ENRESA investiga cómo se filtró agua de lluvia en una celda de El Cabril

 

Enresa asegura que el agua filtrada en una celda de El Cabril no requiere actuar

El hallazgo de esta anomalía se produjo en una comprobación periódica de la cantidad de agua acumulada en los depósitos de agua de lixiviados de la celda 29, hecha en diciembre de 2017.

Enresa, la empresa nacional que gestiona el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad de El Cabril, ha asegurado que el agua filtrada en una celda (la 29) no requiere ninguna actuación y que los análisis efectuados han descartado “totalmente cualquier riesgo radiológico”.

En un comunicado, Enresa explica que el diseño de las celdas destinadas al almacenamiento de residuos de muy baja actividad “contempla la posible entrada y recogida de aguas procedentes de infiltraciones, lluvias o condensaciones producidas en las propias celdas”. Por este motivo, añade la empresa, “cada celda incorpora una red de recogida de lixiviados que conduce dichas aguas hasta un depósito final de control, permitiendo de esta forma la vigilancia y control de las mismas”.

La empresa recuerda que la filtración se produjo en diciembre del 2017, durante las obras de cierre de la sección en la que se encuentra la celda 29, cuando las cubiertas de protección se habían desmontado para iniciar el proceso de cierre definitivo. En las labores de vigilancia se observó que el agua recogida en los depósitos de control “era superior a la cantidad media establecida”, y por ello se analizó para conocer su origen, estableciéndose que procedía de la lluvia y que no existía riesgo.

En marzo pasado se finalizó el proceso de cierre, “sin que desde entonces se hayan detectado cantidades de agua superiores a la media especificada”, concluye el comunicado.

Información sobre la filtración de agua

El coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, ha informado hoy de que pedirá a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía información sobre la filtración de agua de lluvia en una de las celdas de almacenamiento del cementerio de El Cabril en Hornachuelos (Córdoba), según refleja un informa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde se ha reunido con trabajadores del Infoca, Maíllo ha mostrado su “preocupación” por el informe del CSN y su contenido, y ha adelantado que IU pedirá información sobre “cómo se ha podido producir esa filtración y cómo no se han activado mecanismos de seguridad y de prevención, sobre un hecho que ocurrió en diciembre de 2017”.

A su juicio, el hecho de que se haya producido una filtración en una celda que se supone debe estar “absolutamente blindada”, lanza un mensaje de falta “de previsión o de blindaje”.

Filtración no contemplada en el protocolo de seguridad

“Si se produce una filtración hacia dentro, también se puede producir hacia afuera”, ha sugerido el coordinador andaluz de IU, quien ha considerado este hecho como “muy grave” al ser una “filtración que no se contemplaba” en el protocolo de seguridad.

El informe del CSN que se entrega anualmente al Congreso de los Diputados refleja que los análisis realizados hasta el momento descartan el riesgo, dado que “los resultados obtenidos son inferiores al límite inferior de detección”.

Panorámica del ATC de El Cabril, en CórdobaEvolución de la población de Hornachelos (Córdoba)

Fuente: EFEverde y diariocordoba

 

Los residuos radiactivos olvidados de la fosa atlántica

Silencio en torno a lo que esconde el fondo de la parte nororiental del océano Atlántico. A 400 kilómetros de la costa gallega y a 200 km de la de Asturias se arrojaron dentro de bidones metálicos toneladas deresiduos radiactivos solidificados con hormigón o betún. Esta basura nuclear que fue lanzada al mar de manera periódica, entre 1949 y 1982, por Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda, Suiza y Suecia. Y, en muchos casos, está olvidada a más de 4.000 metros de profundidad mientras que está sometida a la presión y a la corrosión del mar.

En un proceso oculto y lento, con el trascurso de los años las aguas quedaron afectadas por los vertidos nucleares. Desde 1977 y durante las décadas de los años 80 y 90 se llevaron a cabo inspecciones periódicas para medir los niveles de radiactividad de esta parte del océano. Sin embargo, al no haberse realizado ningún tipo de control reciente, se desconocen los niveles actuales de contaminación nuclear de estas aguas. Si los vertidos siguen alterando la biodiversidad del ecosistema marino, si puede afectar o no al ser humano. Tampoco se sabe nada sobre las circunstancias del origen del problema: No se conoce el estado actualde los bidones que contienen la basura radiactiva.

«El diseño de los paquetes para los desechos vertidos no tenían por objeto garantizar el aislamiento de los radionucleidos (o elementos radiactivos) dentro de los bidones, sino más bien asegurar que se transportaran intactos al fondo marino; posteriormente se esperaba que ocurriera un proceso de dispersión lenta en el agua circundante», explica en uno de sus informes la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), conexa a Naciones Unidas.

Se estima que hay más de 112.000 toneladas de residuos nucleares dentro de 225.586 bidones aislados, según datos publicados en 2010 en un artículo de investigación de la revista científica PLOS ONE. Todo esto que esconde las profundidades de la Fosa Atlántica ha sido clasificado por la OIEA como desechos radiactivos de «baja e intermedia actividad» procedentes de operaciones de plantas de energía nuclear, de ciclos de combustibles nucleares o de la descontaminación y desmantelamiento de plantas.

Pero esta organización descubre un dato más en su informe: «Los grandes componentes de instalaciones nucleares, como los generadores de vapor o los principales circuitos de bombas, se vertieron intactos». Así es el estado en el que se encuentran, también en el Atlántico, seis submarinos nucleares cuya recuperación ha resultado imposible, a excepción del Kursk: el Komsomolets y el K-219 soviéticos, y los estadounidenses Thresher y Scorpion permanecen en el fondo marino. El más cercano a España es el submarino nuclear K-8, localizado a 4.000 metros de profundidad tras el aparatoso incendio que provocó su hundimiento en 1970. Tras este accidente a 490 kilómetros de la costa de La Coruña, dos reactores y una cabeza nuclear quedaron sumergidos mientras que la radiación procedente estimada por la misma organización es de 9250 terabequerelios (TBq), una radiactividad 200 veces menor que la de Chernóbil si se adopta el límite inferior de liberación estimada.

Este no es el único dato sobre los niveles radiactivos de la zona. Desde 1977, los países involucrados en la eliminación de los desechos nucleares, junto con la OIEA, realizaron inspecciones periódicas sobre los vertederos de la fosa atlántica. «En general, estas prospecciones no detectaron ninguna radiactividad asociada con las operaciones de vertido en las muestras de agua, pero en la de 1992 se hallaron concentraciones elevadas de plutonio, lo que indicaba fugas en los bidones», señala la organización en su inventario de material radiactivo.

La radiación existente en la parte nororiental del océano Atlántico se estima que es de 42320,7 TBq, según la base de datos publicada por la OIEA en la que engloban únicamente los relativos a los vertidos nucleares. La contaminación de la zona podría compararse con los niveles de radiactividad que se liberaron tras laexplosión del tanque de almacenamiento de residuos de alto nivel radiactivo de Mayak, el complejo nuclear más grande del mundo, ubicado en Rusia. Según el informe de Greenpeace, en esta zona de los Montes Urales quedaron esparcidos 74.000 TBq de radiactividad, lo que comparado con los niveles registrados, en la parte nororiental del Atlántico habría más de la mitad de radiación de la que se produjo tras esta catástrofe nuclear sobre suelo ruso.

Cada uno de los ocho países vertieron diferentes cantidades de basura nuclear con una actividad nuclear diferente, por lo que los niveles de radiación que provocaron sobre las aguas fueron diferentes con independencia a las toneladas arrojadas.

Silencio y desconocimiento de las autoridades españolas

En España los residuos de baja y media actividad, también llamados de vida corta y media, son aquellos cuyos principales radionucleidos (o elementos radiactivos) tienen un «periodo de semi-desintegración inferior a 30 años», tal y como está clasificado por la Convención Conjunta sobre la Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad de Residuos Radiactivos. Sin embargo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) apunta que «su radiactividad dentro de algunos cientos de años habrá decaído y podría ser comparable a los niveles de la radiactividad natural existente en la superficie de la tierra».

A pesar de ser una zona de altamar sobre la que no legisla ninguna nación, por cercanía al litoral gallego y asturiano, España debería ser el país más preocupado por la situación. Sin embargo, los organismos consultados de nivel estatal no se posicionan ni ofrecen información al respecto.

La Subdirección general de Energía nuclear del Ministerio para la Transición Ecológica señala al Consejo de Seguridad Nuclear al ser un «organismo independiente y con competencias en materia de seguridad nuclear», mientras que de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar no ofrecen respuesta. Desde Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), dependiente del Ministerio citado anteriormente, tampoco se pronuncian. El Instituto Español de Oceanografía (IEO), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tampoco respondió las preguntas de ABC al considerar este asunto competencia del CSN. Y el Consejo de Seguridad Nuclear dice que este tema «está bajo competencia del Ministerio para la Transición Ecológica».

Aunque la Organización Internacional de Energía Atómica sea un organismo de Naciones Unidas, la potestad sobre las aguas internacionales, como las de la Fosa Atlántica, recae sobre la Organización Internacional para las Naciones Unidas (ONU): «La vigilancia sobre los vertidos no forma parte de nuestro mandato, tampoco realizamos controles relacionados con los desechos radiactivos pero podemos ayudar a los Estados Miembros por encargo», responde un portavoz de la OIEA.

Sin embargo, el Gobierno de España no cree que sea necesario controlar los vertidos nucleares de la zona aunque se desconozca el estado actual de los mismos. De esta manera quedó reflejado en una de las respuestas de la Comisión Europea ante las preguntas del eurodiputado José Blanco referentes a los vertidos nucleares de la fosa atlántica: «Las autoridades españolas no han planteado a la Comisión la necesidad de tales estudios».

El vacío legislativo de las aguas internacionales

Que no hubiera ningún tipo de legislación internacional común sobre las aguas internacionales hasta el Convenio de Londres de 1993 explica la libertad con la que ciertos países actuaron en altamar, contaminando con desechos u otros materiales radiactivos. «Venimos de una cultura en la que hasta hace bien poco se pensaba que el mar era inmenso, que todo lo depuraba y podía absorber», explica Eneko Aierbe Sarasola, coordinador del Área Marina de Ecologistas en Acción. «Pensábamos que nosotros éramos muy pequeños y no le podíamos hacer nada al océano, pero las investigaciones han demostrado que esto no es así».

El mes que viene la situación puede empezar a cambiar. En septiembre se inicia la primera ronda de negociaciones para la creación de la Constitución de los Océanos. «El hecho de que Naciones Unidas esté intentando proteger las aguas internacionales de todos los océanos es un indicador de que cada vez miramos más al mar», afirma Pilar Marcos, coordinadora del Área de Biodiversidad de Greenpeace España. High Seas Alliance, una asociación compuesta por más de 37 organizaciones no gubernamentales, explica en un comunicado que, de aprobarse este tratado multilateral, las aguas internacionales quedarían legalmente protegidas y las actividades sobre las mismas reguladas. Se desarrollará en cuatro sesiones y su finalización tendrá lugar en la primera mitad del año 2020. Hasta entonces solo queda esperar.

Fuente: ABC

El Gobierno paraliza el permiso de construcción del almacén de residuos nucleares

El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido paralizar el permiso de construcción del almacén para residuos nucleares, ideado hace casi dos décadas y que acumula un enorme retraso.

El Almacén Temporal Centralizado (ATC), previsto por el Gobierno del PP en Villar de Cañas (Cuenca) para guardar los residuos de todas las nucleares, cuenta con el rechazo del Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha. El ministerio ha enviado un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que suspenda la tramitación del permiso de construcción. Quiere tener diseñada su política energética antes de que se dé vía libre a este polémico proyecto.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que la semana pasada el departamento de Teresa Ribera envió el escrito al CSN, el supervisor encargado de analizar y avalar el permiso de construcción del silo para desechos nucleares. En la misiva se instaba a suspender la tramitación de ese expediente. Las mismas fuentes señalan que en breve el CSN celebrará un pleno en el que está previsto que se apruebe la paralización del permiso de construcción a instancias del ministerio.

 

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Las normas de la UE provocan el Colapso del carbón y de comarcas enteras en España

Las electricas preparan la clausura de centrales mientras se acerca el fin de las minas subterráneas

Lada, Guardo, Compostilla, Teruel, Anllares… La cuenta atrás para el cierre de estas centrales térmicas que queman carbón para generar electricidad ha comenzado. Las eléctricas se preparan ya para acometerlo. “No son económicamente viables”, señala una de las compañías sobre las costosas obras que se deben hacer para cumplir a partir de 2020 con los exigentes estándares europeos contra la contaminación y el cambio climático. “Es más fácil ahora acometer los cierres”, admiten en el sector, porque el nuevo Gobierno ha abandonado la idea de impedir por decreto el fin de las centrales de carbón que proyectó el Ejecutivo del PP. Las 15 térmicas que funcionan ahora en España son responsables del 14% de los gases de efecto invernadero de todo el país.

Las normas que la UE ha ido aprobando para luchar contra el cambio climático y la contaminación apuntan hacia un mismo lugar: el fin del uso del carbón para generar electricidad. Porque cada vez serán más duras las restricciones sobre los contaminantes que expulsan las centrales que queman este combustible; porque la UE ha modificado el sistema de comercio de derechos de gases de efecto invernadero para que cada vez sea más caro emitir CO2 a la atmósfera; porque los Veintiocho también han acordado que en 2018 se acaban las ayudas estatales a la minería del carbón…

En definitiva, porque el compromiso contra el cambio climático —que Europa dice abanderar en el mundo— ha hecho que la UE construya en los últimos años un armazón legal para que se deje de quemar carbón.

El 17,2% de la electricidad que se consumió en España en 2017 procedía de las 15 centrales térmicas que usan este combustible y que aún están operativas. Para producir esa energía esas instalaciones expulsaron a la atmósfera 46,5 millones de toneladas de CO2 equivalente (la medida que se emplea para los gases de efecto invernadero). Esto supone que esas 15 centrales acumulan ellas solas casi el 14% de los gases de efecto invernadero que emitió toda la economía española en 2017.

Las centrales son propiedad de las cinco grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa, Gas Natural, EDP y Viesgo. Y, según la información que las empresas trasladan a EL PAÍS, hasta ocho de las 15 centrales están en riesgo de cerrar en un plazo máximo de dos años.

Iberdrola quiere clausurar de aquí a 2020 las térmicas de Lada y Guardo, las dos únicas de carbón que esta multinacional aún tiene abiertas en el mundo.

Endesa hará lo mismo con Compostilla y Teruel, porque la empresa no considera que sea rentable acometer las obras para reducir los contaminantes que la UE exige a este tipo de centrales si quieren seguir operando más allá de junio de 2020.

Gas Natural ya tiene decidido que Anllares no continuará y está a punto de decidir qué hace con Meirama. Viesgo sostiene que no tiene una decisión tomada, aunque en el caso de su térmica de Puente Nuevo en este momento no están “considerando una importante inversión” debido a “los requerimientos regulatorios y las condiciones de mercado”. Y si no acometen las obras para reducir los contaminantes, en dos años tendrá que cerrar.

 

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Bruselas abre un proceso de infracción a España por las normas de seguridad nuclear

La Unión Europea enmendó su directiva sobre esta materia en 2014 para reforzar la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, aumentar el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos.

Ahora se empieza a sentir la gestión del gobierno del  PP-Rajot sobre los pufos con la energia solar y la nuclear.

La Comisión Europea (CE) ha abierto este jueves un procedimiento de infracción a España y Polonia para instarles a que completen la introducción en sus legislaciones nacionales de la Directiva europea en materia de seguridad nuclear.

Estos países tienen dos meses para responder a la carta de emplazamiento que les ha enviado el Ejecutivo comunitario y, si no lo hacen o sus explicaciones no satisfacen a Bruselas, el procedimiento podría avanzar con una petición formal para que presenten medidas concretas y, eventualmente, terminar en los tribunales europeos.

La Unión Europea enmendó su directiva sobre seguridad nuclear en 2014 tras haber efectuado pruebas de estrés en los países, a raíz del accidente Nuclear de Fukushima y para cumplir con las exigencias de organismos internacionales, y los países debían introducir los cambios en su legislación a más tardar en agosto de 2017.

Estas normas reforzaron la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, obligan a hacer una reevaluación de la seguridad de todas las plantas nucleares al menos una vez cada diez años, refuerzan el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos y permiten a unos Estados evaluar lo que hacen otros.

Además de España y Polonia, la Comisión ya había abierto en diciembre un procedimiento de infracción a Bélgica por este motivo, pero las medidas notificadas por el país para implementar las normas europeas no cumplen con las exigencias de Bruselas.

Por este motivo, la CE ha dado este jueves un paso más en el procedimiento pidiéndole nuevas medidas en un máximo de dos meses o la llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Fuente: publico.es

 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha activado el proceso de cierre del parque nuclear

Lo hizo en su primera comparecencia en el Congreso, al confirmar que su hoja de ruta consiste en mantener como referencia la vida tecnológica útil de las centrales, que es de 40 años. El RIP final -teórico- debería tener lugar en 2027 en  Trillo (Guadalajara), aunque es posible que para no solapar procesos, los cierres se extiendan más allá de 2030.

El apagón nuclear se enfrenta, entre otros, a dos problemas serios: la incertidumbre sobre la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Guadalajara) y la ausencia de un Plan de Gestión de Residuos que sustituya al vigente, que tiene una antigüedad de 12 años y que le ha costado a España la apertura de un expediente de infracción por parte de Bruselas.

La ausencia de algo tan básico como un lugar para almacenar residuos peligrosos es lo que ha llevado a Ribera a matizar que el apagón puede ir más allá de 2030; porque habrá que estudiar múltiples factores de cada instalación, como el coste financiero, las necesidades técnicas y de ingeniería o la gestión de los desechos.

Tras el cambio de Gobierno, pocos creen que el ATC de Cuenca pueda llegar a buen fin. Ni entre las empresas, ni entre los “sabios” que han preparado los planes de transición energética hay quien crea que el ATC pueda estar construido en 2024. En el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en la empresa pública de residuos Enresa los trámites administrativos en torno al ATC siguen por inercia. “Nadie nos ha indicado lo contrario” sostienen fuentes del organismo que preside Fernando Marti.

Alertan de un colapso nuclear: EEUU está “dormido al volante” de su industria

La industria nuclear de EEUU podría estar al borde del colapso. Sus reactores nucleares están al final de su vida útil y no son eficientes, según un informe elaborado por investigadores del Departamento de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad Carnegie Mellon y de las de Harvard y California en San Diego.

Los resultados de la investigación, que ha sido publicada en la Academia Nacional de Ciencia de EEUU bajo el título ” US nuclear power: The vanishing low-carbon wedge” —’El poder nuclear de EEUU: la oportunidad baja en carbono que se desvanece’—, se basan en el análisis al que se sometieron 99 reactores nucleares controlados por 30 empresas de 30 estados del país.

A fecha de 2017 son 34 los reactores a los que se les ha echado el cierre al alcanzar su vida útil, y solo se están construyendo dos nuevos. Y ello en un momento en el que resulta más acuciante que nunca atajar la cuestión del cambio climático, advierte el informe.

La flota de reactores nucleares de Estados Unidos la constituyen grandes reactores nucleares de agua ligera (‘LWR’, por sus siglas en inglés). Durante las últimas tres décadas, el 20% de la energía que genera Estados Unidos ha venido de estos reactores, ahora desfasados y cuyo mantenimiento y reacondicionamiento resultan excesivamente caros. Sobre todo si se comparan con el gas natural, mucho más barato.

“Estamos dormidos al volante en una autopista muy, muy peligrosa (…) De verdad, necesitamos abrir los ojos y estudiar la situación”, alerta Ahmed Abdulá, docente en la Escuela de Estrategia y Políticas Globales de la Universidad de California en San Diego y uno de los autores del informe.

El resto de investigadores advierte de que el auge de la industria de esquisto estadounidense —muy contaminante— podría llevar a que un número nada desdeñable de centrales nucleares echara el cierre durante los próximos años. Explican que el país está en una seria encrucijada: o abandona por completo la energía nuclear o adopta la próxima generación de reactores modulares pequeños, más eficientes y cuyo coste es considerablemente inferior.

Los autores del estudio advierten de que se ha llegado a ese dilema no por las carencias de Estados Unidos en materia técnica, sino por falta de voluntad.

“Sorprende que una de nuestras mejores armas para luchar contra el cambio climático esté en riesgo de sufrir un profundo colapso por culpa de los retos políticos y económicos que tenemos delante, y no por los técnicos”, denuncia Adbulá.

Debido a cómo está montado el mercado energético, los investigadores no están convencidos de que la energía nuclear vaya a ser competitiva en el futuro. Al mismo tiempo que se están dedicando esfuerzos a mejorar la capacidad de las baterías eléctricas que se utilizan para almacenar las energías solar y eólica, también se está impulsando mucho el gas natural.

A fecha de 2018, los combustibles fósiles son los responsables del 32% de la energía que consume Estados Unidos. Así que, en caso de que el colapso de la industria nuclear estadounidense acabe siendo una realidad, los investigadores dudan de que los beneficios de las energías renovables vayan a ser suficientes para cubrir el vacío.

Fuente:  sputniknews.com/