El Tribunal de Cuentas advierte de que faltan fondos para desmantelar las centrales

 

Los de “la energía nuclear es la más barata”  ocultos en sus despachos.

El reciente pacto para alargar el periodo de funcionamiento de las centrales de 40 años a 45,7 “permitirá reducir el déficit existente” en el fondo para la gestión de los residuos y el desmantelamiento, pero no eliminarlo

Subraya que la empresa estatal Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015 y advierte de que, con 40 años de vida de las nucleares, el déficit ya superaría los 2.300 millones

Entre esas recomendaciones estaba la de aumentar las tasas que pagan las eléctricas para aumentar las dotaciones de ese fondo; Enresa recuerda que se trata de “aspectos regulatorios” que no le competen

El Tribunal de Cuentas cree que el reciente acuerdo entre el Gobierno y las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) para abordar un cierre nuclear escalonado a partir de la próxima década “permitirá reducir”, pero no eliminar, el agujero del fondo con el que la empresa estatal Enresa deberá sufragar el multimillonario coste de gestionar los residuos radiactivos y desmantelar las centrales.

En 2015, el Tribunal de Cuentas cifró en cerca de 1.800 millones el déficit del denominado Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos. Ese informe denunciaba que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010 (cuando el fondo empezó a ser financiado con aportaciones de las eléctricas) no se habían actualizado desde entonces, pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) todavía vigente hoy, aunque lleva casi una década caducado (se aprobó en 2006).

El informe recomendaba revisar anualmente esas tasas “en función de las necesidades de financiación futuras” de ese fondo, que se alimenta al 90% con tasas a la producción nuclear y al 10%, a través de la tarifa eléctrica. Ahora, tras analizar el grado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en ese examen, el órgano constata que esa actualización de tasas no se ha llevado a cabo y estima que ese déficit o “desviación de financiación de los costes” ascendería ya a 2.354 millones.

No obstante, el cálculo se basa, como el vigente PGRR, en la hipótesis de una vida media de las plantas de 40 años, plazo que ha quedado aumentado recientemente ampliado hasta los 45,7 años, tras el reciente acuerdo entre Gobierno y eléctricas, lo que permitirá incrementar los ingresos para el fondo a través de las tasas a la producción nuclear.

El problema es que, aun con esa reciente ampliación del plazo de vida de las nucleares, el déficit seguirá existiendo, según advierte el Tribunal de Cuentas en una nota al pie del informe.

En ella, recuerda que “a finales de marzo de 2019, Enresa ha firmado con los propietarios de las CCNN [centrales nucleares] un protocolo de intenciones sobre su cierre, con base en el horizonte temporal previsto en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima [el conocido como PNIEC], remitido por el Gobierno de España a la Comisión Europea, en el que se prevé un cierre ordenado, escalonado y flexible del parque nuclear, con inicio en 2027 y finalización en 2035, lo que supone un funcionamiento medio de 45,7 años para el conjunto de los siete reactores que se encuentran en operación”.

El Tribunal de Cuentas valora ese acuerdo, que implicó incumplir la promesa electoral del PSOE de abordar un cierre a los 40 años, ante la evidencia de que parar la producción de las plantas impediría cubrir el multimillonario coste de desmantelarlas y gestionar sus residuos. Y entiende que “el mayor período de funcionamiento, con respecto a los 40 años previstos en el Sexto PGRR, supondrá un incremento de los ingresos por la tasa que abonan las CCNN, lo que permitirá reducir el déficit existente en las proyecciones futuras del Fondo”. No precisa esa reducción del déficit, que en cualquier caso seguirá existiendo.

El informe, aprobado el 30 de mayo, destaca que, según las estimaciones realizadas por Enresa en junio de 2018 basándose en el actual Plan de Residuos, “el valor actualizado a 1 de enero de 2019 de los costes futuros para cada una de las líneas de actividad en las que puede agruparse la gestión que tiene encomendadas, bajo la hipótesis de una vida útil de 40 años para las CCNN operativas, ascendería a 10.697 millones”, mientras que “el valor estimado por Enresa del Fondo a 31 de diciembre de 2018” era de 5.678 millones, “por lo que la recaudación pendiente a 1 de enero de 2019, necesaria para cubrir dichos costes futuros estimados, ascendería a 5.019 millones”.

“Con los actuales elementos de determinación de la cuota de las tasas” que financian ese fondo “y las previsiones actualizadas a 1 de enero de 2019 de las bases sobre las que estas recaerían realizadas por Enresa, existiría un desviación de financiación de los costes con cargo a la tasa que recae sobre tarifa eléctrica estimada en 435 millones y con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas estimada en 1.919 millones”. En total, los citados 2.354 millones.

“Se deduce que existiría déficit de financiación futura con cargo a la tasa que recae sobre la tarifa eléctrica y también con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas”, remacha.

Incumplimientos

El tribunal señala que Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015. Así, “a la fecha de redacción de este Informe no se habían establecido nuevas disposiciones normativas respecto a la regulación del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR que obliguen a revisar anualmente los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN”. En consecuencia, la recomendación “no se ha cumplido”.

Tampoco “se había producido la internalización de los costes por Asignaciones a Ayuntamientos e impuestos medioambientales que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN, sino que estos gastos se han continuado cargando al Fondo para la financiación del PGRR”.

El presidente de Enresa, José Luis Navarro Ribera, ha declinado realizar alegaciones al informe porque la empresa estatal “no está en disposición de dar cumplimiento a las cuatro recomendaciones que siguen pendientes ya que todas se refieren a aspectos regulatorios y, por tanto, carecemos de capacidad legal para llevarlas a cabo”.

La pelota está en el tejado del Gobierno, y en concreto, del Ministerio para la Transición Ecológica. Su titular ahora en funciones, Teresa Ribera, indicó en marzo que el nuevo PGRR (caducado desde 2010 y que el Gobierno de Mariano Rajoy, empeñado en aumentar la vida de las nucleares, nunca actualizó) estaría “listo” este mes de junio, pero sin Gobierno a la vista, ese plazo se antoja a todas luces inviable.

En el ministerio indican que Enresa está ultimando ese plan, y “el diseño para financiar, no solo reducir el déficit”, será “uno de los elementos del trabajo en el que está inmersa” la empresa estatal, cuya intención sigue siendo presentar un borrador del mismo este mes.

Por su parte, fuentes de Enresa señalan que, en función del escenario dibujado por el PNIEC, “y una vez actualizado el cálculo de los costes y determinado el inventario de residuos, será posible determinar si es necesario actualizar la tasa que pagan las centrales nucleares que están en operación”.

Una vez en manos del Ejecutivo del borrador de Plan de Residuos, se iniciará el proceso de elaboración que establece la ley hasta que llegue a las Cortes, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y oídas las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.

El Gobierno ha vinculado la decisión final sobre la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos, paralizado el año pasado, al contenido de ese plan.

En Garoña habia un mapa con chinchetas negras de pueblos y asociaciones no favorables a la central

El responsable de Comunicación de Garoña durante 30 años dice que nunca oculto ni mintió sobre ningún incidente.

A continuación le vamos a poner varios ejemplos de que si no fué él quien mintió u ocultó, en cualquier caso lo hizo NUCLENOR (Iberdrola y Endesa)

Su despacho en Garoña, recuerda, contaba con un gran mapa de la zona de influencia de la central.  En el mismo había clavadas chinchetas de colores: las negras localizaban los municipios donde se habían firmado pronunciamientos en contra de la energía nuclear; las rojas, donde se celebraban manifestaciones; y las verdes localizaban las entidades o personas que apoyaban nuestra actividad. Eran muy pocas…”.

Para quien no le ponga cara, Antonio Cornadó ha sido durante casi 30 años el rostro público y la voz autorizada de la central nuclear de Santa María de Garoña, tiempo más que suficiente para curtirse en todas las crisis de comunicación habidas y por haber, abrazar a políticos de todos los colores y ecologistas radicales, lidiar con sindicalistas, vecinos y periodistas como él y hacer    -sin distinción- amigos en todos los bandos.

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Antonio Cornadó puso toda la carne en el asador para la celebración del 40 aniversario. Se apoyó en tres actos, el primero de ellos, una gran fiesta en la central con los trabajadores en activo y jubilados y los directivos de Iberdrola y Endesa. Estamos en el 11 de marzo de 2011, el día en el que reventó la central de Fukushima en Japón. “Cuando salíamos de la fiesta llegaron las primeras noticias de tsunami…”. Todo se complicó: “Garoña era igual que Fukushima y la pregunta recurrente fue: ¿lo que pasa en Japón puede ocurrir en Burgos? Insistimos en el ‘no’”. La fiesta prevista con toda la sociedad burgalesa y regional en el Fórum Evolución para el día 17 se canceló bajo la excusa de la solidaridad con los fallecidos -la Junta siempre abogó por su aplazamiento, estrategia que no compartía Nuclenor por la lectura negativa que se pudiese hacer-. Lo mismo ocurrió con la fiesta en Madrid.

“No sé si Fukushima fue nuestra puntilla, luego vino el tema de la fiscalidad, que supuso un golpe en nuestra línea de flotación porque disparaba nuestros costes”. Cornadó abandonó Garoña a principios de 2013 para presidir el Foro Nuclear -“la primera vez que un no-ingeniero presidía el lobby nuclear”- hasta otoño de 2017.

“El cierre definitivo anunciado  el 1 de agosto de 2017 me dio mucha pena, aunque se veía venir. Se agolpan muchos recuerdos y esfuerzos pero nuestro trabajo mereció la pena”. En diciembre de 2018 se desvinculó de Nuclenor. “Hay vida tras el cierre pero nunca será la misma. El movimiento tractor que genera una nuclear no lo tiene ninguna otra industria. Nuclenor debería formar parte de la solución y potenciar los valores de la zona”.

Pues mira Cornadó:

Garoña cierra por problemas de seguridad

 

Toda la experiencia acumulada durante estos 30 años, su capacidad de interlocución y relación, la ha apuesto al servicio de las empresas, instituciones privadas o particulares. Cornadó&Asociados es una consultoría que trabaja con una red de especialistas y que centra su actividad en el posicionamiento de las empresas, la reputación corporativa, la diplomacia empresarial (los lobbies) y las crisis. “Aunque está mal que lo diga, en esto soy un especialista…”.

20 años pagando los impuestos en Cantabria con el riesgo para Burgos, Pais Vasco y La Rioja

…Nos conocieron, se fiaron y nos aceptaron”. Garoña se hizo burgalesa y trasladó su sede social desde Cantabria, atendiendo a una vieja demanda de la provincia.

 

Antonio Cornadó Quibus, periodista #BlowinInTheWind #ConversacionesSobreBurgos (XXIX)

Leer completo : Diario de Burgos

 

El Comité asesor pide al CSN más datos sobre Retortillo, Garoña, ATC y terrenos contaminados

El Comité Asesor para la información y participación pública del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido al CSN más información sobre la situación del proyecto minero de Berkeley en Retortillo (Salamanca), el proceso de desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos); el estado actual del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), y la situación de los diversos terrenos que presentan radiactividad originada por actividades humanas en España.

Así lo ha solicitado este Comité, formado por 35 representantes de la sociedad civil, del sector nuclear, de sindicatos y de las administraciones, al CSN en su primera reunión con el nuevo Pleno de este organismo regulador, que fue renovado hace tres meses.

Según informa el CSN, durante la reunión se ha especificado que el titular de la central nuclear de Almaraz ha solicitado una renovación de autorización de explotación de 7,4 años para la unidad I y de 8,2 años para la unidad II.

En el caso de Vandellós 2, la solicitud presentada abarca 10 años. En ambos casos, la renovación del permiso de explotación es un proceso ordinario en las competencias del CSN, pues todas las instalaciones pasan por esta práctica reguladora. También, dentro del campo de las aplicaciones médicas en el uso de las radiaciones ionizantes, se ha confirmado que el CSN ha culminado un “hito regulatorio” con el licenciamiento, por primera vez en España, de dos instalaciones de protonterapia que actualmente están en proceso de construcción.

Asimismo, se ha informado del estado de situación de las recomendaciones emitidas por el Comité asesor al CSN.

En este sentido, se ha explicado que se ha dado cumplimiento a 5 de ellas de un total de 10 emitidas en los últimos 3 años. MÁS TRANSPARENCIA, CREDIBILIDAD E INDEPENDENCIA Por otro lado, el presidente del CSN, Josep Maria Serena i Sender, ha anunciado que impulsará y reforzará el papel del CSN en la sociedad y ha insistido en el compromiso del Pleno con la transparencia, la credibilidad y la independencia del órgano regulador. “Quiero expresarles mi compromiso con la mejora de la eficiencia y la eficacia de este comité, clave en el flujo de información desde la sociedad al CSN y viceversa”, ha subrayado Serena, que ha prometido agilizar al máximo el cumplimiento de las recomendaciones del Comité asesor.

Igualmente, ha definido algunos de los objetivos prioritarios del nuevo Pleno, como la elaboración de un nuevo Plan Estratégico para el CSN; una adecuada transmisión del conocimiento; la apuesta por la I+D+i; el desarrollo del plan de acción resultante tras la misión conjunta IRRS-Artemis; y finalmente, promocionar la incorporación de jóvenes en el CSN. En este sentido, el Pleno del CSN asegura estar comprometido con el establecimiento de una relación con el Comité asesor más “ágil” y que le permita ejercer su labor de “emitir recomendaciones al CSN para mejorar la transparencia, el acceso a la información y la participación pública”, tal y como está establecido en la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. La próxima reunión del Comité asesor tendrá lugar, con carácter tentativo, a finales del próximo mes de noviembre.

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Enusa acordará el suministro de uranio con las nucleares hasta su cierre gradual

Jose Vicente Berlanga, presidente de Enusa.

El presidente de Enusa (Empresa Nacional de Uranio), Jose Vicente Berlanga, ha adelantado en una entrevista con EFEverde, que mantiene contactos “avanzados” con las propietarias de las centrales para pactar un acuerdo marco que asegure la venta nacional de uranio hasta 2035, fecha prevista para el cierre de las centrales.

Suministro de uranio

Hasta ese momento, el cierre de dicho acuerdo aseguraría el 35 % del total de las ventas de uranio dirigidas al mercado nacional cuyo valor asciende a 400 millones de euros, mientras que el 65 % restante se destinaría al mercado internacional actualmente en expansión, señala el presidente de la fábrica española de combustible nuclear.

Berlanga asegura que, “con el calendario de cierre nuclear ya en la mano, se puede abrir un proceso de negociación cómodo para todos con Iberdrola, Naturgy y Endesa -propietarios de las centrales- y, que además serviría para afianzar la producción de combustible nuclear de la fábrica de Juzbado (Salamanca)”.

En cualquier caso, y, dependiendo de la hoja de mantenimiento y seguridad de las centrales, si el cierre de cada una de ellas se retrasara algunos años más, “Enusa, con licencia para producir 500 toneladas al año de uranio enriquecido hasta el 5 %, seguiría garantizado la producción y el suministro del combustible“, enfatiza Berlanga.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Peniec) que el Gobierno en funciones presentó en la anterior legislatura establece el cierre escalonado de las cinco centrales nucleares (y siete reactores) que actualmente funcionan en España: Almaraz (1 y 2), Ascó (1 y 2), Cofrentes, Trillo y Vandellós 2.

El primero de los reactores en apagarse sería el de Almaraz 1 en 2027 y el último el de Trillo en 2035.

Respecto a este cierre nuclear armonizado, el presidente de Enusa -empresa pública 60 % de la SEPI y 40 % de Ciemat- detalla que lleva implícito un desmantelamiento y que, dependiendo de la capacidad de producción energética de cada central, podría “acarrear 10, 20 o 25 años de trabajo continuado”.

Desmantelamiento de las centrales nucleares

A su juicio, eso significará que España va a necesitar de “personal tremendamente cualificado” durante las próximas 3 décadas para dirigir todo el desmantelamiento nacional, un desarme que estará liderado por las empresas públicas ENRESA, ENUSA Y ENSA y que pretende ser el trampolín de la creación de nuevos puestos de trabajo dentro del sector nuclear.

“Nuestra obligación como responsables es abrir nuevos caminos donde nuestra gente siga trabajando, y el desmantelamiento de las centrales -tanto nacionales como internacionales- es uno de ellos”.

En este punto, detalla que desmantelar las plantas nucleares es una tarea muy meticulosa y complicada, incluso más que producir combustible nuclear, debido a que es necesario neutralizar cada una de las piezas radiactivas de la central por muy pequeña que sea, hasta el tornillo más pequeño .

Enusa

En palabras de su presidente, en la actualidad Enusa “goza de una salud muy importante”, el ritmo de crecimiento anual alcanza en torno al 10-12 por ciento, y destaca que la amplia experiencia demostrada y el alto nivel técnico de los últimos años, ha permitido a la empresa abrir fronteras y abordar nuevos contratos en numerosos países de Europa, Asia y países árabes.

“Somos muy ambiciosos y para afrontar cualquier tipo de demanda de cara al futuro -en el mercado interior y exterior- estamos adecuando la plantilla a las exigencias que acarrea el siglo XXI, un hecho directamente unido a la expansión internacional y a la transformación digital”.

Respeto al comercio exterior, Berlanga destaca el cierre, el pasado otoño, de un contrato de más de 100 millones de euros para proporcionar recargas de combustible y servicios asociados para la Central Nuclear de Olkiluoto (Finlandia) además de numerosos negocios con países de la Unión Europea(UE) como Bélgica, Francia y Suecia, entre otros.

Señala incursiones en países del este, “algo que no se había hecho nunca, pero que era un reto que había que intentar” y destaca, por ejemplo, que en Eslovaquia Enusa haya alcanzado la fase final en un concurso para suministro nuclear: “Ha sido un gran hito, competimos directamente con los rusos que son los que controlan todo el monopolio de los países del este”.

Berlanga enumera otros acuerdos alcanzados con Emiratos Árabes Unidos, país con el que han firmado un memorándum, en Sudamérica donde en México están a la espera de ratificar un acuerdo de desmantelamiento de una planta y negocios en Asia, concretamente en China.

“El camino del futuro se encuentra en Asia, estamos muy ilusionados con el mercado que podamos abrir allí”, concluye José Berlanga. EFEverde

Fuente : EFEverde

Lituania debe desmantelar sus única central nuclear

Lituania entró en la UE en 2004, pero con la condición de desmantelar la central nuclear que garantizaba su independencia energética de Moscú

Los dos reactores de la central nuclear de Ignalina aún tienen que ser desmantelados. El calendario estipula que esta zona estará libre de contaminación en 2038.

 

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Almacén de residuos nucleares en la central de Ignalina, en Lituania.

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Vista del desmantelamiento y descontaminación de la central nuclear de Ignalina, en Lituania.

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Uno de los dos reactores nucleares de Ignalina. La UE considera que ambos reactores son más peligrosos que el que estalló en Chernóbil (Ucrania) en 1986.

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Vista de una de las avenidas principales de Visaginas, la ciudad más cercana a la central nuclear, que está perdiendo población desde que se decidió el desmantelamiento de la planta al entrar Lituania en la UE.

 

Más fotos: El Pais

 

Abogado UE: normas europeas no se aplican al impuesto español de residuos nucleares

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó este miércoles que la normativa europea no es aplicable a los impuestos españoles sobre la gestión de combustible nuclear gastado, respondiendo así a una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo.

El abogado general Gerard Hogan, cuyas conclusiones no son vinculantes pero suelen orientar la decisión de la corte, considera que la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad no es aplicable a los tributos españoles sobre la producción de combustible nuclear gastado, los residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de dichos combustible y residuos.

El jurista sostiene que el ámbito de aplicación de la Directiva se limita a la generación, al transporte, a la distribución y al suministro de electricidad.

El Tribunal Supremo había remitido inicialmente sus dudas sobre los impuestos nucleares al Constitucional, por ser potencialmente contrarios al principio de capacidad económica establecido en la Constitución, en un contencioso que afecta a la Asociación Española de la Industria Eléctrica, Endesa Generació e Iberdrola, y, por otro lado, la Administración General del Estado.

Las eléctricas argumentaban que los modelos de autoliquidación y pago de los citados impuestos sobre combustible nuclear gastado constituyen una suerte de impuesto especial sobre los productores de energía nuclear que distorsiona el mercado español de la electricidad, lo cual debe considerarse ilícito.

El Supremo entendía que el objetivo de los impuestos es incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica, para que los productores de energía nuclear asuman una parte de la financiación del “déficit tarifario” (diferencia entre los ingresos que las compañías eléctricas españolas reciben de los consumidores y el coste del suministro de la electricidad reconocido por la normativa nacional) mayor que la de otros productores de energía.

Consideraba también que la libre competencia en el mercado de la electricidad se ve falseada si determinadas empresas se someten a una tributación por su forma de producción sin una justificación objetiva.

Pero el Tribunal Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad indicando que, al haber expresado el Tribunal Supremo sus dudas también acerca de la compatibilidad de la legislación nacional con el Derecho de la Unión, debía plantear primero una cuestión prejudicial al TJUE, cuyo abogado general no ve aplicable la legislación comunitaria.

No obstante, el jurista añade que, en caso de que el Tribunal europeo no comparta su opinión, aporta una solución alternativa.

En ella considera que la Directiva no se opone, en principio, a la normativa española, ya que la situación de las empresas eléctricas que utilizan energía nuclear no es comparable a la de otros productores de energía en cuanto a la protección del medio ambiente y de la seguridad.

No obstante, el jurista comunitario añade que el Tribunal Supremo deberá valorar, en su caso, si el objetivo de dicha normativa está realmente relacionado con la protección del medio ambiente y la seguridad y, si es preciso, determinar si la diferencia de trato fiscal deparado a los distintos tipos de productores de electricidad está objetivamente justificada por tales razones medioambientales.

Fuente : La Vanguadia

Ciemat: el material trasladado a Palomares “no aumenta el riesgo radiológico”

Destaca que “proviene exclusivamente de muestreos y sondeos” realizados a lo largo de los años

Las casi seis toneladas de material radioactivo trasladadas en cuatro envíos desde 2011 al área contaminada de Palomares, en Cuevas del Almanzora, “no supone un incremento del riesgo radiológico”, ya que supone un 0,0000378 por ciento del total de la actividad radiológica que ya se registra en la zona.

Así lo ha trasladado a la Audiencia Nacional (AN) el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) en una ampliación de informe elaborada a petición de la Abogacía del Estado en la que también se precisa que el citado material “proviene exclusivamente de muestreos y sondeos” realizados en Palomares a lo largo de los años.

En el primer informe, el Ciemat reveló que no era 1.500 kilos de material radioactivo como se sostuvo en un principio sino casi 6.000 los que se han trasladado a Palomares. No en 2016 en dos ocasiones, sino en cuatro envíos desde 2011. También admitió que 5.152 kilos estabam almacenados en dos contenedores marítimos ubicados junto a dos balsas de riego mientras que otros 670 kilos permanecían en un laboratorio ubicado en la llamada zona 3, ubicada entre las calles Paraje Guardicas y Diseminado La Punta.

Estos datos se conocen en el marco del procedimiento contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción para que la Audiencia Nacional obligue al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) activar en Plan de Rehabilitación de la zona que se aprobó en 2010.

En la ampliación de informe, consultada por Europa Press, el Ciemat precisa que el material trasladado a Palomares en 2016 está compuesto de muestras y no de residuos radioactivos, al tiempo que indica que, en términos de la actividad y de la cantidad de material trasladado, “no provoca alteración en el inventario”.

Sostiene que supone un 0,0000378 por ciento de la actividad radiológica existente en la zona y un 0,012 por ciento sobre el total de terreno afectado, más de 40 hectáreas, por lo que, según remarca, “su presencia en Palomares no supone un riesgo radiológico en la zona”.

“No se comunicaron los traslados al CSN”

Sobre si el transporte que se realizó concretamente en el año 2016 se hizo por empresa autorizada y cumpliendo con la normativa, se afirma que sí aunque se matiza que no se solicitó informe al CSN ya que, según el acuerdo europeo sobre transporte internacional de cargas peligrosas, se realizó “como bultos exceptuados”. “Por este motivo, al no ser preceptivo , no se comunicaron los traslados”, apuntilla el Ciemat.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional (AN) ha rechazado instar a la Fiscalía a que investigue si el traslado fue “irregular” y emplazó a principios de abril a Ecologistas en Acción a que sea la propia asociación la que ponga denuncia ante el Ministerio Público “si entiende que puede ser constitutivo de delito”.

En su escrito, el colectivo conservacionista señalaba al hecho de que el Ciemat haya reconocido en un informe que un envío que realizó el 29 de noviembre de 2016 “no se depositó como el resto del material en un contenedor marítimo sino que se depositó en el almacén del laboratorio que el organismo tiene en la zona 3, entre las calles Diseminado la Punta y Paraje Guardicas”.

“Se han almacenado allí 77 cajas de material radiactivo con un peso total de 670 kilos, sin señalización, ni vigilancia alguna, a pocos metros de las viviendas, en el centro del pueblo”, indicaba Ecologistas en Acción.

Añadía el colectivo que este almacenamiento “clandestino” de material radiactivo se ha realizado “sin informe favorable, ni autorización alguna, es decir, sin expediente” y que podría, por tanto, ser constitutivo de un presunto delito sobre la energía nuclear y las radiaciones ionizantes, previsto y penado en el artículo 345 del Código Penal.

En el primer informe remitido por el Ciemat al tribunal, consultado por Europa Press, el organismo precisaba se optó por el almacén del laboratorio de la zona 3 al no poder acceder al contenedor marítimo por encharcamiento de la zona 2 debido a las lluvias torrenciales”. “Desde entonces todos los materiales que constituyeron este envío permanecen almacenados en dicho lugar”, apuntilla.

Ecologistas en Acción también señalaba que podría apreciarse “irregularidad” de acuerdo a lo contemplado en el capítulo XIV, sobre infracciones y sanciones en materia nuclear, de la Ley 25/64 de 29 de abril de energía nuclear ya que, según remarcaba, el CSN, al tener conocimiento del traslado, en un escrito de fecha 31 de octubre de 2018, “se limitó a manifestar que el CSN no tiene comentarios” al respecto.

Tras analizar la prueba remitida por el Ciemat a requerimiento de la Audiencia Nacional, el colectivo criticaba con dureza el comunicado que hicieron público de forma conjunta el organismo y el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora el 26 de octubre de 2018 a raíz de la “información periodística” que revelaba la existencia de dos traslados desde Madrid en 2016, que a la postre han terminado siendo cuatro desde 2011.

“No se han realizado dos traslados de material radiactivo, como afirmaron, sino cuatro, y el peso del material radiactivo trasladado y almacenado en Palomares no ha sido de tonelada y media sino de 5,8 toneladas”, remarcaba para añadir que la actividad radiológica del material es de un total de “274 millones 340 mil Bequereles, muy alejados de los 13 millones de Bequereles que inicialmente reconocieron”.

Concluía para pedir que se dedujera testimonio y se diese traslado al Ministerio Fiscal para investigación que el material radiactivo se ha trasladado “desde la Instalación Radiactiva de 2a clase, la IR-17, sita en Madrid, a Palomares” y que, tanto el transporte como el posterior almacenamiento “se ha realizado sin conocimiento del CSN, ni de Enresa”.

“Relevante” para decidir sobre la limpieza

La sala de lo Contencioso-administrativo ya rechazó la oposición de la Abogacía del Estado a que la Audiencia Nacional indagase sobre este traslado. Esta argumentó que este traslado “no tenía relación” con la decisión sobre el plan de rehabilitación de la zona.

“Si la pretensión es que se descontamine Palomares y se pide la retirada de la tierra contaminada, tiene relación con la pretensión y es un hecho relevante que se produzca un nuevo almacenamiento en dicho lugar”, indicó en su auto la Sección Séptima, que subrayó el hecho de que ya que se supone que se “trata de tierras extraídas de ese lugar” para su análisis que “ahora vuelven al mismo, es algo sobre lo que debe versar la prueba”.

Ecologistas en Acción pidió una ampliación de hechos en la causa impulsada para que la AN obligue al CSN a ejecutar el Plan de Rehabilitación de la zona aprobado en 2010 tras la “información periodística” que reveló parcialmente el transporte de este material.

Fuente: lavozdealemeria