La Comisión Europea ve “aceptables” los “niveles de contaminación con plutonio” en Palomares

Miembros de la CE visitaron la zona en junio para comprobar si se habían puesto en práctica las recomendaciones de 2010

La Comisión Europea (CE) considera que los “niveles de contaminación con plutonio” del “aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas” en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora son “aceptables” y que España ha realizado una “puesta en práctica efectiva” de “todas las recomendaciones” que se le hicieron hace nueve años “excepto la rehabilitación del terreno”, pendiente de la celebración de un acuerdo vinculante con Estados Unidos.

Así se desprende de las conclusiones iniciales alcanzadas por los integrantes de la misión de verificación que cursó visita a la zona en el mes de junio para comprobar ‘in situ’ si se habían puesto en práctica las recomendaciones que Bruselas efectuó en 2010 tras otra misión y para “una adecuada gestión y limpieza” del área de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica.

La CE también se pronuncia respecto a los contenedores en los que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas ha reconocido se almacenan seis toneladas de material radioactivo que se han estado enviando a la zona desde desde 2011 y no considera que “afecten a la situación existente de exposición” radiológica en Palomares.

Tanto posibles irregularidades en torno a estos traslados como la “inacción” del Gobierno son objeto de un procedimiento contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en la que Ecologistas en Acción solicita, en última instancia, que se obligue al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que fije plazo para la ejecución del Plan de Rehabilitación para la zona aprobado en 2010.

En su respuesta a una petición elevada a la comisión por el colectivo conservacionista, la CE informa del equipo que se desplazó hasta Palomares el pasado mes de junio “verificó” las instalaciones de seguimiento de radioactividad dentro y fuera de los emplazamientos, las restricciones de acceso, las medidas sobre información pública y los laboratorios asociados gestionados por el Ciemat.

“Las actividades de verificación mostraron que las instalaciones necesitan llevar a cabo un seguimiento continúo de los niveles de contaminación con plutonio del aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas en el lugar de accidente en Palomares”, explica para remarcar que “estos niveles son aceptables y que las instalaciones están operativas y funcionan de manera eficiente”.

El escrito informa, asimismo, de que la misión también verificó la puesta en marcha “efectiva” de las recomendaciones efectuadas en 2010 y comprobó que “todas se habían llevado a cabo” si bien no la “recomendación relativa a la rehabilitación del terreno contaminado” ya que, según matiza, “está pendiente de la celebración de un acuerdo vinculante con los EEUU”.

En este sentido, en el marco del procedimiento ante la Audiencia Nacional, la Abogacía del Estado ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan ya que éste tiene carácter “preliminar”.

Ha reconocido que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio”.

Ha afirmado, asimismo, que con la expropiación de tierras y el vallado que acota las 40 hectáreas bajo vigilancia se “garantiza que actualmente no se supera la dosis” legal y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

España deberá informar antes de 2020 sobre los “progresos”

La CE avanza, asimismo, que el equipo realizó algunas recomendaciones y sugerencias aunque no precisa cuáles a la espera de la redacción del informe completo. Sí revela, en cambio, que pedirá a España que “presente antes de finales de 2020” un informe de los “progresos realizados” para la neutralización de la contaminación.

En concreto, el informe deberá especificar “cómo se han aplicado las recomendaciones del equipo de verificación” y “cualquier cambio significativo en los sistemas de seguimiento establecidos”. “La Comisión se basará en el mencionado informe para considerar la necesidad de llevar a cabo una verificación de seguimiento en España”, señala.

Por otro lado, para Bruselas, en contra de lo que sostienen desde Ecologistas en Acción tanto en Europa como ante la Audiencia Nacional, los contenedores objeto de la polémica “no almacenan residuos, sino que se utilizan para almacenar muestras y contienen muestras ambientales antiguas que se extrajeron” de los suelos de Palomares.

Subraya que la misión de verificación “investigó” el almacén de muestras en el laboratorio del Ciemat en Madrid y que concluyó que “esos contenedores son parte del almacén principal” donde se “han devuelto el resto de las muestras del terreno de Palomares”. “La Comisión no considera que estos contenedores de almacenamiento afecten a la situación existente de exposición en Palomares”, finaliza.

Ecologistas en Acción pidió en marzo a la CE que el transporte de material, que se hizo público a finales de 2018 y que fue reconocido a posteriori por el Ciemat, fuera incluido entre las tareas a realizar por la misión de verificación de la Eurocámara.

El escrito dirigido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo indicaba que el transporte “clandestino” de un total de 156 cajas con 1.466 kilos de material radioactivo es un “nuevo suma y sigue en una tropelía que afecta a los pilares de la economía de la zona, basada en la agricultura y en el turismo, y, lo más grave, es que afecta a la ya maltrecha dignidad de lo palomareños”. Así, solicitaba que “inspeccione, investigue y haga público” el inventario del contenido de esos contenedores, su caracterización radiológica y actividad total.

El colectivo, impulsor de la queja que dio lugar a que la Eurocámara se implicase en la situación de Palomares, pidió también que “constate si se han incumplido o no” los requisitos que marca la legislación europea en su almacenamiento y transporte, y que interpelase al Gobierno sobre “cuándo tiene previsto emprender la descontaminación unilateral de la zona según los criterios radiológicos establecidos en el Plan de Rehabilitación de 2010″.

Fuente: diario de Almeria

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla sobre los impuestos a la energía nuclear

Como conclusión, esos impuestos no violan el principio de no discriminación de la normativa europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido sus conclusiones sobre los impuestos a la energía nuclear. Declara que no violan el principio de no discriminación de la normativa europea.  Ni los impuestos a la producción, ni al almacenamiento de combustible, ni a los residuos nucleares

Fueron cuatro las peticiones de decisión prejudicial planteadas ante el TFUE por el Tribunal Supremo en 2018. Tras la vista realizada en febrero de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido sus conclusiones. Las cuestiones habían sido planteadas ante el supremo por Unesa, Endesa, Naturgy e Iberdrola y el Estado Español. En el fondo del asunto, una posible discriminación por los impuestos a la producción y almacenamiento de combustible, así como a los residuos nucleares.

El TJUE emitió su fallo el pasado 7 de noviembre. Considera que los impuestos españoles a la producción y almacenamiento de combustible y de residuos nucleares no violan el principio de no discriminación contenido en la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

En sus conclusiones, el TJUE informa que no hay discriminación, a pesar de gravar únicamente a las empresas de generación que utilizan energía nuclear. Y, a pesar de que su objetivo principal no sea proteger el medio ambiente.

Aclaraciones

Aclara que la directiva no constituye una medida relativa a la aproximación de las disposiciones fiscales de los Estados miembros. Por ello, añade que el principio de no discriminación recogido en la medida no se aplica a una normativa nacional que establece impuestos sobre producción y almacenamiento de combustible y residuos nucleares.

En consecuencia, sentencia, la directiva no se aplica a una a una normativa nacional, como la española. La misma establece impuestos sobre la producción y el almacenamiento de combustible y de residuos nucleares.

Impuestos a la energía nuclear

El litigio se  produjo cuando el Tribunal Supremo remitió al TJUE una serie de cuestiones prejudiciales. Fue como consecuencia de diferentes procedimientos entre Unesa, Endesa, Naturgy e Iberdrola y el Estado español.

Las eléctricas interpusieron ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra una orden ministerial. La misma aprobaba los modelos de autoliquidación y pago de los impuestos sobre producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación. Asimismo, sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.

Su argumento principal era que esta forma de tributación, en la práctica, constituye una suerte de impuesto especial sobre los productores de energía nuclear. Y que, además, distorsiona el mercado español de la electricidad.

También el Supremo sometió estos impuestos a una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Podrían ser potencialmente contrarios al principio de capacidad económica establecido en la Constitución. Sin embargo, el Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad indicando que se debía plantear primero una cuestión prejudicial. Este criterio surgió por las dudas del Tribunal Supremo acerca de la compatibilidad de la legislación nacional con el Derecho de la Unión.

Conclusiones

El TJUE ha declarado:

  1. «El principio de no discriminación (.) debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece impuestos sobre la producción y el almacenamiento de combustible y de residuos nucleares, como es el caso de los impuestos sobre la energía nuclear objeto de los litigios principales, que solo gravan a las empresas de generación de electricidad que utilizan energía nuclear, y cuyo objetivo principal no consiste en proteger el medio ambiente, sino en incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica».
  2. «El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/72 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, cuando el objetivo medioambiental y las características de los impuestos medioambientales previstos por la misma no encuentran concreción en la parte vinculante de esta normativa».

Fuente:  energynews.es/tjue-falla-sobre-impuestos-a-la-energia-nuclear/

Endesa, Iberdrola y Naturgy afrontan un alza de costes de 900 M para el apagón nuclear

La barata energía nuclear parece que empieza a aflorar sus costes reales.

El Ministerio para la Transición Ecológica prepara una subida de la tasa a Enresa para los productores de energía nuclear de casi un 20%. Un alza que traerá aparejado un aumento de costes para los principales operadores de centrales atómicas (Endesa, Iberdrola principalmente y en menor medida, Naturgy y EDP) de cerca de 900 millones de euros hasta el final de la vida de estas plantas a partir del 1 de enero de 2020.

Este coste extra viene del borrador de real decreto ley que está tramitando el departamento dirigido por Teresa Ribera sobre la base de los años de vida que el propio Gobierno pactó con las eléctricas para el cierre de las centrales nucleares. La memoria económica del ‘Proyecto de real decreto por el que se modifica la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial mediante la que se financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. (Enresa) a las centrales nucleares en explotación’ señala que la tasa pasa de los 6,69 euros/MWh a 7,98 euros MWh (+20%).

Teniendo en cuenta que la producción nuclear oscila entre los 55.000MWh y los 60.000MWh al año y sabiendo que las siete centrales hoy activas se cerrarán paulatinamente entre 2027 y 2035, las empresas afrontan un coste durante los próximos 15 años de más de 5.000 millones de euros.

La cuestión no ha pasado desapercibida para los analistas de las grandes ‘utilities’ cotizadas. La pasada semana, el director financiero de Endesa, Luca Passa, respondía a preguntas de los expertos que la firma propiedad de Enel se enfrenta a un coste extra de aproximadamente 30 millones de euros al año.

Esto lleva a Endesa a enfrentarse a un pago a mayores respecto a la situación actual de alrededor de 400 millones de euros al año. Otro tanto tendrá que asumir Iberdrola y en menor medida, en torno a 100 millones, es el montante de más que deberán pagar Naturgy y EDP.

La subida que prepara el ramo de Energía del Gobierno se da en plena renovación del Plan Nacional de Residuos Radiactivos. El actual -el sexto- está vigente desde el año 2006 ya que los sucesivos Gobiernos desde entonces no han abordado este tema. Una cuestión importante dado que el Fondo de Enresa, destinado a cubrir las necesidades futuras para la gestión y el desmantelamiento nuclear, es insuficiente.

Fuente: elconfidencial

Comienzan a desmontar la cúpula de la central nuclear de Zorita

El desmantelamiento comenzó en 2010

La primera pieza de la ‘media naranja’ está retirada y el desmantelamiento de la central nuclear concluirá en 2020.

El coste total del desmantelamiento se cuantifica en unos 160 millones de euros

La empresa pública Enresa ha comenzado el desmontaje de la cúpula del edificio de contención de la central nuclear José Cabrera en Almonacid de Zorita (Guadalajara) que se contemplan en la fase final del desmantelamiento de esta instalación nuclear que concluirá a finales de 2020.

Estos trabajos han consistido en la retirada, izado y descenso de la primera pieza, a los que ha asistido la prensa acompañados del director desmantelamiento de la central, Manuel Ondaro. Para ello, se han empleado dos grúas de gran tonelaje que han permitido la ejecución segura de la maniobra desde una plataforma auxiliar.

«Lo que hoy hemos visto es el desmontaje y posicionamiento de la primera pieza de la cúpula del reactor. Esto supone un hito en el desmantelamiento y que nos llevará a la finalización de la desmantelación del mismo el próximo año», ha señalado Ondaro, quien ha indicado que la pieza retirada es de acero, de 8 metros de diámetro y 5,2 toneladas de peso, aproximadamente.

 

Se trata de la primera de las 330 piezas en las que será segmentada esta estructura, pues la cúpula tiene un peso total de 225,2 toneladas y un diámetro de 31,4 metros.

Una vez bajada al suelo, será troceada para poderla gestionar como material convencional. Este proceso de desmontaje de la cúpula tardará unos 40 días, por lo que antes de Navidad estará concluido.

Descontaminación total

Previo al desmontaje de este jueves, para el que llevan preparándose desde verano para realizarse con total seguridad, se han realizado numerosas labores dentro del desmantelamiento.

«Fundamentalmente hemos retirado los grandes componentes del circuito primario de la central nuclear, hemos descontaminado todo lo que es el edificio de contención y lo hemos desclasificado para poder demolerlo de forma convencional», ha explicado Ondaro.

Además, este es el inicio del desmontaje de la cúpula, del interior del edificio de contención y posterior demolición. Tal y como ha señalado Ondaro, el inicio de los trabajos de desmontaje final, es decir, las demoliciones, «se inician ahora y se espera que a finales del año que viene, el 31 de diciembre en 2020, puedan haber terminado con todos los trabajos de demoliciones de los principales edificios», que son el edificio de contención, almacén auxiliar, almacén de residuos número 1, el evaporador y el resto de edificios convencionales.

Recientemente también ha comenzado la demolición del edificio que albergaba el generador diésel de la central para lo que se está empleando maquinaria de gran tonelaje. Las dimensiones de este edificio, fabricado en hormigón armado, es de 11 metros de ancho por 7,5 metros de alto.

Desde que se inició el desmantelamiento, en febrero de 2010 se han generado aproximadamente 29.000 toneladas de materiales

Energia cara se mire por donde se mire.

A día de hoy, Enresa ha ejecutado ya cerca del 89 por ciento del proyecto de desmantelamiento de la central. Desde que se inició el desmantelamiento, en febrero de 2010 y hasta el 30 de septiembre de 2019, han trabajado unas 250 personas y se han generado aproximadamente 29.000 toneladas de materiales.

De esta cantidad, 7.000 corresponden a material convencional, 5.500 toneladas a residuos radiactivos de muy baja actividad, 2.300 a residuos radiactivos de baja y media actividad y 14.200 toneladas a material desclasificable.

El residuo de alta actividad se contiene en los 377 elementos combustibles de la central, es decir, 175 toneladas que gestionaron en 12 contenedores en la fases iniciales del desmantelamiento.

Fuente: ABC

 

Denuncian “nuevos retrasos” en el desmantelamiento de Garoña

El cabeza de lista al Congreso de Unidas Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, cree que estos nuevos plazos “están vinculados al hecho de que se pretende alargar la vida del resto de centrales nucleares”

El cabeza de lista al Congreso de Unidas Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, ha denunciado este viernes “nuevos retrasos” en el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y cree que estos nuevos plazos “están vinculados al hecho de que se pretende alargar la vida del resto de centrales nucleares, poniendo así en grave peligro la seguridad de las mismas”.
Tras participar en Vitoria en una mesa informativa de la formación, el candidato ha criticado que “más de 2 años después del cierre de la central nuclear de Garoña, los trabajos para su desmantelamiento ni siquiera han comenzado”.
Asimismo, ha explicado que según las informaciones que a las que ha tenido acceso, “todo parece indicar” que los trabajos de desmantelamiento “no empezarán hasta 2022”. “Se nos antoja demasiado tarde para desmantelar una central que es urgente quitar de en medio por el riesgo que supone para el medio ambiente y para la salud pública”, ha señalado.
En este sentido, ha explicado que “el desmantelamiento de Garoña marca la agenda de cierre y desmantelamiento futuro del resto de las centrales nucleares españolas”, y cree que este retraso “está vinculado al hecho de que se pretende alargar la vida del resto de centrales nucleares poniendo así en grave peligro la seguridad de las mismas”.

El coste de la era post-nuclear en España superaría notablemente los 20.000 millones de euros.

España se enfrenta a una nueva etapa del modelo energético y no solo por la incorporación masiva de nueva capacidad renovable. Mientras se llenan los tejados y el territorio de paneles solares y aerogeneradores, además del cierre de las centrales de carbón, se vislumbra el final de las nucleares. Pero tanto si se extiende su vida útil más de 40 años como si no, el debate no es solo cuándo se cierran sino cómo y cuánto va a costar hacerlo.

Y ésa es una de las preguntas que se han hecho los economistas Mª del Mar Rubio-Varas y Joseba de la Torre Campo de la Universidad de Navarra en el blog de economía Nadaesgratis.es. Reconocen que la sociedad española es mayoritariamente antinuclear pero hay que admitir que nuestro país es uno de los pocos del mundo (solo 33) que ha desarrollado de manera comercial esta tecnología, además de ser uno de los primeros. Más aún, los 7 GW repartidos en siete reactores representan el 20% de generación eléctrica peninsular y, solo en 2017, la producción eléctrica bruta de origen nuclear fue de 58.108,76 GWh siendo, un año más, la fuente que mayor contribución realizó al sistema eléctrico español.

Ahora toca echar cálculos sobre cuánto nos costará bajar la persiana y sobre todo, cómo hacerlo y en qué plazos. Los autores han hecho una estimación a partir de lo que ha costado desmantelar Zorita (que el próximo año finaliza todo el proceso, después de 16 años de trabajo), y «cerrar los siete reactores que están actualmente en activo, Almaraz I y II, Vandellós II, Ascó I y II, Cofrentes y Trillo y el apagado de Garoña dan como resultado que el coste de desmantelarlos asciende a 20.467 millones«.

Eso sin contar con una partida extra para el reactor I de Vandellós, que tras el incendio ocurrido en 1986, se decidió sellar e iniciar un proceso de desactivación que se mantendrá hasta 2028, año en el que se iniciará su desmantelamiento total.

Pero aún hay más, «habría que añadir la inversión en un Almacén Temporal Centralizado (actualmente paralizado), en los residuos ya generados (estimado en otros 700 millones), y posteriormente en un almacén geológico profundo (AGP) por varios siglos cuya ubicación y proyecto de construcción está aún por definirse», dicen los economistas.

Foro Nuclear señala que existen ATIs para almacenar los residuos ya generados en las centrales de Trillo, Ascó y José Cabrera (en desmantelamiento). Han finalizado la construcción de los de Almaraz y Santa María de Garoña (en predesmantelamiento), y Cofrentes ha comenzado la construcción del suyo en este año. Con datos a 31 de diciembre de 2017, el número de elementos combustibles irradiados almacenados temporalmente en las centrales nucleares españolas era de 15.362, de los que 13.897 se encuentran en piscinas y 1.465 en Almacenes Temporales Individualizados.

Según dicta la ley, la encargada de liderar todos estos procesos es la empresa nacional de residuos radiactivos Enresa, que actualmente cuenta con un presupuesto muy inferior a la cifra resultante que superaría notablemente los 20.000 millones de euros. «El fondo acumulado por la empresa pública a finales de este año es de unos 5.000 millones de euros», advierten, totalmente insuficiente para acometer semejante empresa de tanta envergadura.

Entonces, ¿cómo se va a conseguir acumular todo el dinero necesario para la era post-nuclear española? ¿del bolsillo de los consumidores? ¿de las tasas que pagan los propietarios de las centrales, fabricantes de elementos combustibles o titulares de otras instalaciones nucleares? Los economistas concluyen que efectivamente esa decisión «va más allá del análisis económico y financiero. Necesita del consenso social para decidir qué hacemos con nuestras centrales nucleares. Y desde luego debe ser discutido a fondo en el modelo de transición energética por el que se apueste».

Fuente: elperiodicodelanergia

Sanidad ocultó un escape radioactivo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid

Se produjo una fuga de líquido residual radiactivo hacia el exterior del complejo hospitalario

El Hospital Gregorio Marañón comunicó el pasado 1 de agosto al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una fuga de líquido residual de pacientes que se sometieron a tratamientos con algún tipo de isótopo, según fuentes del centro hospitalario, se trató de una incidencia «menor» en uno de los tres tanques de residuos de una de las estancias de almacenamiento y evacuación de residuos. A nivel del riesgo de trabajadoras y trabajadores del centro asistencial, podríamos estar en presencia de un delito contra la salud pública. Agustín Millán lo analiza en la siguiente información:

El incidente se produjo hace más de un mes, tanto sindicatos y trabajadores no fueron informados y no han sabido de este escape radioactivo hasta que ayer se lo filtraron a un medio de comunicación, lo que podría constituir un delito contra la salud pública de los profesionales.

CCOO Sanidad Madrid ha solicitado una reunión informativa urgente, para que el Hospital Universitario Gregorio Marañón explique la fuga ocurrida en la instalación radioactiva de Radioterapia del centro, que se produjo el pasado 1 de agosto. Una fuga de líquido residual radioactivo hacia el exterior del complejo hospitalario de nivel 1.

El incidente se produjo hace más de un mes, tanto sindicatos y trabajadores no fueron informados y no han sabido de este escape radioactivo hasta que ayer se lo filtraron a un medio de comunicación, lo que, advierte CCOO, podría constituir un delito contra la salud pública de los profesionales.

CCOO Sanidad también ha presentado una denuncia contra el Hospital Universitario La Princesa, por ocultar un brote de gastroenteritis aguda con origen en el comedor de personal y que según consta, afectó a 23 profesionales. Los representantes de los trabajadores no fueron informados ni en el tiempo ni la forma preceptivos. CCOO no tuvo conocimiento de lo ocurrido hasta dos semanas después del primer contagio.

El sindicato ha solicitado una reunión informativa urgente, para que el Hospital Universitario Gregorio Marañón explique lo ocurrido el pasado 1 de agosto. La Consejería de Sanidad ha reconocido que se produjo una fuga de líquido residual radioactivo hacia el exterior del complejo hospitalario.

El silencio y la falta de información en torno a ambos incidentes son actuaciones muy graves, insiste CCOO, ya que revela ocultación sistemática de información que por ley, los responsables de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tienen obligación de poner en conocimiento de los representantes de los trabajadores y de los delegados de Salud Laboral.

Brote Gastroenteritis

Con fecha 2 de septiembre de 2019, CCOO ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que acusa a la Dirección del Hospital Universitario La Princesa de inobservancia de las normas de Prevención y Salud Laboral y de no haber comunicado en tiempo y forma los hechos ocurridos. Desde el punto de vista epidemiológico se considera un brote cuando se detectan más de cuatro afectados y se debe notificar alerta alimentaria si el foco está en la comida. “También existe el deber de informar de ello a los trabajadores cuando el origen está en su centro de trabajo y en el comedor de personal”, denuncian desde el sindicato.

En el informe elaborado por la Dirección General de Salud Pública, con posterioridad al conocimiento de los hechos se ha dado a conocer a los delegados de Salud Laboral. Una serie de incidencias en la cafetería de personal fueron detalladas, lo que revela que la falta de medidas preventivas y la mala organización del trabajo pueden ser los causantes del contagio.

CCOO denuncia también que el Servicio de Prevención del hospital no tomó ninguna medida al respecto, no se informó al resto de trabajadores para extremar precauciones, ni se puso en contacto con los profesionales afectados. No consta que se hayan registrado dichos accidentes (23 profesionales afectados) como laborales aunque hubieran cursado sin baja médica.

Falta de coordinación

En el escrito a la Inspección de Trabajo no se informa del hecho al Comité de Seguridad y Salud. “Los delegados/as se enteran por casualidad al ver un punto del orden del día de una reunión convocada por el hospital por otra circunstancia, la pérdida de fármacos por un valor de 300.000 euros, por un supuesto fallo eléctrico. Incumplieron también el deber de información, consulta y participación ante un hecho que podría ser calificado como grave por el número de personal afectado”, como se indica en la denuncia de CCOO.

Fuente : kaosenlared.net