Abogado UE: normas europeas no se aplican al impuesto español de residuos nucleares

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó este miércoles que la normativa europea no es aplicable a los impuestos españoles sobre la gestión de combustible nuclear gastado, respondiendo así a una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo.

El abogado general Gerard Hogan, cuyas conclusiones no son vinculantes pero suelen orientar la decisión de la corte, considera que la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad no es aplicable a los tributos españoles sobre la producción de combustible nuclear gastado, los residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de dichos combustible y residuos.

El jurista sostiene que el ámbito de aplicación de la Directiva se limita a la generación, al transporte, a la distribución y al suministro de electricidad.

El Tribunal Supremo había remitido inicialmente sus dudas sobre los impuestos nucleares al Constitucional, por ser potencialmente contrarios al principio de capacidad económica establecido en la Constitución, en un contencioso que afecta a la Asociación Española de la Industria Eléctrica, Endesa Generació e Iberdrola, y, por otro lado, la Administración General del Estado.

Las eléctricas argumentaban que los modelos de autoliquidación y pago de los citados impuestos sobre combustible nuclear gastado constituyen una suerte de impuesto especial sobre los productores de energía nuclear que distorsiona el mercado español de la electricidad, lo cual debe considerarse ilícito.

El Supremo entendía que el objetivo de los impuestos es incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica, para que los productores de energía nuclear asuman una parte de la financiación del “déficit tarifario” (diferencia entre los ingresos que las compañías eléctricas españolas reciben de los consumidores y el coste del suministro de la electricidad reconocido por la normativa nacional) mayor que la de otros productores de energía.

Consideraba también que la libre competencia en el mercado de la electricidad se ve falseada si determinadas empresas se someten a una tributación por su forma de producción sin una justificación objetiva.

Pero el Tribunal Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad indicando que, al haber expresado el Tribunal Supremo sus dudas también acerca de la compatibilidad de la legislación nacional con el Derecho de la Unión, debía plantear primero una cuestión prejudicial al TJUE, cuyo abogado general no ve aplicable la legislación comunitaria.

No obstante, el jurista añade que, en caso de que el Tribunal europeo no comparta su opinión, aporta una solución alternativa.

En ella considera que la Directiva no se opone, en principio, a la normativa española, ya que la situación de las empresas eléctricas que utilizan energía nuclear no es comparable a la de otros productores de energía en cuanto a la protección del medio ambiente y de la seguridad.

No obstante, el jurista comunitario añade que el Tribunal Supremo deberá valorar, en su caso, si el objetivo de dicha normativa está realmente relacionado con la protección del medio ambiente y la seguridad y, si es preciso, determinar si la diferencia de trato fiscal deparado a los distintos tipos de productores de electricidad está objetivamente justificada por tales razones medioambientales.

Fuente : La Vanguadia

La eterna herencia mortal de la energía nuclear

El plutonio 239, generado únicamente en las barras de los elementos combustibles de una central nuclear, es un elemento de la tabla periódica que dejó de existir sobre la tierra en sus primeros millones de años, antes de que apareciera la vida. Su núcleo es inestable y durante su desintegración emite una partícula alfa y otra gamma, ambas de muy alta energía. Al chocar con cualquier molécula la destruye, algo habitual en la naturaleza que no tendría mayor problema si no fuera porque eso incluye a las moléculas de los seres vivos. Si esa molécula es del ADN, puede producirse una mutación, es decir: cáncer. Su periodo de semidesintegración es de 24.100 años, es decir, a los 24.100 años el número de núcleos de una muestra se reduce a la mitad. Tras otro periodo igual se reduce de nuevo a la mitad, es decir la cuarta parte de la cantidad inicial. Tras cien mil años, la muestra se ha reducido a un dieciseisava parte, una cantidad que sigue siendo peligrosa si se trata de una concentración importante, como es el caso.

Lo primero que piensa cualquier persona ajena al mundillo de la ciencia es que “hombre, alguna solución habrá, ¿no se puede destruir?” La respuesta es sí… desde el punto de vista científico-experimental, lo cual no implica directamente que sea una solución factible. Me explico. En un reactor de investigación, hace muchos años que se bombardea plutonio. El proceso se llama transmutación y consiste en bombardear la muestra con neutrones de alta energía que provocan la fisión del núcleo, utilizando una energía del orden de los megawatios para transmutar algunos gramos. El problema es que en el mundo habrá dentro de una década más de 300.000 toneladas de combustible gastado (CG) en todo el mundo, 6.700 en España. Está muy lejos de lo razonable pensar que se pueda disponer de la energía necesaria. No es ninguna exageración decir que se necesitaría, para transmutar todo el plutonio, cien veces más energía eléctrica de la que han producido las centrales nucleares durante su funcionamiento.

Después de más de medio siglo de industria nuclear, no existe solución al problema de los Residuos Radiactivos de Alta Actividad (RAA), salvo esconderlos en lugar seguro. Para ello, hay que encontrar un lugar donde el material se encuentre confinado con toda seguridad. Dado que la construcción humana más antigua son las pirámides, que no pasan de 5000 años, lo que se baraja es colocar los RAA en Almacenamientos Geológicos Profundos (AGP), donde haya total seguridad de ausencia de movimientos sísmicos, escorrentías de agua, grietas, etc… durante más de cien mil años. No es tarea fácil. Quizás por eso, los RAA se mantienen al lado de las centrales nucleares en todo el mundo, en las piscinas de almacenamiento del CG, salvo el caso de los países que tienen permiso de NNUU para fabricar la bomba atómica. Estos países procesan una pequeña parte del CG para extraer el plutonio necesario para fabricar sus bombas. Al fin y al cabo, para eso se inventaron las centrales nucleares, pues el proceso de “fabricación” del plutonio hubiera resultado carísimo y no hubieran podido construir las decenas de miles de cabezas nucleares que están repartidas entre las grandes potencias. El resto de RAA, también en estos países, se encuentra junto a las centrales.

No es ninguna exageración decir que se necesitaría, para transmutar todo el plutonio, cien veces más energía eléctrica de la que han producido las centrales nucleares durante su funcionamiento.

La solución que genera más consenso es la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) donde concentrar los RAA en los diferentes países durante un periodo transitorio de entre 50 y 100 años. De esta manera le quitan el problema de encima a los titulares de las centrales nucleares y se lo pasan al Estado. Lo habitual en estos casos. Así se gana tiempo, para pensar qué se hace con ellos durante los siguientes 99.900 años.

Las generaciones futuras deberán destinar una parte de sus recursos para mantener confinados con seguridad estos materiales. No es difícil adivinar lo que pensarán las gentes de los milenios venideros de “los antiguos” cada vez que se tengan que encargar de la herencia de las generaciones de los siglos XX y XXI. Eso si aún saben de la existencia de semejante material.

Por ahora, es nuestra generación la que debe ocuparse del problema, nadie tiene derecho a mirar para otro lado. El movimiento antinuclear tampoco. Las nucleares ya van cerrando, por viejas y por caras, pero la lucha antinuclear no terminará nunca mientras existan RAA. No sirve de nada decir que “ya lo advertimos”.

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Fuente: elsaltodiario

Fraga no se bañó en Palomares, la playa de Almería sigue radiactiva y los reyes son los padres

Podian haber titulado la noticia con “Medios de comunicación engañan a los y las españolas”, pero no, la cosa no ha ido a mayores.

Los cronistas de la época no pudieron contar la verdad, pero cualquier taxista de Almería te resume lo que realmente pasó en el año 1966 con el baño de Manuel Fraga Iribarne y el embajador de EEUU en Palomares: Que la famosa inmersión en el mar que también popularizó el NO-DO se grabó en otra playa de Almería donde no se encontraban los restos radiactivos de un avión americano.

La historia del baño en la playa de Manuel Fraga, que se mantiene en la memoria de cualquier español mayor de 60 años, es un claro ejemplo del marketing del franquismo: repetir una mentira muchas veces, en los medidos adecuados, puede convertirse en una realidad que pasará a la historia.

Pero hay quien no se rinde y se enfrenta a la “falsa historia”. Así, Ecologistas en Acción ha continuado luchando para conocer realmente qué hay tras esos restos radiactivos hasta llegar a los tribunales.La organización ecologista ha conseguido que la Audiencia Nacional pida informes al Consejo de Seguridad Nuclear sobre estos residuos de 1966.

Historia

La realidad es que en el accidente en pleno vuelo -y que llevó a la caída de material radiactivo a la playa de Palomares,  se vieron implicados un bombardero estratégico estadounidense B-52 y un KC-135 de reaprovisionamiento en vuelo (cargado con 110.000 litros de combustible) que colisionaron a 10.000 metros sobre la costa del Mediterráneo, en el espacio aéreo de Palomares. El B-52 volvía de la frontera turco-soviética hacia la Base Aérea de Seymour Johnson en Goldsboro, Carolina del Norte, y el KC-135 provenía de la Base Aérea de Morón. La maniobra era de rutina: los B-52 se reaprovisionaban de combustible a la ida, desde la Base Aérea de Zaragoza, y a la vuelta desde Morón.

El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares Mark 28 (modelo B28RI) de 1,5 megatones cada una, de 1,5 metros de largo por 0,5 metros de ancho, con un peso de 800 kg. Dos de ellas quedaron intactas, una en tierra (cerca de la desembocadura del río Almanzora) y la otra en el mar. Las otras cayeron sin paracaídas, una en un solar del pueblo, la otra en sierra Almagrera. Se produjo la detonación del explosivo convencional que contenían, lo que sumado al choque violento con el suelo, hizo que ambas bombas se rompieran en pedazos. Las tres que cayeron en tierra fueron localizadas en cuestión de horas; la que cayó en el mar pudo ser recuperada 80 días después, las bombas tenían una potencia superior a 75 veces las de Hiroshima.

Por tanto, la playa de Palomares es un almacén de residuos rediactivos clandestino desde 1966, con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada .En el escrito de Ecologistas en Acción al tribunal se especifica que “Palomares es un almacén de residuos rediactivos clandestino desde 1966, con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada a 30 centímetros, en tres zonas diferentes sobre 103 hectáreas de terrenos y con dos fosas donde también se enterraron 4.000 metros cúbicos de material radiactivo”.

Fuente: diario16

Más noticias sobre la contaminación en Almeria (la huerta de Europa según dicen): almacennuclear.wordpress.com/?s=palomares

 

El Ministerio de Hacienda emite un informe que avala la posible inconstitucionalidad del impuesto a Garoña

La Secretaria de Estado de Hacienda ha emitido un informe que avala la posible inconstitucional del impuesto que gravará los residuos de Garoña y que fue aprobado en las Cortes de Castilla y León en el Pleno del pasado 31 de octubre con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos.

Se trata de un segundo informe del Estado que se suma al que del Ministerio para la Transición Ecológica y cuya argumentación se basa en que el impuesto sobre la afección medioambiental de los residuos generados por el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña podría “solaparse” con los impuestos estatales sobre “la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica” y el relativo al “almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas”.
En base a este documento el secretario del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, ha presentado una queja, ya que considera que se ha “hurtado” un argumento del debate en torno a este nuevo gravamen que se produjo el pasado 31 de octubre en las Cortes, ya que este jueves se ha dado a conocer el dictamen de la Secretaría de Estado de Hacienda a los grupos por parte del Parlamento cuando el documento llegó el pasado 29 de octubre y días antes a la Junta. José Francisco Martín ha recordado además que existen informes de la propia Asesoría Jurídica de la Junta y del Consejo Consultivo que respaldan la posible inconstitucionalidad del impuesto y ha insistido en que este último informe del Estado no se pudo usar por los grupos porque no se ha dado a conocer hasta hoy.

“Se ha conocido ocho días después del fin de debate”, ha señalado el procurador socialista. Así, ha advertido de que en cuanto la Ley autonómica que regula el impuesto se publique deberá ser el Ministerio de Política Territorial y Función Pública el que analice la posibilidad de presentar un recurso al mismo en base a estos informes.
No obstante, el procurador socialista ha reseñado que todos los documentos respaldan los argumentos esgrimidos por el PSOE en la enmienda a la totalidad que presentó a esta modificación de la Ley y que fue rechazada por el Pleno de las Cortes. Tras estos argumentos el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha considerado que quien debe dar explicaciones es el PSOE sobre por qué conoció el “supuesto” informe inicial del Ministerio para Transición Ecológica, un documento que, como ha explicado, desconocen el resto de grupos. “Me preocupa el uso de medios públicos en beneficio de un partido político, esto me huele mal”, ha señalado, tras lo que ha explicado que el contenido de estos documentos “se parecen mucho” a los argumentos socialistas. Por último, De la Hoz ha considerado que el PSOE debería explicar a los ciudadanos por qué “sorprendentemente” en vez de ponerse del lado de los “intereses” de los ciudadanos de la Comunidad para recaudar unos 10 millones de euros anuales por este impuesto que se dedicarían a revitalizar el entorno de la nuclear se posicionan con “Iberdrola para que no pague”.

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La trama nuclear de Cuenca. ¿A quién le interesa el basurero radiactivo?

El PP es el único partido que apoya la construcción del ATC en Villar de Cañas

Construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar los residuos radiactivos de toda España (y algo de Europa) en la localidad conquense de Villar de Cañas costaría cerca de 3.000 millones de euros (proyecto, 1.000; explotación, 1.000; clausura, 150; impuesto ecológico, 400; asignaciones ayuntamientos, 300 millones de euros…), mientras que los Almacenes Temporales Individuales (ATI) no llegarían a los 2.800, con la salvedad de que éstos son ya un hecho. Ya hay tres construidos (Trillo, Zorita y Ascó) y en breve se edificarán el resto, con la ventaja de que se ubican en el mismo lugar donde se encuentran las centrales nucleares existentes, evitando, lo que es más importante, el peligro del transporte por carretera que supondría desplazar toda esa basura nuclear desde Cataluña, Valencia o Extremadura a Castilla-La Mancha. ¿Para qué sirve un ATC teniendo los ATI?

¿A quién, entonces, le interesa construir un basurero radiactivo, que nadie quiere y que todas las comunidades autónomas rechazan porque no aportaría ninguna riqueza añadida a la zona, salvo las compensaciones que recibirían los ayuntamientos próximos a la instalación? La respuesta es clara, sólo al Partido Popular y, concretamente, a los “populares” de Castilla-La Mancha liderados por María Dolores de Cospedal, responsable directa de que el Gobierno de Mariano Rajoy eligiera la localidad conquense de Villar de Cañas para situar el estercolero nuclear.

Y fue en su primer Consejo de Ministros, diciembre de 2011, cuando el recién nombrado Ejecutivo presidido por Rajoy eligió Villar de Cañas para el ATC. La sorpresa fue mayúscula: la cuarta opción barajada era finalmente la elegida, máxime si meses antes la entonces presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había dicho que “ni en ningún pueblo, ni en ninguna provincia” quería el ATC, porque esta comunidad “ya había sido muy solidaria en materia nuclear (sic)”. ¿Qué le hizo cambiar de idea?

Un negocio de mil millones controlado por Cospedal

Para la Plataforma contra el ATC de Villar de Cañas está claro: Sólo la construcción del basurero radiactivo movía cerca de mil millones de euros, que el ministro de Industria de aquel entonces, José Manuel Soria, prometió a Cospedal su control directo. Tanto es así, que la exsecretaria general del PP colocó en la presidencia de Enresa, organismo para la gestión de los residuos radiactivos, a una de las personas menos conocedora de la energía nuclear, pero de su confianza máxima, Francisco Gil-Ortega, que para desgracia de Cospedal meses más tarde tuvo que dimitir de la presidencia de  esta empresa pública por ciertas anomalías contables y dudosas facturas.

Las “desgracias” de Cospedal se sucedieron cuando su valedor en el basurero nuclear e íntimo amigo José Manuel Soria también tuvo que dimitir acuciado por el escándalo de los “Papeles de Panamá”, aunque siendo alcalde de Las Palmas otros casos de supuesta corrupción urbanística lo tuvieron en el disparadero político.

Por otra parte, y como no podía ser menos, algunas de las empresas que hicieron negocio con Enresa contaban con el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, en su consejo de administración, como es el caso de Iberinco, que se llevó decenas de millones de euros en contratos, como denunció en su día la Plataforma anti ATC.

El alcalde y la secretaria

Pero dentro de toda esta trama nuclear conquense destacan dos extraños personajes que han defendido con uñas y dientes el ATC, incluso uno de ellos con graves insultos contra los detractores del basurero nuclear, como son el alcalde del PP de Villar de Cañas, José María Saiz, y la secretaria del ayuntamiento, Carmen Barco, verdadera artífice de que la localidad optara a la triste candidatura de convertirse en el basurero radiactivo de Europa. Eso sí, el alcalde habló rápidamente de que al pueblo “le había tocado la lotería”. ¿A quién le tocó la lotería? Eso queda todavía por investigar, puesto que el regidor Saiz tiene todavía muchas cosas que aclarar sobre el urbanismo del pueblo y las licencias de construcción.

Sin embargo  “la sombra alargada” de Carmen Barco, erigida en “portavoz” pro cementerio nuclear que, incluso, hacía callar al alcalde e insultaba a la oposición en las sesiones plenarias (ver video), como publicó ELPLURAL.COM en noviembre de 2014, tuteló hasta hace unos meses todo el proceso y ahora, según fuentes del PP consultadas por esta redacción, “está muy preocupada, yo diría que deprimida, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya paralizado temporalmente la ATC”, dicen.

A estos dos personas se une un tercero no menos extraño, como es el presidente del PP de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, que tras ser abandonado por Cospedal, ya que el “negocio de los átomos” no depende ahora del PP, aseguran fuentes socialistas, arremete con virulencia, como si le fuera la vida ello, contra el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, “enemigo” declarado del Almacén Temporal Centralizado, que desde que llegó al poder, en julio de 2015, no ha dejado de llevar a cabo iniciativas políticas que han conseguido paralizar las obras del cementerio nuclear.

Pedro Sánchez: la última palabra

Iniciativas que dieron su fruto con la arribada de Pedro Sánchez a La Moncloa. El Ministerio para la Transición Ecológica pedía (ver carta) al Consejo de Seguridad Nuclear la suspensión del expediente para dar el visto bueno a la construcción del cementerio nuclear. Page y las 50 asociaciones que forman parte de la Plataforma expresaban su satisfacción por esta noticia. Todos, salvo las derechas, PP y Ciudadanos.

Pero hace unos días, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacía unas declaraciones a ABC que daban aliento a las reivindicaciones del PP, asegurando que el ATC era necesario, aunque no mencionó el nombre de Villar de Cañas. Rápidamente, la portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes castellano-manchegas, Blanca Fernández, aseguraba que el PSOE de Castilla-La Mancha hará “lo que tenga que hacer” para impedir la construcción del basurero nuclear, “esté quien esté en Moncloa”, dijo.

¡Ojo! porque Pedro Sánchez no puede hacer lo mismo que Mariano Rajoy con Castilla-La Mancha: expoliar el Tajo a través del trasvase Tajo-Segura para beneficiar la huerta murciana en detrimento del desarrollo agrícola castellano-manchego y, además, situar en estas tierras el cementerio nuclear que nadie quiere en la región, salvo el PP y sus ocultos intereses, hoy por hoy, bajo la lupa de Moncloa.

El presidente Sánchez sabe que su compañero de partido, Emiliano García-Page, además de jugarse la Presidencia de la Comunidad, ha apostado fuerte por alejar de la región este basurero inservible, cuando ya existen, como hemos dicho, varios Almacenes Temporales Individuales en cada una de las centrales nucleares de España.

Fuente: elplural.com

La factura de cerrar las nucleares: 19.000 M. de coste y un déficit de 3.000 M. en Enresa

La ministra de Transición Ecológica confirmó la intención del Gobierno de no prolongar la vida útil de las centrales pero admitió que es difícil saber el coste de la medida. El último plan de gestión de residuos radioactivos habla de más de 19.000 millones en total. Y Enresa es incapaz a día de hoy de cubrir la factura

14/07/2018

La primera comparecencia de la ministra Teresa Ribera en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso sirvió para confirmar tanto la intención del Gobierno de poner fin a la aventura nuclear de España como el hecho de que no hay un plan definido para llevar a cabo la medida. Ribera admitió la importancia de conocer el coste de cerrar las centrales pero también que desconoce la cuantía del mismo. Una factura, no obstante, en ningún caso barata. La última referencia disponible habla de una cifra por encima de los 19.000 millones de euros, incluyendo la necesaria gestión de los residuos. Un coste que, hoy por hoy está fuera del alcance de Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de residuos radioactivos.

Durante su intervención, Ribera denunció que en España no hay un plan de gestión de residuos y que incluso pende una sanción de Bruselas por no contar con él. En realidad, sí existe un Plan de Gestión de Residuos Radioactivos, aunque lleva mucho tiempo pendiente de actualización, toda vez que su última edición data del año 2006. En ese plan, se estima un coste para el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares en España y la posterior gestión de los residuos hasta el año 2085 que asciende a algo más de 19.500 millones de euros.

Un coste que, teóricamente, debería ser asumido por Enresa, aunque si el Estado tuviera que recurrir a la compañía pública para ocuparse del cierre de las plantas se encontraría con un serio contratiempo. El fondo creado a tal efecto, alimentado por la contribución de los grupos energéticos que operan los siete reactores que están activos en la actualidad, presenta un déficit valorado en su día por el Tribunal de Cuentas en unos 1.700 millones de euros y que, a día de hoy, va camino de los 3.000 millones.

Las compañías aportan aproximadamente unos 400 millones de euros anuales al fondo, que está invertido principalmente en renta fija. Sin embargo, el largo periodo de bajos tipos de interés en la zona euro ha hecho mella de forma muy significativa en su rentabilidad, además de que los costes asociados, especialmente los referidos al almacenamiento, se han incrementado de forma significativa.

Los aprietos financieros de Enresa

A esta circunstancia ha contribuido el eterno retraso en la construcción del Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC), dado que su ausencia obliga a las centrales a contar con alternativas que llevan asociado un coste adicional que también sufraga el fondo de Enresa.

Estas apreturas financieras de la empresa pública llevaron al anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, a anunciar que estaba estudiando un cambio normativo para obligar a las empresas operadoras de las centrales a hacerse cargo de los costes del desmantelamiento de las centrales. Un mensaje que fue recibido con desaprobación por parte de las eléctricas, al considerar que ya realizaban su correspondiente aportación al fondo.

“Necesitamos un análisis más profundo y la identificación de las medidas a tomar”, apuntó Ribera. En ese análisis, el coste representa un papel fundamental, aunque no el único. El Ministerio que dirige también tiene que tener en cuenta las circunstancias del calendario, toda vez que el cierre de las centrales al finalizar su vida útil de 40 años se produciría en el transcurso de apenas cinco años, entre 2023 y 2028.

El futuro del recibo

Un escenario que daría lugar a la formación de un cuello de botella en los procesos de cierre, inicio de desmantelamiento y tratamiento de residuos, como apuntaba hace unas semanas Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, la asociación que engloba a las empresas del sector, en la presentación del balance de 2017. Araluce explicó que los desmantelamientos se prolongan durante diez años, con lo que si todas las centrales cerraran a los 40 años de su puesta en funcionamiento se solaparían muchos de estos procesos, toda vez que todas ellas arrancaron en un corto espacio de tiempo.

Mientras, en el sector se ha acogido con cautela el anuncio de la ministra Ribera, que relacionan con los diferentes mensajes que está lanzando el Gobierno en los últimos días con el fin de asegurarse tanto el apoyo de los socios que propiciaron el éxito de la moción de censura como de los votantes en la próxima cita electoral.

A las dudas sobre el coste real de un masivo cierre de centrales nucleares se suman las referidas al efecto que tendría en el recibo de la luz, toda vez que la nuclear es una fuente de generación barata.

Fuente: vozpopuli

CSN rebaja el volumen de tierra contaminada con radioactividad a limpiar en Palomares

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares (Cuevas del Almanzora, Almería) que debe ser retirada si bien no ha precisado en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.

Esta modificación se produjo a raíz del pleno de 22 de julio de 2015 del CSN en el que se aprobó un informe relativo a los criterios radiológicos aplicables para la restauración de los terrenos afectados por el accidente que se registró en 1966 tras la colisión en el aire de dos bombarderos estadounidenses y la caída de cuatro bombas termonucleares. En un documento remitido a la Audiencia Nacional, consultado por Europa Press, el regulador atómico admite que el volumen de suelo a retirar en la conocida como área 6 del mapa radiológico de la zona es “menor que el previsto inicialmente” de acuerdo a los cálculos del Ciemat y lo achaca a la toma en consideración “de otros escenarios y vías de exposición” a la radiación.
En concreto, indica que, con el “conocimiento que se tiene actualmente” tanto de la distribución espacial de la contaminación como de los niveles de esta en la zona y das las características orográficas y tipo de suelo, “está justificado reconsiderar” el escenario inicial con “criterios más realistas” al descartar un uso agrícola del suelo y centrarlo solo en el uso residencial.
Así, asegura que, como en esta área 6 sólo hay que tener en cuenta al trabajador que interviene en la construcción de viviendas, el nivel de intervención ha variado de 1 a 4 y el volumen de suelo a retirar también, siendo “menor que el previsto” de manera inicial en 2010. El regulador atómico sostiene, no obstante, que, en el caso de las zonas 2 y 3, no ha variado el escenario, que continúa siendo agrícola-residencial, por lo que tampoco el nivel de intervención 1.
“El volumen de tierra a retirar correspondiente a este nivel coincidiría, por tanto, con el estimado inicialmente por el Ciemat para estas zonas”, remarca. Cabe recordar que en la demanda que dio inicio a este procedimiento para instar a que se ejecute la limpieza de la zona, Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que ahora admite el regulador atómico se ha producido “a instancias” del Department of Energy (DOE) de EEUU.
El colectivo asegura que, para ello, se “han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a”, lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense. “PONER EN RIESGO RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON EEUU” No obstante, el documento aportado al procedimiento y en que se reconoce esa rebaja en la cantidad de tierra a retirar no es copia certificada del informe aprobado por el CSN en 2015, tal y como le requirió la Audiencia Nacional sino un anexo.
El regulador atómico se vuelve a acoger para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a
“todo el proceso relativo a Palomares” desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010. Así, comunica a la sala para justificar su no aportación que el citado informe posee un contenido cuyo conocimiento por
“persona no autorizada puede razonablemente dañar o poner en riesgo intereses políticos, sociales, económicos y comerciales de España y, particularmente, las relaciones diplomáticas con EEUU”.
La Abogacía del Estado ya trasladó a la Audiencia Nacional que los documentos del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la limpieza de los terrenos contaminados con radioactividad en Palomares eran “confidenciales” y que, por tanto, no podían ser aportados al procedimiento contencioso-administrativo impulsado para que se obligue a la ejecución del Plan de Rehabilitación aprobado por el Gobierno en 2010. Por este motivo, el colectivo ecologista presentó un recurso de reposición en el que interesa que se librase oficio para que el regulador atómico remitiese copia completa del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en mayo de 2010, el informe del departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.
Ecologistas en Acción argumentó ante la Audiencia Nacional que el anexo del acta de la reunión del CSN acreditaría que el informe del Departamento de Energía de EEUU habría motivado “la modificación de los criterios radiológicos acordados previamente en el Plan de Rehabilitación de mayo de 2010” y que dichos criterios “rebasan los límites legales para la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes” al contrario de lo que ocurre con el citado plan.
El objetivo, según añadió el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría “únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada”, lo que reduciría de 6.000 a 3.300 mmetros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU. Por su parte, la Abogacía del Estado ha asegurado a lo largo del procedimiento contencioso-administrativo que, en
“ningún momento existe exposición inaceptable para la población” y que el “principio básico de protección está garantizado”.
Ha sostenido, asimismo, que “el nivel de intervención no se ha modificado desde su determinación en 1 mSv/año, valor de dosis máximo que podrían llegar a recibir” los residentes “en la zona de Palomares”, un extremo que este documento aportado ahora desmentiría. “IMPOSIBILIDAD” DE EJECUTAR EL PLAN Y FIJAR UN PLAZO En su contestación a la demanda, la Abogacía del Estado también ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan aprobado en 2010 ya que éste tiene carácter “preliminar” y solo esboza líneas generales sin dar
“pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (Rpsri) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)”.
Ha reconocido, en esta línea, que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio” y ha revelado que “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos” generados.
Martí Scharfhausen junto al exministro Soria

Por último, ha trasladado a la Audiencia Nacional que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, “garantiza que actualmente no se supera la dosis” citada anteriormente para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

EEUU sacrificó la salud de soldados y vecinos para silenciar Palomares, aún contaminado con plutonio

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Algunos veteranos reclaman que se cubran los tratamientos para el cáncer que han desarrollado pero las Fuerzas Aéreas niegan que haya relación

La zona sigue contaminada y el último acuerdo entre gobiernos para su limpieza aún espera que se firme un contrato para empezar los trabajos. (seguir leyendo)

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