El traslado de residuos radioactivos de Garoña a Córdoba abre otro pulso entre el Gobierno y la Junta de Andalucía

Vista de las instalaciones de El Cabril (Córdoba)

El Ejecutivo de Díaz sospecha que el cementerio nuclear de El Cabril ha empezado a recepcionar bidones de la central recién desmantelada y exige saber si son restos “potencialmente peligrosos para la población”.

La Junta de Andalucía sospecha que el Gobierno central ya ha empezado a traslar residuos radiactivos de la recién clausurada central de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el cementerio nuclear de El Cabril, en Córdoba, que es de gestión estatal. Las informaciones de las que dispone la Consejería de Medio Ambiente parte, sobre todo, de los alcaldes del entorno, que han trasladado su preocupación al respecto.

El pasado 21 de noviembre, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, remitió por escrito una petición formal de información a Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos), que gestiona el centro de almacenamiento de El Cabril, requiriendo datos “detallados sobre el origen y las características de las actividades llevadas a cabo por Enresa en ese centro durante el primer cuatrimestre de 2017”. La carta, a cuyo contenido ha tenido acceso Público, cita “en concreto las 84 expediciones recepcionadas en la instalación durante el citado cuatrimestre”. “Queremos saber los planes del Gobierno a corto y medio plazo para El Cabril y si ha habido alguna actuación en los últimos meses que se salga de lo excepcional”, avisa Fiscal. La Junta quiere tener una garantía “por escrito” de que los restos que se trasladen no son “potencialmente peligrosos para la población”

Enresa es una entidad pública empresarial, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, responsable de la gestión de los residuos radiactivos que se generan en todo el país, así como del desmantelamiento de las instalaciones nucleares. El pasado 1 de agosto, el Gobierno de Mariano Rajoy sucumbía a la presión de los grupos de la oposición y anunciaba el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, la más antigua del país, cuya actividad llevaba paralizada desde 2012. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, había presentado un informe del Consejo de Seguridad Nuclear que avalaba su reapertura, pero no logró convencer a ningún otro grupo del Congreso, ni siquiera al PNV, clave en la aprobación de los Presupuestos Generales.

El Ejecutivo de Susana Díaz teme que el Gobierno central hubiera iniciado el traslado de residuos de media, baja y muy baja intensidad radioactiva de Garoña hasta el “centro de almacenamiento” de El Cabril, en plena Sierra de Hornachuelos (Córdoba). Nadal ya ha dicho en sede parlamentaria que en el subsuelo de El Cabril se enterrarán 4.000 toneladas de residuos radioactivos procedentes de Garoña, pero ha subrayado que el excedente de alto riesgo no viajará a Andalucía. Por ahora permanecerá en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Burgos, pero se desconoce por cuánto tiempo. El Gobierno preveía que para 2010 existiría un Almacén Temporal Centralizado que sirviera de cementerio nuclear nacional para dar cabida al combustible gastado, se planteó un proyecto en Villar de Cañas (Cuenca), que aún no está concluido.

El traslado de residuos radioactivos a la sierra cordobesa ha generado intranquilidad en los pueblos vecinos, y el consejero de Medio Ambiente ha querido saber de primera mano cuándo han empezado los trabajos. Se tiene conocimiento de 84 expediciones recepcionadas en El Cabril, pero sin seguridad de que todas provengan de Garoña. Los ecologistas denuncian que se siga usando este enclave como “cementerio nuclear”, y advierten del riesgo que supone para el ecosistema y la población de Hornachuelos. La inquietud ha saltado a la arena política, donde el grupo parlamentario de Podemos ya ha exigido explicaciones al Gobierno de Díaz. “Queremos saber si se va a permitir que usen Córdoba y Andalucía como estercolero nuclear”, ha dicho la líder del partido morado, Teresa Rodríguez.

El centro de almacenamiento nuclear de Córdoba ya guarda los restos radioactivos de otras centrales nucleares que se clausuraron en España, como la de Vandellòs I (Tarragona) y José Cabrera (Almonacid de Zorita). El Cabril tiene 29 celdas, compartimentos bajo tierra para dar cabida a los residuos, y hace poco la empresa que gestiona el emplazamiento ha construido una más porque casi todas las demás estaban ya llenas. El carburante que se retira (uranio principalmente) se carga y traslada en bidones de 130 toneladas.

La perspectiva de volver a ampliar este enclave para recepcionar las 4.000 toneladas de residuos de Garoña se ha convertido en otro motivo de disputa política en el Parlamento andaluz, aunque la Junta carece de competencias para prohibir el traslado a El Cabril. Desde Enresa explican que los residuos generales en el desmantelamiento de Garoña son “convencionales”, reciclados y reutilizados en un porcentaje próximo al 90%.

Equo, partido que está integrado en Podemos Andalucía, ha sido de los más combativos contra el traslado de dióxido de uranio al cementerio nuclear de El Cabril. Denuncian que es “una sustancia clasificada por la Unión Europea como muy tóxica, cancerígena y peligrosa para el medio ambiente. Con un componente químico -el U-235- que tiene una vida media de cientos de millones de años”. Enresa niega que el centro de almacenamiento de Córdoba esté recibiendo este tipo de sustancia.

Equo e IU llevan años reivindicando el cierre de las instalaciones de El Cabril, argumentando que el enclave original del almacenamiento nuclear era una reserva militar propiedad del Gobierno central, pero no se eligió esa ubicación por razones de seguridad. Ahora Podemos también se suma a la demanda de cierre de un centro que “pone en riesgo a una gran parte de la población, al suponer que residuos especialmente peligrosos recorran cientos de kilómetros diariamente, por autovías y llegando a tener que pasar por la propia Córdoba”. “Si uno de los bidones que viaja a El Cabril desde las centrales” -según Equo lo hacen unos 50 de media cada día- “cayese de su medio de transporte, incluso sin que se abra, si un menor de 18 años lo curiosea habrá recibido en tan sólo cinco minutos su dosis máxima de radiactividad para un año”, denuncian desde la formación verde.

“¿Empleo? ¡Aquí nos íbamos a hacer todos ricos, nos decían! Y fíjate, esto ahuyenta a nuevas industrias y es malo para el producto alimentario”, protesta Fernando Porras, apicultor de 60 años en Hornachuelos, en cuyo término municipal está El Cabril. Su opinión no es unánime. También abunda la indiferencia, sobre todo entre los jóvenes. Y la resignación. Entusiasmo, poco.

El Cabril no es ni de lejos un motor de desarrollo de la zona, que ha perdido población desde 1992. Su plantilla es de 118 trabajadores, a los que se suman 196 contratos externos. El paro castiga a estos pueblos tanto o más que a sus vecinos.

Población de Hornachuelos desde 1900 hasta 2016

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2016 el numero de habitantes en Hornachuelos es de 4.598, 44 habitantes menos que el en el año 2015. En el grafico siguiente se puede ver la evolucion demografica que ha habido en el municipio a lo largo de los años, para ver cuantos habitantes tiene Hornachuelos segun su edad podemos verlo en la piramide de poblacion.
Si lo que interesa es saber cual es la poblacion de Hornachuelos segun el lugar donde han nacido los habitantes (Continente, Pais, Comunidad Autonoma, Provincia, o Municipio) puede verlo en nuestro estudio demografico de poblacion segun lugar de nacimiento.

La gestión de Enresa

Tan cierto es que El Cabril no ha sido palanca de progreso como que no constan accidentes graves, si bien los ecologistas critican la opacidad de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos de España. Tampoco hay estudios alarmantes sobre salud o medio ambiente. El rechazo reside más en la sospecha que en la certeza. Y muchos insisten en que da mala imagen.

“A nadie le gusta tener ahí eso, por si pasa algo, pero qué le vamos a hacer”, explica, al otro lado de un torno que oculta su rostro, la hermana Laura, que vive enclaustrada en el convento de las carmelitas descalzas, en la aldea de San Calixto, de Hornachuelos, a 15 kilómetros de El Cabril. Un lugar ideal para ejercer la resignación.

Entre finales de los años cincuenta del siglo pasado y principios de los sesenta, el régimen comenzó a almacenar de tapadillo en El Cabril, en una mina de uranio abandonada, los residuos resultantes de las pruebas que debían incorporar a España al club de la bomba atómica. Con la creación de Enresa en 1984, las obras de lo que hoy es El Cabril comenzaron en 1990 tras obtener las licencias.

Los vecinos se quejan de que no ha servido para desarrollar la zona.

Antes, en los ochenta, miles de personas se opusieron a asumir esa herencia. Hubo cortes de carreteras, manifestaciones y hasta una huelga general en 1986. “Todos sabían que era una imposición injusta. Pero el dinero frenó las protestas”, recuerda José Larios, líder de aquella movilización ya olvidada, que dio su primera charla contra los planes del Estado en 1979.

El dinero, claro, ayuda a digerirlo todo. “Esto ya está aquí y no podemos evitarlo, pero que nos compensen”, reivindica el andalucista Cecilio Fuentes, alcalde de Alanís. Todos los alcaldes han advertido, al hilo de la polémica del ATC, que les saben a poco los menos de dos millones de euros anuales que reciben de Industria. “Las compensaciones por el ATC que oíamos son escandalosas. Merecemos más”, dice el independiente Julián López, alcalde de Hornachuelos.

“Es el gran éxito de Enresa, haber hecho reinar la resignación”, afirma Manuel Raya, de la asociación ecologista Hornasol. Raya reclama una explicación en detalle de la actividad en la zona que lleva a cabo la Fundación Enresa, que canaliza fondos para desplegar una intensa actividad de relaciones públicas que garantiza más apoyo al almacén.

Vista cercana de los contenedores

Pero la movilización de los ochenta dejó su huella. Quedó demostrado cuando, a principios de los noventa, una simple filtración que apuntaba a que el Valle de los Pedroches cordobés podía ser el destino del Almacén Geológico Profundo (AGP) movilizó a toda la comarca, con sus ayuntamientos al frente. No todo va a ser resignación.

Fuente:  publico.es

 almacennuclear.wordpress.com/2010/02/08/almacen-de-el-cabril-o-la-imposicion-que-arruino-a-una-comarca/

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IU pedirá a la UE que “vigile” a España en el traslado de los residuos nucleares de Garoña

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado hoy en Córdoba que pedirá a la Unión Europea (UE) que “vigile” al Gobierno de España en el traslado de residuos nucleares desde Garoña (Burgos) hasta el almacén de El Cabril (Hornachuelos, Córdoba).

“Tenemos que tomar medidas urgentes” ha declarado en conferencia de prensa Maíllo, quien ha indicado que “Andalucía no puede consentir convertirse en el vertedero nuclear de toda la Península Ibérica” por lo que ya que el Ejecutivo mantiene una postura de “oscurantismo y opacidad”, es necesario “hacer una envolvente a través de Bruselas para conocer qué está pasando”.

IU forma parte junto a Ecologistas en Acción, Equo, Podemos y otras organizaciones de una plataforma antinuclear constituida el 16 de noviembre, cuando se reunieron en el I Encuentro contra el cementerio Nuclear El Cabril y acordaron movilizaciones y medidas para frenar la ampliación del almacén de Enresa en Córdoba, algo que llevan demandando “desde hace 30 años, el desmatelamiento de los cementerios nucleares” ha recordado Maíllo.

La hoja de ruta es la petición de explicaciones a la Comisión de Medio Ambiente de la CE y la invitación del comisario de Energía y Cambio Climático, el español Manuel Arias Cañete, a que visite las instalaciones del almacén de residuos de baja y media intensidad de El Cabril, donde “se está produciendo una sutil estrategia de traslado de material radiactivo de la recién cerrada central nuclear de Garoña”.

Maíllo ha indicado que va a solicitar una visita de la plataforma antinuclear constituida en Córdoba el mes pasado y que integra a activistas de Extremadura y Andalucía para que “también puedan explicar en el Parlamento Europeo la situación que se está viviendo en España” y que, a juicio del coordinador general de IU en Andalucía “trasciende al cumplimiento de directivas europeas que prevalecen en las políticas medioambientales”.

“Necesitamos saber qué está pasando y qué planes tiene el Gobierno de España”, ha insistido Maíllo, que también ha criticado la posición de Enresa, a quien ha acusado de “no facilitar información por escrito más allá de las reuniones que mantiene con los alcaldes de los municipios colindantes a El Cabril”.

A su juicio, “también se ha evidenciado que la Junta de Andalucía no se mueve” pues ha sido tras la constitución de la plataforma antinuclear en la reunión del 16 de noviembre en la localidad cordobesa de Peñarroya, cuando el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal López ha pedido explicaciones al Gobierno Central.

Es algo que Maíllo “celebra” pero que, como temen que “no van a decir nada”, acuden directamente a la Unión Europea para confirmar el traslado de residuos de una central a otra, informar de la ampliación prevista en El Cabril y saber cómo se van a gestionar todos los residuos que se emiten en España y Portugal.

Fuente: eldiario.es

Alcalde de Villavieja de Yeltes (Salamanca) denuncia cercanía de mina uranio

 El alcalde del Ayuntamiento salmantino de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, ha denunciado hoy que la excavación para la construcción de una mina de uranio del proyecto de la empresa australiana Berkeley en Castilla y León, está a cien metros de distancia del patio del centro escolar de la localidad.

Rodríguez ha explicado en entrevista con la Agencia EFE que Berkeley ha solicitado la autorización para la concesión de permiso de explotación de las Reservas (de uranio) Estatales de la zona 7 donde se encuentra el municipio.

Berkeley, ha asegurado el alcalde, “no es una empresa minera, hasta el momento no ha obtenido uranio en ninguna de las explotaciones que tienen”, y ha añadido que según la información que maneja, el proyecto tiene “irregularidades desde el inicio del proceso”.

Achaca a la Junta de Castilla y León su empeño de optar por la “actividad extractiva de minerales” en vez de buscar otras opciones para la supervivencia de los pueblos de la región y su población.

El proyecto de explotación de uranio de la empresa Berkeley “afectaría a 35 pueblos” de la provincia de Salamanca.

Todos los regidores de esas localidades, menos el de Retortillo -donde estarían ubicadas excavaciones, una balsa de agua e instalaciones para el lavado del uranio- se han manifestado en contra en mayo pasado a través de la firma de un documento en el que solicitaron la declaración desfavorable de utilidad del proyecto.

Rodríguez ha explicado que Berkeley prevé transportar el uranio desde Villavieja de Yeltes a Retortillo para su lavado y devolverlo nuevamente a su pueblo donde probable se ubique un almacén de residuos radiactivos.

Este traslado se haría por medio de una cinta transportadora en un tramo de diez kilómetros aproximadamente, actividad que “causaría contaminación radiactiva del aire, del agua del río y de zonas declaradas de especial interés de la Red Natura 2000” durante años, según el regidor.

Rodríguez ha manifestado que la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) en un informe de 2012 declaró desfavorable la puesta en marcha del proyecto tras analizar los cuatro estudios de viabilidad (julio de 2010, noviembre de 2010, febrero de 2011 y noviembre de 2011) presentados por Berkeley.

Según la documentación facilitada por el regidor, el informe de Enusa, publicado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dice que con fecha 30 de marzo de 2012, la Empresa Nacional comunicó a Berkeley Minera España, S.A. que “no se dan los requisitos necesarios para acometer la explotación del Dominio Minero del Estado en la provincia de Salamanca, por lo que no procede, en consecuencia, la constitución de la nueva sociedad, debido a que ésta venía condicionada a la previa acreditación de la viabilidad de la explotación en el plazo acordado”.

Rodríguez ha explicado además que Portugal ha manifestado su preocupación por la contaminación de uranio que podría llegar a su territorio.

Según Rodríguez y la documentación aportada, la empresa Berkeley es asesorada por las mismas empresas que llevaron al escándalo de la empresa Uranim y la francesa Areva.

20 municipios reclaman la paralización de la mina de uranio de Salamanca

Aseguran que las instalaciones mineras pretenden instalarse en un lugar protegido ambientalmente por la Red Natura 2000

Una veintena de alcaldes de localidades cercanas a la futura mina de uranio de Berkeley Minera en la provincia de Salamanca piden el informe desfavorable de utilidad pública del proyecto. (sigue)

Fuente: Lavanguardia

La barata energia nuclear: España paga 50 millones a Reino Unido para que se quede el plutonio de Garoña

España firmó hace 14 años un acuerdo con las autoridades británicas para evitar el regreso de la basura nuclear.

La capacidad de almacenamiento de las instalaciones nucleares es muy limitada, a la espera de que se construya el ATC.

La central nuclear de Santa María de Garoña ya es historia. El Gobierno anunció su cierre definitivo el 1 de agosto. Pero las centrales pasan y sus residuos permanecen. Sobre los generados en Garoña, el Gobierno ha tomado una decisión: transferir la titularidad del plutonio generado en el tratamiento de la basura nuclear de la central burgalesa a la empresa pública británica International Nuclear Services (INS), heredera de la antigua British Nuclear Fuels(BNFL).

El Ejecutivo español alcanzó un acuerdo con BNFL hace 14 años para evitar la vuelta de los residuos reprocesados de Garoña a cambio de 34,5 millones de euros. Ahora ha dado un paso más, con un coste “en el ejercicio 2017” de 50,4 millones de euros, según detalla la memoria de la empresa pública Enresa.

Ni la empresa pública que gestiona los residuos, ni la sociedad propietaria de la central nuclear, Nuclenor (50% de Endesa y 50% de Iberdrola), han dado detalles de la operación. Nuclenor se limitó a señalar que las cláusulas del contrato están sujetas a confidencialidad.

Un hecho destacado

La operación ha quedado reflejada en una mención del presidente de Enresa, Juan José Zaballa, en el informe de la compañía de 2016. Zaballa califica de “destacado” el hecho de que el Ministerio de Energía haya refrendado la transferencia de la titularidad del plutonio a la británica INS.

Físicamente, el sensible material siempre estuvo en Reino Unido. La central de Garoña envió entre 1971 y 1983 casi 100 toneladas de combustible nuclear gastado (uranio) para su reprocesamiento. El problema está en el resultado de ese proceso, el plutonio, un residuo muy peligroso por su larga vida y posible uso militar. El plutonio, en principio, no estaba incluido en el acuerdo entre España y Reino Unido.

Si las 100 toneladas de uranio no podían volver en 2004 por falta de instalaciones de almacenamiento, menos aún un derivado más peligroso. España no puede gestionarlos. Por eso los ha enviado a otros países como también han hecho Japón, Alemania o Italia. Según explica el sexto Plan General de Residuos Radiactivos, hay residuos almacenados de la central Vandellós I en Francia y de Garoña en Reino Unido.

El plan recoge que los compromisos contractuales con Francia “contemplan que deben volver a España entre los años 2010 y 2015”, mientras que en el caso de Reino Unido los contratos cubrían hasta el año 2011 para el uranio y sólo hasta 2008 para el plutonio. Los contratos con la empresa estatal francesa Areva, por importe de 194 millones de euros, fueron modificados para extender los plazos.

Fuentes del Ministerio de Energía confirman que Enresa, en uso de sus competencias, tomó la decisión de negociar y modificar el contrato con la empresa pública británica para solucionar el problema de la posible devolución de material altamente radiactivo. El Ministerio respaldó la decisión de Enresa-Nuclenor en la etapa en la que Alberto Nadal estaba al frente de la Secretaría de Estado de Energía, señalan las mismas fuentes.

Un problema menos

Con la transferencia, Endesa e Iberdrola (Nuclenor) se quitan un problema de encima. Si desmantelar una central nuclear es un proceso lento y costoso, que en el caso de Garoña puede durar hasta 16 años, gestionar los residuos de miles de toneladas puede ser una pesadilla. El ejemplo más cercano -y único- de proceso de cierre de una nuclear completa es la de Zorita (Guadalajara), que comenzó a ser desmontada en 2006 y será clausurada, si nada se tuerce, en 2019.

En España, hay poca capacidad de almacenamiento. El polémico Almacén Temporal Centralizado (ATC) todavía está en trámites. Los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. Pero rebosan. Gestionar ese material ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones.

Esa cifra, que el informe contempla desde 2010 supone un 30% de exceso sobre lo contemplado en el plan de residuos que está vigente. En el Plan Nacional de residuos, aprobado en junio de 2006, el coste total de la gestión integral de todo el proceso de gestión de residuos, hasta su almacenamiento final, es de 13.000 millones de euros (valor 2006) y hasta el año 2070.

Mientras se parchea el problema, las piscinas están ocupadas en casi un 89% de media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40% (ver gráfico).

Fuente:  lainformacion.com

 

Una inspección en Garoña halla un vertido de cesio

El material radiactivo fue localizado el 20 de junio bajo unos contenedores que no habían sido movidos desde 2009
Pudo haberse producido “hace muchos años”

Nada hacía suponer que la retirada de tres contenedores de hormigón emplazados desde 2009 junto al almacén temporal de bidones y residuos destaparía una huella sospechosa en el suelo. Apenas era una superficie de dos metros cuadrados en un suelo “irregular”, pero el rastro advertido por el inspector del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que este pasado mes de junio cursaba la inspección habitual impuso la necesidad de hacer una cata sobre el terreno: era cesio-137, un material radiactivo que, según queda reflejado en la última acta del organismo regulador, podría haber sido derramado hace varios años.

Ninguna de las periódicas rondas y pases de revista de las instalaciones pudo comprobar en este tiempo la existencia de este vertido y sus posibles consecuencias. De hecho, no hay nada claro sobre los restos hallados. El documento oficial levantado por el inspector detalla que una vez confirmada la presencia de cesio-137, primero con contaminómetros portátiles y luego con el correspondiente análisis por espectometría, procedió a revisar los resultados de la vigilancia radiológica del emplazamiento correspondientes a 2009.

Fue entonces cuando comprobó que ese año fue detectada “actividad en tres puntos” cerca del lugar donde el pasado 20 de junio saltaron las alarmas. En aquel entonces tampoco fue posible acceder a esa zona al encontrarse ya “cubierto por los contenedores de hormigón” movidos hace unos meses. No obstante, esta última acta de inspección aclara que “aunque cercanos al punto detectado actualmente, no es posible establecer que los puntos detectados en el año 2009 tuviesen el mismo origen”. En cualquier caso, tal y como aparece escrito en el informe, el rastro de contaminación no podía proceder de esos contenedores de hormigón situados encima, sin tocar el suelo directamente.

Sin constancia documental “Aparentemente -describe el inspector- se trata del rastro dejado por un incidente de derrame de residuo producido hace muchos años del que no queda constancia documental, antes de que los contenedores de hormigón se colocaran encima del lugar. Su magnitud tuvo que ser reducida, a juzgar por la superficie contaminada, aunque la presencia de contaminación fija indica que el derrame o filtración no se detectó en su momento o no se descontaminó adecuadamente”. En 2009, el informe atribuyó la actividad radiactiva de ese punto a la “resuspensión de contaminación que se ha depositado en el suelo”.

Asimismo, deja constancia de las acciones correctoras acometidas para la eliminación de la contaminación. “Se escarificaron [agujerearon] unos cinco centímetros de profundidad de asfalto” y “la verificación posterior” arrojó unos valores dentro de los permitidos. Esta vez, en 2017, también se siguió el protocolo previsto: “Se optó por escariar [perforar] unos cinco centímetros del asfalto buscando dónde cesaba la contaminación; llegaron a extraerse unos dos bidones de tierra. Se han rellenado los huecos con tierra y se ha asfaltado encima”, ilustra el acta del inspector del CSN.

El diputado de Unidos-Podemos por Araba, Juantxo López de Uralde, señaló que el cesio es un elemento radiactivo “muy peligroso” y que el CSN alegó en su momento “que el material radiactivo encontrado estaba confinado y sin ningún tipo de salida al exterior”. De hecho, en junio pasado, la formación ecologista Equo de la que es portavoz, presentó una pregunta parlamentaria al Gobierno español para saber si tenía conocimiento de este suceso debido a que, al parecer, no había sido notificado al consejo regulador.

Según Uralde, el CSN contestó que lo tenía todo “bajo control” cuando, a su juicio, el tema estaba bastante oculto: “Esta actuación pone de manifiesto la situación de abandono y dejadez” que rodea a Garoña y que, una vez decidido el cierre de la central nuclear ubicada a pocos kilómetros de la geografía vasca, la situación puede revertir en una relajación de las políticas de seguridad, algo que tildó de “peligroso”.

Fuente: Deia.com

Más info: Garoña mala praxis y desinformación

Nuevo vertido en menos de 3 meses

1989: 60.00 litros de agua radiactiva al Ebro

Vertidos varios

Garoña cierra ¿y ahora que? Experiencia de otros municipios con centrales cerradas

Localidades del burgalés Valle de Tobalina miran el turismo como una de las alternativas de desarrollo de la zona tras el anuncio de cierre de Garoña, una situación que han tenido que afrontar anteriormente otros municipios con nucleares: Almonacid de Zorita (Guadalajara) y Vandellós (Taragona).

Catorce son los municipios de este valle de Castilla y León que buscan ahora revitalizar su economía tras la clausura de la central, aunque el área de influencia de la actividad de Garoña abarque también localidades del País Vasco, La Rioja y Cantabria al encontrarse algunas de ellas a menos de 80 kilómetros de la instalación. .

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció este martes un plan de reactivación para las localidades afectadas, sin detallarlo.

Y aunque la actividad de la central creó puestos de trabajo directos o por subcontratas, tampoco significó una solución a la despoblación para muchos de ellos.

Así, la alcaldesa de Trespaderne, Ana Isabel López, prefiere ver el cierre de Garoña como “una oportunidad” para el entorno, mientras otros regidores ponen ahora su vista en el desarrollo del turismo y el sector hortofrutícola como alternativa a su economía.

En España dos instalaciones, la José Cabrera, más conocida como Zorita, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), y la de Vandellós I (Tarragona), se encuentran en el proceso de cierre con experiencias muy distintas.

Zorita, abierta en 1968 y cuyo desmantelamiento se inició en 2006, ha sufrido el despoblamiento y envejecimiento de la población, según ha explicado a la Agencia Efe su alcaldesa Elena Gordón Altares.

Además, la población de la localidad “está desanimada” ante la falta de salidas económicas para la zona, ha asegurado la regidora, quien trabaja junto a otros 200 trabajadores aproximadamente en el desmantelamiento de las instalaciones.

En su día, el Gobierno anunció el desarrollo de un plan de compensación al cierre de la planta, sin embargo, “nadie nos resuelve problemas como el mal acondicionamiento de las carreteras”, factor que ha alejado a los inversores, ha aseverado la alcaldesa de los 750 habitantes de Almonacid de Zorita.

“Nadie nos hace caso, es la pescadilla que se muerde la cola”, ha asegurado Gordón, a pesar de haber puesto en marcha proyectos como un vivero de empresas, el desarrollo del turismo, la construcción de un camping, “pero los emprendedores no vienen por el estado de la vía”.

La central “no hizo daño a la zona, hemos vivido tranquilos durante su funcionamiento”, ha manifestado la alcaldesa, quien ha añadido que “poca gente en el pueblo dirá que estaba a disgusto” con la nuclear, porque “estamos perfectamente informados”.

“Es más el miedo de la gente de fuera, que los que vivimos en primera persona”, ha indicado.

Muy diferente es la situación de la localidad de Vandellós (Tarragona), según ha explicado a Efe su alcalde, Alfonso García, quien ha aclarado que hay dos factores distintos que influyeron en el cierre de esa central.

El primero, el accidente que se produjo en 1989, el más relevante ocurrido en España, y el segundo el proceso sociopolítico de la localidad de 6.200 habitantes.

Ha manifestado, además, que el cierre de Vandellós I coincidió con la apertura de Vandellós II -de mayor potencia-, lo que facilitó que un buen número de trabajadores pasaran a las nuevas instalaciones, mientras otros se acogían a la jubilación anticipada.

Asimismo ayudó, según García, la ubicación geográfica de la localidad cercana al litoral, lo que facilitó que otras personas se vincularan a actividades relacionadas con el turismo o con un polígono industrial cercano.

En el proceso de desmantelamiento “hay picos de trabajo”, ha dicho el alcalde, en los que se necesita “potenciar la formación de las personas para diversificar la economía local”.

“La energía nuclear es de transición”, ha sostenido García, por ello hace falta un plan de desarrollo con “recursos endógenos y exógenos” para la creación de alternativas, la planificación y diversificación, y que el territorio no empobrezca.

El gerente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), Mariano Vila d’Abadal, ha manifestado a Efe que con el anuncio del cierre de Garoña “nos tememos lo peor”.

“Han dicho que van a mantener unas ayudas que existen y han existido desde 1990, que son compensaciones a los municipios por tener residuos de las nucleares, pero no son fondos por el cierre”, ha asegurado.

Ha anunciado que este viernes AMAC se reunirá con los alcaldes de los municipios del Valle de Tobalina afectados.

Esta mañana, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha dicho tras la reunión del Consejo de Gobierno Foral, que la Diputación Foral mantendrá “pleno contacto” con el Gobierno central sobre el proceso de desmantelamiento de Garoña y para la revitalización de los municipios de la zona.

Ha asegurado que es necesaria la puesta en marcha de un plan de revitalización de la zona afectada por la central.

El político ha añadido que en este plan deben estar presentes los municipios de la zona de Añana, que, ha recordado, quedaron fuera del primer plan de revitalización planteado en el momento de la primera parada de Garoña en 2012.

Ha añadido que el principal problema de la Cuadrilla de Añana es la elevada edad de sus habitantes y que el objetivo primero es “fijar” población en la zona, para lo que es necesario dotarla de servicios.

Fuente: eldiario.es

El Gobierno se rinde y rechaza la prórroga de la central nuclear de Garoña

Razones políticas, y económicas para justificar el cierre definitivo de Garoña.

La realidad: sus múltiples averias y el alto coste de reparación y mantenimiento.

Deja una comarca en coma, envejecida y con la mayor tasa de paro de todo Burgos.

El “contexto político” es el elemento que más ha pesado en la decisión, según el ministro de Energía

La central se ha convertido en un “símbolo”, según Álvaro Nadal, que asegura que “esto no es lo que va a ocurrir con el resto del parque nuclear”: “Espero que no haya más Garoñas”

El Gobierno se ha tenido que envainar su apoyo a la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha anunciado este martes, 1 de agosto, el rechazo del Gobierno a la prórroga de la autorización de explotación de la central nuclear más vieja y pequeña de España, desconectada por decisión de sus propietarias, Endesa e Iberdrola, en diciembre de 2012.

En una comparecencia convocada en la sede del ministerio una semana antes de que se cumpliese el plazo de seis meses para adoptar la decisión tras el dictamen favorable que otorgó en febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el ministro ha señalado que el “contexto político”, el rechazo de todos los grupos salvo el PP a la continuidad de la planta, es el elemento que más ha pesado en la decisión sobre una central, que se había convertido en un “símbolo de discusión política”. 

Sin citarla, Nadal ha recordado que una de las propietarias de Garoña, Iberdrola, quería cerrar la central porque, tras haber pedido la prórroga en 2014, ahora “se desdice” y asegura que no es rentable por los impuestos que soporta el sector nuclear. Según Nadal, la tasa nuclear impuesta a los reactores no va a tocarse: “Se queda como está” porque “está bien calculada”.

Según el ministro, esta decisión no anticipa “lo que va a ocurrir con el resto del parque nuclear”, que el Gobierno es partidario de mantener. “Espero que no haya más Garoñas”, ha señalado el titular de Energía, que ha subrayado que el impacto de la no reapertura de Garoña es “nulo” para los precios de la energía.

En su comparecencia, Nadal ha lamentado la falta de un debate “sosegado” en los últimos meses y ha recordado las “características tan específicas que tiene esta central”, una planta “casi experimental” que es “de las más pequeñas que existen en Europa” y cuya aportación al sistema eléctrico, cuando estaba conectada, “ha sido relativamente pequeña”.

Se trata de una planta de primera generación, gemela de la de Fukushima, que tras la catástrofe de la central nipona requería “fuertes inversiones” que el sector cifra en más de 200 millones de euros para poder volver a conectarse.

La historia no será magnanima con una central de primera generación. Los habitantes de su entorno han sufrido la imposición de una central franquista, con un reactor de 2ª mano y cuyos accidentes se han ocultado.

 

Fuente: eldiario.es

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