El Gobierno paraliza el permiso de construcción del almacén de residuos nucleares

El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido paralizar el permiso de construcción del almacén para residuos nucleares, ideado hace casi dos décadas y que acumula un enorme retraso.

El Almacén Temporal Centralizado (ATC), previsto por el Gobierno del PP en Villar de Cañas (Cuenca) para guardar los residuos de todas las nucleares, cuenta con el rechazo del Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha. El ministerio ha enviado un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que suspenda la tramitación del permiso de construcción. Quiere tener diseñada su política energética antes de que se dé vía libre a este polémico proyecto.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que la semana pasada el departamento de Teresa Ribera envió el escrito al CSN, el supervisor encargado de analizar y avalar el permiso de construcción del silo para desechos nucleares. En la misiva se instaba a suspender la tramitación de ese expediente. Las mismas fuentes señalan que en breve el CSN celebrará un pleno en el que está previsto que se apruebe la paralización del permiso de construcción a instancias del ministerio.

 

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No solo derogar el impuesto al sol: el PSOE quiere tumbar la política energética del PP

La intención que mostró Pedro Sánchez el pasado jueves de derogar el impuesto al sol en su discurso de moción de censura es solo la punta del iceberg respecto a las intenciones que tiene el nuevo Ejecutivo socialista en materia energética. Fuentes próximas al nuevo presidente del Gobierno se muestran partidarias de dar un giro de 180 grados a las iniciativas impulsadas en los últimos años por los hermanos Alberto y Álvaro Nadal, principales responsables de la política energética durante el mandato de Mariano Rajoy.

El nuevo equipo de gobierno tendrá que empezar a tomar decisiones importantes de manera inmediata. El responsable del ramo —aún por nombrar— deberá estar presente en el consejo de la Unión Europea el próximo 11 de junio para aprobar los puntos más controvertidos que se están discutiendo en la directiva de renovables.

Fuentes presentes en las negociaciones comunitarias, conocidas como trílogos, aseguran que el Parlamento Europeo se congratula de que España ya no esté representada por Nadal. Y es que la postura de la Eurocámara en materia de renovables, defendida por el eurodiputado José Blanco, aboga por extender al 34% el objetivo de penetración de energías limpias en 2030, una cifra que dista mucho del 30% al que estaba dispuesto a llegar Nadal. La presencia en el consejo de un nuevo responsable socialista por España se entiende como un apoyo más a las tesis del Parlamento y uno menos para los más conservadores y defensores del carbón, como Polonia o la propia España hasta ahora.

Ruth Ugalde

Estructura de Gobierno

Precisamente la configuración comunitaria del paquete europeo sobre clima y energía lleva a las fuentes consultadas a pensar que Pedro Sánchez podría optar por unir el Ministerio de Energía con el de Medioambiente, hoy empotrado en Agricultura. Esta es una opción mucho más plausible de la que reividica un responsable de la era Zapatero, que cree que Industria, hoy en Economía, debería ir de nuevo con Energía.

El propio Sánchez reivindicó el jueves en el Congreso de los Diputados “la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que incentive la inversión en renovables”. La manera de enfocar esta, hasta ahora, desde dos ministerios diferentes ha llevado a que se cuestionara en muchos momentos si Tejerina y Nadal estaban alineados a la hora de sacar adelante esta trascendental ley.

El Gobierno del PP pretendía tener preparada la misma, al menos en borradores, a finales de año. Ahora, fuentes del PSOE señalan que habrán de esperar a entrar en los ministerios para ver en qué punto de elaboración se encontraba la misma y en función de ello valorar los plazos de ejecución.

Foto de archivo de la exministra española de Medio Ambiente Rosa Aguilar (d) y la exsecretaria de Cambio Climático Teresa Ribera (i). (EFE)
Foto de archivo de la exministra española de Medio Ambiente Rosa Aguilar (d) y la exsecretaria de Cambio Climático Teresa Ribera (i). (EFE)

Las quinielas para tomar el mando en este ramo apuntan directamente hacia Teresa Ribera. La exsecretaria de Estado de Cambio Climático con Zapatero fue rescatada por Pedro Sánchez para su equipo de expertos. Otro nombre que suena es el de Cristina Narbona. La exministra y exconsejera del CSN es uno de los pesos pesados del PSOE de Sánchez.

También apuntan el nombre de Natalia Fabra, hija del expresidente de Red Eléctrica y hoy consejero del CSN, Jorge Fabra, como candidata a participar en esta área de Gobierno. Tampoco se descarta la posibilidad de que tome algún cargo el expresidente de REE y exministro Luis Atienza.

En este punto, cabe destacar que Podemos, el principal apoyo de la moción de Sánchez, pidió esta misma semana un Ministerio de Transición Energética y la creación de una vicepresidencia de Transición Ecológica, dada la importancia que constituye este ramo. Curiosamente, uno de los pocos que han reclamado que se dé rango de vicepresidencia a esta materia es la Fundación FAES de José María Aznar. El expresidente proponía en marzo una vicepresidencia económica para coordinar la transición energética.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), acompañado por la presidenta del partido, Cristina Narbona (i), y la vicepresidenta, Adriana Lastra (d). (EFE)
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), acompañado por la presidenta del partido, Cristina Narbona (i), y la vicepresidenta, Adriana Lastra (d). (EFE)

Cierre de las nucleares

La importancia de Narbona tiene un peso específico sobre cuestiones clave energéticas corroboradas en el 39º Congreso del partido. Así, la ejecutiva de Sánchez tiene una idea radicalmente opuesta a la de Nadal respecto a nucleares y carbón. Los socialistas abogan por el cierre de las nucleares al término de su vida útil, con 40 años. Al mismo tiempo, la polémica que mantenía el ya exministro con Iberdrola por el cierre de sus dos plantas de carbón decaería. Los socialistas no han apoyado el encaje legal que buscaba el PP para impedir el cierre de centrales.

Entre las razones de la caída de Rajoy, hay quien incluye la influencia de Iberdrola, por su proximidad al PNV. Para los Presupuestos, los ‘jeltzales’ ya consiguieron que el PP guardara en el cajón cualquier reforma que pudiera afectar a los intereses de la eléctrica con sede en Bilbao.

Juan Cruz Peña

No obstante, una cosa es hablar y otra dar trigo. El cierre de las nucleares tiene un importante impacto a día de hoy en el precio de la luz, como se ha demostrado este mes de mayo, en el que tres centrales han estado cerradas. Además, la no prolongación de la vida útil de las plantas atómicas deja sin resolver el multimillonario agujero de Enresa.

Redes y renovables

Otro de los puntos de conflicto entre las empresas energéticas y el Gobierno de Rajoy ha sido la manera de abordar la retribución de las redes y las renovables a partir de 2020, cuando hay que revisar la “rentabilidad razonable”. El ministro enterró cualquier posibilidad de subir esta del bono más 300 puntos básicos, lo que en la práctica supone una caída de en torno el 30% de los ingresos de las renovables en régimen específico.

En este sentido, hay que recordar el capítulo de enero, en el que el PP quiso adelantar algunos ajustes tanto en electricidad como en gas. La iniciativa no prosperó, ya que se encontró con el ‘no es no’ del PSOE. El responsable en la ejecutiva socialista para esta cuestión, Hugo Morán, se negó a apoyar al exministro por lo que pensaba era una flagrante ruptura de la seguridad jurídica en un sector intensivo en inversión extranjera.

Juan Cruz Peña

Arbitrajes internacionales

Precisamente, el PSOE cree que es necesario reunirse con todos los agentes para recuperar esa confianza inversora. El nuevo Ejecutivo de Sánchez tratará de buscar una solución con los inversores para no tener que enfrentar los casi 40 arbitrajes internacionales que pesan sobre el Reino de España, por los que se reclaman más de 7.500 millones de euros, según las fuentes consultadas.

El exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal. (EFE)
El exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal. (EFE)

Esta fue una de las consecuencias de la reforma del sistema eléctrico de 2013. Pocos días antes de que cayera el Ejecutivo de Rajoy, como si supiera que eran sus palabras de despedida, Álvaro Nadal intentaba poner en valor su gran aportación política, que se firmó con su hermano en el puesto de secretario de Estado de Energía: “Hemos ahorrado a los españoles 175.000 millones en energía […] sin la reforma, el precio de la energía habría subido un 42% en España […], es difícil no percibir el daño no realizado”.

El informe de los expertos

De su legado queda el informe del comité de expertos sobre energía. Un informe del que el PSOE utilizará justo lo que había desechado el PP. Mientras a Nadal lo que le gustaba era lo relacionado con el cierre de centrales y las conclusiones respecto al impuesto al sol, al PSOE le parece que lo que tiene más valor es la propuesta fiscal. Esta tiene sensibles implicaciones, como la subida al gasóleo del 28% y la bajada de la electricidad del 7%.

Juan Cruz Peña

‘Fracking’, Castor, gasolineras ‘low cost’

Por si todo esto fuera poco, también hay algunos temas menos visibles en los que habrá un cambio total en la postura adoptada por la Administración central. El polémico ‘fracking‘, la técnica de extracción del ‘shale gas’ que se exploró en diversos lugares de España durante el mandato de José Manuel Soria, tendrá ahora aún más difícil conseguir seguir adelante.

El senador burgalés Ander Gil, uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez que también suenan como ministrable, ha sido uno de los políticos más beligerantes contra los partidarios de implantar esta controvertida técnica de extracción de gas de esquisto.

Juan Cruz Peña

Más difícil es saber qué hará el nuevo Gobierno con temas espinosos como la indemnización por el almacén de gas Castor, hoy sumida en la incertidumbre judicial, o la regulación de las gasolineras ‘low cost’.

No obstante, toda esta declaración de intenciones hay que tomarla con cautela. La arquitectura de apoyos que necesitará el PSOE en el Congreso pone en duda que, más allá del impuesto al sol, Pedro Sánchez pueda darle la vuelta al legado energético de Rajoy.

Fuente: elconfidencial

El Gobierno nombra secretario de Estado de Energía a un expresidente de Abengoa

José Domínguez Abascal fue directivo de la multinacional andaluza de renovables desde 2008 y 2016 y llegó a presidirla durante unos meses tras la caída de Felipe Benjumea

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha nombrado secretario de Estado de Energía al catedrático de Estructuras de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla José Domínguez Abascal, ex alto directivo de Abengoa y fugaz expresidente (no ejecutivo) de la multinacional de ingeniería y energías renovables entre septiembre de 2015 y febrero de 2016.

El nuevo secretario de Estado de Energía, nacido en Sevilla en 1953, fue uno de los expertos que asesoró al Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía que creó el PSOE para abordar la transición a una economía descarbonizada y que presidió la propia Ribera.

Como secretario de Energía, va a tener que abordar la apuesta del Gobierno por las renovables para alcanzar el nuevo objetivo europeo de que estas fuentes alcancen el 32% de la energía primaria en 2030, y sobre la mesa va a tener otras importantes cuestiones como el futuro del carbón, las centrales nucleares, el almacén de residuos radiactivos o la derogación del denominado impuesto al sol.

La ministra ha avanzado esta semana, en una  entrevista en eldiario.es, una posible reforma del mercado mayorista de electricidad, cuyo diseño data de hace 20 años, y una “respuesta” para los pequeños inversores que se quedaron atrapados en el sector de las renovables durante la etapa de Mariano Rajoy. Una agenda apretada para un Gobierno en minoría y un máximo de dos años de legislatura por delante que deberá prestar atención, como es norma, al siempre delicado asunto de la factura eléctrica.

Doctor ingeniero industrial (1977) por la Universidad de Sevilla, José Domínguez Abascal fue secretario general técnico de Abengoa entre 2008 y 2015. En 2014 fue imputado por la juez Mercedes Alaya en el caso ERE, pero en 2016 la misma jueza retiró la imputación

Domínguez Abascal accedió a la presidencia del grupo sevillano en plena reestructuración de la compañía, tras la estrepitosa caída de Felipe Benjumea, del que fue asesor personal en materia de I+D.  A Abengoa también estuvo vinculado como consejero y presidente de su fundación durante años el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

Previamente, entre 2004 y 2008, Domínguez Abascal fue responsable del sistema universitario y de I+D en la Junta de Andalucía como secretario general de Investigación y Tecnología.

El nuevo secretario de Estado de Energía fue investigador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts entre 1978 y 1979 y ha sido vicerrector de la Universidad de Sevilla (1990-1992) y director de su Escuela de Ingenieros (1993-1998).

Fuente:

ENRESA gasta 148.000€ en táxis para transportes de directivos.

El Cabril, en Córdoba

Entre 2012 y 2017, El Cabril, la instalación de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad, ha gastado un total de 147.837,31 euros en taxis. El Cabril está situado en la Sierra Albarrana, dentro del término municipal de Hornachuelos, en Córdoba, y aunque dispone de 16 vehículos de diferente tipo para trabajos internos, nunca ha dispuesto de coches oficiales para desplazamientos de trabajadores, directivos o visitas oficiales. Increíblemente, todo se realiza por taxi, incluido el correo.

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), presidida por Juan José Zaballa, de la que depende el almacenamiento subterráneo de El Cabril, viene contratando un servicio de taxis para desplazar personal y objetos hasta la instalación, en el término cordobés de Hornachuelos. Ese servicio de taxis es utilizado tanto para atender a visitas institucionales como a las necesidades de desplazamiento del personal de ENRESA; es decir, que cualquier directivo, visita oficial o trabajador que vaya a El Cabril, lo hará en taxi.

El servicio de taxis se contrata siempre que operarios en comisión de servicio desde otros centros de trabajo de la empresa tienen que viajar a El Cabril, principalmente para los desplazamientos desde la estación del AVE de Córdoba hasta la instalación subterránea, un trayecto de 120 kilómetros. Pero también para la recogida y entrega de documentación o pequeños envíos de mensajería desde la localidad próxima de Hornachuelos, así como para la entrega de documentación en organismos e instituciones de Córdoba. La empresa argumenta para justificar estos taxis que no existe servicio postal en las proximidades de El Cabril.

Extraconfidencial.com ha podido constatar la existencia de este servicio, del que ENRESA dispone desde el inicio de su actividad en El Cabril, pero del que no se tenía conocimiento. Hasta 2014, el servicio de taxis era discrecional, pero a partir de ese año, el servicio fue contratado mediante proceso de licitación pública. El criterio de adjudicación fue el precio, sin que concurrieran criterios de valoración que dependieran de un juicio de valor.

El presupuesto máximo de licitación para este contrato, sin incluir el IVA, asciende a la cantidad de 75.435 euros (a añadir el importe del IVA, otros 15.841,35 euros), que se divide en dos lotes: Lote 1. Servicio de taxi desde Córdoba, por 29.910 €, y Lote 2, Servicio de taxi desde Hornachuelos por 45.525 euros.

El plazo de ejecución es de 3 años, desde su inicio el pasado 1 de enero de 2018, y la distribución por anualidades sería, sobre el papel, de 25.145 euros por año hasta su finalización en 2020.

Los vehículos existentes en El Cabril

ENRESA argumenta que no existen coches de carácter oficial asignados de forma permanente al traslado del personal del Centro, incluido el personal de Dirección. Sin embargo, El Cabril sí cuenta con una flota de vehículos para servicio interno, los cuales son propiedad de ENRESA y están ligados a las necesidades operativas de la instalación: actividades industriales, movimientos internos de materiales y personas y, ocasionalmente, para desplazamiento del personal del Centro a su domicilio cuando por necesidades del trabajo existen variaciones en el horario de su jornada laboral (el conductor es el propio trabajador) y, en consecuencia, no resulta posible el uso de los medios de transporte colectivo.

En ese sentido, según los datos a los que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, la flota con la que cuenta El Cabril es de nueve furgonetas, cuatro vehículos todoterreno y tres turismos, cuya utilización y control está regulado por procedimiento interno de ENRESA.

En definitiva, que entre 2012 hasta septiembre de 2017, ENRESA se ha gastado en taxis para El Cabril un total de 147.837,31 euros; unos 30.000 euros anuales.

Jorge Ventura

Fuente: extraconfidencial.com

Abogacía del Estado señala la “imposibilidad” de rehabilitar “actualmente” terrenos radioactivos de Palomares

 La Abogacía del Estado ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados con radioactividad en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan aprobado en 2010. Según ha agregado, éste tiene carácter “preliminar” y solo esboza líneas generales sin dar “pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)”.

Sostiene, en esta línea, que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio” y reconoce que “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos” generados.

Así lo expone la Abogacía del Estado en la respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la demanda presentada por Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional para instar a la puesta en marcha del Plan de Rehabilitación de Palomares acordado por el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en mayo de 2010 y obligar a que se fije un plazo para llevar a efecto el tratamiento “de los 50.000 metros cúbicos de tierra previstos”. En el escrito elevado a la AN, señala que, dado su carácter preliminar, el Plan de Rehabilitación definitivo “debería completarse en los ámbitos de impacto radiológico al público, protección radiológica de los trabajadores, gestión de residuos radiactivos y vigilancia radiológica ambiental”.

 

Destaca que “no tiene cabida considerar que cabe fijar un plazo” porque, por un lado, no hay norma que obligue a dicho plazo y, por otro, porque “ejecutar todo lo dicho en un plazo de tres años como dice el demandante es materialmente imposible, tanto por no estar aprobado un plan definitivo como por exigir la determinación y ejecución de multitud de factores”.

“Todo lo expuesto demuestra la imposibilidad de poner en marcha actualmente la rehabilitación de los terrenos de Palomares”, reitera.

La Abogacía del Estado remarca también que, en “ningún momento existe exposición inaceptable para la población” y que el “principio básico de protección está garantizado”, por lo que, según añade, “se ha cumplido toda la normativa aplicable. Además, el nivel de intervención no se ha modificado desde su determinación en 1 mSv/año, valor de dosis máximo que podrían llegar a recibir” los residentes “en la zona de Palomares” frente a lo sostenido por el colectivo conservacionista, que afirma que ha habido un “cambio de criterio radiológico” en la zona afectada por el accidente aéreo de 1966 y que este se refleja en un informe del CSN de 2015.

“El nivel de intervención fijado por el CSN para Palomares se ha mantenido a lo largo del tiempo. No ha habido cambios en el nivel de intervención como sustenta el demandante, aunque lo que sí ha variado en 2015 son los valores de concentración de actividad debido a que en el transcurso del tiempo se han dispuesto de datos y medios para considerar situaciones más realistas, frente a las estimaciones más conservadoras utilizadas inicialmente”,

apunta la Abogacía del Estado para precisar que, en base a las recomendaciones internacionales, el nivel de intervención fijado para este área por el CSN es el “mínimo”.

Al hilo de esto, traslada a la Audiencia que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, “garantiza que actualmente no se supera la dosis” citada anteriormente para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

“IDONEIDAD DE MEDIDAS ADOPTADAS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN”

Alude, así, a los resultados del seguimiento dosimétrico y sanitario de los residentes en la zona desde 1966 y del programa de vigilancia radiológica ambiental para argumentar que “verifican la idoneidad de las medidas adoptadas para la protección de la población” al tiempo que se refiere a los informes del CSN entre 2010 y 2016 que recogen que la concentración de actividad radiológica en alimentos, aguas, sedimentos y organismo indicadores “son inferiores a los niveles de referencia”. “Es decir, en resumidas cuentas el CSN, en el ámbito de sus competencias, llevó a cabo el análisis de la documentación aportada, ciñéndose a los aspectos radiológicos para determinar los niveles de intervención en la zona. El informe tiene un carácter preliminar dado que podría ser necesaria alguna reconsideración en función de la decisión finalmente adoptada para llevar a cabo la restauración pero, en ningún caso, implicó la modificación de los niveles de intervención fijados”, concluye.

Por último, la Abogacía del Estado sostiene que lo que se firmó en 2015 con EEUU fue solo un “memorando de entendimiento (MOU)” que recoge “únicamente una declaración de intenciones entre los dos países”, por lo que, según subraya, “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos”. Matiza que el CSN no es la autoridad competente en este supuesto, en el que su competencia se circunscribe a la emisión de un informe preceptivo, sino que la autoridad competente para la ejecución de las medidas de intervención previstas en el artículo 61 del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI) “es el Gobierno de la Nación”.

DEMANDA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

El recurso contencioso-administrativo se inició a instancias de Ecologistas en Acción después de que Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) denegase la clausura de la instalación nuclear y del área contaminada con radioactividad de Palomares. Cabe recordar que el regulador atómico indicó en febrero de 2017 que no había lugar a la solución provisional propuesta por el colectivo conservacionista, que pasaba por el acopio provisional de la tierra radioactiva a la espera de encontrarle almacenamiento definitivo a los residuos. Según explicó, esta solución “no se correspondería ni con los principios” del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, “ni con los preceptos y actuaciones que se establecen” en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radioactivas.

El regulador atómico argumentó en su respuesta que el de Palomares es un caso de “exposición perdurable”, por lo que sería de aplicación el artículo 58 del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. Éste dispone que, en caso de intervención en este tipo de situaciones, y en función de los riesgos que entrañe la exposición, la autoridad competente, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, deberá delimitar la zona afectada; aplicar un sistema de vigilancia de las exposiciones; realizar las intervenciones oportunas teniendo en cuenta las características de la situación y regular el acceso y el uso de los terrenos o edificios situados dentro de la zona delimitada.

El CSN remarcaba, en esta línea, que los estudios radiológicos y los programas de vigilancia establecidos para la zona de Palomares afectada “son adecuados y eficientes” de acuerdo al informe que realizó en 2010 un equipo de inspectores de la UE y subrayaba que la “solución definitiva al problema” pasa por la ayuda de Estados Unidos a España.

Ver más en:  20minutos.es

La Audiencia Nacional actúa ante la contaminación de Palomares

Todo lo relacionado con las bombas de Almeria fue un montaje mediatico. O, no aprendemos ni a la de tres.

Hallan en Almería dos fosas con material radiactivo de las bombas de Palomares

El Gobierno asegura que los residuos que llegan a El Cabril cumplen los requisitos

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha asegurado hoy que todos los residuos radiactivos que llegan al almacén nuclear de El Cabril (Córdoba) cuentan con los “requisitos requeridos” para su almacenamiento.

En un comunicado, Primo Jurado ha informado de que al almacén nuclear han llegado residuos “de baja y media actividad” procedentes de la instalación Enusa, ubicada en Juzbado (Salamanca), que han sido aceptados tras llevar a cabo el estudio correspondiente y, que por tanto, cumplen con los requisitos requeridos por los Criterios de Aceptación para su almacenamiento “y en particular con los límites de aceptación de actividad”.

Además, el subdelegado ha desmentido que “dichos residuos tengan su origen en el desmantelamiento de la central de Garoña”, tal y como han denunciado distintas formaciones políticas como PSOE, IU y Podemos.

El subdelegado del Gobierno ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de los residentes de la zona dado que “la instalación cumple con lo establecido en los límites y condiciones de la Autorización de Explotación y no hay riesgo para la población”.

Dicha autorización dictamina que la instalación cordobesa posee autorización para almacenar de forma definitiva residuos de baja y media actividad, sólidos o solidificados generados en las instalaciones nucleares y radiactivas españolas.

En dichos límites se define como residuos de baja y media actividad aquellos cuya actividad se debe principalmente a las presencia de radionucleidos emisores beta o gamma, de periodo corto o medio (inferior a 30 años) y cuyo contenido en radionucleidos de vida larga es muy bajo y está limitado.

Finalmente, Primo Jurado ha insistido en que PSOE e IU “deben dejar de engañar a la sociedad cordobesa con este asunto y no crear una alarma social innecesaria, puesto que ni siquiera Garoña se está desmantelando en la actualidad”

Desde este blog le pedimos al CSN, ENRESAS y al gobierno español que deje de ocultar información, presionar a funcionarios y seguir apostando por una energia con fecha de caducidad, y cuya herencia supondrá un coste elevadísimo a generaciones futuras.

Fuente: Lavanguardia

La guerra judicial que aplazó el basurero nuclear de Villar de Cañas

Seis años después de la designación del municipio conquense como ubicación, el proyecto aún no cuenta con la preceptiva declaración de impacto ambiental

El Gobierno de Castilla-La Mancha sostiene que “se ha fragmentado” el proceso de evaluación ambiental, reclama abrir uno nuevo o declararlo “inviable” a lo que, de momento, no hay respuesta del Ministerio de Medio Ambiente 

El Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Residuos Nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) sigue sin ver la luz en las postrimerías de 2017. Un año caracterizado por la batalla legal que Gobierno central, Junta Comunidades de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento han librado en los tribunales y que ha propiciado el freno, en seco, del proyecto.

Una de las últimas acciones del Ejecutivo castellano-manchego fue la de cuestionar la evaluación ambiental del proyecto que, en opinión del departamento de Medio Ambiente, se basa en un estudio “deficiente técnica y científicamente”.  La Junta ha pedido  otra evaluación al Ministerio de Medio Ambiente y un nuevo procedimiento de información pública y si no, que se emita una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “inviable”.

No hay respuesta por parte del Ministerio que dirige Isabel García Tejerina. Lo confirma a  eldiarioclm.es el viceconsejero de Medio Ambiente Agapito Portillo. “Creemos que se había fragmentado el proceso de evaluación ambiental, vulnerando la ley de evaluación ambiental nacional. Se lo argumentamos técnicamente y ante eso no han respondido”.

Portillo apunta su escepticismo ante la postura que pueda adoptar el Ministerio que, hasta la fecha, ha dado la callada por respuesta (también ante la insistencia de eldiarioclm.es para obtener su versión). “Me va a costar mucho que algún técnico dé el visto bueno, la ministra o el director general  podrá firmar la evaluación pero tiene que ir apoyado técnicamente”, insiste el viceconsejero.

Los responsables de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha tampoco han dudado en  acudir a instancias europeas ante lo que consideran “dejación de funciones” del Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de elevar a Europa (ha de hacerlo el Ejecutivo central) la documentación que justifica la ampliación de la protección ambiental de la Laguna de El Hito y que condicionaría la construcción del basurero nuclear de Villar de Cañas.

El Gobierno de Emiliano García-Page inició la batalla europea ante las perspectivas, nada halagüeñas, de los tribunales españoles cuando el Supremo dijo que no admitía a trámite el recurso de casación de la Junta que pedía dejar sin efecto el  auto del Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCLM) que anulaba la ampliación de la protección del espacio natural (zona de especial protección de aves, ZEPA) de la Laguna de El Hito, para incluir los terrenos en los que está previsto ubicar el cementerio nuclear.

El Tribunal Supremo, sin embargo, no entraba en el fondo de la cuestión por lo que se requerirá un nuevo pronunciamiento del TSJCLM.  A  principios de 2017  ya suspendía cautelarmente el acuerdo de Consejo de Gobierno que daba luz verde a la ampliación de la zona de protección.

Pese a la postura, hasta ahora, de los tribunales, el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, sostiene que la ubicación elegida para el silo nuclear sigue protegida medioambientalmente, pese a la suspensión del Decreto de la Junta que aprobó esa protección. “Por delante de cualquier inversión está la necesidad de preservar espacios protegidos”, ha venido diciendo Martínez Arroyo en el último trimestre de este año. Recuerda que esta es también una obligación – a través de la Directiva Hábitats- que impone la Comisión Europea, ámbito en el que el  Gobierno regional sigue trabajando para ver “de qué forma se puede hacer que esté realmente protegido y los tribunales no lo impidan”.

La postura que mantiene el Gobierno autonómico ha sido tachada de “fraude de ley”,  mientras el alcalde de Villar, el ‘popular’ José María Sáiz, ha venido solicitando al presidente regional, Emiliano García-Page que “deje de torpedear” el proyecto apoyándose en las decisiones del Supremo. Precisamente, en el ámbito municipal existe otro procedimiento judicial abierto: el relativo al nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas, para adaptarse la normativa urbanística a la llegada del ATC y que fue recurrido por la Junta.

Las Cortes, salvo el PP, piden la suspensión “definitiva” del proyecto

Las Cortes de Castilla-La Mancha se han pronunciado ya varias veces en contra del cementerio nuclear desde el año 2010. La última iniciativa se producía en noviembre de 2017. PSOE y Podemos aprobaron una Proposición No de Ley (PNL) que pide a Mariano Rajoy la suspensión “definitiva” del proyecto de Villar de Cañas.

Una PNL que también insta al Gobierno de España a suspender las acciones legales de la Abogacía General del Estado contra la ampliación de la ZEPA de El Hito y considera que el ATC no es necesario “por los riesgos ambientales para especies y hábitats protegidos, para las personas y por no existir consenso social, institucional ni territorial.”

El papel de Consejo de Seguridad Nuclear

En junio, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) desmentía estar trabajando con “plazos” para autorizar la construcción del silo nuclear ante algunas informaciones que apuntaban a que esa autorización se produciría en el primer semestre de2018.

Fuentes del CSN reconocían a eldiarioclm.es que aunque se trabaja el análisis de la documentación relacionada con la solicitud de autorización de construcción presentada por “no hemos hecho público, ni tenemos intención de hacerlo, ningún plazo. Puede ser dentro de un mes, de un año o de cinco”. E insistían en que el “papel” del regulador atómico se limita a cuestiones relacionadas con la seguridad que antepondrá a “plazos o presupuestos”.

También  la polémica sobre la idoneidad de los terrenos para ubicar el basurero nuclear ha continuado durante todo el año, como ya ocurriera en 2016. El Ejecutivo castellano-manchego preguntó en el Comité Asesor del Consejo de Seguridad Nuclear sobre esta cuestión en noviembre de 2017. No hubo respuesta  del organismo nuclear al no considerarse el “indicado” para dar  esta información.

Pero, de hecho, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de junio una resolución para que el  CSN emita un informe sobre la  idoneidad de ubicación de este almacén .

El 30 de diciembre se cumplen seis años de la elección de Villar de Cañas

El Consejo de Ministros eligió el 30 de diciembre de 2011 a Villar de Cañas (Cuenca) como sede del ATC  y de su Centro Tecnológico Asociado (CTA). Hoy, sigue sin haber empezado construirse unas instalaciones que deberían estar terminadas en 2018. Diseñado para una vida de 100 años, aunque el vigente plan general de residuos establece una vida operativa de 60, la previsión cuando finalice su vida es recuperar el material radiactivo, trasladarlo a un hipotético Almacén Geológico Profundo y desmantelar el ATC.

Fuente: eldiario.es