Fraga no se bañó en Palomares, la playa de Almería sigue radiactiva y los reyes son los padres

Podian haber titulado la noticia con “Medios de comunicación engañan a los y las españolas”, pero no, la cosa no ha ido a mayores.

Los cronistas de la época no pudieron contar la verdad, pero cualquier taxista de Almería te resume lo que realmente pasó en el año 1966 con el baño de Manuel Fraga Iribarne y el embajador de EEUU en Palomares: Que la famosa inmersión en el mar que también popularizó el NO-DO se grabó en otra playa de Almería donde no se encontraban los restos radiactivos de un avión americano.

La historia del baño en la playa de Manuel Fraga, que se mantiene en la memoria de cualquier español mayor de 60 años, es un claro ejemplo del marketing del franquismo: repetir una mentira muchas veces, en los medidos adecuados, puede convertirse en una realidad que pasará a la historia.

Pero hay quien no se rinde y se enfrenta a la “falsa historia”. Así, Ecologistas en Acción ha continuado luchando para conocer realmente qué hay tras esos restos radiactivos hasta llegar a los tribunales.La organización ecologista ha conseguido que la Audiencia Nacional pida informes al Consejo de Seguridad Nuclear sobre estos residuos de 1966.

Historia

La realidad es que en el accidente en pleno vuelo -y que llevó a la caída de material radiactivo a la playa de Palomares,  se vieron implicados un bombardero estratégico estadounidense B-52 y un KC-135 de reaprovisionamiento en vuelo (cargado con 110.000 litros de combustible) que colisionaron a 10.000 metros sobre la costa del Mediterráneo, en el espacio aéreo de Palomares. El B-52 volvía de la frontera turco-soviética hacia la Base Aérea de Seymour Johnson en Goldsboro, Carolina del Norte, y el KC-135 provenía de la Base Aérea de Morón. La maniobra era de rutina: los B-52 se reaprovisionaban de combustible a la ida, desde la Base Aérea de Zaragoza, y a la vuelta desde Morón.

El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares Mark 28 (modelo B28RI) de 1,5 megatones cada una, de 1,5 metros de largo por 0,5 metros de ancho, con un peso de 800 kg. Dos de ellas quedaron intactas, una en tierra (cerca de la desembocadura del río Almanzora) y la otra en el mar. Las otras cayeron sin paracaídas, una en un solar del pueblo, la otra en sierra Almagrera. Se produjo la detonación del explosivo convencional que contenían, lo que sumado al choque violento con el suelo, hizo que ambas bombas se rompieran en pedazos. Las tres que cayeron en tierra fueron localizadas en cuestión de horas; la que cayó en el mar pudo ser recuperada 80 días después, las bombas tenían una potencia superior a 75 veces las de Hiroshima.

Por tanto, la playa de Palomares es un almacén de residuos rediactivos clandestino desde 1966, con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada .En el escrito de Ecologistas en Acción al tribunal se especifica que “Palomares es un almacén de residuos rediactivos clandestino desde 1966, con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada a 30 centímetros, en tres zonas diferentes sobre 103 hectáreas de terrenos y con dos fosas donde también se enterraron 4.000 metros cúbicos de material radiactivo”.

Fuente: diario16

Más noticias sobre la contaminación en Almeria (la huerta de Europa según dicen): almacennuclear.wordpress.com/?s=palomares

 

El Ministerio de Hacienda emite un informe que avala la posible inconstitucionalidad del impuesto a Garoña

La Secretaria de Estado de Hacienda ha emitido un informe que avala la posible inconstitucional del impuesto que gravará los residuos de Garoña y que fue aprobado en las Cortes de Castilla y León en el Pleno del pasado 31 de octubre con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos.

Se trata de un segundo informe del Estado que se suma al que del Ministerio para la Transición Ecológica y cuya argumentación se basa en que el impuesto sobre la afección medioambiental de los residuos generados por el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña podría “solaparse” con los impuestos estatales sobre “la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica” y el relativo al “almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas”.
En base a este documento el secretario del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, ha presentado una queja, ya que considera que se ha “hurtado” un argumento del debate en torno a este nuevo gravamen que se produjo el pasado 31 de octubre en las Cortes, ya que este jueves se ha dado a conocer el dictamen de la Secretaría de Estado de Hacienda a los grupos por parte del Parlamento cuando el documento llegó el pasado 29 de octubre y días antes a la Junta. José Francisco Martín ha recordado además que existen informes de la propia Asesoría Jurídica de la Junta y del Consejo Consultivo que respaldan la posible inconstitucionalidad del impuesto y ha insistido en que este último informe del Estado no se pudo usar por los grupos porque no se ha dado a conocer hasta hoy.

“Se ha conocido ocho días después del fin de debate”, ha señalado el procurador socialista. Así, ha advertido de que en cuanto la Ley autonómica que regula el impuesto se publique deberá ser el Ministerio de Política Territorial y Función Pública el que analice la posibilidad de presentar un recurso al mismo en base a estos informes.
No obstante, el procurador socialista ha reseñado que todos los documentos respaldan los argumentos esgrimidos por el PSOE en la enmienda a la totalidad que presentó a esta modificación de la Ley y que fue rechazada por el Pleno de las Cortes. Tras estos argumentos el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha considerado que quien debe dar explicaciones es el PSOE sobre por qué conoció el “supuesto” informe inicial del Ministerio para Transición Ecológica, un documento que, como ha explicado, desconocen el resto de grupos. “Me preocupa el uso de medios públicos en beneficio de un partido político, esto me huele mal”, ha señalado, tras lo que ha explicado que el contenido de estos documentos “se parecen mucho” a los argumentos socialistas. Por último, De la Hoz ha considerado que el PSOE debería explicar a los ciudadanos por qué “sorprendentemente” en vez de ponerse del lado de los “intereses” de los ciudadanos de la Comunidad para recaudar unos 10 millones de euros anuales por este impuesto que se dedicarían a revitalizar el entorno de la nuclear se posicionan con “Iberdrola para que no pague”.

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La trama nuclear de Cuenca. ¿A quién le interesa el basurero radiactivo?

El PP es el único partido que apoya la construcción del ATC en Villar de Cañas

Construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar los residuos radiactivos de toda España (y algo de Europa) en la localidad conquense de Villar de Cañas costaría cerca de 3.000 millones de euros (proyecto, 1.000; explotación, 1.000; clausura, 150; impuesto ecológico, 400; asignaciones ayuntamientos, 300 millones de euros…), mientras que los Almacenes Temporales Individuales (ATI) no llegarían a los 2.800, con la salvedad de que éstos son ya un hecho. Ya hay tres construidos (Trillo, Zorita y Ascó) y en breve se edificarán el resto, con la ventaja de que se ubican en el mismo lugar donde se encuentran las centrales nucleares existentes, evitando, lo que es más importante, el peligro del transporte por carretera que supondría desplazar toda esa basura nuclear desde Cataluña, Valencia o Extremadura a Castilla-La Mancha. ¿Para qué sirve un ATC teniendo los ATI?

¿A quién, entonces, le interesa construir un basurero radiactivo, que nadie quiere y que todas las comunidades autónomas rechazan porque no aportaría ninguna riqueza añadida a la zona, salvo las compensaciones que recibirían los ayuntamientos próximos a la instalación? La respuesta es clara, sólo al Partido Popular y, concretamente, a los “populares” de Castilla-La Mancha liderados por María Dolores de Cospedal, responsable directa de que el Gobierno de Mariano Rajoy eligiera la localidad conquense de Villar de Cañas para situar el estercolero nuclear.

Y fue en su primer Consejo de Ministros, diciembre de 2011, cuando el recién nombrado Ejecutivo presidido por Rajoy eligió Villar de Cañas para el ATC. La sorpresa fue mayúscula: la cuarta opción barajada era finalmente la elegida, máxime si meses antes la entonces presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había dicho que “ni en ningún pueblo, ni en ninguna provincia” quería el ATC, porque esta comunidad “ya había sido muy solidaria en materia nuclear (sic)”. ¿Qué le hizo cambiar de idea?

Un negocio de mil millones controlado por Cospedal

Para la Plataforma contra el ATC de Villar de Cañas está claro: Sólo la construcción del basurero radiactivo movía cerca de mil millones de euros, que el ministro de Industria de aquel entonces, José Manuel Soria, prometió a Cospedal su control directo. Tanto es así, que la exsecretaria general del PP colocó en la presidencia de Enresa, organismo para la gestión de los residuos radiactivos, a una de las personas menos conocedora de la energía nuclear, pero de su confianza máxima, Francisco Gil-Ortega, que para desgracia de Cospedal meses más tarde tuvo que dimitir de la presidencia de  esta empresa pública por ciertas anomalías contables y dudosas facturas.

Las “desgracias” de Cospedal se sucedieron cuando su valedor en el basurero nuclear e íntimo amigo José Manuel Soria también tuvo que dimitir acuciado por el escándalo de los “Papeles de Panamá”, aunque siendo alcalde de Las Palmas otros casos de supuesta corrupción urbanística lo tuvieron en el disparadero político.

Por otra parte, y como no podía ser menos, algunas de las empresas que hicieron negocio con Enresa contaban con el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, en su consejo de administración, como es el caso de Iberinco, que se llevó decenas de millones de euros en contratos, como denunció en su día la Plataforma anti ATC.

El alcalde y la secretaria

Pero dentro de toda esta trama nuclear conquense destacan dos extraños personajes que han defendido con uñas y dientes el ATC, incluso uno de ellos con graves insultos contra los detractores del basurero nuclear, como son el alcalde del PP de Villar de Cañas, José María Saiz, y la secretaria del ayuntamiento, Carmen Barco, verdadera artífice de que la localidad optara a la triste candidatura de convertirse en el basurero radiactivo de Europa. Eso sí, el alcalde habló rápidamente de que al pueblo “le había tocado la lotería”. ¿A quién le tocó la lotería? Eso queda todavía por investigar, puesto que el regidor Saiz tiene todavía muchas cosas que aclarar sobre el urbanismo del pueblo y las licencias de construcción.

Sin embargo  “la sombra alargada” de Carmen Barco, erigida en “portavoz” pro cementerio nuclear que, incluso, hacía callar al alcalde e insultaba a la oposición en las sesiones plenarias (ver video), como publicó ELPLURAL.COM en noviembre de 2014, tuteló hasta hace unos meses todo el proceso y ahora, según fuentes del PP consultadas por esta redacción, “está muy preocupada, yo diría que deprimida, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya paralizado temporalmente la ATC”, dicen.

A estos dos personas se une un tercero no menos extraño, como es el presidente del PP de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, que tras ser abandonado por Cospedal, ya que el “negocio de los átomos” no depende ahora del PP, aseguran fuentes socialistas, arremete con virulencia, como si le fuera la vida ello, contra el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, “enemigo” declarado del Almacén Temporal Centralizado, que desde que llegó al poder, en julio de 2015, no ha dejado de llevar a cabo iniciativas políticas que han conseguido paralizar las obras del cementerio nuclear.

Pedro Sánchez: la última palabra

Iniciativas que dieron su fruto con la arribada de Pedro Sánchez a La Moncloa. El Ministerio para la Transición Ecológica pedía (ver carta) al Consejo de Seguridad Nuclear la suspensión del expediente para dar el visto bueno a la construcción del cementerio nuclear. Page y las 50 asociaciones que forman parte de la Plataforma expresaban su satisfacción por esta noticia. Todos, salvo las derechas, PP y Ciudadanos.

Pero hace unos días, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacía unas declaraciones a ABC que daban aliento a las reivindicaciones del PP, asegurando que el ATC era necesario, aunque no mencionó el nombre de Villar de Cañas. Rápidamente, la portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes castellano-manchegas, Blanca Fernández, aseguraba que el PSOE de Castilla-La Mancha hará “lo que tenga que hacer” para impedir la construcción del basurero nuclear, “esté quien esté en Moncloa”, dijo.

¡Ojo! porque Pedro Sánchez no puede hacer lo mismo que Mariano Rajoy con Castilla-La Mancha: expoliar el Tajo a través del trasvase Tajo-Segura para beneficiar la huerta murciana en detrimento del desarrollo agrícola castellano-manchego y, además, situar en estas tierras el cementerio nuclear que nadie quiere en la región, salvo el PP y sus ocultos intereses, hoy por hoy, bajo la lupa de Moncloa.

El presidente Sánchez sabe que su compañero de partido, Emiliano García-Page, además de jugarse la Presidencia de la Comunidad, ha apostado fuerte por alejar de la región este basurero inservible, cuando ya existen, como hemos dicho, varios Almacenes Temporales Individuales en cada una de las centrales nucleares de España.

Fuente: elplural.com

CSN rebaja el volumen de tierra contaminada con radioactividad a limpiar en Palomares

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares (Cuevas del Almanzora, Almería) que debe ser retirada si bien no ha precisado en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.

Esta modificación se produjo a raíz del pleno de 22 de julio de 2015 del CSN en el que se aprobó un informe relativo a los criterios radiológicos aplicables para la restauración de los terrenos afectados por el accidente que se registró en 1966 tras la colisión en el aire de dos bombarderos estadounidenses y la caída de cuatro bombas termonucleares. En un documento remitido a la Audiencia Nacional, consultado por Europa Press, el regulador atómico admite que el volumen de suelo a retirar en la conocida como área 6 del mapa radiológico de la zona es “menor que el previsto inicialmente” de acuerdo a los cálculos del Ciemat y lo achaca a la toma en consideración “de otros escenarios y vías de exposición” a la radiación.
En concreto, indica que, con el “conocimiento que se tiene actualmente” tanto de la distribución espacial de la contaminación como de los niveles de esta en la zona y das las características orográficas y tipo de suelo, “está justificado reconsiderar” el escenario inicial con “criterios más realistas” al descartar un uso agrícola del suelo y centrarlo solo en el uso residencial.
Así, asegura que, como en esta área 6 sólo hay que tener en cuenta al trabajador que interviene en la construcción de viviendas, el nivel de intervención ha variado de 1 a 4 y el volumen de suelo a retirar también, siendo “menor que el previsto” de manera inicial en 2010. El regulador atómico sostiene, no obstante, que, en el caso de las zonas 2 y 3, no ha variado el escenario, que continúa siendo agrícola-residencial, por lo que tampoco el nivel de intervención 1.
“El volumen de tierra a retirar correspondiente a este nivel coincidiría, por tanto, con el estimado inicialmente por el Ciemat para estas zonas”, remarca. Cabe recordar que en la demanda que dio inicio a este procedimiento para instar a que se ejecute la limpieza de la zona, Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que ahora admite el regulador atómico se ha producido “a instancias” del Department of Energy (DOE) de EEUU.
El colectivo asegura que, para ello, se “han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a”, lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense. “PONER EN RIESGO RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON EEUU” No obstante, el documento aportado al procedimiento y en que se reconoce esa rebaja en la cantidad de tierra a retirar no es copia certificada del informe aprobado por el CSN en 2015, tal y como le requirió la Audiencia Nacional sino un anexo.
El regulador atómico se vuelve a acoger para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a
“todo el proceso relativo a Palomares” desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010. Así, comunica a la sala para justificar su no aportación que el citado informe posee un contenido cuyo conocimiento por
“persona no autorizada puede razonablemente dañar o poner en riesgo intereses políticos, sociales, económicos y comerciales de España y, particularmente, las relaciones diplomáticas con EEUU”.
La Abogacía del Estado ya trasladó a la Audiencia Nacional que los documentos del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la limpieza de los terrenos contaminados con radioactividad en Palomares eran “confidenciales” y que, por tanto, no podían ser aportados al procedimiento contencioso-administrativo impulsado para que se obligue a la ejecución del Plan de Rehabilitación aprobado por el Gobierno en 2010. Por este motivo, el colectivo ecologista presentó un recurso de reposición en el que interesa que se librase oficio para que el regulador atómico remitiese copia completa del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en mayo de 2010, el informe del departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.
Ecologistas en Acción argumentó ante la Audiencia Nacional que el anexo del acta de la reunión del CSN acreditaría que el informe del Departamento de Energía de EEUU habría motivado “la modificación de los criterios radiológicos acordados previamente en el Plan de Rehabilitación de mayo de 2010” y que dichos criterios “rebasan los límites legales para la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes” al contrario de lo que ocurre con el citado plan.
El objetivo, según añadió el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría “únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada”, lo que reduciría de 6.000 a 3.300 mmetros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU. Por su parte, la Abogacía del Estado ha asegurado a lo largo del procedimiento contencioso-administrativo que, en
“ningún momento existe exposición inaceptable para la población” y que el “principio básico de protección está garantizado”.
Ha sostenido, asimismo, que “el nivel de intervención no se ha modificado desde su determinación en 1 mSv/año, valor de dosis máximo que podrían llegar a recibir” los residentes “en la zona de Palomares”, un extremo que este documento aportado ahora desmentiría. “IMPOSIBILIDAD” DE EJECUTAR EL PLAN Y FIJAR UN PLAZO En su contestación a la demanda, la Abogacía del Estado también ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan aprobado en 2010 ya que éste tiene carácter “preliminar” y solo esboza líneas generales sin dar
“pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (Rpsri) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)”.
Ha reconocido, en esta línea, que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio” y ha revelado que “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos” generados.
Martí Scharfhausen junto al exministro Soria

Por último, ha trasladado a la Audiencia Nacional que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, “garantiza que actualmente no se supera la dosis” citada anteriormente para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

EEUU sacrificó la salud de soldados y vecinos para silenciar Palomares, aún contaminado con plutonio

Documentos ahora desclasificados revelan cómo se permitió que los militares trabajaran sin protección y se descartaran mediciones “alarmantemente altas” de plutonio, según revela The New York Times

Algunos veteranos reclaman que se cubran los tratamientos para el cáncer que han desarrollado pero las Fuerzas Aéreas niegan que haya relación

La zona sigue contaminada y el último acuerdo entre gobiernos para su limpieza aún espera que se firme un contrato para empezar los trabajos. (seguir leyendo)

Más sobre las bombas de Palomares:  almacennuclear.wordpress.com/?s=palomares

 

 

“¡Ni en tu pueblo ni en el mío!”: se intensifican las protestas contra el cementerio nuclear

Cientos de ciudadanos marchan por novena vez a Villar de Cañas, localidad donde pretende construir el basurero nuclear el Gobierno de Rajoy, que para este año quiere conceder los permisos y multiplicar su presupuesto. En los próximos meses, más movilizaciones.

“¡Ni en tu pueblo ni en el mío!”, es el grito unánime de las más de 300 personas que este domingo participaban en la IX Marcha a Villar de Cañas para protestar contra el cementerio nuclear que pretende construir el Ejecutivo central en esta localidad conquense.

Una marcha contra el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que partía, como en sus ocho ediciones anteriores, de la urbanización Casalonga, para desde allí pasar por los terrenos elegidos para albergar el basurero nuclear y dirigirse desde allí hacia Villar de Cañas, donde se daba lectura al manifiesto.

Bajo el lema “No al cementerio nuclear. Ni en tu pueblo ni en el mío” volvían a unir sus pasos y sus voces en esta marcha, que sin perder su ambiente lúdico y acompañados del son de las dulzainas, acortaba este año ligeramente su recorrido.

Movilización con la que manifiestan, una vez más, el rechazo a la construcción del ATC en la zona, defendiendo así la “dignidad” de los vecinos de los pequeños municipios del entorno de Villar de Cañas. Y es que, como recordaban en una de sus pancartas, “la vida digna no cabe con el cementerio nuclear”.

Vecinos que ven que, a la amenaza de la despoblación, se suma la del basurero radiactivo, la cual condiciona más aún sus esperanzas de futuro.

En este sentido, desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca recuerdan cómo hace tan solo un mes se confirmaba la presencia de radionucleidos en las aguas subterráneas cercanas a la central nuclear de Ascó. Una situación que ha puesto en primer plano la posibilidad de un accidente similar en caso de que el ATC se construya finalmente en Villar de Cañas, al ser conocida y contrastada su vulnerabilidad geológica.

Posible accidente que es el punto de partida de la trama del corto titulado ‘La Fuga’, actualmente en elaboración. Una escena que recrearon los participantes en la marcha celebrada este domingo al final de la misma. Paraguas negros, maletas y mascarillas para recrear esa marcha forzada de sus pueblos que los vecinos de esta zona de la provincia de Cuenca esperan que nunca se tenga que hacer realidad.

Sin embargo, el proyecto podría estar a punto de dar un paso más hacia delante, puesto que a pesar de que los terrenos elegidos no son aptos, a finales del próximo mes de julio el ATC podría tener el segundo informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Un “empecinamiento” del Gobierno de Mariano Rajoy, respecto a la construcción del ATC, que sus detractores rechazan, “puesto no es necesario al existir ya almacenamiento temporal seguro para los residuos nucleares”.

Desde el colectivo consideran que para la gestión de los residuos nucleares el primer paso debe ser no generarlos, para lo cual sería preciso proceder al cierre progresivo de las centrales nucleares. A partir de ese momento, y una vez conocido el volumen de residuos, consideran que se debería abrir el debate sobre cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde el punto de vista económico, social y ambiental, pensando fundamentalmente en un almacenamiento definitivo.

Un debate que desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear consideran debe ser “público y transparente”, y mantenerse “el tiempo necesario que requiere una decisión de tal calibre”.

Junto a los vecinos “anónimos” que volvían a sumarse a esta marcha en defensa de la dignidad y el futuro de sus pueblos, también participaban en esta novena edición numerosos representantes del ámbito político y social.

Entre ellos representantes del Gobierno regional, que mantiene su férrea oposición del ATC al considerar que Cuenca no necesita un cementerio nuclear y sostener que seguirán trabajando para evitar su instalación. Un mensaje que trasladaban con su presencia el delegado de la Junta de Comunidades en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, y el director provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado.

Una representación que a nivel de partido encabezaba la diputada autonómica Carmen Torralba, acompañada de numerosos compañeros del PSOE conquense, algunos de ellos concejales de la zona.

También entre los políticos marcharon junto a los vecinos el parlamentario y portavoz de Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, el líder castellano‑manchego de IU, Juan Ramón Crespo, y el presidente nacional del Partido Castellano, Pedro Manuel Soriano.

Junto a todos ellos, representantes de colectivos antinucleares de Madrid y Castilla-La Mancha, pertenecientes al Movimiento Ibérico Antinuclear, así como miembros de varios grupos de Ecologistas en Acción de toda la región y de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Guadalajara.

Una amplia participación que era valorada por los convocantes, que destacaban la gran presencia de personas no adscritas a ninguna organización, especialmente de la comarca de Villar de Cañas.

EL ÚNICO INTERÉS DE RAJOY EN LA REGIÓN

A esta oposición a la construcción del cementerio nuclear se contrapone el nuevo impulso que se pretende dar al proyecto desde el Gobierno central. Un Ejecutivo de Mariano Rajoy para el que el ATC de Villar de Cañas se ha convertido en su principal interés.

Así se deduce de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, que de los 589 millones de inversión que anuncian para la región, casi 145 van destinados únicamente al cementerio nuclear, es decir, el 24,5 por ciento del total.

Se trata de más del 70 por ciento de la inversión prevista para la provincia de Cuenca, a la que proponen destinar 205 millones en su conjunto, de los cuales 144,5 irán al silo nuclear. Una muestra del ‘impulso’ que desde el Ejecutivo, del que forman parte la expresidenta autonómica María Dolores de Cospedal y el diputado por Cuenca Rafael Catalá, pretenden dar al ATC tras haber quedado reducida a 10 millones en los presupuestos de 2017.

Cifra con la que se compensa el ‘recorte’ del ejercicio pasado, y se supera la previsión planteada en 2015 que estimaba para este 2018 una inversión de 69,7 millones.

Una ‘apuesta’ por la instalación del cementerio nuclear en la provincia de Cuenca contra la que desde la Plataforma están dispuestos a seguir luchando. Movilizaciones contra el ATC que tendrán continuación y se intensificarán en los próximos meses.

Fuente: periodicoclm.es

ENRESA gasta 148.000€ en táxis para transportes de directivos.

El Cabril, en Córdoba

Entre 2012 y 2017, El Cabril, la instalación de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad, ha gastado un total de 147.837,31 euros en taxis. El Cabril está situado en la Sierra Albarrana, dentro del término municipal de Hornachuelos, en Córdoba, y aunque dispone de 16 vehículos de diferente tipo para trabajos internos, nunca ha dispuesto de coches oficiales para desplazamientos de trabajadores, directivos o visitas oficiales. Increíblemente, todo se realiza por taxi, incluido el correo.

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), presidida por Juan José Zaballa, de la que depende el almacenamiento subterráneo de El Cabril, viene contratando un servicio de taxis para desplazar personal y objetos hasta la instalación, en el término cordobés de Hornachuelos. Ese servicio de taxis es utilizado tanto para atender a visitas institucionales como a las necesidades de desplazamiento del personal de ENRESA; es decir, que cualquier directivo, visita oficial o trabajador que vaya a El Cabril, lo hará en taxi.

El servicio de taxis se contrata siempre que operarios en comisión de servicio desde otros centros de trabajo de la empresa tienen que viajar a El Cabril, principalmente para los desplazamientos desde la estación del AVE de Córdoba hasta la instalación subterránea, un trayecto de 120 kilómetros. Pero también para la recogida y entrega de documentación o pequeños envíos de mensajería desde la localidad próxima de Hornachuelos, así como para la entrega de documentación en organismos e instituciones de Córdoba. La empresa argumenta para justificar estos taxis que no existe servicio postal en las proximidades de El Cabril.

Extraconfidencial.com ha podido constatar la existencia de este servicio, del que ENRESA dispone desde el inicio de su actividad en El Cabril, pero del que no se tenía conocimiento. Hasta 2014, el servicio de taxis era discrecional, pero a partir de ese año, el servicio fue contratado mediante proceso de licitación pública. El criterio de adjudicación fue el precio, sin que concurrieran criterios de valoración que dependieran de un juicio de valor.

El presupuesto máximo de licitación para este contrato, sin incluir el IVA, asciende a la cantidad de 75.435 euros (a añadir el importe del IVA, otros 15.841,35 euros), que se divide en dos lotes: Lote 1. Servicio de taxi desde Córdoba, por 29.910 €, y Lote 2, Servicio de taxi desde Hornachuelos por 45.525 euros.

El plazo de ejecución es de 3 años, desde su inicio el pasado 1 de enero de 2018, y la distribución por anualidades sería, sobre el papel, de 25.145 euros por año hasta su finalización en 2020.

Los vehículos existentes en El Cabril

ENRESA argumenta que no existen coches de carácter oficial asignados de forma permanente al traslado del personal del Centro, incluido el personal de Dirección. Sin embargo, El Cabril sí cuenta con una flota de vehículos para servicio interno, los cuales son propiedad de ENRESA y están ligados a las necesidades operativas de la instalación: actividades industriales, movimientos internos de materiales y personas y, ocasionalmente, para desplazamiento del personal del Centro a su domicilio cuando por necesidades del trabajo existen variaciones en el horario de su jornada laboral (el conductor es el propio trabajador) y, en consecuencia, no resulta posible el uso de los medios de transporte colectivo.

En ese sentido, según los datos a los que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, la flota con la que cuenta El Cabril es de nueve furgonetas, cuatro vehículos todoterreno y tres turismos, cuya utilización y control está regulado por procedimiento interno de ENRESA.

En definitiva, que entre 2012 hasta septiembre de 2017, ENRESA se ha gastado en taxis para El Cabril un total de 147.837,31 euros; unos 30.000 euros anuales.

Jorge Ventura

Fuente: extraconfidencial.com

El desmantelamiento de la central de Garoña costará 480 millones y durará hasta 2034

Almacen nuclear en superficie que dejará Garoña como herencia junto a la despoblación y el paro.

El cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, arrancó formalmente el pasado 1 de agosto de 2018. Fue entonces cuando se firmaba la orden del Ministerio de Energía denegando la renovación de la autorización de la planta que habían solicitado sus dueñas, Endesa e Iberdrola (que se reparten a partes iguales las acciones de Nuclenor, la sociedad titular de la central).

Terminaba así un largo culebrón de cinco años: desde que las eléctricas pararon a finales de 2012 voluntariamente la central en un órdago al Gobierno por la reforma energética, pasando por cambios legislativos ad hoc para poder reabrirla, y hasta la decisión del Gobierno de echar el cierre definitivo ante la certeza de que ni siquiera las eléctricas propietarias querían ya reabrir la planta por no ser rentable.

Y arrancaba también ese 1 de agosto el aún más largo proceso que permitirá el desmantelamiento de la vieja central nuclear burgalesa. En total, los trabajos para desmontar la planta se alargarán durante 17 años, hasta plantarse en 2034, y requerirán de un presupuesto total de 480 millones de euros en todo ese tiempo, según las estimaciones que maneja Enresa –la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares- y a las que ha tenido acceso El Independiente.

17 años para desmontar la central por completo

Durante los primeros tres años, hasta septiembre de 2020 previsiblemente, Iberdrola y Endesa seguirán siendo las titulares de Garoña y desarrollarán durante ese plazo las actividades preparatorias para del desmontaje futuro. A partir de ese momento la central nuclear pasará a manos directamente de Enresa: la sociedad pública pasará a ser el dueño de la planta hasta su desmantelamiento total, cuando devolverá los terrenos a las eléctricas.

Enresa se encargará entre 2020 hasta mediados de 2024 del proceso de licenciamiento y de la obtención de autorizaciones y permisos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Gobierno. Los trabajos delicados, el desmantelamiento propiamente dicho del reactor y del resto de instalaciones de la central, se desarrollarán entre 2024 y hasta 2034. Para entonces el terreno tendría que quedar como si allí no hubiese habido nunca una instalación nuclear. Ese el objetivo.

El presupuesto total de todas estas labores, según prevé Enresa, se situará en los 480 millones de euros. De ellos, 220 millones se destinarán a las labores de desmontaje de los equipos de la central; 130 millones serán para la gestión del combustible nuclear gastado (incluida la reforma para adaptar el almacén temporal individualizado –ATI- en que se guardarán durante un tiempo los residuos); y otros 130 millones más para los servicios subcontratados de ayuda al desmantelamiento.

¿Quién pagará el desmantelamiento?

El  Ministerio de Energía ultima una nueva norma para trasladar a las eléctricas más costes derivados del desmantelamiento de sus centrales, como fórmula para desincentivar la amenaza de Iberdrola  de no pedir la renovación de la autorización de sus nucleares por estar acumulando pérdidas con ellas por los altos impuestos que se les aplica (Endesa también critica la fiscalidad nuclear, pero apuesta por alargar la vida de todas sus plantas).

Hasta ahora, es la sociedad pública Enresa la que se encarga del desmantelamiento de las centrales, financiándolo con un fondo que son las propias eléctricas las que van alimentado mediante el pago de tasas. Ese fondo actualmente cuenta con cerca de 5.000 millones de euros.

La reforma que propone el Ministerio de Álvaro Nadal es que sean las eléctricas las que asuman directamente del desmantelamiento de las centrales y también su coste. Enresa les devolvería la parte destinada a la demolición de centrales (que no cubriría todos los gastos) y el resto de gastos lo tendría que cubrir la compañía eléctrica de su bolsillo.

Las estimaciones que maneja Endesa apuntan a que la parte destinada al desmantelamiento sería de entorno a un 22 o un 24% de lo aportado por las eléctricas. Endesa ha aportado de momento 2.400 millones del total de 5.000 millones con que cuenta el fondo público, así que hoy recibiría entre 530 y 580 millones si cerrase ahora sus centrales. Las magnitudes de lo aportado y lo que recibiría Iberdrola serían similares.

Vista del ATI de Garoña

Cuando las eléctricas la desenchufaron

Las dos eléctricas cerraron voluntariamente Garoña en diciembre de 2012 en un órdago al Gobierno por las medidas incluidas en la reforma eléctrica (entre ellas, nuevos impuestos al combustible nuclear y a los residuos radioactivos). Desde entonces la central estuvo desconectada de la red, sin producir electricidad, pero sin iniciar su desmantelamiento porque las compañías -tras cambios legislativos ad hoc del Gobierno para hacerlo posible- acabaron solicitando un año y medio después su reapertura. Sólo costes y nada de ingresos.

Endesa e Iberdrola solicitaron la renovación de la licencia de explotación de Garoña hasta 2031, justo cuando la central cumpliría 60 años desde su construcción. Las compañías acabaron chocando sobre la estrategia a seguir: ambas habían descartado ya reabrir la central por no ser rentable, pero Endesa quería esperar a recibir el permiso del Gobierno e Iberdrola quería retirar la solicitud de reactivación.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el aval técnico a la reapertura de la central burgalesa, a pesar de que las eléctricas no habían realizado las reformas y las inversiones que el propio organismo había marcado como una exigencia previa ineludible. El Gobierno finalmente optó por no conceder la renovación de licencia y decretó su clausura definitiva.

Herencia: paro, despoblación, residuos, Internet a pedales y carreteras africanas

Según un análisis sobre el primer año de vida del olvidado Plan Garoña,  el paro en el área de la central de Garoña era superior al que se registra en la provincia de Burgos y  la media estatal. De este modo, el economista Carlos Alonso de Linaje  insistió en que las iniciativas empresariales generadas a través del Plan Garoña no han mitigado la situación adversa del empleo en la zona. (seguir leyendo).

A dia de hoy no hay ningún tipo de Plan para dinamizar Tobalina ni sus alrededores.

Una zona con 3 saltos de agua de Iberdrola y una central nuclear que no tiene fibra óptica en los pueblos y los accesos por carretera tienen infinidad de curvas peligrosas, como lo atestiguan la gran cantidad de flores que llenan los guardarailes de los arcenes.

Algunos reportajes televisivos

Veamos un pequeño reportaje sin edulcorar de la cadena Cuatro en el que se puede ver Garoña por dentro tras darle una buena mano de pintura, asi como varias opiniones de vecinos.

Aqui podemos ver un reportaje sobre el ATC .

El almacén nuclear que divide a los vecinos de los pueblos a cambio de poner una instalaciones que lejos de traer riqueza traerá despoblación y pobreza para los vecinos.


En Television Española han hecho un reportaje para mostrar la opinión de los vecinos.

La idea general es que nadie sabe nada, pero los maletines correrán a base de bien, eso seguro.

 

Como siempre el hostelero y los albañiles a favor, los vecinos que no sacan nada en contra.

¿Cuantos puestos de trabajo creará el almacen?.

¿Cuantos para la población local después de la construcción?

La desinformación es un arma cuando lo que hay que informar no es bueno o no es cierto.

 

 

Informe semanal sobre Garoña (4/09/2009)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-cierre-garona-momento-no/537894/

Fuente:  elindependiente.com