Abogado UE: normas europeas no se aplican al impuesto español de residuos nucleares

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó este miércoles que la normativa europea no es aplicable a los impuestos españoles sobre la gestión de combustible nuclear gastado, respondiendo así a una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo.

El abogado general Gerard Hogan, cuyas conclusiones no son vinculantes pero suelen orientar la decisión de la corte, considera que la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad no es aplicable a los tributos españoles sobre la producción de combustible nuclear gastado, los residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de dichos combustible y residuos.

El jurista sostiene que el ámbito de aplicación de la Directiva se limita a la generación, al transporte, a la distribución y al suministro de electricidad.

El Tribunal Supremo había remitido inicialmente sus dudas sobre los impuestos nucleares al Constitucional, por ser potencialmente contrarios al principio de capacidad económica establecido en la Constitución, en un contencioso que afecta a la Asociación Española de la Industria Eléctrica, Endesa Generació e Iberdrola, y, por otro lado, la Administración General del Estado.

Las eléctricas argumentaban que los modelos de autoliquidación y pago de los citados impuestos sobre combustible nuclear gastado constituyen una suerte de impuesto especial sobre los productores de energía nuclear que distorsiona el mercado español de la electricidad, lo cual debe considerarse ilícito.

El Supremo entendía que el objetivo de los impuestos es incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica, para que los productores de energía nuclear asuman una parte de la financiación del “déficit tarifario” (diferencia entre los ingresos que las compañías eléctricas españolas reciben de los consumidores y el coste del suministro de la electricidad reconocido por la normativa nacional) mayor que la de otros productores de energía.

Consideraba también que la libre competencia en el mercado de la electricidad se ve falseada si determinadas empresas se someten a una tributación por su forma de producción sin una justificación objetiva.

Pero el Tribunal Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad indicando que, al haber expresado el Tribunal Supremo sus dudas también acerca de la compatibilidad de la legislación nacional con el Derecho de la Unión, debía plantear primero una cuestión prejudicial al TJUE, cuyo abogado general no ve aplicable la legislación comunitaria.

No obstante, el jurista añade que, en caso de que el Tribunal europeo no comparta su opinión, aporta una solución alternativa.

En ella considera que la Directiva no se opone, en principio, a la normativa española, ya que la situación de las empresas eléctricas que utilizan energía nuclear no es comparable a la de otros productores de energía en cuanto a la protección del medio ambiente y de la seguridad.

No obstante, el jurista comunitario añade que el Tribunal Supremo deberá valorar, en su caso, si el objetivo de dicha normativa está realmente relacionado con la protección del medio ambiente y la seguridad y, si es preciso, determinar si la diferencia de trato fiscal deparado a los distintos tipos de productores de electricidad está objetivamente justificada por tales razones medioambientales.

Fuente : La Vanguadia

La eterna herencia mortal de la energía nuclear

El plutonio 239, generado únicamente en las barras de los elementos combustibles de una central nuclear, es un elemento de la tabla periódica que dejó de existir sobre la tierra en sus primeros millones de años, antes de que apareciera la vida. Su núcleo es inestable y durante su desintegración emite una partícula alfa y otra gamma, ambas de muy alta energía. Al chocar con cualquier molécula la destruye, algo habitual en la naturaleza que no tendría mayor problema si no fuera porque eso incluye a las moléculas de los seres vivos. Si esa molécula es del ADN, puede producirse una mutación, es decir: cáncer. Su periodo de semidesintegración es de 24.100 años, es decir, a los 24.100 años el número de núcleos de una muestra se reduce a la mitad. Tras otro periodo igual se reduce de nuevo a la mitad, es decir la cuarta parte de la cantidad inicial. Tras cien mil años, la muestra se ha reducido a un dieciseisava parte, una cantidad que sigue siendo peligrosa si se trata de una concentración importante, como es el caso.

Lo primero que piensa cualquier persona ajena al mundillo de la ciencia es que “hombre, alguna solución habrá, ¿no se puede destruir?” La respuesta es sí… desde el punto de vista científico-experimental, lo cual no implica directamente que sea una solución factible. Me explico. En un reactor de investigación, hace muchos años que se bombardea plutonio. El proceso se llama transmutación y consiste en bombardear la muestra con neutrones de alta energía que provocan la fisión del núcleo, utilizando una energía del orden de los megawatios para transmutar algunos gramos. El problema es que en el mundo habrá dentro de una década más de 300.000 toneladas de combustible gastado (CG) en todo el mundo, 6.700 en España. Está muy lejos de lo razonable pensar que se pueda disponer de la energía necesaria. No es ninguna exageración decir que se necesitaría, para transmutar todo el plutonio, cien veces más energía eléctrica de la que han producido las centrales nucleares durante su funcionamiento.

Después de más de medio siglo de industria nuclear, no existe solución al problema de los Residuos Radiactivos de Alta Actividad (RAA), salvo esconderlos en lugar seguro. Para ello, hay que encontrar un lugar donde el material se encuentre confinado con toda seguridad. Dado que la construcción humana más antigua son las pirámides, que no pasan de 5000 años, lo que se baraja es colocar los RAA en Almacenamientos Geológicos Profundos (AGP), donde haya total seguridad de ausencia de movimientos sísmicos, escorrentías de agua, grietas, etc… durante más de cien mil años. No es tarea fácil. Quizás por eso, los RAA se mantienen al lado de las centrales nucleares en todo el mundo, en las piscinas de almacenamiento del CG, salvo el caso de los países que tienen permiso de NNUU para fabricar la bomba atómica. Estos países procesan una pequeña parte del CG para extraer el plutonio necesario para fabricar sus bombas. Al fin y al cabo, para eso se inventaron las centrales nucleares, pues el proceso de “fabricación” del plutonio hubiera resultado carísimo y no hubieran podido construir las decenas de miles de cabezas nucleares que están repartidas entre las grandes potencias. El resto de RAA, también en estos países, se encuentra junto a las centrales.

No es ninguna exageración decir que se necesitaría, para transmutar todo el plutonio, cien veces más energía eléctrica de la que han producido las centrales nucleares durante su funcionamiento.

La solución que genera más consenso es la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) donde concentrar los RAA en los diferentes países durante un periodo transitorio de entre 50 y 100 años. De esta manera le quitan el problema de encima a los titulares de las centrales nucleares y se lo pasan al Estado. Lo habitual en estos casos. Así se gana tiempo, para pensar qué se hace con ellos durante los siguientes 99.900 años.

Las generaciones futuras deberán destinar una parte de sus recursos para mantener confinados con seguridad estos materiales. No es difícil adivinar lo que pensarán las gentes de los milenios venideros de “los antiguos” cada vez que se tengan que encargar de la herencia de las generaciones de los siglos XX y XXI. Eso si aún saben de la existencia de semejante material.

Por ahora, es nuestra generación la que debe ocuparse del problema, nadie tiene derecho a mirar para otro lado. El movimiento antinuclear tampoco. Las nucleares ya van cerrando, por viejas y por caras, pero la lucha antinuclear no terminará nunca mientras existan RAA. No sirve de nada decir que “ya lo advertimos”.

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Fuente: elsaltodiario

Instan a limpiar “cuanto antes” la radioactividad en Palomares

La Audiencia Nacional ha admitido el informe de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear

La Audiencia Nacional (AN) ha aceptado como prueba el informe remitido al Congreso de los Diputados por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que se insta a que se “analice, y, en su caso, se rehabilite cuanto antes” la zona contaminada con radioactividad de Palomares, pedanía de Cuevas del Almanzora, para evitar “efectos inaceptables en las personas y en medio ambiente”.

Así, en su auto, la Sección Séptima admite, en contra del criterio de la Abogacía del Estado, la documental procedente de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (Astecsn); propuesta por Ecologistas en Acción en el marco del procedimiento impulsado para obligar al CSN a que fije un plazo para ejecutar el Plan de Rehabilitación de Palomares que se aprobó en 2010.

La Abogacía del Estado se opuso a que se ampliasen los hechos objetos de la demanda con este informe, algo a lo que se aviene la AN, que lo admite como prueba documental al considerar que “no dejan de ser manifestaciones de una asociación en un ámbito parlamentario, que carecen de relevancia para la decisión del pleito”. Asimismo, también se negó, en otro recurso anterior, a que se investigara el envío de 1,5 toneladas de material radioactivo a la zona en 2016 procedente del Ciemat, pero la sala se negó y la práctica de prueba al respecto ha revelado que fueron casi seis toneladas de material radioactivo trasladado desde 2011 y depositado en contenedores y en un almacen del laboratorio que el Ciemat tiene en la zona 3 bajo vigilancia radiológica, en el núcleo urbano de Palomares.

No obstante, después pidió la práctica de prueba sobre el asunto y la Audiencia Nacional la admite en este auto, de 27 de marzo, en el que incorpora a la causa el informe de los técnicos del CSN.

El informe

Los técnicos, en su informe, entienden “que siempre será mejor tener los residuos embidonados y almacenados, aunque sea allí mismo, que dispersos por el medio ambiente como llevan más de 50 años”. Y añaden que la limpieza de estos terrenos, que abarcan unas 50 hectáreas, “debe realizarse sin estar subordinada a la existencia o no de un acuerdo con terceros para que EEUU se haga cargo o no de los residuos”. Al hilo de esto, indican que la “evolución” de los “radionucleidos Pu-239, Pu-240, Pu-241, así como la aparición de Am-241, generado a partir del Pu-241”, tiene como consecuencia la “modificación del efecto radiológico, tanto en las personas como en el medio ambiente, debido a un comportamiento más dispersable a medida que van pasando los años”.

De este modo, con fecha de 17 de diciembre y realizado en respuesta a varias preguntas que se formularon por parte de miembros de la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear del Congreso, critican que en Palomares se hayan tomado “medidas sin la debida transparencia y sin sustentarse en informes públicos” y afirman que, si estos “existen, se mantienen en secreto, lo cual crea desconfianza e inseguridad en la población afectada”.

Asimismo, los técnicos señalan que resulta “significativo” que el CSN “conozca” los análisis de contaminación y dosimetría interna efectuados en la población de Palomares en los últimos 50 años y que sus resultados generales “que han debido tenerse en cuenta en las evaluaciones efectuadas por el regulador, se mantengan secretos y no disponibles cuando son la base para la toma de decisiones y justificación de cualquier medida que se quiera adoptar, tales como trabajos de limpieza y almacenamiento de residuos”.

Apuntan, en esta línea, que el CSN “debe de poner sobre aviso a las autoridades competentes acerca de los riesgos radiológicos e instar y recomendar las acciones pertinentes” y que el Estado “debe proteger a su población en consecuencia y almacenar temporal o definitivamente los residuos”. Para ello, ponen como ejemplo de actuación sobre terrenos contaminados con población el realizado en las Islas Marshall motivado por los ensayos nucleares llevados a cabo allí por EEUU, y donde las actuaciones de restauración y limpieza “se realizaron con transparencia y participación activa de la población afectada”.

Y es que, “cuanto mayor sea la transparencia, más obligadas estarán todas las partes a tomar una decisión cuanto antes. Los informes y los datos que soportan las decisiones y las medidas a adoptar deben ser públicos y sometidos a una revisión científica. El papel del CSN, como único organismo competente en protección radiológica, resulta fundamental para liderar y garantizar dicho proceso de forma pública, abierta y transparente”, remarcan en su informe.

 

EH Bildu denuncia tres vertidos de material radiactivo en Garoña el pasado verano

EH Bildu ha solicitado explicaciones acerca de tres accidentes en la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) sucedidos el pasado verano en los que, ha asegurado, se ha vertido material radiactivo.

Los accidentes, según ha explicado el parlamentario vasco Mikel Otero, se han producido durante labores de desmantelamiento de la central y han sido «ocultados hasta ahora, en una grave falta de transparencia que pone en solfa la labor de la comisión interinstitucional» que hace seguimiento de dicho proceso.

Concretamente, según la información del Consejo de Seguridad Nuclear citada por el grupo parlamentario, el primer accidente tuvo lugar el 20 de julio de 2018, cuando una fuente radiactiva que estaba siendo transportada se cayó al suelo y la cápsula de cesio-137, que estaba dentro, se salió del envase de plomo y el 2 de agosto hubo un vertido de 50 litros de lodo radiactivo, que también se volvió a verter quince días después en el tercer accidente.

Otero ha solicitado que comparezca en el Parlamento Vasco la comisión interinstitucional constituida en 2017 por el Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y administraciones locales para hacer seguimiento del proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. «Ese órgano fue creado a propuesta de EH Bildu, pero su trabajo está en cuestión porque hasta ahora no hemos sabido que durante el pasado verano en Garoña hubo tres accidentes en los que se vertió material radiactivo», ha recalcado.

El parlamentario ha añadido que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no ha dado a conocer «hasta hace pocos días ninguna información al respecto» y es muy grave que la comisión integrada por las instituciones vascas tampoco supiera nada de esos accidentes.

En opinión del parlamentario de EH Bildu, «es muy preocupante la nula transparencia con que se está desmantelando Garoña y está claro que la actividad de la comisión interinstitucional no está sirviendo para acabar con la opacidad».

fuente: Burgosconecta

El Ministerio de Hacienda emite un informe que avala la posible inconstitucionalidad del impuesto a Garoña

La Secretaria de Estado de Hacienda ha emitido un informe que avala la posible inconstitucional del impuesto que gravará los residuos de Garoña y que fue aprobado en las Cortes de Castilla y León en el Pleno del pasado 31 de octubre con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos.

Se trata de un segundo informe del Estado que se suma al que del Ministerio para la Transición Ecológica y cuya argumentación se basa en que el impuesto sobre la afección medioambiental de los residuos generados por el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña podría “solaparse” con los impuestos estatales sobre “la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica” y el relativo al “almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas”.
En base a este documento el secretario del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, ha presentado una queja, ya que considera que se ha “hurtado” un argumento del debate en torno a este nuevo gravamen que se produjo el pasado 31 de octubre en las Cortes, ya que este jueves se ha dado a conocer el dictamen de la Secretaría de Estado de Hacienda a los grupos por parte del Parlamento cuando el documento llegó el pasado 29 de octubre y días antes a la Junta. José Francisco Martín ha recordado además que existen informes de la propia Asesoría Jurídica de la Junta y del Consejo Consultivo que respaldan la posible inconstitucionalidad del impuesto y ha insistido en que este último informe del Estado no se pudo usar por los grupos porque no se ha dado a conocer hasta hoy.

“Se ha conocido ocho días después del fin de debate”, ha señalado el procurador socialista. Así, ha advertido de que en cuanto la Ley autonómica que regula el impuesto se publique deberá ser el Ministerio de Política Territorial y Función Pública el que analice la posibilidad de presentar un recurso al mismo en base a estos informes.
No obstante, el procurador socialista ha reseñado que todos los documentos respaldan los argumentos esgrimidos por el PSOE en la enmienda a la totalidad que presentó a esta modificación de la Ley y que fue rechazada por el Pleno de las Cortes. Tras estos argumentos el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha considerado que quien debe dar explicaciones es el PSOE sobre por qué conoció el “supuesto” informe inicial del Ministerio para Transición Ecológica, un documento que, como ha explicado, desconocen el resto de grupos. “Me preocupa el uso de medios públicos en beneficio de un partido político, esto me huele mal”, ha señalado, tras lo que ha explicado que el contenido de estos documentos “se parecen mucho” a los argumentos socialistas. Por último, De la Hoz ha considerado que el PSOE debería explicar a los ciudadanos por qué “sorprendentemente” en vez de ponerse del lado de los “intereses” de los ciudadanos de la Comunidad para recaudar unos 10 millones de euros anuales por este impuesto que se dedicarían a revitalizar el entorno de la nuclear se posicionan con “Iberdrola para que no pague”.

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El Gobierno calcula que el desmantelamiento de Garoña tardará “unos 8 o 10 años”

El almacén para guardar el combustible radiactivo ha conseguido la licencia y está a la espera de ponerse en marcha

Es la primera vez que el Gobierno de España se pronuncia oficialmente sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. Lo ha hecho algo más de un año después de que se anunciara su cierre y después de filtraciones que apuntan a que ese desmantelamiento arrancará en 2019. Y en esa primera información oficial -a través de una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos- el Gobierno augura que el proceso de desmantelamiento tardará “unos 8 o 10 años”, aunque matiza que “hay que tener en cuenta que cada central es diferente”.

Esto significa que, si se cumplen las previsiones y el desmantelamiento arranca en 2019, el final definitivo de Garoña no habrá llegado antes de 2026. Aunque los residuos radiactivos se quedarán allí y no se sabe por cuánto tiempo.

En la información enviada al Congreso de los Diputados, el Gobierno confirma que Garoña ha conseguido ya la licencia del Almacén Temporal Individualizado en el que se van a depositar el combustible nuclear utilizado hasta ahora. Son las famosas barras de de combustible que ahora mismo están en la piscina de la central y que se trasladarán a ese almacén a cielo abierto.

“Se trata de una instalación al aire libre, similar a la existente en Zorita que albergará en contenedores especiales todo el combustible gastado durante los años de la operación de la central”, explica el Gobierno. Este almacén está “a la espera de iniciar su explotación”. Iberdrola y Endesa, propietarias de la central, anunciaron que ese traslado de residuos podría iniciarse en el segundo semestre de 2019.

Es decir, Garoña pasará de ser una central nuclear a un almacén de residuos radiactivos. Al menos mientras no se consiga poner en marcha un almacén centralizado para toda España. El Gobierno aprobó en 2011 abrir esa instalación en Villar de Cañas (Cuenca) pero en julio paralizó los permisos

El combustible nuclear, por tanto, se quedará en Garoña pero otros residuos menos radiactivos -los de muy baja a media de actividad, aquellos en los que la contaminación dura menos de 30 años- “se trasladarán al centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba”.

El Gobierno aclara además que desde el momento en el que la central paró su actividad, “los técnicos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y los de la instalación iniciaron los contactos tendentes a conocer las condiciones en que se abordaría el desmantelamiento”.

Fuente: cadenaser

7.200 toneladas de residuos de Zorita. Ahora vas, y lo cascas.

 

Zorita con sus residuos de alta intensidad

El desmantelamiento de la José Cabrera ha generado hasta la fecha 7.200 toneladas de residuos radioactivos

Enresa ya ha ejecutado el 86 por ciento de los trabajos de desmantelamiento de la central José Cabrera, en Zorita de los Canes (Guadalajara). Una de las pruebas del avanzado estado de la actuación ha sido la desaparición de la icónica chimenea de la central, uno de sus elementos más reconocibles. Primero fue troceada en 12 piezas de 30 toneladas. Después, en 25 segmentos que han sido tratados como material convencional. Ahora, “el riesgo radiológico ya es muy limitado” y la mayor parte de los trabajos que aún quedan por ejecutar afectan a materiales convencionales, sin carga radioactiva. “Quedan las demoliciones de los edificios, que son convencionales, pero tienen dificultad por la envergadura de las instalaciones”, indicó el director de Operaciones, Juan Luis Santiago Albarrán.

Precisamente, uno de los grandes éxitos del proceso está siendo la notable reducción del material radioactivo gracias a los tratamientos que está aplicando la empresa. “Hemos reducido un 50 por ciento la previsiones iniciales”, explicó el Director de Desmantelamiento, Manuel Ondaro. Además, de los elementos radioactivos, se calculaba que en torno 70 por ciento sería clasificado como de media y baja actividad, mientras que el 30 restante lo sería de muy baja, proporciones que finalmente se han invertido. El 70 por ciento de los residuos han sido catalogados como de muy baja intensidad y el 30 de media y baja.

Desde que Enresa asumiera los trabajos, en febrero de 2010, hasta el 30 de septiembre de 2018, se han generado 16.879 toneladas de materiales. De ellos, 9.600 toneladas se tratarán con normalidad al no tener carga radioactiva, ya que 6.200 eran de material convencional y 3.400 de materias desclasificado (nombre con el que se conoce al material al que se le ha eliminado la carga radiológica). En cuanto al resto, 5.800 toneladas han sido clasificadas de muy baja actividad y 1.433 como de baja y media actividad, siendo estas 7.200 toneladas trasladadas a El Cabril, en Cordoba, donde se encargarán de su gestión.

Uno de los mejores ejemplos del trabajo que se está realizando para reducir el material radioactivo es la planta de lavado de tierra, con la que se ha logrado reducir de 18.000 a 9.000 las toneladas de tierra con carga radioactiva.

Aunque los trabajos se encuentran en un punto muy adelantado, con los equipos desmontados y las instalaciones descontaminadas, el trabajo no estará exento de complejidad, ya que pasa por la demolición de todos los edificios aún existentes. Al final, Ondaro calcula que se tendrán que gestionar más de 100.000 toneladas de materiales, aunque solo entre un 5 y un 10 por ciento de esta cantidad será material radioactivo.

En 2019, por lo tanto, comenzará la demolición de los principales edificios: el Edificio del Evaporador el Almacén de Residuos 1, el Edificio Eléctrico en el que estaba la Sala de Control y el Edificio de Contención y Auxiliar. Después llegará el momento de devolver los terrenos a su propietario. “Al final del proyecto, Enresa será de las pocas empresas en el ámbito internacional que tenga experiencia en todo el proceso de desmantelamiento”, indicó Albarrán, quien también recordó que, de hecho ésta es la primera vez que se hace una restauración del emplazamiento en España. Actualmente, en la central trabajar una media de 175 personas pertenecientes a 25 empresas. El 66 por ciento de estos trabajadores provienen de la provincia de Guadalajara.

Si todo transcurre según lo previsto, los trabajos terminarán en 2020. Después de esa fecha, la única prueba de la existencia de la central José Cabrera será el Almacén Temporal Individualizado (ATI), en el que hay 12 contenedores con 377 elementos de combustible gastado y algunos segmentos de la vasija. Todos ellos permanecerán en el ATI mientras no se dé una ubicación al Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Fuente:  nuevalalcarria.com