La Comisión Europea ve “aceptables” los “niveles de contaminación con plutonio” en Palomares

Miembros de la CE visitaron la zona en junio para comprobar si se habían puesto en práctica las recomendaciones de 2010

La Comisión Europea (CE) considera que los “niveles de contaminación con plutonio” del “aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas” en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora son “aceptables” y que España ha realizado una “puesta en práctica efectiva” de “todas las recomendaciones” que se le hicieron hace nueve años “excepto la rehabilitación del terreno”, pendiente de la celebración de un acuerdo vinculante con Estados Unidos.

Así se desprende de las conclusiones iniciales alcanzadas por los integrantes de la misión de verificación que cursó visita a la zona en el mes de junio para comprobar ‘in situ’ si se habían puesto en práctica las recomendaciones que Bruselas efectuó en 2010 tras otra misión y para “una adecuada gestión y limpieza” del área de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica.

La CE también se pronuncia respecto a los contenedores en los que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas ha reconocido se almacenan seis toneladas de material radioactivo que se han estado enviando a la zona desde desde 2011 y no considera que “afecten a la situación existente de exposición” radiológica en Palomares.

Tanto posibles irregularidades en torno a estos traslados como la “inacción” del Gobierno son objeto de un procedimiento contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en la que Ecologistas en Acción solicita, en última instancia, que se obligue al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que fije plazo para la ejecución del Plan de Rehabilitación para la zona aprobado en 2010.

En su respuesta a una petición elevada a la comisión por el colectivo conservacionista, la CE informa del equipo que se desplazó hasta Palomares el pasado mes de junio “verificó” las instalaciones de seguimiento de radioactividad dentro y fuera de los emplazamientos, las restricciones de acceso, las medidas sobre información pública y los laboratorios asociados gestionados por el Ciemat.

“Las actividades de verificación mostraron que las instalaciones necesitan llevar a cabo un seguimiento continúo de los niveles de contaminación con plutonio del aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas en el lugar de accidente en Palomares”, explica para remarcar que “estos niveles son aceptables y que las instalaciones están operativas y funcionan de manera eficiente”.

El escrito informa, asimismo, de que la misión también verificó la puesta en marcha “efectiva” de las recomendaciones efectuadas en 2010 y comprobó que “todas se habían llevado a cabo” si bien no la “recomendación relativa a la rehabilitación del terreno contaminado” ya que, según matiza, “está pendiente de la celebración de un acuerdo vinculante con los EEUU”.

En este sentido, en el marco del procedimiento ante la Audiencia Nacional, la Abogacía del Estado ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan ya que éste tiene carácter “preliminar”.

Ha reconocido que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio”.

Ha afirmado, asimismo, que con la expropiación de tierras y el vallado que acota las 40 hectáreas bajo vigilancia se “garantiza que actualmente no se supera la dosis” legal y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

España deberá informar antes de 2020 sobre los “progresos”

La CE avanza, asimismo, que el equipo realizó algunas recomendaciones y sugerencias aunque no precisa cuáles a la espera de la redacción del informe completo. Sí revela, en cambio, que pedirá a España que “presente antes de finales de 2020” un informe de los “progresos realizados” para la neutralización de la contaminación.

En concreto, el informe deberá especificar “cómo se han aplicado las recomendaciones del equipo de verificación” y “cualquier cambio significativo en los sistemas de seguimiento establecidos”. “La Comisión se basará en el mencionado informe para considerar la necesidad de llevar a cabo una verificación de seguimiento en España”, señala.

Por otro lado, para Bruselas, en contra de lo que sostienen desde Ecologistas en Acción tanto en Europa como ante la Audiencia Nacional, los contenedores objeto de la polémica “no almacenan residuos, sino que se utilizan para almacenar muestras y contienen muestras ambientales antiguas que se extrajeron” de los suelos de Palomares.

Subraya que la misión de verificación “investigó” el almacén de muestras en el laboratorio del Ciemat en Madrid y que concluyó que “esos contenedores son parte del almacén principal” donde se “han devuelto el resto de las muestras del terreno de Palomares”. “La Comisión no considera que estos contenedores de almacenamiento afecten a la situación existente de exposición en Palomares”, finaliza.

Ecologistas en Acción pidió en marzo a la CE que el transporte de material, que se hizo público a finales de 2018 y que fue reconocido a posteriori por el Ciemat, fuera incluido entre las tareas a realizar por la misión de verificación de la Eurocámara.

El escrito dirigido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo indicaba que el transporte “clandestino” de un total de 156 cajas con 1.466 kilos de material radioactivo es un “nuevo suma y sigue en una tropelía que afecta a los pilares de la economía de la zona, basada en la agricultura y en el turismo, y, lo más grave, es que afecta a la ya maltrecha dignidad de lo palomareños”. Así, solicitaba que “inspeccione, investigue y haga público” el inventario del contenido de esos contenedores, su caracterización radiológica y actividad total.

El colectivo, impulsor de la queja que dio lugar a que la Eurocámara se implicase en la situación de Palomares, pidió también que “constate si se han incumplido o no” los requisitos que marca la legislación europea en su almacenamiento y transporte, y que interpelase al Gobierno sobre “cuándo tiene previsto emprender la descontaminación unilateral de la zona según los criterios radiológicos establecidos en el Plan de Rehabilitación de 2010″.

Fuente: diario de Almeria

CSN rebaja el volumen de tierra contaminada con radioactividad a limpiar en Palomares

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares (Cuevas del Almanzora, Almería) que debe ser retirada si bien no ha precisado en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.

Esta modificación se produjo a raíz del pleno de 22 de julio de 2015 del CSN en el que se aprobó un informe relativo a los criterios radiológicos aplicables para la restauración de los terrenos afectados por el accidente que se registró en 1966 tras la colisión en el aire de dos bombarderos estadounidenses y la caída de cuatro bombas termonucleares. En un documento remitido a la Audiencia Nacional, consultado por Europa Press, el regulador atómico admite que el volumen de suelo a retirar en la conocida como área 6 del mapa radiológico de la zona es “menor que el previsto inicialmente” de acuerdo a los cálculos del Ciemat y lo achaca a la toma en consideración “de otros escenarios y vías de exposición” a la radiación.
En concreto, indica que, con el “conocimiento que se tiene actualmente” tanto de la distribución espacial de la contaminación como de los niveles de esta en la zona y das las características orográficas y tipo de suelo, “está justificado reconsiderar” el escenario inicial con “criterios más realistas” al descartar un uso agrícola del suelo y centrarlo solo en el uso residencial.
Así, asegura que, como en esta área 6 sólo hay que tener en cuenta al trabajador que interviene en la construcción de viviendas, el nivel de intervención ha variado de 1 a 4 y el volumen de suelo a retirar también, siendo “menor que el previsto” de manera inicial en 2010. El regulador atómico sostiene, no obstante, que, en el caso de las zonas 2 y 3, no ha variado el escenario, que continúa siendo agrícola-residencial, por lo que tampoco el nivel de intervención 1.
“El volumen de tierra a retirar correspondiente a este nivel coincidiría, por tanto, con el estimado inicialmente por el Ciemat para estas zonas”, remarca. Cabe recordar que en la demanda que dio inicio a este procedimiento para instar a que se ejecute la limpieza de la zona, Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que ahora admite el regulador atómico se ha producido “a instancias” del Department of Energy (DOE) de EEUU.
El colectivo asegura que, para ello, se “han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a”, lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense. “PONER EN RIESGO RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON EEUU” No obstante, el documento aportado al procedimiento y en que se reconoce esa rebaja en la cantidad de tierra a retirar no es copia certificada del informe aprobado por el CSN en 2015, tal y como le requirió la Audiencia Nacional sino un anexo.
El regulador atómico se vuelve a acoger para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a
“todo el proceso relativo a Palomares” desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010. Así, comunica a la sala para justificar su no aportación que el citado informe posee un contenido cuyo conocimiento por
“persona no autorizada puede razonablemente dañar o poner en riesgo intereses políticos, sociales, económicos y comerciales de España y, particularmente, las relaciones diplomáticas con EEUU”.
La Abogacía del Estado ya trasladó a la Audiencia Nacional que los documentos del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la limpieza de los terrenos contaminados con radioactividad en Palomares eran “confidenciales” y que, por tanto, no podían ser aportados al procedimiento contencioso-administrativo impulsado para que se obligue a la ejecución del Plan de Rehabilitación aprobado por el Gobierno en 2010. Por este motivo, el colectivo ecologista presentó un recurso de reposición en el que interesa que se librase oficio para que el regulador atómico remitiese copia completa del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en mayo de 2010, el informe del departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.
Ecologistas en Acción argumentó ante la Audiencia Nacional que el anexo del acta de la reunión del CSN acreditaría que el informe del Departamento de Energía de EEUU habría motivado “la modificación de los criterios radiológicos acordados previamente en el Plan de Rehabilitación de mayo de 2010” y que dichos criterios “rebasan los límites legales para la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes” al contrario de lo que ocurre con el citado plan.
El objetivo, según añadió el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría “únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada”, lo que reduciría de 6.000 a 3.300 mmetros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU. Por su parte, la Abogacía del Estado ha asegurado a lo largo del procedimiento contencioso-administrativo que, en
“ningún momento existe exposición inaceptable para la población” y que el “principio básico de protección está garantizado”.
Ha sostenido, asimismo, que “el nivel de intervención no se ha modificado desde su determinación en 1 mSv/año, valor de dosis máximo que podrían llegar a recibir” los residentes “en la zona de Palomares”, un extremo que este documento aportado ahora desmentiría. “IMPOSIBILIDAD” DE EJECUTAR EL PLAN Y FIJAR UN PLAZO En su contestación a la demanda, la Abogacía del Estado también ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan aprobado en 2010 ya que éste tiene carácter “preliminar” y solo esboza líneas generales sin dar
“pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (Rpsri) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)”.
Ha reconocido, en esta línea, que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio” y ha revelado que “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos” generados.
Martí Scharfhausen junto al exministro Soria

Por último, ha trasladado a la Audiencia Nacional que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, “garantiza que actualmente no se supera la dosis” citada anteriormente para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

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Abogacía del Estado señala la “imposibilidad” de rehabilitar “actualmente” terrenos radioactivos de Palomares

 La Abogacía del Estado ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados con radioactividad en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan aprobado en 2010. Según ha agregado, éste tiene carácter “preliminar” y solo esboza líneas generales sin dar “pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)”.

Sostiene, en esta línea, que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio” y reconoce que “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos” generados.

Así lo expone la Abogacía del Estado en la respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la demanda presentada por Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional para instar a la puesta en marcha del Plan de Rehabilitación de Palomares acordado por el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en mayo de 2010 y obligar a que se fije un plazo para llevar a efecto el tratamiento “de los 50.000 metros cúbicos de tierra previstos”. En el escrito elevado a la AN, señala que, dado su carácter preliminar, el Plan de Rehabilitación definitivo “debería completarse en los ámbitos de impacto radiológico al público, protección radiológica de los trabajadores, gestión de residuos radiactivos y vigilancia radiológica ambiental”.

 

Destaca que “no tiene cabida considerar que cabe fijar un plazo” porque, por un lado, no hay norma que obligue a dicho plazo y, por otro, porque “ejecutar todo lo dicho en un plazo de tres años como dice el demandante es materialmente imposible, tanto por no estar aprobado un plan definitivo como por exigir la determinación y ejecución de multitud de factores”.

“Todo lo expuesto demuestra la imposibilidad de poner en marcha actualmente la rehabilitación de los terrenos de Palomares”, reitera.

La Abogacía del Estado remarca también que, en “ningún momento existe exposición inaceptable para la población” y que el “principio básico de protección está garantizado”, por lo que, según añade, “se ha cumplido toda la normativa aplicable. Además, el nivel de intervención no se ha modificado desde su determinación en 1 mSv/año, valor de dosis máximo que podrían llegar a recibir” los residentes “en la zona de Palomares” frente a lo sostenido por el colectivo conservacionista, que afirma que ha habido un “cambio de criterio radiológico” en la zona afectada por el accidente aéreo de 1966 y que este se refleja en un informe del CSN de 2015.

“El nivel de intervención fijado por el CSN para Palomares se ha mantenido a lo largo del tiempo. No ha habido cambios en el nivel de intervención como sustenta el demandante, aunque lo que sí ha variado en 2015 son los valores de concentración de actividad debido a que en el transcurso del tiempo se han dispuesto de datos y medios para considerar situaciones más realistas, frente a las estimaciones más conservadoras utilizadas inicialmente”,

apunta la Abogacía del Estado para precisar que, en base a las recomendaciones internacionales, el nivel de intervención fijado para este área por el CSN es el “mínimo”.

Al hilo de esto, traslada a la Audiencia que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, “garantiza que actualmente no se supera la dosis” citada anteriormente para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

“IDONEIDAD DE MEDIDAS ADOPTADAS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN”

Alude, así, a los resultados del seguimiento dosimétrico y sanitario de los residentes en la zona desde 1966 y del programa de vigilancia radiológica ambiental para argumentar que “verifican la idoneidad de las medidas adoptadas para la protección de la población” al tiempo que se refiere a los informes del CSN entre 2010 y 2016 que recogen que la concentración de actividad radiológica en alimentos, aguas, sedimentos y organismo indicadores “son inferiores a los niveles de referencia”. “Es decir, en resumidas cuentas el CSN, en el ámbito de sus competencias, llevó a cabo el análisis de la documentación aportada, ciñéndose a los aspectos radiológicos para determinar los niveles de intervención en la zona. El informe tiene un carácter preliminar dado que podría ser necesaria alguna reconsideración en función de la decisión finalmente adoptada para llevar a cabo la restauración pero, en ningún caso, implicó la modificación de los niveles de intervención fijados”, concluye.

Por último, la Abogacía del Estado sostiene que lo que se firmó en 2015 con EEUU fue solo un “memorando de entendimiento (MOU)” que recoge “únicamente una declaración de intenciones entre los dos países”, por lo que, según subraya, “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos”. Matiza que el CSN no es la autoridad competente en este supuesto, en el que su competencia se circunscribe a la emisión de un informe preceptivo, sino que la autoridad competente para la ejecución de las medidas de intervención previstas en el artículo 61 del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI) “es el Gobierno de la Nación”.

DEMANDA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

El recurso contencioso-administrativo se inició a instancias de Ecologistas en Acción después de que Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) denegase la clausura de la instalación nuclear y del área contaminada con radioactividad de Palomares. Cabe recordar que el regulador atómico indicó en febrero de 2017 que no había lugar a la solución provisional propuesta por el colectivo conservacionista, que pasaba por el acopio provisional de la tierra radioactiva a la espera de encontrarle almacenamiento definitivo a los residuos. Según explicó, esta solución “no se correspondería ni con los principios” del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, “ni con los preceptos y actuaciones que se establecen” en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radioactivas.

El regulador atómico argumentó en su respuesta que el de Palomares es un caso de “exposición perdurable”, por lo que sería de aplicación el artículo 58 del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. Éste dispone que, en caso de intervención en este tipo de situaciones, y en función de los riesgos que entrañe la exposición, la autoridad competente, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, deberá delimitar la zona afectada; aplicar un sistema de vigilancia de las exposiciones; realizar las intervenciones oportunas teniendo en cuenta las características de la situación y regular el acceso y el uso de los terrenos o edificios situados dentro de la zona delimitada.

El CSN remarcaba, en esta línea, que los estudios radiológicos y los programas de vigilancia establecidos para la zona de Palomares afectada “son adecuados y eficientes” de acuerdo al informe que realizó en 2010 un equipo de inspectores de la UE y subrayaba que la “solución definitiva al problema” pasa por la ayuda de Estados Unidos a España.

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Investiga el rechazo del CSN a la solución provisional propuesta para los suelos radiactivos

La Audiencia Nacional ha requerido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que le remita el expediente administrativo por el que rechazó la clausura de la instalación nuclear y el área contaminada de Palomares, en Cuevas del Almanzora, así como el almacenamiento “provisional de la tierra contaminada” solicitado por Ecologistas en Acción en enero. El requerimiento se enmarca en el procedimiento contencioso-administrativo que se sigue en este órgano después de que se haya admitido a trámite el recurso que el colectivo conservacionista interpuso contra la resolución de 17 de febrero, según el decreto al que ha tenido acceso Europa Press.

La Audiencia Nacional debe dirimir hora si la decisión del CSN sobre el Reglamento de Protección Sanitaria es conforme a derecho o si, por el contrario, la propuesta de Ecologistas en Acción es viable frente a la opción que mantiene el regulador atómico de esperar a que ejecute el acuerdo entre España y EEUU para dar una “solución definitiva al problema” generado en 1966 tras la caída accidental de cuatro bombas temornucleares en la zona.

El CSN respondió al colectivo que “no ha lugar para la solución provisional” que plantean ya que esta “no se correspondería con los principios” del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, “ni con los preceptos y actuaciones que se establecen” en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radioactivas. Aludía el órgano a que el de Palomares se trataría de un caso de “exposición perdurable”, por lo que sería de aplicación el artículo 58 del primer reglamento.

Intervención
Este dispone que, en caso de intervención en este tipo de situaciones, y en función de los riesgos que entrañe la exposición, la autoridad competente, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, deberá delimitar la zona afectada; aplicar un sistema de vigilancia de las exposiciones; realizar las intervenciones oportunas teniendo en cuenta las características de la situación y regular el acceso y el uso de los terrenos o edificios situados dentro de la zona delimitada.

El CSN remarcaba, en esta línea, que los estudios radiológicos y los programas de vigilancia establecidos para la zona de Palomares afectada “son adecuados y eficientes” de acuerdo al informe que realizó en 2010 un equipo de inspectores de la UE y que la “solución definitiva al problema” pasa por la ayuda de Estados Unidos a España.

“La ayuda de EEUU a España para gestionar los residuos radioactivos generados por las medidas de restauración de los terrenos contaminados se consideran primordiales para aportar una solución definitiva a este problema ya que España no tiene instalaciones para almacenar de forma definitiva estos materiales contaminados por Plutonio”, apuntaba citando el mencionado informe.

El órgano supeditaba, por tanto, la ejecución del Plan de Rehabilitación de zonas afectadas que elaboró el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) al auxilio de EEUU.

Fraga mintiendo a los españoles en Palomares

Fuente:   lavozdealmeria.es

Más información sobre la contaminación en Palomares (Almeria)

Todo lo relacionado con las bombas de Almeria fue un montaje mediatico. O, no aprendemos ni a la de tres.

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Tras veinte años de investigación, iniciada cuando trabajaba como corresponsal de Efe en Washington, Rafael Moreno publica ahora “La historia secreta de las bombas de Palomares: La verdad sobre el accidente nuclear silenciada durante 50 años” (Ed. Crítica) en la que reconstruye los hechos ocultados con una minuciosa recopilación de documentos obtenidos en los archivos estadounidenses y algunos españoles.

“Tú sabes nadar, ¿no?”, le espetó el impetuoso ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, al entonces director de la agencia Efe, Carlos Mendo, apenas doce horas antes de embarcar en un DC-4 para ir a bañarse a Palomares.

Así comenzó la operación de propaganda que pretendía evitar que el siniestro nuclear ocurrido hace 50 años arruinase la campaña turística y conjurar los daños políticos y diplomáticos con Estados Unidos en plena “Guerra Fría” .

Tras la colisión del B-52 Stratofortress con la aeronave nodriza KC-135 cuando repostaba en vuelo sobre Almería (en el sureste peninsular español), siete tripulantes fallecieron y cuatro lograron salvarse, pero una de las cuatro bombas termonucleares, 65 veces más destructivas que las de Hiroshima, fue recuperada en el mar 80 días después.

Dos de las tres Mark 28F1 de 1,5 megatones de potencia que impactaron en tierra se rajaron y los isótopos radiactivos de uranio-235 y plutonio-239 liberados al contacto con el aire se oxidaron y, según los estadounidenses, entonces “la contaminación superó los 2,3 kilómetros”.

Entre los legajos norteamericanos cuya desclasificación obtuvo el investigador, Moreno se topó con el acuerdo suscrito bajo el mandato de José María Aznar en 1997 que no fue hecho público y del que la prensa española “no escribió ni una sola línea“, aunque concuerda con la política española en este asunto que caracteriza como de “transparencia nula” .

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Tampoco el mandato de Jose Luis Rodríguez Zapatero contribuyó a la normalización, pues como recuerda el profesor universitario, fue la propia ministra de Asuntos Exteriores entonces, Trinidad Jimenez, quien en una conversación le reconoció que en esa época primaba la convulsa situación en los países vecinos inmersos en las denominadas “Primaveras Árabes” .

Sin embargo, durante la gestión de Hillary Clinton como jefa de la diplomacia estadounidense, la actual aspirante a la nominación demócrata a la Casa Blanca y, pese a las advertencias desde la embajada norteamericana en Madrid, el Departamento de Energía, como subraya Moreno, puso fin a la cooperación económica de 41 años en el Proyecto Índalo, para el seguimiento del riesgo radioactivo.

Es por este motivo, que el autor sí considera importante, pese a la inconcreción de plazos y económica, que los gobiernos de España y Estados Unidos, representados “por primera vez al nivel de titulares de Asuntos Exteriores”, -José Manuel García-Margallo y John Kerry-, suscribiesen “con luz y taquígrafos” un acuerdo en Madrid el pasado 19 de octubre.

Sin fijar los plazos ni la financiación, aclara Moreno, Estados Unidos se compromete “a llevarse la basura radioactiva cuando haya una segunda limpieza de Palomares” y destaca que cuando fue suscrito el documento “ya no había ningún acuerdo legal relacionado con Palomares”.

Añade que es positivo igualmente que “por primera vez se ha pedido a Nevada (el almacén nuclear estadounidense) que tenga en previsión que le puede llegar tierra contaminada de Palomares”.

“Hay ya una previsión de donde podría ir”, puntualiza.

Esa tierra aún contaminada y que no fue trasladada con la que los estadounidenses se llevaron entonces a su país, explica el autor, fue roturada para uso agrícola, pues puntualiza, sus propietarios tenían certificados expedidos por las autoridades que aseguraban que todo estaba en orden, y claro, cuando llegó la burbuja inmobiliaria, el afán edificador alcanzó la zona.

Y el americio, recuerda Moreno, “puede ser más peligroso que el plutonio pues es más volátil y puede ser inhalado” y , subraya, “en este caso probablemente cuanto más tiempo pase puede ser incluso más peligroso dejarlo ahí”.

Y al final, aquel día Fraga no se bañó una vez, sino que se dio tres chapuzones y eso que, según el autor, fue Robin Chandler Lynn, ex relaciones públicas de la compañía Pepsi, y la cuarta esposa del embajador norteamericano, Angier Biddle Duke, quien ideó el golpe publicitario, conservado como un icono de la “Guerra Fría”.

Fuente: terra.es

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