Garoña cierra ¿y ahora que? Experiencia de otros municipios con centrales cerradas

Localidades del burgalés Valle de Tobalina miran el turismo como una de las alternativas de desarrollo de la zona tras el anuncio de cierre de Garoña, una situación que han tenido que afrontar anteriormente otros municipios con nucleares: Almonacid de Zorita (Guadalajara) y Vandellós (Taragona).

Catorce son los municipios de este valle de Castilla y León que buscan ahora revitalizar su economía tras la clausura de la central, aunque el área de influencia de la actividad de Garoña abarque también localidades del País Vasco, La Rioja y Cantabria al encontrarse algunas de ellas a menos de 80 kilómetros de la instalación. .

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció este martes un plan de reactivación para las localidades afectadas, sin detallarlo.

Y aunque la actividad de la central creó puestos de trabajo directos o por subcontratas, tampoco significó una solución a la despoblación para muchos de ellos.

Así, la alcaldesa de Trespaderne, Ana Isabel López, prefiere ver el cierre de Garoña como “una oportunidad” para el entorno, mientras otros regidores ponen ahora su vista en el desarrollo del turismo y el sector hortofrutícola como alternativa a su economía.

En España dos instalaciones, la José Cabrera, más conocida como Zorita, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), y la de Vandellós I (Tarragona), se encuentran en el proceso de cierre con experiencias muy distintas.

Zorita, abierta en 1968 y cuyo desmantelamiento se inició en 2006, ha sufrido el despoblamiento y envejecimiento de la población, según ha explicado a la Agencia Efe su alcaldesa Elena Gordón Altares.

Además, la población de la localidad “está desanimada” ante la falta de salidas económicas para la zona, ha asegurado la regidora, quien trabaja junto a otros 200 trabajadores aproximadamente en el desmantelamiento de las instalaciones.

En su día, el Gobierno anunció el desarrollo de un plan de compensación al cierre de la planta, sin embargo, “nadie nos resuelve problemas como el mal acondicionamiento de las carreteras”, factor que ha alejado a los inversores, ha aseverado la alcaldesa de los 750 habitantes de Almonacid de Zorita.

“Nadie nos hace caso, es la pescadilla que se muerde la cola”, ha asegurado Gordón, a pesar de haber puesto en marcha proyectos como un vivero de empresas, el desarrollo del turismo, la construcción de un camping, “pero los emprendedores no vienen por el estado de la vía”.

La central “no hizo daño a la zona, hemos vivido tranquilos durante su funcionamiento”, ha manifestado la alcaldesa, quien ha añadido que “poca gente en el pueblo dirá que estaba a disgusto” con la nuclear, porque “estamos perfectamente informados”.

“Es más el miedo de la gente de fuera, que los que vivimos en primera persona”, ha indicado.

Muy diferente es la situación de la localidad de Vandellós (Tarragona), según ha explicado a Efe su alcalde, Alfonso García, quien ha aclarado que hay dos factores distintos que influyeron en el cierre de esa central.

El primero, el accidente que se produjo en 1989, el más relevante ocurrido en España, y el segundo el proceso sociopolítico de la localidad de 6.200 habitantes.

Ha manifestado, además, que el cierre de Vandellós I coincidió con la apertura de Vandellós II -de mayor potencia-, lo que facilitó que un buen número de trabajadores pasaran a las nuevas instalaciones, mientras otros se acogían a la jubilación anticipada.

Asimismo ayudó, según García, la ubicación geográfica de la localidad cercana al litoral, lo que facilitó que otras personas se vincularan a actividades relacionadas con el turismo o con un polígono industrial cercano.

En el proceso de desmantelamiento “hay picos de trabajo”, ha dicho el alcalde, en los que se necesita “potenciar la formación de las personas para diversificar la economía local”.

“La energía nuclear es de transición”, ha sostenido García, por ello hace falta un plan de desarrollo con “recursos endógenos y exógenos” para la creación de alternativas, la planificación y diversificación, y que el territorio no empobrezca.

El gerente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), Mariano Vila d’Abadal, ha manifestado a Efe que con el anuncio del cierre de Garoña “nos tememos lo peor”.

“Han dicho que van a mantener unas ayudas que existen y han existido desde 1990, que son compensaciones a los municipios por tener residuos de las nucleares, pero no son fondos por el cierre”, ha asegurado.

Ha anunciado que este viernes AMAC se reunirá con los alcaldes de los municipios del Valle de Tobalina afectados.

Esta mañana, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha dicho tras la reunión del Consejo de Gobierno Foral, que la Diputación Foral mantendrá “pleno contacto” con el Gobierno central sobre el proceso de desmantelamiento de Garoña y para la revitalización de los municipios de la zona.

Ha asegurado que es necesaria la puesta en marcha de un plan de revitalización de la zona afectada por la central.

El político ha añadido que en este plan deben estar presentes los municipios de la zona de Añana, que, ha recordado, quedaron fuera del primer plan de revitalización planteado en el momento de la primera parada de Garoña en 2012.

Ha añadido que el principal problema de la Cuadrilla de Añana es la elevada edad de sus habitantes y que el objetivo primero es “fijar” población en la zona, para lo que es necesario dotarla de servicios.

Fuente: eldiario.es

Iberdrola y Endesa no alcanzan un acuerdo en Nuclenor sobre el futuro de Garoña

El consejo de administración de Nuclenor, celebrado el pasado miércoles, volvió a vivir un nuevo episodio de bloqueo respecto a la posibilidad de adoptar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña ante la falta de acuerdo entre Iberdrola y Endesa, los propietarios al 50% de la sociedad dueña de la planta.

El órgano gestor de Nuclenor había convocado una nueva reunión con el objetivo de consensuar una posición que presentar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, dentro del periodo de alegaciones abierto por el Gobierno español que expira la próxima semana, pero, una vez más, fue imposible el acuerdo entre sus dos accionistas.

En concreto, Iberdrola, en el primer punto del orden del día del consejo, propuso la presentación inmediata del desestimiento de la autorización de reapeartura de Garoña, al considerar que «no cabe ninguna otra alternativa a la viabilidad económica de Nuclenor que el desestimiento», según fuentes empresariales citadas por Europa Press.

Esta propuesta de presentar el desestimiento inmediato al Ministerio de Energía surge de un escrito consensuado entre ambas compañías basado en esta «inviabilidad económica» de Nuclenor, indican las mismas fuentes.

Sin embargo, Endesa planteó, en un segundo punto del orden del día, la presentación de alegaciones, dentro del proceso abierto por el Ministerio de Energía, una propuesta que Iberdrola consideró que no resultaba «jurídicamente viable», ya que puede abocar a que el Ejecutivo conceda la renovación de la central nuclear.

De todas maneras, Nuclenor tendrá siempre el veredicto final sobre el futuro de Garoña sea cual sea la decisión de Madrid. En todo caso, no podrá desviarse del informe aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 8 de febrero, que permitía la continuidad de la central nuclear con una serie de condiciones, que supondría unas inversiones calculadas en unos 200 millones, según informó este viernes el diario ‘Cinco Días’.

Diferencias en Nuclenor

Este no es el primer distanciamiento en el seno de Nuclenor entre ambas compañías. Ya el pasado mes de abril, la sociedad celebró un consejo y una junta general en la que Iberdrola planteó desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación, sin que se llegara a un acuerdo.

El distanciamiento entre Iberdrola y Endesa ha quedado más que manifiesto en los últimos tiempos en las figuras de sus respectivos presidentes, Ignacio Sánchez Galán y Borja Prado.

Así, en la pasada junta general de accionistas de Iberdrola, Galán ya denunció que en las actuales condiciones el negocio nuclear no era viable.

Por su parte, Prado también ha dejado clara la posición de Endesa respecto a Garoña al insistir en que esperarían a conocer la postura del Gobierno tras el periodo de consultas abierto antes de tomar una decisión definitiva sobre la central nuclear.

Alegaciones del Parlamento

Por su parte, el Parlamento de Gasteiz ha presentado sus alegaciones a la resolución del CSN que posibilita la reapertura de la central, según ha informado EH Bildu en un comunicado.

La coalición ha recordado que el pleno de la Cámara aprobó el pasado 6 de abril una proposición no de Ley sobre la necesidad de interponer recurso ante la resolución del CSN que posibilita la reapertura de la central nuclear de Garoña y los acuerdos y órdenes del Ministerio que puedan derivarse en este sentido.

Según ha detallado, el segundo punto de este acuerdo recogía el compromiso del Parlamento de «emplear todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura de la central nuclear de Garoña».

En este sentido, acordó interponer recurso a la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear de 8 de febrero de 2017 que posibilita la reapertura de Garoña.

«Con ese fin los servicios jurídicos de la Cámara presentarán tal recurso en el órgano correspondiente, para anular la citada resolución», señalaba el texto aprobado.

EH Bildu ha anunciado que este viernes 21 de julio, al finalizar el plazo, el Parlamento ha presentado sus alegaciones a la resolución del CSN.

Castilla y León

Por otro lado, la Junta de Castilla y León ha pedido en sus alegaciones al Ministerio la continuidad de Garoña y que sea hasta el 2031, para que se puedan amortizar las inversiones que exige el CSN para su puesta en marcha.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha detallado en declaraciones a los periodistas que con la premisa de la seguridad avalada en el informe del CSN, su apuesta es la continuidad de una central que hoy por hoy «no tiene alternativa» en la zona y que además de cerrarse permanentemente supondría «un lastre grande» en la economía regional y estatal.

Del Olmo ha recordado que la central genera seiscientos empleos directos y en momentos puntuales, en recargas de combustible y revisiones llega hasta el millar, y no tiene «un plan alternativo» en la zona del valle burgalés de Tobalina.

También ha esgrimido la Junta en sus alegaciones razones de competitividad tanto estatal como regional, ya que la energía nuclear es más barata que la de ciclo combinado de gas, y dejar de disponer de ese recurso puede hacer que «suba el precio del mercado de la electricidad».

La consejera de Economía y Hacienda ha sostenido que la división dentro de los dos propietarios de Nuclenor sobre la continuidad o no de la actividad de la central es algo «ajeno» a la Junta, ya que es el Ministerio el que debe decidir sobre el asunto.

Fuente:  naiz.eus

La Audiencia Nacional actúa ante la contaminación de Palomares

Zona acotada con el suelo contaminado por radiaciòn.

Investiga el rechazo del CSN a la solución provisional propuesta para los suelos radiactivos

La Audiencia Nacional ha requerido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que le remita el expediente administrativo por el que rechazó la clausura de la instalación nuclear y el área contaminada de Palomares, en Cuevas del Almanzora, así como el almacenamiento “provisional de la tierra contaminada” solicitado por Ecologistas en Acción en enero. El requerimiento se enmarca en el procedimiento contencioso-administrativo que se sigue en este órgano después de que se haya admitido a trámite el recurso que el colectivo conservacionista interpuso contra la resolución de 17 de febrero, según el decreto al que ha tenido acceso Europa Press.

La Audiencia Nacional debe dirimir hora si la decisión del CSN sobre el Reglamento de Protección Sanitaria es conforme a derecho o si, por el contrario, la propuesta de Ecologistas en Acción es viable frente a la opción que mantiene el regulador atómico de esperar a que ejecute el acuerdo entre España y EEUU para dar una “solución definitiva al problema” generado en 1966 tras la caída accidental de cuatro bombas temornucleares en la zona.

El CSN respondió al colectivo que “no ha lugar para la solución provisional” que plantean ya que esta “no se correspondería con los principios” del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, “ni con los preceptos y actuaciones que se establecen” en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radioactivas. Aludía el órgano a que el de Palomares se trataría de un caso de “exposición perdurable”, por lo que sería de aplicación el artículo 58 del primer reglamento.

Intervención
Este dispone que, en caso de intervención en este tipo de situaciones, y en función de los riesgos que entrañe la exposición, la autoridad competente, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, deberá delimitar la zona afectada; aplicar un sistema de vigilancia de las exposiciones; realizar las intervenciones oportunas teniendo en cuenta las características de la situación y regular el acceso y el uso de los terrenos o edificios situados dentro de la zona delimitada.

El CSN remarcaba, en esta línea, que los estudios radiológicos y los programas de vigilancia establecidos para la zona de Palomares afectada “son adecuados y eficientes” de acuerdo al informe que realizó en 2010 un equipo de inspectores de la UE y que la “solución definitiva al problema” pasa por la ayuda de Estados Unidos a España.

“La ayuda de EEUU a España para gestionar los residuos radioactivos generados por las medidas de restauración de los terrenos contaminados se consideran primordiales para aportar una solución definitiva a este problema ya que España no tiene instalaciones para almacenar de forma definitiva estos materiales contaminados por Plutonio”, apuntaba citando el mencionado informe.

El órgano supeditaba, por tanto, la ejecución del Plan de Rehabilitación de zonas afectadas que elaboró el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) al auxilio de EEUU.

Fraga mintiendo a los españoles en Palomares

Fuente:   lavozdealmeria.es

Más información sobre la contaminación en Palomares (Almeria)

La Junta de Castilla y León y ENDESA las únicas que quieren Garoña

La Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones en defensa de la continuidad de la central Nuclear de Santa María de Garoña hasta 2031 porque, como ha manifestado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha garantizado su seguridad y hasta esa fecha que amortizarían las inversiones exigidas por este organismo.

Estos argumentos centran las alegaciones que la Junta ha remitido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, quien abrió el pasado 11 de julio el plazo para que once administraciones pudieran remitir sus argumentos para decidir el futuro de la central. Dichas entidades son el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Navarra, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno de La Rioja, la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Ecologistas en Acción Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.

Del Olmo ha aclarado que la Junta ha remitido sus alegaciones ayer mismo con su “posición favorable” a la continuidad de la explotación de la central, ya que, como ha defendido en declaraciones recogidas por Europa Press, de no ser así “la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles”.

La seguridad de Garoña siempre ha sido cuestionada

De este modo, la consejera ha detallado que uno de los argumentos esgrimido a través de estas alegaciones es la carencia de un plan alternativo económico a la central que abarque todo su área de influencia, a lo que se suma las conclusiones extraídas del informe del Consejo de Seguridad Nuclear que garantiza la seguridad del centro siempre que se haga una serie de inversiones adicionales que, según los cálculos de la Consejería, estarían amortizadas en 2031.

Del Olmo ha asegurado que en el documento remitido por la Junta al Ministerio se detalla también la importancia de este tipo de energía para la economía nacional y ha recordado que su cierre supondría además daños a otras fuentes energéticas autóctonas como el uranio que sirve de combustible para la central.

Asimismo, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta ha aprovechado sus alegaciones para defender también la energía producida a través del carbón autóctono, alternativa energética “más barata” junto a la nuclear, con lo que la supresión de ambas supondría un “lastre grande a la economía nacional”. “Defendemos el mantenimiento de la central siempre que haya seguridad para las personas”, ha concluido Del Olmo, quien ha insistido en que es la principal fuente de empleo en el valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, ya que en la central trabajan unas 600 personas que pueden llegar a 1.000 cuando está a pleno rendimiento.

GAROÑA PROVOCA PARO

Lo que Del Olmo no explica es que Garoña es el principal lastre de la comarca. El colegio de Economistas de Burgos ya señaló que la comarca afectada por Garoña tenía la mayor tasa de paro de todo Burgos.

Fuente:   20minutos.es

Los vertidos de garoña y las grietas cuestionan sus pretendida seguridad.

Técnicos del CSN denuncian el oscurantismo para reabrir Garoña

Garoña auyenta el resto de inversiones

 

Enresa estudiará el acuífero sito en los terrenos donde pretende ubicar el ATC

Deberá analizar si habría capacidad de reacción ante una posible fuga de material radioactivo y evitar que llegue a El Záncara.

Enresa sigue estudiando los terrenos del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas. Se prevé que en breve analice el comportamiento del acuífero que se situaría debajo de la construcción del silo nuclear conquense. Se trata de una información adicional que el CSN solicitó a la empresa, y una de las cuestiones más sensibles del proyecto.

Enresa está pendiente de adjudicar el contrato por el que, durante dos años, se comprobarán los valores pizométricos en los terrenos donde se pretende construir en ATC y sus alrededores. Con esto, se controlará al detalle cuál es el movimiento de las aguas subterráneas.

Informes anteriores hablan de un “movimiento moderado” de las aguas del acuífero, asegurando que hay “riesgo potencial” de contaminación del cauce más cercano, El Záncara y, por tanto, podría afectar al agua de riego y agua de uso de boca en la zona e, incluso, podría expandirse hacia las Tablas de Daimiel.

Ahora quieren que los estudios sean más precisos. Así las cosas, la captura de los datos que de ahí se obtengan serán determinantes para determinar cómo actuar y dónde en caso de fuga, según explica a la SER Carlos Villeta, responsable de comunicación de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca.

Mientras, la Plataforma ha vuelto a acudir al Consejo de Transparencia tras haber solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear el Informe de Construcción y haber recibido información parcial del documento, como ya ocurriera con el Informe de Ubicación. Pasados tres meses, el colectivo se plantea acudir a instancias superiores. Temen que el CSN vuelva a seguir adelante con el proyecto a pesar de que los estudios determinen que los riesgos superan los umbrales permitidos.

Desde la Plataforma calculan que en seis meses el CSN podría dar el visto bueno al segundo de los tres permisos necesarios para construir del ATC.

Fuente: cadenaser.com

Europa busca soluciones viables para eliminar los residuos nucleares que no quiere nadie

En medio kilómetro subterráneo de túneles iluminados, un laboratorio del gobierno francés está probando la seguridad de un sitio destinado a almacenar 80.000 metros cúbicos de desechos radiactivos mortales.

Las tripulaciones perforan aberturas del tamaño de un barril a los lados de los pozos, excavadas profundamente en la tierra no lejos de la pequeña ciudad de Bure, en el noreste de Francia. Los envases tendrán que ser recuperables durante un siglo, en caso de que se desarrollen mejores tecnologías para tratar con materiales radiactivos. Salvo este descubrimiento, la idea es que los residuos pasen los próximos 100.000 años bajo tierra.

Los obstáculos técnicos serán bastantes, pero mucho más difícil para la agencia francesa de gestión de residuos radiactivos, Andra, será superar la oposición política a la construcción del sitio destinado a servir como el lugar de descanso final para toneladas y toneladas de residuos radiactivos.

Seis décadas después de la construcción de la primera oleada de centrales nucleares, ningún país ha abierto un sitio de almacenamiento permanente. El combustible nuclear gastado y otros materiales contaminados, que son subproductos mortales de la generación de electricidad, siguen siendo almacenados en lugares temporales alrededor de Europa y el mundo, a veces incluso junto a los reactores donde fueron utilizados.

El problema es cada vez más urgente, cuando las plantas de energía en todo el mundo están cerca del final de sus vidas útiles, y Europa occidental sufre recortes en la generación de electricidad nuclear. Sólo en la Unión Europea, más de 50 de los 129 reactores actualmente en funcionamiento podrían cerrar antes de 2025, dijo recientemente el Comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete. “Estos reactores tendrán que ser desmantelados, y los desechos radiactivos generados en este proceso tendrán que ser manejados con seguridad”.

Las apuestas son menos técnicas que políticas. La disputa va al corazón de un debate en curso sobre la sostenibilidad de la energía nuclear. Si no es resuelto, la industria quedará vulnerable a sus críticos, quienes sostienen que la tecnología es tan intrínsecamente riesgosa, y sucia, que no se puede confiar en ella para generar electricidad, ni siquiera para combatir el cambio climático.

La Comisión Europea está empeñada en apresurar a los países en ese sentido. El 13 de julio, se intensificó un procedimiento de infracción contra Austria, Croacia, la República Checa, Italia y Portugal, obligándolos a cumplir plenamente con las normas sobre residuos radiactivos del bloque, y a informar a Bruselas de sus programas nacionales de gestión de residuos nucleares. Por ahora sólo Finlandia, que abrirá el primer depósito final del mundo a principios de la próxima década, tiene un plan que en verdad puede implementar.

Fuente:  mundiario.com

El Gobierno da 10 días a once interesados en alegar sobre el futuro de la central nuclear de Garoña

Las once entidades interesadas en presentar alegaciones y documentos al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tendrán diez días hábiles a partir de su notificación, una vez que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha anunciado la apertura de plazo.

Según ha informado el Ministerio todas las instituciones, asociaciones y empresas personadas han podido estudiar durante casi cinco meses el informe que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elaboró sobre Garoña y de cuya recepción fueron informados por el propio Ministerio de Energía a principios de marzo.

En ese informe, preceptivo pero no vinculante, el regulador dio el visto bueno a la continuidad del reactor, cuyo titular, Nuclenor, solicitó volver a operar hasta 2031, cuando la planta cumpla 60 años de edad.

El Gobierno tomará una decisión sobre el futuro de la central nuclear una vez termine el procedimiento de audiencia y después de estudiar las alegaciones que se presenten al informe que el CSN emitió el 8 de febrero. A partir de esa fecha se abrió el plazo de seis meses para pronunciarse sobre la solicitud sobre la renovación o no de la autorización de explotación planteada por Nuclenor.

Las once entidades que se han personado y que podrán presentar alegaciones son el Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, Junta de Castilla y León, Gobierno de Navarra, Diputación de Álava, Gobierno de La Rioja, Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Asociación Ecologistas en Acción-Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.

Fuente: elperiodico.com