El 67% de los conejos de Palomares (Almeria) tienen radioactividad

Ecologistas en Acción recuerda al respecto que la Comisión Europea le ha requerido el examen de los conejos en reiteradas ocasiones desde 2010, la última vez en 2019, tras la inspección realizada en el verano de ese año a los avances realizados para descontaminar el suelo con plutonio en la pedanía cuevana.

Detectan radiación en 72 de 107 muestras de Palomares tras reanudar mediciones de plutonio

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha reanudado la medición de plutonio en el área de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica ambiental de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), con la recogida de un centenar de muestras cuyo análisis ha dado como resultado el hallazgo de emisores alfa, es decir contaminación radiactiva, en 72 de ellas.

Los análisis radioquímicos se retomaron el 1 de septiembre de 2020 tras un requerimiento de la Comisión Europea (CE) y hasta el pasado mes de noviembre, se han recogido y se han tratado 72 filtros de aire para partículas de polvo, 28 muestras de productos alimenticios, en concreto hortalizas cultivadas, y siete bioindicadores de flora y fauna.

El informe preceptivo remitido a finales de diciembre a la CE por el regulador atómico español, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que estos 107 análisis han dado como resultado la identificación de «72 emisores alfa», si bien precisa que solo se ha completado la medición de 25 para «determinar» la concentración de actividad de plutonio en aire, alimentos y bioindicadores.

El CSN reconoció ante los integrantes de la misión de verificación europea que visitó Palomares en junio de 2019 que el laboratorio radioanalítico del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) «no tenía capacidad» para medir el plutonio y que sólo se estaba monitoreando el americio.

Aludió a diferentes motivos, entre ellos, obras de mejora en las instalaciones, pero también a «retrasos en la adquisición de un detector gamma para sustituir a un dispositivo averiado por los recortes presupuestarios» y a la «falta de técnicos de laboratorio por retrasos» en el proceso de contratación.

Al tiempo, el regulador atómico comunicó a los verificadores europeos que su «intención» era reanudar la espectometría alfa para medir el plutonio a lo largo del año 2020.

Posteriomente, y a raíz de esta visita, la CE requirió a España para que, «lo antes posible», diera cumplimiento a esa previsión, recuperase la capacidad de medir este emisor alfa, y le informarse antes de que acabase el pasado año de los avances realizados en este sentido.

No obstante, pese a esta observación, los técnicos europeos remarcaron que el sistema de monitorización de la radiactividad en el aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas en la zona donde cayeron las cuatro bombas termonucleares tras la colisión en el aire de dos aviones de EEUU en 1966 se ajusta al Tratado Euratom, es «adecuado» y funciona «de manera eficiente».

MUESTRAS EN CONEJOS

En su informe a Bruselas de diciembre, el CSN comunica, asimismo, que, siguiendo una recomendación de la CE que se remonta a 2010, ha previsto la «recogida y análisis anual» de muestras de carne de conejo recogidas en los entornos de la denominada zona 6, un área de 20 hectáreas que se extiende por la Sierra Almagrera, y la zona 2, donde cayó una de las dos bombas que detonó al impactar contra el suelo.

Hasta ahora, el regulador atómico había argumentado que tenía «dificultades para obtener las muestras» ante las recomendaciones realizadas desde Europa para que se ampliase el programa de vigilancia radiológica y se incluyese la carne de conejo con el objetivo de «mejorar la estimación de exposición a las radiaciones»,

La posición ha cambiado por lo que traslada que, en los últimos meses de 2020, se han obtenido muestras, «congeladas» en Palomares a la espera de su transporte a los laboratorios del Ciemat en Madrid para su procesamiento.

Detalla, asimismo, que para llevar a cabo este trabajo ha solicitado el «obligatorio permiso de caza» a la Junta de Andalucía y que se ha contactado con un cazador local «con arma y licencia» reglamentaria, que ha colaborado de forma «voluntaria y altruista».

ESPAÑA DEBERÁ INFORMAR ANTES DE FINALES DE 2021 SOBRE EL PLAN PARA LIMPIAR LA RADIACTIVIDAD

El próximo plazo a cumplir por España en relación a Palomares expira a finales de 2021 cuando deberá informar a la Comisión Europea de los «progresos» alcanzados respecto al plan de limpieza «definitivo» de las 40 hectáreas contaminadas por el que se debe «eliminar» el suelo contaminado para su «deposito de forma segura» en un almacenamiento «a largo plazo».

La CE recomendó hace una década que se llevase a cabo en Palomares el Plan de Rehabilitación y la limpieza de la tierra «para evitar cualquier inaceptable riesgo radiológico» en especial en las zonas 2,3 y 6 «teniendo en cuenta la muy larga vida media» de los «contaminantes» allí presentes.

Recogía que, dentro de las áreas contaminadas y según el informe realizado entonces, en algunos lugares se registraba «una exposición para miembros del público de más de 1 mSv por año, superior en ciertas zonas a 5 mSv por año».

La misión de verificación que visitó Palomares en junio de 2019 comunicó en su informe que no se ha descontaminado «ninguna» de las áreas afectadas y aludía a que las autoridades españolas tenían «toda actividad paralizada» respecto a esta situación a la espera de un «acuerdo vinculante» con EEUU.

España sostiene que para «la solución final» al «problema» del área bajo vigilancia radiológica es «primordial» el acuerdo con EEUU ya que «no tiene instalaciones para el almacenamiento final de los desechos radiactivos generados por la limpieza».

A raíz de esto, la comisión solicitó a las autoridades españolas que informasen sobre los avances en el plan de rehabilitación «final» de las áreas contaminadas con plutonio en Palomares antes del finales de 2021 y avisó de que, de acuerdo a lo que se informe, podría considera la «necesidad» de una nueva misión de verificación para medir el grado de cumplimiento de esta recomendación.

Palomares o cómo no creer a un régimen dictatorial

Tras veinte años de investigación, iniciada cuando trabajaba como corresponsal de Efe en Washington, Rafael Moreno publicó “La historia secreta de las bombas de Palomares: La verdad sobre el accidente nuclear silenciada durante 50 años” (Ed. Crítica) en la que reconstruye los hechos ocultados con una minuciosa recopilación de documentos obtenidos en los archivos estadounidenses y algunos españoles.

Leer Todo lo relacionado con las bombas de Almeria fue un montaje mediatico

Entre los legajos norteamericanos cuya desclasificación obtuvo el investigador, Moreno se topó con el acuerdo suscrito bajo el mandato de José María Aznar en 1997 que no fue hecho público y del que la prensa española “no escribió ni una sola línea“, aunque concuerda con la política española en este asunto que caracteriza como de “transparencia nula” .

Fuente: diario de Almeria

El ministro franquista se bañó en una playa simulando que era la de Palomares

Fuente diario de Almeria

Traficantes de sueños

La minera especulativa Berkeley consigue ampliar su permiso de Salamanca con un gobierno de izquierdas en Madrid

Vista aérea de las obras de la mina de uranio. (Fuente Eldiario.es)

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido a Berkeley la renovación de la autorización inicial de la planta de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca) como instalación radiactiva, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En bolsa, la compañía ha llegado a dispararse hasta un 15,9%, pero al cierre ha amainado las subidas hasta un 1,85%.

Esta renovación sigue a la del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) del pasado mes de julio, que informó favorablemente de la solicitud presentada por Berkeley para la renovación de la autorización previa de la planta y consideró que las circunstancias y características de la planta de concentrado de uranio son las mismas que se recogen en la autorización previa emitida en 2015.

La semana pasada, el Tribunal Supremo confirmó, además, la legalidad de la autorización previa para el desarrollo de la planta de concentrados de uranio en Salamanca.

El Alto Tribunal desestimó así el recurso de casación planteado por Foro de izquierdas-Los verdes y Adeco Ecologistas en Acción contra la autorización que había conseguido para esta mina, confirmando una sentencia previa de la Audiencia Nacional.

La compañía ha asegurado que sigue colaborando con las autoridades competentes en el proceso de aprobación de la mina de Salamanca y mantendrá al mercado plenamente informado sobre cualquier aspecto relacionado con la planta.

Noticias anteriores sobre la minera especulativa Berkeley:

• 2018: El Congreso pide por unanimidad la paralización de la mina de uranio en Salamanca

• 2017: Berkeley se lava la cara en Vitigudino mientras arrasa Retortillo

Fuente: elconfidencial

Los engaños de El Cabril.

Después de varias décadas de lucha ecologista y de partidos de izquierda por la clausura del cementerio nuclear, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos lo va a ampliar

El Cabril es el único cementerio nuclear que existe en España y siempre se ha mentido sobre su existencia. Lo construyó ‘clandestinamente’ Franco en 1961 y medio siglo después, en 2021, va a ser un Gobierno «socialcomunista», como lo llaman en la oposición, el que va a ampliar su capacidad; en contra de todas las promesas, propuestas y resoluciones que han aprobado desde hace años los partidos de la coalición gubernamental, el PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Por mucho que se busque, no se encontrará nada igual, un engaño que comienza con Franco y que lo continúa muchos años después el presidente que lo ha sacado de su tumba, Pedro Sánchez. Eso es El Cabril, y los restos que allí se han ido depositando seguirán allí varios siglos después de que estas mentiras, estos dirigentes, nuestras sociedades podamos recordar siquiera cómo fue posible que en España se decidiera abrir un cementerio nuclear en mitad de una sierra, el corazón de Sierra Morena, con las dificultades que conlleva para el transporte de los bidones nucleares, a solo cincuenta kilómetros de un núcleo de población, Hornachuelos, y, por si fuera poco, en una zona con un reconocido riesgo sísmico.

Como se puede imaginar, una conjunción de despropósitos como esa, pisoteando toda prudencia de seguridad de las personas y del medio ambiente, solo es posible concebirla en un régimen dictatorial como el de Francisco Franco y en una región, como la de Andalucía, maltratada por la planificación económica del general en favor de otras regiones, como es el caso de Cataluña y el País Vasco, por mucho que luego, irónicamente, los nacionalistas de ambas comunidades se presenten como adalides de lo contrario.

Tanta fue la desconsideración hacia esas gentes de Sierra Morena que, con el sigilo absoluto de un gran secreto de Estado, a El Cabril se comienzan a llevar residuos nucleares en 1961, aprovechando una mina de uranio que estaba abandonada. Se van apilando los barriles nucleares durante años hasta que en 1975 se decide darle una cierta formalidad a aquello y se produce la primera aprobación administrativa para convertirlo, formalmente, en cementerio nuclear. Pero tampoco entonces se comunica nada a la población, todo se mantiene en secreto hasta que lo descubre un periodista de Córdoba, Sebastián Cuevas, ya fallecido. Junto al fotógrafo José Manuel de la Fuente, publican una información, en octubre de 1976, en la que prueban la existencia de ese ‘cementerio nuclear’ clandestino, hasta entonces desconocido por todo el mundo.

¿Y qué pasa cuando se descubre públicamente la atrocidad de estar acumulando residuos nucleares en una mina abandonada? ¿Cómo actúa la democracia? Pues, sin clausurar nada, lo que se hace es dotar de legalidad a la ilegalidad. Hasta 1983 no se aprueba la creación de un organismo público que se hiciera cargo de estas cuestiones, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), con el cometido principal de regularizar la existencia del único cementerio nuclear de España. Sobre la antigua mina de uranio se van edificando instalaciones y, cuando ya se ha adecentado todo, se inaugura formalmente el cementerio nuclear del El Cabril en octubre de 1992. ¿Alguien da más para el ‘ranking’ de chapuzas a la española? Treinta años después de que comenzaran a llegar barriles radiactivos, se inaugura el cementerio. Ocurre, sin embargo, que la legalización de aquellas instalaciones lo que no puede cambiar, ni modificar, es el entorno en el que se encuentra el Cabril ni el riesgo que entraña.

Desde los primeros años de la democracia, todas las organizaciones ecologistas y la mayoría de los partidos políticos, fundamentalmente de izquierda, han repetido los mismos argumentos: «El cementerio nuclear de El Cabril nunca debería haberse construido porque está en el sur de la península ibérica, muy alejado de la mayoría de instalaciones, nucleares y radiactivas existentes en España. Está en una zona colindante al Parque Natural Sierra de Hornachuelos, reserva de la Biosfera de la UNESCO, geográficamente dentro de la cuenca del río Bembézar, en terrenos geológicamente inestables y sísmicos, con importantes acuíferos y aguas subterráneas en la Sierra Albarrana. Además de los riesgos asociados a la alta sismicidad, existe un peligro asociado por los transportes nucleares terrestres de residuos a lo largo de su recorrido hasta esas instalaciones por carreteras sinuosas». Por el contrario, en Enresa, cada vez que surge la polémica, insisten en que, en la actualidad, ‘el Centro de Almacenamiento de El Cabril’, como se denomina evitando cualquier referencia radiactiva, cuenta con modernas instalaciones, preparadas para resistir cualquier incidente sísmico y dotadas de las mayores medidas de seguridad.

En el Parlamento de Andalucía, desde los años 80, se pueden encontrar sucesivas declaraciones o mociones en las que se exige la inmediata clausura del cementerio nuclear de El Cabril. La protesta ha llegado también al Parlamento Europeo, convencidos de que en Europa se respaldaría la clausura del almacén de residuos radiactivos. Pero nada, hasta que ha llegado al Gobierno de España una coalición de partidos de izquierda bajo la que, como esperaban las organizaciones ecologistas, se iba a decretar lo que ellos mismos llevan tanto tiempo reclamando. Pero no, y esa ha sido la sorpresa. Ha sido, precisamente, una senadora de la coalición de partidos con la que Podemos se presentó en las últimas elecciones en Andalucía la que ha ‘destapado’ el nuevo secreto que se ocultaba: El Cabril no solo no se va a clausurar, sino que se va a ampliar, quizá al doble de su capacidad. Pilar González, la senadora de Primavera Andaluza, es la que le dirigió la pregunta en el Senado a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera: «Claro que me siento decepcionada porque tenía confianza en que un Gobierno de izquierda, progresista y ecologista, iba a actuar de otra forma», dijo la senadora en ‘Canal Sur Radio’. Y añadió: «Y no estoy decepcionada como andalucista, porque este Gobierno no lo es, sino por los mensajes progresistas de ‘no dejemos a nadie atrás’, ‘la vida en el centro’ que yo también comparto… Luego, cuando lo que se hace es lo contrario de lo que se dice, es la mejor definición de un político». Pues eso.

Fuente: blogs.elconfidencial.com/

Los materiales para el almacenamiento de residuos nucleares no son tan seguros como se pensaba

Los materiales que los Estados Unidos y otros países planean usar para almacenar desechos nucleares de alto nivel probablemente se degradarán más rápido de lo que nadie sabía anteriormente debido a la forma en que interactúan esos materiales.

Una investigación publicada en la revista Nature Materials, muestra que la corrosión de los materiales de almacenamiento de desechos nucleares se acelera debido a los cambios en la química de la solución de desechos nucleares, y por la forma en que los materiales interactúan entre sí.

“Esto indica que los modelos actuales pueden no ser suficientes para mantener estos desechos almacenados de manera segura”, dijo Xiaolei Guo, autor principal del estudio y subdirector del Centro de Desempeño y Diseño de Formularios y Contenedores de Desechos Nucleares del Estado de Ohio. “Y muestra que necesitamos desarrollar un nuevo modelo para almacenar desechos nucleares”.

La investigación del equipo se centró en el almacenamiento de materiales para desechos nucleares de alto nivel, principalmente desechos de defensa, el legado de la producción de armas nucleares en el pasado. El desecho es altamente radiactivo. Mientras que algunos tipos de desechos tienen una vida media de aproximadamente 30 años, otros, por ejemplo, el plutonio, tienen una vida media que puede ser de decenas de miles de años. La vida media de un elemento radiactivo es el tiempo necesario para que la mitad del material se descomponga.

Estados Unidos actualmente no tiene un sitio de disposición para esos desechos; Según la Oficina de Responsabilidad General de los Estados Unidos, generalmente se almacena cerca de las plantas donde se produce. Se ha propuesto un sitio permanente para Yucca Mountain en Nevada, aunque los planes se han estancado. Países de todo el mundo han debatido la mejor manera de lidiar con los desechos nucleares; solo uno, Finlandia, ha comenzado la construcción de un depósito a largo plazo para residuos nucleares de alto nivel.

Pero el plan a largo plazo para la eliminación y el almacenamiento de desechos de defensa de alto nivel en todo el mundo es prácticamente el mismo. Implica mezclar los desechos nucleares con otros materiales para formar vidrio o cerámica, y luego encerrar esos pedazos de vidrio o cerámica, ahora radioactivos, dentro de botes metálicos. Los botes serían enterrados bajo tierra en un depósito para aislarlo.

En este estudio, los investigadores encontraron que cuando se exponen a un ambiente acuoso, el vidrio y la cerámica interactúan con el acero inoxidable para acelerar la corrosión, especialmente de los materiales de vidrio y cerámica que contienen desechos nucleares.

El estudio midió cualitativamente la diferencia entre la corrosión acelerada y la corrosión natural de los materiales de almacenamiento. Guo lo llamó “severo”.

“En el escenario de la vida real, las formas de desechos de vidrio o cerámica estarían en contacto cercano con botes de acero inoxidable. En condiciones específicas, la corrosión del acero inoxidable se volverá loca”, dijo. “Crea un ambiente súper agresivo que puede corroer los materiales circundantes”.

Para analizar la corrosión, el equipo de investigación presionó “formas de desechos” de vidrio o cerámica, las formas en que se encapsulan los desechos nucleares, contra el acero inoxidable y los sumergió en soluciones durante hasta 30 días, en condiciones que simulan las de la montaña Yucca, el repositorio de residuos nucleares propuesto.

Esos experimentos mostraron que cuando el vidrio y el acero inoxidable se presionaron entre sí, la corrosión del acero inoxidable fue “severa” y “localizada”, según el estudio. Los investigadores también notaron grietas y corrosión mejorada en las partes del vidrio que habían estado en contacto con el acero inoxidable.

Parte del problema radica en la tabla periódica. El acero inoxidable está hecho principalmente de hierro mezclado con otros elementos, incluidos el níquel y el cromo. El hierro tiene una afinidad química por el silicio, que es un elemento clave del vidrio.

Los experimentos también mostraron que cuando las cerámicas, otro soporte potencial para los desechos nucleares, se presionaron contra el acero inoxidable en condiciones que imitaban a las que se encuentran debajo de la montaña Yucca, tanto la cerámica como el acero inoxidable se corroyeron de una manera “severamente localizada”.

Referencia: Xiaolei Guo, Stephane Gin, Penghui Lei, Tiankai Yao, Hongshen Liu, Daniel K. Schreiber, Dien Ngo, Gopal Viswanathan, Tianshu Li, Seong H. Kim, John D. Vienna, Joseph V. Ryan, Jincheng Du, Jie Lian, Gerald S. Frankel. Self-accelerated corrosion of nuclear waste forms at material interfaces. Nature Materials, 2020; DOI: 10.1038/s41563-019-0579-x

Fuente:  alcanzandoelconocimiento.com

El coste de la era post-nuclear en España superaría notablemente los 20.000 millones de euros.

España se enfrenta a una nueva etapa del modelo energético y no solo por la incorporación masiva de nueva capacidad renovable. Mientras se llenan los tejados y el territorio de paneles solares y aerogeneradores, además del cierre de las centrales de carbón, se vislumbra el final de las nucleares. Pero tanto si se extiende su vida útil más de 40 años como si no, el debate no es solo cuándo se cierran sino cómo y cuánto va a costar hacerlo.

Y ésa es una de las preguntas que se han hecho los economistas Mª del Mar Rubio-Varas y Joseba de la Torre Campo de la Universidad de Navarra en el blog de economía Nadaesgratis.es. Reconocen que la sociedad española es mayoritariamente antinuclear pero hay que admitir que nuestro país es uno de los pocos del mundo (solo 33) que ha desarrollado de manera comercial esta tecnología, además de ser uno de los primeros. Más aún, los 7 GW repartidos en siete reactores representan el 20% de generación eléctrica peninsular y, solo en 2017, la producción eléctrica bruta de origen nuclear fue de 58.108,76 GWh siendo, un año más, la fuente que mayor contribución realizó al sistema eléctrico español.

Ahora toca echar cálculos sobre cuánto nos costará bajar la persiana y sobre todo, cómo hacerlo y en qué plazos. Los autores han hecho una estimación a partir de lo que ha costado desmantelar Zorita (que el próximo año finaliza todo el proceso, después de 16 años de trabajo), y «cerrar los siete reactores que están actualmente en activo, Almaraz I y II, Vandellós II, Ascó I y II, Cofrentes y Trillo y el apagado de Garoña dan como resultado que el coste de desmantelarlos asciende a 20.467 millones«.

Eso sin contar con una partida extra para el reactor I de Vandellós, que tras el incendio ocurrido en 1986, se decidió sellar e iniciar un proceso de desactivación que se mantendrá hasta 2028, año en el que se iniciará su desmantelamiento total.

Pero aún hay más, «habría que añadir la inversión en un Almacén Temporal Centralizado (actualmente paralizado), en los residuos ya generados (estimado en otros 700 millones), y posteriormente en un almacén geológico profundo (AGP) por varios siglos cuya ubicación y proyecto de construcción está aún por definirse», dicen los economistas.

Foro Nuclear señala que existen ATIs para almacenar los residuos ya generados en las centrales de Trillo, Ascó y José Cabrera (en desmantelamiento). Han finalizado la construcción de los de Almaraz y Santa María de Garoña (en predesmantelamiento), y Cofrentes ha comenzado la construcción del suyo en este año. Con datos a 31 de diciembre de 2017, el número de elementos combustibles irradiados almacenados temporalmente en las centrales nucleares españolas era de 15.362, de los que 13.897 se encuentran en piscinas y 1.465 en Almacenes Temporales Individualizados.

Según dicta la ley, la encargada de liderar todos estos procesos es la empresa nacional de residuos radiactivos Enresa, que actualmente cuenta con un presupuesto muy inferior a la cifra resultante que superaría notablemente los 20.000 millones de euros. «El fondo acumulado por la empresa pública a finales de este año es de unos 5.000 millones de euros», advierten, totalmente insuficiente para acometer semejante empresa de tanta envergadura.

Entonces, ¿cómo se va a conseguir acumular todo el dinero necesario para la era post-nuclear española? ¿del bolsillo de los consumidores? ¿de las tasas que pagan los propietarios de las centrales, fabricantes de elementos combustibles o titulares de otras instalaciones nucleares? Los economistas concluyen que efectivamente esa decisión «va más allá del análisis económico y financiero. Necesita del consenso social para decidir qué hacemos con nuestras centrales nucleares. Y desde luego debe ser discutido a fondo en el modelo de transición energética por el que se apueste».

Fuente: elperiodicodelanergia

El Gobierno autoriza la construcción del almacén nuclear de Cofrentes

 El Ministerio de Transición Ecológica ha concedido la declaración de impacto ambiental para construir esta infraestructura. Se trata del último gran obstáculo que Iberdrola, empresa que gestiona el complejo, tenía que salvar para poner en marcha el proyecto.

La declaración de impacto ambiental permite que las obras de la instalación para los residuos puedan empezar este verano

Pistoletazo de salida al almacén temporal individualizado (ATI) de la central nuclear de Cofrentes.
Tras este requisito, la construcción del almacén está pendiente de una serie de autorizaciones menores de forma que las obras podrán comenzar en breve, posiblemente a lo largo del verano, según explicaron fuentes de la central. En cualquier se cumplirán los plazos que maneja la empresa para que el ATI esté operativo en 2021. Es en esta fecha cuando las piscinas en las que actualmente se almacena el combustible utilizado se colmatarán.

El proyecto supone una inversión cercana a los cuatro millones de euros e implica la construcción de un edificio exento y se contempla como solución intermedia hasta que esté concluido un almacén temporal centralizado (ATC) de todos los residuos nucleares españoles.

La previsión es que el recinto esté operativo en 2021, a los 40 años de vida de la central

La construcción del almacén cierra las dudas sobre la continuidad de la central de Cofrentes durante varios años más hasta el horizonte de 2030, tal y como pactaron las compañías eléctricas propietarias del parque nuclear español y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La legislación establece que en una primera fase el combustible se almacene en las piscinas construidos en la propia central. Lo deseable es que este combustible ya utilizado se remita a un almacén centralizado construido en un lugar geológicamente estable. Este proyecto ha quedado sin fecha después de que el Gobierno haya la paralizado el ATC de Villar de las Cañas.

Diversas centrales españolas, como Trillo, Ascó o Almaraz entre otras, ya cuentan con una infraestructura como la que se va a construir en Cofrentes como solución provisional. El almacén estará situado en una zona próxima a las torres de refrigeración y a unos 1.300 metros del municipio.

El ATI constará de una zona de almacenamiento que contendrá dos losas sísmicas de hormigón armado sobre las que se dispondrán los contenedores de almacenamiento en seco del combustible gastado y de otra área de maniobras con las instalaciones auxiliares de la central. En cada losa se podrán almacenar a la intemperie hasta 12 contenedores con lo que el ATI tendrá una capacidad total de 24 contenedores. Para la construcción se ha tenido en cuenta el punto más elevado de inundabilidad (367,41 metros) por lo que se situará en la cota de los 370 metros. Las dimensiones de toda el área será de 56×75 metros.

En la documentación se evalúa los riesgos a los que se puede enfrentar el ATI así como las medidas correctoras impuestas. La declaración señala que el almacén está resguardo de cualquier inundación, ya que está construido sobre el punto de riesgo más elevado.

También se han tenido en cuenta la posibilidad de que haya un terremoto así como de un incendio. Entre las otras variables que se han considerado se encuentra la del impacto de un rayo en las instalaciones.

La construcción de esta instalación ha suscitado la polémica en ciertos sectores. Incluso desde la Conselleria de Medio Ambiente se llegó a presentar una serie de alegaciones técnicas y manifestó su oposición al proyecto, aunque reconociendo que carecía de competencias.

El portavoz de la plataforma Tanquem Cofrentes manifestó ayer su posición a la construcción de esta instalación y aseguró que continuarán presionando hasta que se cierre la central. También criticó la falta de transparencia con la que el Ejecutivo central ha actuado.

Fuente:  lasprovincias,es

Almacen nuclear de alta intensidad del pacífico en ruina tras apenas 40 años.

La voz de alerta la volvió a hacer sonar el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, mientras hablaba con un grupo de estudiantes en Fiyi, al parecer no es tan importane como para hablar de ello en la propia ONU.

«Acabo de estar con la presidenta de las Islas Marshall (Hilda Heine), y está muy preocupada por el riesgo de que se filtre el material radioactivo contenido por una especie de ataúd que hay en el área», dijo.

Guterres estaba describiendo así al llamado «domo de Runit» o «domo Cactus», una estructura de hormigón construida en la isla del mismo nombre para encapsular el material radioactivo dejado por las pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos en el área entre 1946 y 1958.

Parte del problema es que la cúpula  de Runit -que fue concebido como una solución temporal– ya presenta grietas en la superficie, y a menudo se forman charcos con líquidos salobres en el anillo.

EE.UU. también renunció a la idea de sellar el fondo de la cúpula con hormigón antes de almacenar el material radioactivo, por considerarlo demasiado costoso, lo que significa que la estructura nunca ha sido realmente capaz de evitar filtraciones.

67 explosiones nucleares

Las 67 explosiones nucleares en los atolones  -al que pertenece Runit- incluyeron la detonación en 1954 de «Bravo», una bomba de hidrógeno 1.000 veces más poderosa que la que cayó en Hiroshima y el arma más poderosa jamás detonada por EE.UU.

Las Islas Marshall, fueron ocupadas por Estados Unidos en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial y en ellas las fuerzas armadas estadounidenses realizaron 67 pruebas de armas atómicas en varios de los atolones coralinos de Bikini y Enewetak, que componen esa nación insular entre los años 1946 y 1958, dejando en la región una enorme cantidad de residuos radioactivos que afectaron zonas habitadas aledañas a las despobladas donde se efectuaron las pruebas militares.

Debido a las pruebas y los desechos radioactivos, en la actualidad solo tres de las casi 40 islas son consideradas seguras para ser habitadas. Un informe realizado en 2013 por el departamento de Energía de EE.UU. reconoció que las aguas subterráneas contaminadas provenientes del Domo de Runit “fluyan hacia el entorno marino subterráneo cercano”.

15 años sin hacer nada

No fue hasta el año 1977  (según el The Washington Post)  cuando Estados Unidos se implicó en la limpieza cuando unos 4.000 militares vertieron 85.000 metros cúbicos de tierra contaminada en un gran cráter en la isla Runit, producto precisamente de una prueba nuclear de 1958.

Los restos fueron mezclados con cemento de Portland y vertidos en el mismo cráter de 9 metros de profundidad y 110 de anchura, que la bomba «Cactus» había creado en extremo norte de la isla Runit;  construyeron  una gran cúpula con 358 paneles de hormigón de 45 centímetros de espesor para confinar los residuos radioactivos allí acumulados.

Estados Unidos empleó 3 años y más de 100 millones de dólares en descontaminar los atolones.

En 1980 el gobierno declaró el lugar seguro, permitiendo a regresar hasta Runit y Enewetak a sus habitantes

¿Que clase de enfermos mentales pueden pensar tan a corto plazo y ser tan egoistas como para perpetrar este atentado contra la humanidad?

De acuerdo con varias agencias de prensa internacionales el enorme “ataúd” de cemento que guarda los restos radioactivos de las pruebas de armas atómicas estadounidenses amenaza con quebrarse en cualquier momento y dejar escapar masivamente su letal carga.

Las fuentes señalan que “no se trata de ninguna leyenda apocalíptica, sino del legado radioactivo de las numerosas y terribles pruebas de armas atómicas que Estados Unidos realizó durante décadas en remotos atolones en el Océano Pacífico.

En el año 2000, Estados Unidos tuvo que destinar 200 millones de dólares a restaurar la cúpula, descubriendo diversos problemas.

Preguntas al aire

¿Que pasará con los residuos de las bombas de Almeria?

¿Que pasará con los residuos de las centrales nucleares españolas y de todo el mundo?

¿Porqué no hay un consenso de estado en España para establecer un sitio seguro en el que  controlar los residuos de alta intensidad ?

¿Que material aguantará el paso de los años?

¿Cómo es posible que todavía haya gente que señale la seguridad del uso de la energía nuclear viendo la problemática que provocan sus residuos?

El plan de Sánchez para cerrar el parque nuclear en 2035 no resta votos al PSOE

Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para cerrar el parque nuclear entre los años 2025 y 2035 no han hecho mella en los votos hacia los socialistas en las zonas donde se localizan las instalaciones. El PP resiste en algunos municipios nucleares como los del Valle de Tobalina (central de Garoña); Villar de Cañas (Cuenca, sede del ATC nuclear); Almonacid de Zorita (Guadalajara) o Retortillo (Palencia), donde la empresa australiana Berkeley promueve una explotación de uranio.

Pero la formación de Pablo Casado ha perdido posiciones en Vandellós (Tarragona), a favor de ERC y el PSOE o en Cofrentes (Valencia), donde ha crecido el voto a Ciudadanos y a los socialistas. En Almaraz (Cáceres), el PSOE ha subido en porcentaje de voto del 26% al 28% y se convierte en la primera fuerza política mientras el PP ha perdido la mitad del voto.

Las localidades más cercanas a las instalaciones nucleares no han castigado al Gobierno del PSOE, aunque la verdadera prueba llegará en las elecciones municipales del 26 de mayo. En las elecciones locales se verá hasta dónde ha llegado la inquietud de los más de 100 municipios que cobran ayudas por estar próximos a las centrales o a instalaciones de almacenamiento de residuos.

Más de 500 millones

El apagón nuclear que se anuncia no supondrá el fin inmediato de las subvenciones -cobran por aceptar los residuos en sus proximidades y los residuos seguirán ahí durante tiempo-, pero sí exigirá un examen de los conceptos y los resultados obtenidos. En los últimos 25 años los municipios situados en torno a las centrales han recibido más de 500 millones, impuestos al margen, según datos de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC).

Los municipios no cobran todos lo mismo, pero para todos, las ayudas que reciben cada año de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y de otras áreas de la Administración como el Ministerio de Interior, son más que una tabla de salvación del presupuesto anual. En muchos casos, permiten a sus habitantes disponer de servicios y atenciones impensables en otras localidades. Las ayudas se empezaron a repartir hace casi 30 años.

Los ayuntamientos que albergan centrales nucleares, agrupados en AMAC, creen que su cierre no tiene ninguna justificación. Consideran que sólo responde a una voluntad política. Por ello, defienden que sigan funcionando siempre que se garanticen todas las condiciones de seguridad, y si por motivos de gestión de residuos se hiciera insostenible la continuidad de su funcionamiento, exigen garantías reales para el futuro de las zonas.

Cierre escalonado

El Plan de Energía y Clima que el Ministerio de Transición Ecológica aprobado por el Gobierno Sánchez contempla un cierre escalonado de las instalaciones hasta el año 2035. Todas las centrales cumplen los 40 años entre 2023 y 2028, lo que quiere decir que algunas de ellas superarán esa edad en el momento del cierre. El acuerdo pactado con muchas dificultades entre las compañías eléctricas y la empresa pública Enresa prevé que el cierre comience en 2027, con Almaraz I. Terminará en septiembre de 2035, con la clausura de Trilllo.

El nuevo Gobierno que previsiblemente formará Sánchez tendrá que decidir qué sucede con el almacén temporal centralizado (ATC) de Villar Cañas, hoy paralizado, y si mantiene la idea de frenar el proyecto de la compañía minera australiana Berkeley en Salamanca. En todo el proceso será crucial el papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recién renovado.

Sólo en el proyecto paralizado del almacén nuclear de Cuenca el CSN ha empleado 49.000 horas de sus técnicos. Tras cinco años, el ATC de Cuenca, paralizado, sólo cuenta con un informe favorable de emplazamiento del Consejo-son necesarios tres- y carece de declaración de impacto ambiental. La sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares, Enresa, sí concreta en sus informes lo que ha costado hasta ahora el proyecto fallido. Desde el año 2012, Enresa ha pagado o comprometido 42,8 millones de euros.

Fuente : Lainformacion

Fraga no se bañó en Palomares, la playa de Almería sigue radiactiva y los reyes son los padres

Podian haber titulado la noticia con «Medios de comunicación engañan a los y las españolas», pero no, la cosa no ha ido a mayores.

Los cronistas de la época no pudieron contar la verdad, pero cualquier taxista de Almería te resume lo que realmente pasó en el año 1966 con el baño de Manuel Fraga Iribarne y el embajador de EEUU en Palomares: Que la famosa inmersión en el mar que también popularizó el NO-DO se grabó en otra playa de Almería donde no se encontraban los restos radiactivos de un avión americano.

La historia del baño en la playa de Manuel Fraga, que se mantiene en la memoria de cualquier español mayor de 60 años, es un claro ejemplo del marketing del franquismo: repetir una mentira muchas veces, en los medidos adecuados, puede convertirse en una realidad que pasará a la historia.

Pero hay quien no se rinde y se enfrenta a la “falsa historia”. Así, Ecologistas en Acción ha continuado luchando para conocer realmente qué hay tras esos restos radiactivos hasta llegar a los tribunales.La organización ecologista ha conseguido que la Audiencia Nacional pida informes al Consejo de Seguridad Nuclear sobre estos residuos de 1966.

Historia

La realidad es que en el accidente en pleno vuelo -y que llevó a la caída de material radiactivo a la playa de Palomares,  se vieron implicados un bombardero estratégico estadounidense B-52 y un KC-135 de reaprovisionamiento en vuelo (cargado con 110.000 litros de combustible) que colisionaron a 10.000 metros sobre la costa del Mediterráneo, en el espacio aéreo de Palomares. El B-52 volvía de la frontera turco-soviética hacia la Base Aérea de Seymour Johnson en Goldsboro, Carolina del Norte, y el KC-135 provenía de la Base Aérea de Morón. La maniobra era de rutina: los B-52 se reaprovisionaban de combustible a la ida, desde la Base Aérea de Zaragoza, y a la vuelta desde Morón.

El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares Mark 28 (modelo B28RI) de 1,5 megatones cada una, de 1,5 metros de largo por 0,5 metros de ancho, con un peso de 800 kg. Dos de ellas quedaron intactas, una en tierra (cerca de la desembocadura del río Almanzora) y la otra en el mar. Las otras cayeron sin paracaídas, una en un solar del pueblo, la otra en sierra Almagrera. Se produjo la detonación del explosivo convencional que contenían, lo que sumado al choque violento con el suelo, hizo que ambas bombas se rompieran en pedazos. Las tres que cayeron en tierra fueron localizadas en cuestión de horas; la que cayó en el mar pudo ser recuperada 80 días después, las bombas tenían una potencia superior a 75 veces las de Hiroshima.

Por tanto, la playa de Palomares es un almacén de residuos rediactivos clandestino desde 1966, con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada .En el escrito de Ecologistas en Acción al tribunal se especifica que “Palomares es un almacén de residuos rediactivos clandestino desde 1966, con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada a 30 centímetros, en tres zonas diferentes sobre 103 hectáreas de terrenos y con dos fosas donde también se enterraron 4.000 metros cúbicos de material radiactivo”.

Fuente: diario16

Más noticias sobre la contaminación en Almeria (la huerta de Europa según dicen): almacennuclear.wordpress.com/?s=palomares

 

El Ministerio de Hacienda emite un informe que avala la posible inconstitucionalidad del impuesto a Garoña

La Secretaria de Estado de Hacienda ha emitido un informe que avala la posible inconstitucional del impuesto que gravará los residuos de Garoña y que fue aprobado en las Cortes de Castilla y León en el Pleno del pasado 31 de octubre con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos.

Se trata de un segundo informe del Estado que se suma al que del Ministerio para la Transición Ecológica y cuya argumentación se basa en que el impuesto sobre la afección medioambiental de los residuos generados por el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña podría «solaparse» con los impuestos estatales sobre «la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica» y el relativo al «almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas».

En base a este documento el secretario del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, ha presentado una queja, ya que considera que se ha «hurtado» un argumento del debate en torno a este nuevo gravamen que se produjo el pasado 31 de octubre en las Cortes, ya que este jueves se ha dado a conocer el dictamen de la Secretaría de Estado de Hacienda a los grupos por parte del Parlamento cuando el documento llegó el pasado 29 de octubre y días antes a la Junta. José Francisco Martín ha recordado además que existen informes de la propia Asesoría Jurídica de la Junta y del Consejo Consultivo que respaldan la posible inconstitucionalidad del impuesto y ha insistido en que este último informe del Estado no se pudo usar por los grupos porque no se ha dado a conocer hasta hoy.

«Se ha conocido ocho días después del fin de debate», ha señalado el procurador socialista. Así, ha advertido de que en cuanto la Ley autonómica que regula el impuesto se publique deberá ser el Ministerio de Política Territorial y Función Pública el que analice la posibilidad de presentar un recurso al mismo en base a estos informes.

No obstante, el procurador socialista ha reseñado que todos los documentos respaldan los argumentos esgrimidos por el PSOE en la enmienda a la totalidad que presentó a esta modificación de la Ley y que fue rechazada por el Pleno de las Cortes. Tras estos argumentos el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha considerado que quien debe dar explicaciones es el PSOE sobre por qué conoció el «supuesto» informe inicial del Ministerio para Transición Ecológica, un documento que, como ha explicado, desconocen el resto de grupos. «Me preocupa el uso de medios públicos en beneficio de un partido político, esto me huele mal», ha señalado, tras lo que ha explicado que el contenido de estos documentos «se parecen mucho» a los argumentos socialistas. Por último, De la Hoz ha considerado que el PSOE debería explicar a los ciudadanos por qué «sorprendentemente» en vez de ponerse del lado de los «intereses» de los ciudadanos de la Comunidad para recaudar unos 10 millones de euros anuales por este impuesto que se dedicarían a revitalizar el entorno de la nuclear se posicionan con «Iberdrola para que no pague».

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