El BOE publica el anuncio por el que se somete a información pública el proyecto de la fase 1 de desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña, así como el Estudio de Impacto Ambiental
Desmontar Garoña generará al menos 2.000 Tn de residuos radioactivos
El Ministerio para la Transición Ecológica abrió ayer un plazo de 30 días hábiles hasta el 4 de mayo para que los ciudadanos presenten alegaciones al proyecto de la fase I de desmantelamiento de Santa María de Garoña y a su estudio de impacto ambiental. De ambos documentos se desprende que durante los tres años que durará esta primera fase -la segunda sumará otros siete- se generarán 1.945 toneladas de residuos radioactivos de media, baja y muy baja intensidad que serán trasladados al almacenamiento de El Cabril en Córdoba, el único autorizado en el país. A ellos se sumarán otras 2.892 toneladas de materiales desclasificables mecánicos, eléctricos o de climatización, además de hormigones, con un contenido radioactivo de menor entidad que hace que la normativa vigente permita gestionarlos de manera convencional.
Los residuos radioactivos que viajarán hasta Córdoba deberán realizar un trayecto de 800 kilómetros en camiones con contenedores estancos que sirven de blindaje cuando se trata de residuos radioactivos de media y baja intensidad y en camiones convencionales, cuando son de muy baja intensidad. El proyecto calcula que serán precisos 300 viajes al Cabril, lo que se traduce en 240.000 kilómetros. Pero además, los residuos de construcción y demolición de esta primera fase conllevarán otros 90 transportes, que se estima podrían ser de 100 kilómetros, si se localiza un gestor autorizado cercano, además de otros 100 viajes para sacar la chatarra. De media, se estima que se producirá un tráfico diario de treinta camiones con picos que podrían llegar a los ochenta.
Debido a estas cifras, el estudio de impacto ambiental destaca entre los impactos negativos moderados que producirá el desmantelamiento «el volumen de tráfico, tanto de trabajadores como de transportes y maquinaria en el entorno de la instalación». Junto a este efecto también se fija en los posibles impactos sobre suelos y aguas subterráneas, en el caso de que «la retirada de elementos que pueden contener sustancias contaminantes o el propio trasiego de vehículos y maquinaria de obra puedan dar lugar a la contaminación puntual del suelo».
Asimismo, esta circulación intensa «puede dar lugar a la generación de nubes de polvo que pueden afectar a la vegetación de ribera del Ebro y a las poblaciones más cercanas». Por este motivo, en Mijaralengua y Barcina del Barco, dos localidades ubicadas a 750 y 1.000 metros en línea recta de la central, se instalarán captadores de partículas en suspensión con el fin de evaluar su incidencia sobre la población y poner medidas correctoras en caso de ser necesario. Otras medidas preventivas para paliar estos efectos negativos moderados serán «la contratación de personal local para minimizar los desplazamientos», así como «limitar la velocidad a 20 kilómetros hora» o «mantener los sistemas de recogida de drenajes y depuración para el tratamiento de cualquier derrame accidental» y evitar que llegue al río Ebro o al subsuelo.
En el proyecto redactado para la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, Enresa, se explica como se ha decidido el desmantelamiento total inmediato de la planta frente a la alternativa de un desmantelamiento diferido, que dejaría en latencia durante un periodo de 30 a 100 años los elementos radioactivos más peligrosos. Enresa se ha decantado por el desmantelamiento inmediato por ser «la preferencia internacional» y la solución «menos costosa». Pero en este modelo, «es necesario que transcurra un tiempo de enfriamiento del combustible gastado para que pueda depositarse en los contenedores».
Por este motivo, Enresa ha decidido ir realizando tareas preparatorias junto con Nuclenor y dejar para la primera fase del desmantelamiento la operación de sacar el combustible en contenedores al Almacén Temporal Individualizado (ATI) y afrontar simultáneamente otras labores, entre las que destaca la adaptación del edificio de turbinas como edificio auxiliar del desmantelamiento.
El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado de manera favorable la modificación del diseño del contenedor para el combustible gastado de la central nuclear de Santa María de Garoña. Su vida de diseño es de 50 años
Respecto al informe favorable a la modificación de los contenedores de combustible gastado de Santa María de Garoña, el regulador responde así a la solicitud que planteó la empresa estatal Equipos Nucleares S.A (ENSA) para la revisión 3 del estudio de seguridad el contenedor ENUN 52B.
No sabemos nada sobre variaciones de su coste económico.
La solicitud aporta la documentación relativa a las modificaciones de diseño del contenedor que requieren autorización reguladora, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas. En concreto, el contenedor ENUN 52B es un contenedor metálico universal de doble propósito (almacenamiento y transporte) que puede albergar hasta 52 elementos.
Se trata de un vaso o cuerpo metálico rodeado de un blindaje neutrónico y está provisto de dos tapas de cierre mediante pernos y su vida de diseño es de 50 años. En su interior dispone de un bastidor en el que se introduce el combustible gastado.
Esta solicitud ha sido presentada por ENSA en paralelo a la relativa a la revisión 1 del certificado de aprobación del diseño de bulto de transporte ENUN 52, asociada a los mismos cambios de diseño del contenedor, que también ha sido informada favorablemente.
El CSN aprueba las modificaciones de los contenedores para Garoña y autoriza el traslado de polvo de uranio a Juzbado
La solicitud aporta la documentación relativa a las modificaciones de diseño del contenedor que requieren autorización reguladora, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas. En concreto, el contenedor ENUN 52B es un contenedor metálico universal de doble propósito (almacenamiento y transporte) que puede albergar hasta 52 elementos. Se trata de un vaso o cuerpo metálico rodeado de un blindaje neutrónico y está provisto de dos tapas de cierre mediante pernos y su vida de diseño es de 50 años. En su interior dispone de un bastidor en el que se introduce el combustible gastado.
Los cinco primeros contenedores ya están fabricados en ENSA. – Foto: Alberto Rodrigo
El pasado 24 de marzo de 2020, a los pocos días de comenzar el estado de alarma, el Consejo de Ministros autorizó a la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa)a iniciar el procedimiento negociado sin publicidad para la compra de los 44 nuevos contenedores que se precisan para almacenar el combustible gastado de la central nuclear de Santa María de Garoña, teniendo en cuenta que 5 más ya están fabricados. El presupuesto que se manejó entonces era de 127,6 millones de euros, pero finalmente Enresa licitó el material por 140,3 millones y la empresa Equipos Nucleares S.A., ENSA, la única invitada al procedimiento, redujo el coste a 138,2, casi 11 más de los previstos inicialmente.
La firma elegida por el Gobierno para la fabricación y licenciamiento de los contenedores del tipo ENUN B-52 ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se ha comprometido a suministrar el primero en septiembre de 2023, cuatro meses antes del plazo que le marcó el pliego de condiciones de Enresa, mientras que el resto irán llegando cada 15 días. Éste es el tiempo estimado para la carga de elementos combustibles en los recipientes metálicos que se fabricarán en Santander. No obstante, antes llegarán los cinco primeros, ya fabricados. Las previsiones actuales de Nuclenor sitúan ese momento en el segundo semestre de 2021.
En un informe detallado, Enresa explica qué motiva el hecho de que se haya elegido a ENSA y no a otra empresa para esta tarea y que haya sido la única a la que se ha pedido oferta. Cuestiones técnicas y de tiempo afloran en los argumentos de la firma pública, que explica como cada año de retraso en el suministro de los contenedores le costaría 33 millones de euros a Nuclenor.
Ese es el dinero que la propietaria de Garoña está desembolsando para afrontar las tareas de vigilancia de la piscina de refrigeración del combustible gastado, el uranio irradiado. Los gastos de personal suponen la cantidad más elevada de esta cifra, al representar 27 millones anuales, a razón de 16,8 millones para las nóminas del personal propio de Nuclenor; 6,9 millones para el empresas subcontratadas pero que trabajan en la planta, y 3,3 millones para el de empresas subcontratadas que trabajan desde el exterior.
Cuando Enresa licitó en 2012 la fabricación y licenciamiento ante el CSNde los primeros cinco contenedores sí que invitó a varias empresas. Ademas de ENSA, la ganadora del concurso, pudieron presentar sus propuestas la francesa AREVA, ahora ORANO-TN, y las estadounidenses NAC International y Holtec. Enresa explica como ENSA ya ha recorrido el largo camino del licenciamiento de los primeros cinco contenedores ante el CSN y lleva avanzado un trabajo que al resto de empresas le podría costar de 2 a 3 años, lo que supondría un retraso más en el desmantelamiento de la planta tobalinesa.
ENSA ya ha demostrado ante el CSN que su diseño «asegura el confinamiento del material radiactivo, el blindaje para minimizar la exposición a la radiación de los operarios y del medioambiente, el mantenimiento sub-crítico de la disposición de los elementos de combustible en el contenedor o la capacidad de evacuación del calor residual de dichos elementos para no superar los límites de temperatura establecidos».
Además de ello, Enresa señala en su informe que las propuestas de estas últimas empresas no serían compatibles con las características técnicas de Garoña, al tratarse de contenedores de 100 a 120 toneladas, cuando la grúa de Garoña solo tiene capacidad de carga para mover un máximo de 75 toneladas. O por el contrario bajan a 30 toneladas, lo que conllevaría un gran número de contenedores y que no hubiera espacio suficiente en el Almacén Temporal de la central, dado que se multiplicaría el número de contenedores.
En la fase inicial del desmantelamiento de Garoña, está prevista la extracción de combustible gastado de la piscina y su almacenamiento en seco, para lo que es preciso adquirir los contenedores correspondientes, y esta autorización significa un paso «real y efectivo» para ejecutar las obras.
La compra de los contenedores se realizará con cargo al Fondo para la finanaciación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que se dota de la prestación que satisfacen los productores de residuos.
En el caso de las centrales en explotación, la cuantía que se abona es el resultado de multiplicar la energía generada por cada central por una tarifa fija unitaria.
El Miteco recibió el pasado 16 de marzo el borrador del VII Plan de PGRR, que solicitó a Enresa y que dará cumplimiento a la Directiva europea relativa a la gestión de este tipo de residuos.
El Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) ha insistido en manifestar su oposición a la enmienda presentada en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos a la Ley sobre Gestión de Residuos Radioactivos, pues ello conllevaría que se pueda ampliar el almacén de residuos radioactivos de El Cabril, que está ubicado en el término municipal de Hornachuelos, pero sin contar con el control y autorización del Consistorio de la localidad.
El Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) ha insistido en manifestar su oposición a la enmienda presentada en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos a la Ley sobre Gestión de Residuos Radioactivos, pues ello conllevaría que se pueda ampliar el almacén de residuos radioactivos de El Cabril, que está ubicado en el término municipal de Hornachuelos, pero sin contar con el control y autorización del Consistorio de la localidad.
A este respecto y en un comunicado, el Ayuntamiento, gobernado por el Grupo Independiente de Hornachuelos (GIH), ha expresado su «asombro ante la contradicción en las declaraciones» esta semana de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha confirmado que El Cabril se ampliará, para dar cabida a los residuos que se generen por el cierre de las centrales nucleares, asegurando que estas actuaciones «requerirán diálogo con todos los municipios y vecinos afectados».
Pero, según ha señalado el Ayuntamiento de Hornachuelos, no habrá ningún diálodo si prospera la citada enmienda de PSOE y Unidas Podemos, «que pretende precisamente saltarse cualquier tipo de control por parte de los municipios afectados», en cuanto a «las ampliaciones, obras o reformas que se lleven a cabo en los almacenamientos de residuos ubicados en sus términos municipales».
En consecuencia, el Ayuntamiento de Hornachuelos, ante el anuncio de la vicepresidenta Teresa Ribera sobe la próxima ampliación de El Cabril, «en estos momentos solo se va a pronunciar sobre la enmienda presentada» por PSOE y Unidas Podemos.
De hecho, «en tanto que esta enmienda se esté tramitando y en el caso de que finalmente fuera aprobada, no tendría relevancia alguna la postura que el Ayuntamiento pudiera tener al respecto de la ampliación de las instalaciones o de cualquier otra cuestión relacionada con la gestión de los residuos radiactivos, ya que dichas actuaciones vendrían impuestas por la vía del interés general», al que alude la citada moción.
Por ello, en el Consistorio consideran «que todos los esfuerzos del Ayuntamiento en estos momentos deben centrarse en que no salga adelante la enmienda, más allá de hacer ahora declaraciones o establecer posturas sobre otras cuestiones, que no tendrían ningún sentido si el Gobierno saca adelante esta reforma de la Ley». LA ENMIENDA
En concreto y según ha recordado el Ayuntamiento de Hornachuelos, la enmienda indica que «las obras de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desmantelamiento o cualesquiera otras que, en ejecución del Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno y con cargo al Fondo para su financiación, Enresa, por sí misma o a través de terceros, deba llevar a cabo para la prestación del servicio público esencial que tiene encomendado, constituyen obras públicas de interés general, que no están sometidas a ningún acto de control preventivo municipal a los que se refiere el artículo 84.1 b) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local».
Así, desde el Consistorio se ha aclarado que, «si finalmente se aprobase la declaración de interés general de las obras de Enresa, esto implicaría que la empresa tendría vía libre para realizar cualquier tipo de construcción sin tener que solicitar licencia de obra al Ayuntamiento y además significaría también que se vería liberada de abonar al municipio las tasas por licencia y el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO)».
Ante esa posibilidad, «se han emprendido acciones por parte de esta Corporación a través de la AMAC (Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares), entre las que se encuentra el encargo de un informe jurídico y el contacto con diferentes grupos políticos, para intentar detener» lo que el Consistorio de Hornachuelos considera «una injerencia en las competencias municipales por la vía de la imposición».
Junto a ello, se han reiterado, «como se ha hecho cada vez que esta corporación ha tenido oportunidad, una serie de reivindicaciones, algunas de ellas históricas, que tiene el municipio con respecto a las compensaciones que considera que le corresponden por albergar en su término municipal estas instalaciones».
El Gobierno reconoce que planea ampliar el almacén de residuos radioactivos para que acoja los restos del desmantelamiento de las centrales nucleares de España
La historia del almacén de residuos radioactivos de El Cabril (el eufemismo usado por el Gobierno para no llamarlo directamente cementerio nuclear, como popularmente se le conoció) está llena de secretos. Todo lo que pasa en la Sierra Albarrana desde los años cuarenta ha sido contado en susurros y a cuentagotas. Incluso en plena democracia tuvieron que ser un valiente periodista y un aguerrido fotógrafo, Sebastián Cuevas y José Manuel De la Fuente, los que disfrazados descubrieran, con el cadáver de Franco recién enterrado, que la antigua Mina Beta de la Sierra Albarrana era un “cementerio atómico”. Este almacén nuclear llevaba décadas funcionando de una manera bastante artesanal: a Hornachuelos llegaban barriles con basura nuclear que unos operarios bajaban al corazón de una antigua mina.
Han pasado 42 años justos desde que Sebastián Cuevas y José Manuel de la Fuente se la jugaran por arroyos, veredas, fincas de caza y caminos rurales del corazón de la sierra de Hornachuelos para publicar aquel icónico reportaje titulado Andalucía, vertedero atómico, en la revista Tierras del Sur. Muchos vecinos de Hornachuelos y del entonces próspero Valle del Guadiato leyeron así lo que escuchaban en las tabernas y le contaba algún familiar que trabajaba en la zona: que a la Sierra Albarrana estaba llegando la basura nuclear procedente de toda España. 42 años después, los vecinos se han enterado también por la prensa de una decisión que ya está tomada. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, respondió en el Senado a la parlamentaria Pilar González que el Gobierno va a ampliar El Cabril para trasladar allí todos los residuos de muy baja, baja y media actividad procedentes del desmantelamiento de todas las centrales nucleares de España.
La historia de El Cabril arranca en 1947. En cada visita que la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) organiza para la prensa en la Sierra Albarrana se repite el origen de la que hoy es la única solución al enorme problema que tiene España con la decisión tomada para desmantelar todas sus centrales nucleares: qué hacer con la basura generada. En 1947 el ingeniero Antonio Carbonell descubrió que en El Cabril había uranio. Eran los años cuarenta. Apenas dos años antes Estados Unidos había lanzado dos bombas atómicas en Japón que habían puesto punto y final a la Segunda Guerra Mundial. España entraba también en la carrera atómica. Se buscaba no solo la bomba (algo que nunca consiguió el régimen de Franco) sino el acceso a una fuente de energía que se sostenía barata.
En 1947, la Junta de Energía Nuclear (JEN) creada por el régimen franquista deslindó la zona. Y se comenzó a excavar lo que se llamó Mina Beta. Pronto se abandonó la extracción de uranio. El terreno era demasiado duro y los costes se disparaban. Entonces, el gobierno franquista se topó con un problema que ya estaba ocurriendo en el resto del mundo: qué hacer con los residuos nucleares que se generaban en las centrales. ¿La solución? Como en Europa, aprovechar minas abandonadas en zonas alejadas de la población y con escaso riesgo sísmico. En 1961 llegaron los primeros bidones al corazón de esta mina abandonada. Durante 20 años, hasta bien entrada la democracia, los bidones siguieron entrando a la zona.
El reportaje que cambió la historia de El Cabril
Hoy la Mina Beta está sellada y en su interior esconde los secretos de aquellos oscuros años. Pero a causa de esta decisión, y a que el suelo era ya propiedad de la JEN, el Gobierno decidió que el lugar para guardar los residuos radiactivos del país estaba al norte de la provincia de Córdoba, en un paraje supuestamente muy alejado de cualquier población pero con un altísimo valor medioambiental. Así nació El Cabril y así se fundó Enresa.
El reportaje de Sebastián Cuevas y de José Manuel De la Fuente provocó una enorme indignación ciudadana. Surgió una plataforma que rechazaba que Córdoba fuese un cementerio nuclear que en 1986, con el accidente de Chernóbil, regresó con muchísima fuerza.
En los años ochenta, el Gobierno reaccionó. La decisión estaba tomada. El Cabril iba a ser, sí o sí, el lugar elegido para depositar los residuos generados en España. Pero no los altamente radioactivos. Entonces no había ninguna central nuclear próxima al final de su vida y no se planeó qué hacer con esos enormes depósitos de combustible gastados. A El Cabril solo llegaba la basura radiactiva de los hospitales, de los laboratorios y también de episodios de contaminación radioactiva en España.
El 30 de mayo de 1998 hubo un grave incidente radioactivo en España. La planta de chatarra de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) tuvo un fallo. A derretir el material, el cesio-137 ardió y causó una nube radiactiva que fue detectada en Europa, pero no en Algeciras. La nube era 1.000 veces más potente de lo normal. Las cenizas radiactivas de aquel accidente están en El Cabril.
El debate sobre qué hacer con una central nuclear una vez desmantelada no se abrió hasta el Gobierno de Zapatero. La llegada de las cenizas de Acerinox empezaba a dar pistas. Europa ordenó una directiva de obligado cumplimiento a todos sus países para almacenar de manera segura y adecuada sus residuos nucleares. El objetivo era crear un único punto, llamado Almacén Temporal Centralizado (ATC), al que llevar los grandes residuos radioactivos de las centrales nucleares. Sería, su nombre lo indica, temporal, antes de construir una gran infraestructura para almacenar ya de manera definitiva una basura que en algunos casos puede seguir siendo radioactiva dentro de miles de años.
El desmantelamiento de las nucleares
El Consejo de Ministros designó, el 30 de diciembre de 2011, el municipio conquense de Villar de Cañas como sede del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su Centro Tecnológico Asociado. Hubo debate en el norte de Córdoba. Incluso se llegaron a tomar muestras del suelo de Los Pedroches, ya que los ingenieros consideran que el granito es perfecto para una instalación de este tipo, pero la contestación ciudadana y política descartó cualquier posibilidad de que el ATC acabase también en Córdoba.
Pero informes posteriores durante el Gobierno de Mariano Rajoy desaconsejaron usar el suelo de Villar de Cañas por los riesgos que suponía para un almacén de este tipo. Y eso en un momento en el que la decisión estaba tomada, con las primeras nucleares llegando al final de su vida útil y empezando a ser desmontadas. ¿Qué hacer entonces con los residuos nucleares?
Y es aquí donde de nuevo los vecinos de la zona se han vuelto a enterar por la prensa, después de meses de intensos rumores. El sexto Plan Nacional de Residuos Nucleares está a punto de cumplir y el séptimo está en borrador. El documento aún no es público, pero por lo que el Gobierno ha ido contando El Cabril va a volver a tener un papel fundamental.
De momento, Enresa ya trabaja en un gran proyecto para duplicar el número de celdas de almacenamiento de El Cabril con el objetivo de sepultar en ellas todos los residuos de hasta media actividad que se generan en el proceso de desmantelamiento de una central nuclear. Y eso, salvo el núcleo de la propia central, son muchísimos residuos: desde el escombro, hasta las arenas de alrededor, pasando por los trajes de protección que han usado los trabajadores o incluso su propio material.
A día de hoy, El Cabril tiene ya 22 de sus celdas llenas de residuos, en un espacio de 50.000 metros cuadrados. Aún tiene espacio en seis más. Además, tiene previsto construir otras cuatro celdas, la 29, la 30, la 31 y la 32, que ocuparían 130.000 metros cuadrados. Enresa prevé que con estas cuatro celdas haya espacio suficiente para acoger los residuos de los próximos años. Pero seguirá haciendo falta sitio para todo lo que generará el desmantelamiento total de las centrales nucleares españolas.
Por ello se trabaja en un proyecto en dos fases. En la primera, y con el horizonte puesto en 2028, se construirían 12 celdas más. La segunda fase, sin fecha, prevé otras 17. En total, serían otros 25 recipientes especiales en los que poder sepultar los residuos de media, baja y muy baja intensidad procedentes de todas las centrales nucleares españolas.
¿Y qué pasa mientras con los residuos de muy alta actividad? Hasta que no se construya un almacén central, todos se tienen que quedar en las centrales nucleares. El Gobierno sopesa construir tres almacenes de este tipo en toda España, y no uno, como recomienda Europa. En principio, El Cabril no está en sus planes. Pero ese es un plan que siempre ha estado encima de la mesa. ¿Llevar la basura radiactiva a varios puntos de España o aprovechar que ya existe un cementerio nuclear al norte de Córdoba para depositarla?
El Cabril está en el término municipal de Hornachuelos (uno de los más grandes de España) pero mucho más cerca de los pueblos del Valle del Guadiato. De hecho, para acceder hay que pasar por el Guadiato. Desde Hornachuelos es casi imposible hacerlo, si se quiere sobrevivir a una carretera con mareo asegurado. En el Guadiato siempre se ha denunciado, especialmente desde IU (formación que hoy está en el Gobierno de España), que su crisis industrial y su despoblación es una estrategia para convertir a El Cabril en el gran cementerio nuclear del sur de Europa.
Como siempre, los vecinos son los últimos en enterarse. El Ayuntamiento de Hornachuelos ha denunciado públicamente que está en contra del plan del Gobierno, que prevé declarar la ampliación de El Cabril de interés público y que evita, de esta forma, que sea el propio Consistorio el que dé la licencia de obras y actividad.
Además, los partidos de izquierdas en la provincia de Córdoba, históricamente muy combativos contra todo lo que supone El Cabril, miran con recele lo que están haciendo en Madrid sus compañeros de partido. Adelante Andalucía ya ha dicho que hará todo lo posible por “minimizar” la ampliación de El Cabril.
Mientras, el gran temor de los vecinos de la zona pasa por el transporte. La llegada de residuos nucleares a El Cabril no es fácil. El acceso desde Hornachuelos es una sinuosa carretera que nace desde el mismo pueblo y que atraviesa Sierra Morena. Desde el Norte, la carretera de Alanís de la Sierra (Sevilla) es, incluso, más sinuosa. El acceso natural es desde Fuente Obejuna. Los camiones cargados de residuos pasan por el mismo municipio y atraviesan varias de sus aldeas.
Por eso, la ampliación de El Cabril empieza a inquietar a los habitantes de estas zonas, pero también a agricultores, ganaderos y ecologistas. En 2019 Enresa informó de un incidente leve. Se había detectado una filtración de agua desde una de las celdas selladas. Los ecologistas siempre han hablado del gran riesgo que supone una instalación de este tipo en el corazón de Sierra Morena, en una zona que es fuente de arroyos, veneros y aguas subterráneas vital para el consumo humano y el regadío de miles de vecinos del Valle del Guadalquivir.
Los materiales que los Estados Unidos y otros países planean usar para almacenar desechos nucleares de alto nivel probablemente se degradarán más rápido de lo que nadie sabía anteriormente debido a la forma en que interactúan esos materiales.
Una investigación publicada en la revista Nature Materials, muestra que la corrosión de los materiales de almacenamiento de desechos nucleares se acelera debido a los cambios en la química de la solución de desechos nucleares, y por la forma en que los materiales interactúan entre sí.
“Esto indica que los modelos actuales pueden no ser suficientes para mantener estos desechos almacenados de manera segura”, dijo Xiaolei Guo, autor principal del estudio y subdirector del Centro de Desempeño y Diseño de Formularios y Contenedores de Desechos Nucleares del Estado de Ohio. “Y muestra que necesitamos desarrollar un nuevo modelo para almacenar desechos nucleares”.
La investigación del equipo se centró en el almacenamiento de materiales para desechos nucleares de alto nivel, principalmente desechos de defensa, el legado de la producción de armas nucleares en el pasado. El desecho es altamente radiactivo. Mientras que algunos tipos de desechos tienen una vida media de aproximadamente 30 años, otros, por ejemplo, el plutonio, tienen una vida media que puede ser de decenas de miles de años. La vida media de un elemento radiactivo es el tiempo necesario para que la mitad del material se descomponga.
Estados Unidos actualmente no tiene un sitio de disposición para esos desechos; Según la Oficina de Responsabilidad General de los Estados Unidos, generalmente se almacena cerca de las plantas donde se produce. Se ha propuesto un sitio permanente para Yucca Mountain en Nevada, aunque los planes se han estancado. Países de todo el mundo han debatido la mejor manera de lidiar con los desechos nucleares; solo uno, Finlandia, ha comenzado la construcción de un depósito a largo plazo para residuos nucleares de alto nivel.
Pero el plan a largo plazo para la eliminación y el almacenamiento de desechos de defensa de alto nivel en todo el mundo es prácticamente el mismo. Implica mezclar los desechos nucleares con otros materiales para formar vidrio o cerámica, y luego encerrar esos pedazos de vidrio o cerámica, ahora radioactivos, dentro de botes metálicos. Los botes serían enterrados bajo tierra en un depósito para aislarlo.
En este estudio, los investigadores encontraron que cuando se exponen a un ambiente acuoso, el vidrio y la cerámica interactúan con el acero inoxidable para acelerar la corrosión, especialmente de los materiales de vidrio y cerámica que contienen desechos nucleares.
El estudio midió cualitativamente la diferencia entre la corrosión acelerada y la corrosión natural de los materiales de almacenamiento. Guo lo llamó “severo”.
“En el escenario de la vida real, las formas de desechos de vidrio o cerámica estarían en contacto cercano con botes de acero inoxidable. En condiciones específicas, la corrosión del acero inoxidable se volverá loca”, dijo. “Crea un ambiente súper agresivo que puede corroer los materiales circundantes”.
Para analizar la corrosión, el equipo de investigación presionó “formas de desechos” de vidrio o cerámica, las formas en que se encapsulan los desechos nucleares, contra el acero inoxidable y los sumergió en soluciones durante hasta 30 días, en condiciones que simulan las de la montaña Yucca, el repositorio de residuos nucleares propuesto.
Esos experimentos mostraron que cuando el vidrio y el acero inoxidable se presionaron entre sí, la corrosión del acero inoxidable fue “severa” y “localizada”, según el estudio. Los investigadores también notaron grietas y corrosión mejorada en las partes del vidrio que habían estado en contacto con el acero inoxidable.
Parte del problema radica en la tabla periódica. El acero inoxidable está hecho principalmente de hierro mezclado con otros elementos, incluidos el níquel y el cromo. El hierro tiene una afinidad química por el silicio, que es un elemento clave del vidrio.
Los experimentos también mostraron que cuando las cerámicas, otro soporte potencial para los desechos nucleares, se presionaron contra el acero inoxidable en condiciones que imitaban a las que se encuentran debajo de la montaña Yucca, tanto la cerámica como el acero inoxidable se corroyeron de una manera “severamente localizada”.
Referencia: Xiaolei Guo, Stephane Gin, Penghui Lei, Tiankai Yao, Hongshen Liu, Daniel K. Schreiber, Dien Ngo, Gopal Viswanathan, Tianshu Li, Seong H. Kim, John D. Vienna, Joseph V. Ryan, Jincheng Du, Jie Lian, Gerald S. Frankel. Self-accelerated corrosion of nuclear waste forms at material interfaces. Nature Materials, 2020; DOI: 10.1038/s41563-019-0579-x
España se enfrenta a una nueva etapa del modelo energético y no solo por la incorporación masiva de nueva capacidad renovable. Mientras se llenan los tejados y el territorio de paneles solares y aerogeneradores, además del cierre de las centrales de carbón, se vislumbra el final de las nucleares. Pero tanto si se extiende su vida útil más de 40 años como si no, el debate no es solo cuándo se cierran sino cómo y cuánto va a costar hacerlo.
Y ésa es una de las preguntas que se han hecho los economistas Mª del Mar Rubio-Varas y Joseba de la Torre Campo de la Universidad de Navarra en el blog de economía Nadaesgratis.es. Reconocen que la sociedad española es mayoritariamente antinuclear pero hay que admitir que nuestro país es uno de los pocos del mundo (solo 33) que ha desarrollado de manera comercial esta tecnología, además de ser uno de los primeros. Más aún, los 7 GW repartidos en siete reactores representan el 20% de generación eléctrica peninsular y, solo en 2017, la producción eléctrica bruta de origen nuclear fue de 58.108,76 GWh siendo, un año más, la fuente que mayor contribución realizó al sistema eléctrico español.
Ahora toca echar cálculos sobre cuánto nos costará bajar la persiana y sobre todo, cómo hacerlo y en qué plazos. Los autores han hecho una estimación a partir de lo que ha costado desmantelar Zorita (que el próximo año finaliza todo el proceso, después de 16 años de trabajo), y «cerrar los siete reactores que están actualmente en activo, Almaraz I y II, Vandellós II, Ascó I y II, Cofrentes y Trillo y el apagado de Garoña dan como resultado que el coste de desmantelarlos asciende a 20.467 millones«.
Eso sin contar con una partida extra para el reactor I de Vandellós, que tras el incendio ocurrido en 1986, se decidió sellar e iniciar un proceso de desactivación que se mantendrá hasta 2028, año en el que se iniciará su desmantelamiento total.
Pero aún hay más, «habría que añadir la inversión en un Almacén Temporal Centralizado (actualmente paralizado), en los residuos ya generados (estimado en otros 700 millones), y posteriormente en un almacén geológico profundo (AGP) por varios siglos cuya ubicación y proyecto de construcción está aún por definirse», dicen los economistas.
Foro Nuclear señala que existen ATIs para almacenar los residuos ya generados en las centrales de Trillo, Ascó y José Cabrera (en desmantelamiento). Han finalizado la construcción de los de Almaraz y Santa María de Garoña (en predesmantelamiento), y Cofrentes ha comenzado la construcción del suyo en este año. Con datos a 31 de diciembre de 2017, el número de elementos combustibles irradiados almacenados temporalmente en las centrales nucleares españolas era de 15.362, de los que 13.897 se encuentran en piscinas y 1.465 en Almacenes Temporales Individualizados.
Según dicta la ley, la encargada de liderar todos estos procesos es la empresa nacional de residuos radiactivos Enresa, que actualmente cuenta con un presupuesto muy inferior a la cifra resultante que superaría notablemente los 20.000 millones de euros. «El fondo acumulado por la empresa pública a finales de este año es de unos 5.000 millones de euros», advierten, totalmente insuficiente para acometer semejante empresa de tanta envergadura.
Entonces, ¿cómo se va a conseguir acumular todo el dinero necesario para la era post-nuclear española? ¿del bolsillo de los consumidores? ¿de las tasas que pagan los propietarios de las centrales, fabricantes de elementos combustibles o titulares de otras instalaciones nucleares? Los economistas concluyen que efectivamente esa decisión «va más allá del análisis económico y financiero. Necesita del consenso social para decidir qué hacemos con nuestras centrales nucleares. Y desde luego debe ser discutido a fondo en el modelo de transición energética por el que se apueste».
Se produjo una fuga de líquido residual radiactivo hacia el exterior del complejo hospitalario
El Hospital Gregorio Marañón comunicó el pasado 1 de agosto al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una fuga de líquido residual de pacientes que se sometieron a tratamientos con algún tipo de isótopo, según fuentes del centro hospitalario, se trató de una incidencia «menor» en uno de los tres tanques de residuos de una de las estancias de almacenamiento y evacuación de residuos. A nivel del riesgo de trabajadoras y trabajadores del centro asistencial, podríamos estar en presencia de un delito contra la salud pública. Agustín Millán lo analiza en la siguiente información:
El incidente se produjo hace más de un mes, tanto sindicatos y trabajadores no fueron informados y no han sabido de este escape radioactivo hasta que ayer se lo filtraron a un medio de comunicación, lo que podría constituir un delito contra la salud pública de los profesionales.
CCOO Sanidad Madrid ha solicitado una reunión informativa urgente, para que el Hospital Universitario Gregorio Marañón explique la fuga ocurrida en la instalación radioactiva de Radioterapia del centro, que se produjo el pasado 1 de agosto. Una fuga de líquido residual radioactivo hacia el exterior del complejo hospitalario de nivel 1.
El incidente se produjo hace más de un mes, tanto sindicatos y trabajadores no fueron informados y no han sabido de este escape radioactivo hasta que ayer se lo filtraron a un medio de comunicación, lo que, advierte CCOO, podría constituir un delito contra la salud pública de los profesionales.
CCOO Sanidad también ha presentado una denuncia contra el Hospital Universitario La Princesa, por ocultar un brote de gastroenteritis aguda con origen en el comedor de personal y que según consta, afectó a 23 profesionales. Los representantes de los trabajadores no fueron informados ni en el tiempo ni la forma preceptivos. CCOO no tuvo conocimiento de lo ocurrido hasta dos semanas después del primer contagio.
El sindicato ha solicitado una reunión informativa urgente, para que el Hospital Universitario Gregorio Marañón explique lo ocurrido el pasado 1 de agosto. La Consejería de Sanidad ha reconocido que se produjo una fuga de líquido residual radioactivo hacia el exterior del complejo hospitalario.
El silencio y la falta de información en torno a ambos incidentes son actuaciones muy graves, insiste CCOO, ya que revela ocultación sistemática de información que por ley, los responsables de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tienen obligación de poner en conocimiento de los representantes de los trabajadores y de los delegados de Salud Laboral.
Brote Gastroenteritis
Con fecha 2 de septiembre de 2019, CCOO ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que acusa a la Dirección del Hospital Universitario La Princesa de inobservancia de las normas de Prevención y Salud Laboral y de no haber comunicado en tiempo y forma los hechos ocurridos. Desde el punto de vista epidemiológico se considera un brote cuando se detectan más de cuatro afectados y se debe notificar alerta alimentaria si el foco está en la comida. “También existe el deber de informar de ello a los trabajadores cuando el origen está en su centro de trabajo y en el comedor de personal”, denuncian desde el sindicato.
En el informe elaborado por la Dirección General de Salud Pública, con posterioridad al conocimiento de los hechos se ha dado a conocer a los delegados de Salud Laboral. Una serie de incidencias en la cafetería de personal fueron detalladas, lo que revela que la falta de medidas preventivas y la mala organización del trabajo pueden ser los causantes del contagio.
CCOO denuncia también que el Servicio de Prevención del hospital no tomó ninguna medida al respecto, no se informó al resto de trabajadores para extremar precauciones, ni se puso en contacto con los profesionales afectados. No consta que se hayan registrado dichos accidentes (23 profesionales afectados) como laborales aunque hubieran cursado sin baja médica.
Falta de coordinación
En el escrito a la Inspección de Trabajo no se informa del hecho al Comité de Seguridad y Salud. “Los delegados/as se enteran por casualidad al ver un punto del orden del día de una reunión convocada por el hospital por otra circunstancia, la pérdida de fármacos por un valor de 300.000 euros, por un supuesto fallo eléctrico. Incumplieron también el deber de información, consulta y participación ante un hecho que podría ser calificado como grave por el número de personal afectado”, como se indica en la denuncia de CCOO.
Nadie los quiere, pero son necesarios para mantener este sistema demencial. Los cementerios nucleares son aquellos refugios donde almacenar y guardar residuos radiactivos, aquellos compuestos que por su naturaleza o por haber estado expuestos a una alta radiación siguen siendo peligrosos durante una gran cantidad de años. ¿Qué hacer entonces con estos residuos radiactivos? Esconderlos y guardarlos, bien hasta que se desintegren o hasta que se encuentre una mejor solución.
Los distintos cementerios nucleares se dividen en distintas categoría, en función de sus niveles de radiactividad. Y es que dentro de esos bidones amarillos que todos solemos relacionar con la energía nuclear, puede haber desde material relacionado con la fisión como uranio o plutonio, pero también cualquier material contaminado, sea ropa, ordenadores o simplemente agua.
Qué se hace con los residuos radiactivos para que no contaminen
Mapa de un cementerio nuclear de bajo nivel.
Algunos residuos de baja y media actividad, como la ropa y las herramientas utilizadas en el mantenimiento de las centrales, se diluyen y eliminan con el tiempo. Otros son sometidos a tratamientos para intentar separar los elementos radiactivos. El resto se introducen en bidones de acero y se solidifican con alquitrán o cemento para ser almacenados hasta que el periodo radiactivo finaliza. Habitualmente menos de 30 años.
Sin embargo también hay residuos de alta actividad, normalmente aquellos generados con el combustible gastado. En este caso se intentan almacenar en la propia central hasta ser transportados en contenedores de metal resistentes a la corrosión. Es aquí donde entran los cementerios nucleares, que no dejan de ser refugios aislados donde guardar estos desechos.
Podemos diferenciar los cementerios nucleares en dos tipos: los temporales, ubicados en almacenes e instalaciones y los que se conocen como repositorios geológicos profundos, ubicados en zonas estables, aisladas de terremotos y lejos de la superficie. Auténticas galerías selladas para que estos residuos no estén en contacto con el hombre.
El Cabril, el único cementerio nuclear en España
Contenedores de hormigón fabricados a prueba de terremotos. Imagen de Xataka Ciencia.
El único cementerio nuclear español está preparado para materiales de baja y media actividad. Se trata de El Cabril, ubicado en Hornachuelos. El contenido es básicamente bidones de las centrales nucleares, con un tercio de material radiactivo y dos tercios de cemento. Todo este material se ubica en el complejo, que anteriormente era una vieja mina de uranio.
Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) es la encargada de su funcionamiento. El Cabril dispone además de oficinas, laboratorios, una incineradora, una piscina de agua y un depósito ciego para posibles filtraciones. Se trata de un centro muy preparado, pero hoy en día está cerca del máximo de su capacidad.
Sin embargo hay bastante polémica con la ampliación del recinto. «El cementerio nuclear del Cabril nunca debería haberse construido porque está en el sur de la Península Ibérica. Está muy alejado de la mayoría de instalaciones nucleares y radiactivas», afirma Paco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción. En su lugar, desde finales de 2011 se eligió el municipio de Villar de Cañas para albergar un nuevo ATC (Almacén Temporal Centralizado). Sin embargo las reticencias de la población y la poca determinación del Gobierno ha provocado que se estén barajando otras opciones.
Interior de celda de almacenamiento. Imagen de Enresa.
La zona de almacenamiento de residuos está formada por dos plataformas: la zona norte con 16 celdas y la sur con 12. Estas celdas se alinean en dos plataformas con sendos pasillos interiores. Los camiones que contienen los desechos se detienen a la entrada y con un sistema de grúas se colocan los residuos encima de cada celda.
Una vez completas, cada celda es capaz de almacenar 320 contenedores, se recubren de hormigón. Y una vez se complete el conjunto, se recubrirá de una capa de material impermeable de dos metros de grosor. El resultado final acabará siendo una pequeña colina sobre la que se plantará vegetación.
Un profundo cementerio nuclear para los residuos militares de los EE.UU
Poco o nada tiene que ver el diseño de WIPP, la Planta Piloto para Aislamiento de Residuos que el departamento de energía de los EE.UU construyó a 32 kilómetros de Carlsbad, Nuevo México. Tras el cierre del cementerio de Yucca Mountain, estamos ante uno de los mayores cementerios nucleares y un perfecto ejemplo de lo que supone un repositorio geológico profundo.
WIPP, en Nuevo México, ha sido construido sobre un terreno estable durante los últimos 200 millones de años.
Se trata de un complejo de galerías ubicado en un terreno salino y entre 500 y 1000 metros de profundidad, en una zona que geológicamente se ha mantenido estable durante mucho tiempo. El repositorio comenzó a recibir desechos en 1999 y se prevé que continúe recibiendo residuos hasta 2070.
Esta solución, la de almacenar los residuos en profundas galerías, constituye la solución más segura para el ser humano, ya que se aprovecha la estabilidad de las formaciones geológicas. Porque dentro de mucho tiempo la instalación puede dejar de funcionar, pero los residuos seguirían bien almacenados sin poner en peligro al exterior.
Otros cementerios nucleares por todo el mundo
Contenedores en las instalaciones de Zwilag, en Würenlingen (Suiza).
Países como Francia o Bélgica poseen también sus propios cementerios nucleares, en este caso almacenes temporales para mantener aislados los residuos hasta 300 años. También Suiza cuenta con su almacén, ubicado en Würenlingen y construido en 2004 para guardar residuos de bajo y medio nivel, como en el caso de España. A diferencia de El Cabril, la de Suiza es bastante más grande y tiene espacio para hasta 200 celdas.
Finlandia también tiene su cementerio nuclear, en este caso uno para residuos de gran actividad. Se trata de la construcción de Onkalo, cueva en finés, una galería a la que se accede a través de un túnel de 420 metros de profundidad. Hasta 1996, en Finlandia se enviaba a Rusia el material radiactivo, seguidamente se utilizaron dos almacenes temporales, pero a partir de 2020 se enviará a Onkalo, situado en la península de Olkiluoto. Y allí deberían quedarse durante 100.000 años.
Entrada al túnel de acceso del cementerio de residuos, en Finlandia. Imagen de Posiva Ltd.
La antigüedad de la cueva es su principal arma. Se trata de una de las formaciones geológicas más antiguas de Europa, un lecho de roca, rodeada de arcilla de bentonita dentro de un pozo perforado en granito. Una barrera natural resistente al agua y que no reacciona a las oscilaciones de temperatura. El coste total estimado de la instalación es de 3.000 millones de euros.
El Ministerio de Transición Ecológica ha concedido la declaración de impacto ambiental para construir esta infraestructura. Se trata del último gran obstáculo que Iberdrola, empresa que gestiona el complejo, tenía que salvar para poner en marcha el proyecto.
La declaración de impacto ambiental permite que las obras de la instalación para los residuos puedan empezar este verano
Pistoletazo de salida al almacén temporal individualizado (ATI) de la central nuclear de Cofrentes.
Tras este requisito, la construcción del almacén está pendiente de una serie de autorizaciones menores de forma que las obras podrán comenzar en breve, posiblemente a lo largo del verano, según explicaron fuentes de la central. En cualquier se cumplirán los plazos que maneja la empresa para que el ATI esté operativo en 2021. Es en esta fecha cuando las piscinas en las que actualmente se almacena el combustible utilizado se colmatarán.
El proyecto supone una inversión cercana a los cuatro millones de euros e implica la construcción de un edificio exento y se contempla como solución intermedia hasta que esté concluido un almacén temporal centralizado (ATC) de todos los residuos nucleares españoles.
La previsión es que el recinto esté operativo en 2021, a los 40 años de vida de la central
La construcción del almacén cierra las dudas sobre la continuidad de la central de Cofrentes durante varios años más hasta el horizonte de 2030, tal y como pactaron las compañías eléctricas propietarias del parque nuclear español y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La legislación establece que en una primera fase el combustible se almacene en las piscinas construidos en la propia central. Lo deseable es que este combustible ya utilizado se remita a un almacén centralizado construido en un lugar geológicamente estable. Este proyecto ha quedado sin fecha después de que el Gobierno haya la paralizado el ATC de Villar de las Cañas.
Diversas centrales españolas, como Trillo, Ascó o Almaraz entre otras, ya cuentan con una infraestructura como la que se va a construir en Cofrentes como solución provisional. El almacén estará situado en una zona próxima a las torres de refrigeración y a unos 1.300 metros del municipio.
El ATI constará de una zona de almacenamiento que contendrá dos losas sísmicas de hormigón armado sobre las que se dispondrán los contenedores de almacenamiento en seco del combustible gastado y de otra área de maniobras con las instalaciones auxiliares de la central. En cada losa se podrán almacenar a la intemperie hasta 12 contenedores con lo que el ATI tendrá una capacidad total de 24 contenedores. Para la construcción se ha tenido en cuenta el punto más elevado de inundabilidad (367,41 metros) por lo que se situará en la cota de los 370 metros. Las dimensiones de toda el área será de 56×75 metros.
En la documentación se evalúa los riesgos a los que se puede enfrentar el ATI así como las medidas correctoras impuestas. La declaración señala que el almacén está resguardo de cualquier inundación, ya que está construido sobre el punto de riesgo más elevado.
También se han tenido en cuenta la posibilidad de que haya un terremoto así como de un incendio. Entre las otras variables que se han considerado se encuentra la del impacto de un rayo en las instalaciones.
La construcción de esta instalación ha suscitado la polémica en ciertos sectores. Incluso desde la Conselleria de Medio Ambiente se llegó a presentar una serie de alegaciones técnicas y manifestó su oposición al proyecto, aunque reconociendo que carecía de competencias.
El portavoz de la plataforma Tanquem Cofrentes manifestó ayer su posición a la construcción de esta instalación y aseguró que continuarán presionando hasta que se cierre la central. También criticó la falta de transparencia con la que el Ejecutivo central ha actuado.
La energia nuclear en España 