El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha aprobado la orden que extiende la autorización de explotación de la central nuclear de Cofrentes. Asimismo, ha establecido su cierre definitivo el 30 de noviembre de 2030.
Según explica MITECO: “La decisión se adopta en línea con el Protocolo que establece el calendario de cese de explotación ordenado de las centrales nucleares en funcionamiento”. Y, además, en línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Asimismo, añade el ministerio, la decisión se ha tomado tras recibir un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear.
La central de Cofrentes
El cierre de la central nuclear, según explicábamos hace un año, estaba previsto para 2021. La central se ha visto envuelta en diferentes polémicas, de las que muchas han tenido relación con los residuos radioactivos. A ese aspecto, también hacíamos referencia.
En 2019, el Gobierno autorizó la construcción de un Almacén Temporal Individualizado, lo que hizo que pensáramos en una ampliación de su funcionamiento, como ha sido finalmente. Para las organizaciones ecologistas, la prórroga de la actividad va a dar una vida útil a la central de 47 años. Es decir, un periodo de vida más largo que el de los componentes de origen que operan en la central.
En 2017, los grupos parlamentarios de los grupos Socialista, Compromís y Podemos, presentaron una Proposición no de Ley en las Cortes Valencianas. Pedían que no se extendiera el periodo de funcionamiento más allá del 2021 y que se procediera a su desmantelamiento.
En ese momento, el Clúster de Energía de la Comunidad Valenciana advertía mediante un comunicado que Cofrentes: “Proporciona más de la tercera parte de la energía eléctrica que se consume en la región”. En consecuencia, añadían, que su cierre iba a tener consecuencias muy negativas para el suministro. Entonces, era imposible llegar a sustituir la energía nuclear por renovable para cubrir las necesidades.
La Comunitat Valenciana sigue avanzando en la instalación de renovables, pero aún requiere tiempo.
Extensión de la explotación
Finalmente, el MITECO ha informado de la prórroga de la explotación de Cofrentes. En un comunicado explica que la decisión está en línea con el Protocolo que establece el calendario de cese de explotación ordenado de las centrales nucleares en funcionamiento. Y según lo recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. En él se contempla el cierre ordenado en el horizonte 2027-2035.
La renovación admitida por el MITECO ha contado con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. Es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.
Ecologistas en Acción recuerda al respecto que la Comisión Europea le ha requerido el examen de los conejos en reiteradas ocasiones desde 2010, la última vez en 2019, tras la inspección realizada en el verano de ese año a los avances realizados para descontaminar el suelo con plutonio en la pedanía cuevana.
Detectan radiación en 72 de 107 muestras de Palomares tras reanudar mediciones de plutonio
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha reanudado la medición de plutonio en el área de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica ambiental de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), con la recogida de un centenar de muestras cuyo análisis ha dado como resultado el hallazgo de emisores alfa, es decir contaminación radiactiva, en 72 de ellas.
Los análisis radioquímicos se retomaron el 1 de septiembre de 2020 tras un requerimiento de la Comisión Europea (CE) y hasta el pasado mes de noviembre, se han recogido y se han tratado 72 filtros de aire para partículas de polvo, 28 muestras de productos alimenticios, en concreto hortalizas cultivadas, y siete bioindicadores de flora y fauna.
El informe preceptivo remitido a finales de diciembre a la CE por el regulador atómico español, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que estos 107 análisis han dado como resultado la identificación de «72 emisores alfa», si bien precisa que solo se ha completado la medición de 25 para «determinar» la concentración de actividad de plutonio en aire, alimentos y bioindicadores.
El CSN reconoció ante los integrantes de la misión de verificación europea que visitó Palomares en junio de 2019 que el laboratorio radioanalítico del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) «no tenía capacidad» para medir el plutonio y que sólo se estaba monitoreando el americio.
Aludió a diferentes motivos, entre ellos, obras de mejora en las instalaciones, pero también a «retrasos en la adquisición de un detector gamma para sustituir a un dispositivo averiado por los recortes presupuestarios» y a la «falta de técnicos de laboratorio por retrasos» en el proceso de contratación.
Al tiempo, el regulador atómico comunicó a los verificadores europeos que su «intención» era reanudar la espectometría alfa para medir el plutonio a lo largo del año 2020.
Posteriomente, y a raíz de esta visita, la CE requirió a España para que, «lo antes posible», diera cumplimiento a esa previsión, recuperase la capacidad de medir este emisor alfa, y le informarse antes de que acabase el pasado año de los avances realizados en este sentido.
No obstante, pese a esta observación, los técnicos europeos remarcaron que el sistema de monitorización de la radiactividad en el aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas en la zona donde cayeron las cuatro bombas termonucleares tras la colisión en el aire de dos aviones de EEUU en 1966 se ajusta al Tratado Euratom, es «adecuado» y funciona «de manera eficiente».
MUESTRAS EN CONEJOS
En su informe a Bruselas de diciembre, el CSN comunica, asimismo, que, siguiendo una recomendación de la CE que se remonta a 2010, ha previsto la «recogida y análisis anual» de muestras de carne de conejo recogidas en los entornos de la denominada zona 6, un área de 20 hectáreas que se extiende por la Sierra Almagrera, y la zona 2, donde cayó una de las dos bombas que detonó al impactar contra el suelo.
Hasta ahora, el regulador atómico había argumentado que tenía «dificultades para obtener las muestras» ante las recomendaciones realizadas desde Europa para que se ampliase el programa de vigilancia radiológica y se incluyese la carne de conejo con el objetivo de «mejorar la estimación de exposición a las radiaciones»,
La posición ha cambiado por lo que traslada que, en los últimos meses de 2020, se han obtenido muestras, «congeladas» en Palomares a la espera de su transporte a los laboratorios del Ciemat en Madrid para su procesamiento.
Detalla, asimismo, que para llevar a cabo este trabajo ha solicitado el «obligatorio permiso de caza» a la Junta de Andalucía y que se ha contactado con un cazador local «con arma y licencia» reglamentaria, que ha colaborado de forma «voluntaria y altruista».
ESPAÑA DEBERÁ INFORMAR ANTES DE FINALES DE 2021 SOBRE EL PLAN PARA LIMPIAR LA RADIACTIVIDAD
El próximo plazo a cumplir por España en relación a Palomares expira a finales de 2021 cuando deberá informar a la Comisión Europea de los «progresos» alcanzados respecto al plan de limpieza «definitivo» de las 40 hectáreas contaminadas por el que se debe «eliminar» el suelo contaminado para su «deposito de forma segura» en un almacenamiento «a largo plazo».
La CE recomendó hace una década que se llevase a cabo en Palomares el Plan de Rehabilitación y la limpieza de la tierra «para evitar cualquier inaceptable riesgo radiológico» en especial en las zonas 2,3 y 6 «teniendo en cuenta la muy larga vida media» de los «contaminantes» allí presentes.
Recogía que, dentro de las áreas contaminadas y según el informe realizado entonces, en algunos lugares se registraba «una exposición para miembros del público de más de 1 mSv por año, superior en ciertas zonas a 5 mSv por año».
La misión de verificación que visitó Palomares en junio de 2019 comunicó en su informe que no se ha descontaminado «ninguna» de las áreas afectadas y aludía a que las autoridades españolas tenían «toda actividad paralizada» respecto a esta situación a la espera de un «acuerdo vinculante» con EEUU.
España sostiene que para «la solución final» al «problema» del área bajo vigilancia radiológica es «primordial» el acuerdo con EEUU ya que «no tiene instalaciones para el almacenamiento final de los desechos radiactivos generados por la limpieza».
A raíz de esto, la comisión solicitó a las autoridades españolas que informasen sobre los avances en el plan de rehabilitación «final» de las áreas contaminadas con plutonio en Palomares antes del finales de 2021 y avisó de que, de acuerdo a lo que se informe, podría considera la «necesidad» de una nueva misión de verificación para medir el grado de cumplimiento de esta recomendación.
Palomares o cómo no creer a un régimen dictatorial
Entre los legajos norteamericanos cuya desclasificación obtuvo el investigador, Moreno se topó con el acuerdo suscrito bajo el mandato de José María Aznar en 1997 que no fue hecho público y del que la prensa española “no escribió ni una sola línea“, aunque concuerda con la política española en este asunto que caracteriza como de “transparencia nula” .
La central nuclear de Trillo (Guadalajara) ha notificado esta madrugada al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un segundo incidente, en este caso un incendio en el transformador principal con una duración de más de diez minutos que se registraba cuando la instalación ya estaba en parada para la reparación de una válvula del sistema de refrigeración.
La hora de inicio de prealerta de este segundo suceso se sitúa en aproximadamente las 2.30 de la madrugada y la de finalización sobre las 3.45, hecho que se producía cuando la misma estaba en parada fría. En ningún momento ha habido riesgo ni para las personas ni para el medio ambiente, según han confirmado a Europa Press fuentes de la instalación.
En suceso está en estudio y pendiente de clasificación en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).
En menos de doce horas han sido notificados dos sucesos en la central nuclear de Trillo, una planta que acumulaba ya trece años consecutivos sin paradas no programadas. Este martes, la central notificaba al CSN la parada no programada de la planta para la reparación de la válvula de cierre rápido del lazo 30 del sistema de refrigeración de componentes nucleares.
Hace dos semanas se presentó en el comité de información de la planta nuclear que en 2019 se llevaron a cabo 19 inspecciones, 17 del Plan Básico de Inspección, una de seguridad física y otra suplementaria de grado 1, sin que de ninguna de ellas derivara en apercibimientos o propuestas de sanción al titular.
Asimismo, señaló que desde el CSN no se apercibió ni se realizó ninguna propuesta de expediente sancionador al titular de la instalación y que durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 ha confirmado que los controles han continuado.
En la mañana del 17 de enero de 1966 se produjo sobre Palomares (pedanía del municipio de Cuevas del Almanzora en la provincia de Almería), la colisión accidental de dos aeronaves (bombardero B-52 y avión nodriza KC-135) pertenecientes a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos durante una operación rutinaria de repostaje en vuelo.
Los cuatro tripulantes del avión-nodriza y tres del bombardero perecieron en la explosión y sobrevivieron cuatro oficiales del bombardero. Ambas aeronaves quedaron completamente destruidas y sus restos de distintos tamaños se extendieron sobre cientos de hectáreas en el litoral y el mar de la zona, entre ellos cuatro ingenios termonucleares que se transportaban en el bombardero.
Dos de ellos cayeron sobre el cauce del río Almanzora (bomba nº 1, denominación que atiende al orden en que se localizaron las bombas) y el mar Mediterráneo (nº 4), a 9 km de la costa, sin daños apreciables ni consecuencias radiológicas, por la acción de sus paracaídas.
La bomba nº 2 impactó a gran velocidad (sus paracaídas se quemaron en la explosión) contra el suelo de un valle situado al oeste de Palomares, causando la detonación del explosivo convencional que volatilizó el Plutonio contenido en la bomba y se incendió, dispersándose en el aire y contaminando amplias extensiones de terreno incluso a cierta distancia del punto de impacto.
La bomba nº 3 impactó con menos violencia contra el suelo de una parcela muy próxima al casco urbano de Palomares y sólo detonó parte del explosivo convencional, produciéndose la fragmentación de la bomba y volatilización sin incendio de una fracción del Plutonio que contenía, lo que causó su dispersión en un área más limitada.
Seguidamente se iniciaron los trabajos de remedio sobre los materiales más contaminados (fundamentalmente suelo superficial y cosechas), empleándose más de 740 personas, de las cuales 600 fueron de las Fuerzas Aéreas Americanas, casi 100 vehículos y más de 20 máquinas pesadas. Los criterios para decidir qué material estaba contaminado fueron acordados con los técnicos de la Junta de Energía Nuclear (JEN) (actual CIEMAT) y como resultado, un volumen aproximado de 1.000 m3 de residuos radiactivos contenidos en 4.829 bidones fueron transportados por mar a Estados Unidos, donde quedaron depositados definitivamente en Savannah River Facility, en Aiken (Carolina del Sur, EEUU) el 8 de abril de 1966.
Pero en el suelo de Palomares quedaban más de 9 kilos de plutonio esparcidos en torno a los lugares donde cayeron las bombas.
Pero no fue hasta 2010 cuando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elaboró una propuesta preliminar del Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) basada en la caracterización radiológica tridimensional. Tenía un plazo de ejecución de las operaciones de rehabilitación de tres años. Han pasado 10 desde entonces, incluso con una modificación de la superficie en 2015, en un proyecto que quedaría en un cajón debido a sus carencias burocráticas, en él, la limpieza se reducía de 50.000 metros cúbicos a tan solo 28.000.
Pero hace escasos días, y tras petición de la Audiencia Nacional, el CSN tuvo que hacer público el plan completo al que ha tenido acceso Diario de Almería. En él se establecen todos los pasos de limpieza, y se agrega cuantía económica, esta se establece en torno a los 27 millones de euros, eso sí, sin contar su transporte transfronterizo, almacenamientos transitorios, si los hubiere y almacenamiento final. De acuerdo con las prioridades de actuación, los trabajos comienzan con la delimitación del área donde se va a efectuar la extracción de las tierras.
Presupuesto del Plan de Rehabilitación de 2020. / CSN
Los materiales extraídos en las zonas 2, 2-bis y 3 se transportarán hasta la planta de tratamiento en húmedo que se instalará en la zona 2, en tanto que los materiales extraídos en la zona 6 se tratarán en seco en la planta que se instale en esta zona. En la salida de cada uno de los productos separados de acuerdo con su tamaño de grano se dispondrá un sistema de medida de radiaciones que permita determinar con suficiente fiabilidad la concentración de actividad de 241Am en el material, actuando sobre un sistema de segregación que separará las tierras convencionales de las tierras contaminadas con niveles superiores al criterio de restricción parcial de uso establecidos por el CSN.
Las tierras tratadas con concentraciones de actividad de 241Am > 1 Bq/g se considerarán tierras afectadas y el sistema de segregación los depositará en contenedores de 1 m3 de capacidad adecuados para su transporte.
Una vez completada su capacidad de carga, cada contenedor se cerrará. La actividad total en cada contenedor se determinará a partir de los datos registrados en el sistema de medida en continuo y servirá para documentar su contenido. Seguidamente, los contenedores completos con tierras tratadas de las zonas 2, 2-bis y 3 se trasladarán a un almacén temporal construido en la zona 2 donde se clasificarán por su procedencia y actividad contenida. Los contenedores que contengan tierras afectadas de la zona 6 se gestionarán directamente desde la misma sin pasar por el almacén de la zona 2.
Los contenedores que contengan mayor actividad y en particular todos los que contengan una concentración de actividad de 241Am > 5 Bq/g, serán considerados como residuos radiactivos y serán expedidos en transporte ADR en un plazo no superior a dos semanas desde su ubicación en el almacén temporal de la zona 2 o en la zona 6.
Al finalizar la intervención se efectuará un control radiológico final con objeto de verificar la consecución de los objetivos y establecer, si fuera el caso, los condicionados de uso de los terrenos bajo un escenario recreativo.
La extracción de las tierras se realizará con excavadoras de palas pequeñas, del orden de 1 m3 de capacidad, que permitirán ajustar los volúmenes excavados a los previstos. La maquinaria para el transporte desde la zona de extracción hasta la instalación de tratamiento deberá estar provista de volquetes cubiertos, de 10 m3 para facilitar su maniobra.
Aparte de estos medios mecánicos también se prevé la extracción con medios basados en la aspiración del suelo en las parcelas de difícil acceso que hayan permanecido inalteradas desde 1966 donde la contaminación se presenta en los primeros cm de suelo
El material extraído se transportará hasta la zona de carga de las plantas de tratamiento donde se procesará inmediatamente. Una vez extraído todo el material previsto en el área, se procederá a una inspección radiológica de los terrenos superficiales (suelo y paredes laterales) que certifique que se ha alcanzado el objetivo de la intervención. Si no es así, se indicarán las partes por donde debe proseguirse la excavación hasta lograrlo. La maquinaria no debe salir de la zona de intervención hasta finalizar los trabajos en la misma.
La segregación de las tierras procesadas se efectuará con ayuda de equipos de medida de la concentración de actividad de 241Am que funcionarán en continuo durante los procesos de producción y sin comprometer sus rendimientos.
Una vez lleno cada contenedor con tierras afectadas, se cerrará de modo que se evite la dispersión de su contenido, se anotarán sus datos de documentación (en particular la concentración de actividad contenida), y se trasladarán al almacén temporal de contenedores llenos de la Zona 2. Los contenedores llenos de tierras afectadas en la Zona 6 se trasladarán mediante transporte ADR al almacén temporal de la Zona 2.
La carga de los contenedores de residuos radiactivos en los camiones se efectuará desde el muelle construido a tal efecto en la zona 2 con ayuda de palés y toros mecánicos. Los camiones deberán tener una capacidad mínima de 15 m3 que le permita alojar entre 10 y 12 contenedores. Considerando de nuevo que se espera producir diariamente entre 20 y 40 contenedores de residuos radiactivos, se estima que se precisarán entre 20 y 30 transportes pesados ADR cada semana.
Una vez concluida la extracción de las tierras en un área de actuación, verificados que los niveles de contaminación remanentes en todas las superficies producidas están por debajo de los criterios establecidos yrecogidas las muestras de suelo para acreditar el estado en que se deja esa actuación en particular, se autorizará el relleno de la zanja preferentemente con los residuos convencionales generados en el tratamiento de tierras de la misma parcela y que se habrán depositado en el parque limpio de la zona 2.En el caso que los datos obtenidos de las medidas no puedan asegurar el límite de dosis para los miembros de público, se contemplará la posibilidad de nuevas actuaciones sobre el terreno, y se establecerán restricciones de uso o controles administrativos necesarios en esas zonas para garantizar el cumplimiento de los límites de dosis a miembros de público. Una vez finalizada la intervención en cada una de las zonas se realizará un control radiológico final que se basará en las medidas efectuadas en las excavaciones practicadas para verificar los niveles radiológicos que se dejan y en el análisis de las muestras de tierras recogidas en esta verificación.
Tres riesgos de radiación al que deberán hacer frente los ‘limpiadores’ del terreno
Durante el desarrollo de las actividades previstas en el PRP existirán diversos riesgos radiológicos: Contaminación interna, debido a la resuspensión de partículas en el aire; contaminación superficial, debido al depósito de partículas en la piel de las personas; Irradiación externa, debido a la tasa de dosis producida por la actividad en la superficie de los terrenos. El riesgo de contaminación interna es con diferencia el más importante y se reducirá en lo posible mediante la adecuada planificación y ejecución de las tareas de modo que se evite la producción de polvo, controlando continuamente la concentración de actividad en aire y, en caso necesario, dotando a los trabajadores expuestos de la protección respiratoria que sea adecuada. Se evitará la dispersión de la contaminación fuera de las áreas de trabajo, para lo cual se dispondrá si es preciso de recintos cerrados que impidan la salida de la contaminación.
El riesgo de contaminación externa se controlará en los accesos a las zonas de trabajo mediante monitores adecuados y estableciendo protocolos de limpieza superficial que aseguren que las personas, ropas y enseres no presenten contaminaciones superficiales superiores a los niveles establecidos. El riesgo de irradiación externa es muy bajo incluso en las áreas con mayor contaminación superficial. No obstante, será controlado continuamente durante las operaciones mediante monitores de radiación y mensualmente mediante dosímetros personales oficiales.
Las exposiciones eventualmente recibidas por los trabajadores expuestos serán controladas mediante controles de dosimetría externa e interna efectuados por laboratorios de dosimetría debidamente acreditados ante el CSN.
El Gobierno reconoce que planea ampliar el almacén de residuos radioactivos para que acoja los restos del desmantelamiento de las centrales nucleares de España
La historia del almacén de residuos radioactivos de El Cabril (el eufemismo usado por el Gobierno para no llamarlo directamente cementerio nuclear, como popularmente se le conoció) está llena de secretos. Todo lo que pasa en la Sierra Albarrana desde los años cuarenta ha sido contado en susurros y a cuentagotas. Incluso en plena democracia tuvieron que ser un valiente periodista y un aguerrido fotógrafo, Sebastián Cuevas y José Manuel De la Fuente, los que disfrazados descubrieran, con el cadáver de Franco recién enterrado, que la antigua Mina Beta de la Sierra Albarrana era un “cementerio atómico”. Este almacén nuclear llevaba décadas funcionando de una manera bastante artesanal: a Hornachuelos llegaban barriles con basura nuclear que unos operarios bajaban al corazón de una antigua mina.
Han pasado 42 años justos desde que Sebastián Cuevas y José Manuel de la Fuente se la jugaran por arroyos, veredas, fincas de caza y caminos rurales del corazón de la sierra de Hornachuelos para publicar aquel icónico reportaje titulado Andalucía, vertedero atómico, en la revista Tierras del Sur. Muchos vecinos de Hornachuelos y del entonces próspero Valle del Guadiato leyeron así lo que escuchaban en las tabernas y le contaba algún familiar que trabajaba en la zona: que a la Sierra Albarrana estaba llegando la basura nuclear procedente de toda España. 42 años después, los vecinos se han enterado también por la prensa de una decisión que ya está tomada. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, respondió en el Senado a la parlamentaria Pilar González que el Gobierno va a ampliar El Cabril para trasladar allí todos los residuos de muy baja, baja y media actividad procedentes del desmantelamiento de todas las centrales nucleares de España.
La historia de El Cabril arranca en 1947. En cada visita que la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) organiza para la prensa en la Sierra Albarrana se repite el origen de la que hoy es la única solución al enorme problema que tiene España con la decisión tomada para desmantelar todas sus centrales nucleares: qué hacer con la basura generada. En 1947 el ingeniero Antonio Carbonell descubrió que en El Cabril había uranio. Eran los años cuarenta. Apenas dos años antes Estados Unidos había lanzado dos bombas atómicas en Japón que habían puesto punto y final a la Segunda Guerra Mundial. España entraba también en la carrera atómica. Se buscaba no solo la bomba (algo que nunca consiguió el régimen de Franco) sino el acceso a una fuente de energía que se sostenía barata.
En 1947, la Junta de Energía Nuclear (JEN) creada por el régimen franquista deslindó la zona. Y se comenzó a excavar lo que se llamó Mina Beta. Pronto se abandonó la extracción de uranio. El terreno era demasiado duro y los costes se disparaban. Entonces, el gobierno franquista se topó con un problema que ya estaba ocurriendo en el resto del mundo: qué hacer con los residuos nucleares que se generaban en las centrales. ¿La solución? Como en Europa, aprovechar minas abandonadas en zonas alejadas de la población y con escaso riesgo sísmico. En 1961 llegaron los primeros bidones al corazón de esta mina abandonada. Durante 20 años, hasta bien entrada la democracia, los bidones siguieron entrando a la zona.
El reportaje que cambió la historia de El Cabril
Hoy la Mina Beta está sellada y en su interior esconde los secretos de aquellos oscuros años. Pero a causa de esta decisión, y a que el suelo era ya propiedad de la JEN, el Gobierno decidió que el lugar para guardar los residuos radiactivos del país estaba al norte de la provincia de Córdoba, en un paraje supuestamente muy alejado de cualquier población pero con un altísimo valor medioambiental. Así nació El Cabril y así se fundó Enresa.
El reportaje de Sebastián Cuevas y de José Manuel De la Fuente provocó una enorme indignación ciudadana. Surgió una plataforma que rechazaba que Córdoba fuese un cementerio nuclear que en 1986, con el accidente de Chernóbil, regresó con muchísima fuerza.
En los años ochenta, el Gobierno reaccionó. La decisión estaba tomada. El Cabril iba a ser, sí o sí, el lugar elegido para depositar los residuos generados en España. Pero no los altamente radioactivos. Entonces no había ninguna central nuclear próxima al final de su vida y no se planeó qué hacer con esos enormes depósitos de combustible gastados. A El Cabril solo llegaba la basura radiactiva de los hospitales, de los laboratorios y también de episodios de contaminación radioactiva en España.
El 30 de mayo de 1998 hubo un grave incidente radioactivo en España. La planta de chatarra de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) tuvo un fallo. A derretir el material, el cesio-137 ardió y causó una nube radiactiva que fue detectada en Europa, pero no en Algeciras. La nube era 1.000 veces más potente de lo normal. Las cenizas radiactivas de aquel accidente están en El Cabril.
El debate sobre qué hacer con una central nuclear una vez desmantelada no se abrió hasta el Gobierno de Zapatero. La llegada de las cenizas de Acerinox empezaba a dar pistas. Europa ordenó una directiva de obligado cumplimiento a todos sus países para almacenar de manera segura y adecuada sus residuos nucleares. El objetivo era crear un único punto, llamado Almacén Temporal Centralizado (ATC), al que llevar los grandes residuos radioactivos de las centrales nucleares. Sería, su nombre lo indica, temporal, antes de construir una gran infraestructura para almacenar ya de manera definitiva una basura que en algunos casos puede seguir siendo radioactiva dentro de miles de años.
El desmantelamiento de las nucleares
El Consejo de Ministros designó, el 30 de diciembre de 2011, el municipio conquense de Villar de Cañas como sede del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su Centro Tecnológico Asociado. Hubo debate en el norte de Córdoba. Incluso se llegaron a tomar muestras del suelo de Los Pedroches, ya que los ingenieros consideran que el granito es perfecto para una instalación de este tipo, pero la contestación ciudadana y política descartó cualquier posibilidad de que el ATC acabase también en Córdoba.
Pero informes posteriores durante el Gobierno de Mariano Rajoy desaconsejaron usar el suelo de Villar de Cañas por los riesgos que suponía para un almacén de este tipo. Y eso en un momento en el que la decisión estaba tomada, con las primeras nucleares llegando al final de su vida útil y empezando a ser desmontadas. ¿Qué hacer entonces con los residuos nucleares?
Y es aquí donde de nuevo los vecinos de la zona se han vuelto a enterar por la prensa, después de meses de intensos rumores. El sexto Plan Nacional de Residuos Nucleares está a punto de cumplir y el séptimo está en borrador. El documento aún no es público, pero por lo que el Gobierno ha ido contando El Cabril va a volver a tener un papel fundamental.
De momento, Enresa ya trabaja en un gran proyecto para duplicar el número de celdas de almacenamiento de El Cabril con el objetivo de sepultar en ellas todos los residuos de hasta media actividad que se generan en el proceso de desmantelamiento de una central nuclear. Y eso, salvo el núcleo de la propia central, son muchísimos residuos: desde el escombro, hasta las arenas de alrededor, pasando por los trajes de protección que han usado los trabajadores o incluso su propio material.
A día de hoy, El Cabril tiene ya 22 de sus celdas llenas de residuos, en un espacio de 50.000 metros cuadrados. Aún tiene espacio en seis más. Además, tiene previsto construir otras cuatro celdas, la 29, la 30, la 31 y la 32, que ocuparían 130.000 metros cuadrados. Enresa prevé que con estas cuatro celdas haya espacio suficiente para acoger los residuos de los próximos años. Pero seguirá haciendo falta sitio para todo lo que generará el desmantelamiento total de las centrales nucleares españolas.
Por ello se trabaja en un proyecto en dos fases. En la primera, y con el horizonte puesto en 2028, se construirían 12 celdas más. La segunda fase, sin fecha, prevé otras 17. En total, serían otros 25 recipientes especiales en los que poder sepultar los residuos de media, baja y muy baja intensidad procedentes de todas las centrales nucleares españolas.
¿Y qué pasa mientras con los residuos de muy alta actividad? Hasta que no se construya un almacén central, todos se tienen que quedar en las centrales nucleares. El Gobierno sopesa construir tres almacenes de este tipo en toda España, y no uno, como recomienda Europa. En principio, El Cabril no está en sus planes. Pero ese es un plan que siempre ha estado encima de la mesa. ¿Llevar la basura radiactiva a varios puntos de España o aprovechar que ya existe un cementerio nuclear al norte de Córdoba para depositarla?
El Cabril está en el término municipal de Hornachuelos (uno de los más grandes de España) pero mucho más cerca de los pueblos del Valle del Guadiato. De hecho, para acceder hay que pasar por el Guadiato. Desde Hornachuelos es casi imposible hacerlo, si se quiere sobrevivir a una carretera con mareo asegurado. En el Guadiato siempre se ha denunciado, especialmente desde IU (formación que hoy está en el Gobierno de España), que su crisis industrial y su despoblación es una estrategia para convertir a El Cabril en el gran cementerio nuclear del sur de Europa.
Como siempre, los vecinos son los últimos en enterarse. El Ayuntamiento de Hornachuelos ha denunciado públicamente que está en contra del plan del Gobierno, que prevé declarar la ampliación de El Cabril de interés público y que evita, de esta forma, que sea el propio Consistorio el que dé la licencia de obras y actividad.
Además, los partidos de izquierdas en la provincia de Córdoba, históricamente muy combativos contra todo lo que supone El Cabril, miran con recele lo que están haciendo en Madrid sus compañeros de partido. Adelante Andalucía ya ha dicho que hará todo lo posible por “minimizar” la ampliación de El Cabril.
Mientras, el gran temor de los vecinos de la zona pasa por el transporte. La llegada de residuos nucleares a El Cabril no es fácil. El acceso desde Hornachuelos es una sinuosa carretera que nace desde el mismo pueblo y que atraviesa Sierra Morena. Desde el Norte, la carretera de Alanís de la Sierra (Sevilla) es, incluso, más sinuosa. El acceso natural es desde Fuente Obejuna. Los camiones cargados de residuos pasan por el mismo municipio y atraviesan varias de sus aldeas.
Por eso, la ampliación de El Cabril empieza a inquietar a los habitantes de estas zonas, pero también a agricultores, ganaderos y ecologistas. En 2019 Enresa informó de un incidente leve. Se había detectado una filtración de agua desde una de las celdas selladas. Los ecologistas siempre han hablado del gran riesgo que supone una instalación de este tipo en el corazón de Sierra Morena, en una zona que es fuente de arroyos, veneros y aguas subterráneas vital para el consumo humano y el regadío de miles de vecinos del Valle del Guadalquivir.
La Abogacía del Estado ha admitido la «imposibilidad» tanto de poner en marcha «actualmente» la rehabilitación de los terrenos contaminados con radioactividad en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), como de «fijar un plazo» para la ejecución del plan aprobado en 2010. Según ha agregado, éste tiene carácter «preliminar» y solo esboza líneas generales sin dar «pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)».
Sostiene, en esta línea, que la «ayuda» de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de «importancia primordial para dar solución definitiva a este problema», ya que España «no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio» y reconoce que «no existe acuerdo para la gestión final de los residuos» generados.
Así lo expone la Abogacía del Estado en la respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la demanda presentada por Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional para instar a la puesta en marcha del Plan de Rehabilitación de Palomares acordado por el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en mayo de 2010 y obligar a que se fije un plazo para llevar a efecto el tratamiento «de los 50.000 metros cúbicos de tierra previstos». En el escrito elevado a la AN, señala que, dado su carácter preliminar, el Plan de Rehabilitación definitivo «debería completarse en los ámbitos de impacto radiológico al público, protección radiológica de los trabajadores, gestión de residuos radiactivos y vigilancia radiológica ambiental».
Destaca que «no tiene cabida considerar que cabe fijar un plazo» porque, por un lado, no hay norma que obligue a dicho plazo y, por otro, porque «ejecutar todo lo dicho en un plazo de tres años como dice el demandante es materialmente imposible, tanto por no estar aprobado un plan definitivo como por exigir la determinación y ejecución de multitud de factores».
«Todo lo expuesto demuestra la imposibilidad de poner en marcha actualmente la rehabilitación de los terrenos de Palomares», reitera.
La Abogacía del Estado remarca también que, en «ningún momento existe exposición inaceptable para la población» y que el «principio básico de protección está garantizado», por lo que, según añade, «se ha cumplido toda la normativa aplicable. Además, el nivel de intervención no se ha modificado desde su determinación en 1 mSv/año, valor de dosis máximo que podrían llegar a recibir» los residentes «en la zona de Palomares» frente a lo sostenido por el colectivo conservacionista, que afirma que ha habido un «cambio de criterio radiológico» en la zona afectada por el accidente aéreo de 1966 y que este se refleja en un informe del CSN de 2015.
«El nivel de intervención fijado por el CSN para Palomares se ha mantenido a lo largo del tiempo. No ha habido cambios en el nivel de intervención como sustenta el demandante, aunque lo que sí ha variado en 2015 son los valores de concentración de actividad debido a que en el transcurso del tiempo se han dispuesto de datos y medios para considerar situaciones más realistas, frente a las estimaciones más conservadoras utilizadas inicialmente»,
apunta la Abogacía del Estado para precisar que, en base a las recomendaciones internacionales, el nivel de intervención fijado para este área por el CSN es el «mínimo».
Al hilo de esto, traslada a la Audiencia que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, «garantiza que actualmente no se supera la dosis» citada anteriormente para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado «tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo».
«IDONEIDAD DE MEDIDAS ADOPTADAS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN»
Alude, así, a los resultados del seguimiento dosimétrico y sanitario de los residentes en la zona desde 1966 y del programa de vigilancia radiológica ambiental para argumentar que «verifican la idoneidad de las medidas adoptadas para la protección de la población» al tiempo que se refiere a los informes del CSN entre 2010 y 2016 que recogen que la concentración de actividad radiológica en alimentos, aguas, sedimentos y organismo indicadores «son inferiores a los niveles de referencia». «Es decir, en resumidas cuentas el CSN, en el ámbito de sus competencias, llevó a cabo el análisis de la documentación aportada, ciñéndose a los aspectos radiológicos para determinar los niveles de intervención en la zona. El informe tiene un carácter preliminar dado que podría ser necesaria alguna reconsideración en función de la decisión finalmente adoptada para llevar a cabo la restauración pero, en ningún caso, implicó la modificación de los niveles de intervención fijados», concluye.
Por último, la Abogacía del Estado sostiene que lo que se firmó en 2015 con EEUU fue solo un «memorando de entendimiento (MOU)» que recoge «únicamente una declaración de intenciones entre los dos países», por lo que, según subraya, «no existe acuerdo para la gestión final de los residuos». Matiza que el CSN no es la autoridad competente en este supuesto, en el que su competencia se circunscribe a la emisión de un informe preceptivo, sino que la autoridad competente para la ejecución de las medidas de intervención previstas en el artículo 61 del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI) «es el Gobierno de la Nación».
DEMANDA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
El recurso contencioso-administrativo se inició a instancias de Ecologistas en Acción después de que Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) denegase la clausura de la instalación nuclear y del área contaminada con radioactividad de Palomares. Cabe recordar que el regulador atómico indicó en febrero de 2017 que no había lugar a la solución provisional propuesta por el colectivo conservacionista, que pasaba por el acopio provisional de la tierra radioactiva a la espera de encontrarle almacenamiento definitivo a los residuos. Según explicó, esta solución «no se correspondería ni con los principios» del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, «ni con los preceptos y actuaciones que se establecen» en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares Radioactivas.
El regulador atómico argumentó en su respuesta que el de Palomares es un caso de «exposición perdurable», por lo que sería de aplicación el artículo 58 del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. Éste dispone que, en caso de intervención en este tipo de situaciones, y en función de los riesgos que entrañe la exposición, la autoridad competente, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, deberá delimitar la zona afectada; aplicar un sistema de vigilancia de las exposiciones; realizar las intervenciones oportunas teniendo en cuenta las características de la situación y regular el acceso y el uso de los terrenos o edificios situados dentro de la zona delimitada.
El CSN remarcaba, en esta línea, que los estudios radiológicos y los programas de vigilancia establecidos para la zona de Palomares afectada «son adecuados y eficientes» de acuerdo al informe que realizó en 2010 un equipo de inspectores de la UE y subrayaba que la «solución definitiva al problema» pasa por la ayuda de Estados Unidos a España.
La Orden Ministerial que fija las retribuciones a las renovables para los próximos tres años acaba de ver la luz tras recibir la pasada semana el visto bueno de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. La medida, tomada contra el criterio de la CNMC, supondrá un recorte de 600 millones en tres años para el sector.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha conseguido imponer su criterio a la hora de establecer las retribuciones a las renovables para los próximos tres años, lo que abrirá la caja de los truenos dentro del sector. La Orden Ministerial publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) contemplará una rebaja para estas retribuciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calculó en unos 600 millones de euros durante todo el periodo. Fue en uno de los tres informes en los que el organismo supervisor se mostró en contra del criterio del Ministerio para establecer el precio de referencia para calcular las cantidades a destinar a los inversores para alcanzar la rentabilidad razonable.
Sin embargo, Nadal ha obviado la frontal oposición de la CNMC. Después de numerosos tiras y aflojas y remisiones de propuestas al organismo, el ministro logró la pasada semana la aprobación de la Orden definitiva por parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. El contenido de la norma es básicamente el defendido desde el principio por Nadal, con la célebre fijación como precio de referencia de 2020 en adelante de 52 euros por megawatio/hora, que es el que propicia el recorte mencionado.
Esta cifra se emplea para calcular las estimaciones de ingresos de las instalaciones para el resto de su vida útil. A partir de ellas, el Gobierno debe otorgar una retribución para que los inversores alcancen una rentabilidad razonable. De este modo, cuanto más elevadas sean las estimaciones de ingresos por la venta de energía generada por renovables, más baja deberán ser las retribuciones públicas para lograr esta rentabilidad razonable.
Sin embargo, la CNMC se opuso enérgicamente desde el principio al contenido de la Orden Ministerial, especialmente en lo referido al precio. Porque la cifra, en realidad, correspondía a 2020 y los años siguientes (y no al trienio 2017-2019) pero el Ministerio decidió mantenerla como constante. Una hipótesis para la que, de acuerdo con el informe de la CNMC sobre la propuesta por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017, «no se proporcionaba metodología».
Un cálculo a favor del Gobierno
El problema está en que la cifra no se corresponde con la que reflejan los mercados de futuros de la energía, entre 42,60 y 43,90 por megawatio/hora para los años 2017, 2018 y 2019. Una referencia que no fue tenida en cuenta por el Ministerio de Energía, frente a cuyo criterio se sitúa la CNMC.
El regulador considera que la Ley del Sector Energético no obliga al departamento que dirige Álvaro Nadal mantener para este periodo regulatorio «una cifra que no se justifica ahora». Contrariamente a lo que sucedía cuando se aprobó la Ley, el mercado de futuros recoge los precios a más de tres años, con lo que es posible incluso tener la referencia de 2020 en adelante. Y no es precisamente de 52 euros.
En concreto, para los años 2020 y 2021, el mercado de futuros de la electricidad contempla unos precios de 42,62 euros por megawatio/hora.
El sector prepara recursos
Cabe tener en cuenta que el cálculo incluido en la Orden Ministerial, concretamente en su Anexo V, afecta a los inversores en renovables desde este mismo año y no sólo a partir del ejercicio 2020. Aunque para los años 2017, 2018 y 2019 los precios de referencia son inferiores, la prima se calcula en relación con la vida útil de las instalaciones, con lo que la diferencia entre el precio fijado para 2020 en adelante y el contemplado para los citados próximos tres años será lo que dejen de percibir.
Si el Ministerio de Energía hubiera tenido en cuenta estos precios, sus retribuciones a las renovables deberían ser de 600 millones más que los que pagará desde que salga publicada la Orden. Con una retribución 10 euros por megawatio/hora inferior a lo que marca el mercado, los inversores tendrán prácticamente imposible alcanzar la rentabilidad razonable.
La batalla con el sector de las renovables está servida. Empresas y asociaciones del sector esperan ya la publicación de la Orden Ministerial para empezar a promover sus recursos contra la resolución, que no necesita pasar por el consejo de ministros y únicamente está a la espera de las correspondientes firmas y publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Tras 5 años el PP sigue con las cantinelas para llenar los titulares del ABC, La Razón o 13 TV, como si estuviera en campaña electoral. Por supuesto Nadal echa la culpa a los incentivos a las Rrenovables «olvidando» taimadamente los demás costes que se incluyen en la factura del pequeños consumidor, algunos de los cuales son:
Incentivos a la extracción y consumo del carbón nacional. (leer)
Deficit de tarifa provocado en su mayoria por Aznar pero tambien por Rajoy-Soria.(leer)
Un nuevo informe desvela que cinco entidades financieras han invertido alrededor de 6.500 millones de euros en 27 empresas productoras de armas nucleares desde 2013.
La ONG holandesa PAX, en colaboración con el Centro Delàs de Estudios por la Paz, ha publicado su nuevo informe “Don’t Bank on te Bomb” en el que se analiza las inversiones por parte de las entidades financieras europeas en la industria armamentística.
Tal y como ya publicamos hace un año, BBVA, Banco Santander y Banco Sabadell, vuelven a repetir las tres primeras posiciones en inversiones a la industria productora de armas nucleares. Las cinco instituciones financieras españolas que aparecen en el estudio han invertido alrededor de 6.500 millones de euros en 27 empresas productoras de armas nucleares desde 2013.
El BBVAes quien más financia las empresas de armamento nuclear, y puso a disposición de estas 2.837 millones de euros y otorgó préstamos de más de 2.000 millones de euros.
En el caso del Banco Santanderla cifra de inversiones ronda los 1.575 millones de euros, otorgando préstamos por una suma de 1.250 millones de euros a las compañías de armas nucleares.
El Banco Sabadell, invirtió 27 millones de euros en empresas productoras de material militar nuclear y otorgó préstamos por la misma cantidad.
Bestinverpuso a disposición de las empresas 147 millones de euros. Además, posee y gestiona acciones de las compañías productoras de armas nucleares por un valor de más de 145 millones de euros.
Finalmente, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha puesto a disposición de las empresas de armamento nuclear 1.916 millones de euros, y posee o administra acciones de estas por una cantidad aproximada de 1.883 millones de euros.
Las empresas fabricantes de armas nucleares a las que financian estas cinco entidades españolas son: Aecom (USA), Aerojet Rocketdyne (USA), Airbus Group (The Netherlands), BAE Systems (United Kingdom), Bechtel (USA), Boeing (USA), BWX Technologies (USA) ,Charles Stark Draper Laboratory (USA), CH2M Hill (USA), Engility Holdings (USA), Fluor (USA), General Dynamics (USA), Honeywell International (USA), Huntington Ingalls Industries (USA), Jacobs Engineering (USA), Larsen & Toubro (India), Leonardo – Finmeccanica (Italy), Lockheed Martin (USA), MOOG (USA), Northrop Grumman (USA), Orbital ATK (USA), Raytheon (USA), Safran (France), Serco (United Kingdom), Textron (USA), Thales (France) i Walchandnagar Industries (India).
Altos cargos de PP y PSOE, imputados como grupo criminal por el incendio de la planta ilegal de Chiloeches
Entre los investigados se encuentran el exviceconsejero de Medio Ambiente cesado por el Gobierno, el exalcalde ‘popular’ de Chiloeches y varios dirigentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante los mandatos de Cospedal y Barreda.
GUADALAJARA.- El juzgado que investiga el incendio en la planta ilegal de reciclaje de residuos peligrosos de la localidad alcarreña de Chiloeches ha llamado a declarar en calidad de imputados, ahora investigados, a diecinueve personas físicas, entre las que se encuentra el exvicenconsejero de Medio Ambiente cesado por el Gobierno, Sergio David González Egido.
Según indica el auto, dictado por el juez Fernando de la Fuente, con una extensión de veintinueve folios, también se llama como investigados a tres personas jurídicas, entre ellas responsables de las empresa ‘KUK Medioambiente’, gestora de la planta que ardió en agosto, y el ‘Grupo Layna’, propietaria de la nave.
Asimismo, entre los imputados se encuentra el exalcalde del PP en Chiloeches, César Urrea, además de otros altos cargos de la administración de Cospedal y Barreda.
Entre los delitos que se atribuyen de forma indiciaria a estos investigados se encuentran delitos de prevaricación administrativa, pertenencia a grupo criminal, delitos contra el medio ambiente, incendio con concreta puesta en peligro de personas, bienes y ecosistemas, y falsedad documental.
La declaración de los investigados está prevista que se produzca en sede judicial los días 20 de diciembre de 2016, 17 y 24 de enero de 2017, y 21 de febrero de 2017. Además, en el auto se acuerda la toma de declaración de veintidos testigos.
Este mismo auto acuerda dirigir el procedimiento contra determinadas personas en calidad de investigados y de toma de declaración de testigos, todo ello en base al resultado de las diligencias de investigación practicadas y de los indicios existentes hasta este momento, en que todavía la instrucción no ha finalizado, «con lo que el principio de presunción de inocencia debe entenderse subsistente y salvaguardarse en todo momento», señala.
LA JUNTA SE PERSONA COMO ACUSACIÓN
En este procedimiento se encuentran personados como acusaciones particulares la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Chiloeches y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE).
En concreto, a los responsables de ‘KUK Medioambiente’ se les investiga por unos presuntos delitos, «de forma indiciaria» contra los recursos naturales y el medioambiente -prevaricación medioambiental- y por falsedad documental, al no figurar en la documentación de la empresa entradas de residuos no peligrosos mientras «se ha podido contrastar que las entradas y salidas de residuos no peligrosos han sido muy relevantes entre 2015 y 2016».
También se le investiga por un delito de pertenencia a Grupo criminal, ya que el auto señala que los hechos ocurridos en las instalaciones de dicha empresa «podrían haberse cometido dentro de un grupo organizado cuyo fin era la obtención de importantes beneficios económicos a través de la gestión irregular de residuos, principalmente peligrosos».
En cuanto a responsables del ‘Grupo Layna’, se le imputan los mismos delitos que a ‘KUK Medioambiente’, mientras que al ex primer edil de Chiloeches, César Urrea, se le investiga por un delito de prevaricación medioambiental, ya que los indicios apuntan a que el investigado tenía «perfecto conocimiento de la existencia de la instalación y de las irregularidades de la misma».
‘BIOSONOIL’, LA EMPRESA DEL EXVICECONSEJERO
Respecto al exviceconsejero de Medio Ambiente, se le investiga por un presunto delito de prevaricación medioambiental y siendo viceconsejero «habría otorgado presuntamente a ‘KUK Medioambiente’, mediante una modificación no sustancial de la Autoridad Ambiental Integrada, la ampliación de códigos LER a gestionar, cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción», señala el auto.
Además, «presuntamente tenía pleno conocimiento del funcionamiento de ‘KUK Medioambiente’, pudiendo haber participado en las gestiones para su arrendamiento por el ‘Grupo Layna’», y añade el auto, «llamando especialmente la atención» que dicho arrendamiento «no se ajusta a la legalidad».
El auto también llama la atención sobre el hecho de que la empresa ‘Biosonoil’, cuando era dirigida personalmente por el exviceconsejero, realizara un proyecto para la instalación de un evaporador, «con un coste superior a los 60.000 euros, que se ejecutó cuando el investigado ya ocupaba el cargo de viceconsejero y había abandonado ‘Biosonoil’».
PROTOCOLO DE CAUSA COMPLEJA POR CORRUPCIÓN
Dicho incendio comenzó el 26 de agosto y se prolongó varios días, y debido a la quema de residuos altamente peligrosos se originó una nube de humo que obligó a activar un protocolo especial así como tomar medidas extraordinarias a los bomberos que acudieron a extinguirlo.
En este sentido, el auto del juez señala que, según lo determinado por la Unidad Central Operativa Medio Ambiental, los residuos peligrosos que habrían entrado en la planta, entre enero de 2015 y marzo de 2016, fueron un total de 24.054 toneladas, más otras 7.031 toneladas entre abril y el 21 de junio de 2016, cuando el Grupo ya había abandonado las instalaciones.
Dado el volumen y complejidad del procedimiento, a instancia del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, se ha activado el Protocolo del Consejo General del Poder Judicial de causa compleja por corrupción, para la adopción de las medidas de refuerzo pertinentes que garanticen la ágil tramitación de la causa.
«Si ya era sospechosa la manera de actuar en el incendio de Seseña, también es bastante sospechoso los incendios en plantas similares», ha señalado Velázquez, quien ha añadido que esto, obviamente, lo conocen los cuerpos de seguridad del Estado.
Estas fotos son del incedio que tiene lugar ahora mismo en una planta de reciclaje de neumaticos usados, de un poligono cerca de mi casa. La humadera es tremenda, y los bomberos ya llevan mas de 5 horas intentando apagar el fuego, junto a un hidroavion y un helicoptero. Por suerte ocurrió en domingo cuando está cerrada y los daños son solo materiales.
Decir que es la tercera vez que se quema en 4 años. Seguramente sean intencionados los fuegos, no se sabe si la propia empresa por tema de cobrar del seguro o personas ajenas. (…) se llama EMA la empresa. Aunque no se muy bien que significan las siglas.
Los bomberos han dado por extinguido el incendio declarado el domingo en una fábrica de reciclaje de neumáticos en el término municipal de la Vall d’Alba (Castellón), según han informado a Europa Press fuentes del Consorcio Provincial.
Así, los efectivos de los equipos de emergencia han dejado de trabajar en la planta, donde el incendio se ha dado este martes por extinguido a las 20.00 horas después de más de 48 horas de mantenerse activo.
Asimismo, fuentes de la Guardia Civil de Castellón han informado a Europa Press que este martes 9 de agosto solicitaron que se desplazaran a la zona especialistas en incendios de la Comandancia de Valencia, cuya llegada se espera este miércoles, para inspeccionar el lugar.
El Consorcio Provincial de Bomberos ya retiró en la noche de este martes los efectivos desplegados en la nave de neumáticos que ardía desde el domingo a mediodía. Una vez apagado el fuego, sólo quedaba en el lugar un responsable de la empresa encargado de supervisar que no hubiese rebrotes de llamas.
En concreto, al lugar de los hechos se desplazaron dos dotaciones de los parques de bomberos del Baix Maestrat y la Plana Alta, así como el jefe de guardia y el jefe del parque de la Plana Alta, según han indicado las mismas fuentes.
Un aparatoso incendio declarado a primeras horas de la tarde del domingo ha afectado a una nave de reciclaje de neumáticos radicada en el polígono industrial de la Vall d,Alba (Castellón) y ha provocado una densa columna de humo negro, han informado fuentes del Consorcio de Bomberos.
El fuego, que se ha iniciado por causas no precisadas sobre las 14.30 horas, se ha propagado por el interior de la nave y ha afectado también a los neumáticos que estaban depositados en una explanada en el exterior del inmueble.
Debido a los componentes combustibles de los neumáticos, se ha formado una columna de humo negro, visible a varios kilómetros de distancias, según las mismas fuentes.
En la extinción del incendio, calificado de «aparatoso» por las mismas fuentes, intervienen efectivos de los parques de bomberos de Benicarló, Oropesa y Nules, así como un helicóptero, dos avionetas Air tractor y dos brigadas rurales de emergencia.
Los bomberos del Consorcio Provincial llevan 24 horas tratando de apagar el incendio de Vall d’Alba. | E.M.
La energia nuclear en España 