El BOE publica el anuncio por el que se somete a información pública el proyecto de la fase 1 de desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña, así como el Estudio de Impacto Ambiental
Desmontar Garoña generará al menos 2.000 Tn de residuos radioactivos
El Ministerio para la Transición Ecológica abrió ayer un plazo de 30 días hábiles hasta el 4 de mayo para que los ciudadanos presenten alegaciones al proyecto de la fase I de desmantelamiento de Santa María de Garoña y a su estudio de impacto ambiental. De ambos documentos se desprende que durante los tres años que durará esta primera fase -la segunda sumará otros siete- se generarán 1.945 toneladas de residuos radioactivos de media, baja y muy baja intensidad que serán trasladados al almacenamiento de El Cabril en Córdoba, el único autorizado en el país. A ellos se sumarán otras 2.892 toneladas de materiales desclasificables mecánicos, eléctricos o de climatización, además de hormigones, con un contenido radioactivo de menor entidad que hace que la normativa vigente permita gestionarlos de manera convencional.
Los residuos radioactivos que viajarán hasta Córdoba deberán realizar un trayecto de 800 kilómetros en camiones con contenedores estancos que sirven de blindaje cuando se trata de residuos radioactivos de media y baja intensidad y en camiones convencionales, cuando son de muy baja intensidad. El proyecto calcula que serán precisos 300 viajes al Cabril, lo que se traduce en 240.000 kilómetros. Pero además, los residuos de construcción y demolición de esta primera fase conllevarán otros 90 transportes, que se estima podrían ser de 100 kilómetros, si se localiza un gestor autorizado cercano, además de otros 100 viajes para sacar la chatarra. De media, se estima que se producirá un tráfico diario de treinta camiones con picos que podrían llegar a los ochenta.
Debido a estas cifras, el estudio de impacto ambiental destaca entre los impactos negativos moderados que producirá el desmantelamiento «el volumen de tráfico, tanto de trabajadores como de transportes y maquinaria en el entorno de la instalación». Junto a este efecto también se fija en los posibles impactos sobre suelos y aguas subterráneas, en el caso de que «la retirada de elementos que pueden contener sustancias contaminantes o el propio trasiego de vehículos y maquinaria de obra puedan dar lugar a la contaminación puntual del suelo».
Asimismo, esta circulación intensa «puede dar lugar a la generación de nubes de polvo que pueden afectar a la vegetación de ribera del Ebro y a las poblaciones más cercanas». Por este motivo, en Mijaralengua y Barcina del Barco, dos localidades ubicadas a 750 y 1.000 metros en línea recta de la central, se instalarán captadores de partículas en suspensión con el fin de evaluar su incidencia sobre la población y poner medidas correctoras en caso de ser necesario. Otras medidas preventivas para paliar estos efectos negativos moderados serán «la contratación de personal local para minimizar los desplazamientos», así como «limitar la velocidad a 20 kilómetros hora» o «mantener los sistemas de recogida de drenajes y depuración para el tratamiento de cualquier derrame accidental» y evitar que llegue al río Ebro o al subsuelo.
En el proyecto redactado para la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, Enresa, se explica como se ha decidido el desmantelamiento total inmediato de la planta frente a la alternativa de un desmantelamiento diferido, que dejaría en latencia durante un periodo de 30 a 100 años los elementos radioactivos más peligrosos. Enresa se ha decantado por el desmantelamiento inmediato por ser «la preferencia internacional» y la solución «menos costosa». Pero en este modelo, «es necesario que transcurra un tiempo de enfriamiento del combustible gastado para que pueda depositarse en los contenedores».
Por este motivo, Enresa ha decidido ir realizando tareas preparatorias junto con Nuclenor y dejar para la primera fase del desmantelamiento la operación de sacar el combustible en contenedores al Almacén Temporal Individualizado (ATI) y afrontar simultáneamente otras labores, entre las que destaca la adaptación del edificio de turbinas como edificio auxiliar del desmantelamiento.
Después de varias décadas de lucha ecologista y de partidos de izquierda por la clausura del cementerio nuclear, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos lo va a ampliar
El Cabril es el único cementerio nuclear que existe en España y siempre se ha mentido sobre su existencia. Lo construyó ‘clandestinamente’ Franco en 1961 y medio siglo después, en 2021, va a ser un Gobierno «socialcomunista», como lo llaman en la oposición, el que va a ampliar su capacidad; en contra de todas las promesas, propuestas y resoluciones que han aprobado desde hace años los partidos de la coalición gubernamental, el PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Por mucho que se busque, no se encontrará nada igual, un engaño que comienza con Franco y que lo continúa muchos años después el presidente que lo ha sacado de su tumba, Pedro Sánchez. Eso es El Cabril, y los restos que allí se han ido depositando seguirán allí varios siglos después de que estas mentiras, estos dirigentes, nuestras sociedades podamos recordar siquiera cómo fue posible que en España se decidiera abrir un cementerio nuclear en mitad de una sierra, el corazón de Sierra Morena, con las dificultades que conlleva para el transporte de los bidones nucleares, a solo cincuenta kilómetros de un núcleo de población, Hornachuelos, y, por si fuera poco, en una zona con un reconocido riesgo sísmico.
Como se puede imaginar, una conjunción de despropósitos como esa, pisoteando toda prudencia de seguridad de las personas y del medio ambiente, solo es posible concebirla en un régimen dictatorial como el de Francisco Franco y en una región, como la de Andalucía, maltratada por la planificación económica del general en favor de otras regiones, como es el caso de Cataluña y el País Vasco, por mucho que luego, irónicamente, los nacionalistas de ambas comunidades se presenten como adalides de lo contrario.
Tanta fue la desconsideración hacia esas gentes de Sierra Morena que, con el sigilo absoluto de un gran secreto de Estado, a El Cabril se comienzan a llevar residuos nucleares en 1961, aprovechando una mina de uranio que estaba abandonada. Se van apilando los barriles nucleares durante años hasta que en 1975 se decide darle una cierta formalidad a aquello y se produce la primera aprobación administrativa para convertirlo, formalmente, en cementerio nuclear. Pero tampoco entonces se comunica nada a la población, todo se mantiene en secreto hasta que lo descubre un periodista de Córdoba, Sebastián Cuevas, ya fallecido. Junto al fotógrafo José Manuel de la Fuente, publican una información, en octubre de 1976, en la que prueban la existencia de ese ‘cementerio nuclear’ clandestino, hasta entonces desconocido por todo el mundo.
¿Y qué pasa cuando se descubre públicamente la atrocidad de estar acumulando residuos nucleares en una mina abandonada? ¿Cómo actúa la democracia? Pues, sin clausurar nada, lo que se hace es dotar de legalidad a la ilegalidad. Hasta 1983 no se aprueba la creación de un organismo público que se hiciera cargo de estas cuestiones, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), con el cometido principal de regularizar la existencia del único cementerio nuclear de España. Sobre la antigua mina de uranio se van edificando instalaciones y, cuando ya se ha adecentado todo, se inaugura formalmente el cementerio nuclear del El Cabril en octubre de 1992. ¿Alguien da más para el ‘ranking’ de chapuzas a la española? Treinta años después de que comenzaran a llegar barriles radiactivos, se inaugura el cementerio. Ocurre, sin embargo, que la legalización de aquellas instalaciones lo que no puede cambiar, ni modificar, es el entorno en el que se encuentra el Cabril ni el riesgo que entraña.
Desde los primeros años de la democracia, todas las organizaciones ecologistas y la mayoría de los partidos políticos, fundamentalmente de izquierda, han repetido los mismos argumentos: «El cementerio nuclear de El Cabril nunca debería haberse construido porque está en el sur de la península ibérica, muy alejado de la mayoría de instalaciones, nucleares y radiactivas existentes en España. Está en una zona colindante al Parque Natural Sierra de Hornachuelos, reserva de la Biosfera de la UNESCO, geográficamente dentro de la cuenca del río Bembézar, en terrenos geológicamente inestables y sísmicos, con importantes acuíferos y aguas subterráneas en la Sierra Albarrana. Además de los riesgos asociados a la alta sismicidad, existe un peligro asociado por los transportes nucleares terrestres de residuos a lo largo de su recorrido hasta esas instalaciones por carreteras sinuosas». Por el contrario, en Enresa, cada vez que surge la polémica, insisten en que, en la actualidad, ‘el Centro de Almacenamiento de El Cabril’, como se denomina evitando cualquier referencia radiactiva, cuenta con modernas instalaciones, preparadas para resistir cualquier incidente sísmico y dotadas de las mayores medidas de seguridad.
En el Parlamento de Andalucía, desde los años 80, se pueden encontrar sucesivas declaraciones o mociones en las que se exige la inmediata clausura del cementerio nuclear de El Cabril. La protesta ha llegado también al Parlamento Europeo, convencidos de que en Europa se respaldaría la clausura del almacén de residuos radiactivos. Pero nada, hasta que ha llegado al Gobierno de España una coalición de partidos de izquierda bajo la que, como esperaban las organizaciones ecologistas, se iba a decretar lo que ellos mismos llevan tanto tiempo reclamando. Pero no, y esa ha sido la sorpresa. Ha sido, precisamente, una senadora de la coalición de partidos con la que Podemos se presentó en las últimas elecciones en Andalucía la que ha ‘destapado’ el nuevo secreto que se ocultaba: El Cabril no solo no se va a clausurar, sino que se va a ampliar, quizá al doble de su capacidad. Pilar González, la senadora de Primavera Andaluza, es la que le dirigió la pregunta en el Senado a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera: «Claro que me siento decepcionada porque tenía confianza en que un Gobierno de izquierda, progresista y ecologista, iba a actuar de otra forma», dijo la senadora en ‘Canal Sur Radio’. Y añadió: «Y no estoy decepcionada como andalucista, porque este Gobierno no lo es, sino por los mensajes progresistas de ‘no dejemos a nadie atrás’, ‘la vida en el centro’ que yo también comparto… Luego, cuando lo que se hace es lo contrario de lo que se dice, es la mejor definición de un político». Pues eso.
El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado de manera favorable la modificación del diseño del contenedor para el combustible gastado de la central nuclear de Santa María de Garoña. Su vida de diseño es de 50 años
Respecto al informe favorable a la modificación de los contenedores de combustible gastado de Santa María de Garoña, el regulador responde así a la solicitud que planteó la empresa estatal Equipos Nucleares S.A (ENSA) para la revisión 3 del estudio de seguridad el contenedor ENUN 52B.
No sabemos nada sobre variaciones de su coste económico.
La solicitud aporta la documentación relativa a las modificaciones de diseño del contenedor que requieren autorización reguladora, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas. En concreto, el contenedor ENUN 52B es un contenedor metálico universal de doble propósito (almacenamiento y transporte) que puede albergar hasta 52 elementos.
Se trata de un vaso o cuerpo metálico rodeado de un blindaje neutrónico y está provisto de dos tapas de cierre mediante pernos y su vida de diseño es de 50 años. En su interior dispone de un bastidor en el que se introduce el combustible gastado.
Esta solicitud ha sido presentada por ENSA en paralelo a la relativa a la revisión 1 del certificado de aprobación del diseño de bulto de transporte ENUN 52, asociada a los mismos cambios de diseño del contenedor, que también ha sido informada favorablemente.
El CSN aprueba las modificaciones de los contenedores para Garoña y autoriza el traslado de polvo de uranio a Juzbado
La solicitud aporta la documentación relativa a las modificaciones de diseño del contenedor que requieren autorización reguladora, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas. En concreto, el contenedor ENUN 52B es un contenedor metálico universal de doble propósito (almacenamiento y transporte) que puede albergar hasta 52 elementos. Se trata de un vaso o cuerpo metálico rodeado de un blindaje neutrónico y está provisto de dos tapas de cierre mediante pernos y su vida de diseño es de 50 años. En su interior dispone de un bastidor en el que se introduce el combustible gastado.
El Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) ha insistido en manifestar su oposición a la enmienda presentada en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos a la Ley sobre Gestión de Residuos Radioactivos, pues ello conllevaría que se pueda ampliar el almacén de residuos radioactivos de El Cabril, que está ubicado en el término municipal de Hornachuelos, pero sin contar con el control y autorización del Consistorio de la localidad.
El Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) ha insistido en manifestar su oposición a la enmienda presentada en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos a la Ley sobre Gestión de Residuos Radioactivos, pues ello conllevaría que se pueda ampliar el almacén de residuos radioactivos de El Cabril, que está ubicado en el término municipal de Hornachuelos, pero sin contar con el control y autorización del Consistorio de la localidad.
A este respecto y en un comunicado, el Ayuntamiento, gobernado por el Grupo Independiente de Hornachuelos (GIH), ha expresado su «asombro ante la contradicción en las declaraciones» esta semana de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha confirmado que El Cabril se ampliará, para dar cabida a los residuos que se generen por el cierre de las centrales nucleares, asegurando que estas actuaciones «requerirán diálogo con todos los municipios y vecinos afectados».
Pero, según ha señalado el Ayuntamiento de Hornachuelos, no habrá ningún diálodo si prospera la citada enmienda de PSOE y Unidas Podemos, «que pretende precisamente saltarse cualquier tipo de control por parte de los municipios afectados», en cuanto a «las ampliaciones, obras o reformas que se lleven a cabo en los almacenamientos de residuos ubicados en sus términos municipales».
En consecuencia, el Ayuntamiento de Hornachuelos, ante el anuncio de la vicepresidenta Teresa Ribera sobe la próxima ampliación de El Cabril, «en estos momentos solo se va a pronunciar sobre la enmienda presentada» por PSOE y Unidas Podemos.
De hecho, «en tanto que esta enmienda se esté tramitando y en el caso de que finalmente fuera aprobada, no tendría relevancia alguna la postura que el Ayuntamiento pudiera tener al respecto de la ampliación de las instalaciones o de cualquier otra cuestión relacionada con la gestión de los residuos radiactivos, ya que dichas actuaciones vendrían impuestas por la vía del interés general», al que alude la citada moción.
Por ello, en el Consistorio consideran «que todos los esfuerzos del Ayuntamiento en estos momentos deben centrarse en que no salga adelante la enmienda, más allá de hacer ahora declaraciones o establecer posturas sobre otras cuestiones, que no tendrían ningún sentido si el Gobierno saca adelante esta reforma de la Ley». LA ENMIENDA
En concreto y según ha recordado el Ayuntamiento de Hornachuelos, la enmienda indica que «las obras de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desmantelamiento o cualesquiera otras que, en ejecución del Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno y con cargo al Fondo para su financiación, Enresa, por sí misma o a través de terceros, deba llevar a cabo para la prestación del servicio público esencial que tiene encomendado, constituyen obras públicas de interés general, que no están sometidas a ningún acto de control preventivo municipal a los que se refiere el artículo 84.1 b) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local».
Así, desde el Consistorio se ha aclarado que, «si finalmente se aprobase la declaración de interés general de las obras de Enresa, esto implicaría que la empresa tendría vía libre para realizar cualquier tipo de construcción sin tener que solicitar licencia de obra al Ayuntamiento y además significaría también que se vería liberada de abonar al municipio las tasas por licencia y el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO)».
Ante esa posibilidad, «se han emprendido acciones por parte de esta Corporación a través de la AMAC (Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares), entre las que se encuentra el encargo de un informe jurídico y el contacto con diferentes grupos políticos, para intentar detener» lo que el Consistorio de Hornachuelos considera «una injerencia en las competencias municipales por la vía de la imposición».
Junto a ello, se han reiterado, «como se ha hecho cada vez que esta corporación ha tenido oportunidad, una serie de reivindicaciones, algunas de ellas históricas, que tiene el municipio con respecto a las compensaciones que considera que le corresponden por albergar en su término municipal estas instalaciones».
El Gobierno reconoce que planea ampliar el almacén de residuos radioactivos para que acoja los restos del desmantelamiento de las centrales nucleares de España
La historia del almacén de residuos radioactivos de El Cabril (el eufemismo usado por el Gobierno para no llamarlo directamente cementerio nuclear, como popularmente se le conoció) está llena de secretos. Todo lo que pasa en la Sierra Albarrana desde los años cuarenta ha sido contado en susurros y a cuentagotas. Incluso en plena democracia tuvieron que ser un valiente periodista y un aguerrido fotógrafo, Sebastián Cuevas y José Manuel De la Fuente, los que disfrazados descubrieran, con el cadáver de Franco recién enterrado, que la antigua Mina Beta de la Sierra Albarrana era un “cementerio atómico”. Este almacén nuclear llevaba décadas funcionando de una manera bastante artesanal: a Hornachuelos llegaban barriles con basura nuclear que unos operarios bajaban al corazón de una antigua mina.
Han pasado 42 años justos desde que Sebastián Cuevas y José Manuel de la Fuente se la jugaran por arroyos, veredas, fincas de caza y caminos rurales del corazón de la sierra de Hornachuelos para publicar aquel icónico reportaje titulado Andalucía, vertedero atómico, en la revista Tierras del Sur. Muchos vecinos de Hornachuelos y del entonces próspero Valle del Guadiato leyeron así lo que escuchaban en las tabernas y le contaba algún familiar que trabajaba en la zona: que a la Sierra Albarrana estaba llegando la basura nuclear procedente de toda España. 42 años después, los vecinos se han enterado también por la prensa de una decisión que ya está tomada. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, respondió en el Senado a la parlamentaria Pilar González que el Gobierno va a ampliar El Cabril para trasladar allí todos los residuos de muy baja, baja y media actividad procedentes del desmantelamiento de todas las centrales nucleares de España.
La historia de El Cabril arranca en 1947. En cada visita que la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) organiza para la prensa en la Sierra Albarrana se repite el origen de la que hoy es la única solución al enorme problema que tiene España con la decisión tomada para desmantelar todas sus centrales nucleares: qué hacer con la basura generada. En 1947 el ingeniero Antonio Carbonell descubrió que en El Cabril había uranio. Eran los años cuarenta. Apenas dos años antes Estados Unidos había lanzado dos bombas atómicas en Japón que habían puesto punto y final a la Segunda Guerra Mundial. España entraba también en la carrera atómica. Se buscaba no solo la bomba (algo que nunca consiguió el régimen de Franco) sino el acceso a una fuente de energía que se sostenía barata.
En 1947, la Junta de Energía Nuclear (JEN) creada por el régimen franquista deslindó la zona. Y se comenzó a excavar lo que se llamó Mina Beta. Pronto se abandonó la extracción de uranio. El terreno era demasiado duro y los costes se disparaban. Entonces, el gobierno franquista se topó con un problema que ya estaba ocurriendo en el resto del mundo: qué hacer con los residuos nucleares que se generaban en las centrales. ¿La solución? Como en Europa, aprovechar minas abandonadas en zonas alejadas de la población y con escaso riesgo sísmico. En 1961 llegaron los primeros bidones al corazón de esta mina abandonada. Durante 20 años, hasta bien entrada la democracia, los bidones siguieron entrando a la zona.
El reportaje que cambió la historia de El Cabril
Hoy la Mina Beta está sellada y en su interior esconde los secretos de aquellos oscuros años. Pero a causa de esta decisión, y a que el suelo era ya propiedad de la JEN, el Gobierno decidió que el lugar para guardar los residuos radiactivos del país estaba al norte de la provincia de Córdoba, en un paraje supuestamente muy alejado de cualquier población pero con un altísimo valor medioambiental. Así nació El Cabril y así se fundó Enresa.
El reportaje de Sebastián Cuevas y de José Manuel De la Fuente provocó una enorme indignación ciudadana. Surgió una plataforma que rechazaba que Córdoba fuese un cementerio nuclear que en 1986, con el accidente de Chernóbil, regresó con muchísima fuerza.
En los años ochenta, el Gobierno reaccionó. La decisión estaba tomada. El Cabril iba a ser, sí o sí, el lugar elegido para depositar los residuos generados en España. Pero no los altamente radioactivos. Entonces no había ninguna central nuclear próxima al final de su vida y no se planeó qué hacer con esos enormes depósitos de combustible gastados. A El Cabril solo llegaba la basura radiactiva de los hospitales, de los laboratorios y también de episodios de contaminación radioactiva en España.
El 30 de mayo de 1998 hubo un grave incidente radioactivo en España. La planta de chatarra de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) tuvo un fallo. A derretir el material, el cesio-137 ardió y causó una nube radiactiva que fue detectada en Europa, pero no en Algeciras. La nube era 1.000 veces más potente de lo normal. Las cenizas radiactivas de aquel accidente están en El Cabril.
El debate sobre qué hacer con una central nuclear una vez desmantelada no se abrió hasta el Gobierno de Zapatero. La llegada de las cenizas de Acerinox empezaba a dar pistas. Europa ordenó una directiva de obligado cumplimiento a todos sus países para almacenar de manera segura y adecuada sus residuos nucleares. El objetivo era crear un único punto, llamado Almacén Temporal Centralizado (ATC), al que llevar los grandes residuos radioactivos de las centrales nucleares. Sería, su nombre lo indica, temporal, antes de construir una gran infraestructura para almacenar ya de manera definitiva una basura que en algunos casos puede seguir siendo radioactiva dentro de miles de años.
El desmantelamiento de las nucleares
El Consejo de Ministros designó, el 30 de diciembre de 2011, el municipio conquense de Villar de Cañas como sede del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su Centro Tecnológico Asociado. Hubo debate en el norte de Córdoba. Incluso se llegaron a tomar muestras del suelo de Los Pedroches, ya que los ingenieros consideran que el granito es perfecto para una instalación de este tipo, pero la contestación ciudadana y política descartó cualquier posibilidad de que el ATC acabase también en Córdoba.
Pero informes posteriores durante el Gobierno de Mariano Rajoy desaconsejaron usar el suelo de Villar de Cañas por los riesgos que suponía para un almacén de este tipo. Y eso en un momento en el que la decisión estaba tomada, con las primeras nucleares llegando al final de su vida útil y empezando a ser desmontadas. ¿Qué hacer entonces con los residuos nucleares?
Y es aquí donde de nuevo los vecinos de la zona se han vuelto a enterar por la prensa, después de meses de intensos rumores. El sexto Plan Nacional de Residuos Nucleares está a punto de cumplir y el séptimo está en borrador. El documento aún no es público, pero por lo que el Gobierno ha ido contando El Cabril va a volver a tener un papel fundamental.
De momento, Enresa ya trabaja en un gran proyecto para duplicar el número de celdas de almacenamiento de El Cabril con el objetivo de sepultar en ellas todos los residuos de hasta media actividad que se generan en el proceso de desmantelamiento de una central nuclear. Y eso, salvo el núcleo de la propia central, son muchísimos residuos: desde el escombro, hasta las arenas de alrededor, pasando por los trajes de protección que han usado los trabajadores o incluso su propio material.
A día de hoy, El Cabril tiene ya 22 de sus celdas llenas de residuos, en un espacio de 50.000 metros cuadrados. Aún tiene espacio en seis más. Además, tiene previsto construir otras cuatro celdas, la 29, la 30, la 31 y la 32, que ocuparían 130.000 metros cuadrados. Enresa prevé que con estas cuatro celdas haya espacio suficiente para acoger los residuos de los próximos años. Pero seguirá haciendo falta sitio para todo lo que generará el desmantelamiento total de las centrales nucleares españolas.
Por ello se trabaja en un proyecto en dos fases. En la primera, y con el horizonte puesto en 2028, se construirían 12 celdas más. La segunda fase, sin fecha, prevé otras 17. En total, serían otros 25 recipientes especiales en los que poder sepultar los residuos de media, baja y muy baja intensidad procedentes de todas las centrales nucleares españolas.
¿Y qué pasa mientras con los residuos de muy alta actividad? Hasta que no se construya un almacén central, todos se tienen que quedar en las centrales nucleares. El Gobierno sopesa construir tres almacenes de este tipo en toda España, y no uno, como recomienda Europa. En principio, El Cabril no está en sus planes. Pero ese es un plan que siempre ha estado encima de la mesa. ¿Llevar la basura radiactiva a varios puntos de España o aprovechar que ya existe un cementerio nuclear al norte de Córdoba para depositarla?
El Cabril está en el término municipal de Hornachuelos (uno de los más grandes de España) pero mucho más cerca de los pueblos del Valle del Guadiato. De hecho, para acceder hay que pasar por el Guadiato. Desde Hornachuelos es casi imposible hacerlo, si se quiere sobrevivir a una carretera con mareo asegurado. En el Guadiato siempre se ha denunciado, especialmente desde IU (formación que hoy está en el Gobierno de España), que su crisis industrial y su despoblación es una estrategia para convertir a El Cabril en el gran cementerio nuclear del sur de Europa.
Como siempre, los vecinos son los últimos en enterarse. El Ayuntamiento de Hornachuelos ha denunciado públicamente que está en contra del plan del Gobierno, que prevé declarar la ampliación de El Cabril de interés público y que evita, de esta forma, que sea el propio Consistorio el que dé la licencia de obras y actividad.
Además, los partidos de izquierdas en la provincia de Córdoba, históricamente muy combativos contra todo lo que supone El Cabril, miran con recele lo que están haciendo en Madrid sus compañeros de partido. Adelante Andalucía ya ha dicho que hará todo lo posible por “minimizar” la ampliación de El Cabril.
Mientras, el gran temor de los vecinos de la zona pasa por el transporte. La llegada de residuos nucleares a El Cabril no es fácil. El acceso desde Hornachuelos es una sinuosa carretera que nace desde el mismo pueblo y que atraviesa Sierra Morena. Desde el Norte, la carretera de Alanís de la Sierra (Sevilla) es, incluso, más sinuosa. El acceso natural es desde Fuente Obejuna. Los camiones cargados de residuos pasan por el mismo municipio y atraviesan varias de sus aldeas.
Por eso, la ampliación de El Cabril empieza a inquietar a los habitantes de estas zonas, pero también a agricultores, ganaderos y ecologistas. En 2019 Enresa informó de un incidente leve. Se había detectado una filtración de agua desde una de las celdas selladas. Los ecologistas siempre han hablado del gran riesgo que supone una instalación de este tipo en el corazón de Sierra Morena, en una zona que es fuente de arroyos, veneros y aguas subterráneas vital para el consumo humano y el regadío de miles de vecinos del Valle del Guadalquivir.
Desde 2018, Enresa ya tenía prevista la solicitud de autorización para aumentar la capacidad de almacenamiento de residuos nucleares en el centro de la Sierra de Albarrana
Ha sido ahora cuando la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha incidido en la necesidad de ampliar el centro de almacenamiento de El Cabril (Hornachuelos), el único de España que gestiona restos nucleares de media, baja y muy baja actividad. Sin embargo, esta idea se viene planteando desde hace tiempo, hasta el punto de que un informe de 2018, auspiciado por la Agencia Internacional de la Energía Atómica, ya aconsejaba ese aumento de la capacidad del centro ubicado en la Sierra de Albarrana.
El estudio (Servicio Integrado de Revisión Reguladora -IRRS- y Servicio Integrado de Revisión para Programas de Gestión de Residuos Radiactivos y Combustible Gastado, de Clausura y de Restauración -Artemis-) señala en su apartado de sugerencias que la capacidad de El Cabril “es limitada” y que una vez la instalación se encuentra a más del 76% de su capacidad (aunque es porcentaje ya ha aumentado), “en un futuro cercano será necesario ampliar dicha capacidad de almacenamiento”.
Por ello, el texto sugiere que Enresa “debería considerar la finalización del proceso de solicitud de ampliación de la licencia en tiempo oportuno, a fin de asegurar una disponibilidad continua de la capacidad de almacenamiento requerida” y que este objetivo debe incluirse en la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos, un extremo que la empresa pública ya ha avanzado que hará.
Pero hay más, porque en ese análisis de 2018, Enresa ya admite que está trabajando en la ampliación de El Cabril. En otro de los apartados, los redactores del informe señalan que “será necesario enmendar la licencia actual de la instalación a fin de aumentar las cantidades de residuos que pueden almacenarse en este centro” y que “se ha informado al equipo del Artemis de que Enresa ha comenzado los trabajos preparatorios para la actualización de la licencia”. Es decir, que desde el verano de 2018 ya quedó clara la intención de aumentar la capacidad de este espacio por parte de la entidad gestora del mismo.
Enresa presentó hace unas semanas a la Secretaría de Estado de Energía el borrador del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, en cuyo avance propone que la gestión de los residuos de muy baja, baja y media actividad (que engloba residuos procedentes de la operación y del desmantelamiento de centrales nucleares, y los producidos en hospitales, laboratorios e industrias) siga desarrollándose en El Cabril, en la provincia de Córdoba.
En relación con los residuos de muy baja actividad, en el borrador se constata que existe una capacidad autorizada superior a la necesidad de almacenamiento de este tipo de residuos prevista en el futuro. En cambio, para el caso de los de baja y media actividad, se contempla la necesidad de nuevas celdas de almacenamiento, fruto del desmantelamiento de las centrales nucleares. Prácticamente, lo que ha hecho Enresa en este avance es incluir las sugerencias que ya aparecen en el informe IRRS-Artemis del año 2018.
Pero además, a finales de febrero, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), a la que pertenece Hornachuelos, reclamó participación y diálogo para buscar la mejor alternativa al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).
La AMAC lamentó profundamente que el proyecto de construcción del almacén no se lleve finalmente a cabo. Y, ante este hecho, consideró “indispensable” estudiar profundamente las diferentes opciones ya que, de cumplirse el calendario previsto, se necesitaría una rápida ampliación de El Cabril.
La oposición a este posible aumento de la capacidad de almacenamiento viene de la mano de los colectivos ecologistas, quienes parece que solo están dispuestos a negociar una fecha de cierre de las instalaciones y apuntan que “Córdoba ya ha cumplido” en este sentido.
Los materiales que los Estados Unidos y otros países planean usar para almacenar desechos nucleares de alto nivel probablemente se degradarán más rápido de lo que nadie sabía anteriormente debido a la forma en que interactúan esos materiales.
Una investigación publicada en la revista Nature Materials, muestra que la corrosión de los materiales de almacenamiento de desechos nucleares se acelera debido a los cambios en la química de la solución de desechos nucleares, y por la forma en que los materiales interactúan entre sí.
“Esto indica que los modelos actuales pueden no ser suficientes para mantener estos desechos almacenados de manera segura”, dijo Xiaolei Guo, autor principal del estudio y subdirector del Centro de Desempeño y Diseño de Formularios y Contenedores de Desechos Nucleares del Estado de Ohio. “Y muestra que necesitamos desarrollar un nuevo modelo para almacenar desechos nucleares”.
La investigación del equipo se centró en el almacenamiento de materiales para desechos nucleares de alto nivel, principalmente desechos de defensa, el legado de la producción de armas nucleares en el pasado. El desecho es altamente radiactivo. Mientras que algunos tipos de desechos tienen una vida media de aproximadamente 30 años, otros, por ejemplo, el plutonio, tienen una vida media que puede ser de decenas de miles de años. La vida media de un elemento radiactivo es el tiempo necesario para que la mitad del material se descomponga.
Estados Unidos actualmente no tiene un sitio de disposición para esos desechos; Según la Oficina de Responsabilidad General de los Estados Unidos, generalmente se almacena cerca de las plantas donde se produce. Se ha propuesto un sitio permanente para Yucca Mountain en Nevada, aunque los planes se han estancado. Países de todo el mundo han debatido la mejor manera de lidiar con los desechos nucleares; solo uno, Finlandia, ha comenzado la construcción de un depósito a largo plazo para residuos nucleares de alto nivel.
Pero el plan a largo plazo para la eliminación y el almacenamiento de desechos de defensa de alto nivel en todo el mundo es prácticamente el mismo. Implica mezclar los desechos nucleares con otros materiales para formar vidrio o cerámica, y luego encerrar esos pedazos de vidrio o cerámica, ahora radioactivos, dentro de botes metálicos. Los botes serían enterrados bajo tierra en un depósito para aislarlo.
En este estudio, los investigadores encontraron que cuando se exponen a un ambiente acuoso, el vidrio y la cerámica interactúan con el acero inoxidable para acelerar la corrosión, especialmente de los materiales de vidrio y cerámica que contienen desechos nucleares.
El estudio midió cualitativamente la diferencia entre la corrosión acelerada y la corrosión natural de los materiales de almacenamiento. Guo lo llamó “severo”.
“En el escenario de la vida real, las formas de desechos de vidrio o cerámica estarían en contacto cercano con botes de acero inoxidable. En condiciones específicas, la corrosión del acero inoxidable se volverá loca”, dijo. “Crea un ambiente súper agresivo que puede corroer los materiales circundantes”.
Para analizar la corrosión, el equipo de investigación presionó “formas de desechos” de vidrio o cerámica, las formas en que se encapsulan los desechos nucleares, contra el acero inoxidable y los sumergió en soluciones durante hasta 30 días, en condiciones que simulan las de la montaña Yucca, el repositorio de residuos nucleares propuesto.
Esos experimentos mostraron que cuando el vidrio y el acero inoxidable se presionaron entre sí, la corrosión del acero inoxidable fue “severa” y “localizada”, según el estudio. Los investigadores también notaron grietas y corrosión mejorada en las partes del vidrio que habían estado en contacto con el acero inoxidable.
Parte del problema radica en la tabla periódica. El acero inoxidable está hecho principalmente de hierro mezclado con otros elementos, incluidos el níquel y el cromo. El hierro tiene una afinidad química por el silicio, que es un elemento clave del vidrio.
Los experimentos también mostraron que cuando las cerámicas, otro soporte potencial para los desechos nucleares, se presionaron contra el acero inoxidable en condiciones que imitaban a las que se encuentran debajo de la montaña Yucca, tanto la cerámica como el acero inoxidable se corroyeron de una manera “severamente localizada”.
Referencia: Xiaolei Guo, Stephane Gin, Penghui Lei, Tiankai Yao, Hongshen Liu, Daniel K. Schreiber, Dien Ngo, Gopal Viswanathan, Tianshu Li, Seong H. Kim, John D. Vienna, Joseph V. Ryan, Jincheng Du, Jie Lian, Gerald S. Frankel. Self-accelerated corrosion of nuclear waste forms at material interfaces. Nature Materials, 2020; DOI: 10.1038/s41563-019-0579-x
Miembros de la CE visitaron la zona en junio para comprobar si se habían puesto en práctica las recomendaciones de 2010
La Comisión Europea (CE) considera que los «niveles de contaminación con plutonio» del «aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas» en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora son «aceptables» y que España ha realizado una «puesta en práctica efectiva» de «todas las recomendaciones» que se le hicieron hace nueve años «excepto la rehabilitación del terreno», pendiente de la celebración de un acuerdo vinculante con Estados Unidos.
Así se desprende de las conclusiones iniciales alcanzadas por los integrantes de la misión de verificación que cursó visita a la zona en el mes de junio para comprobar ‘in situ’ si se habían puesto en práctica las recomendaciones que Bruselas efectuó en 2010 tras otra misión y para «una adecuada gestión y limpieza» del área de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica.
La CE también se pronuncia respecto a los contenedores en los que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas ha reconocido se almacenan seis toneladas de material radioactivo que se han estado enviando a la zona desde desde 2011 y no considera que «afecten a la situación existente de exposición» radiológica en Palomares.
Tanto posibles irregularidades en torno a estos traslados como la «inacción» del Gobierno son objeto de un procedimiento contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en la que Ecologistas en Acción solicita, en última instancia, que se obligue al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que fije plazo para la ejecución del Plan de Rehabilitación para la zona aprobado en 2010.
En su respuesta a una petición elevada a la comisión por el colectivo conservacionista, la CE informa del equipo que se desplazó hasta Palomares el pasado mes de junio «verificó» las instalaciones de seguimiento de radioactividad dentro y fuera de los emplazamientos, las restricciones de acceso, las medidas sobre información pública y los laboratorios asociados gestionados por el Ciemat.
«Las actividades de verificación mostraron que las instalaciones necesitan llevar a cabo un seguimiento continúo de los niveles de contaminación con plutonio del aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas en el lugar de accidente en Palomares», explica para remarcar que «estos niveles son aceptables y que las instalaciones están operativas y funcionan de manera eficiente».
El escrito informa, asimismo, de que la misión también verificó la puesta en marcha «efectiva» de las recomendaciones efectuadas en 2010 y comprobó que «todas se habían llevado a cabo» si bien no la «recomendación relativa a la rehabilitación del terreno contaminado» ya que, según matiza, «está pendiente de la celebración de un acuerdo vinculante con los EEUU».
En este sentido, en el marco del procedimiento ante la Audiencia Nacional, la Abogacía del Estado ha admitido la «imposibilidad» tanto de poner en marcha «actualmente» la rehabilitación de los terrenos contaminados como de «fijar un plazo» para la ejecución del plan ya que éste tiene carácter «preliminar».
Ha reconocido que la «ayuda» de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de «importancia primordial para dar solución definitiva a este problema», ya que España «no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio».
Ha afirmado, asimismo, que con la expropiación de tierras y el vallado que acota las 40 hectáreas bajo vigilancia se «garantiza que actualmente no se supera la dosis» legal y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado «tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo».
España deberá informar antes de 2020 sobre los «progresos»
La CE avanza, asimismo, que el equipo realizó algunas recomendaciones y sugerencias aunque no precisa cuáles a la espera de la redacción del informe completo. Sí revela, en cambio, que pedirá a España que «presente antes de finales de 2020» un informe de los «progresos realizados» para la neutralización de la contaminación.
En concreto, el informe deberá especificar «cómo se han aplicado las recomendaciones del equipo de verificación» y «cualquier cambio significativo en los sistemas de seguimiento establecidos». «La Comisión se basará en el mencionado informe para considerar la necesidad de llevar a cabo una verificación de seguimiento en España», señala.
Por otro lado, para Bruselas, en contra de lo que sostienen desde Ecologistas en Acción tanto en Europa como ante la Audiencia Nacional, los contenedores objeto de la polémica «no almacenan residuos, sino que se utilizan para almacenar muestras y contienen muestras ambientales antiguas que se extrajeron» de los suelos de Palomares.
Subraya que la misión de verificación «investigó» el almacén de muestras en el laboratorio del Ciemat en Madrid y que concluyó que «esos contenedores son parte del almacén principal» donde se «han devuelto el resto de las muestras del terreno de Palomares». «La Comisión no considera que estos contenedores de almacenamiento afecten a la situación existente de exposición en Palomares», finaliza.
Ecologistas en Acción pidió en marzo a la CE que el transporte de material, que se hizo público a finales de 2018 y que fue reconocido a posteriori por el Ciemat, fuera incluido entre las tareas a realizar por la misión de verificación de la Eurocámara.
El escrito dirigido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo indicaba que el transporte «clandestino» de un total de 156 cajas con 1.466 kilos de material radioactivo es un «nuevo suma y sigue en una tropelía que afecta a los pilares de la economía de la zona, basada en la agricultura y en el turismo, y, lo más grave, es que afecta a la ya maltrecha dignidad de lo palomareños». Así, solicitaba que «inspeccione, investigue y haga público» el inventario del contenido de esos contenedores, su caracterización radiológica y actividad total.
El colectivo, impulsor de la queja que dio lugar a que la Eurocámara se implicase en la situación de Palomares, pidió también que «constate si se han incumplido o no» los requisitos que marca la legislación europea en su almacenamiento y transporte, y que interpelase al Gobierno sobre «cuándo tiene previsto emprender la descontaminación unilateral de la zona según los criterios radiológicos establecidos en el Plan de Rehabilitación de 2010″.
Como conclusión, esos impuestos no violan el principio de no discriminación de la normativa europea.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido sus conclusiones sobre los impuestos a la energía nuclear. Declara que no violan el principio de no discriminación de la normativa europea. Ni los impuestos a la producción, ni al almacenamiento de combustible, ni a los residuos nucleares
Fueron cuatro las peticiones de decisión prejudicial planteadas ante el TFUE por el Tribunal Supremo en 2018. Tras la vista realizada en febrero de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido sus conclusiones. Las cuestiones habían sido planteadas ante el supremo por Unesa, Endesa, Naturgy e Iberdrola y el Estado Español. En el fondo del asunto, una posible discriminación por los impuestos a la producción y almacenamiento de combustible, así como a los residuos nucleares.
El TJUE emitió su fallo el pasado 7 de noviembre. Considera que los impuestos españoles a la producción y almacenamiento de combustible y de residuos nucleares no violan el principio de no discriminación contenido en la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
En sus conclusiones, el TJUE informa que no hay discriminación, a pesar de gravar únicamente a las empresas de generación que utilizan energía nuclear. Y, a pesar de que su objetivo principal no sea proteger el medio ambiente.
Aclaraciones
Aclara que la directiva no constituye una medida relativa a la aproximación de las disposiciones fiscales de los Estados miembros. Por ello, añade que el principio de no discriminación recogido en la medida no se aplica a una normativa nacional que establece impuestos sobre producción y almacenamiento de combustible y residuos nucleares.
En consecuencia, sentencia, la directiva no se aplica a una a una normativa nacional, como la española. La misma establece impuestos sobre la producción y el almacenamiento de combustible y de residuos nucleares.
Impuestos a la energía nuclear
El litigio se produjo cuando el Tribunal Supremo remitió al TJUE una serie de cuestiones prejudiciales. Fue como consecuencia de diferentes procedimientos entre Unesa, Endesa, Naturgy e Iberdrola y el Estado español.
Las eléctricas interpusieron ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra una orden ministerial. La misma aprobaba los modelos de autoliquidación y pago de los impuestos sobre producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación. Asimismo, sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.
Su argumento principal era que esta forma de tributación, en la práctica, constituye una suerte de impuesto especial sobre los productores de energía nuclear. Y que, además, distorsiona el mercado español de la electricidad.
También el Supremo sometió estos impuestos a una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Podrían ser potencialmente contrarios al principio de capacidad económica establecido en la Constitución. Sin embargo, el Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad indicando que se debía plantear primero una cuestión prejudicial. Este criterio surgió por las dudas del Tribunal Supremo acerca de la compatibilidad de la legislación nacional con el Derecho de la Unión.
Conclusiones
El TJUE ha declarado:
«El principio de no discriminación (.) debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece impuestos sobre la producción y el almacenamiento de combustible y de residuos nucleares, como es el caso de los impuestos sobre la energía nuclear objeto de los litigios principales, que solo gravan a las empresas de generación de electricidad que utilizan energía nuclear, y cuyo objetivo principal no consiste en proteger el medio ambiente, sino en incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica».
«El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/72 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, cuando el objetivo medioambiental y las características de los impuestos medioambientales previstos por la misma no encuentran concreción en la parte vinculante de esta normativa».
La primera pieza de la ‘media naranja’ está retirada y el desmantelamiento de la central nuclear concluirá en 2020.
El coste total del desmantelamiento se cuantifica en unos 160 millones de euros
La empresa pública Enresa ha comenzado el desmontaje de la cúpula del edificio de contención de la central nuclear José Cabrera en Almonacid de Zorita (Guadalajara) que se contemplan en la fase final del desmantelamiento de esta instalación nuclear que concluirá a finales de 2020.
Estos trabajos han consistido en la retirada, izado y descenso de la primera pieza, a los que ha asistido la prensa acompañados del director desmantelamiento de la central, Manuel Ondaro. Para ello, se han empleado dos grúas de gran tonelaje que han permitido la ejecución segura de la maniobra desde una plataforma auxiliar.
«Lo que hoy hemos visto es el desmontaje y posicionamiento de la primera pieza de la cúpula del reactor. Esto supone un hito en el desmantelamiento y que nos llevará a la finalización de la desmantelación del mismo el próximo año», ha señalado Ondaro, quien ha indicado que la pieza retirada es de acero, de 8 metros de diámetro y 5,2 toneladas de peso, aproximadamente.
Se trata de la primera de las 330 piezas en las que será segmentada esta estructura, pues la cúpula tiene un peso total de 225,2 toneladas y un diámetro de 31,4 metros.
Una vez bajada al suelo, será troceada para poderla gestionar como material convencional. Este proceso de desmontaje de la cúpula tardará unos 40 días, por lo que antes de Navidad estará concluido.
Descontaminación total
Previo al desmontaje de este jueves, para el que llevan preparándose desde verano para realizarse con total seguridad, se han realizado numerosas labores dentro del desmantelamiento.
«Fundamentalmente hemos retirado los grandes componentes del circuito primario de la central nuclear, hemos descontaminado todo lo que es el edificio de contención y lo hemos desclasificado para poder demolerlo de forma convencional», ha explicado Ondaro.
Además, este es el inicio del desmontaje de la cúpula, del interior del edificio de contención y posterior demolición. Tal y como ha señalado Ondaro, el inicio de los trabajos de desmontaje final, es decir, las demoliciones, «se inician ahora y se espera que a finales del año que viene, el 31 de diciembre en 2020, puedan haber terminado con todos los trabajos de demoliciones de los principales edificios», que son el edificio de contención, almacén auxiliar, almacén de residuos número 1, el evaporador y el resto de edificios convencionales.
Recientemente también ha comenzado la demolición del edificio que albergaba el generador diésel de la central para lo que se está empleando maquinaria de gran tonelaje. Las dimensiones de este edificio, fabricado en hormigón armado, es de 11 metros de ancho por 7,5 metros de alto.
Desde que se inició el desmantelamiento, en febrero de 2010 se han generado aproximadamente 29.000 toneladas de materiales
Energia cara se mire por donde se mire.
A día de hoy, Enresa ha ejecutado ya cerca del 89 por ciento del proyecto de desmantelamiento de la central. Desde que se inició el desmantelamiento, en febrero de 2010 y hasta el 30 de septiembre de 2019, han trabajado unas 250 personas y se han generado aproximadamente 29.000 toneladas de materiales.
De esta cantidad, 7.000 corresponden a material convencional, 5.500 toneladas a residuos radiactivos de muy baja actividad, 2.300 a residuos radiactivos de baja y media actividad y 14.200 toneladas a material desclasificable.
El residuo de alta actividad se contiene en los 377 elementos combustibles de la central, es decir, 175 toneladas que gestionaron en 12 contenedores en la fases iniciales del desmantelamiento.
La energia nuclear en España 