agujero que supondría en las cuentas de ambas eléctricas poner en marcha la central. Según este documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la central estaría sometida a continuas pérdidas entre los años 2017 y 2031 si se tuvieran que llevar a cabo las inversiones previstas de 308 millones en ese periodo. De esta cifra, 193 millones corresponderían a mejoras en materia de seguridad y mantenimiento y el resto estaría ligado a la recarga del combustible nuclear.

En total, teniendo en cuenta la proyección de precios a futuro realizada por la consultora y comparándola con los 66 euros por megavatio hora que necesitaría la central para ser rentable dada la carga fiscal que recae sobre estas instalaciones, las pérdidas totales ascenderían a 916 millones de euros en el conjunto del periodo. «En conclusión, la opción más favorable para la sociedad sería desistir de la solicitud de renovación de autorización de explotación de la central dado que con las condiciones actuales o previsibles de mercado no generan el ebitda que permita recuperar las inversiones necesarias para su explotación hasta el final de su vida útil», concluye PwC.

El informe realizado por la consultora sorprendió a los consejeros de Endesa en el órgano de control de Nuclenor. Galán había conseguido introducir en el orden del día de la reunión una votación para desistir en el intento de lograr la reapertura de la instalación sin esperar al veredicto del Ministerio de Energía. La eléctrica elevaba así el pulso que mantiene con el Gobierno, donde ha llegado a insinuar que dejará de operar sus nucleares si no se suavizan los impuestos a la generación eléctrica y a los residuos nucleares que hoy, según sus cálculos, hacen «irrentables» a todas las centrales.

El informe no convenció en Endesa y sus consejeros votaron en contra de desistir en el intento de reabrir Garoña. La desunión provocó un empate que bloqueó la situación hasta el próximo consejo de administración. El grupo que dirige Borja Prado alega que es mejor esperar a ver la resolución de Energía antes de tomar una decisión.

En la sede de Endesa no ha sentado nada bien que Galán se pronuncie de forma tan contundente sobre el futuro de Garoña ni que, a espaldas de su socio en Nuclenor, se haya realizado un informe utilizando información sensible de la instalación. El propio Prado aprovechó una intervención ante los medios de comunicación en la Junta de Accionistas de la eléctrica celebrada la pasada semana para pedir «respeto» sobre la posición de su eléctrica sobre Garoña. Las fuentes del sector consultadas consideran que el informe de PwC carece de fundamentos y está lejos de reflejar la situación real de la central si operase hasta 2031.

Más allá de la situación particular de la central burgalesa, eléctricas y Gobierno mantienen estas semanas un pulso que determinará el futuro de la energía nuclear en el mix energético nacional. En esta partida están en juego alrededor de 2.200 millones de euros, que es lo que ingresan cada año las seis centrales que operan en España. Endesa, propiedad del gobierno italiano,  es el grupo con una mayor participación en el negocio nuclear  y no le interesa que esos ingresos vayan a deparar a otras fuentes de generación alternativas como el gas.

A pesar de esta cifra de negocio, las eléctricas sostienen con informes técnicos elaborados por consultoras como FTI que sus instalaciones están en pérdidas por los altos impuestos que tienen que pagar y el deterioro de unos activos que «no están amortizados».

Por suerte todos sabemos que FTI es una empresa especializada en manipulación de la realidad. FTI fué contratada en su dia por el lobby del fracking en España para lavar su imagen y según su página Web es especialista en lavado de imagen corporativa y alterar la percepción de la gente sobre el mundo real.  (leer sobre FTI Consulting)

Fuente: elmundo

La Economía, un fraude no tan inocente

El problema principal que conllevan los engaños de los economistas ni siquiera es que sus afectados sean siempre los mismos; lo malo es que sus responsables gozan de casi total impunidad

El último libro del gran economista John Kenneth Galbraith se tituló La economía del fraude inocente. Afirmaba en sus páginas que era un fraude porque “rinde un servicio sigiloso a ciertos intereses particulares” y lo calificaba generosamente como inocente porque, en su opinión, “la mayoría de los que lo perpetran no se sienten culpables”.

A mí me parece, sin embargo, que cada vez cuesta más trabajo seguir pensando que se trata efectivamente de algo tan inocente como pensaba Galbraith, por muy poco responsables que se sientan los economistas que engañan cada día a la gente. Bien sea a base de grandes mentiras o de las formas más sutiles de engañar como pueden ser las medias verdades, los silencios o las manipulaciones estadísticas.

Por muy marcada que sea la aureola de grandes científicos que tienen los economistas de mayor impacto mediático, lo cierto es que casi siempre terminan dando gato por liebre a la opinión pública, produciendo mucha confusión y, a la postre, logrando lo que se busca, que la gente crea a pie juntillas lo que le dicen y dé por buenas las políticas que en realidad menos le convienen.

Unas veces, los economistas engañan presentando como si fueran juicios técnicos y neutros y, por tanto, fuera del debate de los no entendidos lo que no son sino simples preferencias ideológicas de quien las formula. Típico ejemplo de ello es afirmar que las empresas o las entidades financieras privadas son mejores o funcionan más eficientemente que las públicas, que las pensiones privadas son más deseables que las públicas, o que conviene que no haya determinado tipo de impuestos, como ocurre en los últimos tiempos con el de sucesiones.

Ninguna de esas afirmaciones es técnica sino política. Ninguna tiene detrás una evidencia empírica que la haga irrefutable, un análisis científico que pueda demostrar taxativamente que es una verdad indiscutible. Una empresa o un banco público, por ejemplo, puede ser tan eficiente o más que uno privado, o viceversa; ninguno es intrínsecamente o por definición superior o mejor que el otro. Es legítimo optar por una u otra solución pero es un engaño decirle a la gente que la elección que cada uno adopte es el resultado de un juicio técnico o científico y, por tanto, objetivamente “mejor” que su contraria.

Otras veces, se trata de convencer a la gente de que determinadas propuestas no son controvertidas como resultado de un análisis científico incuestionable e incuestionado y, por tanto, que igualmente deben quedar fuera de la discusión. Se dice, por ejemplo, que los modelos económicos demuestran que las pensiones públicas son insostenibles, que la investigación económica ha demostrado que es preciso moderar los salarios para crear empleo, reducir los impuestos para que suba la renta per cápita, que a partir de un determinado nivel de deuda no habrá crecimiento económico, o que los bancos centrales son imprescindibles porque allí donde lo son la tasa de inflación es menor.

Pero se oculta que detrás de esas afirmaciones, como he demostrado en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, hay hipótesis concretas que si se cambian dan lugar a resultados completamente diferentes.

Y, por supuesto, muchos economistas engañan también a la gente cuando al hacer sus propuestas no hacen mención de los resultados distributivos que van a tener, haciendo creer, por tanto, que se toman con independencia de ello, cuando en realidad se sabe perfectamente que son mucho más favorables para unos grupos sociales que para otros.

Y no se crea que los engaños han hecho mella solo en la gente normal y corriente, que solo la menos formada es la que ha llegado a creerse a pies juntillas ese tipo de afirmaciones. Para hacer eso posible ha sido necesario que previamente se haya generalizado y asumido por la mayoría de la profesión una “sabiduría” económica que en realidad no es sino un relato de la realidad lleno de errores metodológicos y de prejuicios ideológicos.

Son cientos los profesores de economía que día a día siguen enseñando a sus alumnos que la función de demanda de mercado es decreciente cuando hace decenios que se demostró que eso es falso porque puede tener cualquier forma. O que los bancos obtienen el dinero que prestan de los depósitos que previamente les han hecho sus clientes, cuando se sabe perfectamente que es al revés, que primero prestan (con dinero que crean de la nada) y de ahí nacen los depósitos.

¿Cuántas veces hemos oído que la enorme deuda que tiene España y especialmente la pública es el resultado de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”? Miles de veces, pero casi nunca (por no decir que nunca) se recuerda que la deuda es en realidad el negocio de la banca y que ha sido esta quien ha usado su enorme poder para imponer un modelo de crecimiento económico basado en la deuda. Y, sobre todo, que si la deuda ha aumentado tanto es por los intereses que cobra la banca por prestar un dinero que crea de la nada y sin coste alguno. En el caso de nuestra deuda pública, por ejemplo, el 61,4% de toda la que se ha generado desde 1995 se debe a intereses.

Se le dice a la gente que hay que moderar los déficits públicos e imponer recortes brutales en el gasto que se traducen en grandes pérdidas de bienestar social (y en nuevos negocios privados) porque esa es la única forma de que no aumente la deuda, pero se le oculta que desde que en Europa se impuso la regla del 3% como límite del déficit público la deuda ha aumentado más de 20 puntos en porcentaje del PIB (exactamente 5,3 billones de euros desde 1995 a 2015). Por no hablar del gran engaño que supone decir que nadie predijo la crisis. Sí lo hicieron los economistas (de izquierdas o de derechas, críticos u ortodoxos) que contemplaron sin prejuicios ni intereses espurios de por medio lo que estaba haciendo con la deuda el mundo de las finanzas, que es el gran padrino del fraude intelectual en que se ha convertido la economía de nuestro tiempo

Pero el problema principal que conllevan los engaños de los economistas ni siquiera es que, como he dicho, sus afectados sean siempre los mismos. Lo malo es que sus responsables gozan de casi total impunidad.

Podríamos dar también muchos ejemplos traídos de todo el mundo, pero en España creo que tenemos el que podría ser el paradigma de todos ellos, la mejor y más terrible expresión de los males que hoy día aquejan al análisis económico como instrumento imprescindible de las políticas públicas.

Me refiero al que fue gobernador del Banco de España, Jaime Caruana. En su día fue acusado por sus propios inspectores de mirar hacia otro lado, de mantener una actitud pasiva y un “complaciente optimismo” ante los peligros que se estaban generando y que los inspectores contemplaban ya como muy ciertos, o de realizar “imprudentes análisis de la realidad”. En la carta dirigida al entonces ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente del gobierno, Pedro Solbes, los inspectores denunciaban “la pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España, con su gobernador a la cabeza, ante el insostenible crecimiento del crédito bancario en España”, o también que la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario español tenía su origen en la “complaciente actitud del gobernador del Banco de España” y en su “falta de determinación” (la carta puede leerse aquí).

¿Alguien le pidió cuentas al exgobernador Caruana por esa evidente responsabilidad en todo lo que sucedió en el sistema financiero español y que tanto daño ha hecho a millones de hogares y empresarios?

La mejor y más clara respuesta a esta pregunta consiste sencillamente en saber dónde se encuentra hoy día empleado quien dirigió el Banco de España con un comportamiento de ese tipo, tan pasivo y complaciente hacia la banca que gestaba el daño tremendo que terminó produciendo: Jaime Caruana es actualmente nada más y nada menos que el Director Gerente del Banco Internacional de Pagos, es decir, la máxima autoridad financiera y bancaria internacional.

Lo peor, pues, no es que la economía se haya convertido en un fraude sino que este es todo lo contrario de inocente, como prueba el destino que aguarda a quienes lo cometen y la impunidad con que lo llevan a cabo.

Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/Economia-fraude-inocente_6_635596478.html

El alcalde de Zamanzas pide en Bruselas el cierre definitivo de Garoña

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Juan José Asensio ha realizado esta solicitud en el marco de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, desde donde se han comprometido a requerir información a las comisiones de Energía y Medio Ambiente, así como al Ejecutivo central, acerca de los cambios que se han acometido en la planta para poder reabrirla, según ha informado Imagina Burgos.

El alcalde del Valle de Zamanzas ha centrado su intervención, de cinco minutos, en los fallos estructurales de la central y en la necesidad de revisar el modelo energético español, con el objetivo de favorecer uno que priorice las energías “limpias y renovables” y ha pedido “que se deje de multar por usar la energía solar”, a la vez que ha solicitado que se trabaje en planes energéticos a largo plazo y no en “improvisaciones de licencias que sólo ayudas a la cuenta de beneficios de las grandes empresas energéticas”.

Asensio ha remarcado que la planta nuclear de Santa María de Garoña es una “central obsoleta”, que ya ha cumplido con su cometido, y ha recordado que la instalación lleva parada desde diciembre de 2012, así como que tenía previsto por mandato gubernamental su cierre el 6 de julio de 2013. Asimismo, ha explicado que la planta nuclear burgalesa ha notificado 136 incidentes en su último periodo y ha reiterado que “arrastra desde hace más de 30 años fallos estructurales de diseño” en la vasija del reactor.

El regidor municipal ha realizado una valoración “positiva” tras su comparecencia ante el Parlamento Europeo, ya que considera “un logro importante” que el alcalde de un pequeño pueblo de Burgos haya podido trasladar su reivindicación ante este organismo internacional.

Fuente : 20minutos.es

 

Secretario del CSN admite que el expediente Garoña tuvo una gestión distinta

El nuevo secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Manuel Rodríguez Martí, reconoció el 7 de marzo de 2017, en su comparecencia en la Comisión de Energía, que la documentación del expediente para la reapertura de la central de Garoña (Burgos) se gestionó de manera “distinta” a lo habitual.

El hasta ahora subdirector de Instalaciones Nucleares del CSN ha comparecido hoy en la Comisión de Energía del Congreso, en la que se que ha dictaminado de manera favorable a su nombramiento como secretario general del regulador nuclear, con la abstención del grupo socialista y Ciudadanos; y el voto en contra de Unidos Podemos.

Rodríguez Martí, quien llega al cargo desde su posición de técnico del CSN al que se llegó en 1985 como ingeniero industrial, ha defendido en su intervención su idoneidad para el cargo y la no existencia de incompatibilidades para su desarrollo del mismo.

Tras su discurso se ha abierto un turno de preguntas en el que diputados de los tres grupos que no han votado a favor han cuestionado el “secretismo” con el que se ha tramitado el expediente de la reapertura de la planta de Garoña.

El nuevo secretario general del CSN ha admitido en su respuesta “que se estableció un sistema distinto con la documentación que se iba generando -en el expediente de reapertura de Garoña- para limitar el acceso” al mismo.

Y es que, mientras la documentación relativa al resto de expediente es de libre acceso para los técnicos, como ha reconocido Rodríguez Martí, no lo fue en el caso de Garoña, donde los documentos se manejaron en papel y no se pusieron a disposición de la totalidad de los técnicos.

Era un expediente que necesitaba confidencialidad y tuvo un sistema de gestión documental especifico”, ha defendido el nuevo secretario general del CSN, quien fue el encargado de dirigir la tramitación del dictamen sobre Garoña.

Rodríguez Martí ha justificado que el informe favorable a la conexión a la red de la planta burgalesa, si realizaba las mejoras que se le pedían, “fue consecuente con las funciones del CSN, estuvo centrado en la evaluación de los técnicos y no tuvo segundas intenciones ajenas a la responsabilidad a informar en materia de seguridad y protección radiológica”.

Ha dicho también que las discrepancias de parte del cuerpo técnico sobre cómo se gestionó ese expediente y otros relativos a las centrales de Almaraz (Cáceres) o Vandellós (Tarragona), “fueron puestos de manifiesto por técnicos que no intervenían en el proceso”.

El nuevo secretario general del CSN ha negado que “exista una barrera entre personal técnico y jerarquía” del organismo regulador, como le han dicho varios diputados, y ha insistido en que el regulador “funciona en el desarrollo estricto de sus funciones, sin entrar en el debate de la política energética, que es una competencia que no le corresponde”.

Rodríguez Martín ha dicho que su objetivo como secretario general del CSN será “mejorar aspectos en la comunicación interna” del regulador, y “mantener sus actuaciones en el máximo rigor técnico”.

El diputado de Unidos Podemos Juan López de Uralde ha justificado el voto contra de su grupo al nombramiento argumentando que el nuevo secretario general del CSN ha tenido “un papel clave en el aval para la reapertura de Garoña, aún cuando no había cumplido los propios requisitos de seguridad que le impuso el regulador”.

“Pensamos que Rodríguez Martí es una pieza más en la complicidad que existe entre la dirección de las centrales nucleares y la del CSN”, ha concluido el diputado

Fuente:  orain.eus

El alcalde de Zamanzas defenderá en Bruselas el cierre de Garoña

En su intervención ante la Comisión de Peticiones el 25 de abril, expondrá que «accionar el botón de puesta en marcha supondría retroceder 46 años» y pide un plan de reindustrialización.

Estará acompañado por Fernando Ruíz, concejal de Vivir en Tobalina y Marco Antonio Manjón de Imagina Burgos.

El alcalde de Valle de Zamanzas, Juan José Asensio, defenderá su petición de cierre definitivo y desmantelamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña ante la Comisión de Peticiones de la Unión Europea. Será el próximo 25 de abril, con motivo de la reunión ordinaria del ente, en la que los miembros debatirán la propuesta y tomarán una decisión al respecto. Y se ha invitado al peticionario a asistir al momento, e incluso a intervenir, y Asensio está decidido a viajar a Bruselas, aunque aún está cerrando los flecos del viaje y su financiación.

La Comisión de Peticiones aceptó a finales de 2016 la petición registrada por Asensio, al considerar que cumplía requisitos para ser examinada. Al admitirse a trámite se pedía también a los miembros de la Comisión que realizasen una investigación preliminar del caso para, a su vez, emitir una respuesta. Ahora, se acaba de comunicar al alcalde de Valle de Zamanzas que su petición ha sido incluida en el orden del día de la próxima reunión, y se le invita a acudir para defenderla personalmente, e incluso a aportar más documentación si así lo considera necesario.

En octubre recibió la confirmación de que su petición había sido aceptada. El apoyo del eurodiputado Florent Marcellesi ante la Comisión de Energía (Equo-Los Verdes) resultó fundamental para dar salida a su proposición y tener voz. Ahora, Asensio se prepara para sintetizar en cinco minutos todas sus razones para reclamar el desmantelamiento definitivo de la planta. A grandes rasgos, su mensaje deja entrever que «accionar el botón de puesta en marcha supondría retroceder 46 años».

Aunque acudirá el 25 de abril en calidad de invitado y sabe que sus palabras no son vinculantes, el regidor espera que los parlamentarios tengan constancia de que la central se cerró en su día «por cuestiones de seguridad». Por ello, en su discurso expone que Garoña desde 2012 «ha notificado 136 incidentes y arrastra desde hace más de 30 años fallos estructurales de diseño en la vasija del reactor que hacen peligrar la seguridad de cerca de 3.000.000 de personas».

Al margen de ese «riesgo muy elevado», Asensio asegura que los cuatro años de parón «no han sido impedimento» para garantizar el abastecimiento de la red eléctrica nacional. Así pues, reclamará un «plan urgente» de revitalización que «genere seguridad y un mundo rural que deje de perder población y oportunidades». En este sentido, pide la implicación de Europa a la hora de aportar fondos que ayuden a poner en marcha la reindustrialización del entorno, ya que «no llegaron» cuando se decretó su cierre en 2013.

Asensio no entra en el tira y afloja que mantienen en estos momentos el Ejecutivo central e Iberdrola sobre el futuro de la planta, pero sostiene que el aluvión informativo en torno a Garoña arroja «dudas» sobre la decisión final. Visto lo visto, mantiene sus reservas a la hora de hacer pronósticos.

En principio, Asensio no estará solo. Está previsto que le acompañen el portavoz provincial de Imagina Burgos, Marco Antonio Manjón y  Fernando Ruíz, concejal de Vivir en Tobalina en el Valle de Tobalina.

El alcalde de Zamanzas agradece el apoyo de la candidatura ciudadana a esta reivindicación al trasladar una moción similar a la que él presentó en la Diputación. En su opinión, el futuro de Garoña debe circunscribirse primeramente a Burgos, por eso no alcanza a comprender las negociaciones entre el PNV -aunque reme en la misma dirección- con el PP como si de una moneda de cambio se tratase.

Fuentes:

burgosconecta.es

elcorreodeburgos.com