Denuncian “cientos de kilos” de residuos de alta intensidad en El Cabril

Organizadores del primer Encuentro contra el Cementerio Nuclear de El Cabril, hoy en la Corredera. – MIGUEL ÁNGEL SALAS

Colectivos y partidos retomarán la movilización contra el centro de residuos en Hornachuelos en un encuentro el sábado en Peñarroya-Pueblonuevo

El centro de residuos radiactivos de baja y media intensidad de Sierra Albarrana de Enresa, las conocidas instalaciones de El Cabril, alberga “cientos de kilos” de residuos radiactivosde alta intensidad, concretamente “dióxido de uranio 235”, proveniente de centrales nucleares en desmontaje, ha denunciado esta mañana el exconcejal  del Ayuntamiento de Córdoba y actual presidente de la Fundación Equo, José Larios, y al menos 111 kilos “según reconoció el Consejo de Seguridad Nacional en el 2015”, explica Guillermo Contreras, de Ecologistas en Acción.

Tanto Larios como Contreras participaron esta mañana en Córdoba en la presentación del primer Encuentro contra el Cementerio Nuclear de El Cabril, a celebrar el sábado en el mercado de abastos Sebastián Sánchez, de Peñarroya-Pueblonuevo a partir de las 11.00 horas, y en el que se relanzará la movilización contra estas instalaciones (las únicas de sus características en España como centro de almacenamiento de residuos de baja y media actividad) y los planes para que también alberguen un material de alkta intensidad radiactiva que tardará cientos de miles de años de dejar de ser peligroso, según los convocantes, una decena de colectivos y partidos políticos de Andalucía y Extremadura.

En concreto, el encuentro en Peñarroya-Pueblonuevo quiere fijar “una hoja de ruta” para retomar las movilizaciones de unas instalaciones en Andalucía que reflejan el actual el actual modelo de “extraer recursos y traernos la basura” que se emplea con la comunidad autónoma, según explicó Jorge Hidalgo, coordinador en Córdoba de Podemos Andalucía. Junto a él, el portavoz de Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Blázquez, y la secretaria provincial del PCA, concejala en el mismo consistorio y exparlamentaria, Alba Doblas, dieron cuenta de los motivos que llevan a retomar las movilizaciones contra las instalaciones de Enresa y, en general, contra la energía nuclear.

Al respecto, a lo largo de la presentación del encuentro se recordó que hay dos centrales nucleares que se están desmontando (Valdellós 2 y Garoña) y que quedan 8 en funcionamiento en España, complejos que, conforme cumplan su vida útil y comiencen sus desmonjes irán multiplicando los residuos de alta intensidad, con el riesgo que ello conlleva de que más basura radiactiva de alta intensidad terminen en el cementerio nuclear de El Cabril, independientemente de la polémica sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) propuesto para Cuenca donde se ubicarían los residuos radiactivos de alta intensidad.

 

Fuente: diariocordoba.com

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Podemos pide a la Junta garantías sobre la seguridad del entorno de El Cabril

Panorámica de El Cabril, en Hornachuelos

El Grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía ha registrado una pregunta dirigida al Pleno de la Cámara en la que se interesa por las actuaciones que va a desarrollar la Junta, en el ámbito de sus competencias, para exigir al Gobierno central y a la empresa responsable del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) que garanticen la seguridad de la población cordobesa y eviten la acumulación de residuos de alta y prolongada actividad en un lugar que, en principio, no estaba diseñado para ello.

Según señala en la cuestión, consultada por Europa Press, la diputada Carmen Molina, en la memoria presentada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para las instalaciones de El Cabril se recogía que la instalación estaba concebida para almacenar bultos de residuos de media y baja actividad y vida corta, es decir, con necesidad de aislarlos de las personas y del medio ambiente unos trescientos años.

“En consecuencia, si las barreras de protección se comportan de forma adecuada, deben soportar trescientos años el paso del tiempo. Sin embargo, en el cementerio nuclear de El Cabril se están transportando y almacenando sustancias componentes del combustible de las centrales nucleares, dióxido de uranio (UO2), procedentes de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca), de Enusa Industrias Avanzadas S.A., S.M.E.

El UO2 es una sustancia clasificada como muy tóxica, cancerígena y peligrosa para el medio ambiente por la Unión Europea, y tiene como componente U-235, sustancia con una vida media de cientos de millones de años, según Podemos, que recuerda también que El Cabril, “si no se impide, albergará los materiales radiactivos procedentes del desmantelamiento de las centrales nucleares españolas, para lo que tendrá que multiplicar por cuatro la capacidad actual”.

Según los documentos de Enresa, El Cabril estaba dimensionado para albergar 58.000 metros cúbicos de basura radiactiva, mientras que los residuos de media y baja actividad serán de 243.000 metros cúbicos, según la misma empresa.

La formación morada incide en este sentido en que aún no se dispone de confirmación por parte del Gobierno acerca de la razón por la que se está utilizando El Cabril para el traslado de dióxido de uranio radioactivo de larga duración, a pesar de ser un almacén que tiene autorización para residuos radiactivos cuya vida media no exceda los 300 años.

Fuente:   cordopolis.es

Denuncian el almacenamiento de residuos no autorizados de la planta de Juzbado en Córdoba

Área de contenedores de la fábrica de Enusa en Juzbado.

Se trata de material radiactivo de la fábrica de Enusa de una vida radiactiva mayor de lo que debe para ese cementerio nuclear

La Asociación de Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear han denunciado en un comunicado que el almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad de El Cabril (Hornachuelos) “ha recibido óxidos de uranio de la fábrica de Enusa en Juzbado que no está autorizado para almacenar”, y sospechan que este hecho busca justificar una “posible ampliación sin sentido” de la instalación.

Para estos colectivos, se ha vulnerado la limitación de aceptar exclusivamente residuos que no superen hasta 300 años de vida radiactiva. Y el óxido de uranio tiene “una vida de millones de años”, señalan.

Además, recuerdan que “el cementerio nuclear de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril se encuentra al 70 por ciento de su capacidad, cuando quedan por desmantelar ocho de las diez centrales nucleares que se construyeron en España”.

Esta llegada de residuos no autorizados, según los ecologistas, se ha dado a conocer tras la publicación del Informe al Congreso del Consejo de Seguridad Nuclear de 2015. “Enresa depositó durante ese año en El Cabril algo más de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca). Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear, que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años, y no admite emisores de partículas alfa”, indican los ecologistas.

La presencia de estos residuos dificultará el desmantelamiento de El Cabril, que debería producirse 300 años después de su clausura. Al recibir esos residuos de la planta de Juzbado podría utilizarse como “justificación para ampliar este cementerio nuclear, en lugar de buscar otro emplazamiento más adecuado para el necesario almacenamiento de este tipo de residuos radiactivos. La ampliación evitaría así el necesario traslado de esos residuos, que incumplen las normas de seguridad de un cementerio para residuos de media y baja actividad”, señalan los ecologistas.

Fuente:  lacronicadesalamanca.com/183918-denuncian-el-almacenamiento-de-residuos-no-autorizados-de-la-planta-de-juzbado-en-cordoba/

Los inspectores del CSN critican que Enresa aporte datos contradictorios sobre los terrenos del almacén nuclear


Enresa reenvía al regulador estudios subcontratados “sin cuestionar o matizar su calidad técnica”; en unos documentos “opta por una conclusión y en otros por otra distinta, sin disponer de una valoración final integrada y justificada”

Tras una inspección, los técnicos dicen que la empresa estatal prefiere desechar estudios recientes para defender que la caracterización de los terrenos que aportó en mayo de 2015 sigue siendo válida

También se descartan datos que no tienen “la calidad adecuada”, según Enresa, sin informar al CSN, “lo que ha supuesto una pérdida de tiempo y un trabajo innecesario” para los inspectores

Casi seis años después, sigue el culebrón sobre la calidad de los terrenos de Villar de Cañas (Cuenca) en los que el Gobierno quiere construir el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad.

Cinco inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han dejado constancia de “dudas sobre las explicaciones aportadas” por Enresa sobre algunos sondeos de humedad en la zona nuclear del emplazamiento; “comportamientos anómalos” que Enresa “no puede aclarar” en los datos recogidos por algunos piezómetros (aparatos para medir los cambios de presión en el subsuelo); “baja fiabilidad de los nuevos ensayos realizados”; informes que se omiten sin explicación previa; “evidencias” que se descartan en favor de la teoría y, en suma, críticas a la inconsistencia de parte de la información aportada por la empresa estatal que debe construir el ATC.

Durante la visita de cinco inspectores del CSN al emplazamiento, los pasados 10 y 11 de mayo, Enresa defendió que los estudios realizados en los últimos años sobre el terreno “no modifican las bases de diseño” de la instalación “ni la caracterización del emplazamiento” que aportó en mayo de 2015, dos meses de que el pleno del CSN otorgara su autorización previa al ATC. “Sin embargo, la inspección constató que, de los trabajos de campo complementarios acabados en 2016, no todos sus resultados habían sido considerados en las conclusiones de Enresa”.

“Así, no se han incluido datos de piezometría” con posterioridad a marzo de 2016 “y no se han considerado válidos la mayoría de resultados de ensayos hidráulicos realizados en 2016; tampoco se ha aclarado cómo se han considerado los nuevos resultados de hinchamiento” del subsuelo “en algunas muestras que aportan valores significativamente más altos que la media”, dicen los inspectores.

El acta critica que Enresa acepte informes de sus subcontratas y los reenvíe al CSN “sin cuestionar o matizar su calidad técnica. Esto ha dado lugar a recibir en el CSN documentos aportados por Enresa con conclusiones sobre la misma materia, sin clarificar cuál resulta válido para Enresa, o bien con información luego considerada no válida por Enresa y sin indicación al respecto en el documento remitido, lo que origina un trabajo de revisión innecesario”.

En el caso de los ensayos hidrogeológicos, Enresa ha desechado estudios por considerar que “no tenían la calidad adecuada” sin informar al regulador: “La Inspección destacó que la invalidez de estos datos no estaba documentada en los informes aportados por Enresa, y que tampoco se había comunicado al CSN esta situación, lo que ha supuesto una pérdida de tiempo y un trabajo innecesario”.

Enresa lleva enterrados millones de euros en estudios de los suelos de Villar de Cañas. En enero de 2013, un informe “sugería la existencia de cavidades en el subsuelo” y la posibilidad de un “colapso” de los terrenos. Ahora Enresa lo descarta. Asegura que tiene “más información sobre la materia” y “no se han identificado estructuras en las trincheras que justifiquen posibles colapsos ni flexiones en las rocas, ni tampoco se han encontrado huecos o karstificaciones”.

Sin embargo, la inspección preguntó “sobre la consideración a otorgar a documentos oficiales remitidos por Enresa al CSN y cuyas conclusiones, como es el caso de la génesis de las zonas endorreicas en el emplazamiento”, ahora la empresa estatal no asume. “Se da la circunstancia de contar en el CSN con documentos aportados por Enresa, en unos de los cuales se opta por una conclusión y en otros por otra distinta sobre la misma materia, sin disponer de una valoración final integrada y justificada por parte de Enresa, o de una revisión del documento original que corresponda y en la que los autores maticen sus conclusiones con arreglo a la nueva información disponible”.

Enresa también descarta ahora “ninguna afección a la estabilidad del terreno” porque “los procesos derivados de la interacción agua-roca en la zona del ATC están en equilibrio con el agua que la atraviesa” y “los procesos de disolución-precipitación observados no afectan a la seguridad del emplazamiento”.

Los inspectores destacaron que esas conclusiones “responden al equilibrio de la situación actual en el emplazamiento” y recordaron que la zona “está en contacto con unos materiales con alta capacidad para ser disueltos”, como una vaguada al este de la zona nuclear “donde hay una evidente pérdida de masa no cuantificada en los estudios realizados por Enresa”.

Teoría frente a evidencias

El acta destacaa que Enresa prefiere en ocasiones los modelos teóricos a las “evidencias”. En los estudios sobre el nivel freático del acuífero que surca el emplazamiento, “parámetro esencial para la correcta caracterización del mismo por las implicaciones que tiene en el proyecto”, esta cuestión “es resuelta por Endesa adoptando una cota teórica de nivel, en la superficie topográfica, que resulta incoherente con las evidencias registradas en los trabajos de campo documentados por el titular”, dice el acta.

Lo mismo ocurre para el cálculo del espesor de la capa activa del subsuelo, fundamental para medir la expansividad de las arcillas subterráneas. Basarse sólo en métodos teóricos, como pretende Enresa, “podría resultar poco realista para su aplicación práctica y genérica al proyecto, especialmente en el caso de las cimentaciones de los distintos edificios”, avisa la inspección.

Respecto al grado de utilidad del modelo hidrogeológico numérico actual, los inspectores observaron que “todavía no resulta suficientemente robusto para permitir hacer predicciones” porque hay “aspectos clave que no han sido cubiertos en su totalidad”. “A la vista de la situación actual, no pueden considerarse suficientemente justificadas las predicciones realizadas con los modelos 2D/3D”, dicen. Enresa contestó “que analizaría la necesidad de realizar nuevos sondeos y nuevas campañas de obtención de datos hidráulicos”, cosa que hizo en julio pasado al encargar  nuevos estudios.

El acta refleja que a la fecha de la inspección, se había incumplido una de las condiciones que impuso el CSN en su autorización previa, la obligación de “disponer de un cuaderno de obra, en el que se reflejen las actividades diarias asociadas a la ejecución de actividades autorizadas. Enresa manifestó que no había abierto cuaderno de obra alguno”.

Tampoco se ha planificado la instalación de estaciones de aforo en el río Záncara, cercano al emplazamiento, “ya que no se han obtenido los permisos de obra necesarios de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La Inspección destacó que estas estaciones pueden resultar de gran utilidad en la calibración del modelo hidrogeológico, al aportar información básica para la estimación del balance de entradas y salidas de agua en el sistema”.

La empresa estatal, que ha rechazado comentar este asunto, trató de rebatir las críticas de los técnicos con un amplio escrito de catorce páginas remitido en julio. Los inspectores rechazaron la mayoría de sus comentarios. El ATC está pendiente de la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, que según los críticos con el proyecto es “inminente”. Posteriormente, el CSN deberá otorgarle la autorización de construcción.

Fuente: eldiario.es

Terremotos, inundaciones en los terrenos del ATC en Cuenca

Una inspección en Garoña halla un vertido de cesio

El material radiactivo fue localizado el 20 de junio bajo unos contenedores que no habían sido movidos desde 2009
Pudo haberse producido “hace muchos años”

Nada hacía suponer que la retirada de tres contenedores de hormigón emplazados desde 2009 junto al almacén temporal de bidones y residuos destaparía una huella sospechosa en el suelo. Apenas era una superficie de dos metros cuadrados en un suelo “irregular”, pero el rastro advertido por el inspector del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que este pasado mes de junio cursaba la inspección habitual impuso la necesidad de hacer una cata sobre el terreno: era cesio-137, un material radiactivo que, según queda reflejado en la última acta del organismo regulador, podría haber sido derramado hace varios años.

Ninguna de las periódicas rondas y pases de revista de las instalaciones pudo comprobar en este tiempo la existencia de este vertido y sus posibles consecuencias. De hecho, no hay nada claro sobre los restos hallados. El documento oficial levantado por el inspector detalla que una vez confirmada la presencia de cesio-137, primero con contaminómetros portátiles y luego con el correspondiente análisis por espectometría, procedió a revisar los resultados de la vigilancia radiológica del emplazamiento correspondientes a 2009.

Fue entonces cuando comprobó que ese año fue detectada “actividad en tres puntos” cerca del lugar donde el pasado 20 de junio saltaron las alarmas. En aquel entonces tampoco fue posible acceder a esa zona al encontrarse ya “cubierto por los contenedores de hormigón” movidos hace unos meses. No obstante, esta última acta de inspección aclara que “aunque cercanos al punto detectado actualmente, no es posible establecer que los puntos detectados en el año 2009 tuviesen el mismo origen”. En cualquier caso, tal y como aparece escrito en el informe, el rastro de contaminación no podía proceder de esos contenedores de hormigón situados encima, sin tocar el suelo directamente.

Sin constancia documental “Aparentemente -describe el inspector- se trata del rastro dejado por un incidente de derrame de residuo producido hace muchos años del que no queda constancia documental, antes de que los contenedores de hormigón se colocaran encima del lugar. Su magnitud tuvo que ser reducida, a juzgar por la superficie contaminada, aunque la presencia de contaminación fija indica que el derrame o filtración no se detectó en su momento o no se descontaminó adecuadamente”. En 2009, el informe atribuyó la actividad radiactiva de ese punto a la “resuspensión de contaminación que se ha depositado en el suelo”.

Asimismo, deja constancia de las acciones correctoras acometidas para la eliminación de la contaminación. “Se escarificaron [agujerearon] unos cinco centímetros de profundidad de asfalto” y “la verificación posterior” arrojó unos valores dentro de los permitidos. Esta vez, en 2017, también se siguió el protocolo previsto: “Se optó por escariar [perforar] unos cinco centímetros del asfalto buscando dónde cesaba la contaminación; llegaron a extraerse unos dos bidones de tierra. Se han rellenado los huecos con tierra y se ha asfaltado encima”, ilustra el acta del inspector del CSN.

El diputado de Unidos-Podemos por Araba, Juantxo López de Uralde, señaló que el cesio es un elemento radiactivo “muy peligroso” y que el CSN alegó en su momento “que el material radiactivo encontrado estaba confinado y sin ningún tipo de salida al exterior”. De hecho, en junio pasado, la formación ecologista Equo de la que es portavoz, presentó una pregunta parlamentaria al Gobierno español para saber si tenía conocimiento de este suceso debido a que, al parecer, no había sido notificado al consejo regulador.

Según Uralde, el CSN contestó que lo tenía todo “bajo control” cuando, a su juicio, el tema estaba bastante oculto: “Esta actuación pone de manifiesto la situación de abandono y dejadez” que rodea a Garoña y que, una vez decidido el cierre de la central nuclear ubicada a pocos kilómetros de la geografía vasca, la situación puede revertir en una relajación de las políticas de seguridad, algo que tildó de “peligroso”.

Fuente: Deia.com

Más info: Garoña mala praxis y desinformación

Nuevo vertido en menos de 3 meses

1989: 60.00 litros de agua radiactiva al Ebro

Vertidos varios

Los residuos radioactivos alargarán casi dos décadas el cierre de la central nuclear de Garoña

 

Enresa autorizó trasladar junto a la central 2.240 toneladas que están en la piscina del complejo

La central nuclear de Garoña requerirá de un largo proceso de desmantelamiento que se alargará por un periodo cercano a los 20 años y en el que una de las claves residirá en la solución que se adopte sobre el destino de las miles de toneladas de residuos radioactivos que ha estado consumiendo la planta desde que se puso en marcha el 2 de marzo de 1971, Después de 40 años y 10 meses de actividad -Nuclenor paralizó la actividad en diciembre de 2012- no está claro cuál es la cantidad exacta de los residuos del combustible de uranio que prácticamente llena la piscina interior en la que se encuentra almacenada. Según los datos recogidos por Enresa, Garoña almacenaba 947 metros cúbicos de residuos de baja y media actividad en 2005 y un total de 311 toneladas de uranio que ya entonces ocupaban el 79% de la capacidad de almacenamiento de la piscina. Ante las dificultades para gestionar esta enorme cantidad de estos dos tipos de residuos y los retrasos para activar un cementerio nuclear en España, Nuclenor consiguió la autorización para construir Almacén Temporal Individualizado (ATI) que aún no está finalizado y que tendría una capacidad de almacenamiento de 2.240 toneladas de material radioactivo.

La central de Santa María de Garoña no volverá a producir energía eléctrica pero el cierre definitivo de la central y su desmantelamiento se alargarán durante dos décadas sin que a día de hoy quede claro cómo se gestionarán las miles de toneladas de elementos radioactivos de esta instalación. La gestión de este material cuenta con una normativa muy definida pero la realidad dista mucho de lo recogido en los manuales. Nuclenor, que a día de ayer aún esperaba una comunicación oficial del Gobierno central para posicionarse, es la encargada ahora de trasladar el combustible de uranio que ha utilizado durante cuarenta años desde la piscina hasta un ATI que, según informó ayer Elconfidencial.es aún no se encuentra terminado pese a que la previsión para su puesta en marcha era el pasado mes de marzo. Este almacenamiento en superficie cuenta con una capacidad de unas 2.240 toneladas aunque los datos oficiales de Enresa que forman parte de su sexto plan de residuos radioactivos publicado en 2006 tampoco aclara la cantidad exacta del material más peligroso que se encuentra en el interior de esta instalación nuclear.

La normativa establece que tras vaciar la piscina y con el combustible ya en el ATI se procederá a su traslado al denominado ‘cementerio nuclear’ español o Almacén Temporal Centralizado que el Gobierno pretende poner en marcha en la localidad de Villar de Cañas pero que ha sido objeto de un enfrentamiento institucional con el Gobierno de Castilla La Mancha que se trasladó hasta el Tribunal Supremo.

Enresa tendrá que decidir si el complicadísimo proceso de gestión de los residuos más contaminantes paraliza o no la realización de un primer informe en el que, con la colaboración de Nuclenor, tendrá que catalogarse el grado de radioactividad de toda la instalación ya que elementos fundamentales como el núcleo del reactor también deberán ser objeto de un tratamiento específico muy distinto al del resto de la central. El informe formará parte de un estudio básico sobre el desmantelamiento que ya dará pie a la elaboración de un plan de desmantelamiento que necesitará de informes específicos por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y de un estudio de impacto medioambiental.

De esta manera, como ayer reconoció el cooportavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, el periodo para proceder al desmantelamiento de la central se extenderá durante unos 20 años. La referencia más próxima al lento proceso que vivirá Garoña es el desmantelamiento de la central José Cabrera situada en Almonacid de Zorita (Guadalajara) que cesó en su actividad en 2006 y que tiene previsto que culmine su proceso de desmantelamiento en 2019. Uralde advirtió que su formación estará muy atenta al proceso en la central burgalesa al tratarse de material «altamente peligroso» pero se felicitó porque el cierre de Garoña signica «el principio del fin de las nucleares en España».

Fuente: elmundo

El próximo problema de la central nuclear de Garoña: no hay almacén para tanto uranio

La construcción del Almacén Temporal Individualizado de la planta burgalesa no ha concluido, pero cuando lo haga tampoco será suficiente para tantas toneladas de residuos.

El ministro Álvaro Nadal zanjó ayer el debate sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña anunciando que no renovará la autorización. Ahora comienza otro debate, el de qué hacer con las toneladas de residuos radiactivos que ahora duermen en las piscinas de la planta burgalesa.

Desmantelar por completo una central nuclear es un proceso lento que, en el caso de Garoña, se prolongará entre 13 y 16 años. El ejemplo más cercano -y único- que tenemos del proceso de cierre de una central nuclear completa es la José Cabrera (Zorita, Guadalajara), que comenzó a ser desmontada en 2006 y será definitivamente clausurada en 2019.

El gran problema ahora para Nuclenor, gestores de la planta de Garoña, será que hacer con los residuos de la central, que incluyen el combustible ya empleado en el reactor y que, en total, superan los varios miles de toneladas.

 

Según el Plan de Gestión del Combustible Gastado de C.N. Santa María de Garoña, un documento interno de la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) obtenido por El Confidencial mediante una petición al Portal de Transparencia, la empresa valoraba a finales de 2011 cuatro alternativas sobre qué hacer con el uranio consumido para producir electricidad, todas ellas condicionadas a la construcción del Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas (Cuenca).

Las cuatro opciones

Aunque Enresa se negó a facilitar a este periódico información acerca de la disposición de la piscina o el inventario de combustible gastado, sí que reveló las opciones que en aquel momento -meses antes de que Endesa e Iberdrola decretaran el cese de operaciones- barajaban como vías de gestión: esperar hasta que el ATC estuviera operativo y trasladar allí los residuos directamente desde la piscina, almacenar los residuos en un Almacén Temporal Individualizado, bien parcialmente o en su totalidad, o reprocesar el combustible y enviarlo al emplazamiento de Villar de Cañas.

Aunque la piscina es, en sí misma, un almacén, el propio informe descarta mantener el combustible allí durante un tiempo prolongado: “La solución de utilizar infraestructuras existentes es de viabilidad dudosa“, indica este análisis.

Maqueta del futuro ATI de Garoña (Idom)

A día de hoy, y con la construcción del ATC paralizada, la única opción viable para el uranio de Garoña está en el ATI que lleva construyéndose desde 2012. Fuentes de Nuclenor y de la compañía Idom, empresa encargada de la construcción de esta infraestructura, confirmaban ayer a Teknautas que las obras, cuya finalización estaba prevista para marzo de este año, no han concluido aún. “No puedo precisar una fecha concreta, pero les falta poco”, explicaban desde Idom.

Los problemas del ATI de Garoña

Inicialmente, se contaba con que el ATC de Villar de Cañas estuviera listo para 2017 ó 2018, por lo que el almacén de Garoña estaba previsto para cobijar de forma provisional el combustible de la central. Pese a esto, en el plan de gestión Enresa recomendaba que se solicitara una licencia “para la totalidad del combustible, teniendo en cuenta que el elemento más costoso, que es el propio contenedor, es por principio modular y el esfuerzo de licenciamiento y coste de la infraestructura no varía mucho con el tamaño”.

En septiembre de 2015, el BOE detallaba la declaración de impacto ambiental del ATI de Garoña, uno de los requisitos legales para llevar a cabo el proyecto. En esta disposición se describían las características del futuro almacén: 32 contenedores cilíndricos ENUN 52B con un peso -una vez cargados de combustible- de unas 70 toneladas cada uno. Esto daría una capacidad total de alrededor de 2.256 toneladas, insuficientes ante las 6.079 toneladas de residuos radiactivos previstas por Enresa.

En comparación, la central de Trillo dispone de un ATI con capacidad para 80 contenedores.

Existe además otro problema. Los contenedores ENUN 52B están diseñados para usarse con dos tipos específicos de combustible (GE-6 y GE-7), pero no se indica qué ocurrirá con los otros tipos (GE-4, GE-5, GE-8, GE-10, GE-11 y GE-14) presentes en el reactor. En el caso de Garoña, hay un total de 2.505 elementos de los que solamente 594 son aptos para estos contenedores.

El último acta de inspección realizada por los inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear a la central, del 24 de mayo de 2017, explicaba que el titular de Santa María de Garoña tenía previsto comenzar a cargar en el ATI los primeros cinco contenedores con combustible gastado en el primer semestre de 2018, algo que parece impracticable a fecha de hoy.

Desde el CSN advierten que la historia está lejos de terminar. “Nosotros ni aprobamos ni desaprobamos, sólo somos asesores del gobierno sobre ese ATI”, explican a Teknautas fuentes del consejo. En 2013, el CSN ya emitió un informe favorable a la construcción del almacén, denominado Informe de Ejecución y Montaje, “pero aún nos falta por emitir un segundo documento, que está en fase de evaluación y por tanto no se puede comunicar nada aún sobre el mismo”.

“Informe Preceptivo y Vinculante para la Autorización de la Modificación de la Autorización, así se llama”, indican estas fuentes. De este análisis, de farragoso título y seguro que apasionante contenido, dependerá que en los próximos meses pueda desbloquearse la situación de un desmantelamiento que, según el ministro Nadal, comenzará “inmediatamente”.

A día de hoy, en Santa María de Garoña, no hay almacén para tantos residuos radiactivos.

Fuente: elconfidencial