EH Bildu denuncia tres vertidos de material radiactivo en Garoña el pasado verano

EH Bildu ha solicitado explicaciones acerca de tres accidentes en la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) sucedidos el pasado verano en los que, ha asegurado, se ha vertido material radiactivo.

Los accidentes, según ha explicado el parlamentario vasco Mikel Otero, se han producido durante labores de desmantelamiento de la central y han sido «ocultados hasta ahora, en una grave falta de transparencia que pone en solfa la labor de la comisión interinstitucional» que hace seguimiento de dicho proceso.

Concretamente, según la información del Consejo de Seguridad Nuclear citada por el grupo parlamentario, el primer accidente tuvo lugar el 20 de julio de 2018, cuando una fuente radiactiva que estaba siendo transportada se cayó al suelo y la cápsula de cesio-137, que estaba dentro, se salió del envase de plomo y el 2 de agosto hubo un vertido de 50 litros de lodo radiactivo, que también se volvió a verter quince días después en el tercer accidente.

Otero ha solicitado que comparezca en el Parlamento Vasco la comisión interinstitucional constituida en 2017 por el Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y administraciones locales para hacer seguimiento del proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. «Ese órgano fue creado a propuesta de EH Bildu, pero su trabajo está en cuestión porque hasta ahora no hemos sabido que durante el pasado verano en Garoña hubo tres accidentes en los que se vertió material radiactivo», ha recalcado.

El parlamentario ha añadido que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no ha dado a conocer «hasta hace pocos días ninguna información al respecto» y es muy grave que la comisión integrada por las instituciones vascas tampoco supiera nada de esos accidentes.

En opinión del parlamentario de EH Bildu, «es muy preocupante la nula transparencia con que se está desmantelando Garoña y está claro que la actividad de la comisión interinstitucional no está sirviendo para acabar con la opacidad».

fuente: Burgosconecta

El Ministerio de Hacienda emite un informe que avala la posible inconstitucionalidad del impuesto a Garoña

La Secretaria de Estado de Hacienda ha emitido un informe que avala la posible inconstitucional del impuesto que gravará los residuos de Garoña y que fue aprobado en las Cortes de Castilla y León en el Pleno del pasado 31 de octubre con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos.

Se trata de un segundo informe del Estado que se suma al que del Ministerio para la Transición Ecológica y cuya argumentación se basa en que el impuesto sobre la afección medioambiental de los residuos generados por el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña podría “solaparse” con los impuestos estatales sobre “la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica” y el relativo al “almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas”.
En base a este documento el secretario del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, ha presentado una queja, ya que considera que se ha “hurtado” un argumento del debate en torno a este nuevo gravamen que se produjo el pasado 31 de octubre en las Cortes, ya que este jueves se ha dado a conocer el dictamen de la Secretaría de Estado de Hacienda a los grupos por parte del Parlamento cuando el documento llegó el pasado 29 de octubre y días antes a la Junta. José Francisco Martín ha recordado además que existen informes de la propia Asesoría Jurídica de la Junta y del Consejo Consultivo que respaldan la posible inconstitucionalidad del impuesto y ha insistido en que este último informe del Estado no se pudo usar por los grupos porque no se ha dado a conocer hasta hoy.

“Se ha conocido ocho días después del fin de debate”, ha señalado el procurador socialista. Así, ha advertido de que en cuanto la Ley autonómica que regula el impuesto se publique deberá ser el Ministerio de Política Territorial y Función Pública el que analice la posibilidad de presentar un recurso al mismo en base a estos informes.
No obstante, el procurador socialista ha reseñado que todos los documentos respaldan los argumentos esgrimidos por el PSOE en la enmienda a la totalidad que presentó a esta modificación de la Ley y que fue rechazada por el Pleno de las Cortes. Tras estos argumentos el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha considerado que quien debe dar explicaciones es el PSOE sobre por qué conoció el “supuesto” informe inicial del Ministerio para Transición Ecológica, un documento que, como ha explicado, desconocen el resto de grupos. “Me preocupa el uso de medios públicos en beneficio de un partido político, esto me huele mal”, ha señalado, tras lo que ha explicado que el contenido de estos documentos “se parecen mucho” a los argumentos socialistas. Por último, De la Hoz ha considerado que el PSOE debería explicar a los ciudadanos por qué “sorprendentemente” en vez de ponerse del lado de los “intereses” de los ciudadanos de la Comunidad para recaudar unos 10 millones de euros anuales por este impuesto que se dedicarían a revitalizar el entorno de la nuclear se posicionan con “Iberdrola para que no pague”.

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El Gobierno calcula que el desmantelamiento de Garoña tardará “unos 8 o 10 años”

El almacén para guardar el combustible radiactivo ha conseguido la licencia y está a la espera de ponerse en marcha

Es la primera vez que el Gobierno de España se pronuncia oficialmente sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. Lo ha hecho algo más de un año después de que se anunciara su cierre y después de filtraciones que apuntan a que ese desmantelamiento arrancará en 2019. Y en esa primera información oficial -a través de una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos- el Gobierno augura que el proceso de desmantelamiento tardará “unos 8 o 10 años”, aunque matiza que “hay que tener en cuenta que cada central es diferente”.

Esto significa que, si se cumplen las previsiones y el desmantelamiento arranca en 2019, el final definitivo de Garoña no habrá llegado antes de 2026. Aunque los residuos radiactivos se quedarán allí y no se sabe por cuánto tiempo.

En la información enviada al Congreso de los Diputados, el Gobierno confirma que Garoña ha conseguido ya la licencia del Almacén Temporal Individualizado en el que se van a depositar el combustible nuclear utilizado hasta ahora. Son las famosas barras de de combustible que ahora mismo están en la piscina de la central y que se trasladarán a ese almacén a cielo abierto.

“Se trata de una instalación al aire libre, similar a la existente en Zorita que albergará en contenedores especiales todo el combustible gastado durante los años de la operación de la central”, explica el Gobierno. Este almacén está “a la espera de iniciar su explotación”. Iberdrola y Endesa, propietarias de la central, anunciaron que ese traslado de residuos podría iniciarse en el segundo semestre de 2019.

Es decir, Garoña pasará de ser una central nuclear a un almacén de residuos radiactivos. Al menos mientras no se consiga poner en marcha un almacén centralizado para toda España. El Gobierno aprobó en 2011 abrir esa instalación en Villar de Cañas (Cuenca) pero en julio paralizó los permisos

El combustible nuclear, por tanto, se quedará en Garoña pero otros residuos menos radiactivos -los de muy baja a media de actividad, aquellos en los que la contaminación dura menos de 30 años- “se trasladarán al centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba”.

El Gobierno aclara además que desde el momento en el que la central paró su actividad, “los técnicos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y los de la instalación iniciaron los contactos tendentes a conocer las condiciones en que se abordaría el desmantelamiento”.

Fuente: cadenaser

Diez millones de euros para diseñar el cierre de Garoña

Enresa adjudicará en enero el servicio de ingeniería que establecerá el proceso para el desmantelamiento de la central Las labores previas arrancarán en el segundo semestre de 2019

El desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, que arrancará durante el segundo semestre de 2019, tendrá en enero al responsable de elaborar el estudio de ingeniería previo que delimitará la hoja de ruta necesaria para ejecutar un proceso laborioso que se prolongará hasta 2033. Una tarea para la que Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, busca actualmente empresa en un proceso de licitación para el que las firmas que quieran optar a hacerse con el contrato tienen de plazo hasta el próximo día 16 para presentar ofertas.

El 8 de enero de 2019 se abrirán los sobres con las propuestas y, salvo retraso, a finales de ese mismo mes se adjudicará. El estudio tendrá además un coste más que notable, pues el contrato para la redacción del proceso de desmantelamiento alcanzará los 10,3 millones de euros por un servicio para el que se ha fijado un plazo de ejecución de cinco años.

Aunque el proceso para cerrar definitivamente Garoña arrancará como tal durante el segundo semestre de 2019, sólo las tareas de preparación previa durarán hasta 2025. El desmantelamiento del reactor nuclear será antes de 2030, pero la clausura definitiva no está prevista antes de 2033. Los 10,3 millones de euros que supondrán la elaboración del estudio de ingeniería necesario para diseñar todo el proceso ejemplifican el elevado coste económico global que conlleva una tarea tan compleja a todos los niveles como es el cierre de una central nuclear, algo que hasta la fecha Enresa sólo ha realizado en las centrales de Vandellós I (Tarragona) y de José Cabrera (Guadalajara).

Según el estudio básico de estrategias para el desmantelamiento de la planta y el plan de gestión del combustible, informes ambos trasladados por Enresa al Ministerio para la Transición Ecológica, finiquitar la planta nuclear burgalesa costará en total 480 millones de euros, de los que 220 millones serán destinados específicamente al desmontaje de la central. Del resto, 130 millones de euros se dedicarán a la gestión del combustible y su traslado al Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la planta, donde se descargarán los restos radiactivos y el combustible gastado que alberga la piscina en los contenedores. En principio serán cincuenta, aunque en la actualidad apenas hay construidos cinco de ellos en los que permanecerán hasta que sean enviados al Almacén Temporal Centralizado (ATC), previsto para construirse en Villar de Cañas (Cuenca) pero cuyo proyecto se encuentra actualmente paralizado por el propio Ministerio para la Transición Ecológica. Además, otros 130 millones de euros se destinarán a las subcontratas, que se encargarán de diversas actuaciones.

La hoja de ruta que llevará definitivamente a bajar la persiana de Garoña y que delimitará el estudio de ingeniería en el estudio constará de tres fases: un desmantelamiento inicial, las demoliciones y la recuperación del terreno donde se ubica la planta. En total, alrededor de 15 años de trabajos. De cualquier forma, antes de que Enresa tome las riendas de la planta para su cierre, es la propia Nuclenor, propietaria de Garoña la que debe encargarse de extraer el combustible para ubicarlo en el ATI de la central.

Impuesto Mientras tanto, el pasado miércoles el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobaba la creación del denominado Impuesto sobre el riesgo medioambiental del almacenamiento de residuos nucleares de la central de Garoña. Una modificación legal presentada por el PP que salió adelante gracias a la abstención de Podemos, IU-Equo y UPL, y con los votos en contra del PSOE y Ciudadanos, que consideran que ya existe un tributo similar de ámbito nacional y anunciaron que interpondrán un recurso ante el Tribunal Constitucional. La Junta de Castilla y León quiere recaudar entre 10 y 15 millones de euros con este nuevo impuesto que irían destinados a los planes de reactivación económica de los pueblos del área de influencia de Garoña.

También hace unos días Izquierda Unida anunciaba que Bruselas investigará el posible traslado irregular de residuos radioactivos de Garoña al almacén de El Cabril, en Córdoba, durante el año pasado. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aceptó la solicitud realizada en diciembre de 2017 por parte de IU-Andalucía por la que, según la información aportada, los ayuntamientos de la zona de influencia de El Cabril no fueron informados del traslado de residuos de Garoña hasta “meses después”.

Fuente: noticiasdegipuzkuoa

El almacén temporal de la central nuclear de Almaraz recibe los últimos permisos

ATI en la central de Zorita

El proyecto recibió numerosas alegaciones, pero finalmente podrá almacenar los residuos a 400 metros de los reactores

El Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la Central Nuclear de Almaraz ya tiene permiso para ser construido. Según indica la propia central, así lo ha dictaminado la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica con dos resoluciones. Una es sobre el cambio de diseño que había que hacer en esta instalación, y otra sobre los nuevos planes de emergencia de la central que ahora tendrá al lado este almacén.

Si el ATI empieza a funcionar esto supone desahogo de cara a la recarga prevista a finales del próximo mes en uno de sus reactores, ya que prácticamente no había espacio para seguir almacenando un combustible gastado de alta actividad que tiene que ser neutralizado.

Con esta autorización se encarrila un proyecto que empezó siendo controvertido y al que la Junta de Extremadura se opuso de inicio expresando su deseo de que se impongan otras fuentes de energía alternativa a la nuclear. Además de grupos ecologistas y particulares que presentaron alegaciones, Podemos también planteó su desacuerdo con que la central nuclear cacereña dispusiera de su propio ATI para gestionar sus residuos radiactivos.

El principal argumento para sumarse al veto, el cual no ha tenido éxito, es que esta inversión, que ronda los 24 millones de euros, daba a entender que se alargaría la vida de esta central. La central nuclear de Almaraz-Trillo, abierta en 1981 (en 1983 su segundo reactor), en teoría debería cerrar en 2020, si bien los propietarios se están planteando pedir una prórroga de veinte años más. El Gobierno de Portugal también mostró su malestar por no haber sido consultado.

Mientras se iban conociendo todas estas reticencias, el tiempo apremiaba y la construcción de este ATI empezó a ser una cuestión urgente, según explicaron desde la central. Se debe a que los residuos de sus dos reactores necesitaban un lugar donde ser depositados.

Hasta ahora se iban colocando en las piscinas, pero éstas se encuentran prácticamente al completo y necesitan que este residuo radiactivo sea trasladado a un ATI, el cual aún no está funcionando porque estaba pendiente de estos últimos permisos. Ya se han hecho pruebas y, según las previsiones de la central, estará plenamente operativo a principios de noviembre.

El ATI de Almaraz viene a sustituir lo que en un principio iba a ser un cementerio nuclear para las centrales de toda España, técnicamente denominado Almacén Temporal Centralizado, (ATC). Iba a estar ubicado en Villar de Cañas (Cuenca). Sin embargo, en 2015 hubo un cambio en el gobierno de Castilla la Mancha y el ejecutivo socialista que entró cambió de opinión y paralizó aquella iniciativa. Lo siguiente fue decidir que cada central creara su propio almacén de residuos (ATI).

Como se sabe, el de Almaraz se trata de una obra anexa (a 400 metros de los reactores) que se basa en una plataforma de hormigón al aire libre con unos contenedores especiales y un cierre perimetral de seguridad.

Fuente: hoy.es

La central nuclear de Garoña comenzará su desmantelamiento en 2019

El proceso de desmantelamiento de la planta durará entre 13 y 16 años: hasta 2034

 La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) comenzará su desmantelamiento durante el segundo semestre de 2019, fecha en la que se cargará el primero de los cinco contenedores de combustible gastados en la piscina de la planta. De este modo, Nuclenor prepará el recinto para facilitar la labor de Enresa –la empresa estatal que deshabilitará los residuos radioactivos–, según señaló este viernes Europa Press.

Fuentes propias de Nuclenor explicaron que estas tareas previas se están realizando “según lo previsto”, de modo que el acondicionamiento de los residuos operacionales y el vaciado de la piscina de combustible podrán lograrse en los plazos acordados y que, según sus propias previsiones, en el segundo semestre de 2019 se empezará a cargar material hasta el almacén temporal individualizado (ATI) situado en la propia central, para lo que la empresa ENSA (Empresas Nucleares S.A.) ha construido un puente grúa específico.

Por otro lado, Nuclenor añadió que –de momento– Enresa tiene comprados cinco contenedores para este proceso y que se encargarán del plan estratégico para el desmantelamiento de la planta, cuyo permiso para seguir operando –hasta 2031– fue denegado por el Gobierno en agosto de 2017.

Cierre de la central

El entonces ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció la denegación del permiso y el cierre de la planta porque las “circunstancias” no garantizaban la certidumbre suficiente, después de la oposición de todos los grupos políticos –excepto el PP– y las discrepancias expresadas también por los titulares al 50% de la planta, Iberdrola y Endesa.

Nadal lamentó entonces la falta de certidumbre y de un debate “sosegado”, así como la utilización de Garoña como un “símbolo de discusión política” que se convirtió en “una batalla” con posicionamiento de antemano. Así, una vez expiró el permiso de la planta para seguir operando, Enresa empezó a preparar toda la documentación necesaria para solicitar la autorización de desmantelamiento y realizar las actividades preparatorias del mismo de acuerdo con el titular, Nuclenor.

Estas tareas del titular incluyen la descarga de todo el combustible gastado de la piscina a los contenedores para su disposición al ATI –proceso que en la actualidad está detenido–. Una vez terminadas las tareas preparatorias –cuando Enresa sea titular de Garoña– comenzará el proceso de desmantelamiento de la central nuclear que más años ha operado en España.

Los pasos a seguir antes de llegar a ese momento pasan por presentar un estudio básico de estrategias para el desmantelamiento al ministerio para la Transición Ecológica; presentar el plan de desmantelamiento al mismo departamento para su aprobación y solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la autorización para desmantelar la planta. Posteriormente, el proceso administrativo terminará con la autorización a Enresa para que asuma la titularidad de Garoña; momento en el que se iniciará la fase de desmontaje y desmantelamiento.

El exministro Nadal indicó en el anuncio de la decisión del Gobierno que el proceso de desmantelamiento de Garoña tendrá una duración de entre 13 y 16 años, por lo que el proceso terminará en torno a 2034. En la actualidad, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) no fija un plazo determinado para acometer el predesmantelamiento, pero Enresa calcula que el proceso podría comenzar unos seis años después de la parada definitiva del reactor y que podría durar aproximadamente diez años.

El permiso minero “Garoña” está concedido dentro del perímetro de seguridad de la central nuclear

Garoña era un zoombie nuclear extremadamente peligroso, pese al ocultismo del CSN y los sucesivos gobiernos

 

Las normas de la UE provocan el Colapso del carbón y de comarcas enteras en España

Las electricas preparan la clausura de centrales mientras se acerca el fin de las minas subterráneas

Lada, Guardo, Compostilla, Teruel, Anllares… La cuenta atrás para el cierre de estas centrales térmicas que queman carbón para generar electricidad ha comenzado. Las eléctricas se preparan ya para acometerlo. “No son económicamente viables”, señala una de las compañías sobre las costosas obras que se deben hacer para cumplir a partir de 2020 con los exigentes estándares europeos contra la contaminación y el cambio climático. “Es más fácil ahora acometer los cierres”, admiten en el sector, porque el nuevo Gobierno ha abandonado la idea de impedir por decreto el fin de las centrales de carbón que proyectó el Ejecutivo del PP. Las 15 térmicas que funcionan ahora en España son responsables del 14% de los gases de efecto invernadero de todo el país.

Las normas que la UE ha ido aprobando para luchar contra el cambio climático y la contaminación apuntan hacia un mismo lugar: el fin del uso del carbón para generar electricidad. Porque cada vez serán más duras las restricciones sobre los contaminantes que expulsan las centrales que queman este combustible; porque la UE ha modificado el sistema de comercio de derechos de gases de efecto invernadero para que cada vez sea más caro emitir CO2 a la atmósfera; porque los Veintiocho también han acordado que en 2018 se acaban las ayudas estatales a la minería del carbón…

En definitiva, porque el compromiso contra el cambio climático —que Europa dice abanderar en el mundo— ha hecho que la UE construya en los últimos años un armazón legal para que se deje de quemar carbón.

El 17,2% de la electricidad que se consumió en España en 2017 procedía de las 15 centrales térmicas que usan este combustible y que aún están operativas. Para producir esa energía esas instalaciones expulsaron a la atmósfera 46,5 millones de toneladas de CO2 equivalente (la medida que se emplea para los gases de efecto invernadero). Esto supone que esas 15 centrales acumulan ellas solas casi el 14% de los gases de efecto invernadero que emitió toda la economía española en 2017.

Las centrales son propiedad de las cinco grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa, Gas Natural, EDP y Viesgo. Y, según la información que las empresas trasladan a EL PAÍS, hasta ocho de las 15 centrales están en riesgo de cerrar en un plazo máximo de dos años.

Iberdrola quiere clausurar de aquí a 2020 las térmicas de Lada y Guardo, las dos únicas de carbón que esta multinacional aún tiene abiertas en el mundo.

Endesa hará lo mismo con Compostilla y Teruel, porque la empresa no considera que sea rentable acometer las obras para reducir los contaminantes que la UE exige a este tipo de centrales si quieren seguir operando más allá de junio de 2020.

Gas Natural ya tiene decidido que Anllares no continuará y está a punto de decidir qué hace con Meirama. Viesgo sostiene que no tiene una decisión tomada, aunque en el caso de su térmica de Puente Nuevo en este momento no están “considerando una importante inversión” debido a “los requerimientos regulatorios y las condiciones de mercado”. Y si no acometen las obras para reducir los contaminantes, en dos años tendrá que cerrar.

 

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