La central de Cofrentes (Valencia) y Hommer Simpson

El CSN cuestiona la “inadecuada actitud” en las revisiones. El componente de la válvula, sostienen las fuentes al tanto de los trabajos de puesta en marcha, ha sido localizado y se va a extraer en los próximos días. No es un trabajo fácil.

En la hipótesis más probable, la pieza se extraerá del lugar en el que se encuentra -el difusor- cortando y soldando bajo metros de agua que actúa como aislante de elementos muy contaminantes.

Los técnicos de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), la más potente de las existentes en España (1.092 MW), se enfrentan a un problema peliagudo: como extraer del corazón de la planta una pieza suelta que podría afectar al núcleo. Palabras mayores. La central, propiedad de Iberdrola al 100%, está parada desde septiembre. Entonces cerró para una recarga rutinaria de combustible. El proceso iba a durar 15 días pero va camino de tres meses porque al arrancar se reprodujo un fallo en el sistema de válvulas que ya había sido detectado en agosto.

En plena pugna de Iberdrola -y de su presidente Ignacio Sánchez Galán- con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) vigila muy de cerca los trabajos de puesta en marcha de la central. Iberdrola quiere arrancarla el 10 de diciembre de diciembre. Pero todo está en el aire.

El CSN está ojo avizor. En un lenguaje poco habitual en el organismo que dirige Fernando Martí, el Consejo daba cuenta en octubre de que Iberdrola había comunicado una “parada no programada” debido “a defectos en una válvula que han dado lugar al desprendimiento de fragmentos de dicha válvula en el sistema de agua de alimentación, que no han podido ser recuperados”.

Fuentes al tanto de la investigación de la avería han traducido el incidente: el pasador de una de las válvulas que regula el sistema de refrigeración del núcleo de la central había desaparecido y había viajado por el sistema. A saber dónde. Lo grave es que, según las mismas fuentes, la central ya había detectado un problema en el caudal del sistema de refrigeración -disminución del 16%- en el mes de agosto.

Reproches del CSN

Pese a ello, la central inició la operación de recarga en septiembre y en octubre puso en funcionamiento de nuevo la instalación… que tuvo que apagar al persistir el problema. El CSN censuró la acción. En su particular lenguaje, exigió a Iberdrola “un análisis de causa raíz de todas las circunstancias asociadas con este suceso” y una evaluación detallada “de los componentes transversales de cultura de seguridad potencialmente afectados, particularmente (sic), la inadecuada actitud cuestionadora que llevó a no realizar una revisión y el mantenimiento de la válvula durante la última parada de recarga“.

El componente de la válvula, sostienen las fuentes al tanto de los trabajos de puesta en marcha, ha sido localizado y se va a extraer en los próximos días. No es un trabajo fácil. En la hipótesis más probable, la pieza se extraerá del lugar en el que se encuentra -el difusor- cortando y soldando bajo metros de agua que actúa como aislante de elementos muy contaminantes.

Pese a todo, Iberdrola mantiene el calendario de puesta en marcha para la primera quincena de diciembre. “No tenemos constancia de que el CSN haya puesto inconvenientes a la nueva fecha”, señalan en la empresa. Por su parte, el CSN remite a su comunicado de octubre sobre Cofrentes, en el que daba tres meses a la empresa para informar sobre las causas del incidente.

Le eléctrica precisa que el CSN categorizó el suceso de nivel cero (sin significación para la seguridad) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES). Cofrentes acumula ocho incidentes con al misma calificación este año.

Siete niveles de sucesos

En la escala INES, los sucesos se clasifican en siete niveles. Los sucesos de los niveles de 1 a 3 se denominan “incidentes”, mientras que en el caso de los niveles 4 a 7 se habla de “accidentes”. Cada ascenso de nivel en la escala indica que la gravedad de los sucesos es, aproximadamente, diez veces superior. Cuando los sucesos no revisten importancia desde el punto de vista de la seguridad se los denomina “desviaciones” y se clasifican “bebajo de la escala / Nivel 0”.

La clasificación no basta para tranquilizar a todos. El Movimiento Ibérico Antinuclear ha pedido el cierre de la central. Lo más conveniente, en su opinión, es que la central de Cofrentes no vuelva a ponerse en marcha ya que en 2019 está previsto que se saturan sus piscinas de residuos de combustible gastado.

Fuentes internas del CSN han confirmado que, efectivamente, se han puesto en marcha contactos para la futura construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) en Cofrentes.

La central, conectada a la red en 1984, tiene que solicitar renovación de la concesión a partir de marzo de 2018. La actual autorización para operar expira en el año 2021. La central -300 hectáreas- está situada a dos kilómetros del pueblo de Cofrentes, en la provincia de Valencia, en la margen derecha del río Júcar. Está equipada con un reactor de agua en ebullición del tipo BWR, diseñado por General Electric.

Fuente: lainformacion.com

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Rifirrafe entre el presidente del CSN y un miembro del Comité Asesor a preguntas sobre el ATC


Rifirrafe entre el presidente del CSN y un miembro del Comité Asesor a preguntas sobre el ATC de Villar de Cañas. Se ha producido este jueves, en una de las reuniones anuales que se celebran para asesorar al Consejo de Seguridad Nuclear en materia de transparencia y recabar información sobre la actividad del organismo. El proceso de licenciamiento del Almacén Temporal Centralizado ha sido uno de los asuntos a tratar.

En la batería de preguntas que uno de los miembros del Comité Asesor ha realizado, se ha cuestionado el acta de inspección de un técnico del CSN del pasado mes de junio, donde denunciaba imprecisiones y contradicciones de los datos que le suministraba ENRESA, la empresa encargada de la construcción del silo nuclear conquense. Francisco Castejón ha solicitado conocer qué acciones se piensan tomar ante el contenido de esta queja, que según subraya es de un inspector del propio CSN.

Otro de los momentos tensos se producía cuando se ha proyectado un video elaborado por ENRESA y que el presidente del CSN ha defendido “a pesar de ser una proyección que no refleja la realidad de lo que sería el futuro ATC”, según explica Castejón.

En concreto “no plasma la manipulación de los residuos que habría de los trabajadores, ni qué puede ocurrir en caso de accidente”. Así las cosas, señala que “su amparo muestra la estrecha e inusual relación que existe entre el organismo regulador y la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos”.

Castejón ha insistido en la no idoneidad de los terrenos de la localidad conquense para albergar el Cementerio Nuclear.

Fuente:  cadenaser.com

Podemos pide a la Junta garantías sobre la seguridad del entorno de El Cabril

Panorámica de El Cabril, en Hornachuelos

El Grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía ha registrado una pregunta dirigida al Pleno de la Cámara en la que se interesa por las actuaciones que va a desarrollar la Junta, en el ámbito de sus competencias, para exigir al Gobierno central y a la empresa responsable del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) que garanticen la seguridad de la población cordobesa y eviten la acumulación de residuos de alta y prolongada actividad en un lugar que, en principio, no estaba diseñado para ello.

Según señala en la cuestión, consultada por Europa Press, la diputada Carmen Molina, en la memoria presentada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para las instalaciones de El Cabril se recogía que la instalación estaba concebida para almacenar bultos de residuos de media y baja actividad y vida corta, es decir, con necesidad de aislarlos de las personas y del medio ambiente unos trescientos años.

“En consecuencia, si las barreras de protección se comportan de forma adecuada, deben soportar trescientos años el paso del tiempo. Sin embargo, en el cementerio nuclear de El Cabril se están transportando y almacenando sustancias componentes del combustible de las centrales nucleares, dióxido de uranio (UO2), procedentes de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca), de Enusa Industrias Avanzadas S.A., S.M.E.

El UO2 es una sustancia clasificada como muy tóxica, cancerígena y peligrosa para el medio ambiente por la Unión Europea, y tiene como componente U-235, sustancia con una vida media de cientos de millones de años, según Podemos, que recuerda también que El Cabril, “si no se impide, albergará los materiales radiactivos procedentes del desmantelamiento de las centrales nucleares españolas, para lo que tendrá que multiplicar por cuatro la capacidad actual”.

Según los documentos de Enresa, El Cabril estaba dimensionado para albergar 58.000 metros cúbicos de basura radiactiva, mientras que los residuos de media y baja actividad serán de 243.000 metros cúbicos, según la misma empresa.

La formación morada incide en este sentido en que aún no se dispone de confirmación por parte del Gobierno acerca de la razón por la que se está utilizando El Cabril para el traslado de dióxido de uranio radioactivo de larga duración, a pesar de ser un almacén que tiene autorización para residuos radiactivos cuya vida media no exceda los 300 años.

Fuente:   cordopolis.es

Alcalde de Villavieja de Yeltes (Salamanca) denuncia cercanía de mina uranio

 El alcalde del Ayuntamiento salmantino de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, ha denunciado hoy que la excavación para la construcción de una mina de uranio del proyecto de la empresa australiana Berkeley en Castilla y León, está a cien metros de distancia del patio del centro escolar de la localidad.

Rodríguez ha explicado en entrevista con la Agencia EFE que Berkeley ha solicitado la autorización para la concesión de permiso de explotación de las Reservas (de uranio) Estatales de la zona 7 donde se encuentra el municipio.

Berkeley, ha asegurado el alcalde, “no es una empresa minera, hasta el momento no ha obtenido uranio en ninguna de las explotaciones que tienen”, y ha añadido que según la información que maneja, el proyecto tiene “irregularidades desde el inicio del proceso”.

Achaca a la Junta de Castilla y León su empeño de optar por la “actividad extractiva de minerales” en vez de buscar otras opciones para la supervivencia de los pueblos de la región y su población.

El proyecto de explotación de uranio de la empresa Berkeley “afectaría a 35 pueblos” de la provincia de Salamanca.

Todos los regidores de esas localidades, menos el de Retortillo -donde estarían ubicadas excavaciones, una balsa de agua e instalaciones para el lavado del uranio- se han manifestado en contra en mayo pasado a través de la firma de un documento en el que solicitaron la declaración desfavorable de utilidad del proyecto.

Rodríguez ha explicado que Berkeley prevé transportar el uranio desde Villavieja de Yeltes a Retortillo para su lavado y devolverlo nuevamente a su pueblo donde probable se ubique un almacén de residuos radiactivos.

Este traslado se haría por medio de una cinta transportadora en un tramo de diez kilómetros aproximadamente, actividad que “causaría contaminación radiactiva del aire, del agua del río y de zonas declaradas de especial interés de la Red Natura 2000” durante años, según el regidor.

Rodríguez ha manifestado que la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) en un informe de 2012 declaró desfavorable la puesta en marcha del proyecto tras analizar los cuatro estudios de viabilidad (julio de 2010, noviembre de 2010, febrero de 2011 y noviembre de 2011) presentados por Berkeley.

Según la documentación facilitada por el regidor, el informe de Enusa, publicado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dice que con fecha 30 de marzo de 2012, la Empresa Nacional comunicó a Berkeley Minera España, S.A. que “no se dan los requisitos necesarios para acometer la explotación del Dominio Minero del Estado en la provincia de Salamanca, por lo que no procede, en consecuencia, la constitución de la nueva sociedad, debido a que ésta venía condicionada a la previa acreditación de la viabilidad de la explotación en el plazo acordado”.

Rodríguez ha explicado además que Portugal ha manifestado su preocupación por la contaminación de uranio que podría llegar a su territorio.

Según Rodríguez y la documentación aportada, la empresa Berkeley es asesorada por las mismas empresas que llevaron al escándalo de la empresa Uranim y la francesa Areva.

20 municipios reclaman la paralización de la mina de uranio de Salamanca

Aseguran que las instalaciones mineras pretenden instalarse en un lugar protegido ambientalmente por la Red Natura 2000

Una veintena de alcaldes de localidades cercanas a la futura mina de uranio de Berkeley Minera en la provincia de Salamanca piden el informe desfavorable de utilidad pública del proyecto. (sigue)

Fuente: Lavanguardia

Denuncian el almacenamiento de residuos no autorizados de la planta de Juzbado en Córdoba

Área de contenedores de la fábrica de Enusa en Juzbado.

Se trata de material radiactivo de la fábrica de Enusa de una vida radiactiva mayor de lo que debe para ese cementerio nuclear

La Asociación de Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear han denunciado en un comunicado que el almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad de El Cabril (Hornachuelos) “ha recibido óxidos de uranio de la fábrica de Enusa en Juzbado que no está autorizado para almacenar”, y sospechan que este hecho busca justificar una “posible ampliación sin sentido” de la instalación.

Para estos colectivos, se ha vulnerado la limitación de aceptar exclusivamente residuos que no superen hasta 300 años de vida radiactiva. Y el óxido de uranio tiene “una vida de millones de años”, señalan.

Además, recuerdan que “el cementerio nuclear de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril se encuentra al 70 por ciento de su capacidad, cuando quedan por desmantelar ocho de las diez centrales nucleares que se construyeron en España”.

Esta llegada de residuos no autorizados, según los ecologistas, se ha dado a conocer tras la publicación del Informe al Congreso del Consejo de Seguridad Nuclear de 2015. “Enresa depositó durante ese año en El Cabril algo más de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca). Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear, que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años, y no admite emisores de partículas alfa”, indican los ecologistas.

La presencia de estos residuos dificultará el desmantelamiento de El Cabril, que debería producirse 300 años después de su clausura. Al recibir esos residuos de la planta de Juzbado podría utilizarse como “justificación para ampliar este cementerio nuclear, en lugar de buscar otro emplazamiento más adecuado para el necesario almacenamiento de este tipo de residuos radiactivos. La ampliación evitaría así el necesario traslado de esos residuos, que incumplen las normas de seguridad de un cementerio para residuos de media y baja actividad”, señalan los ecologistas.

Fuente:  lacronicadesalamanca.com/183918-denuncian-el-almacenamiento-de-residuos-no-autorizados-de-la-planta-de-juzbado-en-cordoba/

La barata energia nuclear: España paga 50 millones a Reino Unido para que se quede el plutonio de Garoña

España firmó hace 14 años un acuerdo con las autoridades británicas para evitar el regreso de la basura nuclear.

La capacidad de almacenamiento de las instalaciones nucleares es muy limitada, a la espera de que se construya el ATC.

La central nuclear de Santa María de Garoña ya es historia. El Gobierno anunció su cierre definitivo el 1 de agosto. Pero las centrales pasan y sus residuos permanecen. Sobre los generados en Garoña, el Gobierno ha tomado una decisión: transferir la titularidad del plutonio generado en el tratamiento de la basura nuclear de la central burgalesa a la empresa pública británica International Nuclear Services (INS), heredera de la antigua British Nuclear Fuels(BNFL).

El Ejecutivo español alcanzó un acuerdo con BNFL hace 14 años para evitar la vuelta de los residuos reprocesados de Garoña a cambio de 34,5 millones de euros. Ahora ha dado un paso más, con un coste “en el ejercicio 2017” de 50,4 millones de euros, según detalla la memoria de la empresa pública Enresa.

Ni la empresa pública que gestiona los residuos, ni la sociedad propietaria de la central nuclear, Nuclenor (50% de Endesa y 50% de Iberdrola), han dado detalles de la operación. Nuclenor se limitó a señalar que las cláusulas del contrato están sujetas a confidencialidad.

Un hecho destacado

La operación ha quedado reflejada en una mención del presidente de Enresa, Juan José Zaballa, en el informe de la compañía de 2016. Zaballa califica de “destacado” el hecho de que el Ministerio de Energía haya refrendado la transferencia de la titularidad del plutonio a la británica INS.

Físicamente, el sensible material siempre estuvo en Reino Unido. La central de Garoña envió entre 1971 y 1983 casi 100 toneladas de combustible nuclear gastado (uranio) para su reprocesamiento. El problema está en el resultado de ese proceso, el plutonio, un residuo muy peligroso por su larga vida y posible uso militar. El plutonio, en principio, no estaba incluido en el acuerdo entre España y Reino Unido.

Si las 100 toneladas de uranio no podían volver en 2004 por falta de instalaciones de almacenamiento, menos aún un derivado más peligroso. España no puede gestionarlos. Por eso los ha enviado a otros países como también han hecho Japón, Alemania o Italia. Según explica el sexto Plan General de Residuos Radiactivos, hay residuos almacenados de la central Vandellós I en Francia y de Garoña en Reino Unido.

El plan recoge que los compromisos contractuales con Francia “contemplan que deben volver a España entre los años 2010 y 2015”, mientras que en el caso de Reino Unido los contratos cubrían hasta el año 2011 para el uranio y sólo hasta 2008 para el plutonio. Los contratos con la empresa estatal francesa Areva, por importe de 194 millones de euros, fueron modificados para extender los plazos.

Fuentes del Ministerio de Energía confirman que Enresa, en uso de sus competencias, tomó la decisión de negociar y modificar el contrato con la empresa pública británica para solucionar el problema de la posible devolución de material altamente radiactivo. El Ministerio respaldó la decisión de Enresa-Nuclenor en la etapa en la que Alberto Nadal estaba al frente de la Secretaría de Estado de Energía, señalan las mismas fuentes.

Un problema menos

Con la transferencia, Endesa e Iberdrola (Nuclenor) se quitan un problema de encima. Si desmantelar una central nuclear es un proceso lento y costoso, que en el caso de Garoña puede durar hasta 16 años, gestionar los residuos de miles de toneladas puede ser una pesadilla. El ejemplo más cercano -y único- de proceso de cierre de una nuclear completa es la de Zorita (Guadalajara), que comenzó a ser desmontada en 2006 y será clausurada, si nada se tuerce, en 2019.

En España, hay poca capacidad de almacenamiento. El polémico Almacén Temporal Centralizado (ATC) todavía está en trámites. Los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. Pero rebosan. Gestionar ese material ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones.

Esa cifra, que el informe contempla desde 2010 supone un 30% de exceso sobre lo contemplado en el plan de residuos que está vigente. En el Plan Nacional de residuos, aprobado en junio de 2006, el coste total de la gestión integral de todo el proceso de gestión de residuos, hasta su almacenamiento final, es de 13.000 millones de euros (valor 2006) y hasta el año 2070.

Mientras se parchea el problema, las piscinas están ocupadas en casi un 89% de media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40% (ver gráfico).

Fuente:  lainformacion.com

 

Una inspección en Garoña halla un vertido de cesio

El material radiactivo fue localizado el 20 de junio bajo unos contenedores que no habían sido movidos desde 2009
Pudo haberse producido “hace muchos años”

Nada hacía suponer que la retirada de tres contenedores de hormigón emplazados desde 2009 junto al almacén temporal de bidones y residuos destaparía una huella sospechosa en el suelo. Apenas era una superficie de dos metros cuadrados en un suelo “irregular”, pero el rastro advertido por el inspector del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que este pasado mes de junio cursaba la inspección habitual impuso la necesidad de hacer una cata sobre el terreno: era cesio-137, un material radiactivo que, según queda reflejado en la última acta del organismo regulador, podría haber sido derramado hace varios años.

Ninguna de las periódicas rondas y pases de revista de las instalaciones pudo comprobar en este tiempo la existencia de este vertido y sus posibles consecuencias. De hecho, no hay nada claro sobre los restos hallados. El documento oficial levantado por el inspector detalla que una vez confirmada la presencia de cesio-137, primero con contaminómetros portátiles y luego con el correspondiente análisis por espectometría, procedió a revisar los resultados de la vigilancia radiológica del emplazamiento correspondientes a 2009.

Fue entonces cuando comprobó que ese año fue detectada “actividad en tres puntos” cerca del lugar donde el pasado 20 de junio saltaron las alarmas. En aquel entonces tampoco fue posible acceder a esa zona al encontrarse ya “cubierto por los contenedores de hormigón” movidos hace unos meses. No obstante, esta última acta de inspección aclara que “aunque cercanos al punto detectado actualmente, no es posible establecer que los puntos detectados en el año 2009 tuviesen el mismo origen”. En cualquier caso, tal y como aparece escrito en el informe, el rastro de contaminación no podía proceder de esos contenedores de hormigón situados encima, sin tocar el suelo directamente.

Sin constancia documental “Aparentemente -describe el inspector- se trata del rastro dejado por un incidente de derrame de residuo producido hace muchos años del que no queda constancia documental, antes de que los contenedores de hormigón se colocaran encima del lugar. Su magnitud tuvo que ser reducida, a juzgar por la superficie contaminada, aunque la presencia de contaminación fija indica que el derrame o filtración no se detectó en su momento o no se descontaminó adecuadamente”. En 2009, el informe atribuyó la actividad radiactiva de ese punto a la “resuspensión de contaminación que se ha depositado en el suelo”.

Asimismo, deja constancia de las acciones correctoras acometidas para la eliminación de la contaminación. “Se escarificaron [agujerearon] unos cinco centímetros de profundidad de asfalto” y “la verificación posterior” arrojó unos valores dentro de los permitidos. Esta vez, en 2017, también se siguió el protocolo previsto: “Se optó por escariar [perforar] unos cinco centímetros del asfalto buscando dónde cesaba la contaminación; llegaron a extraerse unos dos bidones de tierra. Se han rellenado los huecos con tierra y se ha asfaltado encima”, ilustra el acta del inspector del CSN.

El diputado de Unidos-Podemos por Araba, Juantxo López de Uralde, señaló que el cesio es un elemento radiactivo “muy peligroso” y que el CSN alegó en su momento “que el material radiactivo encontrado estaba confinado y sin ningún tipo de salida al exterior”. De hecho, en junio pasado, la formación ecologista Equo de la que es portavoz, presentó una pregunta parlamentaria al Gobierno español para saber si tenía conocimiento de este suceso debido a que, al parecer, no había sido notificado al consejo regulador.

Según Uralde, el CSN contestó que lo tenía todo “bajo control” cuando, a su juicio, el tema estaba bastante oculto: “Esta actuación pone de manifiesto la situación de abandono y dejadez” que rodea a Garoña y que, una vez decidido el cierre de la central nuclear ubicada a pocos kilómetros de la geografía vasca, la situación puede revertir en una relajación de las políticas de seguridad, algo que tildó de “peligroso”.

Fuente: Deia.com

Más info: Garoña mala praxis y desinformación

Nuevo vertido en menos de 3 meses

1989: 60.00 litros de agua radiactiva al Ebro

Vertidos varios