El traslado de residuos radioactivos de Garoña a Córdoba abre otro pulso entre el Gobierno y la Junta de Andalucía

Vista de las instalaciones de El Cabril (Córdoba)

El Ejecutivo de Díaz sospecha que el cementerio nuclear de El Cabril ha empezado a recepcionar bidones de la central recién desmantelada y exige saber si son restos “potencialmente peligrosos para la población”.

La Junta de Andalucía sospecha que el Gobierno central ya ha empezado a traslar residuos radiactivos de la recién clausurada central de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el cementerio nuclear de El Cabril, en Córdoba, que es de gestión estatal. Las informaciones de las que dispone la Consejería de Medio Ambiente parte, sobre todo, de los alcaldes del entorno, que han trasladado su preocupación al respecto.

El pasado 21 de noviembre, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, remitió por escrito una petición formal de información a Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos), que gestiona el centro de almacenamiento de El Cabril, requiriendo datos “detallados sobre el origen y las características de las actividades llevadas a cabo por Enresa en ese centro durante el primer cuatrimestre de 2017”. La carta, a cuyo contenido ha tenido acceso Público, cita “en concreto las 84 expediciones recepcionadas en la instalación durante el citado cuatrimestre”. “Queremos saber los planes del Gobierno a corto y medio plazo para El Cabril y si ha habido alguna actuación en los últimos meses que se salga de lo excepcional”, avisa Fiscal. La Junta quiere tener una garantía “por escrito” de que los restos que se trasladen no son “potencialmente peligrosos para la población”

Enresa es una entidad pública empresarial, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, responsable de la gestión de los residuos radiactivos que se generan en todo el país, así como del desmantelamiento de las instalaciones nucleares. El pasado 1 de agosto, el Gobierno de Mariano Rajoy sucumbía a la presión de los grupos de la oposición y anunciaba el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, la más antigua del país, cuya actividad llevaba paralizada desde 2012. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, había presentado un informe del Consejo de Seguridad Nuclear que avalaba su reapertura, pero no logró convencer a ningún otro grupo del Congreso, ni siquiera al PNV, clave en la aprobación de los Presupuestos Generales.

El Ejecutivo de Susana Díaz teme que el Gobierno central hubiera iniciado el traslado de residuos de media, baja y muy baja intensidad radioactiva de Garoña hasta el “centro de almacenamiento” de El Cabril, en plena Sierra de Hornachuelos (Córdoba). Nadal ya ha dicho en sede parlamentaria que en el subsuelo de El Cabril se enterrarán 4.000 toneladas de residuos radioactivos procedentes de Garoña, pero ha subrayado que el excedente de alto riesgo no viajará a Andalucía. Por ahora permanecerá en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Burgos, pero se desconoce por cuánto tiempo. El Gobierno preveía que para 2010 existiría un Almacén Temporal Centralizado que sirviera de cementerio nuclear nacional para dar cabida al combustible gastado, se planteó un proyecto en Villar de Cañas (Cuenca), que aún no está concluido.

El traslado de residuos radioactivos a la sierra cordobesa ha generado intranquilidad en los pueblos vecinos, y el consejero de Medio Ambiente ha querido saber de primera mano cuándo han empezado los trabajos. Se tiene conocimiento de 84 expediciones recepcionadas en El Cabril, pero sin seguridad de que todas provengan de Garoña. Los ecologistas denuncian que se siga usando este enclave como “cementerio nuclear”, y advierten del riesgo que supone para el ecosistema y la población de Hornachuelos. La inquietud ha saltado a la arena política, donde el grupo parlamentario de Podemos ya ha exigido explicaciones al Gobierno de Díaz. “Queremos saber si se va a permitir que usen Córdoba y Andalucía como estercolero nuclear”, ha dicho la líder del partido morado, Teresa Rodríguez.

El centro de almacenamiento nuclear de Córdoba ya guarda los restos radioactivos de otras centrales nucleares que se clausuraron en España, como la de Vandellòs I (Tarragona) y José Cabrera (Almonacid de Zorita). El Cabril tiene 29 celdas, compartimentos bajo tierra para dar cabida a los residuos, y hace poco la empresa que gestiona el emplazamiento ha construido una más porque casi todas las demás estaban ya llenas. El carburante que se retira (uranio principalmente) se carga y traslada en bidones de 130 toneladas.

La perspectiva de volver a ampliar este enclave para recepcionar las 4.000 toneladas de residuos de Garoña se ha convertido en otro motivo de disputa política en el Parlamento andaluz, aunque la Junta carece de competencias para prohibir el traslado a El Cabril. Desde Enresa explican que los residuos generales en el desmantelamiento de Garoña son “convencionales”, reciclados y reutilizados en un porcentaje próximo al 90%.

Equo, partido que está integrado en Podemos Andalucía, ha sido de los más combativos contra el traslado de dióxido de uranio al cementerio nuclear de El Cabril. Denuncian que es “una sustancia clasificada por la Unión Europea como muy tóxica, cancerígena y peligrosa para el medio ambiente. Con un componente químico -el U-235- que tiene una vida media de cientos de millones de años”. Enresa niega que el centro de almacenamiento de Córdoba esté recibiendo este tipo de sustancia.

Equo e IU llevan años reivindicando el cierre de las instalaciones de El Cabril, argumentando que el enclave original del almacenamiento nuclear era una reserva militar propiedad del Gobierno central, pero no se eligió esa ubicación por razones de seguridad. Ahora Podemos también se suma a la demanda de cierre de un centro que “pone en riesgo a una gran parte de la población, al suponer que residuos especialmente peligrosos recorran cientos de kilómetros diariamente, por autovías y llegando a tener que pasar por la propia Córdoba”. “Si uno de los bidones que viaja a El Cabril desde las centrales” -según Equo lo hacen unos 50 de media cada día- “cayese de su medio de transporte, incluso sin que se abra, si un menor de 18 años lo curiosea habrá recibido en tan sólo cinco minutos su dosis máxima de radiactividad para un año”, denuncian desde la formación verde.

“¿Empleo? ¡Aquí nos íbamos a hacer todos ricos, nos decían! Y fíjate, esto ahuyenta a nuevas industrias y es malo para el producto alimentario”, protesta Fernando Porras, apicultor de 60 años en Hornachuelos, en cuyo término municipal está El Cabril. Su opinión no es unánime. También abunda la indiferencia, sobre todo entre los jóvenes. Y la resignación. Entusiasmo, poco.

El Cabril no es ni de lejos un motor de desarrollo de la zona, que ha perdido población desde 1992. Su plantilla es de 118 trabajadores, a los que se suman 196 contratos externos. El paro castiga a estos pueblos tanto o más que a sus vecinos.

Población de Hornachuelos desde 1900 hasta 2016

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2016 el numero de habitantes en Hornachuelos es de 4.598, 44 habitantes menos que el en el año 2015. En el grafico siguiente se puede ver la evolucion demografica que ha habido en el municipio a lo largo de los años, para ver cuantos habitantes tiene Hornachuelos segun su edad podemos verlo en la piramide de poblacion.
Si lo que interesa es saber cual es la poblacion de Hornachuelos segun el lugar donde han nacido los habitantes (Continente, Pais, Comunidad Autonoma, Provincia, o Municipio) puede verlo en nuestro estudio demografico de poblacion segun lugar de nacimiento.

La gestión de Enresa

Tan cierto es que El Cabril no ha sido palanca de progreso como que no constan accidentes graves, si bien los ecologistas critican la opacidad de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos de España. Tampoco hay estudios alarmantes sobre salud o medio ambiente. El rechazo reside más en la sospecha que en la certeza. Y muchos insisten en que da mala imagen.

“A nadie le gusta tener ahí eso, por si pasa algo, pero qué le vamos a hacer”, explica, al otro lado de un torno que oculta su rostro, la hermana Laura, que vive enclaustrada en el convento de las carmelitas descalzas, en la aldea de San Calixto, de Hornachuelos, a 15 kilómetros de El Cabril. Un lugar ideal para ejercer la resignación.

Entre finales de los años cincuenta del siglo pasado y principios de los sesenta, el régimen comenzó a almacenar de tapadillo en El Cabril, en una mina de uranio abandonada, los residuos resultantes de las pruebas que debían incorporar a España al club de la bomba atómica. Con la creación de Enresa en 1984, las obras de lo que hoy es El Cabril comenzaron en 1990 tras obtener las licencias.

Los vecinos se quejan de que no ha servido para desarrollar la zona.

Antes, en los ochenta, miles de personas se opusieron a asumir esa herencia. Hubo cortes de carreteras, manifestaciones y hasta una huelga general en 1986. “Todos sabían que era una imposición injusta. Pero el dinero frenó las protestas”, recuerda José Larios, líder de aquella movilización ya olvidada, que dio su primera charla contra los planes del Estado en 1979.

El dinero, claro, ayuda a digerirlo todo. “Esto ya está aquí y no podemos evitarlo, pero que nos compensen”, reivindica el andalucista Cecilio Fuentes, alcalde de Alanís. Todos los alcaldes han advertido, al hilo de la polémica del ATC, que les saben a poco los menos de dos millones de euros anuales que reciben de Industria. “Las compensaciones por el ATC que oíamos son escandalosas. Merecemos más”, dice el independiente Julián López, alcalde de Hornachuelos.

“Es el gran éxito de Enresa, haber hecho reinar la resignación”, afirma Manuel Raya, de la asociación ecologista Hornasol. Raya reclama una explicación en detalle de la actividad en la zona que lleva a cabo la Fundación Enresa, que canaliza fondos para desplegar una intensa actividad de relaciones públicas que garantiza más apoyo al almacén.

Vista cercana de los contenedores

Pero la movilización de los ochenta dejó su huella. Quedó demostrado cuando, a principios de los noventa, una simple filtración que apuntaba a que el Valle de los Pedroches cordobés podía ser el destino del Almacén Geológico Profundo (AGP) movilizó a toda la comarca, con sus ayuntamientos al frente. No todo va a ser resignación.

Fuente:  publico.es

 almacennuclear.wordpress.com/2010/02/08/almacen-de-el-cabril-o-la-imposicion-que-arruino-a-una-comarca/

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IU pedirá a la UE que “vigile” a España en el traslado de los residuos nucleares de Garoña

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado hoy en Córdoba que pedirá a la Unión Europea (UE) que “vigile” al Gobierno de España en el traslado de residuos nucleares desde Garoña (Burgos) hasta el almacén de El Cabril (Hornachuelos, Córdoba).

“Tenemos que tomar medidas urgentes” ha declarado en conferencia de prensa Maíllo, quien ha indicado que “Andalucía no puede consentir convertirse en el vertedero nuclear de toda la Península Ibérica” por lo que ya que el Ejecutivo mantiene una postura de “oscurantismo y opacidad”, es necesario “hacer una envolvente a través de Bruselas para conocer qué está pasando”.

IU forma parte junto a Ecologistas en Acción, Equo, Podemos y otras organizaciones de una plataforma antinuclear constituida el 16 de noviembre, cuando se reunieron en el I Encuentro contra el cementerio Nuclear El Cabril y acordaron movilizaciones y medidas para frenar la ampliación del almacén de Enresa en Córdoba, algo que llevan demandando “desde hace 30 años, el desmatelamiento de los cementerios nucleares” ha recordado Maíllo.

La hoja de ruta es la petición de explicaciones a la Comisión de Medio Ambiente de la CE y la invitación del comisario de Energía y Cambio Climático, el español Manuel Arias Cañete, a que visite las instalaciones del almacén de residuos de baja y media intensidad de El Cabril, donde “se está produciendo una sutil estrategia de traslado de material radiactivo de la recién cerrada central nuclear de Garoña”.

Maíllo ha indicado que va a solicitar una visita de la plataforma antinuclear constituida en Córdoba el mes pasado y que integra a activistas de Extremadura y Andalucía para que “también puedan explicar en el Parlamento Europeo la situación que se está viviendo en España” y que, a juicio del coordinador general de IU en Andalucía “trasciende al cumplimiento de directivas europeas que prevalecen en las políticas medioambientales”.

“Necesitamos saber qué está pasando y qué planes tiene el Gobierno de España”, ha insistido Maíllo, que también ha criticado la posición de Enresa, a quien ha acusado de “no facilitar información por escrito más allá de las reuniones que mantiene con los alcaldes de los municipios colindantes a El Cabril”.

A su juicio, “también se ha evidenciado que la Junta de Andalucía no se mueve” pues ha sido tras la constitución de la plataforma antinuclear en la reunión del 16 de noviembre en la localidad cordobesa de Peñarroya, cuando el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal López ha pedido explicaciones al Gobierno Central.

Es algo que Maíllo “celebra” pero que, como temen que “no van a decir nada”, acuden directamente a la Unión Europea para confirmar el traslado de residuos de una central a otra, informar de la ampliación prevista en El Cabril y saber cómo se van a gestionar todos los residuos que se emiten en España y Portugal.

Fuente: eldiario.es

La cerrazón del Gobierno con las renovables encarece el recibo de la luz

 

Los Nadal serán recordados por su “servicio” a los Oligopolios

 El pool roza este martes los 70 euros, el nivel más alto desde el pasado 31 de enero, en vísperas de la llegada de una masa de aire frío para el miércoles

La producción hidroeléctrica se ha hundido un 50% mientras se dispara la producción con centrales de gas, las más caras

“2017 ha sido un año especialmente malo en cuanto a las condiciones meteorológicas y al comportamiento de los precios del petróleo”, dice el ministro de Energía

Viene el frío, sigue sin llover, la luz sube. El precio mayorista de la electricidad va a marcar este martes el precio más alto de los últimos diez meses al situarse en una media de 69,57 euros por megavatio hora (MWh), según los datos publicados el lunes por el operador del mercado ibérico, Omie.

Con una demanda prevista para el sistema peninsular de unos 753 gigavatios hora (GWh), un 3,1% superior, el precio del conocido como ‘pool’ para este martes es un 4,9% superior al del lunes. Es el más alto desde los 73,27 euros del pasado 31 de enero, en los últimos estertores de una escalada de precios que obligó al ministro de Energía, Álvaro Nadal, a salir a escena y anunciar una intervención del mercado del gas que no se ha hecho efectiva hasta hace unas semanas. En ese pico de precios, en plena ola de frío invernal, el pool llegó a marcar (el 25 de enero) un máximo diario de 91,88 euros.

La subida de este martes se produce tras un mes de noviembre inusualmente cálido en el que la grave sequía y la ausencia de lluvias en España han propiciado un desplome del 48,7% en la generación eléctrica, la más barata, hasta suponer apenas el 7,5% del total. Mientras, las tecnologías más caras, el carbón y, especialmente, el ciclo combinado, han aumentado en lo que va de año su aportación un 28% y un 37,5%, respectivamente, y la eólica ha retrocedido casi un 7%, según Red Eléctrica.

Todo ello, en un contexto de incremento de las exportaciones de electricidad a Francia por la parada y revisión de varios de sus reactores nucleares en ese país.

La subida de este martes llega en vísperas de la primera ola de frío de este otoño inusualmente cálido. Este miércoles llegará a España una masa de aire ártico que permanecerá sobre la Península Ibérica hasta el domingo y conllevará una bajada importante de las temperaturas que puede estimular la demanda de electricidad.

Año “especialmente malo”

El lunes, en una entrevista concedida a  El País para proclamar su defensa de las centrales de carbón ante la pretensión de Iberdrola de cerrar sus dos últimas plantas con esta tecnología, cuyas ayudas públicas acaba de poner en solfa la Comisión Europea, el ministro de Energía señalaba que “2017 ha sido un año especialmente malo en cuanto a las condiciones meteorológicas y al comportamiento de los precios del petróleo”, que incide en la cotización del gas natural.

A falta de un mes para que acabe el año, y teniendo en cuenta la factura media como la que utiliza Energía en sus estimaciones (4,4 kilovatios de potencia y un consumo anual de 3.900 kilovatios hora, equivalente a una familia con dos hijos), un hogar tipo habría pagado por la luz en lo que va de año y hasta el pasado viernes (último dato disponible) unos 738 euros. Suponen unos 78 euros más que en el mismo periodo de 2016, según un cálculo basado en el simulador de facturas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El precio mayorista de la electricidad que ahora está en máximos de diez meses tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final. Alrededor del 40% corresponde a los peajes o costes regulados con los que se retribuyen partidas como las redes, los incentivos a las renovables y la deuda acumulada por las eléctricas y que el Gobierno ha confirmado que va a congelar por cuarto año consecutivo. Cerca del 25% restante del precio final que pagan los usuarios en su recibo corresponde al IVA y al Impuesto de Electricidad.

Los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía. El ‘pool’ funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última que participa, la más cara (suele ser el gas), marca el precio para el conjunto.

El precio del pool se repercute directamente en la tarifa regulada conocida como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (el PVPC), la opción más barata según el ministro de Energía y la propia CNMC, pese a que está en retroceso, hasta el punto de que las eléctricas han conseguido que el 56% de los usuarios domésticos estén en el mercado libre, con márgenes superiores para las empresas.

El PVPC (el precio final) tocó el pasado 23 de octubre el precio más alto del año, pero entonces ese pico puntual estuvo relacionado con los servicios de ajuste y no con el pool, que en ese momento era un 12,6% inferior al de este martes.

Fuente: eldiario.es

La central de Cofrentes (Valencia) y Hommer Simpson

El CSN cuestiona la “inadecuada actitud” en las revisiones. El componente de la válvula, sostienen las fuentes al tanto de los trabajos de puesta en marcha, ha sido localizado y se va a extraer en los próximos días. No es un trabajo fácil.

En la hipótesis más probable, la pieza se extraerá del lugar en el que se encuentra -el difusor- cortando y soldando bajo metros de agua que actúa como aislante de elementos muy contaminantes.

Los técnicos de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), la más potente de las existentes en España (1.092 MW), se enfrentan a un problema peliagudo: como extraer del corazón de la planta una pieza suelta que podría afectar al núcleo. Palabras mayores. La central, propiedad de Iberdrola al 100%, está parada desde septiembre. Entonces cerró para una recarga rutinaria de combustible. El proceso iba a durar 15 días pero va camino de tres meses porque al arrancar se reprodujo un fallo en el sistema de válvulas que ya había sido detectado en agosto.

En plena pugna de Iberdrola -y de su presidente Ignacio Sánchez Galán- con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) vigila muy de cerca los trabajos de puesta en marcha de la central. Iberdrola quiere arrancarla el 10 de diciembre de diciembre. Pero todo está en el aire.

El CSN está ojo avizor. En un lenguaje poco habitual en el organismo que dirige Fernando Martí, el Consejo daba cuenta en octubre de que Iberdrola había comunicado una “parada no programada” debido “a defectos en una válvula que han dado lugar al desprendimiento de fragmentos de dicha válvula en el sistema de agua de alimentación, que no han podido ser recuperados”.

Fuentes al tanto de la investigación de la avería han traducido el incidente: el pasador de una de las válvulas que regula el sistema de refrigeración del núcleo de la central había desaparecido y había viajado por el sistema. A saber dónde. Lo grave es que, según las mismas fuentes, la central ya había detectado un problema en el caudal del sistema de refrigeración -disminución del 16%- en el mes de agosto.

Reproches del CSN

Pese a ello, la central inició la operación de recarga en septiembre y en octubre puso en funcionamiento de nuevo la instalación… que tuvo que apagar al persistir el problema. El CSN censuró la acción. En su particular lenguaje, exigió a Iberdrola “un análisis de causa raíz de todas las circunstancias asociadas con este suceso” y una evaluación detallada “de los componentes transversales de cultura de seguridad potencialmente afectados, particularmente (sic), la inadecuada actitud cuestionadora que llevó a no realizar una revisión y el mantenimiento de la válvula durante la última parada de recarga“.

El componente de la válvula, sostienen las fuentes al tanto de los trabajos de puesta en marcha, ha sido localizado y se va a extraer en los próximos días. No es un trabajo fácil. En la hipótesis más probable, la pieza se extraerá del lugar en el que se encuentra -el difusor- cortando y soldando bajo metros de agua que actúa como aislante de elementos muy contaminantes.

Pese a todo, Iberdrola mantiene el calendario de puesta en marcha para la primera quincena de diciembre. “No tenemos constancia de que el CSN haya puesto inconvenientes a la nueva fecha”, señalan en la empresa. Por su parte, el CSN remite a su comunicado de octubre sobre Cofrentes, en el que daba tres meses a la empresa para informar sobre las causas del incidente.

Le eléctrica precisa que el CSN categorizó el suceso de nivel cero (sin significación para la seguridad) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES). Cofrentes acumula ocho incidentes con al misma calificación este año.

Siete niveles de sucesos

En la escala INES, los sucesos se clasifican en siete niveles. Los sucesos de los niveles de 1 a 3 se denominan “incidentes”, mientras que en el caso de los niveles 4 a 7 se habla de “accidentes”. Cada ascenso de nivel en la escala indica que la gravedad de los sucesos es, aproximadamente, diez veces superior. Cuando los sucesos no revisten importancia desde el punto de vista de la seguridad se los denomina “desviaciones” y se clasifican “bebajo de la escala / Nivel 0”.

La clasificación no basta para tranquilizar a todos. El Movimiento Ibérico Antinuclear ha pedido el cierre de la central. Lo más conveniente, en su opinión, es que la central de Cofrentes no vuelva a ponerse en marcha ya que en 2019 está previsto que se saturan sus piscinas de residuos de combustible gastado.

Fuentes internas del CSN han confirmado que, efectivamente, se han puesto en marcha contactos para la futura construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) en Cofrentes.

La central, conectada a la red en 1984, tiene que solicitar renovación de la concesión a partir de marzo de 2018. La actual autorización para operar expira en el año 2021. La central -300 hectáreas- está situada a dos kilómetros del pueblo de Cofrentes, en la provincia de Valencia, en la margen derecha del río Júcar. Está equipada con un reactor de agua en ebullición del tipo BWR, diseñado por General Electric.

Fuente: lainformacion.com

Denuncian el almacenamiento de residuos no autorizados de la planta de Juzbado en Córdoba

Área de contenedores de la fábrica de Enusa en Juzbado.

Se trata de material radiactivo de la fábrica de Enusa de una vida radiactiva mayor de lo que debe para ese cementerio nuclear

La Asociación de Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear han denunciado en un comunicado que el almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad de El Cabril (Hornachuelos) “ha recibido óxidos de uranio de la fábrica de Enusa en Juzbado que no está autorizado para almacenar”, y sospechan que este hecho busca justificar una “posible ampliación sin sentido” de la instalación.

Para estos colectivos, se ha vulnerado la limitación de aceptar exclusivamente residuos que no superen hasta 300 años de vida radiactiva. Y el óxido de uranio tiene “una vida de millones de años”, señalan.

Además, recuerdan que “el cementerio nuclear de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril se encuentra al 70 por ciento de su capacidad, cuando quedan por desmantelar ocho de las diez centrales nucleares que se construyeron en España”.

Esta llegada de residuos no autorizados, según los ecologistas, se ha dado a conocer tras la publicación del Informe al Congreso del Consejo de Seguridad Nuclear de 2015. “Enresa depositó durante ese año en El Cabril algo más de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca). Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear, que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años, y no admite emisores de partículas alfa”, indican los ecologistas.

La presencia de estos residuos dificultará el desmantelamiento de El Cabril, que debería producirse 300 años después de su clausura. Al recibir esos residuos de la planta de Juzbado podría utilizarse como “justificación para ampliar este cementerio nuclear, en lugar de buscar otro emplazamiento más adecuado para el necesario almacenamiento de este tipo de residuos radiactivos. La ampliación evitaría así el necesario traslado de esos residuos, que incumplen las normas de seguridad de un cementerio para residuos de media y baja actividad”, señalan los ecologistas.

Fuente:  lacronicadesalamanca.com/183918-denuncian-el-almacenamiento-de-residuos-no-autorizados-de-la-planta-de-juzbado-en-cordoba/

La barata energia nuclear: España paga 50 millones a Reino Unido para que se quede el plutonio de Garoña

España firmó hace 14 años un acuerdo con las autoridades británicas para evitar el regreso de la basura nuclear.

La capacidad de almacenamiento de las instalaciones nucleares es muy limitada, a la espera de que se construya el ATC.

La central nuclear de Santa María de Garoña ya es historia. El Gobierno anunció su cierre definitivo el 1 de agosto. Pero las centrales pasan y sus residuos permanecen. Sobre los generados en Garoña, el Gobierno ha tomado una decisión: transferir la titularidad del plutonio generado en el tratamiento de la basura nuclear de la central burgalesa a la empresa pública británica International Nuclear Services (INS), heredera de la antigua British Nuclear Fuels(BNFL).

El Ejecutivo español alcanzó un acuerdo con BNFL hace 14 años para evitar la vuelta de los residuos reprocesados de Garoña a cambio de 34,5 millones de euros. Ahora ha dado un paso más, con un coste “en el ejercicio 2017” de 50,4 millones de euros, según detalla la memoria de la empresa pública Enresa.

Ni la empresa pública que gestiona los residuos, ni la sociedad propietaria de la central nuclear, Nuclenor (50% de Endesa y 50% de Iberdrola), han dado detalles de la operación. Nuclenor se limitó a señalar que las cláusulas del contrato están sujetas a confidencialidad.

Un hecho destacado

La operación ha quedado reflejada en una mención del presidente de Enresa, Juan José Zaballa, en el informe de la compañía de 2016. Zaballa califica de “destacado” el hecho de que el Ministerio de Energía haya refrendado la transferencia de la titularidad del plutonio a la británica INS.

Físicamente, el sensible material siempre estuvo en Reino Unido. La central de Garoña envió entre 1971 y 1983 casi 100 toneladas de combustible nuclear gastado (uranio) para su reprocesamiento. El problema está en el resultado de ese proceso, el plutonio, un residuo muy peligroso por su larga vida y posible uso militar. El plutonio, en principio, no estaba incluido en el acuerdo entre España y Reino Unido.

Si las 100 toneladas de uranio no podían volver en 2004 por falta de instalaciones de almacenamiento, menos aún un derivado más peligroso. España no puede gestionarlos. Por eso los ha enviado a otros países como también han hecho Japón, Alemania o Italia. Según explica el sexto Plan General de Residuos Radiactivos, hay residuos almacenados de la central Vandellós I en Francia y de Garoña en Reino Unido.

El plan recoge que los compromisos contractuales con Francia “contemplan que deben volver a España entre los años 2010 y 2015”, mientras que en el caso de Reino Unido los contratos cubrían hasta el año 2011 para el uranio y sólo hasta 2008 para el plutonio. Los contratos con la empresa estatal francesa Areva, por importe de 194 millones de euros, fueron modificados para extender los plazos.

Fuentes del Ministerio de Energía confirman que Enresa, en uso de sus competencias, tomó la decisión de negociar y modificar el contrato con la empresa pública británica para solucionar el problema de la posible devolución de material altamente radiactivo. El Ministerio respaldó la decisión de Enresa-Nuclenor en la etapa en la que Alberto Nadal estaba al frente de la Secretaría de Estado de Energía, señalan las mismas fuentes.

Un problema menos

Con la transferencia, Endesa e Iberdrola (Nuclenor) se quitan un problema de encima. Si desmantelar una central nuclear es un proceso lento y costoso, que en el caso de Garoña puede durar hasta 16 años, gestionar los residuos de miles de toneladas puede ser una pesadilla. El ejemplo más cercano -y único- de proceso de cierre de una nuclear completa es la de Zorita (Guadalajara), que comenzó a ser desmontada en 2006 y será clausurada, si nada se tuerce, en 2019.

En España, hay poca capacidad de almacenamiento. El polémico Almacén Temporal Centralizado (ATC) todavía está en trámites. Los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. Pero rebosan. Gestionar ese material ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones.

Esa cifra, que el informe contempla desde 2010 supone un 30% de exceso sobre lo contemplado en el plan de residuos que está vigente. En el Plan Nacional de residuos, aprobado en junio de 2006, el coste total de la gestión integral de todo el proceso de gestión de residuos, hasta su almacenamiento final, es de 13.000 millones de euros (valor 2006) y hasta el año 2070.

Mientras se parchea el problema, las piscinas están ocupadas en casi un 89% de media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40% (ver gráfico).

Fuente:  lainformacion.com

 

Una inspección en Garoña halla un vertido de cesio

El material radiactivo fue localizado el 20 de junio bajo unos contenedores que no habían sido movidos desde 2009
Pudo haberse producido “hace muchos años”

Nada hacía suponer que la retirada de tres contenedores de hormigón emplazados desde 2009 junto al almacén temporal de bidones y residuos destaparía una huella sospechosa en el suelo. Apenas era una superficie de dos metros cuadrados en un suelo “irregular”, pero el rastro advertido por el inspector del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que este pasado mes de junio cursaba la inspección habitual impuso la necesidad de hacer una cata sobre el terreno: era cesio-137, un material radiactivo que, según queda reflejado en la última acta del organismo regulador, podría haber sido derramado hace varios años.

Ninguna de las periódicas rondas y pases de revista de las instalaciones pudo comprobar en este tiempo la existencia de este vertido y sus posibles consecuencias. De hecho, no hay nada claro sobre los restos hallados. El documento oficial levantado por el inspector detalla que una vez confirmada la presencia de cesio-137, primero con contaminómetros portátiles y luego con el correspondiente análisis por espectometría, procedió a revisar los resultados de la vigilancia radiológica del emplazamiento correspondientes a 2009.

Fue entonces cuando comprobó que ese año fue detectada “actividad en tres puntos” cerca del lugar donde el pasado 20 de junio saltaron las alarmas. En aquel entonces tampoco fue posible acceder a esa zona al encontrarse ya “cubierto por los contenedores de hormigón” movidos hace unos meses. No obstante, esta última acta de inspección aclara que “aunque cercanos al punto detectado actualmente, no es posible establecer que los puntos detectados en el año 2009 tuviesen el mismo origen”. En cualquier caso, tal y como aparece escrito en el informe, el rastro de contaminación no podía proceder de esos contenedores de hormigón situados encima, sin tocar el suelo directamente.

Sin constancia documental “Aparentemente -describe el inspector- se trata del rastro dejado por un incidente de derrame de residuo producido hace muchos años del que no queda constancia documental, antes de que los contenedores de hormigón se colocaran encima del lugar. Su magnitud tuvo que ser reducida, a juzgar por la superficie contaminada, aunque la presencia de contaminación fija indica que el derrame o filtración no se detectó en su momento o no se descontaminó adecuadamente”. En 2009, el informe atribuyó la actividad radiactiva de ese punto a la “resuspensión de contaminación que se ha depositado en el suelo”.

Asimismo, deja constancia de las acciones correctoras acometidas para la eliminación de la contaminación. “Se escarificaron [agujerearon] unos cinco centímetros de profundidad de asfalto” y “la verificación posterior” arrojó unos valores dentro de los permitidos. Esta vez, en 2017, también se siguió el protocolo previsto: “Se optó por escariar [perforar] unos cinco centímetros del asfalto buscando dónde cesaba la contaminación; llegaron a extraerse unos dos bidones de tierra. Se han rellenado los huecos con tierra y se ha asfaltado encima”, ilustra el acta del inspector del CSN.

El diputado de Unidos-Podemos por Araba, Juantxo López de Uralde, señaló que el cesio es un elemento radiactivo “muy peligroso” y que el CSN alegó en su momento “que el material radiactivo encontrado estaba confinado y sin ningún tipo de salida al exterior”. De hecho, en junio pasado, la formación ecologista Equo de la que es portavoz, presentó una pregunta parlamentaria al Gobierno español para saber si tenía conocimiento de este suceso debido a que, al parecer, no había sido notificado al consejo regulador.

Según Uralde, el CSN contestó que lo tenía todo “bajo control” cuando, a su juicio, el tema estaba bastante oculto: “Esta actuación pone de manifiesto la situación de abandono y dejadez” que rodea a Garoña y que, una vez decidido el cierre de la central nuclear ubicada a pocos kilómetros de la geografía vasca, la situación puede revertir en una relajación de las políticas de seguridad, algo que tildó de “peligroso”.

Fuente: Deia.com

Más info: Garoña mala praxis y desinformación

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1989: 60.00 litros de agua radiactiva al Ebro

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