La central nuclear de Garoña comenzará su desmantelamiento en 2019

El proceso de desmantelamiento de la planta durará entre 13 y 16 años: hasta 2034

 La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) comenzará su desmantelamiento durante el segundo semestre de 2019, fecha en la que se cargará el primero de los cinco contenedores de combustible gastados en la piscina de la planta. De este modo, Nuclenor prepará el recinto para facilitar la labor de Enresa –la empresa estatal que deshabilitará los residuos radioactivos–, según señaló este viernes Europa Press.

Fuentes propias de Nuclenor explicaron que estas tareas previas se están realizando “según lo previsto”, de modo que el acondicionamiento de los residuos operacionales y el vaciado de la piscina de combustible podrán lograrse en los plazos acordados y que, según sus propias previsiones, en el segundo semestre de 2019 se empezará a cargar material hasta el almacén temporal individualizado (ATI) situado en la propia central, para lo que la empresa ENSA (Empresas Nucleares S.A.) ha construido un puente grúa específico.

Por otro lado, Nuclenor añadió que –de momento– Enresa tiene comprados cinco contenedores para este proceso y que se encargarán del plan estratégico para el desmantelamiento de la planta, cuyo permiso para seguir operando –hasta 2031– fue denegado por el Gobierno en agosto de 2017.

Cierre de la central

El entonces ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció la denegación del permiso y el cierre de la planta porque las “circunstancias” no garantizaban la certidumbre suficiente, después de la oposición de todos los grupos políticos –excepto el PP– y las discrepancias expresadas también por los titulares al 50% de la planta, Iberdrola y Endesa.

Nadal lamentó entonces la falta de certidumbre y de un debate “sosegado”, así como la utilización de Garoña como un “símbolo de discusión política” que se convirtió en “una batalla” con posicionamiento de antemano. Así, una vez expiró el permiso de la planta para seguir operando, Enresa empezó a preparar toda la documentación necesaria para solicitar la autorización de desmantelamiento y realizar las actividades preparatorias del mismo de acuerdo con el titular, Nuclenor.

Estas tareas del titular incluyen la descarga de todo el combustible gastado de la piscina a los contenedores para su disposición al ATI –proceso que en la actualidad está detenido–. Una vez terminadas las tareas preparatorias –cuando Enresa sea titular de Garoña– comenzará el proceso de desmantelamiento de la central nuclear que más años ha operado en España.

Los pasos a seguir antes de llegar a ese momento pasan por presentar un estudio básico de estrategias para el desmantelamiento al ministerio para la Transición Ecológica; presentar el plan de desmantelamiento al mismo departamento para su aprobación y solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la autorización para desmantelar la planta. Posteriormente, el proceso administrativo terminará con la autorización a Enresa para que asuma la titularidad de Garoña; momento en el que se iniciará la fase de desmontaje y desmantelamiento.

El exministro Nadal indicó en el anuncio de la decisión del Gobierno que el proceso de desmantelamiento de Garoña tendrá una duración de entre 13 y 16 años, por lo que el proceso terminará en torno a 2034. En la actualidad, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) no fija un plazo determinado para acometer el predesmantelamiento, pero Enresa calcula que el proceso podría comenzar unos seis años después de la parada definitiva del reactor y que podría durar aproximadamente diez años.

El permiso minero “Garoña” está concedido dentro del perímetro de seguridad de la central nuclear

Garoña era un zoombie nuclear extremadamente peligroso, pese al ocultismo del CSN y los sucesivos gobiernos

 

El secreto de los ciudadanos-cobaya de Palomares

En la mañana del 17 de enero de 1966 un bombardero B-52 de la USAF intentó aproximarse a un avión cisterna KC-135 para reabastecerse en vuelo sobre el cielo de Palomares (Almería).

El B-52 había despegado de la Base de Seymour Johnson, en Carolina del Norte, a las 17.11, hora local. El accidente se produjo cuando en la costa este de los EEUU eran las 04.22. La fatiga ocasionada por más de once horas de vuelo con fallos en el piloto automático y con el ritmo circadiano adaptado a las cuatro de la madrugada, los tripulantes del B-52 no percibieron que la velocidad de aproximación al avión cisterna era excesiva y colisionaron con él.

Tras el choque, el B-52 soltó las cuatro bombas termonucleares que portaba. A dos de ellas no les funcionó el paracaídas e impactaron violentamente contra el suelo liberando los aproximadamente cuatro kilos y medio de plutonio que portaba cada una.

El viento esparció los nueve kilos de partículas radiactivas de oxido de plutonio por los municipios de Vera y Cuevas del Almanzora. Los norteamericanos, en vez de limpiar la zona se limitaron a cubrir con tierra 103,6 hectáreas contaminadas. También depositaron residuos radiactivos en dos fosas de 1.000 m3 y 3.000 m3 de capacidad. Únicamente se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur) 1.000 metros cúbicos de residuos radiactivos que contenían unos 270 gramos de plutonio. Los aproximadamente 8 kilos y 700 gramos restantes los dejaron en Palomares.

El Gobierno de Franco y el de EEUU se pusieron de acuerdo en guardar el secreto y afirmaron con rotundidad que los terrenos habían quedado perfectamente limpios de radiactividad. Recordemos las declaraciones del Ministro Manuel Fraga Iribarne al periódico Arriba de fecha 13 de febrero de 1966: “Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación”. Las autoridades del momento repartieron certificados a los propietarios garantizando que los terrenos contaminados estaban limpios de radiactividad.

Con este engaño a la opinión pública se puso en marcha el Proyecto Indalo que tenía como principal objetivo analizar las consecuencias de la radiactividad en los seres humanos. El proyecto no pretendía limpiar Palomares de radiactividad, lo que se buscaba en secreto era exclusivamente estudiar científicamente los efectos de la radiactividad en la población, el ganado, los alimentos, la fauna silvestre y el medio ambiente en general.

Para poner en marcha este enorme laboratorio con seres vivos se desplazó a España el famoso Dr. Wright Langham, al que varios autores le han atribuido haber inyectado plutonio a dieciocho ciudadanos de EEUU sin su consentimiento. De este modo, la Junta de Energía Nuclear y posteriormente el organismo que la sustituyó, el actual CIEMAT, en colaboración con los EEUU dispusieron durante muchos lustros de un laboratorio de cobayas humanas sin ellas saberlo.

Algunos científicos de la Junta de Energía Nuclear y del CIEMAT, estaban muy orgullosos de ser los únicos en el mundo que experimentaban con una población de seres vivos. Su vanidad no les permitió guardar el secreto delante de la comunidad científica y en alguna conferencia pronunciada en el extranjero dieron datos sobre lo que realmente estaba ocurriendo en Palomares.

Las filtraciones provenientes del extranjero y la desclasificación de algunos documentos en EEUU hicieron que la opinión pública y los habitantes de Palomares empezaran a sospechar que había radiactividad en la zona. El 4 de octubre de 1985, los habitantes de Palomares hartos de tanto secreto se negaron a volver a Madrid para ser analizados si no les entregaban los resultados de las pruebas.

La Junta de Energía Nuclear y los norteamericanos se echaron a temblar ante el riesgo de perder un laboratorio tan valioso para sus experimentos y el 29 de octubre de 1985 mandaron una carta a los afectados, con los resultados de los análisis, pero los informes no iban completos, por ejemplo faltaba y falta la prueba de dosimetría biológica, que consiste en analizar el daño causado por el plutonio en las cadenas de ADN.

Los científicos del CIEMAT siguieron filtrando involuntariamente datos en el extranjero. Esto le sucedió por ejemplo a Emilio Iranzo, responsable de Palomares en el CIEMAT  cuando publicó en 1987 un artículo en Health Physics con el título “Air Concentrations and Potencial Radiation Doses to People Living Near Contaminated Areas in Palomares (Spain)”. También dio datos desconocidos hasta entonces en la conferencia pronunciada en Orlando (Florida) el 31 de octubre de 1988. A pesar del secreto, a finales de los años ochenta los investigadores privados no tenían ninguna duda de que en Palomares había mucha radiactividad, aunque todavía no sabían la cantidad, ni la ubicación exacta.

Desde 1966 hasta mediada la década de los ochenta la actividad agrícola se desenvolvió a pequeña escala. Fue a partir de 1986 cuando la agricultura adquirió un alto nivel de desarrollo y comenzaron a cultivarse masivamente productos hortícolas sobre las tierras contaminadas.

Entre el 12 de abril de 1986 y el 14 de junio del mismo año se construyó una gran balsa junto al cementerio, en una zona con muy altos niveles de radiactividad. Los trabajadores-cobaya lanzaron al aire las partículas de  plutonio allí depositadas. El CIEMAT aprovechó para medir el aumento de la radiactividad en el aire, en las personas, el ganado y los alimentos  pero no advirtió a los trabajadores-cobaya de que estaban metidos en una nube de polvo radiactivo, que el viento se encargaba de extender a varios kilómetros de distancia.

En el informe periódico que Emilio Iranzo envió el 16 de febrero de 1987 a Chester Richmon, su alter ego en EEUU, le explicó cómo se había propagado la radiactividad durante la construcción de la balsa e incluso narró el detalle  de que las tierras radiactivas habían sido transportadas en camiones a cielo abierto que iban soltando polvo radiactivo por donde pasaban. Iranzo no dedicó ni una sola palabra a tomar medidas para evitar la extensión de la radiactividad. En el informe secreto, sólo se mostró preocupado por la creciente inquietud de los habitantes de Palomares respecto a la verdadera situación radiológica de la población, lo que podía provocar un plante similar al del 4 de octubre de 1985.

En enero de 1988 se volvió a repetir la historia, los trabajadores-cobaya volvieron a construir otra enorme balsa junto a la anterior con la consiguiente dispersión de las partículas radiactivas por efecto del viento. El CIEMAT tampoco adoptó ninguna medida para evitarlo se limitó a cumplir con la misión del Proyecto Indalo, investigar con seres vivos.

Durante los seis meses que duró la construcción de la segunda balsa, el CIEMAT únicamente midió el aumento de la radiactividad. Con los datos obtenidos, tres científicos del CIEMAT: J. Martínez, A. Espinosa y A. Aragón elaboraron un estudio cuyo objeto era “Determinar experimentalmente la variación de partículas de polvo en suspensión debido a la realización de diferentes labores agrícolas”.

Los datos obtenidos en Palomares los compararon con los producidos por los mismos trabajos agrícolas efectuados en Chernóbil y llegaron a la conclusión de que la concentración  de partículas de plutonio en el aire aumentaban en mayor medida en Palomares que en Chernóbil.

La comparación entre Palomares y Chernóbil se volvió a repetir en 2012. Científicos alemanes contratados por la cadena pública ZDF, compararon  la radiactividad existente en ambas poblaciones y concluyeron que en Palomares hay puntos calientes de plutonio con dieciséis veces más radiactividad que en la zona de exclusión de Chernóbil.

La gran diferencia entre las pruebas agrícolas realizadas en 1988 por el CIEMAT en Palomares y Chernóbil para comparar ambos escenarios, es que en Palomares dispusieron de trabajadores vivos para sus experimentos y en Chernóbil tuvieron que recurrir a pruebas de laboratorio porque allí está prohibido experimentar los efectos de la radiactividad en seres humanos sin contar con su consentimiento.

El CIEMAT siguió permitiendo durante muchos años que se cultivaran y se comercializaran productos agrícolas procedentes de tierras altísimamente contaminadas sin tomar absolutamente ninguna medida de protección, hasta que surgió la burbuja inmobiliaria y el Gobierno decidió limpiar la zona.

Los planes urbanísticos de los ayuntamientos de Vera y Cuevas del Almanzora pretendían urbanizar los terrenos contaminados para lo cual era preciso limpiarlos antes de construir los adosados porque nadie compra un chalet con plutonio y americio en el garaje. El interés urbanístico fue tan desaforado que los constructores no esperaron a la limpieza y metieron las máquinas en los terrenos radiactivos liberando así el plutonio que los norteamericanos habían tapado con tierra en 1966. Los desmontes llegaron a escasos metros de una de las fosas secretas, la de 3.000 m3. Este lanzamiento del plutonio a la atmósfera aumentó la contaminación del aire y de las personas que desconocedoras del peligro trabajaron en el movimiento de tierras.

Fue entonces cuando el Gobierno empezó a tomar medidas de protección expropiando las zonas contaminadas y vallándolas en base a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 62/2003 que aprobó el Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica, PIEM-VR. Eligieron ese extraño nombre para seguir ocultando a la opinión pública que los terrenos a expropiar estaban en Palomares.

En el periódico El País de fecha 18 de noviembre de 2004, el alcalde pedáneo de Palomares y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, D. Juan José Pérez, manifestó la intención del Ayuntamiento de urbanizar los terrenos contaminados. En la actualidad, todos los terrenos contaminados están clasificados como urbanizables o de uso agrícola, así aparecieron clasificados en el BOJA de fecha 24 de marzo de 2009 que publicó el POTLA, Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense.

El 5 de mayo de 2010 el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó el Plan de Rehabilitación de Palomares elaborado por el CIEMAT, que consiste en limpiar 50.000 m3 de tierra contaminada para reducirlos a 6.000 m3 y trasladarlos a Estados Unidos, pero los americanos consideraron que 6.000 m3 era mucha cantidad a almacenar y presionaron al Gobierno español para que en vez de limpiar 50.000 m3 limpiasen sólo 28.000 m3, dejando el resto esparcido por el terreno.

Para reducir  el volumen de las tierras a almacenar, el US Department of Energy, DOE, envió al Ministerio de Asuntos Exteriores español el documento titulado Evaluation of Alternatives for Remediation of Soil of Contamination at de Palomares Accident Site (DOE/NV-1536) donde el DOE propone modificar los criterios radiactivos aprobados por el CSN el 5 de mayo de 2010 para así poder dejar casi la mitad del plutonio en Palomares. De esta forma conseguirán dos objetivos: de un lado reducirán los costes de almacenamiento de los residuos, y de otro, continuarán disponiendo de un laboratorio en vivo, sobre todo entre los trabajadores de la construcción, que será la población con más riesgo, según anunció el CSN en el informe remitido al Congreso de los Diputados el 22 de marzo de 2017. Esperemos que cuando estos operarios finalicen las obras, el CIEMAT tenga la deferencia de informarles de la situación en que han quedado sus cadenas de ADN.

El Gobierno español se plegó a las presiones del DOE, y el CSN en la reunión celebrada el 22 de julio de 2015 aprobó limpiar sólo 28.000 m3. Fue entonces cuando se firmó el acuerdo Kerry-Margallo el 19 de octubre de 2015.

Si limpian solo 28.000 m3 no se solucionará el problema y habrá que dejar zonas con restricciones de uso, como ya ha reconocido el CSN. A pesar de rebajar los 50.000 m3 a sólo 28.000 m3, la nueva Administración norteamericana no tiene la menor intención de llevarse el plutonio, ni mucho, ni poco.

En la actual situación lo lógico es que el CSN ordene al CIEMAT que ponga en práctica el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en 2010, sin tener en cuenta la modificación de los criterios radiológicos acordada en 2015, y que los 6.000 m3 de tierra contaminada sean almacenados provisionalmente en donde decida ENRESA, a la espera de encontrarles un almacén definitivo que no tiene porqué estar en EEUU.

El anterior Ministro de Asuntos Exteriores español, Sr. Margallo, declaró confidencial el documento del US DOE que presionaba para reducir el volumen de las tierras a tratar. El CSN hizo lo mismo con el acuerdo de 22 de julio de 2015. De este modo el Gobierno pudo presentar en vísperas electorales el acuerdo Kerry-Margallo como un triunfo, cuando en realidad fue una claudicación ante el Consejo de Seguridad Nacional de los EE.UU. que es quien dirige el asunto de Palomares.

Hace más de dos meses, el coordinador nacional de Ecologistas en Acción pidió al actual Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Borrell, que desclasifique el documento del DOE para que podamos saber en qué criterios “científicos” se basan para querer dejar casi la mitad del plutonio esparcido por Palomares. Esperamos que diga algo, aunque sólo sea por educación.

La tragedia de Palomares ha estado sometida desde casi sus comienzos a la Ley de Secretos Oficiales 9/1968 de 5 de abril. Se está utilizando, una vez más, la Ley franquista de Secretos Oficiales para ocultar comportamientos inconfesables por parte de los sucesivos gobiernos de la “democracia”.

Fuente: infolibre

Más sobre la contaminación en Palomares (Almeria)

ENRESA investiga cómo se filtró agua de lluvia en una celda de El Cabril

 

Enresa asegura que el agua filtrada en una celda de El Cabril no requiere actuar

El hallazgo de esta anomalía se produjo en una comprobación periódica de la cantidad de agua acumulada en los depósitos de agua de lixiviados de la celda 29, hecha en diciembre de 2017.

Enresa, la empresa nacional que gestiona el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad de El Cabril, ha asegurado que el agua filtrada en una celda (la 29) no requiere ninguna actuación y que los análisis efectuados han descartado “totalmente cualquier riesgo radiológico”.

En un comunicado, Enresa explica que el diseño de las celdas destinadas al almacenamiento de residuos de muy baja actividad “contempla la posible entrada y recogida de aguas procedentes de infiltraciones, lluvias o condensaciones producidas en las propias celdas”. Por este motivo, añade la empresa, “cada celda incorpora una red de recogida de lixiviados que conduce dichas aguas hasta un depósito final de control, permitiendo de esta forma la vigilancia y control de las mismas”.

La empresa recuerda que la filtración se produjo en diciembre del 2017, durante las obras de cierre de la sección en la que se encuentra la celda 29, cuando las cubiertas de protección se habían desmontado para iniciar el proceso de cierre definitivo. En las labores de vigilancia se observó que el agua recogida en los depósitos de control “era superior a la cantidad media establecida”, y por ello se analizó para conocer su origen, estableciéndose que procedía de la lluvia y que no existía riesgo.

En marzo pasado se finalizó el proceso de cierre, “sin que desde entonces se hayan detectado cantidades de agua superiores a la media especificada”, concluye el comunicado.

Información sobre la filtración de agua

El coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, ha informado hoy de que pedirá a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía información sobre la filtración de agua de lluvia en una de las celdas de almacenamiento del cementerio de El Cabril en Hornachuelos (Córdoba), según refleja un informa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde se ha reunido con trabajadores del Infoca, Maíllo ha mostrado su “preocupación” por el informe del CSN y su contenido, y ha adelantado que IU pedirá información sobre “cómo se ha podido producir esa filtración y cómo no se han activado mecanismos de seguridad y de prevención, sobre un hecho que ocurrió en diciembre de 2017”.

A su juicio, el hecho de que se haya producido una filtración en una celda que se supone debe estar “absolutamente blindada”, lanza un mensaje de falta “de previsión o de blindaje”.

Filtración no contemplada en el protocolo de seguridad

“Si se produce una filtración hacia dentro, también se puede producir hacia afuera”, ha sugerido el coordinador andaluz de IU, quien ha considerado este hecho como “muy grave” al ser una “filtración que no se contemplaba” en el protocolo de seguridad.

El informe del CSN que se entrega anualmente al Congreso de los Diputados refleja que los análisis realizados hasta el momento descartan el riesgo, dado que “los resultados obtenidos son inferiores al límite inferior de detección”.

Panorámica del ATC de El Cabril, en CórdobaEvolución de la población de Hornachelos (Córdoba)

Fuente: EFEverde y diariocordoba

 

El Gobierno paraliza el permiso de construcción del almacén de residuos nucleares

El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido paralizar el permiso de construcción del almacén para residuos nucleares, ideado hace casi dos décadas y que acumula un enorme retraso.

El Almacén Temporal Centralizado (ATC), previsto por el Gobierno del PP en Villar de Cañas (Cuenca) para guardar los residuos de todas las nucleares, cuenta con el rechazo del Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha. El ministerio ha enviado un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que suspenda la tramitación del permiso de construcción. Quiere tener diseñada su política energética antes de que se dé vía libre a este polémico proyecto.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que la semana pasada el departamento de Teresa Ribera envió el escrito al CSN, el supervisor encargado de analizar y avalar el permiso de construcción del silo para desechos nucleares. En la misiva se instaba a suspender la tramitación de ese expediente. Las mismas fuentes señalan que en breve el CSN celebrará un pleno en el que está previsto que se apruebe la paralización del permiso de construcción a instancias del ministerio.

 

Leer más: elpais

Bruselas abre un proceso de infracción a España por las normas de seguridad nuclear

La Unión Europea enmendó su directiva sobre esta materia en 2014 para reforzar la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, aumentar el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos.

Ahora se empieza a sentir la gestión del gobierno del  PP-Rajot sobre los pufos con la energia solar y la nuclear.

La Comisión Europea (CE) ha abierto este jueves un procedimiento de infracción a España y Polonia para instarles a que completen la introducción en sus legislaciones nacionales de la Directiva europea en materia de seguridad nuclear.

Estos países tienen dos meses para responder a la carta de emplazamiento que les ha enviado el Ejecutivo comunitario y, si no lo hacen o sus explicaciones no satisfacen a Bruselas, el procedimiento podría avanzar con una petición formal para que presenten medidas concretas y, eventualmente, terminar en los tribunales europeos.

La Unión Europea enmendó su directiva sobre seguridad nuclear en 2014 tras haber efectuado pruebas de estrés en los países, a raíz del accidente Nuclear de Fukushima y para cumplir con las exigencias de organismos internacionales, y los países debían introducir los cambios en su legislación a más tardar en agosto de 2017.

Estas normas reforzaron la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, obligan a hacer una reevaluación de la seguridad de todas las plantas nucleares al menos una vez cada diez años, refuerzan el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos y permiten a unos Estados evaluar lo que hacen otros.

Además de España y Polonia, la Comisión ya había abierto en diciembre un procedimiento de infracción a Bélgica por este motivo, pero las medidas notificadas por el país para implementar las normas europeas no cumplen con las exigencias de Bruselas.

Por este motivo, la CE ha dado este jueves un paso más en el procedimiento pidiéndole nuevas medidas en un máximo de dos meses o la llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Fuente: publico.es

 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha activado el proceso de cierre del parque nuclear

Lo hizo en su primera comparecencia en el Congreso, al confirmar que su hoja de ruta consiste en mantener como referencia la vida tecnológica útil de las centrales, que es de 40 años. El RIP final -teórico- debería tener lugar en 2027 en  Trillo (Guadalajara), aunque es posible que para no solapar procesos, los cierres se extiendan más allá de 2030.

El apagón nuclear se enfrenta, entre otros, a dos problemas serios: la incertidumbre sobre la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Guadalajara) y la ausencia de un Plan de Gestión de Residuos que sustituya al vigente, que tiene una antigüedad de 12 años y que le ha costado a España la apertura de un expediente de infracción por parte de Bruselas.

La ausencia de algo tan básico como un lugar para almacenar residuos peligrosos es lo que ha llevado a Ribera a matizar que el apagón puede ir más allá de 2030; porque habrá que estudiar múltiples factores de cada instalación, como el coste financiero, las necesidades técnicas y de ingeniería o la gestión de los desechos.

Tras el cambio de Gobierno, pocos creen que el ATC de Cuenca pueda llegar a buen fin. Ni entre las empresas, ni entre los “sabios” que han preparado los planes de transición energética hay quien crea que el ATC pueda estar construido en 2024. En el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en la empresa pública de residuos Enresa los trámites administrativos en torno al ATC siguen por inercia. “Nadie nos ha indicado lo contrario” sostienen fuentes del organismo que preside Fernando Marti.

No solo derogar el impuesto al sol: el PSOE quiere tumbar la política energética del PP

La intención que mostró Pedro Sánchez el pasado jueves de derogar el impuesto al sol en su discurso de moción de censura es solo la punta del iceberg respecto a las intenciones que tiene el nuevo Ejecutivo socialista en materia energética. Fuentes próximas al nuevo presidente del Gobierno se muestran partidarias de dar un giro de 180 grados a las iniciativas impulsadas en los últimos años por los hermanos Alberto y Álvaro Nadal, principales responsables de la política energética durante el mandato de Mariano Rajoy.

El nuevo equipo de gobierno tendrá que empezar a tomar decisiones importantes de manera inmediata. El responsable del ramo —aún por nombrar— deberá estar presente en el consejo de la Unión Europea el próximo 11 de junio para aprobar los puntos más controvertidos que se están discutiendo en la directiva de renovables.

Fuentes presentes en las negociaciones comunitarias, conocidas como trílogos, aseguran que el Parlamento Europeo se congratula de que España ya no esté representada por Nadal. Y es que la postura de la Eurocámara en materia de renovables, defendida por el eurodiputado José Blanco, aboga por extender al 34% el objetivo de penetración de energías limpias en 2030, una cifra que dista mucho del 30% al que estaba dispuesto a llegar Nadal. La presencia en el consejo de un nuevo responsable socialista por España se entiende como un apoyo más a las tesis del Parlamento y uno menos para los más conservadores y defensores del carbón, como Polonia o la propia España hasta ahora.

Ruth Ugalde

Estructura de Gobierno

Precisamente la configuración comunitaria del paquete europeo sobre clima y energía lleva a las fuentes consultadas a pensar que Pedro Sánchez podría optar por unir el Ministerio de Energía con el de Medioambiente, hoy empotrado en Agricultura. Esta es una opción mucho más plausible de la que reividica un responsable de la era Zapatero, que cree que Industria, hoy en Economía, debería ir de nuevo con Energía.

El propio Sánchez reivindicó el jueves en el Congreso de los Diputados “la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que incentive la inversión en renovables”. La manera de enfocar esta, hasta ahora, desde dos ministerios diferentes ha llevado a que se cuestionara en muchos momentos si Tejerina y Nadal estaban alineados a la hora de sacar adelante esta trascendental ley.

El Gobierno del PP pretendía tener preparada la misma, al menos en borradores, a finales de año. Ahora, fuentes del PSOE señalan que habrán de esperar a entrar en los ministerios para ver en qué punto de elaboración se encontraba la misma y en función de ello valorar los plazos de ejecución.

Foto de archivo de la exministra española de Medio Ambiente Rosa Aguilar (d) y la exsecretaria de Cambio Climático Teresa Ribera (i). (EFE)
Foto de archivo de la exministra española de Medio Ambiente Rosa Aguilar (d) y la exsecretaria de Cambio Climático Teresa Ribera (i). (EFE)

Las quinielas para tomar el mando en este ramo apuntan directamente hacia Teresa Ribera. La exsecretaria de Estado de Cambio Climático con Zapatero fue rescatada por Pedro Sánchez para su equipo de expertos. Otro nombre que suena es el de Cristina Narbona. La exministra y exconsejera del CSN es uno de los pesos pesados del PSOE de Sánchez.

También apuntan el nombre de Natalia Fabra, hija del expresidente de Red Eléctrica y hoy consejero del CSN, Jorge Fabra, como candidata a participar en esta área de Gobierno. Tampoco se descarta la posibilidad de que tome algún cargo el expresidente de REE y exministro Luis Atienza.

En este punto, cabe destacar que Podemos, el principal apoyo de la moción de Sánchez, pidió esta misma semana un Ministerio de Transición Energética y la creación de una vicepresidencia de Transición Ecológica, dada la importancia que constituye este ramo. Curiosamente, uno de los pocos que han reclamado que se dé rango de vicepresidencia a esta materia es la Fundación FAES de José María Aznar. El expresidente proponía en marzo una vicepresidencia económica para coordinar la transición energética.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), acompañado por la presidenta del partido, Cristina Narbona (i), y la vicepresidenta, Adriana Lastra (d). (EFE)
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), acompañado por la presidenta del partido, Cristina Narbona (i), y la vicepresidenta, Adriana Lastra (d). (EFE)

Cierre de las nucleares

La importancia de Narbona tiene un peso específico sobre cuestiones clave energéticas corroboradas en el 39º Congreso del partido. Así, la ejecutiva de Sánchez tiene una idea radicalmente opuesta a la de Nadal respecto a nucleares y carbón. Los socialistas abogan por el cierre de las nucleares al término de su vida útil, con 40 años. Al mismo tiempo, la polémica que mantenía el ya exministro con Iberdrola por el cierre de sus dos plantas de carbón decaería. Los socialistas no han apoyado el encaje legal que buscaba el PP para impedir el cierre de centrales.

Entre las razones de la caída de Rajoy, hay quien incluye la influencia de Iberdrola, por su proximidad al PNV. Para los Presupuestos, los ‘jeltzales’ ya consiguieron que el PP guardara en el cajón cualquier reforma que pudiera afectar a los intereses de la eléctrica con sede en Bilbao.

Juan Cruz Peña

No obstante, una cosa es hablar y otra dar trigo. El cierre de las nucleares tiene un importante impacto a día de hoy en el precio de la luz, como se ha demostrado este mes de mayo, en el que tres centrales han estado cerradas. Además, la no prolongación de la vida útil de las plantas atómicas deja sin resolver el multimillonario agujero de Enresa.

Redes y renovables

Otro de los puntos de conflicto entre las empresas energéticas y el Gobierno de Rajoy ha sido la manera de abordar la retribución de las redes y las renovables a partir de 2020, cuando hay que revisar la “rentabilidad razonable”. El ministro enterró cualquier posibilidad de subir esta del bono más 300 puntos básicos, lo que en la práctica supone una caída de en torno el 30% de los ingresos de las renovables en régimen específico.

En este sentido, hay que recordar el capítulo de enero, en el que el PP quiso adelantar algunos ajustes tanto en electricidad como en gas. La iniciativa no prosperó, ya que se encontró con el ‘no es no’ del PSOE. El responsable en la ejecutiva socialista para esta cuestión, Hugo Morán, se negó a apoyar al exministro por lo que pensaba era una flagrante ruptura de la seguridad jurídica en un sector intensivo en inversión extranjera.

Juan Cruz Peña

Arbitrajes internacionales

Precisamente, el PSOE cree que es necesario reunirse con todos los agentes para recuperar esa confianza inversora. El nuevo Ejecutivo de Sánchez tratará de buscar una solución con los inversores para no tener que enfrentar los casi 40 arbitrajes internacionales que pesan sobre el Reino de España, por los que se reclaman más de 7.500 millones de euros, según las fuentes consultadas.

El exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal. (EFE)
El exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal. (EFE)

Esta fue una de las consecuencias de la reforma del sistema eléctrico de 2013. Pocos días antes de que cayera el Ejecutivo de Rajoy, como si supiera que eran sus palabras de despedida, Álvaro Nadal intentaba poner en valor su gran aportación política, que se firmó con su hermano en el puesto de secretario de Estado de Energía: “Hemos ahorrado a los españoles 175.000 millones en energía […] sin la reforma, el precio de la energía habría subido un 42% en España […], es difícil no percibir el daño no realizado”.

El informe de los expertos

De su legado queda el informe del comité de expertos sobre energía. Un informe del que el PSOE utilizará justo lo que había desechado el PP. Mientras a Nadal lo que le gustaba era lo relacionado con el cierre de centrales y las conclusiones respecto al impuesto al sol, al PSOE le parece que lo que tiene más valor es la propuesta fiscal. Esta tiene sensibles implicaciones, como la subida al gasóleo del 28% y la bajada de la electricidad del 7%.

Juan Cruz Peña

‘Fracking’, Castor, gasolineras ‘low cost’

Por si todo esto fuera poco, también hay algunos temas menos visibles en los que habrá un cambio total en la postura adoptada por la Administración central. El polémico ‘fracking‘, la técnica de extracción del ‘shale gas’ que se exploró en diversos lugares de España durante el mandato de José Manuel Soria, tendrá ahora aún más difícil conseguir seguir adelante.

El senador burgalés Ander Gil, uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez que también suenan como ministrable, ha sido uno de los políticos más beligerantes contra los partidarios de implantar esta controvertida técnica de extracción de gas de esquisto.

Juan Cruz Peña

Más difícil es saber qué hará el nuevo Gobierno con temas espinosos como la indemnización por el almacén de gas Castor, hoy sumida en la incertidumbre judicial, o la regulación de las gasolineras ‘low cost’.

No obstante, toda esta declaración de intenciones hay que tomarla con cautela. La arquitectura de apoyos que necesitará el PSOE en el Congreso pone en duda que, más allá del impuesto al sol, Pedro Sánchez pueda darle la vuelta al legado energético de Rajoy.

Fuente: elconfidencial