La contaminación radioactiva provoca la evacuación en una central nuclear de Reino Unido cerrada en 1994

El director de esa instalación ubicada al norte de Escocia aseguró que se trató de contaminación “insignificante” de bajo nivel.

Los trabajadores encargados de limpiar la instalación nuclear desmantelada de Dounreay (Escocia, Reino Unido) fueron evacuados del lugar después de que “un error humano” provocara una contaminación radiactiva, informa The Press and Journal.

A pesar de que el incidente ocurrió el 7 de junio, los responsables del lugar solo ofrecieron detalles del suceso el 26 de este mes durante una reunión del Dounreay Stakeholder Group, el organismo independiente que se ocupa del escrutinio público de una central que cerró en 1994.

El director gerente de la instalación, Martin Moore, aseguró que no se había producido ningún daño a raíz de ese nivel “insignificante” de contaminación de bajo nivel. Sin embargo, los empleados se vieron obligados a desalojar la zona de inmediato y suspendieron sus tareas de manera temporal.

Por su parte, representantes de Dounreay Site Restoration Limited (DSRL), la empresa encargada de desmantelar esa planta, señalaron que se trató de una medida preventiva, la población nunca estuvo en peligro y comenzó una investigación interna al respecto.

Aunque DSRL es responsable de garantizar que el área esté descontaminada y limpia de desechos nucleares, ya sufrió otro incidente en 2014, después de que se produjera una violación de seguridad cuando un incendio causado por los empleados liberó radiactividad a la atmósfera. A raíz de ese suceso, la compañía prometió “aprender lecciones” e implementar una nueva estrategia de seguridad de amplio alcance.

Fuente: RT

El Tribunal de Cuentas advierte de que faltan fondos para desmantelar las centrales

 

Los de “la energía nuclear es la más barata”  ocultos en sus despachos.

El reciente pacto para alargar el periodo de funcionamiento de las centrales de 40 años a 45,7 “permitirá reducir el déficit existente” en el fondo para la gestión de los residuos y el desmantelamiento, pero no eliminarlo

Subraya que la empresa estatal Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015 y advierte de que, con 40 años de vida de las nucleares, el déficit ya superaría los 2.300 millones

Entre esas recomendaciones estaba la de aumentar las tasas que pagan las eléctricas para aumentar las dotaciones de ese fondo; Enresa recuerda que se trata de “aspectos regulatorios” que no le competen

El Tribunal de Cuentas cree que el reciente acuerdo entre el Gobierno y las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) para abordar un cierre nuclear escalonado a partir de la próxima década “permitirá reducir”, pero no eliminar, el agujero del fondo con el que la empresa estatal Enresa deberá sufragar el multimillonario coste de gestionar los residuos radiactivos y desmantelar las centrales.

En 2015, el Tribunal de Cuentas cifró en cerca de 1.800 millones el déficit del denominado Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos. Ese informe denunciaba que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010 (cuando el fondo empezó a ser financiado con aportaciones de las eléctricas) no se habían actualizado desde entonces, pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) todavía vigente hoy, aunque lleva casi una década caducado (se aprobó en 2006).

El informe recomendaba revisar anualmente esas tasas “en función de las necesidades de financiación futuras” de ese fondo, que se alimenta al 90% con tasas a la producción nuclear y al 10%, a través de la tarifa eléctrica. Ahora, tras analizar el grado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en ese examen, el órgano constata que esa actualización de tasas no se ha llevado a cabo y estima que ese déficit o “desviación de financiación de los costes” ascendería ya a 2.354 millones.

No obstante, el cálculo se basa, como el vigente PGRR, en la hipótesis de una vida media de las plantas de 40 años, plazo que ha quedado aumentado recientemente ampliado hasta los 45,7 años, tras el reciente acuerdo entre Gobierno y eléctricas, lo que permitirá incrementar los ingresos para el fondo a través de las tasas a la producción nuclear.

El problema es que, aun con esa reciente ampliación del plazo de vida de las nucleares, el déficit seguirá existiendo, según advierte el Tribunal de Cuentas en una nota al pie del informe.

En ella, recuerda que “a finales de marzo de 2019, Enresa ha firmado con los propietarios de las CCNN [centrales nucleares] un protocolo de intenciones sobre su cierre, con base en el horizonte temporal previsto en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima [el conocido como PNIEC], remitido por el Gobierno de España a la Comisión Europea, en el que se prevé un cierre ordenado, escalonado y flexible del parque nuclear, con inicio en 2027 y finalización en 2035, lo que supone un funcionamiento medio de 45,7 años para el conjunto de los siete reactores que se encuentran en operación”.

El Tribunal de Cuentas valora ese acuerdo, que implicó incumplir la promesa electoral del PSOE de abordar un cierre a los 40 años, ante la evidencia de que parar la producción de las plantas impediría cubrir el multimillonario coste de desmantelarlas y gestionar sus residuos. Y entiende que “el mayor período de funcionamiento, con respecto a los 40 años previstos en el Sexto PGRR, supondrá un incremento de los ingresos por la tasa que abonan las CCNN, lo que permitirá reducir el déficit existente en las proyecciones futuras del Fondo”. No precisa esa reducción del déficit, que en cualquier caso seguirá existiendo.

El informe, aprobado el 30 de mayo, destaca que, según las estimaciones realizadas por Enresa en junio de 2018 basándose en el actual Plan de Residuos, “el valor actualizado a 1 de enero de 2019 de los costes futuros para cada una de las líneas de actividad en las que puede agruparse la gestión que tiene encomendadas, bajo la hipótesis de una vida útil de 40 años para las CCNN operativas, ascendería a 10.697 millones”, mientras que “el valor estimado por Enresa del Fondo a 31 de diciembre de 2018” era de 5.678 millones, “por lo que la recaudación pendiente a 1 de enero de 2019, necesaria para cubrir dichos costes futuros estimados, ascendería a 5.019 millones”.

“Con los actuales elementos de determinación de la cuota de las tasas” que financian ese fondo “y las previsiones actualizadas a 1 de enero de 2019 de las bases sobre las que estas recaerían realizadas por Enresa, existiría un desviación de financiación de los costes con cargo a la tasa que recae sobre tarifa eléctrica estimada en 435 millones y con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas estimada en 1.919 millones”. En total, los citados 2.354 millones.

“Se deduce que existiría déficit de financiación futura con cargo a la tasa que recae sobre la tarifa eléctrica y también con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas”, remacha.

Incumplimientos

El tribunal señala que Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015. Así, “a la fecha de redacción de este Informe no se habían establecido nuevas disposiciones normativas respecto a la regulación del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR que obliguen a revisar anualmente los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN”. En consecuencia, la recomendación “no se ha cumplido”.

Tampoco “se había producido la internalización de los costes por Asignaciones a Ayuntamientos e impuestos medioambientales que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN, sino que estos gastos se han continuado cargando al Fondo para la financiación del PGRR”.

El presidente de Enresa, José Luis Navarro Ribera, ha declinado realizar alegaciones al informe porque la empresa estatal “no está en disposición de dar cumplimiento a las cuatro recomendaciones que siguen pendientes ya que todas se refieren a aspectos regulatorios y, por tanto, carecemos de capacidad legal para llevarlas a cabo”.

La pelota está en el tejado del Gobierno, y en concreto, del Ministerio para la Transición Ecológica. Su titular ahora en funciones, Teresa Ribera, indicó en marzo que el nuevo PGRR (caducado desde 2010 y que el Gobierno de Mariano Rajoy, empeñado en aumentar la vida de las nucleares, nunca actualizó) estaría “listo” este mes de junio, pero sin Gobierno a la vista, ese plazo se antoja a todas luces inviable.

En el ministerio indican que Enresa está ultimando ese plan, y “el diseño para financiar, no solo reducir el déficit”, será “uno de los elementos del trabajo en el que está inmersa” la empresa estatal, cuya intención sigue siendo presentar un borrador del mismo este mes.

Por su parte, fuentes de Enresa señalan que, en función del escenario dibujado por el PNIEC, “y una vez actualizado el cálculo de los costes y determinado el inventario de residuos, será posible determinar si es necesario actualizar la tasa que pagan las centrales nucleares que están en operación”.

Una vez en manos del Ejecutivo del borrador de Plan de Residuos, se iniciará el proceso de elaboración que establece la ley hasta que llegue a las Cortes, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y oídas las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.

El Gobierno ha vinculado la decisión final sobre la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos, paralizado el año pasado, al contenido de ese plan.

Así trajo Franco a España las centrales nucleares. ¿Se llevará también sus resíduos?

El reactor nuclear camino de la central nuclear de Zorita, en 1968 - ABC

El reactor nuclear camino de la central nuclear de Zorita, en 1968 – ABC

La medida fue anunciada por el ministro de Industria Joaquín Planell en 1957, cuatro meses antes de que se produjera el primer accidente nuclear grave de la historia en la URSS

Tan solo faltaban cuatro meses para que se produjera el primer accidente nuclear grave de la historia –el de la central soviética de Mayak, en los Urales, en septiembre de 1957–, cuando el ministro de Industria franquista, Joaquín Planell, anunció que «el Gobierno español va a acometer sin vacilaciones el establecimiento de centrales eléctricas nucleares para completar de manera paulatina a las hidráulicas y térmicas de tipo convencional». La noticia se publicaba en ABC el 23 de mayo, en un momento todavía delicado de cara a la opinión pública, puesto que este tipo de energía aún se asociaba a las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945.

El Caudillo jamás llegaría a tener noticia de dicho accidente cerca de la población de Kyshtym. Se produjo al explosionar un tanque subterráneo de almacenamiento lleno de residuos de plutonio en la planta de Mayak, considerado todavía hoy el tercer peor desastre nuclear de la historia, después de Chernóbil (1986) y Fukushima (2011). Quién sabe si el Gobierno español habría cambiado de opinión con respecto a nuestro desarrollo nuclear si hubiera trascendido aquella catástrofe que provocó una enorme nube radioactiva que se extendió cientos de kilómetros, que afectó a más de 250.000 personas y que provocó evacuaciones de población a gran escala. Sin embargo, el régimen comunista consiguió mantenerlo oculto hasta mediados de la década de los 70, cuando Franco ya había muerto.

Es probable que todo hubiera seguido su curso tal y como lo hizo, porque ya en 1952 se había producido otro accidente en la planta de Chalk River, en Ottawa (Canadá), tras fundirse parcialmente el núcleo, sin que se produjeran daños personales. Como prueba, baste mencionar que un joven Jimmy Carter participó en la limpieza de este y vivió durante décadas hasta convertirse en el presidente de Estados Unidos en 1977.

Como todavía no se conocían las malas noticias (ni las buenas) con respecto a la energía nuclear, en febrero de 1957, tres meses antes del anuncio de Planell, Franco creó la Dirección General de Energía Nuclear dependiente del Ministerio de Industria. «Durante 1958 se habrá adquirido suficiente experiencia para decidir, con seguridad, el tipo de reactores más convenientes para España. Y es muy probable que en 1959 se suscriban los contratos para la construcción de las primeras centrales, las cuales entrarán en servicio en 1952», informaba también este periódico.

Desde 1948

Esta idea se venía fraguando en el régimen franquista desde una década antes. El objetivo era solucionar los problemas energéticos que padecía España desde hacía tiempo, sobre todo, tras los estragos que había sufrido el país durante la Guerra Civil y, más tarde, para hacer frente al suministro que necesitaba debido al crecimiento de la población después de la posguerra. Una tendencia que iba en consonancia con la de las principales potencias del mundo, que tras la Segunda Guerra Mundial se lanzaron a la búsqueda del aprovechamiento de la energía nuclear e inauguraron las primeras centrales: Óbninsk, en la URSS (1954), Calder Hall, en Gran Bretaña (1956), y Shippingport, en Estados Unidos (1957). La primera piedra de esta última fue colocada por el presidente Dwight D. Eisenhower.

El proyecto en España partió concretamente del científico José María Otero de Navascués, que en 1948 presentó un informe al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el que aconsejaba que se iniciaran las investigaciones sobre la energía nuclear. Muy lejos quedaban todavía los terribles accidentes de Three Mile Island (Pensilvania, Estados Unidos), en 1979 y Chernóbil, convertido estos días en todo un fenómeno cultural gracias a la serie de HBO. Como recordaría años más tarde el mismo Navascués en el diario «Arriba», Franco tuvo «la previsión de comprender el enorme potencial del empleo pacífico de la energía nuclear y lo que esto podía representar en la solución de los problemas energéticos de nuestro país».

Como consecuencia de ello, ese mismo año de 1948 se creó una Comisión de Estudios. Era la primera semilla para la construcción de centrales nucleares en España, que comenzaría en 1965 con la de Zorita (en servicio desde 1968), en Guadalajara. Después continuó con otras nueve, de las cuales actualmente solo funcionan siete: Garoña (en servicio desde 1971), Almaraz I (1981), Ascó I (1983), Almaraz II (1983), Cofrentes (1984), Ascó II (1985), Valdellós (1987) y Trillo (1988). Las mismas cuya seguridad fue puesta en duda a raíz de la fuga radiactiva de Fukushima, en 2011, tras el terremoto y posterior tsunami que azotó Japón: «El debate siempre está vigente en el caso de la utilización de la energía nuclear y ahora es más necesario», declaró la entonces ministra de Economía, Elena Salgado.

«Átomos para la paz»

Hasta llegar aquí, el camino no fue nada fácil. España tardó dos décadas desde que Navascues presentó la idea hasta que Zorita se puso en funcionamiento. Y es que, durante esos años, la energía nuclear estuvo asociada a la destrucción de Hiroshima y Nagasaki y a los programas armamentísticos de las principales potencias. Aquel fue su pecado original y su maldición, y en el Pardo no estaban dispuestos a despertar los fantasmas de la guerra de nuevo, aunque fuera solo por los daños que podía provocar la energía atómica, tal y como habían visto en Japón.

Franco esperó a 1951 para crear también la Junta de Energía Nuclear (JEN), que se se encargaría de investigar y asesorar al Gobierno en todo lo relacionado con este campo tan polémico. Y, además, se convirtió en la responsable de la seguridad, la protección radiológica y la formación del personal que trabajaría en las futuras centrales.

La fecha clave en este proceso fue, sin duda, el 8 de diciembre de 1953. Ese fue el día en que Eisenhower pronunció su histórico discurso « Átomos para la paz», en el que defendía el uso de la energía atómica con fines pacíficos y no militares. «El fin sería ayudar a solucionar el espantoso dilema atómico, a dedicarse en cuerpo y alma a encontrar el camino por el cual la milagrosa inventiva humana no sea dedicada a la muerte, si no a consagrar la vida», explicó el presidente de Estados Unidos.

Como gesto de buena voluntad, la Casa Blanca desclasificaba poco después gran parte de la información científica y tecnológica recabada por Estados Unidos. Hasta ese momento había sido empleada, únicamente, con fines militares. Y en 1955 firmaba un acuerdo de cooperación nuclear con España, según el cual Franco recibiría su primer reactor, el mismo que formaría parte de la central de Zorita [en la imagen], así como uranio enriquecido imprescindible para el funcionamiento de la planta.

Zorita, nuestra primera central

Para España el desarrollo nuclear se convirtió en ese momento en una posibilidad real. Tanto que, en 1958, conseguimos desintegrar por primera vez un átomo. «Lo hemos hecho a pocos metros de la Puerta del Sol: en el reactor atómico experimental de la Moncloa», contaba este diario, que calificó el logro como «la culminación de la estrecha colaboración existente entre la Junta de Energía Nuclear y la General Electric Company con el programa “Átomos para la paz”».

España inauguró la central de Zorita, llamada José Cabrera, en plena época del desarrollismo franquista. Comenzó a funcionar 14 años después de que lo hiciera la central de Obninsk. «Esto abre las puertas a una nueva época de continuado y creciente suministro de energía […]. Se encuentra en plenas condiciones de eficiencia y seguridad […]. Los técnicos y empleados viven con sus familiares, en un confortable poblado y una hermosa residencia, a pocos centenares de metros», contaba ABC el día de su puesta en funcionamiento, el 13 de diciembre de 1968. Un acto en el que el entonces ministro de Industria, Gregorio López Bravo, y Franco informaron, además, del avanzado estado de construcción de otras dos centrales: Santa María de la Garoña (Burgos) y Vandellós (Tarragona).

El dictador pronto tuvo que intercalar durante un tiempo la inauguración de todas estas centrales nucleares con la puesta en funcionamiento de otras presas y centrales térmicas. El régimen fue, efectivamente, solventando poco a poco la creciente demanda de electricidad. En 1975, España ya era en la séptima potencia nuclear del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania Federal, Unión Soviética y Francia. Un año en el que también comenzaban las primeras protestas de los movimientos antinucleares, bajo el argumento de que esa energía era muy peligrosa, cara y, sobre todo, contaminante.

Un ejemplo de esta disconformidad se produjo tras la catástrofe de Chernóbil, que tuvo consecuencias en el campo de la ciencia, la tecnología, la medicina, el medioambiente y la política para todo el mundo. En España tuvieron más repercusión aún cuando se produjo el accidente en la central tarraconense de Vandellós I, en octubre de 1989, tras el incendio que ocasionó importantes disfunciones en diversos sistemas necesarios para garantizar la refrigeración del reactor. Un noche horrible que llevó a muchos vecinos de las poblaciones cercanas a abandonar sus casas. «¿Son las centrales nucleares un peligro, como se afirma a veces… o es un estado de psicosis colectiva por falta de una información adecuada?», se preguntaba el diario «Informaciones», el 20 de junio de 1975.

 

Fuente: ABC

Ciudad Juárez, el mayor accidente nuclear de América

Según datos de la OMS, de 1983 a 1995 México registró un aumento de 60% en la detección de tumores cancerosos debido al Cobalto-60 .

El cobalto-60 se mezcló con el resto de la chatarra del Yonke Fénix y se vendió a varias empresas fundidoras de la zona. Entre ellas, Aceros de Chihuahua S.A. (Achisa) y la maquiladora Falcón de Juárez S.A., quienes usaron el metal radioactivo para fabricar bases para mesas y varillas de acero corrugado, muy utilizadas en la construcción de edificios.

Dos años antes de que sucediera la catástrofe de Chernóbil, en México ocurrió el mayor accidente nuclear del continente americano. La tragedia conocida como el incidente del Cobalto-60 en Ciudad Juárez (al norte del país) tuvo su origen en una bodega del hospital privado Centro Médico de Especialidades. Este suceso recuerda al accidente de Goiania, en Brasil, de características similares. “El accidente de Juárez fue el mayor de América por el área afectada y los desechos que se generaron”, explica a Verne en entrevista Epifanio Cruz Zaragoza, del Centro de Ciencias Nucleares de la UNAM.

En 1977 y sin los permisos necesarios, el doctor Abelardo Lemus y sus socios del hospital privado compraron una máquina de radioterapia equipada con una bomba de Cobalto-60 por 16.000 dólares. El cobalto-60 es un isótopo radiactivo sintético que emite rayos gamma utilizado para tratar a pacientes con cáncer.

Por falta de personal, la máquina fue abandonada en un almacén durante seis años, hasta que el 6 de diciembre de 1983, Vicente Sotelo Alardín, trabajador de mantenimiento del hospital y su amigo Ricardo Hernández, decidieron venderla como chatarra.

Los dos hombres desmontaron el armazón metálico de unos 100 kilos y perforaron el corazón de la bomba de cobalto, un cilindro que contenía el material radiactivo (6.000 balines de 1 mm de diámetro). Una vez desvalijada la máquina, Vicente y Ricardo la subieron a una camioneta y la llevaron hasta el Yonke Fénix, un depósito de chatarra donde les pagaron 1.500 pesos.

En el camino al deshuesadero (desguace), la camioneta fue desperdigando el material radiactivo por toda la ciudad. Esta información fue detallada en el informe que después realizó la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS)..

El cobalto-60 se mezcló con el resto de la chatarra del Yonke Fénix y se vendió a varias empresas fundidoras de la zona. Entre ellas, Aceros de Chihuahua S.A. (Achisa) y la maquiladora Falcón de Juárez S.A., quienes usaron el metal radioactivo para fabricar bases para mesas y varillas de acero corrugado, muy utilizadas en la construcción de edificios.

Todo este material, unas 6.000 toneladas, se distribuyó a más de la mitad de Estados del país y se exportó a Estados Unidos.

El 16 de enero de 1984, un camión que transportaba varilla mexicana en Nuevo México (Estados Unidos) hizo saltar el detector de radiación del laboratorio nuclear de Los Álamos, el mismo donde se creó la primera bomba atómica.

El Departamento de Salud de Texas y la Comisión Reguladora Nuclear alertaron a México de la contaminación y diez días después, dieron con una de las principales fuentes de radiación, la camioneta de Sotelo, estacionada en la colonia Altavista de Ciudad Juárez, uno de los barrios más humildes de la zona. La troca del intendente estuvo parada frente a su casa varios meses porque le robaron la batería, así que se convirtió en un punto donde los niños jugaban y la gente se paraba a convivir, recibiendo altas dosis de radiación, como contó The New York Times el 1 de mayo de 1984.

Se calcula que los vecinos próximos al vehículo y los trabajadores de las empresas que compraron el metal fueron impactados con diez veces más radiación que el incidente en 1979 de Three Mile Island en Pennsylvania, hasta entonces la mayor catástrofe nuclear de Estados Unidos. The New York Times, citando a autoridades de Estados Unidos, mencionaba que se liberó 100 veces más radiación en Ciudad Juárez que en Pennsylvania. 

Los medidores detectaron que la camioneta arrojaba en algunas partes casi 1000 rads, la radiación equivalente a 20.000 radiografías.

El Centro Médico intentó culpar a Sotelo. “Soy una víctima del problema”, decía el trabajador de mantenimiento a la revista Proceso en septiembre de 1984.”Los fierros (hierros) me los regaló el jefe de mantenimiento. Me dijo: Ahí están esos fierros, llévatelos para que saques para las sodas”. El trabajador de 35 años contó que el director del hospital y el administrador le amenazaron y obligaron a firmar una declaración donde decía que había robado la máquina. “Nunca nos avisaron que esa máquina tenía contaminación. La verdad, ni un solo letrero con una calavera o algo así”, explicó.

 

Ocultación y afectados

Las autoridades decidieron mantener en secreto el número de personas afectadas. Actualmente se desconoce cuántos tuvieron complicaciones de salud a corto y largo plazo derivado de la radiación. “La información no fue divulgada y no se supo cuántos pero hubo 109 distribuidores de material contaminado en la mitad de Estados del país”, menciona el doctor Cruz Zaragoza.

Algunos de los afectados y vecinos de Vicente, de escasos recursos, declararon a Proceso que dejaron de revisarse en el hospital porque no tenían cómo pagar los medicamentos y el transporte. Según el doctor del Centro de Ciencias Nucleares, es muy difícil calcular cuántas víctimas hubo a largo plazo dada la exposición a la radiación y la cantidad de radiactividad.

Se calcula que aproximadamente unas 1.000 toneladas de varilla nunca se recuperaron, con lo que se podrían construir unas 300 casas de tamaño medio.

“Al menos 23 personas, trabajadores del Yonke Fénix sufrieron oligospermia (escasa cantidad de espermatozoides en el semen) y azoospermia (inadecuada producción de esperma) después de estar en contacto con la radiación. El que ayudó a transportar la fuente a la fábrica sufrió quemaduras en las manos y tres trabajadores más presentaron leucopenia (nivel bajo de glóbulos blancos)”, agrega el investigador de la UNAM. Las autoridades dieron seguimiento a 10 casos de personas que estuvieron en contacto con la contaminación, de ahí resolvieron que no existía daño severo a corto plazo pero que no se podían descartar futuros problemas biológicos.

“A corto plazo, los síntomas son visibles como quemaduras, vómitos, cefaleas o lesión medular”, explica Cruz Zaragoza. A mediano plazo la radiación puede provocar esterilidad provisional, quemaduras y alteraciones en el sistema nervioso. Sin embargo, el daño más grave que sufrió la población fue la exposición a largo plazo. “Una menor radiación pero constante durante 30 o 40 años puede provocar leucemia, anemia, cáncer, daño medular severo, cáncer de huesos y desórdenes genéticos hereditarios”, agrega el investigador. Algo que señaló también el informe de la comisión investigadora.

El Gobierno mexicano actuó de manera opaca con la población, minimizaron la magnitud de lo que estaba sucediendo, ocultaron información a la prensa y trataron de obtener rédito político con la crisis. “Todo controlado, dice el Gobierno. Pero no sabe ni a quién responsabilizar.

El accidente fue grave, pero el susto ya pasó”, titulaba en Proceso en junio de 1984. Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California Norte, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Durango, Hidalgo y Estado de México se vieron afectados por la varilla contaminada.

Como no había suficientes inspectores nucleares en el país, la prensa de la época cuenta que se improvisaron a funcionarios de la Secretaría de Salud, sin conocimientos en el tema, para que detectaran las radiaciones en los edificios contaminados. Nueve meses después solo en Chihuahua, había 20.000 toneladas de desechos radiactivos muy cerca de zonas habitadas. La recogida de la basura fue realizada por los propios trabajadores de las empresas afectadas y se tardó varios meses en enterrar adecuadamente el material contaminado.

“Nos dieron palas largas y bolsas de polietileno [plástico]”, contaba a la prensa mexicana uno de los trabajadores que estuvo en contacto con la radiación.

 

Caos de la descontaminación.

Fotografías de la época muestran el caos que supuso la contaminación aquel año. Helicópteros de Estados Unidos sobrevolaron las principales zonas afectadas y se realizaron labores de limpieza en las calles de Ciudad Juárez, buscando los balines milimétricos en cunetas, entre las llantas de los coches, en los camellones y en 400 kilómetros de carretera hasta Chihuahua.

¿Donde están los desechos radiactivos?

Finalmente, los desechos se enterraron en un lugar conocido como El Vergel, en las dunas de Samalayuca, sobre un acuífero, sin seguir medidas de precaución. Otra parte de la varilla se enterró en Hidalgo, el Estado de México y Sinaloa en lugares donde solo se utilizó plástico y cemento para contener el material radiactivo.

¿Que pasó con las varillas contaminadas?

El saldo fue históricamente negativo: más de 4 mil personas contaminadas y con secuelas; más de 6.000 toneladas de varilla contaminada distribuida en al menos 17 estados del país y en EEUU.

En México, cientos de edificaciones en iguales circunstancias fueron dejadas en pie y “al menos 10 mil toneladas de varilla contaminada jamás se recuperaron”. Los informes establecieron que “de 17.636 construcciones susceptibles de tener varilla contaminada, 1.276 registraron niveles de radiación superiores al fondo natural, pero únicamente 814 de ellas se encontraban por encima de los niveles aceptable, por lo que fueron demolidas”.

Según datos de la OMS, de 1983 a 1995 México registró un aumento de 60% en la detección de tumores cancerosos.

Fuente:  elpaisfactornoticia,

Informe que  realizó la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).

 

 

Page exige “disculpas” por la ubicación del ATC, tras otro seísmo en la zona

Terremoto de 2,7 en Villarejo de Fuentes (Cuenca), a 15 km. del ATC de Villar de Cañas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este miércoles que deberían pedir disculpas por ubicar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), tras el nuevo terremoto registrado en la zona, a pesar de que el Gobierno regional advirtió de que había riesgo sísmico.,”Alguien tendría que pedir disculpas y exigir responsabilidad por la decisión mal tomada y cabezonamente ejecutada de instalar un basurero nuclear

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este miércoles que deberían pedir disculpas por ubicar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), tras el nuevo terremoto registrado en la zona, a pesar de que el Gobierno regional advirtió de que había riesgo sísmico.

“Alguien tendría que pedir disculpas y exigir responsabilidad por la decisión mal tomada y cabezonamente ejecutada de instalar un basurero nuclear en Villar de Cañas”, ha afirmado García-Page a los medios de comunicación en Cuenca, un día después de que ayer se registrara un terremoto de magnitud 2,7 en Villarejo de Fuentes, pueblo situado a pocos kilómetros del municipio donde está proyectado el ATC.

En concreto ha señalado que Villarejo de Fuentes dista 15,5 kilómetros de Villar de Cañas, aunque el Instituto Geográfico Nacional situó el epicentro del seísmo en un punto de su término municipal situado a unos 10 kilómetros en línea recta de los terrenos en los que se prevé construir el almacén de residuos nucleares.

García-Page ha recordado que el Gobierno castellanomanchego advirtió del riesgo sísmico que existía en la zona, así como del “interés de la empresa pública por las adjudicaciones, del interés de otros por hacerse con ella y del procedimiento chapucero con el que se llevó a cabo el proceso”.

En el desarrollo del proyecto “se saltó incluso la legislación urbanística, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Villar de Cañas carece de Plan de Ordenación Territorial”, ha añadido García-Page, que ha apuntado que todas estas cuestiones, “al igual que el riesgo de que la zona registre un terremoto, están aflorando ya”.

Por ello, ha exigido a los actuales dirigentes del PP en Castilla-La Mancha “que expliquen a qué lotería se referían” la expresidenta regional María Dolores de Cospedal y el exministro de Industria, Comercio y Turismo José Manuel Soria “cuando aseguraron que Castilla-La Mancha había sido agraciada con la lotería”.

Ha considerado además que “intentar engañar y tomar el pelo a todo un pueblo es una ofensa importante”.

Terremoto en febrero de 2018

Un terremoto de 3,2 grados de magnitud en la escala de Richter se ha registrado este martes, 6 de febrero, en la localidad conquense de La Alberca de Záncara.

El lugar del epicentro está situado a poco más de 39 kilómetros de Villar de Cañas, lugar designado para albergar el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

El terremoto ha tenido lugar sobre las 15:26 horas y ha llegado a tener una profundidad de 11 kilómetros, según publica la web del Instituto Geográfico Nacional.

Este seísmo llega apenas 50 días después de otro de 3,7 grados de magnitud registrado el 20 de diciembre en la localidad alcarreña de Yebra, otra de las localidades que pugnaron por hacerse con el proyecto.

Terremoto en 2017

Un terremoto  situado a menos de 24 kilómetros en línea recta de la futura ubicación del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) que se queria construir en otro municipio conquense, Villar de Cañas.

 

Fuente: COPE, 

eldiario.es

Fraga no se bañó en Palomares, la playa de Almería sigue radiactiva y los reyes son los padres

Podian haber titulado la noticia con “Medios de comunicación engañan a los y las españolas”, pero no, la cosa no ha ido a mayores.

Los cronistas de la época no pudieron contar la verdad, pero cualquier taxista de Almería te resume lo que realmente pasó en el año 1966 con el baño de Manuel Fraga Iribarne y el embajador de EEUU en Palomares: Que la famosa inmersión en el mar que también popularizó el NO-DO se grabó en otra playa de Almería donde no se encontraban los restos radiactivos de un avión americano.

La historia del baño en la playa de Manuel Fraga, que se mantiene en la memoria de cualquier español mayor de 60 años, es un claro ejemplo del marketing del franquismo: repetir una mentira muchas veces, en los medidos adecuados, puede convertirse en una realidad que pasará a la historia.

Pero hay quien no se rinde y se enfrenta a la “falsa historia”. Así, Ecologistas en Acción ha continuado luchando para conocer realmente qué hay tras esos restos radiactivos hasta llegar a los tribunales.La organización ecologista ha conseguido que la Audiencia Nacional pida informes al Consejo de Seguridad Nuclear sobre estos residuos de 1966.

Historia

La realidad es que en el accidente en pleno vuelo -y que llevó a la caída de material radiactivo a la playa de Palomares,  se vieron implicados un bombardero estratégico estadounidense B-52 y un KC-135 de reaprovisionamiento en vuelo (cargado con 110.000 litros de combustible) que colisionaron a 10.000 metros sobre la costa del Mediterráneo, en el espacio aéreo de Palomares. El B-52 volvía de la frontera turco-soviética hacia la Base Aérea de Seymour Johnson en Goldsboro, Carolina del Norte, y el KC-135 provenía de la Base Aérea de Morón. La maniobra era de rutina: los B-52 se reaprovisionaban de combustible a la ida, desde la Base Aérea de Zaragoza, y a la vuelta desde Morón.

El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares Mark 28 (modelo B28RI) de 1,5 megatones cada una, de 1,5 metros de largo por 0,5 metros de ancho, con un peso de 800 kg. Dos de ellas quedaron intactas, una en tierra (cerca de la desembocadura del río Almanzora) y la otra en el mar. Las otras cayeron sin paracaídas, una en un solar del pueblo, la otra en sierra Almagrera. Se produjo la detonación del explosivo convencional que contenían, lo que sumado al choque violento con el suelo, hizo que ambas bombas se rompieran en pedazos. Las tres que cayeron en tierra fueron localizadas en cuestión de horas; la que cayó en el mar pudo ser recuperada 80 días después, las bombas tenían una potencia superior a 75 veces las de Hiroshima.

Por tanto, la playa de Palomares es un almacén de residuos rediactivos clandestino desde 1966, con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada .En el escrito de Ecologistas en Acción al tribunal se especifica que “Palomares es un almacén de residuos rediactivos clandestino desde 1966, con 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada a 30 centímetros, en tres zonas diferentes sobre 103 hectáreas de terrenos y con dos fosas donde también se enterraron 4.000 metros cúbicos de material radiactivo”.

Fuente: diario16

Más noticias sobre la contaminación en Almeria (la huerta de Europa según dicen): almacennuclear.wordpress.com/?s=palomares

 

El Ministerio de Hacienda emite un informe que avala la posible inconstitucionalidad del impuesto a Garoña

La Secretaria de Estado de Hacienda ha emitido un informe que avala la posible inconstitucional del impuesto que gravará los residuos de Garoña y que fue aprobado en las Cortes de Castilla y León en el Pleno del pasado 31 de octubre con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos.

Se trata de un segundo informe del Estado que se suma al que del Ministerio para la Transición Ecológica y cuya argumentación se basa en que el impuesto sobre la afección medioambiental de los residuos generados por el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña podría “solaparse” con los impuestos estatales sobre “la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica” y el relativo al “almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas”.
En base a este documento el secretario del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, ha presentado una queja, ya que considera que se ha “hurtado” un argumento del debate en torno a este nuevo gravamen que se produjo el pasado 31 de octubre en las Cortes, ya que este jueves se ha dado a conocer el dictamen de la Secretaría de Estado de Hacienda a los grupos por parte del Parlamento cuando el documento llegó el pasado 29 de octubre y días antes a la Junta. José Francisco Martín ha recordado además que existen informes de la propia Asesoría Jurídica de la Junta y del Consejo Consultivo que respaldan la posible inconstitucionalidad del impuesto y ha insistido en que este último informe del Estado no se pudo usar por los grupos porque no se ha dado a conocer hasta hoy.

“Se ha conocido ocho días después del fin de debate”, ha señalado el procurador socialista. Así, ha advertido de que en cuanto la Ley autonómica que regula el impuesto se publique deberá ser el Ministerio de Política Territorial y Función Pública el que analice la posibilidad de presentar un recurso al mismo en base a estos informes.
No obstante, el procurador socialista ha reseñado que todos los documentos respaldan los argumentos esgrimidos por el PSOE en la enmienda a la totalidad que presentó a esta modificación de la Ley y que fue rechazada por el Pleno de las Cortes. Tras estos argumentos el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha considerado que quien debe dar explicaciones es el PSOE sobre por qué conoció el “supuesto” informe inicial del Ministerio para Transición Ecológica, un documento que, como ha explicado, desconocen el resto de grupos. “Me preocupa el uso de medios públicos en beneficio de un partido político, esto me huele mal”, ha señalado, tras lo que ha explicado que el contenido de estos documentos “se parecen mucho” a los argumentos socialistas. Por último, De la Hoz ha considerado que el PSOE debería explicar a los ciudadanos por qué “sorprendentemente” en vez de ponerse del lado de los “intereses” de los ciudadanos de la Comunidad para recaudar unos 10 millones de euros anuales por este impuesto que se dedicarían a revitalizar el entorno de la nuclear se posicionan con “Iberdrola para que no pague”.

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