El CSN detecta irregularidades en las dosis de radiación recibida por los trabajadores de Garoña

Según los últimos datos del CSN, referidos a una inspección en la central burgalesa realizada el pasado marzo para comprobar la aplicación de medidas de protección radiológicas, se desprenden irregularidades en las dosis de radiación recibidas, tanto a nivel individual como colectivas, de los trabajadores.

Parece que Garoña nos puede seguir dando sustos después de cerrada.

Estos graves hechos unidos a los vertidos de Cesio de 2017 y a la ocultación de los mismos, indican que es necesario un control exhaustivo de esta central nuclear.

Parece que al no estar el PP en el gobierno de Madrid, el control de los sistemas nucleares se realiza con más libertad y profesionalidad.

La inspección apunta que el “indicador dosis oficial máxima individual no es coherente con el valor de nivel administrativo de dosis”.

Ante esta situación, “se exigen reestimaciones contantes de los objetivos de dosis de trabajo y de los anuales operacionales de la instalación”.

El acta del regulador atómico relativa a la “Inspección para comprobar la aplicación de medidas para la protección ocupacional (…) en la situación actual de cese definitivo de la explotación de la central”, señala que, para establecer los criterios de garantía radiológicos, desde la última inspección el titular ha realizado diez reuniones extraordinarias: cuatro en 2017, tres en 2018 y otras tres en 2019 hasta auditoría del pasado marzo.

En las actas del comité “Alara” -donde se aprueban o revisan los objetivos de dosis- “no se recogen objetivos para la dosis máxima individual anual y no hay aprobación del objetivo de dosis individual por parte del director”.

ALARA es el acrónimo en inglés de “As Low As Reasonably Achievable”, es decir, “tan bajo como sea razonablemente alcanzable”, uno de los principios básicos para establecer cualquier medida de seguridad radiológica.

El acta del CSN incide también en la “necesidad de renovación de la señalización de zona controlada de permanencia limitada, debido a que es difícil distinguir los riesgos de contaminación y/o radiación“.

La central burgalesa de Garoña no tiene actividad desde diciembre del año 2012 y su clausura definitiva se produjo el 1 de agosto de 2017, desde esa fecha se encuentra en fase de pre-desmantelamiento hasta que arranque, previsiblemente en 2021, la fase de demolición.

Fuente: estrelladigital.es

Vertido de Cesio en 2017

Abogado UE: normas europeas no se aplican al impuesto español de residuos nucleares

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó este miércoles que la normativa europea no es aplicable a los impuestos españoles sobre la gestión de combustible nuclear gastado, respondiendo así a una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo.

El abogado general Gerard Hogan, cuyas conclusiones no son vinculantes pero suelen orientar la decisión de la corte, considera que la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad no es aplicable a los tributos españoles sobre la producción de combustible nuclear gastado, los residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de dichos combustible y residuos.

El jurista sostiene que el ámbito de aplicación de la Directiva se limita a la generación, al transporte, a la distribución y al suministro de electricidad.

El Tribunal Supremo había remitido inicialmente sus dudas sobre los impuestos nucleares al Constitucional, por ser potencialmente contrarios al principio de capacidad económica establecido en la Constitución, en un contencioso que afecta a la Asociación Española de la Industria Eléctrica, Endesa Generació e Iberdrola, y, por otro lado, la Administración General del Estado.

Las eléctricas argumentaban que los modelos de autoliquidación y pago de los citados impuestos sobre combustible nuclear gastado constituyen una suerte de impuesto especial sobre los productores de energía nuclear que distorsiona el mercado español de la electricidad, lo cual debe considerarse ilícito.

El Supremo entendía que el objetivo de los impuestos es incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica, para que los productores de energía nuclear asuman una parte de la financiación del “déficit tarifario” (diferencia entre los ingresos que las compañías eléctricas españolas reciben de los consumidores y el coste del suministro de la electricidad reconocido por la normativa nacional) mayor que la de otros productores de energía.

Consideraba también que la libre competencia en el mercado de la electricidad se ve falseada si determinadas empresas se someten a una tributación por su forma de producción sin una justificación objetiva.

Pero el Tribunal Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad indicando que, al haber expresado el Tribunal Supremo sus dudas también acerca de la compatibilidad de la legislación nacional con el Derecho de la Unión, debía plantear primero una cuestión prejudicial al TJUE, cuyo abogado general no ve aplicable la legislación comunitaria.

No obstante, el jurista añade que, en caso de que el Tribunal europeo no comparta su opinión, aporta una solución alternativa.

En ella considera que la Directiva no se opone, en principio, a la normativa española, ya que la situación de las empresas eléctricas que utilizan energía nuclear no es comparable a la de otros productores de energía en cuanto a la protección del medio ambiente y de la seguridad.

No obstante, el jurista comunitario añade que el Tribunal Supremo deberá valorar, en su caso, si el objetivo de dicha normativa está realmente relacionado con la protección del medio ambiente y la seguridad y, si es preciso, determinar si la diferencia de trato fiscal deparado a los distintos tipos de productores de electricidad está objetivamente justificada por tales razones medioambientales.

Fuente : La Vanguadia

El plan de Sánchez para cerrar el parque nuclear en 2035 no resta votos al PSOE


Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para cerrar el parque nuclear entre los años 2025 y 2035 no han hecho mella en los votos hacia los socialistas en las zonas donde se localizan las instalaciones. El PP resiste en algunos municipios nucleares como los del Valle de Tobalina (central de Garoña); Villar de Cañas (Cuenca, sede del ATC nuclear); Almonacid de Zorita (Guadalajara) o Retortillo (Palencia), donde la empresa australiana Berkeley promueve una explotación de uranio.

Pero la formación de Pablo Casado ha perdido posiciones en Vandellós (Tarragona), a favor de ERC y el PSOE o en Cofrentes (Valencia), donde ha crecido el voto a Ciudadanos y a los socialistas. En Almaraz (Cáceres), el PSOE ha subido en porcentaje de voto del 26% al 28% y se convierte en la primera fuerza política mientras el PP ha perdido la mitad del voto.

Las localidades más cercanas a las instalaciones nucleares no han castigado al Gobierno del PSOE, aunque la verdadera prueba llegará en las elecciones municipales del 26 de mayo. En las elecciones locales se verá hasta dónde ha llegado la inquietud de los más de 100 municipios que cobran ayudas por estar próximos a las centrales o a instalaciones de almacenamiento de residuos.

Más de 500 millones

El apagón nuclear que se anuncia no supondrá el fin inmediato de las subvenciones -cobran por aceptar los residuos en sus proximidades y los residuos seguirán ahí durante tiempo-, pero sí exigirá un examen de los conceptos y los resultados obtenidos. En los últimos 25 años los municipios situados en torno a las centrales han recibido más de 500 millones, impuestos al margen, según datos de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC).

Los municipios no cobran todos lo mismo, pero para todos, las ayudas que reciben cada año de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y de otras áreas de la Administración como el Ministerio de Interior, son más que una tabla de salvación del presupuesto anual. En muchos casos, permiten a sus habitantes disponer de servicios y atenciones impensables en otras localidades. Las ayudas se empezaron a repartir hace casi 30 años.

Los ayuntamientos que albergan centrales nucleares, agrupados en AMAC, creen que su cierre no tiene ninguna justificación. Consideran que sólo responde a una voluntad política. Por ello, defienden que sigan funcionando siempre que se garanticen todas las condiciones de seguridad, y si por motivos de gestión de residuos se hiciera insostenible la continuidad de su funcionamiento, exigen garantías reales para el futuro de las zonas.

Cierre escalonado

El Plan de Energía y Clima que el Ministerio de Transición Ecológica aprobado por el Gobierno Sánchez contempla un cierre escalonado de las instalaciones hasta el año 2035. Todas las centrales cumplen los 40 años entre 2023 y 2028, lo que quiere decir que algunas de ellas superarán esa edad en el momento del cierre. El acuerdo pactado con muchas dificultades entre las compañías eléctricas y la empresa pública Enresa prevé que el cierre comience en 2027, con Almaraz I. Terminará en septiembre de 2035, con la clausura de Trilllo.

El nuevo Gobierno que previsiblemente formará Sánchez tendrá que decidir qué sucede con el almacén temporal centralizado (ATC) de Villar Cañas, hoy paralizado, y si mantiene la idea de frenar el proyecto de la compañía minera australiana Berkeley en Salamanca. En todo el proceso será crucial el papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recién renovado.

Sólo en el proyecto paralizado del almacén nuclear de Cuenca el CSN ha empleado 49.000 horas de sus técnicos. Tras cinco años, el ATC de Cuenca, paralizado, sólo cuenta con un informe favorable de emplazamiento del Consejo-son necesarios tres- y carece de declaración de impacto ambiental. La sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares, Enresa, sí concreta en sus informes lo que ha costado hasta ahora el proyecto fallido. Desde el año 2012, Enresa ha pagado o comprometido 42,8 millones de euros.

Fuente : Lainformacion

EH Bildu denuncia tres vertidos de material radiactivo en Garoña el pasado verano

EH Bildu ha solicitado explicaciones acerca de tres accidentes en la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) sucedidos el pasado verano en los que, ha asegurado, se ha vertido material radiactivo.

Los accidentes, según ha explicado el parlamentario vasco Mikel Otero, se han producido durante labores de desmantelamiento de la central y han sido «ocultados hasta ahora, en una grave falta de transparencia que pone en solfa la labor de la comisión interinstitucional» que hace seguimiento de dicho proceso.

Concretamente, según la información del Consejo de Seguridad Nuclear citada por el grupo parlamentario, el primer accidente tuvo lugar el 20 de julio de 2018, cuando una fuente radiactiva que estaba siendo transportada se cayó al suelo y la cápsula de cesio-137, que estaba dentro, se salió del envase de plomo y el 2 de agosto hubo un vertido de 50 litros de lodo radiactivo, que también se volvió a verter quince días después en el tercer accidente.

Otero ha solicitado que comparezca en el Parlamento Vasco la comisión interinstitucional constituida en 2017 por el Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y administraciones locales para hacer seguimiento del proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. «Ese órgano fue creado a propuesta de EH Bildu, pero su trabajo está en cuestión porque hasta ahora no hemos sabido que durante el pasado verano en Garoña hubo tres accidentes en los que se vertió material radiactivo», ha recalcado.

El parlamentario ha añadido que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no ha dado a conocer «hasta hace pocos días ninguna información al respecto» y es muy grave que la comisión integrada por las instituciones vascas tampoco supiera nada de esos accidentes.

En opinión del parlamentario de EH Bildu, «es muy preocupante la nula transparencia con que se está desmantelando Garoña y está claro que la actividad de la comisión interinstitucional no está sirviendo para acabar con la opacidad».

fuente: Burgosconecta

El Ministerio de Hacienda emite un informe que avala la posible inconstitucionalidad del impuesto a Garoña

La Secretaria de Estado de Hacienda ha emitido un informe que avala la posible inconstitucional del impuesto que gravará los residuos de Garoña y que fue aprobado en las Cortes de Castilla y León en el Pleno del pasado 31 de octubre con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos.

Se trata de un segundo informe del Estado que se suma al que del Ministerio para la Transición Ecológica y cuya argumentación se basa en que el impuesto sobre la afección medioambiental de los residuos generados por el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña podría “solaparse” con los impuestos estatales sobre “la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica” y el relativo al “almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas”.
En base a este documento el secretario del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, ha presentado una queja, ya que considera que se ha “hurtado” un argumento del debate en torno a este nuevo gravamen que se produjo el pasado 31 de octubre en las Cortes, ya que este jueves se ha dado a conocer el dictamen de la Secretaría de Estado de Hacienda a los grupos por parte del Parlamento cuando el documento llegó el pasado 29 de octubre y días antes a la Junta. José Francisco Martín ha recordado además que existen informes de la propia Asesoría Jurídica de la Junta y del Consejo Consultivo que respaldan la posible inconstitucionalidad del impuesto y ha insistido en que este último informe del Estado no se pudo usar por los grupos porque no se ha dado a conocer hasta hoy.

“Se ha conocido ocho días después del fin de debate”, ha señalado el procurador socialista. Así, ha advertido de que en cuanto la Ley autonómica que regula el impuesto se publique deberá ser el Ministerio de Política Territorial y Función Pública el que analice la posibilidad de presentar un recurso al mismo en base a estos informes.
No obstante, el procurador socialista ha reseñado que todos los documentos respaldan los argumentos esgrimidos por el PSOE en la enmienda a la totalidad que presentó a esta modificación de la Ley y que fue rechazada por el Pleno de las Cortes. Tras estos argumentos el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha considerado que quien debe dar explicaciones es el PSOE sobre por qué conoció el “supuesto” informe inicial del Ministerio para Transición Ecológica, un documento que, como ha explicado, desconocen el resto de grupos. “Me preocupa el uso de medios públicos en beneficio de un partido político, esto me huele mal”, ha señalado, tras lo que ha explicado que el contenido de estos documentos “se parecen mucho” a los argumentos socialistas. Por último, De la Hoz ha considerado que el PSOE debería explicar a los ciudadanos por qué “sorprendentemente” en vez de ponerse del lado de los “intereses” de los ciudadanos de la Comunidad para recaudar unos 10 millones de euros anuales por este impuesto que se dedicarían a revitalizar el entorno de la nuclear se posicionan con “Iberdrola para que no pague”.

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El Gobierno calcula que el desmantelamiento de Garoña tardará “unos 8 o 10 años”

El almacén para guardar el combustible radiactivo ha conseguido la licencia y está a la espera de ponerse en marcha

Es la primera vez que el Gobierno de España se pronuncia oficialmente sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. Lo ha hecho algo más de un año después de que se anunciara su cierre y después de filtraciones que apuntan a que ese desmantelamiento arrancará en 2019. Y en esa primera información oficial -a través de una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos- el Gobierno augura que el proceso de desmantelamiento tardará “unos 8 o 10 años”, aunque matiza que “hay que tener en cuenta que cada central es diferente”.

Esto significa que, si se cumplen las previsiones y el desmantelamiento arranca en 2019, el final definitivo de Garoña no habrá llegado antes de 2026. Aunque los residuos radiactivos se quedarán allí y no se sabe por cuánto tiempo.

En la información enviada al Congreso de los Diputados, el Gobierno confirma que Garoña ha conseguido ya la licencia del Almacén Temporal Individualizado en el que se van a depositar el combustible nuclear utilizado hasta ahora. Son las famosas barras de de combustible que ahora mismo están en la piscina de la central y que se trasladarán a ese almacén a cielo abierto.

“Se trata de una instalación al aire libre, similar a la existente en Zorita que albergará en contenedores especiales todo el combustible gastado durante los años de la operación de la central”, explica el Gobierno. Este almacén está “a la espera de iniciar su explotación”. Iberdrola y Endesa, propietarias de la central, anunciaron que ese traslado de residuos podría iniciarse en el segundo semestre de 2019.

Es decir, Garoña pasará de ser una central nuclear a un almacén de residuos radiactivos. Al menos mientras no se consiga poner en marcha un almacén centralizado para toda España. El Gobierno aprobó en 2011 abrir esa instalación en Villar de Cañas (Cuenca) pero en julio paralizó los permisos

El combustible nuclear, por tanto, se quedará en Garoña pero otros residuos menos radiactivos -los de muy baja a media de actividad, aquellos en los que la contaminación dura menos de 30 años- “se trasladarán al centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba”.

El Gobierno aclara además que desde el momento en el que la central paró su actividad, “los técnicos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y los de la instalación iniciaron los contactos tendentes a conocer las condiciones en que se abordaría el desmantelamiento”.

Fuente: cadenaser

Diez millones de euros para diseñar el cierre de Garoña

Enresa adjudicará en enero el servicio de ingeniería que establecerá el proceso para el desmantelamiento de la central Las labores previas arrancarán en el segundo semestre de 2019

El desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, que arrancará durante el segundo semestre de 2019, tendrá en enero al responsable de elaborar el estudio de ingeniería previo que delimitará la hoja de ruta necesaria para ejecutar un proceso laborioso que se prolongará hasta 2033. Una tarea para la que Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, busca actualmente empresa en un proceso de licitación para el que las firmas que quieran optar a hacerse con el contrato tienen de plazo hasta el próximo día 16 para presentar ofertas.

El 8 de enero de 2019 se abrirán los sobres con las propuestas y, salvo retraso, a finales de ese mismo mes se adjudicará. El estudio tendrá además un coste más que notable, pues el contrato para la redacción del proceso de desmantelamiento alcanzará los 10,3 millones de euros por un servicio para el que se ha fijado un plazo de ejecución de cinco años.

Aunque el proceso para cerrar definitivamente Garoña arrancará como tal durante el segundo semestre de 2019, sólo las tareas de preparación previa durarán hasta 2025. El desmantelamiento del reactor nuclear será antes de 2030, pero la clausura definitiva no está prevista antes de 2033. Los 10,3 millones de euros que supondrán la elaboración del estudio de ingeniería necesario para diseñar todo el proceso ejemplifican el elevado coste económico global que conlleva una tarea tan compleja a todos los niveles como es el cierre de una central nuclear, algo que hasta la fecha Enresa sólo ha realizado en las centrales de Vandellós I (Tarragona) y de José Cabrera (Guadalajara).

Según el estudio básico de estrategias para el desmantelamiento de la planta y el plan de gestión del combustible, informes ambos trasladados por Enresa al Ministerio para la Transición Ecológica, finiquitar la planta nuclear burgalesa costará en total 480 millones de euros, de los que 220 millones serán destinados específicamente al desmontaje de la central. Del resto, 130 millones de euros se dedicarán a la gestión del combustible y su traslado al Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la planta, donde se descargarán los restos radiactivos y el combustible gastado que alberga la piscina en los contenedores. En principio serán cincuenta, aunque en la actualidad apenas hay construidos cinco de ellos en los que permanecerán hasta que sean enviados al Almacén Temporal Centralizado (ATC), previsto para construirse en Villar de Cañas (Cuenca) pero cuyo proyecto se encuentra actualmente paralizado por el propio Ministerio para la Transición Ecológica. Además, otros 130 millones de euros se destinarán a las subcontratas, que se encargarán de diversas actuaciones.

La hoja de ruta que llevará definitivamente a bajar la persiana de Garoña y que delimitará el estudio de ingeniería en el estudio constará de tres fases: un desmantelamiento inicial, las demoliciones y la recuperación del terreno donde se ubica la planta. En total, alrededor de 15 años de trabajos. De cualquier forma, antes de que Enresa tome las riendas de la planta para su cierre, es la propia Nuclenor, propietaria de Garoña la que debe encargarse de extraer el combustible para ubicarlo en el ATI de la central.

Impuesto Mientras tanto, el pasado miércoles el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobaba la creación del denominado Impuesto sobre el riesgo medioambiental del almacenamiento de residuos nucleares de la central de Garoña. Una modificación legal presentada por el PP que salió adelante gracias a la abstención de Podemos, IU-Equo y UPL, y con los votos en contra del PSOE y Ciudadanos, que consideran que ya existe un tributo similar de ámbito nacional y anunciaron que interpondrán un recurso ante el Tribunal Constitucional. La Junta de Castilla y León quiere recaudar entre 10 y 15 millones de euros con este nuevo impuesto que irían destinados a los planes de reactivación económica de los pueblos del área de influencia de Garoña.

También hace unos días Izquierda Unida anunciaba que Bruselas investigará el posible traslado irregular de residuos radioactivos de Garoña al almacén de El Cabril, en Córdoba, durante el año pasado. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aceptó la solicitud realizada en diciembre de 2017 por parte de IU-Andalucía por la que, según la información aportada, los ayuntamientos de la zona de influencia de El Cabril no fueron informados del traslado de residuos de Garoña hasta “meses después”.

Fuente: noticiasdegipuzkuoa