El Gobierno paraliza el permiso de construcción del almacén de residuos nucleares

El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido paralizar el permiso de construcción del almacén para residuos nucleares, ideado hace casi dos décadas y que acumula un enorme retraso.

El Almacén Temporal Centralizado (ATC), previsto por el Gobierno del PP en Villar de Cañas (Cuenca) para guardar los residuos de todas las nucleares, cuenta con el rechazo del Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha. El ministerio ha enviado un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que suspenda la tramitación del permiso de construcción. Quiere tener diseñada su política energética antes de que se dé vía libre a este polémico proyecto.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que la semana pasada el departamento de Teresa Ribera envió el escrito al CSN, el supervisor encargado de analizar y avalar el permiso de construcción del silo para desechos nucleares. En la misiva se instaba a suspender la tramitación de ese expediente. Las mismas fuentes señalan que en breve el CSN celebrará un pleno en el que está previsto que se apruebe la paralización del permiso de construcción a instancias del ministerio.

 

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Francia eleva a 74.603,14 euros diarios la multa que cobra a España por guardar residuos nucleares

Despropósito nacional: la política energética del PP ha sido totalmete desastrosa para los españoles

Hace un año, el entonces Ministerio de Energía cifró esa penalización que Enresa paga a la francesa Orano en 73.000 euros

Empezó a abonarse en julio de 2017 por la custodia de los residuos de Vandellòs I que no han podido volver a España por el retraso del almacén nuclear

El insuficiente fondo que debe pagar el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos alcanza una dotación de 5.326 millones

 

Francia ha elevado a 74.603,14 euros diarios la penalización que cobra a España  desde el 1 de julio de 2017 por custodiar en La Hague (Normandía) los residuos de la central nuclear Vandellòs I (Tarragona) que no han podido regresar a suelo español por el retraso en la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad.

La cifra, recogida en la última memoria anual de la empresa estatal Enresa, ha sido revisada al alza “como resultado de aplicar determinados índices de actualización previstos en el acuerdo” suscrito entre España y Francia en 2011 y supera en más de un 2%  los 73.000 euros diarios a los que, según dijo hace un año el entonces Ministerio de Energía, iba a ascender esa penalización.

Con la calculadora en la mano, esos 74.603,14 euros diarios implican que en agosto España habrá pagado a Francia más de 30 millones en poco más de un año por el retraso del ATC que el anterior Gobierno decidió ubicar en Villar de Cañas (Cuenca) a finales de 2011. El presidente de Enresa, Juan José Zaballa, explica en la memoria de la empresa que la multa es “el efecto más evidente” del retraso en la construcción del almacén, “aunque no el más relevante desde un punto de vista económico”.

Zaballa, que previsiblemente será cesado en breve por el nuevo Gobierno, subraya que “estas penalizaciones finalizarán con la llegada del último transporte de estos residuos radiactivos a España, tras lo cual serán reembolsadas a Enresa, descontándose los costes de almacenamiento incurridos” desde el 1 de octubre de 2015.

El problema es que hoy por hoy no hay ATC, ni se le espera, y todas las centrales tienen ya (o están construyendo) sus propios almacenes temporales ante la próxima saturación de las piscinas que los custodian. Empantanado en los tribunales, el almacén no ha empezado ni a construirse, ni tiene los permisos necesarios del Consejo de Seguridad Nuclear y Medio Ambiente (ahora Ministerio para la Transición Ecológica).

Con un nuevo Ejecutivo que  apuesta por cerrar las nucleares cuando cumplan 40 años (la última se clausuraría, en principio, en 2028), España tiene numerosos deberes en esta materia: debe actualizar un plan de gestión de residuos radiactivos que data de 2006, lo que ha motivado un expediente de infracción en Bruselas que puede acarrear una sanción millonaria.

Ante el posible apagón nuclear,  la ministra Teresa Ribera resumía así la situación esta semana en su debut en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso: “Si no sabemos cuánto cuesta almacenarlos, cómo y donde se gestionan [los residuos], es un poco simplista pensar en una estimación razonable del coste de cerrar las centrales”.

Más de 530 millones

Desde la clausura en 1989 de Vandellòs I por un incendio, España ha tenido que abonar a Francia más de 530 millones por quedarse con la basura radiactiva de esa central. Tras su cierre, firmó un primer acuerdo con Cogema (a la postre Areva, hoy Orano), fabricante del reactor, para la custodia y reprocesamiento del combustible (uranio enriquecido) a cambio de unos 250 millones que sufragaron los consumidores mediante un recargo en el recibo de la luz del 0,7%.

Ese primer acuerdo fijaba como primer plazo para traer los residuos el 31 de diciembre de 2010. Se incumplió y Enresa empezó a abonar una penalización de unos 65.000 euros diarios hasta que en octubre de 2012 suscribió una adenda al convenio original. A cambio de retrasar la devolución hasta junio de 2017 y recuperar las penalizaciones diarias devengadas hasta entonces, se comprometió a abonar 213 millones más que incluían el encargo a Areva de cuatro contenedores para el transporte y almacenamiento de los residuos hasta Villar de Cañas.

Tareas todas a cargo del insuficiente Fondo para la Financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos que gestiona Enresa, que debe sufragar también el ATC, el desmantelamiento de las nucleares y la gestión de sus residuos y que a cierre de 2017 alcanzaba una dotación de 5.326 millones, un 6,1% más.

En 2016, el Tribunal de Cuentas cuestionó el sistema de financiación de este fondo, al que en el sector hay quien define como “un esquema Ponzi”, y advertía de un “déficit” de 1.486 millones a junio de 2014. Denunciaba el tribunal que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010, cuando empezó a ser financiado por las eléctricas, no se habían actualizado pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones.

En enero, el entonces ministro Álvaro Nadal llegó a anunciar en el Congreso la intención del Gobierno de tramitar una proposición de ley (que no llegó a ver la luz) para traspasar a las eléctricas la responsabilidad de las actividades de desmantelamiento de las centrales nucleares.

En 2017, los ingresos de Enresa (fundamentalmente la tasa que recibe por el kWh nuclear producido por las eléctricas) fueron de 390,4 millones, frente a 395,4 millones de un año antes, y su resultado de explotación cayó hasta 180,7 millones (257,4 millones en 2016).

La tasa que pagan las eléctricas está ligada a la producción de energía de cada central: dejan de pagarla desde el momento en que no generan electricidad. Y en el sector creen que bajo la actual regulación, esas desviaciones correrán a cargo del Estado o el consumidor de electricidad.

El coste de desmantelar las nucleares es en buena medida una incógnita. Como dice Enresa en su memoria, Garoña “consolidará” a esta sociedad estatal “como una de las empresas con mayor experiencia en este campo en el mundo”. Y la experiencia de Zorita invita a pensar que habrá desviaciones al alza.

Fuente:  eldiario

No solo derogar el impuesto al sol: el PSOE quiere tumbar la política energética del PP

La intención que mostró Pedro Sánchez el pasado jueves de derogar el impuesto al sol en su discurso de moción de censura es solo la punta del iceberg respecto a las intenciones que tiene el nuevo Ejecutivo socialista en materia energética. Fuentes próximas al nuevo presidente del Gobierno se muestran partidarias de dar un giro de 180 grados a las iniciativas impulsadas en los últimos años por los hermanos Alberto y Álvaro Nadal, principales responsables de la política energética durante el mandato de Mariano Rajoy.

El nuevo equipo de gobierno tendrá que empezar a tomar decisiones importantes de manera inmediata. El responsable del ramo —aún por nombrar— deberá estar presente en el consejo de la Unión Europea el próximo 11 de junio para aprobar los puntos más controvertidos que se están discutiendo en la directiva de renovables.

Fuentes presentes en las negociaciones comunitarias, conocidas como trílogos, aseguran que el Parlamento Europeo se congratula de que España ya no esté representada por Nadal. Y es que la postura de la Eurocámara en materia de renovables, defendida por el eurodiputado José Blanco, aboga por extender al 34% el objetivo de penetración de energías limpias en 2030, una cifra que dista mucho del 30% al que estaba dispuesto a llegar Nadal. La presencia en el consejo de un nuevo responsable socialista por España se entiende como un apoyo más a las tesis del Parlamento y uno menos para los más conservadores y defensores del carbón, como Polonia o la propia España hasta ahora.

Ruth Ugalde

Estructura de Gobierno

Precisamente la configuración comunitaria del paquete europeo sobre clima y energía lleva a las fuentes consultadas a pensar que Pedro Sánchez podría optar por unir el Ministerio de Energía con el de Medioambiente, hoy empotrado en Agricultura. Esta es una opción mucho más plausible de la que reividica un responsable de la era Zapatero, que cree que Industria, hoy en Economía, debería ir de nuevo con Energía.

El propio Sánchez reivindicó el jueves en el Congreso de los Diputados “la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que incentive la inversión en renovables”. La manera de enfocar esta, hasta ahora, desde dos ministerios diferentes ha llevado a que se cuestionara en muchos momentos si Tejerina y Nadal estaban alineados a la hora de sacar adelante esta trascendental ley.

El Gobierno del PP pretendía tener preparada la misma, al menos en borradores, a finales de año. Ahora, fuentes del PSOE señalan que habrán de esperar a entrar en los ministerios para ver en qué punto de elaboración se encontraba la misma y en función de ello valorar los plazos de ejecución.

Foto de archivo de la exministra española de Medio Ambiente Rosa Aguilar (d) y la exsecretaria de Cambio Climático Teresa Ribera (i). (EFE)
Foto de archivo de la exministra española de Medio Ambiente Rosa Aguilar (d) y la exsecretaria de Cambio Climático Teresa Ribera (i). (EFE)

Las quinielas para tomar el mando en este ramo apuntan directamente hacia Teresa Ribera. La exsecretaria de Estado de Cambio Climático con Zapatero fue rescatada por Pedro Sánchez para su equipo de expertos. Otro nombre que suena es el de Cristina Narbona. La exministra y exconsejera del CSN es uno de los pesos pesados del PSOE de Sánchez.

También apuntan el nombre de Natalia Fabra, hija del expresidente de Red Eléctrica y hoy consejero del CSN, Jorge Fabra, como candidata a participar en esta área de Gobierno. Tampoco se descarta la posibilidad de que tome algún cargo el expresidente de REE y exministro Luis Atienza.

En este punto, cabe destacar que Podemos, el principal apoyo de la moción de Sánchez, pidió esta misma semana un Ministerio de Transición Energética y la creación de una vicepresidencia de Transición Ecológica, dada la importancia que constituye este ramo. Curiosamente, uno de los pocos que han reclamado que se dé rango de vicepresidencia a esta materia es la Fundación FAES de José María Aznar. El expresidente proponía en marzo una vicepresidencia económica para coordinar la transición energética.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), acompañado por la presidenta del partido, Cristina Narbona (i), y la vicepresidenta, Adriana Lastra (d). (EFE)
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), acompañado por la presidenta del partido, Cristina Narbona (i), y la vicepresidenta, Adriana Lastra (d). (EFE)

Cierre de las nucleares

La importancia de Narbona tiene un peso específico sobre cuestiones clave energéticas corroboradas en el 39º Congreso del partido. Así, la ejecutiva de Sánchez tiene una idea radicalmente opuesta a la de Nadal respecto a nucleares y carbón. Los socialistas abogan por el cierre de las nucleares al término de su vida útil, con 40 años. Al mismo tiempo, la polémica que mantenía el ya exministro con Iberdrola por el cierre de sus dos plantas de carbón decaería. Los socialistas no han apoyado el encaje legal que buscaba el PP para impedir el cierre de centrales.

Entre las razones de la caída de Rajoy, hay quien incluye la influencia de Iberdrola, por su proximidad al PNV. Para los Presupuestos, los ‘jeltzales’ ya consiguieron que el PP guardara en el cajón cualquier reforma que pudiera afectar a los intereses de la eléctrica con sede en Bilbao.

Juan Cruz Peña

No obstante, una cosa es hablar y otra dar trigo. El cierre de las nucleares tiene un importante impacto a día de hoy en el precio de la luz, como se ha demostrado este mes de mayo, en el que tres centrales han estado cerradas. Además, la no prolongación de la vida útil de las plantas atómicas deja sin resolver el multimillonario agujero de Enresa.

Redes y renovables

Otro de los puntos de conflicto entre las empresas energéticas y el Gobierno de Rajoy ha sido la manera de abordar la retribución de las redes y las renovables a partir de 2020, cuando hay que revisar la “rentabilidad razonable”. El ministro enterró cualquier posibilidad de subir esta del bono más 300 puntos básicos, lo que en la práctica supone una caída de en torno el 30% de los ingresos de las renovables en régimen específico.

En este sentido, hay que recordar el capítulo de enero, en el que el PP quiso adelantar algunos ajustes tanto en electricidad como en gas. La iniciativa no prosperó, ya que se encontró con el ‘no es no’ del PSOE. El responsable en la ejecutiva socialista para esta cuestión, Hugo Morán, se negó a apoyar al exministro por lo que pensaba era una flagrante ruptura de la seguridad jurídica en un sector intensivo en inversión extranjera.

Juan Cruz Peña

Arbitrajes internacionales

Precisamente, el PSOE cree que es necesario reunirse con todos los agentes para recuperar esa confianza inversora. El nuevo Ejecutivo de Sánchez tratará de buscar una solución con los inversores para no tener que enfrentar los casi 40 arbitrajes internacionales que pesan sobre el Reino de España, por los que se reclaman más de 7.500 millones de euros, según las fuentes consultadas.

El exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal. (EFE)
El exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal. (EFE)

Esta fue una de las consecuencias de la reforma del sistema eléctrico de 2013. Pocos días antes de que cayera el Ejecutivo de Rajoy, como si supiera que eran sus palabras de despedida, Álvaro Nadal intentaba poner en valor su gran aportación política, que se firmó con su hermano en el puesto de secretario de Estado de Energía: “Hemos ahorrado a los españoles 175.000 millones en energía […] sin la reforma, el precio de la energía habría subido un 42% en España […], es difícil no percibir el daño no realizado”.

El informe de los expertos

De su legado queda el informe del comité de expertos sobre energía. Un informe del que el PSOE utilizará justo lo que había desechado el PP. Mientras a Nadal lo que le gustaba era lo relacionado con el cierre de centrales y las conclusiones respecto al impuesto al sol, al PSOE le parece que lo que tiene más valor es la propuesta fiscal. Esta tiene sensibles implicaciones, como la subida al gasóleo del 28% y la bajada de la electricidad del 7%.

Juan Cruz Peña

‘Fracking’, Castor, gasolineras ‘low cost’

Por si todo esto fuera poco, también hay algunos temas menos visibles en los que habrá un cambio total en la postura adoptada por la Administración central. El polémico ‘fracking‘, la técnica de extracción del ‘shale gas’ que se exploró en diversos lugares de España durante el mandato de José Manuel Soria, tendrá ahora aún más difícil conseguir seguir adelante.

El senador burgalés Ander Gil, uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez que también suenan como ministrable, ha sido uno de los políticos más beligerantes contra los partidarios de implantar esta controvertida técnica de extracción de gas de esquisto.

Juan Cruz Peña

Más difícil es saber qué hará el nuevo Gobierno con temas espinosos como la indemnización por el almacén de gas Castor, hoy sumida en la incertidumbre judicial, o la regulación de las gasolineras ‘low cost’.

No obstante, toda esta declaración de intenciones hay que tomarla con cautela. La arquitectura de apoyos que necesitará el PSOE en el Congreso pone en duda que, más allá del impuesto al sol, Pedro Sánchez pueda darle la vuelta al legado energético de Rajoy.

Fuente: elconfidencial

Despoblación es el segundo nombre del almacén nuclear de Córdoba

Almacen de El Cabril (Córdoba)

El almacén de El Cambril alberga materiales radioactivos con una vida de más de trescientos años. La falta de transparencia sobre el transporte sin medidas de seguridad por vía terrestre y los residuos de centrales nucleares como Garoña ha llevado al grupo de IU Andalucía a pedir una visita “urgente” de la Comisión Europea a estas instalaciones.

En Hornachuelos, un municipio de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Córdoba, se ubica el único cementerio de residuos radioactivos que existe en España. Sus instalaciones, conocidas como El Cabril, se mantienen en la comarca cordobesa del Guadiato. A tan solo cincuenta kilómetros del área de población.

La lucha de ecologistas y partidos políticos de la zona como Izquierda Unida se centra en el conocimiento de los materiales que se almacenan en él. Son de alta, media, baja y muy baja intensidad procedentes, en un amplio porcentaje, de restos de centrales nucleares españolas. La descomposición de estos compuestos tiene una duración media que supera los 300 años.

Las instalaciones de El Cabril, gestionadas desde los años ochenta por la empresa pública Enresa, prometían bienestar económico a la zona y un bajo índice de paro. Hoy esta comarca con posible irradiación ha provocado un 50% de desempleo. Pero so no es lo único. El despoblamiento es otro grave problema, que se visualiza en municipios como Peñarroya Pueblonuevo, centro neurálgico de la comarca. En medio siglo casi 20.000 habitantes han salido del censo.

Si llegan los últimos restos de centrales como Garoña se superaría con creces la capacidad del cementerio nuclear

Paco Castejón, ingeniero y portavoz de Ecologistas en Acción, narra a Público que “el 95% de los residuos que llegan al Cabril proceden de las centrales nucleares”. Un dato desconocido para los alcaldes y habitantes de la zona que creían que albergaba en su mayoría material hospitalario. Y calcula que “el volumen total de este tipo de residuos será de más de 25.000 metros cúbicos” si llegan los últimos restos de centrales como Garoña, lo que superaría con creces la capacidad del cementerio nuclear.

Castejón habla junto a otros compañeros ecologistas como Alberto Ruiz Peña, del Movimiento Ibérico Antinuclear . “Cada año se producen decenas de transportes por carretera de residuos de todas las instalaciones a El Cabril sin medidas de seguridad”. El riesgo de accidente y posible fuga es demasiado elevado para la población colindante con un “grave incumplimiento de las directivas europeas” en esta materia.

El cementerio nuclear de El Cabril, en la provincia de Córdoba.

El cementerio nuclear de El Cabril, en la provincia de Córdoba.

“El cementerio nuclear del Cabril nunca debería haberse construido porque está en el sur de la Península Ibérica”, afirma Castejón. Muy alejado de la mayoría de instalaciones nucleares y radiactivas. En estas condiciones, añade que no tiene ningún sentido “la ampliación de este almacén”.

El incumplimiento de las directivas europeas

La preocupación de los riesgos del traslado de restos radioactivos es cada vez más alarmante entre colectivos como la Plataforma Antinuclear de Córdoba. Pepa Beiras recuerda a Público que “este cementerio está es un sitio equivocado, en plena sierra de Hornachuelos, a las puertas de un parque natural, con un grave riesgo sísmico. Y encima ha generado nulo desarrollo de la zona” que no solo afecta al Guadiato. También a zonas de la Campiña Sur de Badajoz y la Sierra Norte de Sevilla.

“Este cementerio ha generado nulo desarrollo de la zona”

Alberto Ruiz Peña, miembro de Ecologistas en Acción y de IU en Extremadura reclama la fragilidad de los suelos graníticos en la comarca que “de por sí son suelos radiactivos”. De la descomposición del material de estos suelos se desprendería gases como el radón, “altamente cancerígeno para la población”. A pesar de los intentos de peticiones para la realización de estudios oncológicos por parte de la Consejería de Salud de la Junta, los ecologistas no han conseguido dar una respuesta sobre la cifras de muertes por cáncer que hay en la zona de afectación del Cabril.

Encuentro de ecologistas en Acción por el desmantelamiento de El Cabril.

Encuentro de ecologistas en Acción por el desmantelamiento de El Cabril.

La falta de transparencia sobre el tipo de material radioactivo que se ubica en el Cabril han llevado al grupo Izquierda Unida Andalucía a presentar una solicitud de respuesta ante la Comisión Europea para investigar el posible traslado de ‘basura radiactiva’ con total opacidad al cementerio nuclear de El Cabril, procedente en los últimos meses de la central nuclear de Garoña.

La falta de transparencia de El Cabril hace temer lo peor, explica Maíllo, coordinador de IU

El coordinador de IU, Antonio Maíllo ha destacado que este “silencio” hace temer lo peor. “Se antoja urgente presentar iniciativas ante la Comisión Europea porque no podemos permitir que Andalucía sea un cementerio que amplia instalaciones para asumir la basura radioactiva” del norte de España.

Maíllo considera indispensable “solicitar la visita de una misión de investigación de la Comisión Europea y Europarlamento a Hornachuelos” para que las instalaciones de El Cabril sean realmente “transparentes”. El traslado de residuos radiactivos sin medidas de seguridad por transporte terrestre supondría una grave “violación de las Directivas sobre participación pública, Habitas y Aves y gestión de residuos radioactivos”.

Una lucha por el desmantelamiento desde los años 80

Pedro Cabrera es vecino del pueblo de Peñarroya y portavoz de IU en el municipio. Como conocedor de la situación habla de un claro “despropósito” con una población envejecida por el despoblamiento. “Sabemos que nuestros jóvenes se van, que hay paro, que nadie se quiere quedar aquí y encima la Junta que cobra el impuesto del Gobierno Central por tener este tipo de instalaciones no lo revierte en la zona”.

“La Junta, que cobra el impuesto del Gobierno Central por tener este tipo de instalaciones, no lo revierte en la zona”, denuncian los vecinos

Cabrera habla de varios planes fallidos para los vecinos que se encuentran en el entorno del Cabril. “Aún nos deben millones de euros del Plan Miner de Europa de hace cinco años. La Ecotasa que cobra la Junta por albergar este tipo de instalaciones con materiales radioactivos no se invierte con fondos. Tampoco llegan a los vecinos con planes de empleo ni ayudas”. La partida presupuestaria de esta tasa asciende a los ocho millones de euros en 2016 desde el Gobierno central.

Pedro Cabrera no puede olvidar las primeras movilizaciones en torno a la actividad de la empresa Enresa en el año 1984. “Los vecinos aún luchaban y se manifestaban. Pedían ayudas públicas y un puesto fijo para dar crecimiento a una zona que había tenido minas de uranio en los años 30”. Enresa empieza su actividad como empresa pública sin dar crecimiento a la zona. “Los jóvenes se iban a Córdoba a estudiar, los más mayores son los que se han ido quedando pero sabemos que ese era el objetivo de la empresa, iniciar una actividad de alta peligrosidad en zonas despobladas” sin mediar con los vecinos.

Residuos almacenados sin autorización

Aedenat inició hace más de dos décadas una lucha legal que, tras varias sentencias en contra de Enresa y sus consiguientes recursos, consiguió una sentencia firme del Tribunal Supremo en contra de esta empresa pública. En el año 2002 se declaraba la ilegalidad del cementerio nuclear. En la actualidad las instalaciones solo han tenido el propósito de continuar en crecimiento. La sentencia no ha trascendido para cesar el almacenamiento de material que siempre se había creído con procedencia única de residuos de hospitales.

El Supremo declaró ilegal el cementerio en el año 2002

El almacenamiento en el Cabril se encuentra actualmente a un 70% de su capacidad. La industria nuclear española apuesta por duplicar la capacidad de almacenamiento para permitir el alargamiento del parque nuclear.

Ante esta situación, el Movimiento Ibérico Antinuclear recalca que la mayor opacidad en este asunto fue el traslado en 2015 de más de de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca) al Cabril. Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años. “Este material sería mucho más peligroso con una vida de millones de años de radiación y que no permitirían estar dentro de estas instalaciones”, afirma Alberto Ruiz Peña.

Un transporte de residuos radioactivos condestino al cementerio nuclear de El Cabril, en la provincia de Córdoba.

Un transporte de residuos radioactivos condestino al cementerio nuclear de El Cabril, en la provincia de Córdoba.

A la espera de una respuesta por parte de la Comisión Europea, las movilizaciones de en las zonas del Cabril pretenden mover con más fuerza la conciencia de los ciudadanos. La paralización en Villar de Cañas de otro almacén nuclear no augura una vida corta para el Cabril. “Ya saben la experiencia de Hornachuelos y los vecinos de Villar de Cañas no quieren vivir cerca de estos materiales que solo traen despoblamiento”.

El Movimiento Ibérico Antinuclear ha exigido en un reciente comunicado el “cierre escalonado” de todas las centrales nucleares para no seguir aumentando el problema irresoluble de los residuos radiactivos, y buscar otro emplazamiento para evacuar los residuos para los que el Cabril no tiene autorización. “Buscamos que no haya traslados ni riesgos para una población que tampoco tiene beneficios por un riesgo de vivir en una zona con peligro de radiación”.

González Mantero la vuelve a liar: La Junta de Castilla y León eludió estudiar el impacto que tendría la mina de uranio en Salamanca sobre tierras portuguesas.

El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha indicado que los permisos que faltan “son exclusivamente ya para la parte relacionada con la planta de beneficio, que son de competencia estatal”.

Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) han conocido que fue la Junta de Castilla y León quien eludió estudiar el impacto que tendría la mina de Retortillo (Salamanca) sobre tierras portuguesas, sin realizar estudio radiológico alguno.

Según ha podido saber Ecologistas en Acción, el Gobierno ha reconocido en una respuesta parlamentaria que ha sido la Junta de Castilla y León (JCL) quien omitió realizar estudios de impacto ambiental transfronterizos, y ello sin contar con la asesoría del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, por tanto, sin realizar estudio radiológico alguno.

Este hecho es grave por varios motivos.

En primer lugar, porque la Declaración de Impacto Ambiental realizada por la Junta de CyL es escandalosa al minusvalorar los impactos que la mina y la fábrica de concentrados de uranio tendrían sobre el medio ambiente y la salud. En particular, permite la instalación de una enorme cinta transportadora de mineral sobre el río Yeltes, que aporta sus aguas al río Duero, no realiza una buena clasificación de los residuos radiactivos y no contempla el peligro que supone la dispersión de polvo radiactivo y del gas radón en el medio ambiente.

En segundo lugar, la decisión de que no hacía falta contactar con Portugal debería haberse tomado al más alto nivel del Estado español y no por un gobierno autonómico que no tiene competencia alguna en relaciones internacionales. Aunque la Junta de CyL debiera haber elevado el expediente o haber hecho consultas al ministerio correspondiente.

Y en tercer lugar, esta decisión debería haberse tomado tras la realización de un estudio radiológico que excluyera toda posibilidad de que la contaminación radiactiva alcanzara las tierras portuguesas. Este estudio debería haber corrido a cargo del CSN, que es la máxima autoridad en seguridad nuclear y protección radiológica en nuestro país. Sin embargo, el Gobierno de Castilla y León no consultó al CSN para excluir el impacto transfronterizo, aceptando de forma inexplicable que dicho impacto no existía.

Para Ecologistas en Acción y el MIA resulta obvio que ese impacto existe puesto que el polvo producido en las actividades de minería y los vertidos que se produzcan por el lavado de mineral van a alcanzar el río Yeltes llegando finalmente al río Duero, que baña tierras portuguesas y que pasa por zonas de gran riqueza vinícola, como los vinos Dao o los vinos do Porto. Asimismo, la contaminación de la mina podrá alcanzar también Portugal, dependiendo de la fuerza y dirección del viento.

Por todo ello, para Ecologistas en Acción resulta inaceptable que el Gobierno portugués no haya sido consultado antes de poner en marcha el proceso de licenciamiento de la mina, así como que el Gobierno español mantenga este proyecto. Lo ocurrido en Retortillo se asemeja a lo que pasó con el cementerio nuclear (Almacén Temporal Individual, ATI) de la central nuclear de Almaraz, que se puso en marcha también sin consultar al Gobierno portugués. Esta consulta se produjo a posteriori, evitando que se hicieran sugerencias y alegaciones en el estudio de impacto ambiental.

Con Ricardo González Mantero cualquier actividad perjudicial tiene el pase

El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha indicado, sobre los trámites para la nueva explotación de uranio en Retortillo (Salamanca), que los permisos que faltan “son exclusivamente ya para la parte relacionada con la planta de beneficio, que son de competencia estatal”.

En su visita a Salamanca, para intervenir en la inauguración del XIV Congreso Anual de la Asociación Nacional de Compañías Distribuidoras y Productoras de Energía Eléctrica (CIDE), González Mantero, como responsable de minas en el Gobierno autonómico, ha dicho: “Apoyo la minería y apoyo también esa mina”.

En cuanto a los opositores, ha remarcado que el proyecto de Berkeley en Retortillo está recibiendo “todos los permisos” dentro de “una tramitación sujeta a actos debidos y con una regulación, además, que exige tener multitud de autorizaciones” y “todas ellas se están obteniendo”.

Respecto a si se está informando convenientemente a la Comisión Europea, ha señalado: “tengo entendido que sí”. Y, sobre los efectos en la salud de los vecinos, ha reseñado que son estudios que competen al Consejo de Seguridad Nuclear, y “así se ha hecho en sucesivos informes al respecto”.

Una mina de uranio atravesará un área protegida en Salamanca

La explotación está ubicada apenas a un kilómetro del balneario, en medio de un bosque mediterráneo de gran valor ecológico y ambiental. De hecho, existen dos directivas europeas que protegen la zona dentro de las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). Pero estas no han sido obstáculo para que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitiese, el 25 de septiembre de 2013, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto.

Una “decisión precipitada e incomprensible”, según José Luis Moreno, presidente de la plataforma Stop Uranio; y que choca, además, con la prudencia que sí ha tenido la Comisión Europea al conocer el proyecto, que ha decidido abrir un expediente informativo en respuesta a la denuncia interpuesta, el pasado 30 de agosto, por Stop Uranio.

Esta plataforma denuncia que Berkerley “incumple el Programa General de Medio Ambiente de la UE de horizonte 2020”, por el que se pretende “que el capital natural esté protegido y mejorado, además de que se salvaguarden la salud y el bienestar de los ciudadanos”. La Comisión aún está recabando datos y no ha decidido si llevará el expediente adelante.

SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMENTO DE URGENCIA DE BERKELEY EN RETORTILLO.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, se abre un periodo de información pública de quince días, publicando este anuncio en el <>, en el << BOP de Salamanca>>, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia de Salamanca, en este caso en la Gaceta de Salamanca, para que cualquier persona pueda aportar por escrito datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada y oponerse, por razones de fondo y forma, a la necesidad de ocupación, según dispone el artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa.
A estos efectos el expediente se exhibirá, para su examen en la Dirección General de Energía y Minas ubicada en la Avda. Reyes Leoneses n.º 11 de León y en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Salamanca, en C/ Príncipe de Vergara, 53-71 de Salamanca.
León, 2 de octubre de 2017.–El Director General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.

El alcalde de Retortillo del PP tuvo que dimitir por intereses personales

Los dos concejales del PP, Andrés Matías y Eustaquio Martín, trabajan para Berkeley, y el anterior alcalde, Javier Santamartina, también del PP, vendió en 2012 una finca de su propiedad a la compañía aminera por 197.000 euros, el doble de su precio de mercado para instalar allí sus oficinas. Esta operación se cerró meses después de que la minera iniciara la tramitación de los permisos ante la Junta y ante el propio Ayuntamiento.  (seguir leyendo)

 

Fuentes:   ecologistasenaccion.org

Mñas información sobre esta mina de uranio

Leer sobre la expropiación de tierras

¿Que es el chiringuito financiero Berkeley?

El oscurantismo del Gobierno con Palomares

Ecologistas en Acción ha solicitado a la Audiencia Nacional que requiera al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) “bajo los apercibimientos legales oportunos” para que aporte realmente copia certificada del informe que aprobó en julio de 2015 sobre la limpieza de los terrenos contaminados en Palomares (Cuevas del Almanzora, Almería) ya que estima que el regulador atómico está “ocultando”.

El colectivo conservacionista remarca que el documento aportado a la causa que se sigue para obligar a que se ejecute el Plan de Rehabilitación aprobado para la zona en 2010 está “sin firmar, sin portada y sin fecha” y “no es el admitido como prueba por la sala”.

El recurso elevado a la Audiencia Nacional, consultado por Europa Press, indica que el documento enviado por el CSN es “un resumen” del solicitado “donde obviamente se recogen exclusivamente las tesis mantenidas por la Abogacía del Estado en su escrito de contestación a la demanda”.

“Se ocultan los motivos por los cuales se han modificado por el CSN los criterios radiológicos aprobados favorablemente por el CSN en su sesión celebrada el 5 de mayo de 2010. Dicho documento de autor anónimo ha sido elaborado presuntamente con el único objeto de ser aportado a la presente causa”, reprocha Ecologistas en Acción.

En el documento cuestionado por el colectivo, el regulador atómico admite que se ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares que debe ser retirada en virtud de la declaración de intenciones firmada entre España y EEUU si bien no precisa en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.

El colectivo conservacionista remarca que el documento aportado a la causa que se sigue para obligar a que se ejecute el Plan de Rehabilitación aprobado para la zona en 2010 está “sin firmar, sin portada y sin fecha” y “no es el admitido como prueba por la sala”.

Esta modificación se produjo a raíz del pleno de 22 de julio de 2015 del CSN en el que se aprobó un informe relativo a los criterios radiológicos aplicables para la restauración de los terrenos afectados por el accidente que se registró en 1966 tras la colisión en el aire de dos bombarderos estadounidenses y la caída de cuatro bombas termonucleares.

No obstante, el documento aportado al procedimiento y en que se reconoce esa rebaja en la cantidad de tierra a retirar no es copia certificada del informe aprobado en el citado pleno, tal y como le requirió la Audiencia Nacional, sino un anexo. El regulador atómico se vuelve a acoger para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a “todo el proceso relativo a Palomares” desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010.

 

“Vulneración de la constitución”

A este respecto, Ecologistas en Acción alega ante la Audiencia Nacional que la negativa a aportar el documento admitido como prueba “vulnera” el artículo 105b) de la Constitución pues “poner en riesgo los intereses políticos, sociales, económicos y comerciales de España y, particularmente, las relaciones diplomáticas con EEUU no afecta a la defensa y la seguridad de España”.

“La no entrega del documento solicitado vulnera derechos fundamentales como son el de defensa, el de utilizar los medios de prueba que le son necesarios y el de tutela judicial efectiva de jueces y tribunales”, sostiene para solicitar que se requiera al CSN “bajo los apercibimientos legales oportunos” para que remita copia certificada del Informe de la Dirección Técnica de Protección Radiológica evaluando los niveles de intervención para la restauración de los terrenos afectados por el accidente de Palomares que fue aprobado en la sesión del CSN celebrada el 22 de julio de 2015.

El documento impugnado por el colectivo conservacionista admite que el volumen de suelo a retirar en la conocida como área 6 del mapa radiológico de la zona es “menor que el previsto inicialmente” de acuerdo a los cálculos del Ciemat y lo achaca a la toma en consideración “de otros escenarios y vías de exposición” a la radiación.

Así, asegura que, como en esta área 6, residencial, sólo hay que tener en cuenta al trabajador que interviene en la construcción de viviendas, el nivel de intervención ha variado de 1 a 4 y el volumen de suelo a retirar también, siendo “menor que el previsto” de manera inicial en 2010.

El regulador atómico sostiene, no obstante, que, en el caso de las zonas 2 y 3, no ha variado el escenario, que continúa siendo agrícola-residencial, por lo que tampoco el nivel de intervención 1. “El volumen de tierra a retirar correspondiente a este nivel coincidiría, por tanto, con el estimado inicialmente por el Ciemat para estas zonas”, remarca.

De 50.000 a 28.000 metros cúbicos de tierra

Cabe recordar que en la demanda que dio inicio a este procedimiento para instar a que se ejecute la limpieza de la zona, Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que ahora admite el regulador atómico se ha producido “a instancias” del Department of Energy (DOE) de EEUU.

El colectivo asegura que, para ello, se “han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a”, lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense.

Así, considera que el anexo del acta de la reunión del CSN acreditaría que el informe del Departamento de Energía de EEUU habría motivado “la modificación de los criterios radiológicos acordados previamente en el Plan de Rehabilitación de mayo de 2010” y que dichos criterios “rebasan los límites legales para la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes” al contrario de lo que ocurre con el citado plan.

El objetivo, según añade el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría “únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada“, lo que reduciría de 6.000 a 3.300 metros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha asegurado a lo largo del procedimiento contencioso-administrativo que, en “ningún momento existe exposición inaceptable para la población” y que el “principio básico de protección está garantizado”.

“Imposibilidad” de ejecutar el plan y fijar un plazo

En su contestación a la demanda, la Abogacía del Estado también ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan aprobado en 2010 ya que éste tiene carácter “preliminar” y solo esboza líneas generales sin dar “pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (Rpsri) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)”.

Ha reconocido, en esta línea, que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio” y ha revelado que “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos” generados.

Por último, ha trasladado a la Audiencia Nacional que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, “garantiza que actualmente no se supera la dosis” citada anteriormente para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

 

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Fuente: ecoticias.com

La basura nuclear rebosa y el Gobierno no se entera (o sí)

Tenemos un problema. Los residuos generados por la actividad de los siete grupos nucleares que funcionan en España rebosan. No es polvo que se pueda meter debajo de la alfombra. España carece de una instalación segura en la que almacenar todos los residuos acumulados en los últimos 40 años y cada central ha tenido que asumir el almacenamiento del combustible que gasta. A la espera de que se construya el polémico almacén previsto en Villar de Cañas (Cuenca), cada nuclear mantiene los residuos en piscinas y almacenes que están casi saturados.

Las últimas cifras del Foro Nuclear dibujan una realidad preocupante. La capacidad de almacenamiento se agota: la central en mejor situación es Vandellós II y está saturada en un 84%; Ascó I, por su parte, supera el 97%. Con todo, lo más grave es la falta de previsión. El Plan de Gestión de Residuos Radiactivos en vigor fue aprobado en 2006. Desde entonces…la nada. En 2014, ENRESA, la empresa pública encargada de gestionar los residuos, informó a la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de que todo estaba bajo control: existía un nuevo plan de residuos en marcha –el séptimo- y el Gobierno lo iba a aprobar. Cuatro años después, ni hay nuevo plan ni se le espera.

Lo que sí hay es una gran falta de transparencia. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) publicó el único informe favorable con el que hasta ahora cuenta el almacén de Cuenca a regañadientes. Tuvo que intervenir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Todo alrededor de la energía nuclear, desde sus costes hasta su gestión, pasando por su propiedad, ha estado y está rodeado de secreto y confusión. Tanta que ni siquiera el ministro del ramo, Álvaro Nadal, se cree las cuentas que presentan las compañías: “Las nucleares ganan más de lo que dicen. Hacen mucha ingeniería contable” aseguró Nadal hace un año.

“La discusión en torno al negocio nuclear discurre sotto voce; es subterránea y también enconada”, recordaba esta semana un buen conocedor del sector. Eso es malo para el conjunto de la sociedad, a la que se priva de un debate serio sobre una energía muy cuestionada. Es malo también para el usuario de la electricidad que, al fin, es quien paga toda la fiesta. El ocultismo afecta, sobre todo, al prestigio del órgano encargado de supervisar al sector: el Consejo de Seguridad Nuclear.

Durante mucho tiempo y hasta principios de siglo, el organismo, constituido en 1980 tras la escisión de la Junta de Energía Nuclear (JEN) tuvo un gran prestigio. La base fundamental para elegir a sus consejeros era el conocimiento del sector, su funcionamiento y sus riesgos. La política no era determinante para la elección. Todo eso cambió. Aunque el CSN siempre estuvo más cerca de la industria nuclear que de las reclamaciones de buena parte de la sociedad, nunca lo estuvo tanto como con el nombramiento, en 2001, de Teresa Estevan Bolea como presidenta a instancias del PP. Apenas un mes después de llegar a cargo, en una entrevista en EL PAÍS , Estevan Bolea abogó por ampliar la vida útil de las centrales a 60 años y por construir nuevas instalaciones.

 

Como en la novela de Vargas Llosa, “el Perú se había jodido en algún momento”. El CSN se convirtió en escenario de juego y batalla política, con consejeros nombrados por el dedo de los partidos y con intensas batallas como las protagonizadas por la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que denunció en sus votos particulares las maniobras que se han sucedido para facilitar, al fin, lo que Estevan Bolea reclamaba hace 17 años.

La política de nombramientos y las batallas ideológicas internas han desgastado la imagen del CSN. Donde únicamente deberían contar argumentos técnicos y de seguridad se entrometen con demasiada frecuencia los intereses políticos y empresariales. Todo en un país cuyo Gobierno es, junto con el que encabeza en EE UU Donald Trump, el único entre las grandes economías de la OCDE que defiende las centrales de carbón y las nucleares.

Conviene tomar nota. En España están saliendo a la luz datos que revelan un más que regular caos en la gestión de la basura nuclear. Tanto que hasta la patronal del sector, Foro Nuclear, lo ha utilizado para argumentar por qué es imposible cerrar las nucleares a corto plazo, ni siquiera de forma escalonada. Los siete reactores nucleares operativos  cumplen los 40 años desde su construcción entre 2024 y 2028. Mantenerlos cerrados es caro y demantelarlos, sostiene Foro Nuclear, imposible. Simplemente, no hay donde meter la basura.

Fuente:   lainformacion.com