«Los terrenos han sido utilizados como escenario de investigación»
Los votos particulares, que recuerdan que la ejecución de la limpieza ha sido «recomendada reiteradamente» por la Comisión Europea (CE), a la que España debe rendir cuentas sobre los avances al respecto a finales de 2021, recogen que se «tienen evidencias» de que los terrenos contaminados «han sido han sido utilizados desde el accidente como escenario para la investigación del comportamiento de radionucleidos en el medio natural, sin la debida transparencia e información al público en general, y a la comunidad científica en particular».
«Un elemental principio de precaución en materia ambiental exige que, por encima del interés que pueda tener para la investigación científica la no transformación de la situación de hecho, en especial en referencia a los isótopos del americio, se priorice el de salvaguardia de la salud pública y del medio ambiente, a pesar de que se considere que el riesgo de exposición radiológica no es alto, y aunque esté próximo a cumplirse el período en el que podrá observarse la máxima actividad del isótopo 241 Americio».
Los dos magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Nacional, cuyo tribunal ha prolongado la deliberación sobre el asunto más de un mes, ponen el foco, asimismo, en dos hechos que el fallo da como no probados pero que, según destacan, están «ampliamente documentados en el Plan de Rehabilitación, en la Memoria Palomares e informes de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea».
Por un lado, la existencia de dos zanjas de 1966 con «desechos radiactivos, cuya posición exacta fue determinada en el Mapa Radiológico Tridimensional» y que permanecen en la zona con «restricción total de usos» y, por otro, que la fuente de radiación se compone de isótopos de Plutonio: 238 Pu, 239 Pu, 240 Pu y 241 Pu y de Americio: 241 Am todos ellos transuránicos». «Lo que se duda es sobre la presencia de uranio (U) en las bombas y su enriquecimiento en 235 U, aunque se dice que, caso de existir, su impacto radiológico será menor«, apuntillan.
Modificación de los criterios de intervención para limpiar
Los dos magistrados comparten, asimismo, que cuando se retomaron los contactos diplomáticos entre España y EE. UU., en 2015 el CSN, en sesión celebrada el 22 de julio, aceptó la propuesta del Departamento de Energía estadounidense (DOE) de modificar los criterios de intervención en Palomares, «acuerdo cuyo contenido permanece clasificado».
«Casi inmediatamente después, se firmó el 19 de octubre del 2015 una declaración de intenciones» por el Ministro de Asuntos Exteriores y el Secretario de Estado de EEUU sobre Palomares, sin que se conozca ningún avance posterior», concluyen.
En su día y en el marco de procedimiento, el CSN aportó un documento que «no era copia certificada» del informe aprobado en el citado pleno de julio de 2015 y se acogía para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a «todo el proceso relativo a Palomares» desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010.
Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que admite el regulador atómico se ha producido «a instancias» del DOE de EE. UU. y asegura que, para ello, se «han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a», lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense.
El objetivo, según mantiene el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría «únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada», lo que reduciría de 6.000 a 3.300 metros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EE. UU.
Ecologistas en Acción recuerda al respecto que la Comisión Europea le ha requerido el examen de los conejos en reiteradas ocasiones desde 2010, la última vez en 2019, tras la inspección realizada en el verano de ese año a los avances realizados para descontaminar el suelo con plutonio en la pedanía cuevana.
Detectan radiación en 72 de 107 muestras de Palomares tras reanudar mediciones de plutonio
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha reanudado la medición de plutonio en el área de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica ambiental de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), con la recogida de un centenar de muestras cuyo análisis ha dado como resultado el hallazgo de emisores alfa, es decir contaminación radiactiva, en 72 de ellas.
Los análisis radioquímicos se retomaron el 1 de septiembre de 2020 tras un requerimiento de la Comisión Europea (CE) y hasta el pasado mes de noviembre, se han recogido y se han tratado 72 filtros de aire para partículas de polvo, 28 muestras de productos alimenticios, en concreto hortalizas cultivadas, y siete bioindicadores de flora y fauna.
El informe preceptivo remitido a finales de diciembre a la CE por el regulador atómico español, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que estos 107 análisis han dado como resultado la identificación de «72 emisores alfa», si bien precisa que solo se ha completado la medición de 25 para «determinar» la concentración de actividad de plutonio en aire, alimentos y bioindicadores.
El CSN reconoció ante los integrantes de la misión de verificación europea que visitó Palomares en junio de 2019 que el laboratorio radioanalítico del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) «no tenía capacidad» para medir el plutonio y que sólo se estaba monitoreando el americio.
Aludió a diferentes motivos, entre ellos, obras de mejora en las instalaciones, pero también a «retrasos en la adquisición de un detector gamma para sustituir a un dispositivo averiado por los recortes presupuestarios» y a la «falta de técnicos de laboratorio por retrasos» en el proceso de contratación.
Al tiempo, el regulador atómico comunicó a los verificadores europeos que su «intención» era reanudar la espectometría alfa para medir el plutonio a lo largo del año 2020.
Posteriomente, y a raíz de esta visita, la CE requirió a España para que, «lo antes posible», diera cumplimiento a esa previsión, recuperase la capacidad de medir este emisor alfa, y le informarse antes de que acabase el pasado año de los avances realizados en este sentido.
No obstante, pese a esta observación, los técnicos europeos remarcaron que el sistema de monitorización de la radiactividad en el aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas en la zona donde cayeron las cuatro bombas termonucleares tras la colisión en el aire de dos aviones de EEUU en 1966 se ajusta al Tratado Euratom, es «adecuado» y funciona «de manera eficiente».
MUESTRAS EN CONEJOS
En su informe a Bruselas de diciembre, el CSN comunica, asimismo, que, siguiendo una recomendación de la CE que se remonta a 2010, ha previsto la «recogida y análisis anual» de muestras de carne de conejo recogidas en los entornos de la denominada zona 6, un área de 20 hectáreas que se extiende por la Sierra Almagrera, y la zona 2, donde cayó una de las dos bombas que detonó al impactar contra el suelo.
Hasta ahora, el regulador atómico había argumentado que tenía «dificultades para obtener las muestras» ante las recomendaciones realizadas desde Europa para que se ampliase el programa de vigilancia radiológica y se incluyese la carne de conejo con el objetivo de «mejorar la estimación de exposición a las radiaciones»,
La posición ha cambiado por lo que traslada que, en los últimos meses de 2020, se han obtenido muestras, «congeladas» en Palomares a la espera de su transporte a los laboratorios del Ciemat en Madrid para su procesamiento.
Detalla, asimismo, que para llevar a cabo este trabajo ha solicitado el «obligatorio permiso de caza» a la Junta de Andalucía y que se ha contactado con un cazador local «con arma y licencia» reglamentaria, que ha colaborado de forma «voluntaria y altruista».
ESPAÑA DEBERÁ INFORMAR ANTES DE FINALES DE 2021 SOBRE EL PLAN PARA LIMPIAR LA RADIACTIVIDAD
El próximo plazo a cumplir por España en relación a Palomares expira a finales de 2021 cuando deberá informar a la Comisión Europea de los «progresos» alcanzados respecto al plan de limpieza «definitivo» de las 40 hectáreas contaminadas por el que se debe «eliminar» el suelo contaminado para su «deposito de forma segura» en un almacenamiento «a largo plazo».
La CE recomendó hace una década que se llevase a cabo en Palomares el Plan de Rehabilitación y la limpieza de la tierra «para evitar cualquier inaceptable riesgo radiológico» en especial en las zonas 2,3 y 6 «teniendo en cuenta la muy larga vida media» de los «contaminantes» allí presentes.
Recogía que, dentro de las áreas contaminadas y según el informe realizado entonces, en algunos lugares se registraba «una exposición para miembros del público de más de 1 mSv por año, superior en ciertas zonas a 5 mSv por año».
La misión de verificación que visitó Palomares en junio de 2019 comunicó en su informe que no se ha descontaminado «ninguna» de las áreas afectadas y aludía a que las autoridades españolas tenían «toda actividad paralizada» respecto a esta situación a la espera de un «acuerdo vinculante» con EEUU.
España sostiene que para «la solución final» al «problema» del área bajo vigilancia radiológica es «primordial» el acuerdo con EEUU ya que «no tiene instalaciones para el almacenamiento final de los desechos radiactivos generados por la limpieza».
A raíz de esto, la comisión solicitó a las autoridades españolas que informasen sobre los avances en el plan de rehabilitación «final» de las áreas contaminadas con plutonio en Palomares antes del finales de 2021 y avisó de que, de acuerdo a lo que se informe, podría considera la «necesidad» de una nueva misión de verificación para medir el grado de cumplimiento de esta recomendación.
Palomares o cómo no creer a un régimen dictatorial
Entre los legajos norteamericanos cuya desclasificación obtuvo el investigador, Moreno se topó con el acuerdo suscrito bajo el mandato de José María Aznar en 1997 que no fue hecho público y del que la prensa española “no escribió ni una sola línea“, aunque concuerda con la política española en este asunto que caracteriza como de “transparencia nula” .
Después de varias décadas de lucha ecologista y de partidos de izquierda por la clausura del cementerio nuclear, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos lo va a ampliar
El Cabril es el único cementerio nuclear que existe en España y siempre se ha mentido sobre su existencia. Lo construyó ‘clandestinamente’ Franco en 1961 y medio siglo después, en 2021, va a ser un Gobierno «socialcomunista», como lo llaman en la oposición, el que va a ampliar su capacidad; en contra de todas las promesas, propuestas y resoluciones que han aprobado desde hace años los partidos de la coalición gubernamental, el PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Por mucho que se busque, no se encontrará nada igual, un engaño que comienza con Franco y que lo continúa muchos años después el presidente que lo ha sacado de su tumba, Pedro Sánchez. Eso es El Cabril, y los restos que allí se han ido depositando seguirán allí varios siglos después de que estas mentiras, estos dirigentes, nuestras sociedades podamos recordar siquiera cómo fue posible que en España se decidiera abrir un cementerio nuclear en mitad de una sierra, el corazón de Sierra Morena, con las dificultades que conlleva para el transporte de los bidones nucleares, a solo cincuenta kilómetros de un núcleo de población, Hornachuelos, y, por si fuera poco, en una zona con un reconocido riesgo sísmico.
Como se puede imaginar, una conjunción de despropósitos como esa, pisoteando toda prudencia de seguridad de las personas y del medio ambiente, solo es posible concebirla en un régimen dictatorial como el de Francisco Franco y en una región, como la de Andalucía, maltratada por la planificación económica del general en favor de otras regiones, como es el caso de Cataluña y el País Vasco, por mucho que luego, irónicamente, los nacionalistas de ambas comunidades se presenten como adalides de lo contrario.
Tanta fue la desconsideración hacia esas gentes de Sierra Morena que, con el sigilo absoluto de un gran secreto de Estado, a El Cabril se comienzan a llevar residuos nucleares en 1961, aprovechando una mina de uranio que estaba abandonada. Se van apilando los barriles nucleares durante años hasta que en 1975 se decide darle una cierta formalidad a aquello y se produce la primera aprobación administrativa para convertirlo, formalmente, en cementerio nuclear. Pero tampoco entonces se comunica nada a la población, todo se mantiene en secreto hasta que lo descubre un periodista de Córdoba, Sebastián Cuevas, ya fallecido. Junto al fotógrafo José Manuel de la Fuente, publican una información, en octubre de 1976, en la que prueban la existencia de ese ‘cementerio nuclear’ clandestino, hasta entonces desconocido por todo el mundo.
¿Y qué pasa cuando se descubre públicamente la atrocidad de estar acumulando residuos nucleares en una mina abandonada? ¿Cómo actúa la democracia? Pues, sin clausurar nada, lo que se hace es dotar de legalidad a la ilegalidad. Hasta 1983 no se aprueba la creación de un organismo público que se hiciera cargo de estas cuestiones, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), con el cometido principal de regularizar la existencia del único cementerio nuclear de España. Sobre la antigua mina de uranio se van edificando instalaciones y, cuando ya se ha adecentado todo, se inaugura formalmente el cementerio nuclear del El Cabril en octubre de 1992. ¿Alguien da más para el ‘ranking’ de chapuzas a la española? Treinta años después de que comenzaran a llegar barriles radiactivos, se inaugura el cementerio. Ocurre, sin embargo, que la legalización de aquellas instalaciones lo que no puede cambiar, ni modificar, es el entorno en el que se encuentra el Cabril ni el riesgo que entraña.
Desde los primeros años de la democracia, todas las organizaciones ecologistas y la mayoría de los partidos políticos, fundamentalmente de izquierda, han repetido los mismos argumentos: «El cementerio nuclear de El Cabril nunca debería haberse construido porque está en el sur de la península ibérica, muy alejado de la mayoría de instalaciones, nucleares y radiactivas existentes en España. Está en una zona colindante al Parque Natural Sierra de Hornachuelos, reserva de la Biosfera de la UNESCO, geográficamente dentro de la cuenca del río Bembézar, en terrenos geológicamente inestables y sísmicos, con importantes acuíferos y aguas subterráneas en la Sierra Albarrana. Además de los riesgos asociados a la alta sismicidad, existe un peligro asociado por los transportes nucleares terrestres de residuos a lo largo de su recorrido hasta esas instalaciones por carreteras sinuosas». Por el contrario, en Enresa, cada vez que surge la polémica, insisten en que, en la actualidad, ‘el Centro de Almacenamiento de El Cabril’, como se denomina evitando cualquier referencia radiactiva, cuenta con modernas instalaciones, preparadas para resistir cualquier incidente sísmico y dotadas de las mayores medidas de seguridad.
En el Parlamento de Andalucía, desde los años 80, se pueden encontrar sucesivas declaraciones o mociones en las que se exige la inmediata clausura del cementerio nuclear de El Cabril. La protesta ha llegado también al Parlamento Europeo, convencidos de que en Europa se respaldaría la clausura del almacén de residuos radiactivos. Pero nada, hasta que ha llegado al Gobierno de España una coalición de partidos de izquierda bajo la que, como esperaban las organizaciones ecologistas, se iba a decretar lo que ellos mismos llevan tanto tiempo reclamando. Pero no, y esa ha sido la sorpresa. Ha sido, precisamente, una senadora de la coalición de partidos con la que Podemos se presentó en las últimas elecciones en Andalucía la que ha ‘destapado’ el nuevo secreto que se ocultaba: El Cabril no solo no se va a clausurar, sino que se va a ampliar, quizá al doble de su capacidad. Pilar González, la senadora de Primavera Andaluza, es la que le dirigió la pregunta en el Senado a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera: «Claro que me siento decepcionada porque tenía confianza en que un Gobierno de izquierda, progresista y ecologista, iba a actuar de otra forma», dijo la senadora en ‘Canal Sur Radio’. Y añadió: «Y no estoy decepcionada como andalucista, porque este Gobierno no lo es, sino por los mensajes progresistas de ‘no dejemos a nadie atrás’, ‘la vida en el centro’ que yo también comparto… Luego, cuando lo que se hace es lo contrario de lo que se dice, es la mejor definición de un político». Pues eso.
En la mañana del 17 de enero de 1966 se produjo sobre Palomares (pedanía del municipio de Cuevas del Almanzora en la provincia de Almería), la colisión accidental de dos aeronaves (bombardero B-52 y avión nodriza KC-135) pertenecientes a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos durante una operación rutinaria de repostaje en vuelo.
Los cuatro tripulantes del avión-nodriza y tres del bombardero perecieron en la explosión y sobrevivieron cuatro oficiales del bombardero. Ambas aeronaves quedaron completamente destruidas y sus restos de distintos tamaños se extendieron sobre cientos de hectáreas en el litoral y el mar de la zona, entre ellos cuatro ingenios termonucleares que se transportaban en el bombardero.
Dos de ellos cayeron sobre el cauce del río Almanzora (bomba nº 1, denominación que atiende al orden en que se localizaron las bombas) y el mar Mediterráneo (nº 4), a 9 km de la costa, sin daños apreciables ni consecuencias radiológicas, por la acción de sus paracaídas.
La bomba nº 2 impactó a gran velocidad (sus paracaídas se quemaron en la explosión) contra el suelo de un valle situado al oeste de Palomares, causando la detonación del explosivo convencional que volatilizó el Plutonio contenido en la bomba y se incendió, dispersándose en el aire y contaminando amplias extensiones de terreno incluso a cierta distancia del punto de impacto.
La bomba nº 3 impactó con menos violencia contra el suelo de una parcela muy próxima al casco urbano de Palomares y sólo detonó parte del explosivo convencional, produciéndose la fragmentación de la bomba y volatilización sin incendio de una fracción del Plutonio que contenía, lo que causó su dispersión en un área más limitada.
Seguidamente se iniciaron los trabajos de remedio sobre los materiales más contaminados (fundamentalmente suelo superficial y cosechas), empleándose más de 740 personas, de las cuales 600 fueron de las Fuerzas Aéreas Americanas, casi 100 vehículos y más de 20 máquinas pesadas. Los criterios para decidir qué material estaba contaminado fueron acordados con los técnicos de la Junta de Energía Nuclear (JEN) (actual CIEMAT) y como resultado, un volumen aproximado de 1.000 m3 de residuos radiactivos contenidos en 4.829 bidones fueron transportados por mar a Estados Unidos, donde quedaron depositados definitivamente en Savannah River Facility, en Aiken (Carolina del Sur, EEUU) el 8 de abril de 1966.
Pero en el suelo de Palomares quedaban más de 9 kilos de plutonio esparcidos en torno a los lugares donde cayeron las bombas.
Pero no fue hasta 2010 cuando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elaboró una propuesta preliminar del Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) basada en la caracterización radiológica tridimensional. Tenía un plazo de ejecución de las operaciones de rehabilitación de tres años. Han pasado 10 desde entonces, incluso con una modificación de la superficie en 2015, en un proyecto que quedaría en un cajón debido a sus carencias burocráticas, en él, la limpieza se reducía de 50.000 metros cúbicos a tan solo 28.000.
Pero hace escasos días, y tras petición de la Audiencia Nacional, el CSN tuvo que hacer público el plan completo al que ha tenido acceso Diario de Almería. En él se establecen todos los pasos de limpieza, y se agrega cuantía económica, esta se establece en torno a los 27 millones de euros, eso sí, sin contar su transporte transfronterizo, almacenamientos transitorios, si los hubiere y almacenamiento final. De acuerdo con las prioridades de actuación, los trabajos comienzan con la delimitación del área donde se va a efectuar la extracción de las tierras.
Presupuesto del Plan de Rehabilitación de 2020. / CSN
Los materiales extraídos en las zonas 2, 2-bis y 3 se transportarán hasta la planta de tratamiento en húmedo que se instalará en la zona 2, en tanto que los materiales extraídos en la zona 6 se tratarán en seco en la planta que se instale en esta zona. En la salida de cada uno de los productos separados de acuerdo con su tamaño de grano se dispondrá un sistema de medida de radiaciones que permita determinar con suficiente fiabilidad la concentración de actividad de 241Am en el material, actuando sobre un sistema de segregación que separará las tierras convencionales de las tierras contaminadas con niveles superiores al criterio de restricción parcial de uso establecidos por el CSN.
Las tierras tratadas con concentraciones de actividad de 241Am > 1 Bq/g se considerarán tierras afectadas y el sistema de segregación los depositará en contenedores de 1 m3 de capacidad adecuados para su transporte.
Una vez completada su capacidad de carga, cada contenedor se cerrará. La actividad total en cada contenedor se determinará a partir de los datos registrados en el sistema de medida en continuo y servirá para documentar su contenido. Seguidamente, los contenedores completos con tierras tratadas de las zonas 2, 2-bis y 3 se trasladarán a un almacén temporal construido en la zona 2 donde se clasificarán por su procedencia y actividad contenida. Los contenedores que contengan tierras afectadas de la zona 6 se gestionarán directamente desde la misma sin pasar por el almacén de la zona 2.
Los contenedores que contengan mayor actividad y en particular todos los que contengan una concentración de actividad de 241Am > 5 Bq/g, serán considerados como residuos radiactivos y serán expedidos en transporte ADR en un plazo no superior a dos semanas desde su ubicación en el almacén temporal de la zona 2 o en la zona 6.
Al finalizar la intervención se efectuará un control radiológico final con objeto de verificar la consecución de los objetivos y establecer, si fuera el caso, los condicionados de uso de los terrenos bajo un escenario recreativo.
La extracción de las tierras se realizará con excavadoras de palas pequeñas, del orden de 1 m3 de capacidad, que permitirán ajustar los volúmenes excavados a los previstos. La maquinaria para el transporte desde la zona de extracción hasta la instalación de tratamiento deberá estar provista de volquetes cubiertos, de 10 m3 para facilitar su maniobra.
Aparte de estos medios mecánicos también se prevé la extracción con medios basados en la aspiración del suelo en las parcelas de difícil acceso que hayan permanecido inalteradas desde 1966 donde la contaminación se presenta en los primeros cm de suelo
El material extraído se transportará hasta la zona de carga de las plantas de tratamiento donde se procesará inmediatamente. Una vez extraído todo el material previsto en el área, se procederá a una inspección radiológica de los terrenos superficiales (suelo y paredes laterales) que certifique que se ha alcanzado el objetivo de la intervención. Si no es así, se indicarán las partes por donde debe proseguirse la excavación hasta lograrlo. La maquinaria no debe salir de la zona de intervención hasta finalizar los trabajos en la misma.
La segregación de las tierras procesadas se efectuará con ayuda de equipos de medida de la concentración de actividad de 241Am que funcionarán en continuo durante los procesos de producción y sin comprometer sus rendimientos.
Una vez lleno cada contenedor con tierras afectadas, se cerrará de modo que se evite la dispersión de su contenido, se anotarán sus datos de documentación (en particular la concentración de actividad contenida), y se trasladarán al almacén temporal de contenedores llenos de la Zona 2. Los contenedores llenos de tierras afectadas en la Zona 6 se trasladarán mediante transporte ADR al almacén temporal de la Zona 2.
La carga de los contenedores de residuos radiactivos en los camiones se efectuará desde el muelle construido a tal efecto en la zona 2 con ayuda de palés y toros mecánicos. Los camiones deberán tener una capacidad mínima de 15 m3 que le permita alojar entre 10 y 12 contenedores. Considerando de nuevo que se espera producir diariamente entre 20 y 40 contenedores de residuos radiactivos, se estima que se precisarán entre 20 y 30 transportes pesados ADR cada semana.
Una vez concluida la extracción de las tierras en un área de actuación, verificados que los niveles de contaminación remanentes en todas las superficies producidas están por debajo de los criterios establecidos yrecogidas las muestras de suelo para acreditar el estado en que se deja esa actuación en particular, se autorizará el relleno de la zanja preferentemente con los residuos convencionales generados en el tratamiento de tierras de la misma parcela y que se habrán depositado en el parque limpio de la zona 2.En el caso que los datos obtenidos de las medidas no puedan asegurar el límite de dosis para los miembros de público, se contemplará la posibilidad de nuevas actuaciones sobre el terreno, y se establecerán restricciones de uso o controles administrativos necesarios en esas zonas para garantizar el cumplimiento de los límites de dosis a miembros de público. Una vez finalizada la intervención en cada una de las zonas se realizará un control radiológico final que se basará en las medidas efectuadas en las excavaciones practicadas para verificar los niveles radiológicos que se dejan y en el análisis de las muestras de tierras recogidas en esta verificación.
Tres riesgos de radiación al que deberán hacer frente los ‘limpiadores’ del terreno
Durante el desarrollo de las actividades previstas en el PRP existirán diversos riesgos radiológicos: Contaminación interna, debido a la resuspensión de partículas en el aire; contaminación superficial, debido al depósito de partículas en la piel de las personas; Irradiación externa, debido a la tasa de dosis producida por la actividad en la superficie de los terrenos. El riesgo de contaminación interna es con diferencia el más importante y se reducirá en lo posible mediante la adecuada planificación y ejecución de las tareas de modo que se evite la producción de polvo, controlando continuamente la concentración de actividad en aire y, en caso necesario, dotando a los trabajadores expuestos de la protección respiratoria que sea adecuada. Se evitará la dispersión de la contaminación fuera de las áreas de trabajo, para lo cual se dispondrá si es preciso de recintos cerrados que impidan la salida de la contaminación.
El riesgo de contaminación externa se controlará en los accesos a las zonas de trabajo mediante monitores adecuados y estableciendo protocolos de limpieza superficial que aseguren que las personas, ropas y enseres no presenten contaminaciones superficiales superiores a los niveles establecidos. El riesgo de irradiación externa es muy bajo incluso en las áreas con mayor contaminación superficial. No obstante, será controlado continuamente durante las operaciones mediante monitores de radiación y mensualmente mediante dosímetros personales oficiales.
Las exposiciones eventualmente recibidas por los trabajadores expuestos serán controladas mediante controles de dosimetría externa e interna efectuados por laboratorios de dosimetría debidamente acreditados ante el CSN.
El Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) ha insistido en manifestar su oposición a la enmienda presentada en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos a la Ley sobre Gestión de Residuos Radioactivos, pues ello conllevaría que se pueda ampliar el almacén de residuos radioactivos de El Cabril, que está ubicado en el término municipal de Hornachuelos, pero sin contar con el control y autorización del Consistorio de la localidad.
El Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) ha insistido en manifestar su oposición a la enmienda presentada en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos a la Ley sobre Gestión de Residuos Radioactivos, pues ello conllevaría que se pueda ampliar el almacén de residuos radioactivos de El Cabril, que está ubicado en el término municipal de Hornachuelos, pero sin contar con el control y autorización del Consistorio de la localidad.
A este respecto y en un comunicado, el Ayuntamiento, gobernado por el Grupo Independiente de Hornachuelos (GIH), ha expresado su «asombro ante la contradicción en las declaraciones» esta semana de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha confirmado que El Cabril se ampliará, para dar cabida a los residuos que se generen por el cierre de las centrales nucleares, asegurando que estas actuaciones «requerirán diálogo con todos los municipios y vecinos afectados».
Pero, según ha señalado el Ayuntamiento de Hornachuelos, no habrá ningún diálodo si prospera la citada enmienda de PSOE y Unidas Podemos, «que pretende precisamente saltarse cualquier tipo de control por parte de los municipios afectados», en cuanto a «las ampliaciones, obras o reformas que se lleven a cabo en los almacenamientos de residuos ubicados en sus términos municipales».
En consecuencia, el Ayuntamiento de Hornachuelos, ante el anuncio de la vicepresidenta Teresa Ribera sobe la próxima ampliación de El Cabril, «en estos momentos solo se va a pronunciar sobre la enmienda presentada» por PSOE y Unidas Podemos.
De hecho, «en tanto que esta enmienda se esté tramitando y en el caso de que finalmente fuera aprobada, no tendría relevancia alguna la postura que el Ayuntamiento pudiera tener al respecto de la ampliación de las instalaciones o de cualquier otra cuestión relacionada con la gestión de los residuos radiactivos, ya que dichas actuaciones vendrían impuestas por la vía del interés general», al que alude la citada moción.
Por ello, en el Consistorio consideran «que todos los esfuerzos del Ayuntamiento en estos momentos deben centrarse en que no salga adelante la enmienda, más allá de hacer ahora declaraciones o establecer posturas sobre otras cuestiones, que no tendrían ningún sentido si el Gobierno saca adelante esta reforma de la Ley». LA ENMIENDA
En concreto y según ha recordado el Ayuntamiento de Hornachuelos, la enmienda indica que «las obras de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desmantelamiento o cualesquiera otras que, en ejecución del Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno y con cargo al Fondo para su financiación, Enresa, por sí misma o a través de terceros, deba llevar a cabo para la prestación del servicio público esencial que tiene encomendado, constituyen obras públicas de interés general, que no están sometidas a ningún acto de control preventivo municipal a los que se refiere el artículo 84.1 b) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local».
Así, desde el Consistorio se ha aclarado que, «si finalmente se aprobase la declaración de interés general de las obras de Enresa, esto implicaría que la empresa tendría vía libre para realizar cualquier tipo de construcción sin tener que solicitar licencia de obra al Ayuntamiento y además significaría también que se vería liberada de abonar al municipio las tasas por licencia y el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO)».
Ante esa posibilidad, «se han emprendido acciones por parte de esta Corporación a través de la AMAC (Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares), entre las que se encuentra el encargo de un informe jurídico y el contacto con diferentes grupos políticos, para intentar detener» lo que el Consistorio de Hornachuelos considera «una injerencia en las competencias municipales por la vía de la imposición».
Junto a ello, se han reiterado, «como se ha hecho cada vez que esta corporación ha tenido oportunidad, una serie de reivindicaciones, algunas de ellas históricas, que tiene el municipio con respecto a las compensaciones que considera que le corresponden por albergar en su término municipal estas instalaciones».
El Gobierno reconoce que planea ampliar el almacén de residuos radioactivos para que acoja los restos del desmantelamiento de las centrales nucleares de España
La historia del almacén de residuos radioactivos de El Cabril (el eufemismo usado por el Gobierno para no llamarlo directamente cementerio nuclear, como popularmente se le conoció) está llena de secretos. Todo lo que pasa en la Sierra Albarrana desde los años cuarenta ha sido contado en susurros y a cuentagotas. Incluso en plena democracia tuvieron que ser un valiente periodista y un aguerrido fotógrafo, Sebastián Cuevas y José Manuel De la Fuente, los que disfrazados descubrieran, con el cadáver de Franco recién enterrado, que la antigua Mina Beta de la Sierra Albarrana era un “cementerio atómico”. Este almacén nuclear llevaba décadas funcionando de una manera bastante artesanal: a Hornachuelos llegaban barriles con basura nuclear que unos operarios bajaban al corazón de una antigua mina.
Han pasado 42 años justos desde que Sebastián Cuevas y José Manuel de la Fuente se la jugaran por arroyos, veredas, fincas de caza y caminos rurales del corazón de la sierra de Hornachuelos para publicar aquel icónico reportaje titulado Andalucía, vertedero atómico, en la revista Tierras del Sur. Muchos vecinos de Hornachuelos y del entonces próspero Valle del Guadiato leyeron así lo que escuchaban en las tabernas y le contaba algún familiar que trabajaba en la zona: que a la Sierra Albarrana estaba llegando la basura nuclear procedente de toda España. 42 años después, los vecinos se han enterado también por la prensa de una decisión que ya está tomada. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, respondió en el Senado a la parlamentaria Pilar González que el Gobierno va a ampliar El Cabril para trasladar allí todos los residuos de muy baja, baja y media actividad procedentes del desmantelamiento de todas las centrales nucleares de España.
La historia de El Cabril arranca en 1947. En cada visita que la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) organiza para la prensa en la Sierra Albarrana se repite el origen de la que hoy es la única solución al enorme problema que tiene España con la decisión tomada para desmantelar todas sus centrales nucleares: qué hacer con la basura generada. En 1947 el ingeniero Antonio Carbonell descubrió que en El Cabril había uranio. Eran los años cuarenta. Apenas dos años antes Estados Unidos había lanzado dos bombas atómicas en Japón que habían puesto punto y final a la Segunda Guerra Mundial. España entraba también en la carrera atómica. Se buscaba no solo la bomba (algo que nunca consiguió el régimen de Franco) sino el acceso a una fuente de energía que se sostenía barata.
En 1947, la Junta de Energía Nuclear (JEN) creada por el régimen franquista deslindó la zona. Y se comenzó a excavar lo que se llamó Mina Beta. Pronto se abandonó la extracción de uranio. El terreno era demasiado duro y los costes se disparaban. Entonces, el gobierno franquista se topó con un problema que ya estaba ocurriendo en el resto del mundo: qué hacer con los residuos nucleares que se generaban en las centrales. ¿La solución? Como en Europa, aprovechar minas abandonadas en zonas alejadas de la población y con escaso riesgo sísmico. En 1961 llegaron los primeros bidones al corazón de esta mina abandonada. Durante 20 años, hasta bien entrada la democracia, los bidones siguieron entrando a la zona.
El reportaje que cambió la historia de El Cabril
Hoy la Mina Beta está sellada y en su interior esconde los secretos de aquellos oscuros años. Pero a causa de esta decisión, y a que el suelo era ya propiedad de la JEN, el Gobierno decidió que el lugar para guardar los residuos radiactivos del país estaba al norte de la provincia de Córdoba, en un paraje supuestamente muy alejado de cualquier población pero con un altísimo valor medioambiental. Así nació El Cabril y así se fundó Enresa.
El reportaje de Sebastián Cuevas y de José Manuel De la Fuente provocó una enorme indignación ciudadana. Surgió una plataforma que rechazaba que Córdoba fuese un cementerio nuclear que en 1986, con el accidente de Chernóbil, regresó con muchísima fuerza.
En los años ochenta, el Gobierno reaccionó. La decisión estaba tomada. El Cabril iba a ser, sí o sí, el lugar elegido para depositar los residuos generados en España. Pero no los altamente radioactivos. Entonces no había ninguna central nuclear próxima al final de su vida y no se planeó qué hacer con esos enormes depósitos de combustible gastados. A El Cabril solo llegaba la basura radiactiva de los hospitales, de los laboratorios y también de episodios de contaminación radioactiva en España.
El 30 de mayo de 1998 hubo un grave incidente radioactivo en España. La planta de chatarra de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) tuvo un fallo. A derretir el material, el cesio-137 ardió y causó una nube radiactiva que fue detectada en Europa, pero no en Algeciras. La nube era 1.000 veces más potente de lo normal. Las cenizas radiactivas de aquel accidente están en El Cabril.
El debate sobre qué hacer con una central nuclear una vez desmantelada no se abrió hasta el Gobierno de Zapatero. La llegada de las cenizas de Acerinox empezaba a dar pistas. Europa ordenó una directiva de obligado cumplimiento a todos sus países para almacenar de manera segura y adecuada sus residuos nucleares. El objetivo era crear un único punto, llamado Almacén Temporal Centralizado (ATC), al que llevar los grandes residuos radioactivos de las centrales nucleares. Sería, su nombre lo indica, temporal, antes de construir una gran infraestructura para almacenar ya de manera definitiva una basura que en algunos casos puede seguir siendo radioactiva dentro de miles de años.
El desmantelamiento de las nucleares
El Consejo de Ministros designó, el 30 de diciembre de 2011, el municipio conquense de Villar de Cañas como sede del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su Centro Tecnológico Asociado. Hubo debate en el norte de Córdoba. Incluso se llegaron a tomar muestras del suelo de Los Pedroches, ya que los ingenieros consideran que el granito es perfecto para una instalación de este tipo, pero la contestación ciudadana y política descartó cualquier posibilidad de que el ATC acabase también en Córdoba.
Pero informes posteriores durante el Gobierno de Mariano Rajoy desaconsejaron usar el suelo de Villar de Cañas por los riesgos que suponía para un almacén de este tipo. Y eso en un momento en el que la decisión estaba tomada, con las primeras nucleares llegando al final de su vida útil y empezando a ser desmontadas. ¿Qué hacer entonces con los residuos nucleares?
Y es aquí donde de nuevo los vecinos de la zona se han vuelto a enterar por la prensa, después de meses de intensos rumores. El sexto Plan Nacional de Residuos Nucleares está a punto de cumplir y el séptimo está en borrador. El documento aún no es público, pero por lo que el Gobierno ha ido contando El Cabril va a volver a tener un papel fundamental.
De momento, Enresa ya trabaja en un gran proyecto para duplicar el número de celdas de almacenamiento de El Cabril con el objetivo de sepultar en ellas todos los residuos de hasta media actividad que se generan en el proceso de desmantelamiento de una central nuclear. Y eso, salvo el núcleo de la propia central, son muchísimos residuos: desde el escombro, hasta las arenas de alrededor, pasando por los trajes de protección que han usado los trabajadores o incluso su propio material.
A día de hoy, El Cabril tiene ya 22 de sus celdas llenas de residuos, en un espacio de 50.000 metros cuadrados. Aún tiene espacio en seis más. Además, tiene previsto construir otras cuatro celdas, la 29, la 30, la 31 y la 32, que ocuparían 130.000 metros cuadrados. Enresa prevé que con estas cuatro celdas haya espacio suficiente para acoger los residuos de los próximos años. Pero seguirá haciendo falta sitio para todo lo que generará el desmantelamiento total de las centrales nucleares españolas.
Por ello se trabaja en un proyecto en dos fases. En la primera, y con el horizonte puesto en 2028, se construirían 12 celdas más. La segunda fase, sin fecha, prevé otras 17. En total, serían otros 25 recipientes especiales en los que poder sepultar los residuos de media, baja y muy baja intensidad procedentes de todas las centrales nucleares españolas.
¿Y qué pasa mientras con los residuos de muy alta actividad? Hasta que no se construya un almacén central, todos se tienen que quedar en las centrales nucleares. El Gobierno sopesa construir tres almacenes de este tipo en toda España, y no uno, como recomienda Europa. En principio, El Cabril no está en sus planes. Pero ese es un plan que siempre ha estado encima de la mesa. ¿Llevar la basura radiactiva a varios puntos de España o aprovechar que ya existe un cementerio nuclear al norte de Córdoba para depositarla?
El Cabril está en el término municipal de Hornachuelos (uno de los más grandes de España) pero mucho más cerca de los pueblos del Valle del Guadiato. De hecho, para acceder hay que pasar por el Guadiato. Desde Hornachuelos es casi imposible hacerlo, si se quiere sobrevivir a una carretera con mareo asegurado. En el Guadiato siempre se ha denunciado, especialmente desde IU (formación que hoy está en el Gobierno de España), que su crisis industrial y su despoblación es una estrategia para convertir a El Cabril en el gran cementerio nuclear del sur de Europa.
Como siempre, los vecinos son los últimos en enterarse. El Ayuntamiento de Hornachuelos ha denunciado públicamente que está en contra del plan del Gobierno, que prevé declarar la ampliación de El Cabril de interés público y que evita, de esta forma, que sea el propio Consistorio el que dé la licencia de obras y actividad.
Además, los partidos de izquierdas en la provincia de Córdoba, históricamente muy combativos contra todo lo que supone El Cabril, miran con recele lo que están haciendo en Madrid sus compañeros de partido. Adelante Andalucía ya ha dicho que hará todo lo posible por “minimizar” la ampliación de El Cabril.
Mientras, el gran temor de los vecinos de la zona pasa por el transporte. La llegada de residuos nucleares a El Cabril no es fácil. El acceso desde Hornachuelos es una sinuosa carretera que nace desde el mismo pueblo y que atraviesa Sierra Morena. Desde el Norte, la carretera de Alanís de la Sierra (Sevilla) es, incluso, más sinuosa. El acceso natural es desde Fuente Obejuna. Los camiones cargados de residuos pasan por el mismo municipio y atraviesan varias de sus aldeas.
Por eso, la ampliación de El Cabril empieza a inquietar a los habitantes de estas zonas, pero también a agricultores, ganaderos y ecologistas. En 2019 Enresa informó de un incidente leve. Se había detectado una filtración de agua desde una de las celdas selladas. Los ecologistas siempre han hablado del gran riesgo que supone una instalación de este tipo en el corazón de Sierra Morena, en una zona que es fuente de arroyos, veneros y aguas subterráneas vital para el consumo humano y el regadío de miles de vecinos del Valle del Guadalquivir.
Miembros de la CE visitaron la zona en junio para comprobar si se habían puesto en práctica las recomendaciones de 2010
La Comisión Europea (CE) considera que los «niveles de contaminación con plutonio» del «aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas» en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora son «aceptables» y que España ha realizado una «puesta en práctica efectiva» de «todas las recomendaciones» que se le hicieron hace nueve años «excepto la rehabilitación del terreno», pendiente de la celebración de un acuerdo vinculante con Estados Unidos.
Así se desprende de las conclusiones iniciales alcanzadas por los integrantes de la misión de verificación que cursó visita a la zona en el mes de junio para comprobar ‘in situ’ si se habían puesto en práctica las recomendaciones que Bruselas efectuó en 2010 tras otra misión y para «una adecuada gestión y limpieza» del área de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica.
La CE también se pronuncia respecto a los contenedores en los que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas ha reconocido se almacenan seis toneladas de material radioactivo que se han estado enviando a la zona desde desde 2011 y no considera que «afecten a la situación existente de exposición» radiológica en Palomares.
Tanto posibles irregularidades en torno a estos traslados como la «inacción» del Gobierno son objeto de un procedimiento contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en la que Ecologistas en Acción solicita, en última instancia, que se obligue al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que fije plazo para la ejecución del Plan de Rehabilitación para la zona aprobado en 2010.
En su respuesta a una petición elevada a la comisión por el colectivo conservacionista, la CE informa del equipo que se desplazó hasta Palomares el pasado mes de junio «verificó» las instalaciones de seguimiento de radioactividad dentro y fuera de los emplazamientos, las restricciones de acceso, las medidas sobre información pública y los laboratorios asociados gestionados por el Ciemat.
«Las actividades de verificación mostraron que las instalaciones necesitan llevar a cabo un seguimiento continúo de los niveles de contaminación con plutonio del aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas en el lugar de accidente en Palomares», explica para remarcar que «estos niveles son aceptables y que las instalaciones están operativas y funcionan de manera eficiente».
El escrito informa, asimismo, de que la misión también verificó la puesta en marcha «efectiva» de las recomendaciones efectuadas en 2010 y comprobó que «todas se habían llevado a cabo» si bien no la «recomendación relativa a la rehabilitación del terreno contaminado» ya que, según matiza, «está pendiente de la celebración de un acuerdo vinculante con los EEUU».
En este sentido, en el marco del procedimiento ante la Audiencia Nacional, la Abogacía del Estado ha admitido la «imposibilidad» tanto de poner en marcha «actualmente» la rehabilitación de los terrenos contaminados como de «fijar un plazo» para la ejecución del plan ya que éste tiene carácter «preliminar».
Ha reconocido que la «ayuda» de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de «importancia primordial para dar solución definitiva a este problema», ya que España «no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio».
Ha afirmado, asimismo, que con la expropiación de tierras y el vallado que acota las 40 hectáreas bajo vigilancia se «garantiza que actualmente no se supera la dosis» legal y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado «tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo».
España deberá informar antes de 2020 sobre los «progresos»
La CE avanza, asimismo, que el equipo realizó algunas recomendaciones y sugerencias aunque no precisa cuáles a la espera de la redacción del informe completo. Sí revela, en cambio, que pedirá a España que «presente antes de finales de 2020» un informe de los «progresos realizados» para la neutralización de la contaminación.
En concreto, el informe deberá especificar «cómo se han aplicado las recomendaciones del equipo de verificación» y «cualquier cambio significativo en los sistemas de seguimiento establecidos». «La Comisión se basará en el mencionado informe para considerar la necesidad de llevar a cabo una verificación de seguimiento en España», señala.
Por otro lado, para Bruselas, en contra de lo que sostienen desde Ecologistas en Acción tanto en Europa como ante la Audiencia Nacional, los contenedores objeto de la polémica «no almacenan residuos, sino que se utilizan para almacenar muestras y contienen muestras ambientales antiguas que se extrajeron» de los suelos de Palomares.
Subraya que la misión de verificación «investigó» el almacén de muestras en el laboratorio del Ciemat en Madrid y que concluyó que «esos contenedores son parte del almacén principal» donde se «han devuelto el resto de las muestras del terreno de Palomares». «La Comisión no considera que estos contenedores de almacenamiento afecten a la situación existente de exposición en Palomares», finaliza.
Ecologistas en Acción pidió en marzo a la CE que el transporte de material, que se hizo público a finales de 2018 y que fue reconocido a posteriori por el Ciemat, fuera incluido entre las tareas a realizar por la misión de verificación de la Eurocámara.
El escrito dirigido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo indicaba que el transporte «clandestino» de un total de 156 cajas con 1.466 kilos de material radioactivo es un «nuevo suma y sigue en una tropelía que afecta a los pilares de la economía de la zona, basada en la agricultura y en el turismo, y, lo más grave, es que afecta a la ya maltrecha dignidad de lo palomareños». Así, solicitaba que «inspeccione, investigue y haga público» el inventario del contenido de esos contenedores, su caracterización radiológica y actividad total.
El colectivo, impulsor de la queja que dio lugar a que la Eurocámara se implicase en la situación de Palomares, pidió también que «constate si se han incumplido o no» los requisitos que marca la legislación europea en su almacenamiento y transporte, y que interpelase al Gobierno sobre «cuándo tiene previsto emprender la descontaminación unilateral de la zona según los criterios radiológicos establecidos en el Plan de Rehabilitación de 2010″.
Destaca que “proviene exclusivamente de muestreos y sondeos” realizados a lo largo de los años
Las casi seis toneladas de material radioactivo trasladadas en cuatro envíos desde 2011 al área contaminada de Palomares, en Cuevas del Almanzora, «no supone un incremento del riesgo radiológico», ya que supone un 0,0000378 por ciento del total de la actividad radiológica que ya se registra en la zona.
Así lo ha trasladado a la Audiencia Nacional (AN) el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) en una ampliación de informe elaborada a petición de la Abogacía del Estado en la que también se precisa que el citado material «proviene exclusivamente de muestreos y sondeos» realizados en Palomares a lo largo de los años.
En el primer informe, el Ciemat reveló que no era 1.500 kilos de material radioactivo como se sostuvo en un principio sino casi 6.000 los que se han trasladado a Palomares. No en 2016 en dos ocasiones, sino en cuatro envíos desde 2011. También admitió que 5.152 kilos estabam almacenados en dos contenedores marítimos ubicados junto a dos balsas de riego mientras que otros 670 kilos permanecían en un laboratorio ubicado en la llamada zona 3, ubicada entre las calles Paraje Guardicas y Diseminado La Punta.
Estos datos se conocen en el marco del procedimiento contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción para que la Audiencia Nacional obligue al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) activar en Plan de Rehabilitación de la zona que se aprobó en 2010.
En la ampliación de informe, consultada por Europa Press, el Ciemat precisa que el material trasladado a Palomares en 2016 está compuesto de muestras y no de residuos radioactivos, al tiempo que indica que, en términos de la actividad y de la cantidad de material trasladado, «no provoca alteración en el inventario».
Sostiene que supone un 0,0000378 por ciento de la actividad radiológica existente en la zona y un 0,012 por ciento sobre el total de terreno afectado, más de 40 hectáreas, por lo que, según remarca, «su presencia en Palomares no supone un riesgo radiológico en la zona».
«No se comunicaron los traslados al CSN»
Sobre si el transporte que se realizó concretamente en el año 2016 se hizo por empresa autorizada y cumpliendo con la normativa, se afirma que sí aunque se matiza que no se solicitó informe al CSN ya que, según el acuerdo europeo sobre transporte internacional de cargas peligrosas, se realizó «como bultos exceptuados». «Por este motivo, al no ser preceptivo , no se comunicaron los traslados», apuntilla el Ciemat.
Cabe recordar que la Audiencia Nacional (AN) ha rechazado instar a la Fiscalía a que investigue si el traslado fue «irregular» y emplazó a principios de abril a Ecologistas en Acción a que sea la propia asociación la que ponga denuncia ante el Ministerio Público «si entiende que puede ser constitutivo de delito».
En su escrito, el colectivo conservacionista señalaba al hecho de que el Ciemat haya reconocido en un informe que un envío que realizó el 29 de noviembre de 2016 «no se depositó como el resto del material en un contenedor marítimo sino que se depositó en el almacén del laboratorio que el organismo tiene en la zona 3, entre las calles Diseminado la Punta y Paraje Guardicas».
«Se han almacenado allí 77 cajas de material radiactivo con un peso total de 670 kilos, sin señalización, ni vigilancia alguna, a pocos metros de las viviendas, en el centro del pueblo», indicaba Ecologistas en Acción.
Añadía el colectivo que este almacenamiento «clandestino» de material radiactivo se ha realizado «sin informe favorable, ni autorización alguna, es decir, sin expediente» y que podría, por tanto, ser constitutivo de un presunto delito sobre la energía nuclear y las radiaciones ionizantes, previsto y penado en el artículo 345 del Código Penal.
En el primer informe remitido por el Ciemat al tribunal, consultado por Europa Press, el organismo precisaba se optó por el almacén del laboratorio de la zona 3 al no poder acceder al contenedor marítimo por encharcamiento de la zona 2 debido a las lluvias torrenciales». «Desde entonces todos los materiales que constituyeron este envío permanecen almacenados en dicho lugar», apuntilla.
Ecologistas en Acción también señalaba que podría apreciarse «irregularidad» de acuerdo a lo contemplado en el capítulo XIV, sobre infracciones y sanciones en materia nuclear, de la Ley 25/64 de 29 de abril de energía nuclear ya que, según remarcaba, el CSN, al tener conocimiento del traslado, en un escrito de fecha 31 de octubre de 2018, «se limitó a manifestar que el CSN no tiene comentarios» al respecto.
Tras analizar la prueba remitida por el Ciemat a requerimiento de la Audiencia Nacional, el colectivo criticaba con dureza el comunicado que hicieron público de forma conjunta el organismo y el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora el 26 de octubre de 2018 a raíz de la «información periodística» que revelaba la existencia de dos traslados desde Madrid en 2016, que a la postre han terminado siendo cuatro desde 2011.
«No se han realizado dos traslados de material radiactivo, como afirmaron, sino cuatro, y el peso del material radiactivo trasladado y almacenado en Palomares no ha sido de tonelada y media sino de 5,8 toneladas», remarcaba para añadir que la actividad radiológica del material es de un total de «274 millones 340 mil Bequereles, muy alejados de los 13 millones de Bequereles que inicialmente reconocieron».
Concluía para pedir que se dedujera testimonio y se diese traslado al Ministerio Fiscal para investigación que el material radiactivo se ha trasladado «desde la Instalación Radiactiva de 2a clase, la IR-17, sita en Madrid, a Palomares» y que, tanto el transporte como el posterior almacenamiento «se ha realizado sin conocimiento del CSN, ni de Enresa».
«Relevante» para decidir sobre la limpieza
La sala de lo Contencioso-administrativo ya rechazó la oposición de la Abogacía del Estado a que la Audiencia Nacional indagase sobre este traslado. Esta argumentó que este traslado «no tenía relación» con la decisión sobre el plan de rehabilitación de la zona.
«Si la pretensión es que se descontamine Palomares y se pide la retirada de la tierra contaminada, tiene relación con la pretensión y es un hecho relevante que se produzca un nuevo almacenamiento en dicho lugar», indicó en su auto la Sección Séptima, que subrayó el hecho de que ya que se supone que se «trata de tierras extraídas de ese lugar» para su análisis que «ahora vuelven al mismo, es algo sobre lo que debe versar la prueba».
Ecologistas en Acción pidió una ampliación de hechos en la causa impulsada para que la AN obligue al CSN a ejecutar el Plan de Rehabilitación de la zona aprobado en 2010 tras la «información periodística» que reveló parcialmente el transporte de este material.
La Audiencia Nacional ha admitido el informe de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear
La Audiencia Nacional (AN) ha aceptado como prueba el informe remitido al Congreso de los Diputados por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que se insta a que se “analice, y, en su caso, se rehabilite cuanto antes” la zona contaminada con radioactividad de Palomares, pedanía de Cuevas del Almanzora, para evitar “efectos inaceptables en las personas y en medio ambiente”.
Así, en su auto, la Sección Séptima admite, en contra del criterio de la Abogacía del Estado, la documental procedente de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (Astecsn); propuesta por Ecologistas en Acción en el marco del procedimiento impulsado para obligar al CSN a que fije un plazo para ejecutar el Plan de Rehabilitación de Palomares que se aprobó en 2010.
La Abogacía del Estado se opuso a que se ampliasen los hechos objetos de la demanda con este informe, algo a lo que se aviene la AN, que lo admite como prueba documental al considerar que “no dejan de ser manifestaciones de una asociación en un ámbito parlamentario, que carecen de relevancia para la decisión del pleito”. Asimismo, también se negó, en otro recurso anterior, a que se investigara el envío de 1,5 toneladas de material radioactivo a la zona en 2016 procedente del Ciemat, pero la sala se negó y la práctica de prueba al respecto ha revelado que fueron casi seis toneladas de material radioactivo trasladado desde 2011 y depositado en contenedores y en un almacen del laboratorio que el Ciemat tiene en la zona 3 bajo vigilancia radiológica, en el núcleo urbano de Palomares.
No obstante, después pidió la práctica de prueba sobre el asunto y la Audiencia Nacional la admite en este auto, de 27 de marzo, en el que incorpora a la causa el informe de los técnicos del CSN.
El informe
Los técnicos, en su informe, entienden “que siempre será mejor tener los residuos embidonados y almacenados, aunque sea allí mismo, que dispersos por el medio ambiente como llevan más de 50 años”. Y añaden que la limpieza de estos terrenos, que abarcan unas 50 hectáreas, “debe realizarse sin estar subordinada a la existencia o no de un acuerdo con terceros para que EEUU se haga cargo o no de los residuos”. Al hilo de esto, indican que la “evolución” de los “radionucleidos Pu-239, Pu-240, Pu-241, así como la aparición de Am-241, generado a partir del Pu-241”, tiene como consecuencia la “modificación del efecto radiológico, tanto en las personas como en el medio ambiente, debido a un comportamiento más dispersable a medida que van pasando los años”.
De este modo, con fecha de 17 de diciembre y realizado en respuesta a varias preguntas que se formularon por parte de miembros de la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear del Congreso, critican que en Palomares se hayan tomado “medidas sin la debida transparencia y sin sustentarse en informes públicos” y afirman que, si estos “existen, se mantienen en secreto, lo cual crea desconfianza e inseguridad en la población afectada”.
Asimismo, los técnicos señalan que resulta “significativo” que el CSN “conozca” los análisis de contaminación y dosimetría interna efectuados en la población de Palomares en los últimos 50 años y que sus resultados generales “que han debido tenerse en cuenta en las evaluaciones efectuadas por el regulador, se mantengan secretos y no disponibles cuando son la base para la toma de decisiones y justificación de cualquier medida que se quiera adoptar, tales como trabajos de limpieza y almacenamiento de residuos”.
Apuntan, en esta línea, que el CSN “debe de poner sobre aviso a las autoridades competentes acerca de los riesgos radiológicos e instar y recomendar las acciones pertinentes” y que el Estado “debe proteger a su población en consecuencia y almacenar temporal o definitivamente los residuos”. Para ello, ponen como ejemplo de actuación sobre terrenos contaminados con población el realizado en las Islas Marshall motivado por los ensayos nucleares llevados a cabo allí por EEUU, y donde las actuaciones de restauración y limpieza “se realizaron con transparencia y participación activa de la población afectada”.
Y es que, “cuanto mayor sea la transparencia, más obligadas estarán todas las partes a tomar una decisión cuanto antes. Los informes y los datos que soportan las decisiones y las medidas a adoptar deben ser públicos y sometidos a una revisión científica. El papel del CSN, como único organismo competente en protección radiológica, resulta fundamental para liderar y garantizar dicho proceso de forma pública, abierta y transparente”, remarcan en su informe.
Podian haber titulado la noticia con «Medios de comunicación engañan a los y las españolas», pero no, la cosa no ha ido a mayores.
Los cronistas de la época no pudieron contar la verdad, pero cualquier taxista de Almería te resume lo que realmente pasó en el año 1966 con el baño de Manuel Fraga Iribarne y el embajador de EEUU en Palomares: Que la famosa inmersión en el mar que también popularizó el NO-DO se grabó en otra playa de Almería donde no se encontraban los restos radiactivos de un avión americano.
La historia del baño en la playa de Manuel Fraga, que se mantiene en la memoria de cualquier español mayor de 60 años, es un claro ejemplo del marketing del franquismo: repetir una mentira muchas veces, en los medidos adecuados, puede convertirse en una realidad que pasará a la historia.
Pero hay quien no se rinde y se enfrenta a la “falsa historia”. Así, Ecologistas en Acción ha continuado luchando para conocer realmente qué hay tras esos restos radiactivos hasta llegar a los tribunales.La organización ecologista ha conseguido que la Audiencia Nacional pida informes al Consejo de Seguridad Nuclear sobre estos residuos de 1966.
Historia
La realidad es que en el accidente en pleno vuelo -y que llevó a la caída de material radiactivo a la playa de Palomares, se vieron implicados un bombardero estratégico estadounidense B-52 y un KC-135 de reaprovisionamiento en vuelo (cargado con 110.000 litros de combustible) que colisionaron a 10.000 metros sobre la costa del Mediterráneo, en el espacio aéreo de Palomares. El B-52 volvía de la frontera turco-soviética hacia la Base Aérea de Seymour Johnson en Goldsboro, Carolina del Norte, y el KC-135 provenía de la Base Aérea de Morón. La maniobra era de rutina: los B-52 se reaprovisionaban de combustible a la ida, desde la Base Aérea de Zaragoza, y a la vuelta desde Morón.
El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares Mark 28 (modelo B28RI) de 1,5 megatones cada una, de 1,5 metros de largo por 0,5 metros de ancho, con un peso de 800 kg. Dos de ellas quedaron intactas, una en tierra (cerca de la desembocadura del río Almanzora) y la otra en el mar. Las otras cayeron sin paracaídas, una en un solar del pueblo, la otra en sierra Almagrera. Se produjo la detonación del explosivo convencional que contenían, lo que sumado al choque violento con el suelo, hizo que ambas bombas se rompieran en pedazos. Las tres que cayeron en tierra fueron localizadas en cuestión de horas; la que cayó en el mar pudo ser recuperada 80 días después, las bombas tenían una potencia superior a 75 veces las de Hiroshima.
Por tanto, la playa de Palomares es un almacén de residuos rediactivos clandestino desde 1966, con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada .En el escrito de Ecologistas en Acción al tribunal se especifica que “Palomares es un almacén de residuos rediactivos clandestino desde 1966, con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada a 30 centímetros, en tres zonas diferentes sobre 103 hectáreas de terrenos y con dos fosas donde también se enterraron 4.000 metros cúbicos de material radiactivo”.
La energia nuclear en España 