CSN rebaja el volumen de tierra contaminada con radioactividad a limpiar en Palomares

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares (Cuevas del Almanzora, Almería) que debe ser retirada si bien no ha precisado en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.

Esta modificación se produjo a raíz del pleno de 22 de julio de 2015 del CSN en el que se aprobó un informe relativo a los criterios radiológicos aplicables para la restauración de los terrenos afectados por el accidente que se registró en 1966 tras la colisión en el aire de dos bombarderos estadounidenses y la caída de cuatro bombas termonucleares. En un documento remitido a la Audiencia Nacional, consultado por Europa Press, el regulador atómico admite que el volumen de suelo a retirar en la conocida como área 6 del mapa radiológico de la zona es “menor que el previsto inicialmente” de acuerdo a los cálculos del Ciemat y lo achaca a la toma en consideración “de otros escenarios y vías de exposición” a la radiación.
En concreto, indica que, con el “conocimiento que se tiene actualmente” tanto de la distribución espacial de la contaminación como de los niveles de esta en la zona y das las características orográficas y tipo de suelo, “está justificado reconsiderar” el escenario inicial con “criterios más realistas” al descartar un uso agrícola del suelo y centrarlo solo en el uso residencial.
Así, asegura que, como en esta área 6 sólo hay que tener en cuenta al trabajador que interviene en la construcción de viviendas, el nivel de intervención ha variado de 1 a 4 y el volumen de suelo a retirar también, siendo “menor que el previsto” de manera inicial en 2010. El regulador atómico sostiene, no obstante, que, en el caso de las zonas 2 y 3, no ha variado el escenario, que continúa siendo agrícola-residencial, por lo que tampoco el nivel de intervención 1.
“El volumen de tierra a retirar correspondiente a este nivel coincidiría, por tanto, con el estimado inicialmente por el Ciemat para estas zonas”, remarca. Cabe recordar que en la demanda que dio inicio a este procedimiento para instar a que se ejecute la limpieza de la zona, Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que ahora admite el regulador atómico se ha producido “a instancias” del Department of Energy (DOE) de EEUU.
El colectivo asegura que, para ello, se “han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a”, lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense. “PONER EN RIESGO RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON EEUU” No obstante, el documento aportado al procedimiento y en que se reconoce esa rebaja en la cantidad de tierra a retirar no es copia certificada del informe aprobado por el CSN en 2015, tal y como le requirió la Audiencia Nacional sino un anexo.
El regulador atómico se vuelve a acoger para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a
“todo el proceso relativo a Palomares” desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010. Así, comunica a la sala para justificar su no aportación que el citado informe posee un contenido cuyo conocimiento por
“persona no autorizada puede razonablemente dañar o poner en riesgo intereses políticos, sociales, económicos y comerciales de España y, particularmente, las relaciones diplomáticas con EEUU”.
La Abogacía del Estado ya trasladó a la Audiencia Nacional que los documentos del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la limpieza de los terrenos contaminados con radioactividad en Palomares eran “confidenciales” y que, por tanto, no podían ser aportados al procedimiento contencioso-administrativo impulsado para que se obligue a la ejecución del Plan de Rehabilitación aprobado por el Gobierno en 2010. Por este motivo, el colectivo ecologista presentó un recurso de reposición en el que interesa que se librase oficio para que el regulador atómico remitiese copia completa del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en mayo de 2010, el informe del departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.
Ecologistas en Acción argumentó ante la Audiencia Nacional que el anexo del acta de la reunión del CSN acreditaría que el informe del Departamento de Energía de EEUU habría motivado “la modificación de los criterios radiológicos acordados previamente en el Plan de Rehabilitación de mayo de 2010” y que dichos criterios “rebasan los límites legales para la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes” al contrario de lo que ocurre con el citado plan.
El objetivo, según añadió el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría “únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada”, lo que reduciría de 6.000 a 3.300 mmetros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU. Por su parte, la Abogacía del Estado ha asegurado a lo largo del procedimiento contencioso-administrativo que, en
“ningún momento existe exposición inaceptable para la población” y que el “principio básico de protección está garantizado”.
Ha sostenido, asimismo, que “el nivel de intervención no se ha modificado desde su determinación en 1 mSv/año, valor de dosis máximo que podrían llegar a recibir” los residentes “en la zona de Palomares”, un extremo que este documento aportado ahora desmentiría. “IMPOSIBILIDAD” DE EJECUTAR EL PLAN Y FIJAR UN PLAZO En su contestación a la demanda, la Abogacía del Estado también ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan aprobado en 2010 ya que éste tiene carácter “preliminar” y solo esboza líneas generales sin dar
“pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (Rpsri) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)”.
Ha reconocido, en esta línea, que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio” y ha revelado que “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos” generados.
Martí Scharfhausen junto al exministro Soria

Por último, ha trasladado a la Audiencia Nacional que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, “garantiza que actualmente no se supera la dosis” citada anteriormente para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

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Abogacía del Estado señala la “imposibilidad” de rehabilitar “actualmente” terrenos radioactivos de Palomares

 La Abogacía del Estado ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados con radioactividad en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan aprobado en 2010. Según ha agregado, éste tiene carácter “preliminar” y solo esboza líneas generales sin dar “pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)”.

Sostiene, en esta línea, que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio” y reconoce que “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos” generados.

Así lo expone la Abogacía del Estado en la respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la demanda presentada por Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional para instar a la puesta en marcha del Plan de Rehabilitación de Palomares acordado por el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en mayo de 2010 y obligar a que se fije un plazo para llevar a efecto el tratamiento “de los 50.000 metros cúbicos de tierra previstos”. En el escrito elevado a la AN, señala que, dado su carácter preliminar, el Plan de Rehabilitación definitivo “debería completarse en los ámbitos de impacto radiológico al público, protección radiológica de los trabajadores, gestión de residuos radiactivos y vigilancia radiológica ambiental”.

 

Destaca que “no tiene cabida considerar que cabe fijar un plazo” porque, por un lado, no hay norma que obligue a dicho plazo y, por otro, porque “ejecutar todo lo dicho en un plazo de tres años como dice el demandante es materialmente imposible, tanto por no estar aprobado un plan definitivo como por exigir la determinación y ejecución de multitud de factores”.

“Todo lo expuesto demuestra la imposibilidad de poner en marcha actualmente la rehabilitación de los terrenos de Palomares”, reitera.

La Abogacía del Estado remarca también que, en “ningún momento existe exposición inaceptable para la población” y que el “principio básico de protección está garantizado”, por lo que, según añade, “se ha cumplido toda la normativa aplicable. Además, el nivel de intervención no se ha modificado desde su determinación en 1 mSv/año, valor de dosis máximo que podrían llegar a recibir” los residentes “en la zona de Palomares” frente a lo sostenido por el colectivo conservacionista, que afirma que ha habido un “cambio de criterio radiológico” en la zona afectada por el accidente aéreo de 1966 y que este se refleja en un informe del CSN de 2015.

“El nivel de intervención fijado por el CSN para Palomares se ha mantenido a lo largo del tiempo. No ha habido cambios en el nivel de intervención como sustenta el demandante, aunque lo que sí ha variado en 2015 son los valores de concentración de actividad debido a que en el transcurso del tiempo se han dispuesto de datos y medios para considerar situaciones más realistas, frente a las estimaciones más conservadoras utilizadas inicialmente”,

apunta la Abogacía del Estado para precisar que, en base a las recomendaciones internacionales, el nivel de intervención fijado para este área por el CSN es el “mínimo”.

Al hilo de esto, traslada a la Audiencia que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, “garantiza que actualmente no se supera la dosis” citada anteriormente para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

“IDONEIDAD DE MEDIDAS ADOPTADAS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN”

Alude, así, a los resultados del seguimiento dosimétrico y sanitario de los residentes en la zona desde 1966 y del programa de vigilancia radiológica ambiental para argumentar que “verifican la idoneidad de las medidas adoptadas para la protección de la población” al tiempo que se refiere a los informes del CSN entre 2010 y 2016 que recogen que la concentración de actividad radiológica en alimentos, aguas, sedimentos y organismo indicadores “son inferiores a los niveles de referencia”. “Es decir, en resumidas cuentas el CSN, en el ámbito de sus competencias, llevó a cabo el análisis de la documentación aportada, ciñéndose a los aspectos radiológicos para determinar los niveles de intervención en la zona. El informe tiene un carácter preliminar dado que podría ser necesaria alguna reconsideración en función de la decisión finalmente adoptada para llevar a cabo la restauración pero, en ningún caso, implicó la modificación de los niveles de intervención fijados”, concluye.

Por último, la Abogacía del Estado sostiene que lo que se firmó en 2015 con EEUU fue solo un “memorando de entendimiento (MOU)” que recoge “únicamente una declaración de intenciones entre los dos países”, por lo que, según subraya, “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos”. Matiza que el CSN no es la autoridad competente en este supuesto, en el que su competencia se circunscribe a la emisión de un informe preceptivo, sino que la autoridad competente para la ejecución de las medidas de intervención previstas en el artículo 61 del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI) “es el Gobierno de la Nación”.

DEMANDA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

El recurso contencioso-administrativo se inició a instancias de Ecologistas en Acción después de que Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) denegase la clausura de la instalación nuclear y del área contaminada con radioactividad de Palomares. Cabe recordar que el regulador atómico indicó en febrero de 2017 que no había lugar a la solución provisional propuesta por el colectivo conservacionista, que pasaba por el acopio provisional de la tierra radioactiva a la espera de encontrarle almacenamiento definitivo a los residuos. Según explicó, esta solución “no se correspondería ni con los principios” del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, “ni con los preceptos y actuaciones que se establecen” en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radioactivas.

El regulador atómico argumentó en su respuesta que el de Palomares es un caso de “exposición perdurable”, por lo que sería de aplicación el artículo 58 del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. Éste dispone que, en caso de intervención en este tipo de situaciones, y en función de los riesgos que entrañe la exposición, la autoridad competente, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, deberá delimitar la zona afectada; aplicar un sistema de vigilancia de las exposiciones; realizar las intervenciones oportunas teniendo en cuenta las características de la situación y regular el acceso y el uso de los terrenos o edificios situados dentro de la zona delimitada.

El CSN remarcaba, en esta línea, que los estudios radiológicos y los programas de vigilancia establecidos para la zona de Palomares afectada “son adecuados y eficientes” de acuerdo al informe que realizó en 2010 un equipo de inspectores de la UE y subrayaba que la “solución definitiva al problema” pasa por la ayuda de Estados Unidos a España.

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Investiga el rechazo del CSN a la solución provisional propuesta para los suelos radiactivos

La Audiencia Nacional ha requerido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que le remita el expediente administrativo por el que rechazó la clausura de la instalación nuclear y el área contaminada de Palomares, en Cuevas del Almanzora, así como el almacenamiento “provisional de la tierra contaminada” solicitado por Ecologistas en Acción en enero. El requerimiento se enmarca en el procedimiento contencioso-administrativo que se sigue en este órgano después de que se haya admitido a trámite el recurso que el colectivo conservacionista interpuso contra la resolución de 17 de febrero, según el decreto al que ha tenido acceso Europa Press.

La Audiencia Nacional debe dirimir hora si la decisión del CSN sobre el Reglamento de Protección Sanitaria es conforme a derecho o si, por el contrario, la propuesta de Ecologistas en Acción es viable frente a la opción que mantiene el regulador atómico de esperar a que ejecute el acuerdo entre España y EEUU para dar una “solución definitiva al problema” generado en 1966 tras la caída accidental de cuatro bombas temornucleares en la zona.

El CSN respondió al colectivo que “no ha lugar para la solución provisional” que plantean ya que esta “no se correspondería con los principios” del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, “ni con los preceptos y actuaciones que se establecen” en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radioactivas. Aludía el órgano a que el de Palomares se trataría de un caso de “exposición perdurable”, por lo que sería de aplicación el artículo 58 del primer reglamento.

Intervención
Este dispone que, en caso de intervención en este tipo de situaciones, y en función de los riesgos que entrañe la exposición, la autoridad competente, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, deberá delimitar la zona afectada; aplicar un sistema de vigilancia de las exposiciones; realizar las intervenciones oportunas teniendo en cuenta las características de la situación y regular el acceso y el uso de los terrenos o edificios situados dentro de la zona delimitada.

El CSN remarcaba, en esta línea, que los estudios radiológicos y los programas de vigilancia establecidos para la zona de Palomares afectada “son adecuados y eficientes” de acuerdo al informe que realizó en 2010 un equipo de inspectores de la UE y que la “solución definitiva al problema” pasa por la ayuda de Estados Unidos a España.

“La ayuda de EEUU a España para gestionar los residuos radioactivos generados por las medidas de restauración de los terrenos contaminados se consideran primordiales para aportar una solución definitiva a este problema ya que España no tiene instalaciones para almacenar de forma definitiva estos materiales contaminados por Plutonio”, apuntaba citando el mencionado informe.

El órgano supeditaba, por tanto, la ejecución del Plan de Rehabilitación de zonas afectadas que elaboró el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) al auxilio de EEUU.

Fraga mintiendo a los españoles en Palomares

Fuente:   lavozdealmeria.es

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